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La empresa ferroviaria debe indemnizar al actor que sufrió lesiones al caer del tren que arrancó con las puertas abiertas.

Partes: Bresciano Hydee Teresita c/ TBA S.A. (Trenes de Buenos Aires S.A.) s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 9-may-2012

Cita: MJ-JU-M-74761-AR | MJJ74761 | MJJ74761

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la empresa ferroviaria demandada -que como transportista tiene una obligación de seguridad- a indemnizar al actor, quien fue despedido hacia el exterior del tren que se encontraba en movimiento, pues al retrasarse la llegada de la formación, el gran caudal de gente que subió a ésta provocó que arrancara con las puertas abiertas.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y responsabilizar a la empresa ferroviaria demandada por los daños que sufrió el actor mientras viajaba en un vagón atestado de pasajeros con las puertas abiertas, por lo que cayó a las vías lesionándose, pues el transportista tiene una obligación de seguridad que lo hace responsable objetivamente de dichos daños, y no se demostró ninguna las causales exhonerativas de dicha responsabilidad; aunque no corresponde hacer lugar a la acción contra el Estado Nacional, pues en un servicio concesionado sólo el concesionario debe responder por las indemnizaciones derivadas de su incumplimiento.

2.-Resulta procedente el daño moral, el detrimento y padecimiento en los sentimientos sufridos desde el mismo momento del accidente, con las consecuencias inmediatas de las que dan cuenta, tanto los informes como las pericias médicas, aún a la fecha de las mismas, son sólo índices de lo que pudo haber significado y aún significa en cabeza de la accionante.

3.-Resulta dificultoso cuantificar los detrimentos y/o padecimientos, que por definición son extrapatrimoniales, y que, sin embargo, el derecho ha establecido una forma de paliar los daños ya producidos; siendo que paliar no puede ser entendido como justipreciar, porque el rubro daño moral, dado la falta de objetividad -como otros rubros que pueden devenir en medios de prueba concretos- determina que el quantum , deba quedar librado al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional, y éste, al establecerlo, no puede ni crear un enriquecimiento sin causa, ni tampoco fijar una cuantía tan menguada, que ningún efecto tenga con respecto a la parte responsable.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de mayo de 2012, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «C» de la Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos «BRESCIANO HAYDEE TERESITA C/ TBA SA (TRENES DE BUENOS AIRES SA) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE)», respecto de la sentencia corriente a fs. 340/348 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá, Cortelezzi y Diaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:

I.- Ricardo Raúl Achával, inicialmente a través de su madre dado su minoría de edad y luego por letrado apoderado, entabló la presente demanda contra «Trenes de Buenos Aires S.A.» y «FE.ME.SA.» en razón de los daños y perjuicios derivados del accidente ocurrido el día 5 de julio de 2000, en ocasión que viajaba como pasajero de una formación ferroviaria.

Refirió que en dicha circunstancia, siendo las 18,10 horas, se encontraba en la estación Merlo aguardando el arribo del tren que se dirigía a Mariano Acosta. Al retrasarse la llegada de la formación, el gran caudal de gente que subió a ésta provocó que arrancara con las puertas abiertas, tal es así, que a la altura de la fábrica «Varta» fue despedido hacia el exterior del tren que se encontraba en movimiento.

En la anterior instancia, se hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por «FE.ME.SA.» y se admitió la demanda promovida contra «Trenes de Buenos Aires S.A.», por la suma de $30.500, más intereses y costas del proceso.

Contra dicho pronunciamiento se alzan el actor y «T.B.A.».

El primero, se queja a fs.373/376 de la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva y de las sumas otorgadas por las distintas partidas. Sus contestaciones lucen a fs. 385/387 y 388/391.

La demandada «T.B.A.» se agravia de la responsabilidad atribuida, de los rubros establecidos y los intereses fijados. Medió respuesta del actor a fs. 378/380.

II.- QUEJA DEL ACTOR POR LA ADMISIÓN DELA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA OPUESTA POR «FE.ME.SA.»:

Se agravia el actor de la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por «FE.ME.SA.», en representación del Estado Nacional. Sostiene que debe condenarse a la empresa estatal demandada que, pese a la concesión realizada, mantiene la propiedad de los bienes.

Sobre el tema en debate, tuve oportunidad de expedirme como integrante de la Sala «A» de este tribunal, adhiriendo al voto de mi distinguido colega Dr. Ricardo Li Rosi (in re: «García Vicente A. y otro c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otros s/ daños y perjuicios» y sus acumulados, del 18/06/10).

Allí se dijo, que la concesión de servicio público es el acto mediante el cual el Estado encomienda a una persona -individual o jurídica, privada o pública- por tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de un servicio de carácter público: dicha persona, llamada «concesionario», actúa a su propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios o en subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o en ambas cosas a la vez. En consecuencia, la explotación del servicio público la hace el concesionario a su propia costa y riesgo. Ello significa que toda responsabilidad que derive de hechos que concreten el «ejercicio» de la concesión, le corresponde al concesionario (conf. Marienhoff, «Tratado de Derecho Administrativo», Tº III-B, Abeledo Perrot, pág.595).

Por otra parte, el concesionario obra por su cuenta, de modo que todo su accionar debe ser atribuido a su propia responsabilidad sin obligar directamente al concedente. El accionar «bajo su propio riesgo» indica claramente que asume en forma directa y personal las consecuencias, favorables o no, de su negocio consistente en la explotación del servicio (conf. Pérez Hualde, Alejandro, «El concesionario de servicios públicos privatizados (la responsabilidad del Estado por su accionar)», 1997, LexisNexis – Depalma, Lexis Nº6502/000202).

La transferencia de la gestión de un servicio al concesionario mediante la técnica de la concesión conlleva que sean éstos quienes deberán hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños ocasionados a terceros (Conf. Gordillo, Agustín A., «Tratado de Derecho Administrativo», tomo II, 2003, págs. 8 y sigts.).

Es que está ausente uno de los presupuestos que debe concurrir para que surja el deber de reparar estatal, como lo es la posibilidad de imputar jurídicamente los daños a órganos que integren la estructura de la Administración Pública. El sujeto prestador de un servicio público no está integrado a la organización estatal, sino que constituye una persona jurídica distinta que actúa por su cuenta y a riesgo. Además, dentro del riesgo de la concesión se encuentran los eventuales perjuicios a indemnizar (Conf. Perrino, Pablo E., «La responsabilidad del Estado y de los concesionarios derivada de la prestación de servicios públicos privatizados», JA 2006-III-1141).

Dicho criterio ha sido receptado por la jurisprudencia del fuero.Se ha dicho que la concedente del servicio ferroviario carece de legitimación pasiva para ser demandada por la reparación del daño causado por el accidente fatal sufrido por una persona al ser embestida por un tren, dado que aquélla no conservaba ningún poder de dirección sobre el tramo ferroviario donde se produjo el infortunio, como así tampoco lo tenía sobre las cosas que produjeron el daño, sólo el concesionario tiene un poder independiente de uso de control y de dirección sobre el servicio concesionado y aun cuando el concedente no haya abdicado de la titularidad de la formación ferroviaria, es incuestionable que ha delegado la administración y custodia mediante una concesión de servicio público, lo cual resulta suficiente para exonerarla de cualquier deber de reparar (Conf. CNCiv., Sala «B», 15/12/05, «García, Teresa M. c/ Unidad Ejecutora Programa Ferroviaria Provincial» ).

También se resolvió que resulta inadmisible extender la responsabilidad al Estado Nacional dado que la explotación del servicio público la realiza el concesionario a su propia costa y riesgo (conf. CNCiv., Sala «L», «Luna Osmar A. c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros», del 22/11/06; íd., Sala «G», «Monzón, Héctor Omar y otros c/ Transportes Metropolitanos S.A. y otros», del 03/10/08).

En razón de lo expuesto, propongo el rechazo de la queja en examen.

III.- AGRAVIO DE «T.B.A.» RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA:

Se queja la demandada de que se haya tenido por acreditada la ocurrencia del hecho, que oportunamente desconoció. A su vez, refiere que de tenérselo por cierto, se habría ocasionado por responsabilidad exclusiva de la víctima.

Liminarmente, dejo sentado que si bien se niega la calidad de pasajero, no está controvertido el encuadre jurídico aplicable al caso. En efecto, y en caso de que se compruebe tal extremo, las presentes deben resolverse a la luz de lo normado en el art.184 del Código de Comercio, por lo que le incumbe al pasajero que resultó damnificado acreditar el hecho y la relación de causalidad con el daño sufrido, en cuyo caso la empresa de transportes sólo se eximirá de responder si media fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

Tal como lo señalara oportunamente esta Sala (voto en primer término de la Dra. Cortelezzi en L.457.036 del 13/11/06), «el porteador tiene una obligación tácita de seguridad, debiendo garantizar la integridad física del pasajero desde el inicio hasta la finalización del viaje (conf. Bustamante Alsina, «Teoría general de la responsabilidad civil, pág.963 y ss.», Mayo, «Sobre las denominadas obligaciones de seguridad», L.L. 1984-B-949), debiendo llevarlo sano y salvo hasta su lugar de destino (Bustamante Alsina, «La obligación de seguridad en el transporte ferroviario», L.L. 1990-D-96; Mayo, op. cit.; López Cabana, «El contrato de transporte terrestre sometido al régimen de responsabilidad extracontractual» L.L. 1991-B-300)».

La anterior sentenciante valoró una serie de indicios a fin de tener por acreditada la calidad de pasajero del actor, y así atribuirle responsabilidad a la demandada.

De tal forma, diré que se encuentra reconocida la autenticidad del boleto fechado el 5 de julio de 2000, a las 18,11 horas, pese a que se rechazó que perteneciera al actor.

Por su parte, en la causa penal iniciada a raíz de la denuncia formulada por la madre del actor -entonces menor- luce a fs. 24 copia del libro de guardia del Hospital Héroes de Malvinas donde surge el ingreso de Ricardo Raúl Achával a las 19,30 horas del día del hecho por «politraumatismo por accidente ferroviario». No obstante, a fs. 176 de esos autos la Municipalidad de Merlo informó que no registra servicio de ambulancia al lugar del hecho en la fecha y horario indicados.

A fs.168 de estos autos dictaminó el Contador Público Nacional Carlos Alberto Páez quien, examinando los libros de trenes, constató que el convoy que debía partir de Merlo hacia Mariano Acosta a las 18,20 horas, lo hizo con un atraso de catorce minutos por una indisposición del conductor. En cuanto a la ocurrencia del siniestro, indicó a fs. 293 que le fue informado personalmente en «T.B.A.» que no llevan libro de registro de accidentes, con lo cual no hay constancias.

Se queja la demandada de la valoración que hiciera la Sra. Juez de grado respecto de las pruebas arrimadas. Pone especial énfasis en el informe de la Municipalidad de Merlo que da cuenta de la inexistencia de servicio de ambulancia brindado en las circunstancias relatadas por la actora. Además, en que no pudo constatarse la ocurrencia del hecho a través de la pericial contable.

Ahora bien, si bien es cierta la inexistencia de constancias del servicio de emergencia brindado por la Municipalidad de Merlo, no lo es menos que ello debe ponderarse junto a las demás probanzas agregadas en autos. De tal modo, y a la luz de la carga que prevé el art. 377  del Código Procesal, adquiere especial relevancia el retraso de la formación que alegó la actora y quedó acreditado a través de la pericia contable, circunstancia que sólo pudo haber sabido quien viajó en esa formación.

Ello, sumado a la constancia de atención médica en los minutos posteriores probada a través del libro de guardia y la historia clínica, y el boleto cuya autenticidad no está discutida, son elementos que, valorados entre sí de acuerdo a la sana crítica, permiten tener por acreditado el acaecimiento del siniestro del modo relatado por la actora.

Distinto es el caso de la inexistencia de asentamiento del siniestro en los libros de la apelante, como sostuvo en sus agravios, pues ello se debió exclusivamente a la falta de registros de accidentes informada por el perito contador a fs.293, respecto de lo cual nada puede endilgársele al actor. Lo expuesto, me lleva a rechazar las quejas en este aspecto.

Por otro lado, aduce la demandada que los daños sufridos por el actor se debieron exclusivamente a su propio actuar. Ello, dado que el ramal ferroviario en cuestión cuenta con cierre automático de puertas, con lo cual, para que éstas queden abiertas, debió sostenerlas el accionante.

Sin embargo, lo expuesto precedentemente se contradice con lo alegado por la demandada al contestar la acción, donde precisó puntualmente a fs. 96vta./97 que el accionamiento de las puertas del convoy era manual, con lo cual «.es posible que hubieren estado abiertas.».

Tal contradicción, teniendo en cuenta que era el argumento fundamental de la quejosa y que no se acreditó fehacientemente ninguna actitud de la víctima que quiebre el nexo causal, habrá de sellar la suerte del agravio en examen y me lleva a confirmar lo decidido por la anterior sentenciante en este aspecto troncal del fallo.

IV.- RUBROS INDEMNIZATORIOS:

IV.1.- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE (DAÑO FÍSICO):

Reclamó el actor la cantidad de $70.000 por el presente rubro, en tanto en la anterior instancia le fue otorgada la de $10.000. Se alzan ambas partes.

La indemnización por incapaci­dad sobreviniente tiene por finali­dad cubrir no sólo las limita­ciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su persona­lidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobreci­miento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: esta Sala en causa libre n.º 49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J., «Tratado de Derecho Civil -Obligacio­nes», t. IV-A, pág. 120, n.º2373; Kemel­majer de Carlucci, en Belluscio – Zannoni, «Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado», t. 5, pág. 219, n.º 13; Ca­zeaux-Trigo Represas, «Derecho de las obli­gaciones», t. III, pág. 122; Borda, G.A., «Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones», t. I, pág.150, n.º 149; Mosset Iturraspe, J., «Responsabilidad por daños», t. II-B, pág. 191, n.º 232; Alterini-Ameal- López Cabana, «Curso de Obligaciones», t. I, pág. 292, n.º 652).

En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excep­ción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud y a la integridad física y psíquica.

Por otro lado, bueno es recordar también -como lo ha destacado el Tribunal (conf.: CNCiv, Sala F, en causa libre nº 104.671 del 14-9-92, entre muchas otras)- que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la «expectativa de vida» que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinen­tes. Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estric­tamente a los por­centajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación exclu­sivamente en los juicios laborales por acciden­tes de trabajo.

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectati­vas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resar­cimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturale­za y entidad, debe seguir un crite­rio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

A fs. 215/217 dictaminó la perito médico legista Dra. María Teresa Ratto Nielsen, quien concluyó que el actor sufrió como consecuencia del hecho múltiples traumatismos, padeciendo como secuela actual una lesión en el muslo izquierdo correspondiente a una pérdida de masa muscular y una afectación ligamentaria en el tobillo derecho.Estimó una incapacidad parcial y permanente del 6% y recomendó la realización de tratamiento kinésico durante un año, a tres sesiones semanales, con un costo estimado de entre $20 y $30 cada una.

En su queja, el actor pide la elevación del monto fijado, teniendo en cuenta las consecuencias que generaron el hecho, y el otorgamiento de un monto para atender un tratamiento kinesiológico. La demandada estima excesivo el quantum y cuestiona el grado de incapacidad otorgado.

En lo tocante al cuestionamiento de la accionada a la pericia, se ha dicho reiteradamente que no resulta admisible agraviarse de la procedencia -total o parcial- de partidas indemnizatorias, intentando desvirtuar lo establecido en el dictamen pericial, cuando ni siquiera se intentó cuestionarlo en las oportunidades previstas en el tercer párrafo del art. 473  del Código Procesal, por lo que mal puede ahora intentarlo, para fundar su crítica, esgrimiendo argumentaciones que en esta instancia resultan absolutamente extemporáneas y no pueden ser tenidas en consideración (CNCiv., Sala F, causas libres 160.049 del 12/6/95; 142.618 del 29/8/95; 179.719 del 2/4/96; 192.507 del 1/10/96; 229.298 del 11/12/97, 509.488 del 17/9/08, entre muchas otras; íd., Sala A, «Serrano, Cristóbal c/ Cuevas, Ceferino y otros s/ daños y perjuicios» del 01/06/09; íd, Sala C, «Corsaro, Roberto Julio y otro c/ Escalada, Julio César y otros s/ daños y perjuicios», del 13/04/11).

En cuanto al tratamiento kinesiológico, será evaluado en la remesa respectiva.

Bajo estas pautas, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima (19 años de edad al momento del hecho, desocupado, y de estado civil soltero), y demás aspectos socio-económicos que surgen de autos, propongo elevar el presente rubro a la suma de $15.000, a la fecha del presente pronunciamiento.

IV.2.- DAÑO MORAL:

Demandó el actor la suma de $50.000, siéndole otorgada la de $10.000 en la anterior instancia.Se alzan ambas partes.

Reiteradamente se ha dicho que el daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamiento en el hecho ilícito. Lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satisfacción por medio de sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico (CNCiv., Sala C, octubre 13/1992, «Varde c/Ferrocarriles», voto del Dr. Cifuentes; id., Sala C, noviembre 27/1992, «Vinaya c/Empresa Ferrocarriles Argentinos», L.L. T.1993-D-278, fallo n° 91.599).

No cabe duda alguna, que en hipótesis como la «sub lite», resulta procedente acceder al daño moral, el detrimento y padecimiento en los sentimientos sufridos desde el mismo momento del accidente, con las consecuencias inmediatas de las que dan cuenta, tanto los informes como las pericias médicas, aún a la fecha de las mismas, son sólo índices de lo que pudo haber significado y aún significa en cabeza de la accionante.

Pero tal como lo he sostenido constantemente, resulta sumamente difícil cuantificar los detrimentos y/o padecimientos, que por definición son extrapatrimoniales, y que, sin embargo, el derecho ha establecido una forma, yo diría más de paliar que de compensar; en particular, respecto a los daños ya producidos.

Quiero dejar perfectamente aclarado que, en mi entender, «paliar» no puede ser entendido como justipreciar, porque el rubro «sub examine», dado su falta de objetividad -como otros rubros que pueden devenir en medios de prueba concretos- determina que el «quantum», deba quedar librado al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional. Y éste, al establecerlo, no puede ni crear un enriquecimiento sin causa, ni tampoco fijar una cuantía tan menguada, que ningún efecto tenga con respecto a la parte responsable.

Teniendo en cuenta todas estas pautas esbozadas en las líneas precedentes, y rubros ya condenados, propongo elevar la presente partida a la cantidad de $30.000 a la fecha de este pronunciamiento.Artículos 377 , 386 , 477  y 165  del Código Procesal y 1078  del Código Civil.

IV.3.- GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, FARMACIA, CIRUGÍA Y TRATAMIENTO KINESIOLÓGICO:

Reclamó el actor la suma de $12.000, o en lo que en más o en menos resultare de la prueba de autos, mientras que le fue otorgada la cantidad de $10.500. Se quejan el actor y la demandada.

Reiteradamente la jurisprudencia ha decidido que no es necesario acreditar mediante comprobantes los gastos médicos y farmacéuticos cuando la gravedad de las lesiones autoriza a presumir que se han debido realizar (CNCiv, Sala C, 7/10/1993, L. 111.531).

En lo relativo a la necesidad de una nueva cirugía plástica para la mejora estética del muslo del actor, la anterior sentenciante valoró lo dicho por la perito médica a fs. 217, al expresar que «.el actor podría realizar una nueva intervención con fines de corrección est ética. El costo es imposible de determinar.».

Sin embargo, luego la experta, contestando el pedido de explicaciones del propio accionante, puntualizó a fs. 247 que «.en ningún momento se realiza la apreciación de la indicación de una intervención con fines de corrección estética del muslo izquierdo. Lo consignado corresponde a referencias que hace el Sr. Achával de lo que le habrían dicho en el Hospital donde fue intervenido quirúrgicamente.».

Distinto es el caso del tratamiento kinesiológico, cuya realización recomendó la experta a fs. 215/217. Su duración fue estimada en un año, con una frecuencia de tres veces por semana y un costo estimado de entre $20 y $30 cada sesión.

Con lo cual, valorando la pericia en los términos del art.477 del Código Procesal, y con las salvedades apuntadas, propongo al Acuerdo confirmar la presente partida.

V.- INTERESES:

En la instancia de grado se dispuso la aplicación de intereses según la tasa activa desde la fecha del hecho, por aplicación del plenario dictado por esta Excma. Cámara, en autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Sesenta s/ Daños y perjuicios» . Ello, con excepción a los gastos futuros que serían computados desde que el fallo quedase firme.

Se queja la demandada quien sostiene que, por encontrarse concursada, los intereses se encuentran suspendidos desde el 9 de mayo de 2005, fecha de su presentación en concurso, en mérito a lo dispuesto por el art. 19  de la Ley de Concursos y Quiebras.

La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior que no esté garantizado con prenda o hipoteca de conformidad con lo establecido con la norma citada (conf. CNCiv. Sala «E», «Celedon, Walter Ariel c/ El Puente S.A. de Transportes y otro»  del 27/10/2008; íd., Sala F, R. 22357 del 21/12/07 con cita de Maffía, O. J. «Ley de Concursos Comentada», t. I, pág. 57 y Vítolo, D.R. «Comentarios a la ley de Concursos y Quiebras n° 24.522», pág. 109, n° 2.3.5.).

Según lo informado a fs. 315 por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial n°9, Secretaría n°18, la aquí condenada se presentó en concurso decretándose su apertura el 9 de mayo de 2005.

En base a ello, los intereses devengarán del modo fijado en la anterior instancia -sobre lo cual no hay queja- desde la fecha del hecho hasta la presentación en concurso preventivo de la demandada.

VI.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:1) Elevar las partidas fijadas en concepto de «incapacidad sobreviniente (daño físico)» y «daño moral» a la sumas de $15.000 y $30.000, respectivamente; 2) Modificar los intereses de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto V); 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fuera motivo de agravios; y 4) Imponer las costas de Alzada a la condenada sustancialmente vencida. Artículos 68  y 71 del Código Procesal.

Por razones análogas a las expuestas, los Dres. Cortelezzi y Diaz Solimine adhirieron al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

LUIS ALVAREZ JULIÁ

BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

Buenos Aires, de mayo de 2012.

Y VISTOS: Por la votación que instruye el acuerdo que antecede se RESUELVE: 1) Elevar las partidas fijadas en concepto de «incapacidad sobreviniente (daño físico)» y «daño moral» a la sumas de $15.000 y $30.000, respectivamente; 2) Modificar los intereses de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto V); 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fuera motivo de agravios; y 4) Imponer las costas de Alzada a la condenada sustancialmente vencida. Artículos 68 y 71 del Código Procesal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LUIS ALVAREZ JULIÁ.

BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI.

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.

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