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Per saltum sí, per saltum no

«La Justicia es independiente cuando el Poder Judicial está unido. Si cedemos una vez, cedemos siempre, por eso avisamos antes que no vamos a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer», declaró enfáticamente el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, luego de la presentación del proyecto de parte de senadores oficialistas que establece la figura del “per saltum”.

Esta idea responde, más específicamente, a que se puedan realizar planteos ante el Máximo Tribunal nacional «en causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional».

Luego de que se llevara a cabo la presentación de esta iniciativa los posicionamientos en torno a este tema no tardaron en hacerse oír. Tanto opositores como oficialistas salieron a defender o atacar la medida propuesta por los integrantes del Frente para la Victoria de la Cámara Alta.

Pero, de todas formas, Lorenzetti dio declaraciones que no mostraron atisbos de acuerdo al respecto: «Ya sabemos que va a haber presiones en cualquier caso de cierta notoriedad y que no vamos a cambiar nuestros principios esté quien esté por delante», consignó, a la vez que agregó que «la imparcialidad es esencial a la función judicial».

También alegó que «el Poder Judicial es uno, está fuerte y sigue inconmovible en sus principios. La misión de la justicia es cambiarle la vida a los ciudadanos para mejor», al mismo tiempo que puso de relieve que la administración de Justicia «no va a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer». El mensaje, aclaró, estaba dirigido a “los poderes políticos y económicos”.

Así, la iniciativa que está basada en un proyecto presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, en 2002, y formaba parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En líneas generales, se establece que se pueda recurrir a la Corte Suprema ante cuestiones de gravedad sin tener que pasar por las instancias previas.

El proyecto destaca, entre otras cosas, que «sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia y las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos».

La gravedad institucional se configurará en “aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes de la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución».

En un posicionamiento contrario a la iniciativa, Ricardo Gil Lavedra, diputado radical, afirmó en declaraciones radiales que «el per saltum ha sido una práctica menemista, un típico instrumento de esa década, fue el remedio que utilizó la Corte en el caso ‘Dromi’, en la privatización de Aerolíneas, un remedio excepcional de poca ortodoxia».

Por su parte, el senador y ex jefe de gabinete Aníbal Fernández (FpV) aseguró que hubo interpretaciones incorrectas acerca de lo que significa la iniciativa, que lo único que busca es “regular” el sistema. Alegó que el Ejecutivo no busca presionar al Congreso por el hecho de que existan determinadas causas de sumo interés de parte del oficialismo.

En un posicionamiento más confrontador, Marcelo Fuentes (FpV) afirmó que, “en mi doble función de senador e integrante del Consejo de la Magistratura”, “si exigir la supremacía de la Constitución, peticionar por la igualdad ante la ley, exigir jueces naturales, y formular las denuncias que me competen como consejero es presionar a la justicia, bienvenida la presión”.

También se refirió a los “monopolios” aseverando que “disputan un poder fáctico y el Estado de Derecho”.

Fuente: http://www.diariojudicial.com

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