Se condena a las codemandadas a indemnizar a los familiares del causante -incluida a su concubina- a raíz del accidente por el cual falleció

Partes: T. M. C. c/ C. R. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala/Juzgado: L

Fecha: 5-jun-2012

 Cita: MJ-JU-M-73923-AR | MJJ73923 | MJJ73923

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a las codemandadas a indemnizar a los familiares del causante -incluida a su concubina- a raíz del accidente por el cual falleció, pero se rechazó la demanda respecto de la aseguradora, pues al momento del accidente el automóvil era utilizado como remise, y la utilización comercial del vehículo se pactó expresamente como un supuesto de exclusión de cobertura.

 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a los demandados a indemnizar a los familiares del causante -incluida su concubina- que falleció a raíz de un accidente automovilístico, pero no procede hacer lugar a la misma contra la aseguradora, pues al haber sido utilizado el automóvil objeto del seguro para un destino comercial, se verificó un supuesto de exclusión de cobertura expresamente pactado en el contrato de seguro, que lo había sido para destino particular.

2.-Si bien las causales exonerativas de responsabilidad que puede oponer la aseguradora deben ser apreciadas restrictivamente, por cuanto la regla según la cual la aseguradora debe indemnizar al asegurado, una vez acontecido el siniestro, es el principio fundamental de la relación obligacional emergente del contrato de seguro, lo cierto es que en el caso la aseguradora cumplió con su carga de acreditar que el rodado efectivamente estaba siendo utilizado con fines comerciales no amparados por la póliza contratada.

3.-Existe agravación del riesgo cuando con ulterioridad al perfeccionamiento del contrato sobreviene, respecto de las circunstancias objetivas o subjetivas declaradas en oportunidad de esa conclusión, una alteración trascendente que aumente, ya sea la probabilidad, como la intensidad del riesgo tomado, a cargo por el seguro.

4.-El daño moral, al ser de esencia subjetiva, lo formal o externo como el parentesco sólo puede considerarse como una base de presunción de cierta realidad espiritual, y los padecimientos ocasionados no precisan de probanza alguna por tratarse de prueba * in re ipsa que surge por la sola comisión del ilícito, aún cuando resulte importante la efectiva configuración de aquella realidad, de modo tal que cualquier presunción en la materia siempre podría admitir prueba en contrario.

5.-No media ninguna razón de política jurídica que deba impedir la compensación por un daño real e injustamente padecido, ya que negar la indemnización cuando el perjuicio espiritual aparece como cierto, además de lesionar la Justicia lesiona la seguridad jurídica que nunca deja de estar comprometida frente a los daños injustos.

6.-En casos, donde el daño aparece tan manifiesto ante la estabilidad en la vinculación afectiva y el compromiso vital entre la persona que lo reclama y la persona muerta -en el caso la coactora era concubina del causante-, la circunstancia de que las partes no hayan estado vinculadas por un matrimonio de carácter civil no puede dejar sin respuesta un pedido de resarcimiento, conforme al principio fundamental de todo derecho, de que debe resarcirse el daño causado, y que nuestro ordenamiento también ha reconocido de modo prioritario (conf. art. 1109 , 1077 , 1079 del CCiv.), de allí que a la luz de la actual realidad social, la solución legal para el caso analizado, aparece injusta y disvaliosa, privando de indemnización a quien en adecuado nexo causal con el obrar ilícito imputado al demandado, da muestra de un menoscabo espiritual.

7.-Rechazar el reclamo por daño moral de la concubina del causante hace que la reparación sea parcial, no sólo porque no se atiende al daño moral de la concubina, sino también porque desde la perspectiva del grupo familiar de la víctima, la ley no estaría protegiendo de igual modo -en la reparación de daños- a la familia extramatrimonial que a la matrimonial, cuando el gravamen generado es de igual naturaleza; esto resulta violatorio de los preceptos de protección familiar como son los arts. 14 bis tercer párr. de la CN.; arts. 17, 27, 29 y conc. del Pacto de San José de Costa Rica; arts. 10 y 23 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de raigambre constitucional, así como también el precepto de igualdad ante la ley (conf. art. 16 de la CN. y la doctrina emanada del art. 1079 del CCiv.).

8.-La falta de legitimación de la concubina para reclamar el daño moral porque no es heredera de la víctima del ilícito, es una respuesta inadecuada e irrazonable del sistema jurídico para el caso, que lesiona el común y básico sentido de justicia apareciendo éticamente disvaliosa, dicha normativa importa limitar el acceso a la justicia de la peticionante, impidiéndole la reparación del daño que más impacta y se vincula con la sensibilidad humana, como es el daño moral, precisamente en ocasión de una de las situaciones más graves, trascendentes y delicadas por las que puede atravesar una persona que se encuentra a cargo de hijos menores, como es la injusta pérdida de su pareja o compañero; de allí que deba admitirse el resarcimiento por daño moral por la muerte del concubino.

9.-El segundo párrafo del art. 1078 del CCiv., en la medida que impide el resarcimiento del daño moral sufrido por la co actora con motivo del fallecimiento de su compañero como víctima del hecho ilícito, resulta inconstitucional y violatorio de disposiciones contenidas en el Preámbulo y arts. 14 bis, 16, 18 , 19 , 33 y 75 inc. 22 y 23 de la CN., arts. 17, 27 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 10 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, todos de raigambre constitucional, y por ello no debe aplicarse al caso de autos; así habiéndose acreditado el daño cierto, corresponde modificar la sentencia haciendo lugar al reclamo efectuado por daño moral como consecuencia de la muerte del concubino.

10.-La pérdida de la vida significa la pérdida del máximo e insustituible bien que comprende la salud, o sea, el estado de bienestar indispensable para el desarrollo de la vida en un ambiente social, cultural, propio de la persona como ser social; la pérdida de su vida es la pérdida total de la salud y de la integridad psicofísica de la persona (del voto del Dr. Galmarini, por sus fundamentos).

11.-La partida por valor vida debe ser fijada prudencialmente por los jueces en función de la capacidad de ingresos de los que fue privado la familia por el deceso de quien era un sostén, y de las consecuencias económicas que en cada uno de sus integrantes produjo el fallecimiento; en el caso considero que ha sido acreditado que el difunto aportaba económicamente para el sostén de la familia (del voto del Dr. Galmarini, por sus fundamentos).

12.-La limitación del art. 1078 del CCiv. no es irrazonable cuando inhibe al concubino para reclamar daño moral en caso de fallecimiento del compañero; no veo haya discriminación, en el sentido peyorativo de la palabra, la ley desde siempre ha tendido por vías directas o indirectas a promover el desarrollo, firmeza y certeza del vínculo familiar y en lo referente al de pareja, a través de las normas del matrimonio y las tuitivas de quienes lo han contraído (del voto del Dr. Liberman – disidencia parcial).

13.-No hay discriminación ni afectación de derechos humanos al aplicar normas diversas que tienen como presupuesto situaciones diversas, cuando esa diversidad o disparidad de emplazamiento resulta de un acto u omisión absolutamente voluntario (del voto del Dr. Liberman – disidencia parcial).

14.-Quien mantiene una relación afectiva duradera y no contrae matrimonio sabe o debe saber que el amparo legal es diferente, a pesar de puntuales pero crecientes acercamientos, en esto no se puede alegar ignorancia del Derecho, sea cual fuese el estamento sociocultural, además, en los tiempos que corren ya no hay prácticamente situaciones en que sea infranqueable la valla del impedimento de ligamen (del voto del Dr. Liberman – disidencia parcial).

15.-No corresponde otorgar los mismos derechos a quienes se sustraen a las obligaciones inherentes al estado de familia cuyo amparo pretenden, auieren los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones; la ley no discrimina, diferencia a los diferentes (del voto del Dr. Liberman – disidencia parcial).

16.-No resulta irrazonable, no es inconstitucional, que no pueda acceder a una indemnización por daño moral quien no contrae matrimonio pudiendo hacerlo (del voto del Dr. Liberman – disidencia parcial).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 5 días del mes junio de del año dos mil doce, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “T., M. C. c/ C., R. E. s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo la Dra. Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 954/962, recurren los actores por los agravios que exponen a fs. 1011/1013 y fs. 1015/1020 -contestados a fs. 1049/1051- y la citada en garantía por los de fs. 1024/1034 -contestados a fs. 1040/1042-. A fs. 1111/1114 hizo lo propio la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara en representación de la menor M. N. T.

II.- En la instancia de grado se desestimó la defensa de falta de cobertura opuesta por la citada en garantía y se hizo lugar a la demanda por medio de la cual M. C. T. y M. S. F. -ésta última por sí y en representación de su hija menor de edad M. N. T.-, promovieron demanda por el accidente ocurrido el 2 de abril de 2.001, aproximadamente a las 5.15 hs. que cobrara la vida de G. T., hijo del primero y concubino y padre de las segundas, respectivamente.

En esta instancia, M. C. T. cuestionó la suma fijada en concepto de indemnización por valor vida y M. S. F. -por sí y en representación de su hija- se quejó por las reconocidas en concepto de valor vida, por el rechazo del daño moral respecto de la Srta. F. y por el quantum del daño moral de la menor. A su turno, la citada en garantía cuestionó el rechazo de la defensa de falta de cobertura; los montos reconocidos en concepto de valor vida, daño moral y daño y tratamiento psicológico; y la tasa de interés fijada. Por último, la Sra.Defensora de Cámara adhirió a los agravios de la Sra. F.; cuestionó por bajos los montos fijados en concepto de valor vida, tratamiento psicológico y daño moral, sosteniendo que debía incluirse además el carácter sancionatorio de éste último; y solicitó que se disponga el depósito de los montos a favor de su representada en una cuenta a nombre de autos y a la orden del juzgado.

III.- No cuestionada la responsabilidad en el caso, por razones de orden metodológico analizaré en primer término las quejas planteadas por la citada en garantía.

En la anterior instancia se desestimó la defensa de falta de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas por su orden.

Se agravió la aseguradora sosteniendo que el uso comercial del vehículo se encontraba excluido de la cobertura, por lo cual habiéndose acreditado que el rodado era utilizado como remís al momento del hecho, se debió hacer lugar a la defensa planteada.

No encuentro cuestionado que al momento del accidente el automóvil marca Renault 9, dominio BBP-725 estaba asegurado en “Caja de Seguros S.A.”, mediante la póliza nº 6000-0034279-01. De ésta surge que tenía por objeto “cubrir el automotor asegurado contra los riesgos y en las condiciones que se establecen en esta póliza y siempre que el vehículo esté afectado exclusivamente a uso particular” (art. 2º de las Condiciones Generales de la póliza) y que “No están a cargo de este seguro … los siniestros acaecidos en circunstancias en que el automotor objeto del seguro estuviese afectado a uso comercial o de índole distinta a la prescripta en el art. 2 de las mismas condiciones” (art. 7º de las Condiciones Generales).

La pericia contable de fs. 271/275 también da cuenta de la vigencia de la póliza al momento del hecho que amparaba al rodado asegurado únicamente cuando fuera utilizado como particular.Además, el perito pudo constatar que la denuncia fue efectuada ante la compañía recién el 4/4/01, -el accidente ocurrió el 1/4/01-; tomó intervención el departamento de siniestros de la compañía a fin de analizar toda información complementaria y rechazó la cobertura mediante carta documento de fecha 31 de mayo de 2.001, dado que el vehículo era utilizado con fines comerciales al momento del siniestro.

De los informes suministrados por el departamento de análisis de siniestros de la compañía aseguradora -cuyo valor probatorio fue negado tanto por los actores como por el Sr. C.-, surge claramente que el vehículo era utilizado como remís al momento del hecho; que el Sr. C. y el Sr. R. trabajaban en la remisería “Silvia” sita en la calle Sobremonte 3696, y que el demandado declaró que “la procedencia del viaje el día del accidente fue Beccar … el motivo del mismo era pasar a buscar a cuatro pasajeros de una bailanta de Pacheco, teniendo como destino la villa El Sauce “(ver fs.265 in fine /266)

La documental acompañada por la citada en garantía fue desconocida tanto por la actora como por el Sr. C. Sin embargo, todos los instrumentos acompañados fueron firmados por el accionado -incluso su declaración ante la compañía-; y en el informe pericial caligráfico de fs. 595/601 se concluyó que las firmas y aclaraciones de firma que suscriben los documentos de fs. 56, 57, 58, 59, 60 y 61, pertenecen al puño y letra del Sr. E. R. C. También surge que la firma y su aclaración que obra en copia fotostática en el documento de fs. 76, morfológicamente se corresponde con la firma y aclaración de firma auténticas del Sr. E. R. C.De allí que considero que se encuentra acreditada la utilización del vehículo como remís al momento del siniestro.

Así planteado, adelanto que no comparto la solución que el anterior sentenciante dio a esta cuestión.

Es que si bien las causales exonerativas de responsabilidad que puede oponer la aseguradora deben ser apreciadas restrictivamente, por cuanto la regla según la cual la aseguradora debe indemnizar al asegurado una vez acontecido el siniestro, es el principio fundamental de la relación obligacional emergente del contrato de seguro, lo cierto es que en el caso la aseguradora cumplió con su carga de acreditar que el rodado efectivamente estaba siendo utilizado con fines comerciales no amparados por la póliza contratada.

Al respecto se ha dicho que hay agravación del riesgo cuando con ulterioridad al perfeccionamiento del contrato sobreviene, respecto de las circunstancias objetivas o subjetivas declaradas en oportunidad de esa conclusión, una alteración trascendente que aumente, ya sea la probabilidad, como la intensidad del riesgo tomado, a cargo por el seguro. La agravación implica un riesgo más acentuado que el asumido al formalizar el contrato, de modo que si el nuevo estado de cosas hubiera existido al momento del contrato, el asegurador no habría contratado o no lo hubiera hecho sin mediar una prima más elevada (Stiglitz, Rubén S., “Derecho de seguros”, t. II, 4° edición actualizada y ampliada, p. 166 y sgtes.). En este sentido se ha dicho que “media una agravación del riesgo asumido por la aseguradora, que hace aplicable lo dispuesto por el art. 37, Ley de Seguros, si el vehículo se aseguró con destino de uso aprticular y se lo afectó a taxímetro -en el caso remís- (Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, 29/4/77 “Sanguinetti c/ Verón” JA 1978-II-78; CNCiv, Sala F, 25/4/1979 “Varela c/ Verón”, JA 1979-IV-52, CNCom, Sala C, 26/12/84, “Soto c/ San Lorenzo Cía de Seguros”, ED 113-334; citados en Stiglitz, Rubén S., ob. cit., t.II, 4° edición actualizada y ampliada, p. 168).

Por ello, acreditada la afectación del rodado como remís al momento del accidente, destino no amparado por la cobertura de la póliza mencionada, considero que la sentencia deberá ser modificada en este aspecto, excluyendo de la condena a la aseguradora “Caja de Seguros S.A.”, con costas de ambas instancias al demandado perdidoso (art. 69 y 279 del Cód Procesal).

Atento a la forma en que se resuelve la cuestión, resulta abstracto el tratamiento de los agravios planteados por la citada en garantía en esta instancia.

IV.- Seguidamente corresponderá tratar los diferentes agravios de los actores y de la Sra. Defensora de Menores sobre los rubros indemnizatorios.

a.- En la instancia anterior se reconoció por valor vida a M. C. T. la cantidad de pesos veinticinco mil ($25.000), a M. S. F. la de pesos cincuenta mil ($50.000) y a la menor M. N. T. la de pesos setenta y cinco mil ($75.000).

El valor de la vida humana no es apreciable con criterios exclusivamente económicos. El daño por la muerte de la víctima no puede atenerse a criterios o concepciones materialistas que deben necesariamente ceder frente a una comprensión general de valores -materiales y espirituales- unidas inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia (conf C.S.J.N. del 26/8/75 in re “Noya, Alfonso y otro c/ Prov. de Bs. As., punto 16).

En mi criterio, considerar que la vida humana no tiene un valor económico per se sino en función a lo que produce o puede producir constituye un enfoque estrictamente económico y axiológicamente disvalioso, que no se condice con el respeto de la vida y la dignidad como derechos fundamentales del hombre, tutelado por declaraciones internacionales, tratados, sentencias de tribunales transnacionales y receptados entre otros por el art. 4 del Pacto de San José de Costa Rica, arts.I, IV y VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 2, 3, 6, 16 y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos humanos, todos ellos de raigambre constitucional en nuestro país (ver también Morello, Augusto M. en “La Vida Humana y los valores” en JA 2005-III-256). La vida humana tiene un valor constitucional a pesar de la ausencia de toda regla constitucional concerniente a su protección (conf. Tribunal Constitucional de Polonia del 28/5/97 de “Investigaciones”, Secretaría de la Corte Suprema, Dir. Dr. Rolando E. Gialdino, 1998-1-93).

Participo por cierto de la teoría que sostiene que aún después de la sanción de la Ley 17.711 que redimensionó la resarcibilidad de daños morales modificando el art. 1078 del C.C., la vida humana posee un valor intrínseco, desde el punto de vista material; la privación de cualquier existencia humana importa siempre un perjuicio como mera contrapartida del valor de esa vida, y la valuación económica mínima en todo supuesto de homicidio lo es sin perjuicio de que puedan considerarse otras circunstancias para aumentar la indemnización, como ser la pérdida patrimonial que puedan experimentar los sobrevivientes a raíz de ese fallecimiento.

Desde mi particular visión, el mayor daño que puede ocasionarse a una persona es precisamente quitarle la vida; de allí que no pueda ser admisible dentro del régimen de daños, que mediando homicidio pueda concluirse en un rechazo de indemnización por valor vida.

Así, quien arbitrariamente priva de vida a otra persona debe estar obligado a indemnizar ese daño en algún valor económico, aún cuando el fallecido no tenga capacidad para generar ingresos, o éstos sean precarios (art. 1083 Cód Civil). En consecuencia, en el caso debe tenerse en cuenta que la víctima tenía aproximadamente 22 años al momento del hecho, vivía en concubinato con la Sra. F.y su hija; realizaba “changas” de pintura y mimbrería; había comenzado a trabajar como recolector de residuos y tenía el título de técnico en automotores (ver fs. 925); que M. C. T. era viudo, convivía con otros tres hijos y trabajaba haciendo artesanías en mimbre, por las que percibía la cantidad de entre $1.000 y $1.500; que la Srta. F., al momento del hecho no tenía trabajo, dedicándose posteriormente a la venta de comidas por lo que percibía aproximadamente $60 semanales, vivía en la casa de sus padres junto a su hija, tuvo otro hijo pocos años después y M. N. T., tenía tan sólo dos años y asistía a un jardín maternal (ver constancias de fs. 1056/1057); sumado ello a las circunstancias socioeconómicas que se desprenden del beneficio de litigar sin gastos n°63.429/2/2.001 -que tengo a la vista-, en aplicación del art. 165 del Código Procesal, estimo prudente confirmar el valor vida fijado para M. C. T.; M. S. F. y a M. N. T.

b.- El daño moral se fijó en la sentencia recurrida en la cantidad de pesos cien mil ($100.000) respecto de M. C. T. y la de pesos setenta mil ($70.000) a favor de la menor M. N. T., rechazándose el reclamo efectuado al respecto por la Srta. F.

En primer lugar, la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara cuestionó por baja la suma fijada a la menor por este concepto, sosteniendo que debía valorarse la conducta del agente causante del daño y la gravedad de la falta cometida, considerándose el carácter resarcitorio pero también la índole del hecho generador de responsabilidad.

No comparto esta apreciación, toda vez que en este caso particular, resulta aplicable la posición mayoritaria en la doctrina y jurisprudencia que se inclina por el carácter resarcitorio de éste rubro.Es que, tratándose de un accidente de tránsito, el daño moral tiene por finalidad reparar el daño sufrido por las víctimas como consecuencia de dicho infortunio, no correspondiendo -en el caso- incluir el criterio punitorio al que hace referencia la Sra. Defensora de Cámara.

B 1) Aclarado ello, debo decir que entiendo al daño moral como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso. Comprende los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de los accionantes. También se lo ha definido como una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar la persona diferente al que se hallaba antes del hecho y como consecuencia de éste.

En la especie, respecto de la hija y del padre del fallecido la procedencia del resarcimiento por los padecimientos sufridos como consecuencia del hecho por el que se reclama, resulta inobjetable. Ello por cuanto la ley no exige prueba específica sobre su existencia o extensión y el daño surge “in re ipsa”; se acredita por el mero hecho de la acción antijurídica (conf. esta Sala, del 27/11/95 in re “Van Peborgh de Paine c/ Cosan s/ daños y perjuicios”). Es que resulta indudable el dolor que han sufrido y sufren por la pérdida tanto el padre como la hija de la víctima.

B 2) Ahora bien, en cuanto al daño moral de la Sra. F., concubina del Sr. G. T., he sostenido que en mi criterio el art. 1078 segundo párrafo del Código Civil, resulta inconstitucional en cuanto limita la posibilidad del concubino de reclamar por sí el daño moral sufrido por el homicidio de su compañero (conf. esta Sala, “Enriquez, Adela Mónica c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín y otro s/daños y perjuicios”, expte. nº 52.081/2.002, del27/03/2007, RCyS 2007, 1020 – RCyS 2007, 591; cita online:AR/JUR/5282/2007; en el mismo sentido, “Suárez, Isolina Teresa c/ América Latina Logística Central S.A s/ daños y perjuicios” , expte nº 24.530/06, del 17/06/2.010).

En función del presente contexto de autos, así como en el actual marco legal y social del país, los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad, sin que ello atente contra el principio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en sí mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de parte y sí cuando no la hay (conf. CSJN, del 27/09/2.001, “Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes” DJ 2001-3, 807 – LA LEY 2001-F, 891 – ED 28/12/2001, 6 – ED 195 – JA 27/02/2002, 51 – JA 2002-I).

A los fines de evaluar las conductas de la víctima no puede prescindirse del medio social y sistema de vida en que se desenvuelve aquélla. De allí que conforme se desprende del beneficio de litigar sin gastos “la víctima al momento del hecho, vivía en compañía de su concubina Sra. M. F., teniendo una pequeña hija de dos años fruto de su relación concubinaria”; debiendo mudarse la Sra. F. junto a su hija a la casa de sus padres con posterioridad al fallecimiento de su concubino (ver fs. 6 y testimonios de fs. 20/21 del exp. n°63.429/2.001). El testimonio de fs. 399/400 también da cuenta de la convivencia de la víctima con la Sra. F. y la menor y de la situación emocional y económica que debió atravesar la familia como consecuencia del fallecimiento del Sr. T.

La existencia del concubinato se encuentra ampliamente probada. A lo que debe sumarse que no se ha invocado ni acreditado que mediare impedimento de ligamen o que se tratara de una unión incestuosa, esporádica o accidental.Por el contrario, la conclusión que surge es que la Sra. F. y la víctima mantuvieron una relación de convivencia estable desde la concepción de su hija Micaela, hasta el accidente. De modo tal que nos encontramos frente a una unión concubinaria, estable, permanente y singular.

Por otra parte, el plenario de esta Cámara “Fernández y otro c/ El Puente S.A.T. s/ daños y perjuicios” (LL 1995-C-942) se refiere a la legitimación de los concubinos que reclaman daños estrictamente patrimoniales, sufridos con motivo de la muerte de su compañero/a como consecuencia de un hecho ilícito; de allí que ninguna referencia se hiciera en el mismo art. 1078 del Código Civil; por eso, no se advierten criterios estrictamente vinculados al daño moral de la concubina.

Sin embargo, si se sentó doctrina legal obligatoria en cuanto a la admisibilidad del reclamo de la/el concubina/o que invoca un interés simple (conf. Bossert, Gustavo en “Régimen Jurídico del concubinato”, Astrea, 1999, pág. 164). Ello resulta sumamente relevante, ya que se fija como criterio que “el fundamento para reconocer una indemnización reside en la existencia cierta del perjuicio personal y en su nexo causal con el obrar ilícito imputado al demandado, sin que sea menester la lesión a un derecho subjetivo preexistente al ilícito o indirecto; deben necesariamente traducirse en una lesión a sus perrogatiovas jurídicas”.

También expresa el voto de la mayoría, que la legitimación para el reclamo no se funda en su carácter de concubina sino en su condición de simple damnificada, generándose una obligación reparatoria que no puede verse abolida por una circunstancia que no se encuentra prohibida por la ley como es la vida en concubinato.

Considero que esta sana doctrina vinculada a la existencia del interés simple para reclamar indemnización, que fuera también admitida tácitamente por la Corte Suprema (conf.CSJN del 11/9/86 en LL 1987-A-373 y ED 123-490), puede aplicarse igualmente al reclamo del daño moral sufrido por la concubina con motivo del hecho ilícito, lo cual conduce a su vez a la necesidad de reevaluar si la limitación impuesta por el segundo párrafo del art. 1078 Código Civil que la involucra implícitamente, resiste el examen de constitucionalidad, a la luz del actual contexto social, normativo y doctrinario de nuestro país; y llego a la conclusión de que la respuesta es negativa.

Los datos empíricos que se obtienen de la observación de la realidad en nuestro país, dan cuenta no sólo de la gran proliferación -por distintos motivos- de uniones concubinarias, sino también de su aceptación dentro del medio social argentino, y ello es así porque la naturaleza humana se inclina – por razones físicas, psíquicas y espirituales – hacia la vida en pareja estable. Además, tras un fracaso matrimonial, la conciencia social media aceptó la segunda unión aún antes de la sanción de la ley 23.515 en el año 1.987 que puso fin a la indisolubilidad del matrimonio civil; de modo tal que frente a la conciencia moral de la sociedad argentina, el matrimonio legítimo fue perdiendo el carácter de única institución capaz de concitar el respeto y la aceptación general cómo base de la convivencia de una pareja (con. Bossert, G.; op. cit, pág. 6 y sgtes.). De allí que el concubinato y el grupo familiar que nace sobre esa base, no son fenómenos aislados y extraordinarios, excluidos de la consideración general, sino que son bastante comunes, numerosos e integrados socialmente, como para ignorar los múltiples y diarios efecto s que proyectan en el marco jurídico. Ello actualiza por un lado, la trascendencia del rol judicial en la aplicación del derecho de daños como forma de evitar el desamparo y como técnica para una eficaz protección de las personas (conf.Stiglitz, Gabriel en “El derecho de daños en su cabal función” LL 1992-B-173), así como también, la necesidad de evaluar el impacto en términos de realización de Justicia, que pueda asumir el orden social frente a la respuesta judicial.

Por otra parte, según la reforma introducida al art. 1078 Código Civil por la ley 17.711 del año 1968, en los casos de homicidio de la víctima, sólo se reconoce legitimación a los herederos forzosos para reclamar el daño moral. Ello abrió una enorme polémica en cuanto a la conveniencia y equidad de las limitaciones al derecho indemnizatorio del daño moral. Recordemos que el daño moral es toda lesión cierta, ocasionada al razonable equilibrio espiritual que la ley presume como existente si no se hubiera producido el hecho reparable, y su objeto es compensar los valores morales más íntimos afectados a raíz del hecho (conf. CNC, Sala L del 29-10-97 in re “Gómez c/ Cavanagh s/ daños y perjuicios”, del 4-2-98 in re “Llanos c/ Trefiletti”).

A este respecto, coincido con quienes sostienen que en el daño moral, al ser de esencia subjetiva, lo formal o externo como el parentesco sólo puede considerarse como una base de presunción de cierta realidad espiritual, y los padecimientos ocasionados no precisan de probanza alguna por tratarse de prueba * in re ipsa* que surgen por la sola comisión del ilícito, aún cuando resulte importante la efectiva configuración de aquella realidad, de modo tal que cualquier presunción en la materia siempre podría admitir prueba en contrario.

Pero fundamentalmente considero que no media ninguna razón de política jurídica que deba impedir la compensación por un daño real e injustamente padecido, ya que negar la indemnización cuando el perjuicio espiritual aparece como cierto, además de lesionar la Justicia lesiona la seguridad jurídica que nunca deja de estar comprometida frente a los daños injustos (conf. Zavala de González, op. cit. pág.394 y ss.).

Esta problemática se vincula también y directamente con el acceso a la justicia, en una situación de suma gravedad y altamente sensible al ser humano como es la pérdida de la vida – en nuestro al caso del compañero y padre de las actoras-. Se ha dicho que pocos daños morales son más evidentes que los originados por la pérdida de un ser querido, que se padecen en la faz afectiva y se concretan en el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, el temor por las consecuencias de lo irreparable, especialmente si se advierte, como en el caso, la forma concreta en que sucedió el hecho y la edad que tenían por entonces la víctima y las hijas menores (conf. Daray, Hernán, en “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, Astrea 2* reimpresión, página 240 n* 59).

Lo señalado lleva a concluir que en estos casos, donde el daño aparece tan manifiesto ante la estabilidad en la vinculación afectiva y el compromiso vital entre la persona que lo reclama y la persona muerta, la circunstancia de que las partes no hayan estado vinculadas por un matrimonio de carácter civil no puede dejar sin respuesta un pedido de resarcimiento, conforme al principio fundamental de todo derecho, de que debe resarcirse el daño causado, y que nuestro ordenamiento también ha reconocido de modo prioritario (conf. art. 1109 , 1077 , 1079 del Código Civil). De allí que a la luz de la actual realidad social, la solución legal para el caso analizado, aparece injusta y disvaliosa, privando de indemnización a quien en adecuado nexo causal con el obrar ilícito imputado al demandado, da muestra de un menoscabo espiritual (conf. SCBA, del 12-11-91 en LL 1992-B-174, en especial, voto del Dr. Negri; y Cam. 21 de Apelaciones en lo civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, del 23-11-04 en LLBA 2005-marzo-pág.134). Es más, en reuniones científicas se ha propiciado la ampliación del elenco de legitimados, como ser en las “Jornadas sobre temas de Responsabilidad Civil en caso de muerte o lesión de las personas” (Rosario, 1979) y “Jornadas de Derecho Civil de San Juan” (1984).

Existen argumentos que avalan la limitación del art. 1078 C.C. ante la preocupación por la multiplicidad de reclamaciones que puedan llevar a la ruina al obligado; a ello cabe responder que es el Juez quien debe evaluar las diferentes circunstancias del caso para pronunciarse sobre la envergadura y naturaleza de los intereses invocados, la estabilidad afectiva y de compromiso vital entre quien reclama y la persona muerta (conf. art. 522 Cód. Civil). Pero entiendo que de todo el grupo de allegados y familiares que pueda tener la víctima, de quienes no debe ni puede prescindirse “a priori” en el reclamo de daño moral, es precisamente de la pareja y de los hijos, sean o no matrimoniales. En lo demás, el Juez podrá aplicar eventualmente el segundo párrafo del art. 1069 Código Civil para atender la situación patrimonial del responsable. Estos constituyen los mejores modos de poner un dique razonable a los planteos de otros posibles damnificados (conf. Zavala de González, op. cit. Pág. 395) situación que, por otra parte, no se presenta en autos.

También resulta atentatorio de la igualdad ante la ley, y carente de razonabilidad y congruencia, que se legitime ampliamente a los damnificados indirectos por daños patrimoniales, y se discrimine injustamente a quienes sufren indirectamente en su espíritu (conf. Bueres-Highton, “Código Civil …”, T° 3, pág.181). En el caso en análisis, en mi visión, resulta una iniquidad y una falta ética y jurídica, que la concubina pueda reclamar sólo los daños ocasionados a su patrimonio (ver plenario CNCiv “Fernández s/ El Puente”) e incluso hasta pueda reclamar daño moral por la muerte de un animal destinatario de su afecto como damnificado directo, pero al mismo tiempo no se reconozca o no se consideren “respetables” los sentimientos humanos y el sufrimiento espiritual que le genere la desaparición injusta de su pareja; si el derecho ignora esta íntima afección conculcada, siendo que el perjuicio es incuestionable, se viola el principio de la reparación integral del daño (conf. Bueres-Highton, op. cit., pág. 182; Zavala de González, op cit., pág. 396) y el derecho a la integridad personal, que comprende su faz espiritual y de afectos (conf. art. 5, Convención Americana de Derechos Humanos).

Rechazar el reclamo hace que la reparación sea parcial, no sólo porque no se atiende al daño moral de la concubina, sino también porque desde la perspectiva del grupo familiar de la víctima, la ley no estaría protegiendo de igual modo -en la reparación de daños- a la familia extramatrimonial que a la matrimonial, cuando el gravamen generado es de igual naturaleza. Esto, desde mi perspectiva, resulta violatorio de los preceptos de protección familiar como son los arts. 14 bis tercer párrafo de la Constitución Nacional; arts. 17, 27, 29 y conc. del Pacto de San José de Costa Rica; arts. 10 y 23 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de raigambre constitucional, así como también el precepto de igualdad ante la ley (conf. art. 16 de la Constitución Nacional y la doctrina emanada del art.1079 del Código Civil).

El sólo argumento de que la norma se encuentra vigente, que es categórica y debe ser acatada, no resulta suficiente, ya que ello importaría una concepción formalista y estrecha del derecho subjetivo, y que en este caso crearía una distancia que se percibe notoriamente injusta entre hechos y Derecho, contrariando el deber de “afianzar la Justicia” al cual se refiere el Preámbulo de la Constitución Nacional. Si la respuesta del ordenamiento legal no contribuye a afianzar la Justicia en el caso concreto, resulta inconstitucional y no debe ser aplicada por el Juez, quien precisamente ejerce un control difuso en esta materia (conf. art. 116 Constitución Nacional), y puede declarar aún de oficio la inconstitucionalidad de la ley (conf. CSJN, 27/09/01, “Miel de Pereyra c/ Prov. de Corrientes”, L. L. 2001-F-891; E.D. 195-6).

Desde otro punto de vista, un sector de la doctrina argumenta que en el caso específico de los reclamos indemnizatorios de la/el concubino/o la limitación que impone el art. 1078 C.C. se funda en un interés social en la preservación del matrimonio y su protección exclusiva por la ley, pues de lo contrario se equipararía indirectamente la situación de la concubina y del cónyuge. Al respecto cabe señalar que el concubinato es un hecho social no reprobado por el ordenamiento jurídico y en el cual uniones de esta naturaleza se encuentran amparadas por el art.18 y 19 de la Constitución Nacional, localizándolas en el ámbito de las acciones privadas de los hombres. Tampoco infringe la moral y las buenas costumbres ya que incluso en su nota al art. 325 del Código Civil Vévez Sarsfield señalaba que las leyes no castigan las uniones de personas libres y ningún hombre se sentiría deshonrado porque se descubriera que es padre natural de una persona (conf. Voto de los Dres.Galmarini, Ruda Bart, Alterini, Bueres en el plenario ya citado “Fernández c/ El Puente S.A.T.”).

De modo que el concubinato no sólo no está prohibido sino que cada vez en más casos, la ley se refiere al mismo (con. Art. 3573 in fine del Cód. Civil, leyes de locación, ley de contrato de trabajo, leyes provisionales y jubilatorias), reconociendo incluso derechos al concubino en situaciones análogas al caso analizado, ante el deceso del compañero.

Coincido con el criterio de quienes entienden que admitir el reclamo por daño moral de la concubina no significa equiparar al matrimonio con el concubinato, básicamente po rque sigue pensándose en la sociedad, que más allá de las aceptaciones del fenómeno a las que me referí anteriormente, la base familiar de la sociedad debe estar asentada en el matrimonio y por ello dicha unión formal merece una protección completa del Derecho; pero ello no implica que aquél no pueda producir efectos jurídicos en las relaciones humanas -en sí mismas positivas-, que tuvieron a la unión concubinaria como contexto (ver voto Dr. Bueres en fallo plenario citado). Por otra parte, el concubinato no impide la realidad del daño cuando éste se produce, ni tampoco borra su injusticia. La eventual ilicitud de aquél no podría ser invocada por el responsable del daño, puesto que ello importaría liberarlo de su obligación resarcitoria, a raíz de que el perjudicado no tenía vínculo matrimonial con la víctima inmediata, siendo que esto último no altera contornos y proyecciones del hecho lesivo (conf. Zavala de González, op. cit., T 2b, pág. 406).

Como se advierte, la falta de legitimación de la concubina para reclamar el daño moral porque no es heredera de la víctima del ilícito, es una respuesta inadecuada e irrazonable del sistema jurídico para el caso, que lesiona el común y básico sentido de justicia apareciendo éticamente disvaliosa.Dicha normativa importa limitar el acceso a la justicia de la peticionante, impidiéndole la reparación del daño que más impacta y se vincula con la sensibilidad humana, como es el daño moral, precisamente en ocasión de una de las situaciones más graves, trascendentes y delicadas por las que puede atravesar una persona que se encuentra a cargo de hijos menores, como es la injusta pérdida de su pareja o compañero; de allí que deba admitirse el resarcimiento por daño moral por la muerte del concubino (conf. Cifuentes, “Código Civil…”, T° 1, pág. 803).

Por todo lo expuesto, es que llego a la conclusión de que el segundo párrafo del art. 1078 del Código Civil, en la medida que impide el resarcimiento del daño moral sufrido por la Sra. F. con motivo del fallecimiento de su compañero como víctima del hecho ilícito, resulta inconstitucional y violatorio de disposiciones contenidas en el Preámbulo y arts. 14 bis, 16 , 18, 19, 33 y 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional, arts. 17, 27 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 10 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, todos de raigambre constitucional, y por ello no debe aplicarse al caso de autos; así habiéndose acreditado el daño cierto, propongo se modifique la sentencia haciendo lugar a su reclamo efectuado por daño moral como consecuencia de la muerte de su concubino.

B 3) En cuanto al quantum indemnizatorio la determinación de los sumas indemnizatorias se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades para computar las particularidades de cada caso. En virtud de las consideraciones precedentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los reclamantes señaladas en el punto anterior y las particularidades del caso; en uso de las facultades que confiere el art. 165 del Cód.Procesal, entiendo que por resultar ajustada a derecho, propondré la confirmación de las fijadas por el sentenciante a la menor. Respecto de la Sra. F. propiciaré fijar este ítem en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000).

c.- El juez de grado fijó el daño psicológico en la cantidad de pesos veinticinco mil ($25.000) a favor de cada uno de los actores, reconociéndose la procedencia de los gastos por tratamiento farmacológicos y psicológicos para el Sr. T. y la Srta. F. en la cantidad de pesos cinco mil ($5.000) y los de la menor en la cantidad de pesos tres mil ($3.000).

Atento a la desvinculación de la citada en garantía de la condena no corresponde el tratamiento de sus agravios sobre éstos rubros por lo cual únicamente trataré las quejas de la Sra. Defensora de Menores respecto de la cuantificación de la terapia recomendada a la niña.

El daño psíquico importa un detri­mento a la inte­gri­dad personal, por lo que para que sea indemnizado independientemente del moral, debe configurarse como consecuencia del siniestro objeto de autos, por causas que no sean preexistentes al mismo y en forma permanente. Se da en una perso­na que pre­sen­te luego de producido el hecho, una disfun­ción, un distur­bio de carácter psíqui­co permanente.

Del dictamen pericial de fs. 637/640 surge que los actores padecen una neurosis depresiva, secundaria y de tipo tardío, que representan un 25% de incapacidad parcial y permanente de acuerdo a los Baremos Neuropsiquiátricos para valorar incapacidades neurológicas y daño psíquico del Dr. Mariano Castex y Daniel Silva, que los limitan en modo moderado en sus capacidades intelectuales, volitivas y de actitud y predisposición a la acción.Indicó una psicoterapia individual de tipo psicoanalítica, con una frecuencia de dos sesiones semanales, durante dos años y una consulta cada quince días para evaluar el uso de antidepresivos del tipo IRSS a un costo de $100 la sesión con más la cantidad de $100 de psicofármacos. Señaló que si bien esto podría lograr una mejoría, no se podía pensar en curación.

El dictamen fue impugnado a fs. 643/645 y la perito no dejó lugar a dudas respecto de sus conclusiones al contestarlas a fs. 650/651, donde ratifica que las secuelas son permanentes y que los tratamientos recomendados tienen por finalidad evitar un empeoramiento de las secuelas.

Siendo ello así y a la luz de lo estipulado en los arts. 386 y 477 del Código Procesal no cabe más que aceptar las conclusiones de la experta.

En consecuencia encontrándose acreditadas las secuelas psicológicas señaladas, teniendo en cuenta el dictamen psicológico y que sólo se cuestionó por baja la suma fijada por el tratamiento psicológico de la menor, sumado a las circunstancias personales detalladas al tratar los rubros anteriores, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del Cód. Procesal, propondré elevar este ítem a la cantidad de pesos cuatro mil quinientos ($4.500) -art. 165 Cód. Procesal-.

IV.- Consecuentemente si mi voto fuera compartido propongo al acuerdo modificar la sentencia recurrida: 1) excluir de la condena a la aseguradora “Caja de Seguros S.A.”, con costas de ambas instancias por la incidencia al demandado perdidoso (art. 69 y 279 del Cód Procesal); 2) fijar en pesos cincuenta mil ($50.000) el daño moral de la Sra. F.; 3) elevar los gastos de tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico de M. N. T.a pesos cuatro mil quinientos ($4.500); 4) ordenar que los fondos correspondientes a la menor sean depositados a la orden del juzgado y como perteneciente a estos autos, hasta tanto se decida algún tipo de inversión; 5) confirmar la sentencia en todo lo demás que hubiere sido materia de agravios; y 6) Costas de alzada al demandado vencido (art. 68 Cód. Procesal).

El Dr. Liberman dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Pérez Pardo, pero disiento en materia de legitimación del concubino para hacerse de una indemnización por daño moral ante la muerte de la pareja.

Concuerdo que los jueces debemos hacer en cada caso una ponderación de la aplicación de la ley. Y en la cúspide del orden legal está la Constitución nacional y los ordenamientos supranacionales que la reforma de 1994 hizo propios.

Sin embargo, sigo creyendo que la limitación del art. 1.078 del Código Civil no es irrazonable cuando inhibe al concubino para reclamar daño moral en caso de fallecimiento del compañero. No veo haya discriminación, en el sentido peyorativo de la palabra. La ley desde siempre ha tendido por vías directas o indirectas a promover el desarrollo, firmeza y certeza del vínculo familiar. Y en lo referente al de pareja, a través de las normas del matrimonio y las tuitivas de quienes lo han contraído.

No hay discriminación ni afectación de derechos humanos al aplicar normas diversas que tienen como presupuesto situaciones diversas, cuando esa diversidad o disparidad de emplazamiento resulta de un acto u omisión absolutamente voluntario.

Quien mantiene una relación afectiva duradera y no contrae matrimonio sabe o debe saber que el amparo legal es diferente, a pesar de puntuales pero crecientes acercamientos. En esto no se puede alegar ignorancia del Derecho, sea cual fuese el estamento sociocultural.Además, en los tiempos que corren ya no hay prácticamente situaciones en que sea infranqueable la valla del impedimento de ligamen.

No admito se den los mismos derechos a quienes se sustraen a las obligaciones inherentes al estado de familia cuyo amparo pretenden. Quieren los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. La ley no discrimina, diferencia a los diferentes.

No es irrazonable, no es inconstitucional, que no pueda acceder a una indemnización por daño moral quien no contrae matrimonio pudiendo hacerlo.

Se trae a colación la legitimación amplia del art. 1.079 del Código Civil. Creo que es de la mayor amplitud, y así debe interpretarse; en ese orden de ideas siempre me pareció disvaliosa la que quedó en minoría en el plenario “Fernández c. El Puente”, porque en este tema no pongo ni cabe poner en tela de juicio valores morales o éticos. Pero hasta ahora -doy un ejemplo- no se ha cuestionado como discriminatorio el art. 1.084 en tanto establece una presunción de daño a favor de los viudos, excluyendo ‘contrario sensu’ a quienes por muerte de la pareja no resultan de estado civil viudos. Y la diferenciación tiene el mismo sustento.

Conociendo el criterio del Dr. Galmarini, quedaré en minoría votando por la confirmación del rechazo del resarcimiento por daño moral por muerte del concubino.

El Dr. Galmarini dijo:

En primer lugar dejaré a salvo mi opinión respecto de la procedencia de la indemnización correspondiente al valor vida.

La pérdida de la vida significa la pérdida del máximo e insustituible bien que comprende la salud, o sea, el estado de bienestar indispensable para el desarrollo de la vida en un ambiente social, cultural, propio de la persona como ser social. La pérdida de su vida es la pérdida total de la salud y de la integridad psicofísica de la persona. Un importante sector doctrinario entiende que la vida no tiene valor en sí misma.Se relaciona con lo que pueda significar en beneficios económicos para los que dependan del difunto. Para los herederos puede operar, la pérdida de la vida, como lucro cesante, pérdida de una chance, o sea como un daño indirecto. Aquí, en realidad, no se da valor a la vida sino a la pérdida de beneficios o expectativas ciertas de los que rodeaban al difunto. La vida, para algunos, no tiene valor, pues para el difunto no hay posibilidad de resarcir nada (conf. Gustavo Odorqui Castilla en “Daño Mortal”, Responsabilidad Civil, Aída Kemelmajer de Carlucci, pág.532/533, edit.Rubinzal-Culzoni). La privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la persona reportaba a otros seres que gozaban o podrían gozar de aquéllos, constituye un daño cierto y así se mide el valor económico de la vida de la víctima por los bienes económicos que el extinto producía. No está de más puntualizar que, ni la ley ni la mayoría de los pronunciamientos judiciales, ha atribuido un valor a la vida humana independientemente de la consideración de los daños sufridos por su pérdida (CNCiv, Sala “F”, 14/12/99, “Andrade, Diego Reynaldo, Luis c/Pereyra, Juan C. y otros s/daños y perjuicios”).

Esta partida debe ser fijada prudencialmente por los jueces en función de la capacidad de ingresos de los que fue privado la familia por el deceso de quien era un sostén, y de las consecuencias económicas que en cada uno de sus integrantes produjo el fallecimiento. En el caso considero que ha sido acreditado que el difunto aportaba económicamente para el sostén de la familia, por ello adhiero a la solución propiciada por la Dra.Pérez Pardo.

En relación a la admisión de la indemnización por daño moral para la concubina de la víctima, también adhiero a lo resuelto en el primer voto, por los fundamentos ya expresados en un antecedente similar al presente en los autos “Suárez, Isolina Teresa c/ América Latina Logística Central S.A s/ daños y perjuicios”, esta Sala, del 17 de junio de 2010, publicado en JA 2010-IV, FASCÍCULO NRO. 9, BS. AS. 1/12//2010, a los cuales me remito en honor a la brevedad.

Con estas aclaraciones, adhiero al voto de la Dra. Pérez Pardo.-

Con lo que terminó el acto.

Firmado:

Marcela Pérez Pardo.

Víctor Fernando Liberman.

José Luis Galmarini. es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, de junio de 2012.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: modificar la sentencia recurrida: 1) excluir de la condena a la aseguradora “Caja de Seguros S.A.”, con costas de ambas instancias por la incidencia al demandado perdidoso (art. 69 y 279 del Cód Procesal); 2) fijar en pesos cincuenta mil ($50.000) el daño moral de la Sra. F.; 3) elevar los gastos de tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico de M. N. T. a pesos cuatro mil quinientos ($4.500); 4) ordenar que los fondos correspondientes a la menor sean depositados a la orden del juzgado y como perteneciente a estos autos, hasta tanto se decida algún tipo de inversión; 5) confirmar la sentencia en todo lo demás que hubiere sido materia de agravios; y 6) Costas de alzada al demandado vencido.

Regístrese, notifíquese a las partes y a la Defensora de Menores de Cámara con remisión del expediente a su despacho y oportunamente devuélvase.

MARCELA PEREZ PARDO

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

JOSE LUIS GALMARINI

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