Se revoca la absolución del controlador del tráfico aéreo de la aerolínea en la que pasaron valijas cargadas de droga sin pasajero

Partes: G. V. J. y otros s/ recurso extraordinario

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 31-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74612-AR | MJJ74612 | MJJ74612

 En una causa por contrabando de estupefacientes, originada a raíz de la detección en un aeropuerto extranjero, de valijas con droga que habrían viajado, sin pasajero, desde Argentina, se revocó la absolución de un controlador del tráfico aéreo de la aerolínea en la cual habría sido despachado dicho equipaje.

Sumario:

 

1.-Corresponde revocar la sentencia que, en una causa por contrabando de estupefacientes, absolvió por el beneficio de la duda, a quién revestía la calidad de controlador de tráfico aéreo de la aerolínea en uno de cuyos aviones habrían viajado, sin pasajero, valijas que contenían droga pues, ha quedado acreditado que aquél se comunicó en varias oportunidades, desde su teléfono celular, con la persona encargada de acondicionar la sustancia en las valijas y de despacharlas, así como con los destinatarios de la droga ya que, una minuciosa evaluación de los elementos de pruebas obrantes en la causa llevan a obtener el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena.

Fallo:

Procuración General de la Nación

I

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los recursos de casación deducidos contra la sentencia por la que el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3 condenó a José Ramón G V , María Elena T B y Walter Edgardo B a las penas de ocho años, siete años, y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, como coautores penalmente responsables del delito de contrabando calificado por el número de personas que intervinieron y por tratarse de sustancia estupefaciente destinada a su comercialización, y absolvió a Ariel Hernán T en orden a esa imputación.

Contra dicho pronunciamiento, sus defensores y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron los recursos extraordinarios federales (fs. 60/98, 99/119 y 120/129, espectivamente), que fueron concedidos a fs. 153/154.

II

1. En la apelación, la defensa de G V y T B sostiene que el a quo no trató los cuestionamientos que esa parte formuló contra la sentencia del tribunal oral por haber omitido sortear el orden de votación y por no haber conformado una opinión mayoritaria.

Agrega que con base en fundamentación sólo aparente, se desestimó el planteo relativo a la garantía de ser juzgado por un tribunal imparcial, que esa parte formuló con motivo del auto de procesamiento que dictó un juez que fue apartado de la causa por sospecha de parcialidad. En ese sentido, dijo que el a quo le achacó no haber explicado cuál sería el perjuicio que tal actuación pudo haber generado a sus defendidos, a pesar de que -en su opinión- lo hizo de manera suficiente.

También atribuye ese defecto a la fundamentación con que se sostuvo la intervención de G V y T B en los hechos objeto del proceso.En ese sentido, refiere que no se acreditó que tuvieran conocimiento de éstos, ni que haya existido una decisión común para ejecutarlos.

Sostiene, además, que el pronunciamiento no cuenta con dicho requisito de validez en lo tocante a la identificación de las valijas incautadas con las que efectivamente estaban destinadas a sus asistidos. Señaló que al efecto el a quo se apoyó en las declaraciones de Claudio Fernando B y otros empleados de “S W S.A.”, a pesar de que aquél no las identificó, los otros testigos aludidos no fueron individualizados en el fallo, y el personal encargado de recibir el equipaje y controlar el embarque no dijo haber visto maletas que tuvieran adherido un papel con la frase “Embajada Argentina en España”, como presentaban las que resultaron incautadas.

Por otra parte, alega que el a quo prescindió del texto legal vigente, al convalidar el procedimiento de apertura de las valijas con base en la ley española, en lugar de aplicar el ordenamiento procesal argentino, que imponía la presencia de dos testigos del acto.

Asimismo, sostiene que en la decisión se omitió tratar los planteos de nulidad que esa parte formuló a causa de habérsele negado la posibilidad de interrogar y confrontar a los testigos de identidad reservada, y de haber sido rechazada la solicitud para que se convocara a prestar declaración testimonial en el debate al otrora imputado Marcelo V , responsable de la firma “S W S.A.” en el aeropuerto de la ciudad de Barajas.Al respecto, refiere que la reserva de identidad no constituye uno de los supuestos de excepción que habilitan a incorporar por lectura la declaración prestada en la etapa de instrucción, a lo que esa parte se opuso expresamente; e invoca la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Kostovski”, en cuanto sostuvo “.que era importante poder observar el comportamiento de un testigo durante un interrogatorio para analizar sus reacciones y formarse una opinión sobre su credibilidad y de esta forma se excluye la posibilidad de una deposición anónima o enmascarada”.

Dice, además, que el fallo es arbitrario en cuanto rechaza el planteo de nulidad de la diligencia por la que se recibieron, desde España, las muestras de la sustancia estupefaciente que contenían las valijas incautadas. Indica, en ese sentido, que el a quo se limitó a transcribir los argumentos con que el tribunal del juicio convalidó aquella actuación.

Por otro lado, critica que el pronunciamiento considere como agravante de la pena “la avidez por la vida fácil” y el montaje de un escenario de actividades telefónicas y financieras, entre otras, para realizar las maniobras delictivas que se les atribuyeron. Al respecto, señala que esas circunstancias no fueron planteadas en la causa ni surgen de sus constancias, y en el fallo se omite indicar cuál es su fuente.

Expresa que la decisión también incurre en contradicción, pues a pesar de haber reconocido que el tribunal del juicio debió haber tenido en cuenta la edad y la condición física de G V y T B para fijar la sanción, luego sostuvo que, de todas maneras, esas circunstancias de atenuación tenían mínima incidencia en el caso y, en consecuencia, rechazó reducir las penas con base en ellas.

Agrega que, al así decidir, el a quo discriminó a sus defendidos pues en el caso de los otros condenados se fijó la sanción tomando en cuenta sus edades.

2.Por su parte, la defensa de Walter Edgardo B alega la afectación del derecho a ser oído por un tribunal imparcial, por haber sido procesado y puesto en prisión preventiva por orden de un juez respecto del que existía sospecha objetiva de parcialidad, por la que más tarde se lo apartó del conocimiento de la causa.

Sostiene, por otro lado, que mediante afirmaciones dogmáticas el a quo convalidó la valoración que el tribunal del juicio hizo acerca de la prueba, omitiendo dar respuesta a la crítica que esa parte formuló contra la sentencia de condena, en punto a que los magistrados se limitaron a enumerar los elementos desarrollados durante la instrucción suplementaria y el debate oral, sin analizarlos ni indicar en cuáles apoyaron la decisión.

Agrega que al haber negado significación al cargo que B desempeñaba en la empresa de aviación, el a quo alteró la evaluación que el tribunal oral hizo de la prueba, en la que ese elemento habría sido determinante del reproche que se le formuló.

Dice también que aquél recibió un tratamiento desigual respecto de otros imputados, pues se le otorgó distinta significación, en uno y otro caso, al hecho de haber mantenido comunicaciones telefónicas con los destinatarios de las valijas en cuestión. Refiere, en ese sentido, que mientras en relación con algunos acusados se desechó la posibilidad de hacer suposiciones sobre el contenido de comunicaciones telefónicas que no fueron grabadas, en el caso de B las llamadas fueron valoradas como prueba de cargo.

Por último, sostiene que no cabe concluir que éste conociera el contenido de las valijas simplemente por haber requerido su envío, y refiere que la identificación de las que resultaron incautadas con aquéllas cuyo despacho él solicitó constituye una mera afirmación dogmática.

3.El representante del Ministerio Público Fiscal alega la arbitrariedad del fallo apelado en cuanto, como resultado de un análisis aislado y fragmentado de la prueba, confirmó la absolución de Ariel Hernán T en relación con el delito atribuido.

Refiere que, por el contrario, con los elementos expuestos en el debate se demostró que T estuvo a cargo de retirar en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas las valijas que fueron despachadas sin pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Al respecto, destaca que aquél cumplía funciones de supervisor de tráfico para la empresa “S W S. A.” en el primero de dichos aeropuertos, por lo que se encontraba habilitado a acceder al salón de equipajes, vedado al público. Y se opone a que su responsabilidad en el sub lite resulte excluida por no haber intentado retirar las maletas antes de que llamaran la atención de los guardias.

Señala también que meses antes del vuelo en cuestión aquél mantuvo contactos telefónicos con las personas que acondicionaron la sustancia estupefaciente en las valijas y las llevaron hasta el aeropuerto, y que asimismo, desde que el avión despegó en Argentina hasta que aterrizó en España, se comunicó por teléfono en diversas oportunidades con los coimputados G V y T B .

Expresa, además, que no han sido tenidas debidamente en cuenta las manifestaciones de Hedna E M , empleada de G V y T B , quien en un proceso seguido en su contra en España por tráfico de estupefacientes refirió que éstos le entregaron la droga que en ese caso se encontró en su poder, la que fue ingresada a España desde la Argentina por una persona de nombre “Ariel” a través de vuelos de una línea aérea cuyo nombre le resultó de difícil pronunciación.Agrega que el pronunciamiento le restó entidad a esa información, por no haber sido ratificada en la declaración que E M prestó en el sub lite vía exhorto, a pesar de que concuerda con el plan y las maniobras investigadas en el presente.

III

A mi modo de ver, en la impugnación extraordinaria la defensa de los imputados T B y G V no rebate los argumentos del a quo en términos que satisfagan el requisito de fundamentación autónoma a que se refiere el artículo 15  de la ley 48 (326:2575 ; 331:563 ).

Así lo pienso por cuanto advierto que se limita a reiterar dogmáticamente las objeciones formuladas en las instancias anteriores acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal, sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del fallo apelado.

En efecto, en el escrito del recurso la defensa insiste en postular la nulidad de lo actuado a partir del auto de procesamiento de sus defendidos, con base en la sospecha de parcialidad que motivó que el -entonces- juez Carlos Liporace fuera apartado de la causa, sin explicar -conforme le achaca el a quo- por qué razón cabría dar nuevamente tratamiento a este planteo, que fue formulado y rechazado en la etapa de instrucción, ni tampoco hacerse cargo de demostrar de qué manera sus derechos y defensas pudieron resultar afectados en el sub lite.Ello resultaba particularmente exigible, a mi modo de ver, teniendo en cuenta que en el caso de T B y G V , ese auto de mérito no fue pronunciado por dicho magistrado sino por el que lo sucedió, y si bien su apartamiento se dispuso -a instancia del Ministerio Público Fiscal- a partir de sospechas de haber favorecido a algunos imputados, las decisiones tomadas respecto de los restantes fueron mantenidas por los diversos órganos jurisdiccionales que intervinieron en el proceso.

Tampoco aprecio que los apelantes se hayan ocupado de refutar los argumentos en que se basó el a quo para confirmar la intervención que se atribuyó a G V y T B en los hechos de que trata la presente causa.

En ese sentido, se tuvo en cuenta que Claudio Fernando B , empleado de “S W S. A.”, dijo haber dispuesto el envío hacia España de cuatro valijas sin acompañante en un vuelo de esa empresa por orden de Walter Edgardo B , quien expresó haber hecho tal encargo a solicitud de T B y G V . Consideró el a quo, además, que al arribar al aeropuerto del distrito de Barajas las valijas presentaban marbetes manuales de dicha firma, que se correspondían con los que se aplicaban al equipaje sin acompañante, y permanecieron en la cinta sin ser retiradas por los pasajeros. Destacó, asimismo, las comunicaciones telefónicas que mantuvieron con Ariel Hernán T , empleado de “S W S. A.” en ese aeropuerto, antes, durante e inmediatamente después del vuelo. También hizo mención de las comunicaciones entre aquéllos y Juan David A T , quien estuvo a cargo del acondicionamiento de la sustancia estupefaciente en las valijas y del traslado hasta el aeropuerto de Ezeiza.Sumado a ello, el pronunciamiento negó que hayan retirado sus valijas al arribo del vuelo, según adujeron, desde que carecían del comprobante correspondiente por no haber sido pasajeros; rechazó que aquéllas contuvieran vajilla y mantas, en vez de estupefacientes, con base en la declaración de la representante del comercio en que alegaron haberlas adquirido; y sostuvo que la eventual intervención de terceros no individualizados que hayan colocado carteles en las valijas con posterioridad a su embarque, no afecta la convicción acerca de su remitente, contenido y destinatarios.

En tales condiciones, estimo que la decisión apelada cuenta en este punto con fundamentos suficientes que eliminan la tacha invocada por los recurrentes.

Lo mismo ocurre, a mi modo de ver, con los planteos relativos a la diligencia por la que se recibieron las muestras de la sustancia estupefaciente y con el procedimiento de apertura de las valijas incautadas, por cuanto también aquí la defensa sólo reitera de manera dogmática asertos ya vertidos, y no rebate los fundamentos con que cuenta el pronunciamiento.

Así lo considero, pues los apelantes persisten en sostener que la sustancia remitida desde España no puede ser tomada como muestra de la encontrada dentro de las valijas, porque uno de los sobres en que fue enviada estaba cerrado con cinta adhesiva y presentaba restos de lacre en su interior, a pesar de que el a quo destacó, de conformidad con lo expresado en la sentencia, que aquélla se encontraba, a su vez, dentro de otros dos sobres que estaban en el interior del primero, y garantizaban su autenticidad.Además, en el fallo se sostiene que aquella circunstancia, aunque pudiere repercutir en el valor probatorio del peritaje que se lleve a cabo respecto de su contenido, no provoca la nulidad de ese examen, argumento del que tampoco se hacen cargo los recurrentes.

En cuanto a la apertura de las valijas por personal aduanero y de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas, insisten en negar que la validez de ese acto deba ser determinada a tenor de la ley del lugar en que se llevó a cabo, por considerar que el artículo 16 de la ley orgánica 12/1995 de España (“Ley de Represión del Contrabando”), en el que se basó el a quo para convalidarlo, afectaría al orden público argentino en tanto no exige la participación de testigos ajenos a la repartición, lo que sí hace el artículo 138  del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, omiten explicar por qué aquélla actuación debería ser confrontada con la norma procesal penal que invoca, en vez de la ley 22.415  (Código Aduanero), lo que resultaba de especial significación teniendo en cuenta que ésta faculta a los agentes del servicio aduanero a registrar personas y mercaderías (artículos 114 , 119(ef:LEG1306.119) y 122, inciso “a” ) sin requerir la presencia de testigos.Por lo demás, tampoco demuestra por qué razón cabría considerar que la actuación del personal aduanero sin la presencia de testigos resulta, por sí misma, lesiva del orden público nacional.

Por otra parte, aprecio que el escrito de la apelación no se ajusta a las constancias de la causa, en cuanto se alega que el a quo pasó por alto los planteos relacionados con el sorteo del orden de votación en la sentencia del tribunal oral, con la imposibilidad de interrogar y confrontar a los testigos de identidad reservada, y con el rechazo de la propuesta como testigo en el debate del otrora imputado Marcelo V .

Por el contrario, advierto que el modo en que fueron emitidos los votos de los integrantes del tribunal del juicio fue el primer tema que se trató en el fallo apelado (fs. 24). Al respecto, el a quo tuvo en cuenta que dos jueces se pronunciaron en primer término de manera conjunta, componiendo mayoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 del ordenamiento procesal penal, y consideró que, en tales condiciones, el defecto que pudiere presentar el voto restante, por no haber hecho referencia expresa a todos los puntos materia de impugnación, no afecta aquella posición mayoritaria ni invalida la actuación del tribunal.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que lo referente a la forma en que se dictó la sentencia del a quo no da lugar al recurso extraordinario, aunque se invoque la garantía de la defensa en juicio si, en el caso, no se demuestra el agravio que pudo haber producido el orden de la votación seguido por la cámara (Fallos:261:310), exigencia de la que no se hicieron cargo los recurrentes en el sub lite.

Del mismo modo, observo que los cuestionamientos contra lo resuelto por el tribunal oral respecto de la prueba testimonial fueron objeto de tratamiento en la sentencia, y los recurrentes omitieron rebatir los fundamentos con que cuenta la decisión.

En efecto, frente al planteo que realizó la asistencia técnica de B , en términos similares a los de la defensa de T B y G V , el a quo consideró que las declaraciones de los testigos de identidad reservada -que aquella parte identificó como Christian M y Alberto B – y de los coprocesados Marcelo V y Flavio C , no formaron parte de la prueba en que se basó el reproche que se les formuló (fs. 44 vta. y 47 vta.), y concluyó, consiguientemente, que el fallo del tribunal oral se ajustó al criterio de la Corte en el precedente invocado por los recurrentes, registrado en Fallos: 329:5556 , en el que, a diferencia del sub examine, la sentencia de condena se fundó en testimonios que la defensa no tuvo posibilidad de controlar.

Aprecio esa discrepancia también entre el sub lite y el caso “Kostovski v. Netherlands”, resuelto por la Corte Europea de Derechos Humanos por sentencia de 20 de noviembre de 1989, el que versó sobre una condena fundada, en grado decisivo, en declaraciones anónimas (conf. parágrafo 44, última oración). Precisamente, en esa decisión el tribunal europeo expresó que “La convención no descarta el apoyo, en la etapa de investigación del procedimiento criminal, en fuentes tales como informantes anónimos.Sin embargo, el posterior uso de declaraciones anónimas como evidencia suficiente para lograr una condena, como en el presente caso, es un asunto diferente” (parágrafo 44, tercer párrafo).

Estimo que tampoco puede prosperar el agravio relativo a la valoración que se hizo, a los efectos de fijar las penas, de la “avidez por la vida fácil” y del montaje de actividades comerciales para realizar el delito atribuido.

Así lo pienso pues, pese a que los recurrentes alegan que tales circunstancias no fueron planteadas en la causa ni el a quo indicó su procedencia, de la lectura del pronunciamiento apelado surge claramente que se convalidó la conclusión a la que arribaron los jueces del tribunal oral, en cuanto sostuvieron que la explicación del hecho atribuido se encuentra en la avidez por la vida fácil, y advirtieron la sobrada aptitud de los acusados para proveer a su sustento y el de sus familias, descartando en consecuencia la atenuación del reproche en este aspecto (fs. 28.617 vta. del principal). Asimismo, aprecio que el a quo confirmó las consideraciones de dicho tribunal en cuanto éste sostuvo que “.para realizar sus maniobras delictivas sin duda se ha montado un escenario basado en actividades destinadas a la realización de negocios lícitos de muy distinto tipo, que van desde operaciones financieras de importante envergadura a actividades comerciales de exportación de mercaderías y negocios de telefonía celular y “remisería”, pero que no constituyen más que una pantalla de una actividad al margen de la ley, pero mucho más lucrativa” (fs. 28.618 del principal).

A lo expuesto cabe agregar que los recurrentes no impugnaron la sentencia de condena en este punto, ni objetaron los alegatos del representante del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante, en cuanto valoraron aquellas circunstancias a los efectos de determinar las respectivas pretensiones punitivas (fs. 28.372 vta. y 28.390, y fs.28.359, respectivamente, del principal en ambos casos).

Finalmente, considero que también corresponde desestimar el planteo por la supuesta contradicción en que habría incurrido el a quo al examinar las sanciones impuestas a G V y T B , pues si bien en el fallo destacó la necesidad de tomar en cuenta la edad y salud de los nombrados para la determinac ión de las penas, se trató de la expresión de una pauta general, y no consistió en una referencia al valor o significado de esos factores en el presente, de lo que ese tribunal se ocupó inmediatamente después.

En ese sentido, estimo pertinente agregar que los apelantes no se hicieron cargo de analizar y refutar la evaluación que en el pronunciamiento se hizo de dichas circunstancias en conjunto con las restantes previstas al efecto en el código sustantivo, ni de explicar por qué deberían significar una disminución de las penas que se aplicaron a sus asistidos, lo que pone en evidencia la defectuosa fundamentación del recurso también en este aspecto.

IV

Por otro lado, en relación al recurso extraordinario de la defensa de Walter Edgardo B , advierto que su planteo referente a la afectación del derecho a ser oído por un tribunal imparcial es análogo al formulado por la asistencia de G V y T B , el que ha sido objeto de tratamiento en el apartado III del presente dictamen.

Por tal motivo, en beneficio de la brevedad, estimo que cabe dar por reproducidas, en lo pertinente, las consideraciones allí vertidas.

En lo que respecta a los restantes planteos, considero que, en rigor, exhiben una mera discrepancia con el criterio del a quo para juzgar por demostrado el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de B , y remiten a la consideración de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, ajenas por naturaleza a la instancia del artículo 14 de la ley 48 (Fallos:279:312; 307:223; 312:551; 330:1534, entre otros).

En lo relativo a este aspecto aprecio que el pronunciamiento, luego de destacar que el ordenamiento procesal penal nacional no impone -más allá de la exigencia de adecuada fundamentación- un determinado modo de exponer la prueba, negó que el tribunal del juicio se haya limitado a enumerar los elementos probatorios desarrollados en el debate oral (fs. 43/vta.).

En ese sentido, cabe señalar que para la condena se tomaron en cuenta, además de la documentación exhibida durante las audiencias -entre ella, los marbetes que presentaban las valijas incautadas, que las conectan con el vuelo de “S W S. A.”- y los informes periciales incorporados por lectura, las declaraciones testimoniales de empleados de esa empresa y correos electrónicos detectados en las computadoras de la firma, por los que tuvo por demostrado que en los vuelos se utilizaba el sistema de equipaje para realizar remesas (fs. 28.593, 28.597 vta., del principal).

También se consideró que Claudio Fernando B , empleado de la aerolínea, refirió que B le solicitó que se ocupara de despachar en el vuelo en cuestión, y sin pasajeros, unas valijas que contenían vajilla con destino al aeropuerto de Barajas, lo que cumplió instruyendo a personal del mostrador. Los magistrados también valoraron, al respecto, la declaración testimonial de Ada F. V , quien refirió que B le reconoció haberle encargado a B la remisión de las valijas; y la de Natalia B , en cuanto dijo haber escuchado, por altavoz, una conversación telefónica entre B y V , en la que aquél afirmaba haberle encomendado a B el envío de las valijas (fs. 28.597 vta. y 28.575 vta./28.576, del principal).

Sin perjuicio de esos elementos, destacaron que el propio B reconoció haber encargado el envío de valijas sin pasajeros en ese vuelo, destinadas a los coimputados G V y T B (fs.28.600), y tuvieron por falso que, según él adujo, se lo haya encomendado vía telefónica desde España a un empleado de apellido Q , no sólo porque este último lo negó, sino además porque carecía de autoridad para lograr el embarque de las valijas, y en el horario que aquél indicó haber efectuado el llamado -dos de la mañana en Argentina- las oficinas de la empresa de aviación se encontraban cerradas.

Asimismo, para desestimar la excusa que B planteó respecto del conocimiento del contenido de las valijas, también tuvieron en cuenta su estrecha relación con G V y T B ; el llamado que les realizó tres días antes de que fueran remitidas, desde un teléfono público fuera de la sede de la empresa; el viaje que realizó hacia España para reunirse con aquéllos, dos días antes del envío de las valijas; y que la vajilla que hipotéticamente contenían fue adquirida casi dos meses después del vuelo en cuestión (fs. 28.600 vta./28.601 y 28.608/28.610, del principal).

El a quo, por su parte, aprobó la valoración efectuada por el tribunal oral, y con base en dichos elementos de juicio y en las reglas de la lógica y la experiencia en relación con el hecho que se atribuyó en el sub lite -contrabando de 58,900 kilogramos de cocaínadesestimó que B hubiere incurrido en un “acto de ingenuidad”, según alegó su defensa (fs.49 vta./50 vta.).

Por otro lado, advierto que el escrito del recurso no se ajusta a las constancias de la causa, en cuanto se sostiene que el a quo despojó de fundamentación a la sentencia de condena por haberle negado significación al cargo que B desempeñaba en la empresa de aviación, desde que -conforme se expuso supra- la decisión del tribunal del juicio se apoyó en otros elementos de prueba y circunstancias -entre ellos, cabe reiterar, el propio reconocimiento de haber encargado el envío de las valijas-, y la posición que aquél tenía en “S W S. A.”, fue tomada en cuenta principalmente, conforme se destaca en el pronunciamiento apelado, para evaluar la intervención de Claudio Fernando B -a quien le encomendó el despacho- (fs. 48/49 vta.).

Lo mismo ocurre, a mi modo de ver, en lo que respecta a la crítica acerca de la valoración de las comunicaciones telefónicas, desde que, contrariamente a lo sostenido por los apelantes, el llamado que B efectuó a G V y T B no constituyó una circunstancia determinante de la condena.

En efecto, aprecio que el tribunal oral sólo concluyó que esa comunicación giró en torno al envío de las valijas luego, y como consecuencia, del análisis de las pruebas expuestas anteriormente, con base en las que desechó la versión por la que B pretendió establecer que le encomendó el envío de las valijas al empleado Q , desde España (ver fs. 28.600/vta.). Sin embargo, la intervención de aquél en el hecho y su responsabilidad fueron acreditadas, precisamente, a partir de esos otros elementos probatorios e indicios, sin que la parte se ocupe de demostrar que la exclusión de aquel llamado permita variar la solución del caso, lo que pone en evidencia que en este aspecto el recurso tampoco cuenta con la debida fundamentación autónoma (Fallos:313:891, considerando 3º, y sus citas).

En tales condiciones, considero que los planteos de esa defensa consisten en la mera reiteración de las discrepancias con el criterio del tribunal oral y del a quo para juzgar por demostrado el cuerpo del delito, y remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba, ajenas a esta instancia extraordinaria (Fallos: 307:223; 312:551), acerca de las cuales la decisión impugnada contiene fundamentos suficientes que la ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad.

V

Finalmente, acerca del recurso interpuesto contra la decisión de confirmar la absolución de Ariel Hernán T , a los fundamentos desarrollados por el magistrado apelante, que doy aquí por reproducidos en beneficio de la brevedad, estimo conveniente agregar algunas consideraciones sobre la arbitrariedad en que ha incurrido el a quo por haber prescindido, en este punto, de una visión de conjunto de las pruebas producidas en el juicio.

Para ello, cabe atender en primer lugar a las comunicaciones entre T y la persona que se encargó de acondicionar la sustancia estupefaciente en las valijas y de trasladarlas hasta el aeropuerto de Ezeiza para que fueran despachadas hacia el de Barajas -Juan David A T -, las que permiten apreciar que estuvieron en contacto desde meses antes a la concreción del hecho objeto de acusación.

En efecto, mediante los detalles de comunicaciones telefónicas se comprobó que T , desde el aparato móvil de su padre, se comunicó con A T en cuatro oportunidades entre los días 8 y 10 de mayo de 2004, y que a su vez éste lo llamó por el mismo medio en dos oportunidades el 9 de septiembre, es decir, una semana antes de que el equipaje fuera despachado.

El tribunal oral rechazó atribuir a T las comunicaciones de ese último día. Para así decidir, sostuvo que fueron recibidas en un teléfono instalado en una oficina utilizada por “S W S. A.” en España, lo que impediría descartar que hayan estado dirigidas a otras personas.E invocó, como ejemplo, el llamado que Marcelo V , ex-director en España de esa empresa de aviación, dijo haber recibido dos días antes del hecho, a las dos de la madrugada, por parte del supervisor de turno para determinar si autorizaba el envío de bultos sin pasajeros.

Sin embargo, considero que tal conclusión es producto de una errónea apreciación de las características del aparato telefónico en cuestión, el que no estaba instalado en la oficina en que V cumplía sus funciones, en la zona céntrica de Madrid (fs. 4316 vta.), sino que se trataba de un teléfono móvil o celular (fs. 10.139 y 14.935) que utilizaba T y que éste presentaba como número de contacto en sus tarjetas personales.

Precisamente, en las numerosas oportunidades en que G V y T B lo llamaron -y viceversa- a través de dicho aparato celular, entre el 16 y el 17 de septiembre de 2004, T se encontraba en el aeropuerto de Barajas, en el que, cabe recordar, se desempeñaba como supervisor de tráfico.

Ello evidencia que el teléfono de T no era de uso general, y que V no recibió la comunicación que se invoca en la sentencia a través de dicho aparato. La declaración que éste brindó a fs. 2148/52 despeja toda duda que pudiera existir en este punto, desde que refirió que esa llamada fue recibida -a las dos de la madrugada- en su propio teléfono celular, que tenía prendido las veinticuatro horas -consigo, se infiere- por razones de servicio (ver fs.2150 vta./2151).

En segundo lugar, como se anticipó supra, además de la conexión entre T y A T también se encuentran acreditadas la com unicaciones que aquél mantuvo con G V y T B , destinatarios de la sustancia estupefaciente, los días en que las valijas fueron despachadas en Argentina y arribaron a España -16 y 17 de septiembre de 2004-.

En este punto, el a quo confirmó el razonamiento por el que el tribunal oral concluyó en la existencia de duda acerca de que dichas comunicaciones versaran sobre las valijas y la sustancia estupefaciente. Al respecto, en el fallo se consideró que pudieron estar motivadas en la relación “prácticamente filial” que T mantenía con T B y G V , así como en el deseo de este último por obtener información acerca del vuelo, teniendo en cuenta que dijo que él concurrió al aeropuerto a retirar las valijas.

Pienso, sin embargo, que ese argumento es inadmisible.

Por un lado, por cuanto estimo que pretender explicar en esa relación, o en la vajilla y los manteles que los españoles dijeron haber comprado, las diez comunicaciones que mantuvieron en un lapso de veintiún horas -cinco de ellas, en menos de cuarenta minutos el día 16 de septiembre, y otras cuatro en poco más de dos horas el 17 de septiembre, algunas anteriores y otras inmediatamente posteriores al arribo del avión- resulta contrario a la experiencia y al sentido común.

Por el otro, porque implica una contradicción con la lógica sostener que obedecían a la intención de G V de ir al aeropuerto a buscar las valijas cuando, como se dijo en el párrafo precedente, algunos llamados, realizados desde el teléfono instalado en su domicilio, fueron posteriores a la finalización del vuelo. Además, no resulta creíble que éste haya tenido intención de retirar las valijas, desde que no sólo era en extremo improbable que hubiera podido hacerlo sin los correspondientes marbetes (según declararon los agentes de la Guardia Civil a fs.27.634 vta y 27.636), sino imposible debido a los carteles que presentaban la frase “Embajada Argentina en España”.

Estimo, por consiguiente, que el análisis en conjunto de esas comunicaciones y el resto de la prueba desarrollada en el juicio, teniendo además en cuenta los hechos y circunstancias mencionadas precedentemente, hace evidente que tuvo pleno conocimiento del contenido de las valijas.

Sumado a ello, considero que el pronunciamiento apelado tampoco expone una duda razonable acerca de la participación de T en el plan común.

En efecto, con base en las pruebas y los hechos hasta aquí expuestos, y teniendo en cuenta que T gozaba de la facultad de transitar por sectores de acceso restringido del aeropuerto de Barajas debido a su cargo de supervisor de tráfico de la empresa “S W S. A.”, el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo por probado que, en el marco del acuerdo común para el hecho, aquél se comprometió a retirar de dicho aeropuerto las valijas con la sustancia estupefaciente.

El tribunal oral y el a quo, sin embargo, rechazaron que hubiera certeza sobre el punto, como consecuencia de aquella defectuosa apreciación de las comunicaciones y demás circunstancias mencionadas supra -ya refutada-, y apoyados también en que T no se habría acercado de inmediato a la cinta transportadora de equipajes para retirar las valijas (fs. 28.602, segundo párrafo, y 28.602 vta., segundo párrafo, del principal, y fs.59, último párrafo, del este legajo).

En mi opinión, este último razonamiento es inconducente, pues sujeta la posibilidad de afirmar que T estuvo a cargo de la obtención de las valijas en el aeropuerto de Barajas, a la condición de que intentara retirarlas de la cinta transportadora de equipaje, cuando es evidente que ello puede ser acreditado por diversos medios.

Por lo demás, pasa por alto que es factible que haya aguardado hasta verificar si las valijas en cuestión habían llamado la atención de los funcionarios que allí se encontraban, o que haya esperado que algún empleado de la firma “In Europa” -a la que “S W S. A.” contrataba para el manejo del equipaje de sus pasajeros en el aeropuerto de Barajas- las tomara de la cinta -como estuvo a punto de ocurrir y fue impedido por los agentes de la guardia civil- y las llevara a un sector al que él tuviera acceso para hacerse de ellas. Justamente, el supuesto de interrupción de la conducta por la intervención de los funcionarios de la guardia civil fue mencionado por el tribunal oral al analizar por qué razón B no retiró las valijas (fs. 28.601).

En tales condiciones, estimo que el pronunciamiento no expone una duda razonable acerca de la intervención y responsabilidad de T en los hechos objeto del proceso.

Ese estado de duda, cabe recordar, no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto (Fallos:311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 321:2990 y 3423). La mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide, per se, obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba en conjunto, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena, lo que a mi entender ocurre en el sub lite.

En consecuencia, pienso que el fallo apelado debe ser descalificado en lo que respecta a la cuestión analizada en este apartado, por no constituir derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso.

VI

Por todo lo expuesto, opino que V. E. debe declarar improcedentes los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 60/98 y 99/119, y hacer lugar a la apelación deducida a fs. 120/129, revocando el pronunciamiento impugnado con el alcance indicado en el apartado V del presente, a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 31 de julio de 2012.

Vistos los autos: “G. V., J. R. y otros s/ recurso extraordinario”.

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos vertidos por el señor Procurador Fiscal en los apartados III y IV de su dictamen, a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitirse en razón de brevedad.

Que el recurso interpuesto por el Fiscal General a fs. 121 es inadmisible (art. 280  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declaran improcedentes los tres recursos concedidos a fs. 153/154. Hágase saber y devuélvanse los autos al tribunal de origen.

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – ENRIQUE S.PETRACCHI- JUAN CARLOS MAQUEDA – CARMEN M. ARGIBAY – E. RAUL ZAFFARONI

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