La cláusula que presume el estado de ebriedad por negarse a practicar el examen de alcoholemia es una estipulación abusiva.

Partes: Flores Natalia c/ Juan Pablo Calderón González y Ana M. Los Ángeles Calderón s/ daños y perjuicios y su acumulado Britos Lourdes María N. c/ Calderón Juan Pablo y ots. s/

 Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

 Fecha: 31-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74480-AR | MJJ74480 | MJJ74480

 La cláusula que presume que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia es una estipulación abusiva.

 Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que desestimó la declinación de citación en garantía formulada por la aseguradora, porque en la causa no quedó probado que el demandado condujera alcoholizado y en razón de que la cláusula que presume que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia es una estipulación abusiva, inserta en un contrato de adhesión, que debe tenerse por no escrita porque resulta irrazonable.

2.-La presunción contenida en la cláusula cuestionada no es, de por sí, irrefragable, siendo que una interpretación en sentido contrario no tendría sustento en la ley ni en la literalidad del contrato y colisionaría incluso con las reglas que sientan los arts. 1195, último párr.  y 1199 CCiv., sin entrar a tallar siquiera en el valor que en nuestro derecho tiene el principio de inocencia.

3.-Ninguna de las dos víctimas confirmó o brindó siquiera datos que permitan inferir que el conductor que las transportaba estaba bajo los efectos del alcohol al momento de ocurrir el accidente, circunstancia que tampoco se dio por probada en sede penal; así, la alegada ebriedad del conductor se ve descartada, en último término, por las testimoniales rendidas en esta causa por dos personas que revelaron, sin merecer tacha, que el accionado no bebe bebidas alcohólicas y que no lo hizo en el boliche el día del accidente.

Fallo:

En Mendoza, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil doce, reunidas en la Sala de Acuerdo las doctoras Silvina Miquel y Marina Isuani trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº19.136/43.816, caratulados: “Flores, Natalia c/ Juan Pablo Calderón González y Ana M. Los Ángeles Calderón p/ d y p” y su acumulado Nro. 20.322/43.964, “Britos Lourdes María N. c/ Calderón, Juan Pablo y ots.”, originarios del Segundo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Tunuyán, venidos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por Triunfo Coop. de Seguros Ltda. contra la sentencia agregada a fs. 250/58 y 498/507 de los autos previamente individualizados, respectivamente.

Practicado el sorteo de ley, queda establecido el siguiente orden de estudio: Dras. Silvina Miquel y Marina Isuani.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160  de la Constitución Provincial y 141  del C.P.C., se plantean las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Dra. Silvina Miquel dijo:

I. En autos Nro. 19.136/43.816, caratulados: “Flores, Natalia c/ Juan Pablo Calderón González y Ana María de los Ángeles Calderón” se hizo lugar a la sentencia que acogió parcialmente la demanda promovida por la actora y se condenó a Juan Pablo Calderón, Ana M. de los Ángeles Calderón y Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda., a pagar a la actora la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000), con más intereses y costas.

En el decisorio apelado se desestimó la declinación de citación en garantía formulada por la aseguradora llamada al proceso, sobre las base de las siguientes razones:a) en la causa no quedó probado que el demandado condujera alcoholizado; b) la cláusula que presume que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia, es una estipulación abusiva, inserta en un contrato de adhesión, que debe tenerse por no escrita porque resulta irrazonable; c) si la cláusula se entendiera de otra forma, lo mismo no regiría en la especie con respecto al demandado Juan Pablo Calderón, dado que el mismo no es tomador del seguro; d) la citación fue también realizada por la actora, persona ajena al contrato de seguros y, por tanto, no alcanzada por los efectos de esa cláusula.

La apelante aduce que el fallo es arbitrario, por carecer de fundamentación y asentarse en la sola voluntad del juez que aplicó, además, erróneamente los precedentes de la Suprema Corte de Justicia que citó. Precisa que erró el magistrado cuando afirmó que no está probado en autos que el demandado Calderón conducía en estado de ebriedad al momento de producirse el accidente; invoca en tal sentido lo establecido por la cláusula de la póliza que su parte hizo valer oportunamente.

Critica seguidamente que el sentenciante haya sostenido que la aseguradora no probó la mentada alcoholización, siendo que el conductor se negó a efectuarse el examen de alcoholemia.

Se queja en tercer lugar porque el juez interpretó que es irrazonable y consecuentemente nula en lo pertinente la cláusula inserta en el contrato de seguros a la que refiere, sin dar al respecto fundamento alguno; invoca en su apoyo la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia local y alude a la aplicabilidad de las condiciones contractuales pactadas al conductor que comanda el vehículo con autorización del asegurado.Insiste en sostener que la actitud que tomó en el caso el conductor, implicó una maniobra que vulnera todos los fundamentos que rigen la exclusión de cobertura.

Sostiene que se encuentra en la actualidad superada la postura que considera que la exclusión por ebriedad debe ser considerada dentro de la causal de exclusión prevista por el art. 70  de la Ley de Seguros y tiene que ser personal del asegurado.

Se queja también porque el juez definió la inoponibilidad de la cláusula en cuestión a la víctima, siendo que se trata de una cláusula de exclusión que sí le es oponible y que no es abusiva, según lo tiene decidido la jurisprudencia que cita.

Alude por último a las nociones de riesgo, a la determinación del mismo y a las pautas de interpretación del contrato de seguros.

A fs.557/562 y 565 las apeladas contestan el traslado a sus efectos conferido y solicitan la confirmación del fallo de primera instancia en el aspecto en crisis.

II. En los autos Nro. 20.322/43.964, caratulados “Britos Lourdes María N. c/ Calderón, Juan Pablo y ots.” la apelante se alza contra la sentencia que en la instancia de grado acogió parcialmente la demanda incoada por Lourdes María Britos y condenó a Juan Pablo Calderón, Ana María de los Ángeles Calderón y Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. a pagar a la actora la suma de pesos veintiséis mil quinientos ( $ 26.500), con más intereses y costas. En este caso, el juez rechazó la declinación de citación en garantía con idénticos argumentos a los anteriormente reseñados y, por su parte, la apelante sostuvo sus agravios en términos estrictamente coincidentes a los desarrollados en la causa anterior.

A fs.338/339 y 343, las apeladas contestan el traslado a sus efectos conferido y solicitan la confirmación del fallo de primera instancia en el aspecto en crisis.

En este estado queda la causa en condiciones de sentenciar.

III.Hechos relevantes para la decisión del caso.

El único aspecto de las sentencias de grado que ha sido sometido a revisión es el concerniente al rechazo de la declinación de citación en garantía pronunciado por el “a- quo”. No se debate, por ende, sobre los siguientes aspectos relevantes para la decisión del pleito:

El accidente que se ventila en autos tuvo como protagonistas a las actoras, Lourdes María Britos y Natalia Flores, quienes eran, en ocasión del mismo, transportadas por el demandado Juan Pablo Calderón.

El conductor fue condenado en los autos nro. 7517, “Fc. c/ Calderón González, Juan Pablo p/ Les. Cul. Graves”, por haber sido hallado penalmente responsable de la comisión del delito de lesiones culposas graves, en perjuicio de ambas víctimas.

De los referidos autos venidos A.E.V. surge acreditado que, Juan Pablo Calderón, se negó a que se le extrajera sangre para llevar a cabo el dosaje de alcoholemia de rigor (fs. 1 vta.).

La compañía de seguros rechazó el siniestro por vía de la comunicación que cursó oportunamente a la titular registral codemandada.

IV. La cláusula en cuestión.

La póliza que se hizo valer para traer a la aseguradora al proceso, excluye de la cobertura – entre otros- los siniestros producidos: “Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de ebriedad”. El dispositivo añade que: “Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia (u otro que corresponda) o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado igual o superior a un gramo de alcohol por mil gramos de sangre al momento del accidente.” (Anexo A- “Condiciones Especiales (Rama Automotores), capítulo “A”, “B” y “C”, inc. 18; fs. 129 autos Nro.19.136).

V. Consideraciones generales en torno al tema en debate:

El planteo que se trae a examen ha sido y es objeto de intensas controversias, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial.Existen por tanto, en torno al tema, tesis que se pronuncian indistintamente a favor o en contra de la equiparación del dolo o culpa grave del conductor y asegurado, a los fines de la exclusión de cobertura; también se encuentran en los repertorios decisiones que, lisa y llanamente, declaran la nulidad de la cláusula ya transcripta, cuando la misma se pretende oponer al conductor no tomador del seguro (Leiva, Miguel, Dolo o culpa grave del conductor en accidentes de tránsito y la pretendida exclusión de cobertura por parte de la aseguradora, LLNOA2009 (diciembre), 1020, comentario a fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, 01/06/2009, “Lourdes, Valerio, María c. Benítez, Nieves”; Correa, José L., Culpa grave del conductor no asegurado. Exclusión de cobertura por negarse a realizar el dosaje alcohólico, La Ley Gran Cuyo2008 (diciembre), 1041, comentario a fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, 25/04/2007, “Maza, Elio Germán c. Costa, Juan José y otro”; Quintana, Enrique J., La culpa grave y la ebriedad del conductor del vehículo en relación al seguro de responsabilidad civil en dos fallos divergentes, LL 2007-B, 389, comentario a fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 30/11/05, Franco, Agustín y otros c. Robles, María C. y otros”; Babot, Fernando, Seguro automotor: La exclusión de cobertura por ebriedad del conductor no asegurado, LLNOA2008 (febrero), 20, comentario a fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Concepción, 31/08/2007, “Aguirre, Gilberto y otra c. Del Pino, Antonio y otros”. También puede verse, entre muchos otros: CNAp en lo Civ., sala E, 07/07/10, “Acosta, Marcos A. c/ Gabri, Mariano R. y ots. “, RCyS, 2010-XI,150, cita online: AR/JUR/41371/2010; CAp. en lo Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala II, 07/08/1997, “Castell de Gullini, Raquel T. c. Fernández, Fernando A. y otro” LLBA1998, 369, cita online:AR/JUR/1698/1997; CAp del Noreste del Chubut, sala A, 17/08/2005, “Murano, Vicente c. Kruger, Elisa y otros”, LLPatagonia 2006, 81, cita online: AR/JUR/5263/2005).

Esas disquisiciones, desde luego, no pueden ser soslayadas en orden a dirimir este conflicto (al menos, las mismas permiten dejar desde un comienzo establecido que, la decisión que tomó el juez de grado en lo pertinente, se aferra a una de las alternativas de interpretación posibles). Sin perjuicio de ello, considero que el adecuado tratamiento de las alegaciones de las partes, exige priorizar en estas consideraciones el análisis de la jurisprudencia sen tada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en torno al aspecto litigioso.

Largo tiempo atrás el Máximo Tribunal provincial resolvió un caso señero, que tiene aristas coincidentes con el que provoca debate en autos. Allí se adoptó una tesitura compatible con la que suscribió el sentenciante al dictar la solución en crisis; pese a que, según advierto, en el fallo que se trae a revisión jamás se citó ese precedente.

En la ocasión señalada se abordó el complejo problema relativo a los alcances subjetivos de los arts. 70 y 114 , de conformidad con lo establecido por el art. 158  de la Ley de Seguros; se sentó así, con el aval de una tesis dominante a esa fecha, que: “El seguro de la responsabilidad civil tiene por objeto mantener indemne al asegurado. Sólo la culpa PERSONAL del asegurado puede liberar al asegurador pero no la de terceros por quienes también éste debe responder, pues en este último caso no se dan razones jurídicas ni morales que justifiquen la “liberación” o el “no seguro” (sea cual sea la figura en la que encuadra el caso). En consecuencia, responde la compañía aseguradora por culpa grave del conductor, hijo del tomador del seguro” (S.C.J.Mza., 24/05/88, Expte. nro. 44583, “Huarpe Cooperativa de Seguros Limitada en J: Rojas Rolando J.c/ Cooperativa de Seguros Huarpe p/ cumplimiento de contrato – cas.”, LS 203 – 26; en términos concordantes, si bien frente a otro tipo de supuesto: S.C.J.Mza. “León Vda. de Juri c. La Bs.As” 17/4/ 2000. L.L. Gran Cuyo 2000-584, Jurisprudencia de Mendoza 56-102.)

Los fundamentos que sustentan el fallo “Rojas” pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) en el derecho de seguros, rige el principio de la “culpa propia”, de modo que no puede imputarse al contratante, la culpa de un “tercero”; b) no debe asimilarse la situación del seguro con las cláusulas de limitación de responsabilidad, que pueden ser eventualmente susceptibles de nulidad; c) el juez no está llamado a valorar en estos casos una cuestión de política legislativa, como lo es la concerniente al acierto o error en la asimilación del dolo o culpa grave; d) interesa por el contrario insistir en que, el seguro contra la responsabilidad civil, tiene por objeto mantener indemne al asegurado, lo que justifica aceptar que sólo la culpa personal del asegurado libera a la aseguradora y no la de terceros por quien éste debe responder, pues, tratándose de estos sujetos, no se dan las razones jurídicas o morales que justifican la “liberación” o el “no seguro”.

La doctrina que tradicionalmente siguió la Suprema Corte de Justicia indica, en suma, que en casos como el que se analiza la exclusión de la cobertura opera si la culpa grave, como limitación subjetiva del riesgo, emana de quien es el titular del derecho a la indemnización. Por el contrario, si quien incurre en culpa grave o dolo- configurativos de la causal de exclusión del seguro- no es el asegurado, la hipótesis no encuadra en un caso de “no seguro”.

Diversas razones – además de las ya sintetizadas- tornan aun a la fecha aceptable esa interpretación (acerca de las diversas funciones que la ley asigna a la “culpa grave” en materia de seguros y el rol – exclusión de cobertura- que la misma cumple en la hipótesis del art.70 LS, véase, con criterio concordante: Barbato, Nicolás H., Culpa grave, derecho civil y derecho de seguros en Revista de Derecho Privado y Comunitario- Seguros- I, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 1.999, págs.175 y ss).

Por un lado, insisto en cuanto a que, por su misma naturaleza, la “culpa grave” a la que alude el art. 70 de la Ley de Seguros está referida al asegurado- titular del interés cubierto por el seguro-; se trata, por ende, de una exclusión de tipo personal, que sólo el asegurado tiene aptitud jurídica para generar. La “culpa grave de terceros”, aun cuando éstos fueren dependientes y familiares, no elimina la cobertura, dado que, precisamente, lo que el asegurado busca también en estos casos es ampararse de situaciones en las que su actuación personal ha resultado ajena a la causación del hecho (Barbato, cit. pág. 209).

En segundo término- y sin pretender con ello agotar los argumentos que sustentan mi adhesión a la tesis sentada en el fallo “Rojas”- encuentro que la interpretación tradicional tiene razonable respaldo en las reglas de interpretación de los contratos en general y, en especial, en aquellas que rigen en materia de contrato de seguros. De esas directrices emana, por principio, que resultan improcedentes las interpretaciones analógicas o extensivas cuando se trata de cláusulas limitativas de derechos, predispuestas e insertas en contratos celebrados por adhesión; ese impedimento se intensifica cuando la óptica expansiva pretende hacerse regir en aspectos atinentes a la delimitación del riesgo, en abierta contradicción con el imperativo impuesto por el art. 114 de la Ley de Seguros (art. 1.198  cód. civ. Lorenzetti, Ricardo, Tratado de los contratos- Parte General, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2.004, págs. 682/83; Rouillón, A. comentario a los arts. 217/20  del Código de Comercio en Código de Comercio comentado y anotado, Dir. Rouillón- Coord. Alonso, La Ley, Bs. As, 2.005, T. I, págs.458 y ss).

Reconozco, desde luego, que el caso “Rojas” fue seguido de una serie de fallos que, según se dijo in re “Navarría”, precisaron los alcances de su doctrina, a través de la clásica distinción entre cláusulas de delimitación del riesgo objeto de la cobertura y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado (que incluyen las cláusulas de caducidad y las de suspensión de cobertura por falta de pago). No puedo soslayar empero que, más allá de aquellas precisiones, en ese último fallo citado se produjo un virtual cambio en la jurisprudencia sostenida por el mismo Alto cuerpo, en términos que se acercan a la postura que defiende la citada en garantía en autos (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 01/07/2008, “Navarría, Gisela c/ Sabatino Bustos, F.”, LLGran Cuyo2008 (setiembre), 766; en doctrina: Correa, José Luis, Culpa grave del conductor no asegurado. Cláusula de exclusión de cobertura legítima ¿Cambio de jurisprudencia de la SC mendocina o error en la sentencia?, LL 2.009-A-476).

Básicamente, surgiría de ese precedente que, la ebriedad, constituye una causal de exclusión autónoma y distinta de la culpa grave, que puede, por lo tanto, ser opuesta al asegurado o al conductor, por constituir, lisa y llanamente, un caso de no seguro. Acepto incluso que, en aquel caso, se definió que, frente al conductor no tomador, la cláusula en cuestión no parecía abusiva, ni confusa, ni contraria a la buena fe negocial o a lo establecido por los arts. 3° y 37 de la ley 24.240.

Aun así resalto que- como no podía ser de otro modo- la resolución expedida in re “Navarría” se dictó con particular apego a lo que las circunstancias de la causa demostraban al ser juzgadas. Subrayo especialmente en ese sentido que, contrariamente a lo que acontece en la especie, en ese caso la cláusula no se había opuesto a la víctima, tal como lo remarcó en su voto la Dra.Kemelmajer, quien también puso énfasis al sostener que, la decisión que había aceptado en la instancia de grado la declinación, había sido consentida por la actora. Además, en el ya citado precedente se tuvo puntualmente en consideración que el estado de ebriedad del conductor no era un hecho discutido e involucraba una circunstancia excluida no sólo por la póliza, sino prohibida también por la ley de tránsito. No es esa la situación que se da en la especie dado que, la pretendida alcoholización del accionado, sí es aquí un hecho sujeto a controversia.

En cuanto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia en la causa “Intiar”, por lo pronto pongo de relieve que, a diferencia de lo que ocurrió en “Navarría” – donde, insisto, el estado de ebriedad surgía sin discusión alguna de la prueba de alcoholemia existente en el expediente penal- la contienda versó en torno a si, esa prueba, había sido rendida en el expediente. Claramente resulta entonces que, esa sentencia, se basó una vez más en especiales circunstancias que en autos no concurren estrictamente. Reconozco, no obstante, que en ese fallo se ratificó que, la exoneración de responsabilidad por embriaguez que establece el dispositivo cuestionado también en autos, constituye una cláusula de exclusión, oponible al conductor o al propietario del vehículo que no contrataron el seguro (S.C.J. Mza., 29/7/09, “Intiar S.A. en J: 11.063/83.987, Intiar S.A. c/ Triunfo Coop. de Seg. Ltda. p/ d y p”).

VI. Solución de ambos casos.

Como he explicado, considero que la Corte de la Provincia sólo se ha apartado de la tesis sentada en el fallo “Rojas” cuando fundadas razones- que no concurren en la especie- así lo han aconsejado. En ese entendimiento y dado que no encuentro motivos que me conduzcan a decidir en este caso en otra dirección, propiciaré la confirmación del fallo en crisis, con sustento en la jurisprudencia que comparto (con igual criterio, véase:CC2, 7/12/2011, autos Nro. 86.824, “Federación Patronal Seguros en J: 86.577/ Riera Cristian G. c/ Antón Escudero, Sergio p/ d y p p/ inc.”; CC5, 03/04/2012, “Grispo, Guillermo y ots. c/ Arce, Alberto A. y ots. p/ d y p”, cita online: AR/JUR/10608/2012).

Para mayor claridad diré que, aun si hiciera regir en contra del accionado la presunción de alcoholización que emana de su resistencia a practicarse el test de alcoholemia, la solución no variaría. Ya he explicado sobradamente las razones por las cuales considero que, esa circunstancia, es indiferente en el caso, de conformidad con lo que la Suprema Corte decidió en la causa “Rojas”.

Aún así y a todo evento, no puedo soslayar que, en estos obrados, el accionado ha logrado probar que no se encontraba ebrio al producirse el choque; con ello, ha desvirtuado ese sujeto la presunción que en su contra pretende hacer valer la aseguradora.

Para f undar tal conclusión dejo sentado que, a mi juicio, la presunción contenida en la cláusula ya transcripta no es, de por sí, irrefragable; una interpretación en sentido contrario no tendría sustento en la ley ni en la literalidad del contrato y colisionaría incluso con las reglas que sientan los arts. 1.195, último párrafo y 1.199 cód. civ., sin entrar a tallar siquiera en el valor que en nuestro derecho tiene el principio de inocencia.

Sólo a título ejemplificativo estimo que no sería razonable negar al demandado la posibilidad de demostrar en juicio que su negativa fue justificada y que se basó en razones valederas, tales como podrían serlo la prioridad que ese conductor asignó, en la emergencia, a asistir a algún accidentado, en lugar de detenerse a concretar el test.

En autos, si bien admito que la alternativa ejemplificada sólo tendría un frágil sustento, lo que no puedo negar es que varios testigos aportaron datos confiables que, en su valoración conjunta, permiten considerar acreditado que, Juan P.Calderón, no estaba alcoholizado al producirse el accidente.

En efecto, ninguna de las dos víctimas -Silvia Natalia Flores Muñoz y Lourdes Natalia Britos Flores- confirmó o brindó siquiera datos que permitan inferir que el conductor que las transportaba estaba bajo los efectos del alcohol al momento de ocurrir el accidente; esa circunstancia, tampoco se dio por probada en sede penal. La alegada ebriedad del conductor se ve descartada, en último término, por las testimoniales rendidas en esta causa por dos personas que revelaron, sin merecer tacha, que Calderón no bebe bebidas alcohólicas y que no lo hizo en el boliche el día del accidente (fs. 261 y 264).

Para concluir sostengo que no se trata aquí de invertir la carga de la prueba, sino de dar valor a las constancias que al unísono desvirtúan la presunción que pretende a rajatablas hacer valer la aseguradora en el caso para liberarse de cubrir el siniestro.

Por los argumentos fundados, propicio en definitiva el rechazo de los recursos deducidos en ambos procesos acumulados y la consecuente confirmación de los fallos apelados, en lo que ha sido materia de agravio.

ASÍ VOTO.

La doctora Marina Isuani adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

Las costas deben ser soportadas por la vencida (art. 36 inc. I  C.P.C.).

ASÍ VOTO.

La doctora Marina Isuani adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Por lo que se dio por terminado el presente acuerdo procediéndose a dictar la parte resolutiva de la sentencia la que se inserta a continuación.

SENTENCIA

Mendoza, 31 de agosto de 2.012.

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo precedente el Tribunal RESUELVE:

I.- No hacer lugar a los recursos de apelación promovidos en ambos expedientes acumulados por Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. y, en consecuencia, confirmar las sentencias insertas fs. 250/258 vta. y fs. 498/507 de los autos Nro. 20.322 y 19.136, respectivamente.

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.III.- Regular los honorarios profesionales, en autos n°19.136/43.816, de los Dres. Marcos Ratzinger, Marcelo López, Alberto Pont, Ezequiel Ibáñez y Horacio Florián Varas en las sumas respectivas de PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS .($.) (arts. 15 y 31 ley 3641 modificada por decreto-ley 1304/75).

IV. Regular los honorarios profesionales, en autos n°20.322/43.964, de los Dres. Gustavo A. Navarro, Julio César Raffo, Alberto Pont, Ezequiel Ibáñez y Horacio Florián Varas en las sumas respectivas de PESOS .($.); PESOS . ($.); PESOS . (.); PESOS . ($.) y PESOS . ($.) (arts. 15 y 31 ley 3641 modificada por decreto-ley 1304/75).

V.- Glósese copia de la presente en los autos Nro. 20.322.

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Silvina Miquel. Juez de Cámara.

Marina Isuani. Conjuez de Cámara.

Se deja constancia que la presente resolución es firmada por dos Magistrados, atento a encontrarse vacante el tercer lugar (art. 88 inc. III  C.P.C. ley 3800).

Marcelo Olivera. Secretario.

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