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A. O. c/ Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires s/ sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 11-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-76491-AR | MJJ76491 | MJJ76491

Ante la falta de justificación del aumento en la cuota por la prestación del servicio médico brindado a la actora, se admite la medida cautelar innovativa solicitada y se confirma la suspensión del incremento

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que dispuso, como medida cautelar innovativa, que la entidad demandada suspendiera el último aumento establecido sobre las cuotas por la prestación del servicio brindado a la actora, retrotrajera su valor al de la cuota anterior y se abstuviera de aplicar un nuevo incremento durante la tramitación del proceso, pues la actora es mayor de 65 años de edad y está afiliada al plan de medicina prepaga de la demandada desde hace más de diez años, por lo que es aplicable el art. 12 de la ley 26682, el cual establece que a los usuarios mayores de sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en uno de los sujetos comprendidos en el art. 1° de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad .

2.-Se justifica la suspensión precautoria del aumento de la cuota por la prestación del servicio médico a la actora, toda vez que la entidad demandada no ha justificado los incrementos en previa autorización del órgano competente, según lo exige el art. 5 de la ley 26682, que dispone que el Ministerio de Salud de la Nación ejerce la facultad de autorizar y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su art. 1.

3.-El peligro en la demora es evidente, en tanto el interés de la actora concierne a bienes de la vida que, como la adecuada atención de su salud, no admiten espera.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012.

Y VISTOS:

I. La entidad demandada apeló la resolución de fs. 121/32, fundando el recurso mediante el memorial de fs. 152/5, que fue contestado por la actora a fs. 157/60.

II. El juez de la anterior instancia dispuso, como medida cautelar innovativa, que la entidad demandada: i) suspendiera el último aumento establecido sobre las cuotas por la prestación del servicio brindado a la demandante y aplicado a partir de enero del corriente año, ii) retrotrajera su valor al de la cuota anterior, y iii) se abstuviera de aplicar nuevo incremento durante la tramitación del proceso.

No se encuentra controvertido que la actora es persona mayor de 65 años (tiene ahora 85, v. fs. 52), ni que su cuota -que actualmente ascendería a $1.346,01- viene siendo incrementada desde por lo menos el año 2009 -en que alcanzaba los $627- (v. fs. 7/46).

La entidad accionada, en su memorial recursivo, niega enfáticamente que tal aumento hubiera obedecido a razones de edad, afirmando, en cambio, que los incrementos se justificaron «en aumentos generales, es decir aplicados al universo de socios del Plan de Salud del Hospital Italiano, entre los cuales se encuentra la actora» (v. fs. 154).

Tal es su defensa principal ante la pretensión de la parte actora consistente en que, cautelarmente, se ordenara la suspensión del último aumento basado en la edad (v. fs. 108).

Ahora bien, no existen elementos de prueba concretos en autos, al menos en esta instancia precautoria, que efectivamente permitan inferir el extremo aducido por la sociedad civil accionada.

No alcanza para demostrar lo que esta última alega la pieza escrita y agregada en fs.151, la cual se muestra suscripta por un contador que sería jefe de facturación del plan de salud del mencionado nosocomio.

Además de que el referido profesional remite a información que, a su turno, habría obtenido de otra dependencia del mismo establecimiento, su aseveración no deja de ser una manifestación unilateral que coincide con la tesis de la demandada, sin brindarle a ésta apoyatura probatoria idónea.

Igual cosa acontece con la planilla adjunta al escrito de fs. 175. Se trata de una lista conteniendo el detalle de facturación desde el año 2000, hasta agosto de 2012, en lo concerniente a la aquí actora. Al pie de esa enumeración se consigna que los aumentos reflejados en la planilla «son aumentos por actualización de precios».

No obstante, la mencionada constancia -que no es más que una impresión de una planilla informatizada- no precisa que tales aumentos hayan sido permitidos por la autoridad de aplicación, pese a que el art.5 de la ley 26.682 (ley de medicina prepaga) dispone que el Ministerio de Salud de la Nación -que es a los efectos de dicha normativa la autoridad de aplicación- ejerce la facultad de «(a)utorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1° «.

Esto último es relevante en cuanto aquí interesa, en tanto la demandada no ha justificado los incrementos en previa autorización del órgano competente.

En tales condiciones, se justifica la suspensión precautoria del aumento con el alcance ordenado en primera instancia, toda vez que -sin otra cosa más que las manifestaciones de la demandada-, no podría admitirse aquí como procedente el cobro de sumas pretendidas en exceso de lo permitido por la ley o por la autoridad administrativa.

A ello se añade un dato que, por sí solo conduce a igual resultado, y consiste en que -como fue destacado- la actora es persona mayor de 65 años de edad y, tal como admite la demandada, ella es afiliada a su plan de medicina prepaga desde hace más de diez años.

Por tal motivo, como observó el juez de primera instancia, es aplicable en el caso el art.12 de la ley 26.682, el cual establece que «a los usuarios mayores de sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad».

Es así que -ignorándose el motivo de los incrementos en cuestión- el tribunal ha de juzgar que la situación de la actora se halla encuadrada en lo previsto por la disposición citada, sin perjuicio de lo que corresponda decidir con otros elementos de prueba o en ocasión del dictado de la sentencia definitiva.

En tal contexto, y siendo que es común que las compañías de medicina prepaga aumenten las cuotas de sus afiliados a partir de que éstos alcanzan cierta edad -edad que permite presumir que, como es natural que ocurra, aquéllos habrán de utilizar sus servicios con mayor asiduidad-, puede aceptarse prima facie que ello fue también lo que sucedió en el caso (v. en tal sentido esta Sala, 5.6.12, en «El Ahmed, Omar y otro c/Swiss Medical Group S.A. s/amparo»).

Así cabe proceder en aplicación del afianzado criterio según el cual, ante un mayor peligro en la demora, cabe menguar la exigencia en el examen de los recaudos que condicionan la verosimilitud en el derecho, y viceversa (idem).

En la especie, dicho peligro en la demora es evidente, como se advierte a poco que se tenga presente que el interés de la actora concierne a bienes de la vida que, como la adecuada atención de su salud, no admiten espera (idem).

El derecho a la salud que por esta vía pretende ser resguardado -derecho que goza de la más alta protección de nuestro ordenamiento (art. 42 Constitución Nacional; art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por ley 23.313)- no puede quedar expuesto a la posibilidad de su frustración a causa de la eventual imposibilidad de la actora de afrontar el agravamiento de la cuota (idem).

Por tanto, la medida cautelar -que, además, la demandada en principio consintió en su escrito de fs. 149- ha de ser mantenida tal cual la dispuso el primer sentenciante.

III. Por todo ello, se RESUELVE: rechazar el recurso, con costas (conf. art. 68 del Código Procesal).

Devuélvase al Juzgado de primera instancia, encomendándose al Sr. Juez que tenga a bien disponer las notificaciones pertinentes.

Eduardo R. Machin.

Juan R. Garibotto.

Julia Villanueva.

Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia del original que corre a fs. 181/2 de los autos de la materia.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

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