El hecho de que el colectivo haya sido embestido por un camión, no libera de responsabilidad a la empresa de transporte.

Partes: Pérez Choque Vicente c/ DOTA S.A Transporte Automotor y otros s/ daños y perjuicios (accidente tránsito c/ lessión o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 18-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73399-AR | MJJ73399 | MJJ73399

El hecho de que el colectivo haya sido embestido por un camión, no libera de responsabilidad a la empresa demandada, pues no se ha probado que esa circunstancia haya sido la causante de la caída del actor en el siniestro, rigiendo en autos una obligación de transporte en virtud del contrato de transporte celebrado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia y consecuentemente hacer lugar a la demanda entablada por el accionante, quien sufrió sufrió una caída mientras intentaba subir al colectivo de la empresa de transporte demandada, la cual le ocasionó diversas lesiones, pues ha sido adecuadamente probada la vinculación contractual que atribuye al transportista la presunción objetiva de responsabilidad y la relación de causalidad entre el daño padecido y el hecho denunciado en el escrito de demanda, sin que se hubiera acreditado eximente legal alguno.

2.-Corresponde aplicar el régimen establecido por el art. 184  del CCom., norma que dispone la inversión de la carga de la prueba para dirimir la responsabilidad proveniente del contrato de transporte comprometiendo severamente la responsabilidad de la compañía emplazada porque impone una obligación resarcitoria, con o sin culpa de ella, salvo que demuestre que el accidente provino de fuerza mayor u ocurrió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

3.-Se rechazan los agravios expuestos por la empresa de transporte demandada, la cual ha basado su postura defensiva en que el accidente ocasionado se produjo como consecuencia del obrar del conductor de un camión , al embestir al vehículo de su propiedad, puesto que no se ha logrado acreditar que la caída del pasajero se debiera al hecho del tercero, tal como lo sostuviera la empresa de transportes agregando que el hecho de que el colectivo haya sido embestido por un camión, esto no libera de responsabilidad a la empresa demandada, pues no se ha probado que esa circunstancia haya sido la causante de la caída del actor en el siniestro bajo estudio.

4.-En el caso de autos, existe un contrato de transporte, en la cual rige una obligación de resultado de trasladar al viajero de un lugar a otro sano y salvo (obligación de seguridad),de forma tal que cualquier menoscabo que pueda sufrir el mismo durante el viaje habrá de configurar, en principio, el incumplimiento de la prestación a cargo del porteador, dando nacimiento a su responsabilidad, a menos que se demuestre el caso fortuito o fuerza mayor, o la culpa de la víctima, todo ello por aplicación de los principios comunes del Derecho Civil (arts. 511  y 513  y cc. del CCiv.)

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de junio del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “PEREZ CHOQUE VICENTE c/ DOTA S.A. TRANSPORTE AUTOMOTOR y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE)”, respecto de la sentencia de fs. 692/699, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: RICARDO LI ROSI – HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO –

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia recaída a fs. 692/699 admitió la demanda entablada por Vicente Pérez Choque contra “D.O.T.A. Sociedad Anónima de Transporte Automotor”, condenando a esta última a pagar, en el plazo de diez días, la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Quinientos ($ 34.500.-). Asimismo, declaró la inoponibilidad al damnificado de la franquicia invocada por “Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”, por lo que hizo extensiva la condena a la citada en garantía en los términos de la póliza. Por otro lado, desestimó la demanda interpuesta contra “Expreso Sud Atlántico S.R.L.” y “Compañía La Mercantil Andina S.A.”.-

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de “D.O.T.A. Sociedad Anónima de Transporte Automotor” y “Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”, cuya expresión de agravios luce a fs. 790/797.-

También apela la sentencia el accionante, quien funda su recurso a fs. 804/807, merecedora de la réplica de fs.815/817.-

II.- De modo preliminar al tratamiento de los agravios vertidos en esta Alzada, creo oportuno realizar un detalle de los hechos que motivaron el presente pleito.-

El actor relata que el día 18 de octubre de 2004, siendo aproximadamente las 8:30, se encontraba esperando el colectivo de la línea 28 en la Av. Gral. Paz, altura Cabildo, de Capital Federal.-

Al llegar el interno 28 de la mencionada línea, el vehículo se detiene para que los pasajeros que estaban en la parada de colectivos asciendan. Entre ellos se encontraba el demandante en segundo lugar, quien comienza a ascender al colectivo. En ese momento, mientras el actor se encontraba pisando los escalones, el vehículo emprendió su marcha sin dejar ascender al actor hasta el interior del colectivo, cerrando las puertas del mismo.-

Sostiene que, como consecuencia de esta maniobra, cayó de cabeza al asfalto siendo socorrido por las personas que se encontraban en el lugar.-

Por su parte, “D.O.T.A. Sociedad Anónima de Transporte Automotor” niega la calidad de pasajero que invoca el accionante en el escrito de inicio.-

Reconoce, en cambio, el acaecimiento de un siniestro en el día y horario mencionados en la demanda, en el cual participara un interno de su propiedad en calidad de mero agente pasivo y el rodado camión marca Mercedes Benz dominio IHI-3066 (Brasil) en calidad de agente activo.-

Destaca que el colectivo se encontraba totalmente detenido en el Puente Saavedra a los efectos de permitir el ascenso de pasajeros, cuando en forma absolutamente imprevista y sorpresiva es embestido en su parte trasera, por la parte delantera del camión marca Mercedes Benz, el cual venía circulando a excesiva velocidad detrás del colectivo demandado.-

Producida la totalidad de la prueba ofrecida por las partes, la Sra. Magistrada de la anterior instancia dicta sentencia haciendo lugar a la demanda por considerar que, habiéndose acreditado el hecho y la condición de pasajero del actor, la emplazada “D.O.T.A.Sociedad Anónima de Transporte Automotor” y su aseguradora no han demostrado la culpa de un tercero por quien no deben responder.-

III.- Habiendo sido cuestionada la responsabilidad que la sentenciante de grado atribuyera a la demandada, por motivos de orden metodológico, procederé a abocarme de modo preliminar al tratamiento de los agravios a este punto referidos.-

Tal como fuera expuesto en el decisorio apelado, en la especie es innegable la aplicación del régimen establecido por el art. 184  del Código de Comercio. Esta norma dispone la inversión de la carga de la prueba para dirimir la responsabilidad proveniente del contrato de transporte comprometiendo severamente la responsabilidad de la compañía emplazada porque impone una obligación resarcitoria, con o sin culpa de ella, salvo que demuestre que el accidente provino de fuerza mayor u ocurrió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Constituye, pues, una responsabilidad “ex lege”, de naturaleza objetiva, impuesta por el legislador por razones de política en materia de transporte, para inducir a las empresas a extremar precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, capacitación y buen desempeño del personal, como el estricto cumplimiento de las leyes y los reglamentos. De forma tal que se instituye en amparo de las posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos, si tuviesen que probar la culpa del transportador (conf. esta Sala, Libre nº 51.280 del 4/10/89, nº 181.125 del 16/8/96, nº 246.982 del 15/6/99 y nº 419.512 del 18/8/05).-

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que el análisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la autoría, la causalidad y el daño experimentado.Es indispensable, en ese sentido, determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción de la demandada, vale decir, la existencia misma del hecho y la relación causal cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf. Goldemberg, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil” págs. 45 y sgtes.), inclusive en aquellos supuestos en que se consagran presunciones objetivas de responsabilidad que, como en el caso, comprometen a la emplazada en virtud del artículo 184 del Código de Comercio aplicable a los casos de accidentes ocurridos en ocasión del transporte (conf. voto de la Dra. Ana María Luaces en Libres nº 408.771 del 2/12/04 y nº 407.487 del 17/2/05, entre otros, mi voto en Libre nº 507.541 del 19-8-08, entre muchos otros).-

Por ello, era carga procesal del actor probar la relación de causalidad entre el daño cuyo resarci­miento persigue y el hecho de la persona o de la cosa a los que atribuye su producción (conf. Bustamante Alsi­na, Jorge. “Teoría General de la Respon­sa­bi­lidad Civil”, pág.224, primer párrafo).-

IV.- En este contexto, conforme las probanzas que fueron producidas en la causa, considero que han sido acreditados en autos los elementos que configuraban la responsabilidad de la demandada, o sea, los daños padecidos y la relación de causalidad de estos con los hechos denunciados en el escrito de demanda.-

En tal sentido, debe destacarse la declaración prestada en sede penal por el testigo presencial Maximiliano González quien señala que el día 18 de octubre de 2004 “…siendo aproximadamente las 08.20 horas en circunstancias que se encontraba por ascender en el Puente Saavedra… al colectivo de la línea 28, con destino a Ciudad Universitaria, en un momento arrancó el colectivo y un camión de color celeste, colisionó con la parte posterior del colectivo visualizando que un pasajero del sexo masculino, quien se hallaba en las escalinatas del transporte debido a la colisión salió despedido del mismo golpeándose fuertemente sus costillas contra el suelo, una persona que se hallaba en el lugar solicitó la cooperación policial arribando en forma inmediata personal a pie firme y un patrullero, los que luego de interiorizarse del estado del masculino herido, solicitaron el arribo de una ambulancia, la que luego de veinticinco minutos aproximadamente arribó al lugar, descendiendo del lugar un facultativo del sexo femenino, quien revisó al herido Vicente Pérez, quien fue derivado al Hospital Dr. Ignacio Pirovano” (cfr. fs. 1/1 vta. de la causa penal).-

La declaración citada precedentemente fue corroborada por el oficial policial Roberto Busto quien concurrió al lugar del hecho instantes después de ocurrido el mismo (cfr. fs. 4 del expediente penal).-

De la historia clínica remitida por el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano se desprende la atención prestada al demandante en dicho nosocomio como consecuencia de la caída del colectivo (cfr. fs. 44/50).-

En este contexto, consta a fs.58 de la causa penal el dictamen médico del cual surgen las lesiones que presentaba el actor como consecuencia del hecho de marras.-

Con los elementos analizados hasta ahora, considero que se encuentra debidamente acreditado que el actor sufrió una caída mientras intentaba subir al colectivo de la empresa demandada, la cual le ocasionó diversas lesiones.-

Al haberse acreditado estas circunstancias, reitero que resulta pertinente la aplicación del régimen establecido por el art. 184 del Código de Comercio, con lo cual le correspondía a la empresa de transporte demostrar que el siniestro provino de fuerza mayor u ocurrió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.-

Sobre estos principios, “D.O.T.A. Sociedad Anónima de Transporte Automotor” ha basado su postura defensiva en que el accidente ocasionado se produjo como consecuencia del obrar del conductor del camión Mercedes Benz, al embestir al vehículo de su propiedad.-

Ahora bien, coincido con la Juez de grado cuando expresa que no se ha logrado acreditar que la caída de Pérez Choque se debiera al hecho del tercero, tal como lo sostuviera la empresa de transportes demandada.-

En primer lugar, de acuerdo a los propios dichos del testigo presencial, la ca ída del actor se produce cuando el colectivo de la línea 28 arranca y un camión lo colisiona en la parte posterior.Es decir, si bien el testigo da cuenta de la embestida del camión al colectivo, lo cierto es que también señala que este último vehículo retoma la marcha mientras el demandante intentaba subir al mismo.-

En segundo término, y más allá del esfuerzo argumental desarrollado por la demandada y su aseguradora, la pericia mecánica no resulta suficiente como para tener acreditada la responsabilidad del conductor del camión Mercedes Benz en el hecho de marras.-

Del informe pericial mecánico elaborado por el ingeniero Roberto Luis Tubello se desprende que el experto realizó una inspección en el lugar del hecho, casi cuatro años después del accidente, y que no se presentaron los rodados involucrados en el siniestro.-

Luego de relevar el lugar del siniestro, el perito mecánico informa que “como se aprecia en las fotos que se agregan al presente informe, así como también en las que se pueden observar en la causa penal 3546/04, ningún medio de transporte llega a detenerse en la parada correspondiente alejándose lo suficiente del carril de circulación, puesto que cada medio de transporte tiene un ancho del orden de los 2,50 m por lo que cuando se detiene ocupa como mínimo la mitad del carril de circulación, lo que obliga a quienes circulan por dicho carril a tener que desviarse hacia su izquierda teniendo que ocupar el carril siguiente o adyacente, involucrando ello una maniobra previa que se traduce en una trayectoria curvilínea hacia su izquierda” (cfr. fs.499 vta./500).-

Sobre la base de lo señalado, el especialista indica que “…se puede proponer como una hipótesis de ocurrencia del evento, que hallándose el micro ómnibus detenido ocupando más de la mitad del carril de circulación, el rodado que precedía su marcha al camión MB 1113 se desvía hacia la izquierda para sortear el obstáculo que se presentaba detenido y al quedar el conductor del camión viendo su traza ocupada, no le quedó tiempo ni espacio de reacción mínimo imprescindible como para sortear completamente al colectivo detenido” (cfr. fs. 500).-

Me corresponde señalar que la mecánica que plantea el perito lo es por vía de hipótesis; es decir, no existen elementos precisos que me lleven a la convicción que la mecánica que describe el experto se encuentre debidamente sustentada por elementos objetivos obrantes en la causa.-

Aún cuando se trata de un análisis meramente conjetural, lo cierto es que los dichos del ingeniero mecánico no favorecen a la postura de la accionada, pues -en la hipótesis planteada- habría existido una conducta reprochable al conductor del colectivo.-

Ahora bien, consultado acerca de si la mecánica del hecho relatada por la empresa de transportes resulta verosímil, el experto señala que surge de la causa penal “…que el colectivo previo al siniestro, se hallaba en la parada correspondiente en la operación de carga de pasajeros, por lo que estaba detenido cuando recibe el impacto trasero que evidentemente lo desplaza de su posición hacia delante abruptamente”. Sin embargo, tomando la declaración prestada en sede criminal por Maximiliano González, el perito agrega que “…el colectivo arranca antes de ser colisionado, pudiendo esta acción ser coherente con el reflejo instintivo del colectivero que por sus espejos retrovisores ve que el camión lo va a impactar y trata de salir de la posición de riesgo en que se encontraba” (cfr. fs. 500 vta.).-

Sobre la base de esta nueva hipótesis, considero que tampoco queda acreditada la postura de la demandada.En tal sentido, el conductor del colectivo, al ver aproximarse el camión Mercedes Benz y a fin de evitar el contacto, habría arrancado sin advertir que el accionante se encontraba subiendo por la escalera hacia el interior del vehículo. Como se observa, esta hipotética versión del hecho tampoco beneficia la postura defensiva de la empresa de transportes que pretende acreditar que existió culpa exclusiva del conductor del camión Mercedes Benz.-

El hecho de que el colectivo haya sido embestido por el camión Mercedes Benz no libera de responsabilidad a la empresa de transportes demandada, pues no se ha probado que esa circunstancia haya sido la causante de la caída de Pérez Choque en el siniestro bajo estudio.-

De los términos de la pericia mecánica analizada precedentemente, se advierte que el experto plantea distintas hipótesis del accidente, ninguna de las cuales exime de responsabilidad al conductor del colectivo.-

Dicho de otro modo, el experto intenta reconstruir el modo en que acaeció el accidente, partiendo de diversas situaciones hipotéticas que no resultan suficientes como para afirmar que el siniestro se produjo por exclusiva responsabilidad del conductor del camión Mercedes Benz.-

De acuerdo a todo lo hasta aquí expuesto, considero que existen suficientes elementos probatorios para tener por cierta la narración de los hechos efectuada por el actor, no logrando los argumentos volcados en los agravios convencerme de lo contrario.-

Por otro lado, sabido es que el hecho de que el chofer del micro haya sido sobreseído en sede penal no implica que la Magistrada de grado se encontrara vedada de analizar su responsabilidad civil en el hecho, motivo por el cual las argumentaciones al respecto tampoco tendrán favorable acogida.-

En tal sentido, resulta indiscutible que el sobreseimiento decretado en una causa criminal no hace cosa juzgada en sede civil (conf.Llambías, “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”, tomo IV-B, pág.67, n° 2784; “Límite de la cosa juzgada en materia de responsabilidad civil” en El Derecho tomo 84, pág.771 y stes.; Borda, “Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones”, tomo II, pág.468, n° 1622; Rezzónico, “Estudio de las Obligaciones”, tomo III, pág. 591; Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, tomo III, pág. 591, entre otros; esta Sala, del voto del Dr. Escuti Pizarro, en Libre n°321.435 del 11/03/2002 y sus abundantes citas).-

Por todo ello, debo concluir que existen suficientes elementos que me permiten tener por cierto el relato de los hechos vertido por el actor, y configurados los supuestos que dan lugar a la responsabilidad de la emplazada en su condición de transportista.-

Debo advertir que, encontrándonos ante un contrato de transporte, rige una obligación de resultado de trasladar al viajero de un lugar a otro sano y salvo (obligación de seguridad),de forma tal que cualquier menoscabo que pueda sufrir el mismo durante el viaje habrá de configurar, en principio, el incumplimiento de la prestación a cargo del porteador, dando nacimiento a su responsabilidad, a menos que se demuestre el caso fortuito o fuerza mayor, o la culpa de la víctima, todo ello por aplicación de los principios comunes del Derecho Civil (arts. 511 y 513  y conc. del Código Civil) (conf.Trigo Represas, Félix A., “Responsabilidad del transportista frente al pasajero, en el contrato de transporte oneroso de personas”; La Ley 1996-D, 667).-

En esta inteligencia, la atribución objetiva de responsabilidad que le impone el art.184 del Código de Comercio a la demandada no ha sido desvirtuada mediante la demostración de alguna de las causales de exoneración, o sea, que el accidente ocurrió por culpa de la víctima o de un tercero por el cual no deba responder.-

Por consiguiente, considero que en la especie ha sido adecuadamente probada la vinculación contractual que atribuye al transportista la presunción objetiva de responsabilidad y la relación de causalidad entre el daño padecido y el hecho denunciado en el escrito de demanda, sin que se hubiera acreditado eximente legal alguno.-

En virtud de lo hasta aquí manifestado, propondré a mis distinguidos colegas se confirme la resolución apelada en este medular punto del debate.-

V.- Resuelta la cuestión relativa a la responsabilidad, debo ahora abocarme al tratamiento de las partidas indemnizatorias que han sido motivo de controversia.-

Ambas partes se agravian de la partida otorgada por la Juez de grado en concepto de “daños físicos”.-

En lo que hace al reclamo por incapacidad sobreviniente, cabe destacar que esta partida está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarci­miento necesario para la debida recuperación, tenien­do fundamen­talmente en cuenta las condiciones persona­les del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcen­taje que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminu­ción de bene­ficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulterio­res. A tal efecto, no pueden compu­tarse las meras moles­tias, estorbos, temores, recelos, fobias, que casi siempre son secuelas propias de este tipo de accidentes (conf.esta Sala, mi voto en libre nº 465.124, nº 465.126 del 12-3-07 y nº 513.261, entre muchos otros).-

En cambio, debe repararse en el aspecto labo­ral, la edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los aspectos que afectan la personalidad (conf. Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil­­­”, Obligaciones, Tº IV-A, pág. 129, núm. 2373; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas “Derecho de las Obli­gaciones”, Tº III, pág. 122; Borda, Guillermo A. “Trata­do de Derecho Civil-Obligaciones”, Tº I, pág. 150, núm. 149; Mosset Itu­rraspe, Jorge “Responsabilidad por da­ños”, Tº II-B, pág. 191, núm. 232; Kemelmajer de Carluc­ci, Aída en Bellus­cio-Zannoni “Código Civil Comen­tado, Anotado y Concorda­do”, Tº V, pág. 219, núm. 13; Alteri­ni-Ameal-López Cabana “Curso de Obligaciones”, Tº I, pág. 292, núm. 652).-

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapaci­dad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singul ares de cada caso, y no ceñir­se a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmu­las matemáticas o porcenta­jes rígidos, desde que el juzga­dor goza en esta materia de un margen de valora­ción amplio (conf. esta Sala, libres n° 509.931 del 7/10/08, n° 502.041 y 502.043 del 25/11/03 y 514.530 del 9/12/09, entre muchos otros).-

Sentado lo expuesto, y a fin de decidir sobre la procedencia o no de las alegaciones de las partes, deviene necesario proceder al análisis de la pericia médica obrante a fs.607/610.-

Allí, el profesional actuante sostiene que el actor sufre limitación funcional del cuello, disminución del movimiento del cuello (en los movimientos de rotación, flexión e inclinación) y cervicalgias matutinas (cfr. fs. 608).-

Desde el punto de vista físico, el experto considera que el demandante presenta una incpacidad física del 5% (cfr. fs. 609).-

En relación al aspecto psíquico, la anterior Sentenciante ha ponderado que no se ha acreditado la existencia de consecuencias permanentes de carácter psíquico, ya que la afectación que presenta el actor pueden ser conjuradas con adecuado tratamiento psicoterapéutico.-

Sobre este punto, no encuentro en los agravios vertidos por el accionante elemento alguno que me permita apartar de las conclusiones a las que se arribara en la sentencia apelada.-

Bajo este contexto, cabe apuntar que es sabido que la plena facultad del Juzgador para apreciar el valor probatorio del dictamen pericial no es discrecional ya que, si bien es cierto que las normas procesales no le otorgan el carácter de prueba legal, para desvirtuarlo es imprescindible arrimar elementos de juicio que permitan concluir en el error o en el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que ha de suponérselo dotado.-

En este sentido, las subjetivas apreciaciones de la emplazada y su aseguradora no alcanzan a crear convicción para lograr un apartamiento de las conclusiones de la especialista por cuanto se limitan a objetarlas sin aportar fundamento alguno que demuestre que la opinión del experto se halle reñida con los principios que invoca o que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia que contradigan el dictamen.-

Por otro lado, y en relación al porcentaje de incapacidad cuestionado en el escrito recursivo, habré de señalar, como dijera precedentemente, que esta Sala participa del criterio jurisprudencial que relativiza el valor probatorio de los porcentajes de los mismos, porque si bien constituyen un dato de importancia a los efectos de orientar al juzgador, lo cierto es que no obligan a éste, a quien, en definitiva, lo que le interesa alos fines de precisar la cuantía resarcitoria es determinar previamente la medida en que la disfunción puede repercutir patrimonialmente en la situación de la víctima, a cuyo fin no podría sujetárselo a estrictas fórmulas matemáticas que, en general, no son aptas para traducir fielmente el verdadero perjuicio que el ilícito provocó en el damnificado (conf. esta Sala, L. nº 250.357 del 4/2/99, L. Nº 509.931 del 07/10/08 entre otros).-

Desde otra óptica, el hecho de que en la causa penal se haya establecido el carácter “leve” de las lesiones padecidas por el demandante no quita relevancia al informe pericial rendido en esta sede judicial, pues ambas pericias dan cuenta de las lesiones padecidas por Perez Choque como consecuencia del siniestro.-

Tampoco habrá de ser atendida la queja de la demandada y su aseguradora en punto a que no se ha acreditado la relación de causalidad entre el hecho y el daño. A tal fin, sólo cabe remitir a la manifestación del perito médico al contestar impugnaciones quien ratifica las conclusiones a las que llega en el informe pericial y agrega que “dicha patología es compatible con los hechos narrados en el inicio de la demanda…” (cfr. fs. 660).-

A fin de lograr una cabal justipreciación del rubro en análisis, debo también considerar las condiciones personales de la víctima. Conforme las constancias obrantes en las presentas actuaciones, en la causa penal y en el beneficio de litigar sin gastos que tengo a la vista (expte. nº 47.010/05), el Sr. Perez Choque contaba con 58 años de edad al momento del accidente, de estado civil casado, sin trabajo fijo pero realizando tareas esporádicas de albañilería y poseía una condición económica modesta (conf.constancias obrantes en estos actuados y del beneficio de litigar sin gastos que tengo a la vista).-

Conforme a lo expuesto, considero que correspondería mantenerse la confirmatoria de las sumas otorgadas por esta partida.-

VI.- Es dable ahora analizar las quejas de la demandada y la citada en garantía respecto al acogimiento que tuvo la partida por “tratamiento psicoterapéutico” en el pronunciamiento recurrido.-

Liminarmente, los apelantes sostienen que esta partida no fue reclamada en la demanda y que, en consecuencia, la sentencia viola el principio de congruencia.-

Ahora bien, es cierto que el actor no incluyó en la demanda al presente rubro en forma autónoma; sin embargo, no puedo perder de vista que dentro de los puntos de pericia, el demandante pidió al perito que estime los gastos por atención psicológica en razón del accidente (ver fs. 6 vta., apartado 9.3.2, punto d).-

Esta cuestión ya había sido planteada por la demandada y la citada en garantía -por vía de recurso de aclaratoria- (ver presentación de fs. 703), la cual mereciera la desestimación de la Juez de grado (cfr. fs. 704 “in fine”).-

Lo expuesto me lleva a colegir que la presente partida fue objeto de debate y prueba en la presente causa, con lo cual no advierto que la sentencia recurrida haya violado el principio de congruencia.-

Establecido ello, el perito médico informa que el accionante “…requeriría un tratamiento psiquiátrico psicoterapéutico entre 24 a 18 meses con dos sesiones semanales, cuyo costo sería el de $ 100 cada sesión aproximadamente” (cfr. fs. 609).-

Cabe apuntar que la relación causal entre el accidente y la necesidad de encarar un tratamiento de esta índole fue suficientemente verificada con la prueba pericial, donde el experto señala que “el hecho de que este perito no haya descripto patologías preexistentes no implica que no se las estudió, pero lo importante a diagnosticar aquí no es lo preexistente, sino la patología hallada que tenga nexo causal con lo sucedido en autos” (cfr. fs.659).-

Por otra parte, comprobada la responsabilidad como se encuentra en autos, forzoso es concluir en el deber de la demandada de cargar con las erogaciones de una terapia psicológica que contribuya a sobrellevar las secuelas conflictivas sobrevinientes (conf. esta Sala, “Leiva, Natividad c/ Petroa, Raúl R s/ daños y perjuicios”, 19/06/97; mi voto en libre n° 509.931 del 07/10/08, entre otros).-

De acuerdo a todo lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta las facultades permisivas otorgadas por el artículo 165  del Código Procesal, considero que la suma otorgada en la instancia de grado resulta equitativa, por lo que propondré que se la confirme.-

VII.- El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. t º I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo “El daño en la responsabilidad civil”, pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo “El daño resarcible”, pág. 223, núm.55).-

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; para ello debe tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados. Corresponde, pues, concluir que el daño no puede medirse en razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. esta Sala, mi voto en Libres nº 466.988 del 19-3-07, nº 464.517 del 03-11-08 y n° 586.773 del 02-12-2011, entre otros).-

Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio estético. Segunda, que el daño moral debe ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, “La reparación del agravio moral en el Código civil”, La Ley, t.16, nº 532).-

En el caso, el actor ha sufrido lesiones como consecuencia del accidente, las cuales le han dejado distintas secuelas, debiendo contemplarse el desmedro espiritual que las mismas produjeron, el período de rehabilitación, y demás incordios y molestias propias de un hecho como el presente.-

De acuerdo a lo expuesto, demás constancias de autos, condiciones personales de la víctima, considero que la suma otorgada en la instancia de grado resulta equitativa, por lo que propondré qu e se la confirme.-

VIII.- También se encuentra controvertido el monto reconocido en concepto de gastos médicos y de farmacia.-

Comparto el criterio expuesto en la sentencia de grado en el sentido que no resulta necesaria la acreditación concreta y específica de los gastos en cuestión cuando su erogación se presume en orden a las características del caso. Asimismo, es sabido que este tipo de erogaciones son admisibles aún cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, toda vez que de ordinario, ni uno ni otra cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes (conf. esta Sala, L. nº 110.732 del 26/11/92, L. nº 142.552 del 18/5/94, entre otros).-

Ahora bien, esta Sala tiene dicho que es el damnificado quien debe tratar de establecer con la aproximación que sea factible, la entidad de los daños, ya que se ha decidido que la deficiencia en la prueba referente a su monto gravita en contra de quien tenía la carga de aportarla (conf. esta Sala, in re “González, Carlos E. y otro c/Capillas, Néstor H. y otro s/Daños y Perjuicios” del 5/10/99, citado por Daray, Hernán en “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, t. 2,pág.398/399, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001), por lo que si pretendía una suma mayor debió acreditar haber efectuado una mayor erogación.-

Así pues, a la luz de antecedentes análogos de esta Sala, en función de las dolencias padecidas por el actor, de la atención recibida en el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano y de la no agregación en autos de otras constancias que acrediten gastos que justifiquen el monto reclamado, considero que la suma otorgada en la instancia de grado resulta equitativa, por lo que propondré la confirmación de la partida asignada para este rubro.-

IX.- En cuanto al planteo de “Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” referido a la oponibilidad de la franquicia, cabe manifestar que en los fallos plenarios dictados por esta Cámara in re “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios”  y “Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios”, del 13 de Diciembre de 2006, se dispuso que la franquicia pactada entre la aseguradora y la empresa de transportes es inoponible al damnificado, sea o no transportado.-

Si bien no se desconoce que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido un criterio distinto en varios precedentes, aún aquellos dictados por aplicación de esa doctrina obligatoria, lo cierto es que, mientras rija la doctrina plenaria en cuestión, resulta la misma de aplicación obligatoria para la Cámara y los Jueces de primera instancia de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada (art. 303  del Código Procesal), por lo que, al margen de la opinión personal que se tenga sobre este polémico punto del debate, no resulta posible modificar este aspecto. Esta Sala ha mantenido el criterio de acatar esa decisión obligatoria emanada por este Tribunal en pleno (conf. voto del Dr. Hugo Molteni en libre n° 491.818 del 16-04-08; conf.también mi voto en libre n° 495.534 del 09-05-08, entre muchos otros).-

Por lo demás, en acuerdo plenario de este Tribunal celebrado el día 15 de Abril de 2008 se resolvió, por mayoría, no revisar la doctrina que emana de aquellos fallos, aún después de conocida la opinión de nuestro más Alto Tribunal.-

En virtud de lo manifestado, propiciaré la confirmatoria de la resolución recurrida en lo que a esto respecta.-

X.- En lo relativo a los agravios referidos a la tasa de interés a aplicar, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”  del 11/11/08, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

Empero, toda vez que en la especie se fijaron los valores indemnizatorios al momento del dictado de la sentencia de grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de dicho pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores vigentes a la sentencia de grado.Por ello, corresponde que desde el momento de la mora y hasta el pronunciamiento apelado, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

Debe hacerse la salvedad, sin embargo, respecto de lo otorgado en concepto de “tratamiento psicoterapéutico” ya que, tratándose de capital dirigido a enjugar gastos futuros, deben los intereses computarse desde la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

Conforme a lo expuesto, se advierte que el criterio expresado precedentemente resulta coincidente con la postura expuesta en la sentencia apelada, motivo por el cual propondré aquí también la confirmación de la resolución recurrida.-

XI.- Voto, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios.-

Las costas de Alzada derivadas del recurso interpuesto por la demandada y la citada en garantía se le imponen a dicha parte por resultar vencida (art. 68, párrafo primero , del Código Procesal).-

Por otro lado, el actor deberá cargar las costas de Alzada derivadas del recurso de apelación por él interpuesto en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal).-

El Dr. Hugo Molteni votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.-

EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

Coincido en líneas generales con el voto de mi distinguido colega el Dr.Li Rosi, con excepción de lo relativo a la tasa de interés a aplicar.-

Como lo he expuesto en el precedente de esta sala “Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.

Con esta salvedad, adhiero al fundado voto del Dr. Li Rosi.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, junio 18 de 2012

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios.-

Las costas de Alzada derivadas del recurso interpuesto por la demandada y la citada en garantía se imponen a dicha parte (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal).-

Las costas de Alzada derivadas del recurso interpuesta por el actor se imponen a dicha parte (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal).-

Los honorarios serán regulados cuando se haga lo propio en la instancia de grado.-

Notifíquese y devuélvase.-

RICARDO LI ROSI

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

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