Iacobucci María A.R. c/ Stoppini Héctor Felix s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: segunda

Fecha: 6-oct-2009

Cita: MJ-JU-M-51675-AR | MJJ51675 | MJJ51675

La presunción del art. 23 de la LCT. no puede operar sus efectos, al surgir un claro convencimiento del Juzgador, en virtud de las pruebas aportadas a la causa, sobre la inexistencia de la prestación de los servicios esgrimidos por la demandante, resultando que la relación que unió a las partes fue de naturaleza civil.

Sumario:

1.-Debe confirmarse la sentencia impugnada que estableció que no se acreditaron las tareas principales en relación de dependencia denunciadas por la actora en su demanda, y consideró que no puede operar la presunción del art.23 de la L.C.T., al surgir un claro convencimiento del Juzgador en virtud de las pruebas aportadas a la causa, sobre la inexistencia de la prestación de los servicios esgrimidos por la demandante, quien por sus deberes académicos debía realizar trabajos prácticos en proyectos o empresas sin sujeción horaria, sin concurrir a las oficinas del aquí demandado, sin dirección técnica, ni contraprestación remuneratoria, y siendo que el proyecto internacional aludido -abriendo rutas- auspiciado por el gobierno italiano, fue una actividad interdisciplinaria, en la cual no participó la actora, pues se dio por despedida antes de su ejecución, percibiendo los correspondientes honorarios por la parte en que participó, de lo que resulta en todo caso que la relación que unió a las partes fue de naturaleza civil.

2.-Corresponde rechazar el recurso de casación impetrado, pues el juez a-quo ha interpretado y aplicado correctamente el art. 23 de la LCT, atento que conforme las pruebas, no se han logrado acreditar las tareas denunciadas por los trabajadores, ni configurado la presunta prestación de tareas, no siendo de aplicación al caso las previsiones de la LCT.

3.-Basta la prestación de servicios, para que la existencia del contrato de trabajo se presuma, es decir que se genera una presunción favorable al trabajador -la que no implica que deba juzgarse con mayor severidad que la que deriva de la sana crítica-, que conforme la letra del art. 23 de la LCT, es meramente iuris tantum , en cuanto admite que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demuestre lo contrario.

4.-En punto a la existencia misma de la relación de trabajo, para determinar que una relación jurídica tiene la fisonomía de una relación laboral, supone la evaluación de la existencia de una subordinación jerárquica, técnica y económica, tarea que requiere la merituación de la prueba rendida, y que si bien ante la existencia de la prestación se supone la subyacencia de un contrato de trabajo, deberá ser el principio de la primacía de la realidad el que permitirá establecer si la prestación laboral se realiza en forma dirigida o autónoma.

5.-Para el análisis de la existencia de un trabajo en relación de dependencia se exigen como pautas orientadoras: la existencia de una prestación de servicios, la existencia de una dirección y supervisión de los servicios, la continuidad de su prestación, su exclusividad. La dificultad planteada de manera teórica es definir que se cumplan todas las exigencias, ninguna de las cuales es determinante por sí sola para precisar si se actúa o no en relación de dependencia. Muchas veces se trata de una cuestión de grado, sea en punto a la existencia de subordinación técnica, jurídica, económica, si la relación es exclusiva o no, si la relación es continua  si se inscribe como trabajador autónomo o no.

6.-La exclusividad no es un factor decisivo, en la medida en que se configure la situación de dependencia económica, o sea que los ingresos provenientes de su contratación constituyan una parte principal de su subsistencia, ni la continuidad de los servicios, tampoco  define por sí sola el amparo del derecho laboral. Empero, unido al concepto de subordinación jurídica y de dependencia económica de sus ingresos, constituye el elemento que termina de configurar la existencia de una relación de trabajo y no una locación de servicios.

Fallo:

En Mendoza, a seis días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 95.045, caratulada: “IACOBUCCI MARIA R. en J° 35.808 “IACOBUCCI MARIA A.R. C/STOPPINI HECTOR FELIX P/DESP.” S/INC. – CAS.”.

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó determinado el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. Pedro J. Llorente, segundo Dr. Herman A. Salvini y tercero Dr. Carlos Böhm.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 10/28, la Señora María Romina Iacobucci, por medio de representante, interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la senten-cia dictada a fs. 150/155 vta. de los autos N° 35.808, caratulados: “Iacobucci María Romina c/Stoppini Héctor Félix p/Despido”, originarios de la Excma. Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 45 se admiten formalmente los recursos interpuestos y se ordena correr traslado de la demanda a la contraria, quien a fs. 52/61 vta., contesta solicitando su rechazo con costas.

A fs. 65/67 corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone aconseja el rechazo formal y sustancial de ambos recursos.

A fs. 68 vta. se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 69 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: Son procedentes los recursos interpuestos?

S E G U N D A: En su caso, qué solución corresponde?

T E R C E R A:Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

I-A fs.10/28, la parte actora María Iacobucci, por intermedio de su apoderado, deduce recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de casación en contra de la sentencia definitiva glosada a fs.  de los autos N° 35808 caratulados: “IACOBUCCI  M. C/STOPPINI HECTOR F. P/DESP”  originarios de la Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

II- Funda su queja de inconstitucionalidad, en el inc.3 y 4 del art. 150 del CPC, solicitando se anule la resolución impugnada basado en que la sentencia es violatoria de su derecho de defensa, del debido proceso, que es contradictoria, infundada, por lo que la califica de arbitraria.

III- La casación deducida se funda en los incs. 1 y 2 del art.159 del C.P.C. y plantea la inaplicación de los arts. 148 y 160 de la Constitución Provincial, art.23 de la LCT y art. 55 del CPL.

La finalidad de ambas  quejas es que este Tribunal revoque la resolución impugnada y en su lugar admita la demanda en su totalidad.

IV- Es útil señalar que en caso de permitirlo las circunstancias de cada caso, la Corte puede dar tratamiento conjunto a ambas quejas por razones de celeridad, razón por la cual se resolverán en esta misma sentencia.

El diferente planteo del recurso de inconstitucionalidad y el de casación, está dado por la distinción doctrinaria de vicios in procedendo o de vicios in iudicando.Mientras la inconstitucionalidad tiene por objeto observar y hacer observar las garant-ías constitucionales, y por ende los vicios cometidos en el procedimiento; la casación tiene por finalidad el control de legalidad, del vicio en la interpretación o aplicación de la ley, es decir del vicio in iudicando, o sea en el juicio mismo del propio magistrado al decidir la controversia.-

Son, en principio compartimientos estancos, dentro del orden procesal mendocino y no pueden confundirse los fundamentos de ambos so pena de un reparo formal serio.-

El recurso de inconstitucionalidad es el apto para plantear los problemas proce-sales, los errores en la apreciación de la prueba, la verificación de la violación del dere-cho de propiedad o el de la defensa en juicio o el principio del debido proceso.

La casación sirve para señalar los errores en el juicio de interpretación o aplica-ción de la ley.-

Por las consideraciones expuestas y en razón que tanto las cuestiones constitu-cionales planteadas como el tema respecto de la interpretación y aplicación de la ley, guardan una estrecha vinculación, siendo su objetivo la anulación de la sentencia im-pugnada, como también por razones de celeridad procesal y a los fines de evitar desgaste jurisdiccional serán abordados ambos recursos en forma conjunta.

V- Antecedentes de la causa:

La demanda originaria perseguía el cobro de sueldos, diferencias salariales, SAC, vacaciones no gozadas, integración mes de despido e indemnizaciones por  falta de preaviso, por antigüedad, arts. 1 y 2 de la ley 25323 y art.16 de la ley 25561, ello en virtud de haber sido empleada de la demandada, prestando servicios en tareas de comunicación y publicidad.

La demandada resiste la pretensión, pidiendo el rechazo de la demanda, negando la relación laboral.Alego que la actora por sus deberes académicos debía realizar trabajos prácticos en proyectos o empresas y que las actividades realizadas lo fueron sin sujeción horaria, y sin concurrir a las oficinas, como también sin la dirección técnica del demandado y sin contraprestación remuneratoria.

La sentencia ahora impugnada establece que no se acreditaron las tareas las tareas principales en relación de dependencia denunciadas en la demanda, que el proyecto internacional “abriendo rutas”, auspiciado por el gobierno italiano fue una actividad interdisciplinaria , en el cual no participó la actora, pues se dio por despedida antes de su ejecución y que cobro honorarios por la parte en que participó, que en todo caso la relación que unió a las partes fue de naturaleza civil razón por la cual decide su rechazo.

VI-Mi opinión:

Funda su queja de inconstitucionalidad en el inc.3 y 4 del art. 150 del CPC, solicitando se anule la resolución impugnada basado en que la sentencia es violatoria de su derecho de defensa, del debido proceso, que es contradictoria, infundada, por lo que la califica de arbitraria.

La casación deducida se funda en los incs. 1 y 2 del art.159 del C.P.C. y plantea la inaplicación de los arts. 148 y 160 de la Constitución Provincial, art.23 de la LCT y art. 55 del CPL.

La finalidad de ambas  quejas es que este Tribunal revoque la resolución impugnada y en su lugar admita la demanda en su totalidad.

Ahora bien analizando las constancias del expediente principal, como del escrito recursivo, se advierte que no le asiste razón a la recurrente, atento que ambas quejas aparecen como inatendibles.

El tribunal inferior ha realizado en el fallo un análisis minucioso de la prueba,  arribando de ese modo a la conclusión atacada.La tacha de arbitrariedad, no procede desde que en la sentencia se meritúa la prueba rendida, especialmente  la testimonial, y demás constancias, tales como el horario en que la actora decía trabajar, que coincidía con el horario de cursado de sus estudios, tanto como el hecho qyue las únicas personas que trabajaban en la consultora eran los dos hijos del demandado,  asimismo da los motivos por los que considera no puede operar la presunción del art.23 de la L.C.T.

De tal modo surge claro un convencimiento del Juzgador, ajustado a la constancia probatoria y apoyado en normas jurídicas. La Cámara sentenciante, ha analizado las pruebas aportadas a la causa,  concluyendo de la misma la inexistencia de prueba de prestación de los servicios esgrimidos por las demandantes.

Esta postura conviccional, acorde a derecho, descarta absolutamente la tacha de arbitrariedad por voluntarismo, la cual se configura únicamente cuando el razonamiento del juzgador aparece como caprichoso, ilógico o absurdo- La mera discrepancia, que es en realidad lo que sucede en la presente queja, o el acierto o error en la ponderación probatoria, no autorizan de ninguna manera a activar los medios anulatorios propios de un recurso de inconstitucionalidad.-

Dentro del criterio sostenido reiteradamente por esta Sala II de la amplitud de poderes discrecionales del Juez Laboral, no se advierte que el a-quo en este caso concreto se haya excedido de tales atribuciones. Antes bien, merituó aquellas pruebas que formaron su convencimiento, dando razón de su decisión fundada en las constancias de la causa y en derecho.-

De la lectura del acto sentencial y del análisis del recurso, se advierte que no le asiste razón a la quejosa. La censura no logra destruir los argumentos dados por el a-quo para determinar la improcedencia del reclamo.La característica de extraordinario de los  recursos en tratamiento impone un criterio de interpretación restrictiva; acorde a él los presuntos vicios denunciados, al no configurar más que una óptica valorativa diferente, transformarían en el caso de prosperar, esta instancia en un nuevo estadio de revisión.-

Desde el aspecto formal no logra dilucidar cuál ha sido la norma constitucional vulnerada, qué parte del proceso ha violado su derecho de defensa o su derecho al debido proceso, sino mas bien que el recurrente pretende patentizar una lesión constitucional con el solo argumento de un resultado adverso.

Ergo, concordando con la opinión del Ministerio Público corresponde desestimar la inconstitucionalidad planteada.

Tampoco el recurso de casación,  fundado en el inc 2 del art.159 del C.P.C.,  por errónea interpretación del art.23,  de la L.C.T, puede ser admitido.

Se agravian  las recurrentes porque el tribunal de mérito, ha considerado que no se dan los presupuestos facticos para que opere la  presunción del art.23 de la L.C.T.

Es decir, que al empleado le basta con probar la prestación del servicio y que le corresponde al empleador las circunstancias inhibitorias de la misma.

Esta Corte ha sostenido en numerosos precedentes que basta la prestación de servicios, para que la existencia del contrato de trabajo se presuma, es decir que  se genera una presunción favorable al trabajador- la que no implica que deba juzgarse con mayor severidad que la que deriva de la sana crítica-. Esta presunción conforme la letra del art.23 de la L.C.T., es meramente “iuris tantum”, en cuanto admite que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demuestre lo contrario.

En punto a la existencia misma de la relación de trabajo, para determinar que una relación jurídica tiene la fisonomía de una relación laboral, supone la evaluación de la existencia de una subordinación jerárquica, técnica y económica, tarea que requiere la merituación de la prueba rendida.Vale decir que si bien ante la existencia de la prestación se supone la subyacencia de un contrato de trabajo, deberá ser el principio de la primacía de la realidad el que permitirá establecer si la prestación laboral se realiza en forma dirigida o autónoma.

Para el análisis de la existencia de un trabajo en relación de dependencia se exigen como pautas orientadoras: la existencia de una prestación de servicios, la existencia de una dirección y supervisión de los servicios, la continuidad de su prestación, su exclusividad.

La dificultad planteada de manera teórica es definir que se cumplan todas las exigencias, ninguna de las cuales es determinante por sí sola para precisar si se actúa o no en relación de dependencia. Muchas veces se trata de una cuestión de grado, sea en punto a la existencia de subordinación técnica, jurídica, económica, si la relación es exclusiva o no, si la relación es continua  si se inscribe como trabajador autónomo o no.-

Existe subordinación jurídica cuando la empresa ejerce sus funciones de direc-ción, supervisión, instrucción, dictado de órdenes, organización de horarios, etc.

No hay dudas que ni la exclusividad  es un factor decisivo, en la medida en que se configure la situación de dependencia económica, o sea que los ingresos provenientes de su contratación constituyan una parte principal de su subsistencia, ni la continuidad de los servicios, tampoco  define por sí sola el amparo del derecho laboral. Empero, unido al concepto de subordinación jurídica y de dependencia económica de sus ingresos, constituye a mi entender el elemento que termina de configurar la existencia de una relación de trabajo y no una locación de servicios.

Ahora bien, aplicados estos principios y analizadas las diferentes alternativas de un modo general, hay que aplicarlas al caso concreto a resolver.En tal sentido el juzgador conforme las pruebas, llega a la conclusión que se no se acreditaron las tareas denunciadas por las demandantes, no configurando una prestación determinada y por tanto no  encuadrada en las previsiones de la LCT.

Resulta entonces, que el a-quo ha interpretado y aplicado correctamente el art.23 de la L.C.T-

Por lo tanto considero que también debe rechazarse el recurso de casación impetrado.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren por los funda-mentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

En cuanto a las costas de la instancia recursiva, corresponde imponerlas a la recurrente vencida (arts.148 y 36 inc.I del CPC).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 6 de octubre de 2009.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos a fs. 10/28 de autos.

2°) Imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 148 y 36 inc. I del C.P.C.).

3°) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad

Notifíquese.

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