Ante una actitud abandónica y sin vínculo establecido entre madre e hija no corresponde indemnizar el daño moral por la muerte de la hija.

Partes: G. J. R. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza y ots. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 10-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-73956-AR | MJJ73956 | MJJ73956

Rechazo del daño moral reclamado por la progenitora por la muerte de su hija, pues surge acreditado que tenía una actitud abandónica respecto de la menor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo del daño moral reclamado por la progenitora por la muerte de su hija víctima de un accidente, pues surge acreditado que tenía una actitud abandónica con la menor y que no podía ejercer un rol materno adecuado, habiendo quedado demostrado su desinterés por el tratamiento de su hija y la falta de contención maternal y familiar que presentaba la niña, lo que agravó el cuadro base que presentaba.

2.-Si bien la muerte de un hijo es, tal vez, el mayor daño moral que pueda sufrir una persona, no requiriendo, por ende, el reclamo de prueba directa, nada impide al dañador acreditar que, en el caso concreto, la muerte del hijo no provocó tal sufrimiento.

3.-Los testimonios son contestes en cuanto al abandono de la menor por parte de su madre desde los seis meses de vida, quien no la visitaba estando aquélla internada con un trastorno de salud, calificándola como madre abandónica, típico de madres que no pueden ejercer un rol materno adecuado, encontrándose internada la menor desde los primeros meses o años de vida y estando siempre institucionalizada, pudiendo atribuirse los graves trastornos de conducta, a una grave disfunción familiar y un abandono temprano por parte de su familia.

4.-En el caso no se juzgan las razones por las cuales la madre, lamentablemente, no pudo asumir el rol materno y establecer un adecuado vínculo con su hija, sino que se dilucida la existencia de los daños por lo que reclamó una indemnización económica, a raíz de la muerte de la menor; tales hechos, planteados en la alzada, constituyen una novedad, no sometida a conocimiento y meritación del Juez de la instancia inferior, por lo que el debate en tal aspecto también queda vedado en esta instancia.

Fallo:

En Mendoza, a los diez días del mes de agosto de dos mil doce, reunidas en la Sala de Acuerdo las doctoras Marina Isuani y Silvina Miquel, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº152.418/43.847, caratulados: “G., J. R. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza y ots. p/ D. y P.”, originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 499 contra la sentencia de fs. 459/472.

Llegados los autos al Tribunal, a fs. 517/520 funda su recurso la apelante y a fs. 527/532 contestan el traslado conferido, la Provincia de Mendoza y a fs. 535/536, la aseguradora citada.

Practicado el sorteo de ley, queda establecido el siguiente orden de estudio: Dras. Isuani, Miquel y Viotti.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160  de la Constitución Provincial y 141(ref.leg12169.141) del C.P.C., se plantean las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: en su caso ¿Qué solución corresponde?

Tercera cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión la Dra. Marina Isuani dijo:

I.- Vienen estos autos a la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que desestimó la demanda promovida por la Sra. J. R. G., reguló honorarios e impuso costas a la actora vencida. El fundamento de la decisión apelada fue el de tener por acreditada, la juzgadora, la eximente de culpa de la víctima, alegada en su defensa por los accionados y no considerarse acreditados los daños cuya indemnización reclamó.

II.- En su libelo recursivo de fs. 517/521, la apelante se agravia de dos aspectos resueltos en la sentencia en crisis:a) en la declaración de culpa exclusiva de la víctima, por lo que pide se revoque la resolución, se admita la demanda y se condene a la DINADyF y/o al civilmente responsable a reparar el daño moral a la actora, con costas e intereses y, b) en tanto si bien reconoce que se han reunido los presupuestos necesarios para la configuración de la responsabilidad civil de la DINADyF, resuelve rechazar la indemnización por daño moral reclamado por la madre de la menor víctima del accidente, basado en el incumplimiento del rol materno de la actora durante la vida de la hija.

En relación al primer agravio, refiere que en la sentencia se exime de responsabilidad a los accionados, al considerar que el hecho de la víctima constituyó caso fortuito que produjo la ruptura del nexo causal, controvirtiendo tal conclusión por los argumentos que expone.

En segundo término, se agravia de lo chocante que resulta considerar que un hecho de la naturaleza del que nos ocupa, como es la muerte de un adolescente, que contiene particularidades trágicas y que es el resultado del actual negligente de una institución estatal, quede impune. Refiere que no se han considerado las circunstancias y particularidades socio-económicas del entorno familiar y personal que rodean la situación de la actora y su hija fallecida, habiéndose realizado una lectura superflua, alejada de la realidad social del caso.

Concluye en que debe admitirse la demanda impetrada por su parte.

III.- Al responder los agravios, el accionado Gobierno de la Provincia y, a su turno, la citada en garantía y los accionados Neira, Martini y Fiscalía de Estado, piden el rechazo del recurso articulado, por las razones que esgrimen.

IV.- Tratamiento del recurso: El reclamo por daño moral.

A los fines de resolver la procedencia del recurso interpuesto, invertiré el orden de tratamiento de los agravios, toda vez que no debe indagarse en la responsabilidad de los accionados – cuestión que constituye el primer agravio formulado -, si se resolviera confirmar la decisión de la Sra.Juez de grado, en orden a la inexistencia del daño moral cuyo resarcimiento reclama la apelante.

El daño es el primer presupuesto de responsabilidad. Si la conducta de los accionados no ha contribuido a la provocación de daños o perjuicios al reclamante, no obstante la existencia de conducta antijurídica o de factores objetivos, no se daría en el caso el requisito de la causalidad adecuada entre ambos elementos de la responsabilidad.

Prestigiosa doctrina enseña que “El daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil, puesto que sin él no puede suscitarse ninguna pretensión resarcitoria; sin que exista perjuicio no hay responsabilidad civil, lo cual no es más que una aplicación del principio más general, según el cual sin interés no hay acción . Es que el problema de la responsabilidad civil recién puede plantearse cuando existe un daño, ya que sólo en presencia de éste el jurista estará en condiciones de indagar si el mismo fue provocado (relación casual) infringiéndose un deber jurídico (antijuridicidad) y culpablemente (imputabilidad)” (Trigo Represas, Félix A. y Marcelo J. López Mesa, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, La Ley, Buenos Aires, 2004, Tomo I, págs. 393/394).

La posición expuesta, que comparto plenamente, resulta – sin lugar a dudas -, de expresas disposiciones legales. El art. 1067  del C.C., dispone que no habrá acto ilícito punible “si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar”. Así, la doctrina ha señalado que el art. 1067 no exige el daño como elemento del hecho ilícito considerado en sí mismo, sino como presupuesto de su punibilidad:una conducta antijurídica puede no causar daños; “el daño es un elemento de la responsabilidad, pues nada debe repararse si el daño no se ha producido . La sola violación del ordenamiento no hace presumir el daño; por eso, la prueba de su existencia incumbe a quien lo alega, salvo los casos de daños presumidos” ejemplificando estos últimos en los casos de los arts. 1084 , 1078  y 622  (Kemelmajer de Carlucci, Aída, en “Código Civil y leyes complementarias”, Dir. Belluscio – Coord. Zannoni, Astrea, Buenos Aires, 1984, Tomo V, pág. 28/29). El mentado requisito de responsabilidad, también surge contemplado en la previsión del art. 1069  del mismo cuerpo legal, en cuanto prevé que el daño comprende “el perjuicio efectivamente sufrido”.

La Sra. Juez de grado, al dictar la sentencia apelada, rechazó el reclamo formulado por la apelante, en cuanto pretendió indemnización por daño moral por la muerte de su hija, por considerarlo no configurado en el caso. Para resolver de tal modo, valoró los testimonios rendidos en la causa y concluyó en que “la actora tenía una actitud abandónica con su hija” y que “no podía ejercer un rol materno adecuado”, habiendo quedado demostrado “su desinterés por el tratamiento de su hija y la falta de contención maternal y familiar que presentaba la niña”, lo que agravó el cuadro base que presentaba. Sostuvo la Magistrada que “. el rubro debe ser rechazado ya que la actora no cumplió con su rol materno durante la vida de su hija y a pesar de los esfuerzos de los profesionales que la atendieron, la actora no colaboró en la contención, cuidado y estabilidad emocional de la menor”.

He sostenido en reiterados pronunciamientos, que media adecuación causal entre la función y el daño, cuando el mismo acostumbre suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. CC3°, “Herrera Coria c/ Gob. de la Pcia. de Mendoza, L.S.84-205).

El daño moral constituye una de las dos grandes categorías de daño resarcible, al lado del daño patrimonial. La doctrina mayoritaria entiende que no existe un tercer género: sólo existe el daño patrimonial y el extrapatrimonial (moral) (Conf. Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, Rev. de Der. Priv. y Comunitario, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1992, nº 1, pág. 263; Iribarne, Héctor Pedro, “La cuantificación del daño moral”, Rev. del Derecho de Daños nº 6, Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 187; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, 2a – “Daños a las personas”, Hammurabi, Bs. As., 1993, pág. 33). Constituye una minoración en la subjetividad de la persona; es una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón Daniel, “Daño moral”, pág. 47).

La indemnización por tal daño tiene carácter resarcitorio, conforme la moderna doctrina y jurisprudencia, y no sancionatorio, tesis prácticamente hoy abandonada (CSJN, 7-9-89, Forni c/ Ferrocarriles Argentinos; Frida c/ Prov. de Bs. As.; “Badiali”, fallos 308:698; 24-8-95, “Pérez c/ Empresa de Ferrocarriles, citados por Roland Arazi, en “Prueba del daño moral”, Rev. de Der. de Daños, nº 6, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pág.103, nota 1). La indemnización dineraria no tiende a sancionar al responsable, sino a la reparación de los daños causados a la víctima, en sus legítimos derechos y en su integridad (material y espiritual).

En el presente caso, el daño moral que alega haber sufrido la accionante, no resulta palpable, atento las particulares circunstancias en que se desarrolló la relación materno filial, no obstante reclamar la apelante en su carácter de progenitora, la indemnización por tal agravio sufrido por la muerte de su hija.

Es claro que en ciertos casos, el daño moral no necesita ser demostrado por ser compañero infaltable de cierta clase de hecho lesivos y por no ser diverso y autónomo de la lesión misma. “Esta última, necesariamente lo supone en ciertas ocasiones. . Cabe considerar con Brebbia, que siendo el agravio moral, la consecuencia necesaria e ineludible de la violación de alguno de los derechos de la personalidad de un sujeto, la demostración de la existencia de dicha transgresión importará al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño” (Ortiz Osvaldo c/ Oscar Farina p/ Daño moral, 28-4-92, L.S. 81-147; conf. SC Catamarca 18-4-88, J.A. 1989-III-11).

Comparto la posición doctrinaria que sostiene que, en aquellos supuestos en que el daño moral acostumbre a producirse según el curso natural de las cosas, cuando fuere humanamente esperable que un sujeto sufra ante ciertas circunstancias, el daño moral no necesita ser probado. Roland Arazi entiende que no tiene que probar quien alega un hecho “normal”, produciéndose una inversión de la carga probatoria. Expresa el destacado autor que: “Los hechos normales se basan en un estándar jurídico, de nivel medio de conducta, de comportamiento, de reacciones, que la ley permite a los jueces tener como ciertos.La calificación de hecho normal la puede hacer el juez sobre la base de las máximas de la experiencia o de los hechos notorios, según el caso . Las reglas de la experiencia indican que la muerte de un ser querido o las lesiones inferidas a una persona, por sus secuelas o por los tratamientos que debió soportar para sus curaciones, producen sufrimientos, molestias, agravios o, en general, ataque a las afecciones legítimas; esto es, daño moral. Quien pretenda que, en el caso, por circunstancias excepcionales, tal daño no se produjo, tiene la carga de probar lo “anormal” (Arazi, Roland, “Prueba del daño moral”, cit., pág. 108).

Resulta imposible imaginar un dolor mayor en un ser humano, que la pérdida de un hijo. El vínculo natural, íntimo, especialísimo que une a los padres con sus hijos implica que la pérdida de la vida de éstos representa el dolor más intenso al cual puede enfrentarse un hombre. De hecho, constituye un hecho público y notorio que la mayoría de los padres que han debido pasar por este duelo, no se recuperan.

Naturalmente, los hijos están dados a sobrevivir a sus padres, por lo que personalmente califico a la inversión de tal situación, como contra-natura. Tal especie de daño, por surgir “in re ipsa”, y devenir de lo que común y naturalmente ocurre, en principio, no debe ser objeto de prueba. La experiencia demuestra que no influye en el padecimiento de tal dolor, ni la edad, ni el sexo, ni la mayor o menor retribución de amor y cuidado que ese padre recibía de su hijo; el amor, el vínculo, que une a un progenitor con sus hijos no se compara con ningún otro, es único, irrepetible y – en relación a lo que distingue a este vínculo de los restantes – subsiste aún en el supuesto de que ese hijo haga poco o nada por sus padres.Ahora bien, las pruebas rendidas en la causa, referidas al concreto caso en juzgamiento, me convencen de la improcedencia de la indemnización pretendida, por lo que propiciaré la confirmatoria del fallo en recurso.

Con criterio que comparto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza tiene dicho que, por tratarse de una presunción que emana de lo que “naturalmente” acontece, la misma admite que, quien resulta sindicado como responsable en orden a la reparación, pueda aportar pruebas que, evaluadas en su conjunto, la desvirtúen (Autos n° 70.867, “Pereyra Vda. de Vargas, Paulina y ots. en j.: Pereyra Vda. de Vargas, Paulina y ots. c/ Otoniel Gómez p/ D. y P. s/ Inc. – Casación”, 21-11-01, L.S. 303-470).

En el mismo sentido existen pronunciamientos de Cámara. Se ha sostenido que, si bien la muerte de un hijo es, tal vez, el mayor daño moral que pueda sufrir una persona, no requiriendo, por ende, el reclamo de prueba directa, nada impide al dañador acreditar que, en el caso concreto, la muerte del hijo no provocó tal sufrimiento. Así, se ha resuelto que “. ello debe tener apoyo en la comprobación de conductas anteriores del progenitor que, objetivamente, permitan concluir en que no hubo tal daño moral” (CC2°, 13/12/06, autos n° 146.669/31.342, “Montivero de Rivadero, Felipa Patricia c/ Provincia de Mendoza y ots. p/ D. y P.”; en el mismo sentido puede verse sentencia de la CC3°, 03/11/09, autos n° 113712/32091, “Martínez Rosana del Carmen c/ Dirección de Niñez y Adolescencia Disc. y Fam. DINAADyF p/ D. y P.”).

En el caso, la apelada ha aportado elementos de juicio que permiten sostener que la solución dada al caso, por la Magistrada de la instancia inferior, resulta adecuada a las constancias de la causa y a la normativa aplicable.

Meritaré las constancias probatorias del proceso.

El acta de nacimiento de fs. 3 indica que la hija de la aquí apelante, D. W. Z.G., nació el día 23 de febrero de 1989.

Los testimonios rendidos, meritados detalladamente por la Juez de grado, ilustran al Tribunal acerca del escaso contacto de la madre – aquí apelante – con su hija. Así, la Sra. Elsa Giménez, dependiente de la DINAADyF, afirma a fs. 137 que la niña fue internada por presentar conductas agresivas y trastornos que impedía una convivencia en un hogar normal, que presentaba un trastorno bipolar severo, que requería cuidados especiales, que las probabilidades de llevar una vida normal con ese cuadro son elevadas si el paciente ha sido adecuadamente medicado y que “Desde el punto de vista del contexto donde se encontraba la menor, o sea estar en un hospital mucho tiempo, con un distanciamiento familiar importante, las probabilidades de una vida normal disminuyen”. Manifiesta la testigo no haber observado nunca el trato que le prodigaba la madre a la niña, agregando que W. se sentía profundamente rechazada por la madre, quien no la toleraba mucho tiempo en su casa, ni siquiera en cortos períodos de permisos de salida, como medida terapéutica, ya que la niña demandaba de modo permanente, estar con su madre. Concretamente surge que la madre no asistía ni colaboraba con los tratamientos y/o terapias de abordaje llevados a cabo por la DINADyF en relación a la menor, como tampoco que se hubiere interesado en los mismos. Surge de la declaración, de modo concreto, que otra hija de la actora, aquí apelante, también se encuentra internada en la institución de referencia. Sostiene la testigo que, en el caso de W., la falta de contención familiar pudo influir en el agravamiento de los trastornos bipolares aludidos.

Los mismos hechos surgen de los restantes testimonios rendidos en la causa, pormenorizadamente desmenuzados y valorados en la sentencia en crisis, como fundamento del rechazo del reclamo formulado.

El testimonio rendido a fs.138 resulta más que esclarecedor – como los restantes – a fin de abonar el rechazo de la indemnización pretendida por una madre que no eligió, por la razón que fuere, disfrutar de la hija en vida. Por ello, no puede hoy pretender obtención de resarcimiento por el dolor que, según expresa, le provoca su muerte. Siguiendo tal línea de razonamiento, merito que la testigo Patricia Mansilla, licenciada en trabajo social, quien presta funciones en la Unidad de Internación y Crisis de la DYNADyF, claramente expresa que la madre presentaba rechazos hacia la niña y, en otros momentos, acercamientos y promesas que no cumplía, con agresiones físicas incluso, justificando la rotación de W. en distintos programas de la DYNADyF “porque no se encontraban elementos de contención para el reintegro familiar, y se conocía una pericia negativa realizada por el CAI a la progenitora que impedía que volviera con la madre”. Indica que, técnicamente se opinó favorecer las salidas de fin de semana con la progenitora, situación que perduró durante un par de meses, pidiendo luego la progenitora no tener más contacto con la hija, por existir dificultades de vinculación, implementándose la estrategia de vincularla con su hermana Janet que se encontraba a cargo de una familia sustituta.

Los testimonios son contestes en cuanto al abandono de la menor por parte de su madre, quien no la visitaba estando aquélla internada con el trastorno señalado, calificándola como madre abandónica, típico de madres que no pueden ejercer un rol materno adecuado (139/140) , encontrándose internada la menor desde los primeros meses o años de vida y estando siempre institucionalizada, pudiendo atribuirse los graves trastornos de conducta, a una grave disfunción familiar y un abandono temprano por parte de su familia (fs. 142). Las versiones testimoniales de fs. 143, 144 ratifican el abandono materno temprano de W., a los seis meses de vida (fs. 145).

El testimonio de fs.146, valorado detalladamente – insisto – en la sentencia en recurso, es contundente en cuanto afirma que la niña “tenía un sentimiento de depresión y angustia porque ella sentía que nadie la quería y sobre todo lo que a ella más le angustiaba era la falta del afecto de la mamá. Eso era . Lo más significativo. La sensación de indefensión, de desamor de la mamá y el abandono de la mamá, que eso era la causa principal de todos sus problemas de conducta”.

En el mismo sentido, la desvinculación de la madre en relación a su hija, surge palmaria de los instrumentos glosados a fs. 252/271, correspondientes a actuaciones cumplidas en los autos n° 22.831, venidos al Tribunal AEV.

Con tales fundamentos, se afirma en la sentencia de grado que “Analizados tales testimonios de los profesionales rendidos en autos, con el rigor que exige este tipo de prueba, no cabe duda que la actora tenía una actitud abandónica con su hija y que con respecto a ella no podía ejercer un rol materno adecuado, además ha quedado demostrado su desinterés por el tratamiento de su hija y la falta de contención maternal y familiar que presentaba la niña agravaron el cuadro de base que presentaba”. Por ello, resulta inconmovible la conclusión a la que arriba la juzgadora, en cuanto expresa que “Por todo lo expuesto entiendo que el rubro debe ser rechazado ya que la actora no cumplió con su rol materno durante la vida de su hija y a pesar de los esfuerzos de los profesionales que la atendieron, la actora no colaboró en la contención, cuidad y estabilidad emocional de la menor”.

No puede ser atendido, así, el agravio fundado en que la juez no valoró las circunstancias y par ticularidades socio económicas del entorno familiar y personal que rodean la situación de la actora y su hija, afirmándose que se realizó una lectura superflua, colocándose en una posición alejada de la realidad social que tiene como escenario el caso en trato.

Sostengoque no es el objeto de la litis la dilucidación de las razones que determinaron el vínculo disfuncional existente entre la madre y la niña, sino el juzgamiento acerca de la existencia del daño moral por el que reclama la apelante, el que en el caso no se encuentra configurado. No advierto en modo alguno que exista deficiencia en la valoración de los medios probatorios incorporados al proceso, los que además resultan lapidarios para la pretensión de la actora.

Las particularidades del caso permiten considerar destruida, por prueba en contrario, la presunción de daño moral por la muerte de la hija de la pretensora.

Los agravios, en realidad, más que constituir una crítica razonada de la sentencia motivo de recurso, pretenden que el caso sea juzgado con nuevos parámetros, conforme nuevos hechos no introducidos en la etapa de la traba de la litis, cual es que la apelante no puede ser juzgada con el parámetro de un “buen padre de familia” porque sus condiciones particulares, culturales y socio económicas, determinan su inaplicabilidad. Se alega que padece también trastornos de personalidad y escasos recursos económicos, por lo que su obrar es el resultado de una condición genética y social, más que de un proceso volitivo conciente.

Insisto con que, en el caso, no se juzgan las razones por las cuales la madre, lamentablemente, no pudo asumir el rol materno y establecer un adecuado vínculo con su hija. En autos se dilucida la existencia de los daños por lo que reclamó una indemnización económica, a raíz de la muerte de la menor W.

Tales hechos, planteados en la alzada constituyen una novedad, no sometida a conocimiento y meritación del Juez de la instancia inferior, por lo que el debate en tal aspecto, también queda vedado en esta instancia.

Las facultades del Tribunal ad quem se encuentra limitadas al tratamiento de la plataforma fáctica y defensiva planteada en primera instancia, siempre que constituyan materia de agravio en la alzada.Consecuentemente, no puede emitir pronunciamiento sobre cuestiones no sometidas a decisión del Juez de Primera Instancia. En tal sentido, se ha dicho que el Tribunal de Alzada tiene cercenado su accionar por los límites de la relación procesal de primera instancia (Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los recursos ordinarios”, pág. 388). El Tribunal tampoco puede modificar, ampliar o restringir los hechos controvertidos y defensas planteadas, bajo pena de incurrir en nulidad por violación del principio de congruencia que lo conmina a resolver dentro de los límites de la pretensión y defensas deducidas en primera instancia. La jurisprudencia tiene dicho al respecto que: “Los principios de igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, fundados en la garantía del debido proceso y en la inviolabilidad de la defensa en juicio, son el basamento a su vez del principio de congruencia, íntimamente relacionado con la “litis contestatio”. Esta constituye el encuadre infranqueable dentro del cual debe procederse a la producción de la prueba, a su valoración y como se dijo, adecuarse el pronunciamiento que se dicte, so peligro de incurrir en extra o ultra petita, de dictarse una sentencia incongruente o arbitraria, por resolver cuestiones no debatidas” (CC4°, Expte. 33.425, “Morales Garate, Mónica del Carmen c/ Bustos Mercado, Oscar Alfredo y ots. p/ D. y P.”, 09/09/2011, L.S. 229 – 011).

Por los argumentos expuestos, propicio el rechazo del recurso interpuesto y la consecuente confirmatoria de la sentencia apelada.

Así voto

La doctora Miquel adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión la Dra. Isuani dijo:

Las costas correspondientes a ambas instancias deben ser soportadas por la actora – apelante que resulta vencida (art. 36, inc. I , del C.P.C.).

Así voto.

La doctora Miquel adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA.

Mendoza, 10 de agosto de 2.012.

Y VISTOS: lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:I.- Rechazar el recurso de apelación deducido a fs.499 por la accionante contra la sentencia dictada a fs. 459/472, la que se confirma en todas sus partes.

II.- Imponer las costas a la apelante vencida(arts. 35 y 36 del C.P.C.).

III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. FEDERICO CATANESE, MARÍA MRTA MENEGAZZO, MARIO DANTE ARANITI, GRACIELA M. F. de GHERZI, JUAN MATÍAS MONTOYA, JUAN IGNACIO CIMINO, MARÍA FABIANA CAÑAS y PEDRO GARCÍA ESPETXE en las sumas respectivas de PESOS. ($.); PESOS . ($.); PESOS .($.); PESOS .($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.) y PESOS . ($.) (Arts. 15 y 30 L.A.).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Marina Isuani. Conjuez de Cámara.

Silvina Miquel. Juez de Cámara.

Se deja constancia que la presente resolución es firmada por dos Magistrados atento a encontrarse vacante el tercer lugar en virtud de haberse acogido a los beneficios de la jubilación la Dra. Ana María Viotti a partir del 01 de Agosto de 2.012. (art. 141 Ap. II  del C.P.C.).

Marcelo Olivera. Secretario.

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