Camous, Carlos B. c/ Volpino Laboratorios, S.A.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 20-feb-1997

Cita: MJ-JU-M-34414-AR | MJJ34414 | MJJ34414

Sumario:

1.-Tratándose de un trabajador que percibía sueldo y participación en una comisión colectiva calculada mediante un porcentaje de las ventas mensuales, la mejor remuneración a efectos indemnizatorios es la más elevada de la suma de los diversos conceptos, sin que sea necesario promediar las comisiones. 2.—No procede el pago por días feriados nacionales a trabajadores retribuidos con sueldo mensual y participación en una comisión colectiva. 3.—La doctrina del plenario Nucífora», que se refiere a los viajantes de comercio no es aplicable a los agentes de propaganda médica a efectos de ser compensados por las comisiones que dejan de devengar los días feriados nacionales. 4.—Es insuficiente la remisión a la ley 24.283 que no ha sido acompañada con la demostración concreta de que se verifica en el caso la distorsión de valores que constituye el presupuesto de aplicación de dicha ley.

Fallo:

El doctor Morando dijo:

«1 La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro de diferencias de indemnizaciones y reliquidación póstuma de ciertas partidas retributivas. Ambas partes vienen en apelación, y, a mi juicio, ambos recursos son en partes razonables.

2ºEl del actor lo es en cuanto atañe a las diferencias que se le adeuden por insuficiente liquidación de la indemnización del art. 245 L.C.T.

En efecto, la norma establece la base de cálculo de la indemnización en la suma equivalente a la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año de prestación de servicios, sin distinciones fundadas en las diversas modalidades de determinación del salario. En el caso se trata de un trabajador que percibía, además de un sueldo, una participación en la comisión colectiva resultante de la aplicación de un porcentual al importe de las ventas mensuales de la empresa —modalidad extendida en la actividad de los agentes de propaganda médica—. La mejor remuneración que se debió escoger como base de cálculo es aquella en la que la suma de los diversos conceptos aparece como más elevada, sin que sea menester obtener promedios de comisiones, operación que en otros supuestos viene normativamente impuesta o es necesaria a efectos de obtener resultados operativos razonables —como ocurrió, en el caso, respecto de la indemnización sustitutiva del preaviso—.

Del informe contable resulta que la mejor remuneración mensual fue la de abril de 1991, que ascendió a $ 1.701,11, y que la indemnización por despido debió ser de $ 39.125.53. Se le adeuda $ 12.101.44.

No lo es en cuanto insiste en obtener el pago de retribuciones por días feriados nacionales, que no procede bajo ninguna modalidad de determinación, ya que el art. 166 L.C.T.ordena el pago de tales salarios a los trabajadores que en esos días no gozaren de la remuneración, y el actor, retribuido mediante sueldo mensual y participación en una comisión colectiva, no se veía privado de aquélla debido a la prohibición de trabajar, como ocurre con los jornalizados. Tampoco es aplicable la doctrina del Plenario Nucífora(*), que se refiere a los viajantes de comercio para afirmar su derecho a ser compensados por las comisiones que dejan de devengar como consecuencia de esa misma prohibición. Ello así, porque el actor no era vendedor, ni sus comisiones dependían de su propia actividad personal. Se le reconocía un porcentaje del importe de las ventas totales de cada período y esa comisión recompensaba la labor de difusión y promoción que tanto él, como jefe de un equipo, como la totalidad de los agentes de propaganda médica, realizan de los productos elaborados por la empresa, fomentando indirectamente las ventas, incluso las que resultan de pedidos directos de los clientes. La variabilidad del monto de las comisiones no dependía en absoluto de su propia dedicación y empeño, y no se veía alterado —en más o en menos—, por la prohibición legal de trabajar en ciertos días.

El tercer agravio del actor —que se ha quejado también por las regulaciones de honorarios— se refiere a la distribución de las costas, y tendrá satisfacción —como el de la perito contadora, quien postula la elevación de sus honorarios— en la propuesta de pronunciamientos sobre esos temas que pondré a consideración de los jueces que me siguen en orden de voto.

3ºEl recurso de la demandada comienza con una queja conjetural inatendible acerca del crédito por «diferencias en el pago de comisiones e incentivos», que remite a una investigación contable del Tribunal a cerca de los lapsos a los que corresponde la suma de $ 253,33 reconocida por ese concepto.Era carga del quejoso demostrar que en ella se han incluido períodos de pago alcanzados por la prescripción extintiva, conforme al principio de autosuficiencia del recurso de apelación (art. 116 del ordenamiento procesal laboral; 265 y 266, C.P.C.C.N.). Es, igualmente, insuficiente la remisión a la ley 24.283, que no ha sido acompañada con la demostración concreta de que se verifica en el caso —o se verificaría de utilizarse el método de cálculo de las acreencias establecidas en la demanda—, la distorsión de valores que, según su art. 1º, constituye el presupuesto de aplicación de dicha ley.

Es procedente el agravio relativo a la ayuda para la renovación del automotor que la demandada reconocía a los trabajadores que ponían su propio automóvil al servicio de la tarea. No se discute que tal era la condición a la que se subordinaba la entrega de una suma de dinero —que se ha fijado en $ 2.000—, cada tres años aproximadamente. Este beneficio marginal fue suspendido en 1988 y rehabilitado en 1991, después del egreso del actor. Este —que no dijo haber renovado su unidad en el período indicado, ni objetó la legitimidad de la suspensión— no era ya dependiente de la demandada cuando se puso en vigor nuevamente, ni, por lo tanto, supuesta la intención —o la necesidad— de adquirir un nuevo vehículo, ya no lo pondrá a disposición de su ex empleadora. Adviértase —ya que se ha citado el art. 76 L.C.T.— que no se trataba de una compensación por el desgaste del automóvil, ni por el perjuicio derivado de ello, sino de una ayuda para la adquisición de un nuevo automotor que sería utilizado en el trabajo, por lo que, en el mejor de los casos, funcionaba como una compensación tarifada previa de los daños eventuales y futuros que podría experimentar la unidad nueva.»

El doctor Fernández Madrid adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del precedente acuerdo, el Tribunal resuelve: 1)Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y dejarla sin efecto en cuanto difiere a un cálculo pericial la determinación de la indemnización por despido. — Morando. — Fernández Madrid.

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