El trabajador estaba registrado en forma deficiente cuando se dio por despedido pero la falta de intimación previa da como resultado el rechazo de su pretensión

Partes: Miranda Eduardo Nicolás c/ Vidales Fabián y otros s/ despido

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico

Fecha: 14-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73845-AR | MJJ73845 | MJJ73845

No procede la indemnización pretendida por el trabajador, si bien se acreditó que fue registrado con una fecha de ingreso posterior a la real, no intimó previamente al empleador para que subsanara dicha irregularidad argumentando que de todos modos lo despedirían y le generaría un perjuicio económico mayor.

 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de los rubros indemnizatorios, pues si bien se acreditó que el actor fue registrado con una fecha de ingreso posterior a la real, para considerarse despedido debió intimar previamente al empleador para que subsanara dicha irregularidad, requisito legal que no fue cumplido.

2.-Aunque la intimación previa que impone la ley de empleo constituye un requisito para acceder, en caso de que el empleador no actúe positivamente, a las indemnizaciones que el ordenamiento contempla, se trata de un recaudo que, en general, debe ser cumplido por el trabajador cada vez que quiera invocar un incumplimiento del empleador como causal de despido; es una exigencia fundada en el deber de buena fe, que no sólo debe ser cumplida en el caso más frecuente de falta de pago o pago insuficiente del salario, sino en general en todos los casos de incumplimientos, en especial cuando éstos han sido soportados durante un cierto lapso.

Fallo:

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los catorce días del mes de junio del año dos mil doce, se reúne en ACUERDO la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados «MIRANDA, Eduardo Nicolás c/VIDALES, Fabián y otro s/DESPIDO» (expte. Nº 4891/12 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de esta Circunscripción y existiendo unanimidad (art. 257 , C. Pr.) la CÁMARA dijo:

 

I) El trámite: a) Compareció Eduardo Nicolás Miranda e inició juicio laboral contra Fabián Vidales y Víctor Vidales y/o quien resulte responsable o dueño del establecimiento comercial «PK2», ubicado en calle 51, entre 24 y 28, de esta ciudad, por la suma de $ 61.842,47, o la que en más o en menos resulte de la prueba, intereses y costas, en concepto de diferencias salariales, aguinaldo proporcional, indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas e indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 LCT (demanda de fs. 58/61 y planilla de fs. 47/51).

 

Dijo que en enero de 2007 comenzó a trabajar como empleado en el hotel de los demandados, y que no registraron la relación hasta agosto de 2008, luego de sus reiterados reclamos. La registración fue irregular, en una categoría más baja a la real y con una jornada menor que la cumplida.

 

El 30/5/10 fue agredido verbalmente por Fabián Vidales, que lo echó de su lugar de trabajo, le dijo que no volviera más y le arrojó un cepillo de ropa con el fin de lastimarlo, lo que le produjo una crisis nerviosa y una descompensación. Formuló una exposición policial (fs.5) y el 2/6/10 se dio por despedido, en virtud de las injurias recibidas (telegrama de fs. 54). Agregó que el despido verbal dispuesto por el empleador, no fue debidamente fundado ni motivado.

 

Luego de un fracasado intento conciliatorio en sede administrativa, se decidió a iniciar el reclamo judicial, por los conceptos y montos indicados.

 

b) Fabián Horacio Vidales y Víctor Daniel Vidales (tales sus nombres

 

completos) contestaron la demanda a fs. 130/137 y pidieron su rechazo con costas.Admitieron la relación laboral y que registraron al actor en agosto de 2008, aunque negaron sus otras afirmaciones.

 

Dijeron que en enero de 2007 lo contrataron para cubrir una carga horaria de cuatro horas diarias y que sus haberes se abonaron mediante recibos comunes. Cuando se le pudo dar de alta, en agosto/08, comenzó a trabajar ocho horas diarias; entonces se le liquidó, mediante recibo de ley, «por jornada reducida» y el saldo se le entregó bajo recibos comunes.

 

En cuanto al distracto, expresaron que el 31/5/2010 el actor no concurrió a trabajar y envió el certificado médico de fs. 6, que le indicaba 24 horas de reposo y control. No fue a trabajar los días 1 y 2 de junio y entonces lo intimaron a retomar sus tareas, bajo prevención de incurrir en abandono de trabajo (fs. 76). Luego de remitir la comunicación, recibieron el telegrama de Miranda, dándose por despedido. Lo contestaron y rechazaron.

 

Dieron las razones por las que el despido indirecto no da lugar a las indemnizaciones pretendidas y cuestionaron distintos aspectos de la planilla, así como la procedencia de los rubros reclamados.

 

c) El juicio se abrió a prueba a fs. 140 y, una vez producida, se clausuró el período probatorio.d) La sentencia de fs. 260/272 hizo lugar a la demanda en forma parcial y condenó a los empleadores a abonar al actor $ 10.838,26 más intereses. Las costas se impusieron en un 82,48% a Miranda y en el 17,52% a los codemandados.

 

e) Apelaron ambas partes. Los empleadores expresaron agravios a fs.289/291 y fueron respondidos a fs. 293/295.

 

El actor expresó los suyos a fs. 299/300 y sus oponentes contestaron a fs. 304/311.

 

Elevadas las actuaciones, se corrió vista a la Fiscalía del planteo de inconstitucionalidad formulado (fs. 314), y fue contestada a fs. 317.

 

II) La sentencia. Sus conclusiones fueron las siguientes: 1. el demandante no probó su despido por parte de la patronal ni el incidente que invocó como injuria eficiente; 2. la ausencia de una intimación previa por parte del trabajador, para la debida registración, importa un obstáculo insalvable para que se admita una injuria eficiente por tal motivo; 3. lo mismo sucede con la ausencia de intimación para que se regularizara la entrega de recibos; 4. el empleado entró a trabajar para los codemandados el 31/1/2007; 5. la actividad que cumplía encuadra en la categoría «ayudante general» del CCT 397/2004 ; 6. no se le pagaron remuneraciones insuficientes sino que hubo deficiente documentación de los pagos; 7. procede el reclamo por el pago de las vacaciones no gozadas del año 2010 y el SAC del primer semestre del mismo año; 8. debe rechazarse el efectuado por los dos primeros días de junio/2010; 9. también debe desestimarse el reclamo por las indemnizaciones de la ley 25.323 ; 10. corresponde la indemnización del art. 80, LCT.

 

III) Los agravios. Los del actor son los siguientes: 1. el trabajador tuvo justa causa de despido, ya que los empleadores no lo registraron en debida forma; 2. debió indemnizarse el daño moral que sufrió; 3. no debieron imponérsele costas; 4. correspondía enviar de inmediato el expediente a la AFIP.

 

El de los demandados consiste en que no se les debió condenar a abonar la indemnización del art. 80, LCT.

 

IV) El recurso del actor: a) el despido por deficiente registración.No caben dudas de que el trabajador estaba registrado en forma deficiente cuando se dio por despedido, porque lo estaba con una fecha de ingreso posterior a la real, que fue el 31/1/07 (fs. 270). Sin embargo, el juez consideró que, antes de darse por despedido, debió intimar previamente a la empleadora para que lo registrara en debida forma.

 

El apelante, no sólo admite que no hubo intimación previa de su parte, sino que también defiende ese proceder, con el argumento de que si intimaba a los empleadores éstos lo despedirían, lo que le generaría «un perjuicio económico mayor al que efectivamente sufrió (.) en virtud de la pérdida del sustento diario» (fs. 299). El argumento es incomprensible, pues importa afirmar que, para no ser despedido, el trabajador prefirió darse por despedido, con lo que inevitablemente, por su propia decisión, cesó la relación laboral y perdió su fuente de ingresos. Como se advierte, si intimaba y por eso lo despedían, iban a tener que indemnizarlo; pero, como se dio por despedido sin intimación previa, se quedó sin el empleo y sin la indemnización por despido incausado.

 

 

Tanto la no registración del trabajador como el registro deficiente pueden constituir una injuria de tal gravedad que justifique que el dependiente se dé por despedido; «la circunstancia de que la ley que implantó el sistema de registro y de colaboración del empleado para obtener la regularización del empleo, dándole beneficios personales como las multas y la duplicación de la indemnización, no establezca como sanción para el empleador la posibilidad de una denuncia de despido indirecto, no margina la hipótesis de su encuadramiento dentro del esquema general de la LCT dentro del cual encontramos disposiciones claras en torno a la ubicación desfavorable de tal conducta patronal (.) Sobre la base de estos elementos de indiscutible pertinencia, entiendo que la falta de registración o la incorrección de los datos incluidos en ella, opera como un grave incumplimiento que si después de ser intimado, no es satisfecho puede constituir motivojustificado para la denuncia motivada por parte del trabajador afectado» (Ramírez Bosco, en «Ley de Contrato de Trabajo- Comentada, anotada y concordada», dir. Rodríguez Mancini, T. IV, p. 496, ed. La Ley 2007; el remarcado nos pertenece).

 

La ley 24.013 -Régimen Nacional de Empleo- exige, para la procedencia de las indemnizaciones previstas por los arts. 8, 9 y 10 , que el trabajador «intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones», y que además remita a la AFIP copia del requerimiento (art. 11).

 

De este modo, el empleador cuenta con un plazo para registrar al trabajador y evitar las sanciones.Aunque la intimación previa que impone la ley de empleo constituye un requisito para acceder, en caso de que el empleador no actúe positivamente, a las indemnizaciones que el ordenamiento contempla, se trata de un recaudo que, en general, debe ser cumplido por el trabajador cada vez que quiera invocar un incumplimiento del empleador como causal de despido. Es una exigencia fundada en el deber de buena fe (art. 63, LCT), que no sólo debe ser cumplida en el caso más frecuente de falta de pago o pago insuficiente del salario, sino en general en todos los casos de incumplimientos, en especial cuando éstos han sido soportados durante un cierto lapso. En el presente caso se da esta situación, ya que la registración se hizo en forma incorrecta desde 1/8/2008 y el trabajador no formuló ningún reclamo fehaciente hasta que, de pronto -el 2/6/2010- se dio por despedido.El deber de buena fe requiere que siempre se acuerde «a la otra parte la posibilidad de que se enmiende el error en que pueda haberse incurrido o se remedie el daño causado» (C. A. Etala, «Contrato de trabajo», T. 1, p. 226, ed.Astrea 2008).

 

Con referencia al despido indirecto, se interpreta que «para que el trabajador pueda considerarse despedido mediante este instituto debe existir una injuria tal de parte del empleador que impida la prosecución del vínculo laboral, debiendo el trabajador intimar previamente su saneamiento» (Cotrina-Reinoso-Ruiz, en «Extinción de la relación laboral», dir. Ackerman, p. 268, ed. Rubinzal Culzoni 2008 y jur. cit.; el remarcado nos pertenece). Grisolía, a su vez, define al despido indirecto como «el d ecidido por el trabajador ante un incumplimiento del empleador de suficiente gravedad que constituya una injuria que impida la continuación del vínculo; debe ser notificado por escrito, previa intimación al empleador para que revea su actitud (.) En la mayoría de las controversias es exigible que el trabajador -previo a disolver el vínculo- intime al empleador a cesar con su accionar doloso y/o subsanar sus incumplimientos u omisiones» («Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», T. II, p. 966 y jur. cit., ed. Abeledo Perrot 2011).

 

En conclusión, la decisión del a quo fue acertada y el apelante no logró demostrar lo contrario. No está en duda, se reitera, que había una registración defectuosa y que la decisión no beneficia al trabajador, pero la falta de intimación previa da como resultado el rechazo de su pretensión. Como en la apelación no se intenta fundamentar el despido indirecto en otra razón que la examinada, con lo dicho queda respondido el agravio.

 

b) el daño moral. El demandante no pretendió su indemnización, de modo que la cuestión es extraña a la materia litigiosa.

 

La afirmación de que el juez descartó arbitrariamente cierta prueba no se refiere a ningún agravio concreto y tampoco lo expresado en los puntos 3, 4 y 6 altera el análisis anterior; constituyen enunciaciones generales y lamentos por el mal resultado obtenido, que no inciden en la decisión.

 

c) las costas. Como la demanda prosperó en escasa medida, el juez las distribuyó entre las partes de acuerdo a su criterio.El apelante pretende que no debe cargar con ellas y entremezcla el tema de las costas con el beneficio de gratuidad.

 

Como el demandante fue vencido en gran parte de sus pretensiones, debe ser condenado en costas en calidad de tal (arts. 62 y 65 , C. Pr.), lo que no implica abrir juicio sobre lo que sucederá en caso de que se pretenda ejecutar contra él los importes respectivos. Recién en caso de ejecución corresponderá analizar la incidencia de las normas que invoca Miranda, por lo que el agravio actual debe ser desestimado.

 

d) la remisión del expediente a la AFIP. El juez, al dictar sentencia, se ajustó perfectamente a su obligación legal y, como es lógico, dispuso que lo dispuesto en el fallo se cumpliera cuando quedara firme; es obvio que antes no debía pronunciarse sobre los incumplimientos en que incurrieron los demandados. Miranda, por otra parte, ya había denunciado ante la AFIP a los demandados, el 1/7/2010 (fs. 52), de modo que el

 

organismo administrativo estaba desde entonces en condiciones de adoptar las medidas del caso, sin perjuicio de las que pueda adoptar una vez finalizado el pleito.

 

Por las razones expuestas, el recurso del actor debe ser íntegramente desestimado.

 

V) La apelación de los demandados. Se agravian porque se los condenó a pagar la indemnización contemplada por el art. 80, LCT, que sanciona la falta de entrega del certificado y la constancia que indica la norma. Lo hacen porque el requerimiento fue efectuado por el trabajador en el mismo telegrama en que se dio por despedido, en vez de hacerlo en la oportunidad prescripta por el decreto 146/01 .

 

El actor se opone al planteo, sostiene que la indemnización procede aunque la intimación sea coetánea con el despido y plantea la inconstitucionalidad del decreto mencionado, cuestión ésta sobre la que la Fiscalía se expidió a fs. 317.

 

Al darse por despedido, Miranda intimó a la parte empleadora «conforme al art.80 de la LCT entregue certificaciones de servicios previstas y constancias de aportes de acuerdo a la real fecha de ingreso, bajo apercibimiento de ley» (fs. 54).

 

Luego, cuando se presentó ante la Subsecretaría de Trabajo a formular su reclamo, insistió en reclamar la certificación y la constancia (fs. 81).

 

Cuando dedujo la demanda, reclamó el pago de la indemnización (fs. 51 y 60v.).En su contestación, los accionados no se refirieron concretamente a la pretensión, pese a que sí lo hicieron sobre los demás reclamos, y tampoco aportaron la documentación requerida.- El juez, teniendo en cuenta que «las constancias de alta y de baja acompañadas por los codemandados resultan deficientes en lo atinente a la fecha de ingreso», hizo lugar a la indemnización (fs. 271v.).

 

Los agravios actuales no se refieren al argumento del sentenciante sino que aluden a que la intimación no se hizo luego de transcurridos treinta días de la extinción del vínculo laboral, como requiere el decreto 146/01.

 

El tribunal ya se ha expedido sobre la cuestión en casos similares, en el sentido de que «la intimación realizada en forma extemporánea (por anticiparse a la oportunidad legal) no sería un impedimento absoluto para la procedencia de la indemnización, cuando el empleador dejó en claro que no puede o no quiere extender el certificado» (exptes. 4021/08, 4389/10, 4423/10 y 4458/10, r. C. A.), y también tiene dicho que «la contumaz resistencia del demandado a entregar la documentación prevista por el art. 80 LCT, deja en evidencia la indiferencia de la oportunidad en que se cursó la intimación» (exptes. 4423/10 y 4472/10, r. C. A.; Bol. Jur. No. 69, Cám. Civ. G. Pico, p. 5/6).En una situación semejante, la CNTrab., sala IV, resolvió que «el empleador debe abonar la multa prevista en el art. 80, LCT, pues si bien el trabajador cursó de forma prematura la intimación para que se le entreguen los certificados laborales, esto es, antes del plazo mencionado en el art.3 del decreto 146/01, aquél negó la relación laboral, con lo que demostró su decisión de no cumplir con la obligación de entregar los instrumentos, máxime cuando ni siquiera a lo largo del pleito los ha entregado» (DT, diciembre 2011, p. 3279 y jur. cit.).»Es procedente aplicar la multa dispuesta por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, si el trabajador reclamó la entrega de los certificados respectivos en el mismo telegrama en el que se consideró despedido, en tanto que la patronal no acompañó tales instrumentos ni dentro del plazo que supone el art. 146/01, ni en ninguna otra oportunidad» (CNTrab., sala VI, con voto de Fernández Madrid, DT junio/2001, p. 1468).

 

La circunstancia de que el trabajador haya efectuado la intimación antes del plazo establecido por el discutido decreto 146/01 no libera al empleador de su obligación de entregar la documentación a la que se refiere el art. 80, LCT, ni de la sanción en caso de incumplimiento, de modo que, una vez intimado, aún de esa manera, la objeción que formula no pasa de ser una excusa inadmisible para no cumplir con sus obligaciones.

 

Por estas razones, el recurso será desestimado, lo que torna innecesario examinar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la segunda instancia. Corresponde, en definitiva, rechazar las apelaciones de ambas partes. Las costas deben repartirse entre ellas y, aun cuando la distribución efectuada por el a quo no se ajusta estrictamente a lo dispuesto por el art. 65, C. Pr., al no haber objeciones respecto de este punto se impondrán en la alzada de la misma manera.En consecuencia, la Cámara de Apelaciones:

 

RESUELVE: I.- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes.II.- Imponer las costas de alzada en un 82,48% al actor y en un 17,52% a los codemandados.

 

III.- Regular los honorarios de alzada de los Dres. David José DIVÁN, Sergio Darío FRESCO, María Jorgelina GÓNDOLO, Patricia LARRE de CAMPO, Aníbal A. CAMPO y Abel A. CAMPO en el 30% de los fijados para primera instancia, más el IVA si correspondiere.

 

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen.

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