¿La actuación del profesional con mandato no revocado en forma expresa y en un juicio sucesorio no concluido es susceptible de prescribir?

Partes: Carriere Julio Abel, Maria Angelica Sabao y Leticia Maria Carriere Sabao de Palca s/ sucesorios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes   Sala/Juzgado: IV

Fecha: 22-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73297-AR | MJJ73297 | MJJ73297

La existencia de un proceso en trámite y la subsistencia del mandato del profesional no es óbice para decretar la prescripción de aquellos trabajos que fueron realizados por el profesional cuando éste dejó de actuar en el proceso durante cinco años.

Sumario:

1.-La propia legislación de fondo -art. 4023 CCiv.- habilita la posibilidad de que prescriba el derecho a honorarios cuando han transcurrido más de cinco años desde la fecha en que aquellos fueron devengados por más que el mismo profesional prosiga con el trámite del juicio no concluido, tratándose de un supuesto de excepción de muy difícil aplicación ya que presupone que el profesional no ha realizado ningún trabajo durante ese lapso, dado que si lo hubiera hecho se estaría frente a un supuesto de interrupción de la prescripción.

2.-Tratándose de un juicio sucesorio que aún no puede ser considerado finiquitado y donde además el mandato del profesional debe entenderse vigente, resulta aplicable la prescripción quinquenal, contado desde el último servicio prestado por el abogado a su cliente.

3.-Resulta inadmisible el agravio del recurrente en orden a que fue recién cuando se ordenó la venta del inmueble que pudo determinarse base cierta para la regulación, ya que las operaciones de inventario y avalúo ya se encontraban firmes, y desde entonces existía la posibilidad de requerir regulación de honorarios, tal como lo hicieran y obtuvieran otros profesionales.

4.-La eventual modificación del haber hereditario -cuestión común en el juicio sucesorio- no es óbice para que el profesional obtenga regulación de sus trabajos en tiempo, pues cualquier alteración del inventario y avalúo pueden dar lugar a una regulación complementaria.

 

Fallo:

 

Corrientes, 22 de junio de 2012.-

 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “CARRIERE JULIO ABEL MARIA ANGELICA SABAO Y LETICIA MARIA CARRIERE SABAO DE PALCA S/ SUCESORIOS”.- EXPTE. NRO. 26.470.

 

Y CONSIDERANDO: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA EUGENIA SIERRA DE DESIMONI DIJO:

 

1.- Que vienen estos autos a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación y nulidad incoados a fs. 695/697 vta, por el Dr. Mario Espíndola contra la Resolución N° 439 obrante a fs. 686/688 vta., por la cual se hizo lugar al planteo de prescripción opuesto por el Dr. Rafael Morante Serneguet y se declaró prescriptos los honorarios del recurrente.

 

Previa sustanciación (fs. 698) y contestación (fs. 699/702), los recursos fueron concedidos por auto n° 14714 (fs. 703) en relación y con efecto suspensivo. Elevadas las actuaciones a esta instancia (fs. 784/785), se llamó autos para resolver con la misma integración y orden de votación establecido en el incidente de ejecución de Honorarios promovido por el Dr. Daniel Miranda Gallino (fs. 787).

 

2.- Se agravia el recurrente de la prescripción decretada aduciendo que ha mediado una equívoca, parcial y arbitraria apreciación de las constancias de autos, así como una errónea aplicación de la norma jurídica y un cercenamiento al derecho de propiedad de su parte. En orden a la nulidad expresa que la resolución carece de fundamentos serios, al tiempo que viola el principio de congruencia.

 

Argumenta que en el proceso sucesorio, al no haber sentencia definitiva, cualquier plazo para la prescripción sólo puede principiar después de la inscripción de los bienes o sobreseimiento. Y concluye que como ello nunca sucedió, el plazo de prescripción no tuvo comienzo.- En ese sentido considera que el A quo incurre en incongruencia cuando en el Considerando IV reconoce que estos procesos finiquitan cuando se han practicado las inscripciones registrales -admitiendo que ello no acaeció en autos- y sin embargo decreta la prescripción.

 

Critica especialmente el plazo de prescripción de cinco años aplicado por la A quo y dice que tratándose de un poder no revocado y una sucesión no terminada correspondía atenerse a la prescripción decenal prevista en el art. 4023 del C. C.

 

Por otra parte asevera que nunca existió base regulatoria cierta y actualizada, como sostuvo la A quo, ya que el inventario aprobado en autos fue modificado y recién cuando se ordenó la venta del inmueble se pudo determinar base cierta. Sin perjuicio de ello, considera que la existencia o no de inventario es una cuestión que no influye en el caso, porque insiste en sostener que al no haber cesado su intervención nunca hubo labor terminada para que principie el plazo de prescripción.- Agrega que no se tuvo en cuenta el carácter restrictivo de interpretación, así como la circunstancia de que la prescripción no puede ser articulada como acción sino que debe ser como excepción.

 

Puntualiza que debió tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial mayoritario, conforme al cual el plazo de prescripción para los honorarios no regulados es de diez años.

 

Finalmente cita un precedente de esta Cámara (Báez Macedonio s/ Sucesorio) en apoyo de su postura y se agravia de la imposición de costas.

 

3.- Resumidos de tal forma los agravios del recurrente, corresponde avocarme en primer término al planteo de nulidad formalizado.

 

Al respecto, este Tribunal tiene dicho que resulta estéril admitir la nulidad cuando los defectos que se invocan pueden subsanarse -en caso de existir- en la apelación concedida y estas críticas fueron introducidas al fundar el recurso de apelación (conf. Podetti, R, Derecho Procesal Civil y Comercial”, “Tratado de los actos procesales”, t.II, 1955, p. 488; id. “Tratado de los recursos”, 1952, p.17; Alsina Hugo, “Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, t. II, 1961, p. 630, Palacio Lino, “Derecho Procesal Civil”, t. IV, p. 168, Fassi, S., “Código Procesal Civil y Comercial”, t. I, 1971, p.p. 438 y ss.; Fenochietto y Arazi, “Código de Procedimientos Civil y Comercial”, t. I, p. 792; Esta Sala: Resolución N° 324 del 28/04/04, Expte. N° 714; Resolución N° 574 del 23/09/04, Expte. N° 2114; Sentencia N° 57 del 1/06/05, Expte. N° 2338, entre tantos otros).

 

Por tanto, cabe desestimar la nulidad ya que sus agravios serán abordados en el marco de la apelación deducida.

 

4.- En orden a lo expuesto, y teniendo en cuenta los agravios expresados, debe comenzarse por dejar en claro que la temática vinculada a la forma de plantearse la prescripción, esto es si la misma puede oponerse al momento de pedirse regulación o si por el contrario debe esperarse a que el obligado sea intimado a su pago, es ya una cuestión superada en nuestra jurisprudencia admitiéndose en la actualidad que la misma puede ser válidamente introducida en la etapa regulatoria.

 

Así lo ha reconocido el Superior Tribunal de Justicia in re “Balbi de Ordenavía Marta B. c/Estado de la Provincia de Corrientes.” (Expte. N° 12537) donde cambiando la posición asumida en “Godoy Norma c/Superior Gobierno de la Provincia s/Acción de Amparo” (Expte. Nº 12.542) dejó sentado que la prescripción resulta oponible en el trámite de regulación, criterio que concuerda con la postura asumida por esta Sala en varios precedentes (Expte. N° 21.278; “BENÍTEZ IRBID JUDITH LUCÍA C/ESTADO Y PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/ACCIÓN DE AMPARO” Resolución N° 61 del 27/08/2008; Expte. N° 2355. “PASIAN NILDA ELIDIA TERESA Y MANUEL BERNARDINO VALDEZ S/ SUCESORIO”, Resolución N° 457, del17/12/2008).

 

5.- Aclarado ello e ingresando a la concreta materia en debate, entiendo que son dos las cuestiones que merecen considerarse.En primer lugar, si la actuación del profesional con mandato no revocado en forma expresa y en un juicio sucesorio no concluido es susceptible de prescribir o si por el contrario no puede hablarse en este supuesto de prescripción, tal lo afirmado por el recurrente. Y, posteriormente, corresponderá establecer cuál es el plazo de prescripción y a partir de qué momento comienza su cómputo. a.- En relación a la primera cuestión, debo destacar que existe un sector doctrinario para quienes no cabe hablar de prescripción durante el curso del pleito. Se afirma esta posición en que la relación del abogado con su cliente es de locación de obra y no de servicios, de manera que los honorarios sólo deviene exigibles una vez que concluyó el pleito (ver al respecto los autores citados al pto. 29 de la pág. 856 de la obra “Código Civil y normas complementarias.” T. 6 B, Bueres – Highton), y se fundamenta en lo preceptuado por el art. 1636 del Código Civil en cuanto prevé que “el precio de la obra debe pagarse al hacerse entrega de ella.” Conforme a este criterio, al no encontrarse concluido el pleito o no haber cesado la intervención del profesional, no comienza el plazo de prescripción.

 

Sin embargo esta postura -defendida por el recurrente- confronta y se aparta de lo establecido en la última parte del art.4023 del Código Civil, cuando expresamente prevé el supuesto del pleito no concluido y proseguido por el mismo abogado, estableciendo que en éste caso la prescripción será de cinco años.- De modo que la propia legislación de fondo habilita la posibilidad de que prescriba el derecho a honorarios cuando ha transcurrido más de cinco años desde la fecha en que aquellos fueron devengados por más que el mismo profesional prosiga con el trámite del juicio no concluido.

 

En realidad hay que entender que se trata de un supuesto de excepción de muy difícil aplicación ya que presupone que el profesional no ha realizado ningún trabajo durante ese lapso tiempo, dado que si lo hubiera hecho estaríamos frente a un supuesto de interrupción de la prescripción.

 

Y ello así porque la tendencia predominante estima que la sucesiva presentación de escritos judiciales opera una suerte de interrupción de la prescripción, es decir que la prescripción en curso se interrumpe con cada trabajo cumplido en el juicio por el profesional y sólo se cumple con respecto a todos los trabajos anteriores, cuando la inactividad suya se ha mantenido durante cinco años (cfr. Santos Cifuentes – Código Civil comentado y anotado, T. 4, Ed. La Ley, p.837).- Cabe concluir entonces que la existencia de un proceso en trámite y la subsistencia del mandato del profesional no es óbice para decretar la prescripción de aquellos trabajos que fueron realizados por el profesional cuando éste dejó de actuar en el proceso durante cinco años.

 

Conforme a esta conclusión, ningún reproche puede hacerse al razonamiento del A quo quien, como surge de lo expresado, decidió el caso conforme a derecho sin incurrir en ningún supuesto de incongruencia como afirma el recurrente.- b.- Con relación al plazo de caducidad, cabe tener especialmente en cuenta la distinción efectuada por la Corte y reiteradamente sostenido por nuestra jurisprudencia, en orden al derecho que le asiste al profesional de obtener regulación y por otra parte el derecho a cobrar los honorarios ya regulados.

 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en materia de honorarios debe distinguirse entre el derecho a cobrar honorarios cuando ya han sido regulados y el derecho a que se regulen -haya o no condenación en costas- dado que mientras en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal (“Ford Motor Arg. c/ Fisco Nacional”, ED 146-201, en sentido similar se pronunció también en sentencia del 05/11/96, “Formosa c/ Estado Nacional -Nulidad”, citado por Luis Moisset de Espanés y Manuel Cornet en la obra “Prescripción”, Ed. Alveroni, 2005, p.139).

 

Vale decir que la prescripción de diez años que el recurrente dice aplicable al sublite, no corresponde al supuesto de honorarios no regulados.

 

En este supuesto (honorarios no regulados) el plazo de prescripción es, en principio de dos años, y excepcionalmente será de cinco años, pero nunca de diez años que e s el plazo reservado para el cobro de honorarios ya regulados (ver al respecto “Honorarios judiciales”, T. 2, Julio Federico Passarón – Guillermo Mario Pesaresi, Ed. Astrea, pp.374/375).- Dicho ello, cabe concluir que en el caso de autos, tratándose de un juicio sucesorio que aún no puede ser considerado finiquitado y donde además el mandato del profesional debe entenderse vigente (tal lo razonado por la A quo y admitido por el recurrente) resulta aplicable la prescripción quinquenal al que se hiciera referencia supra.

 

Al respecto, tengo dicho que en el caso de una sucesión no terminada, los honorarios prescriben en el término de cinco años contados desde el último servicio prestado por el abogado a su cliente (mi voto en autos “BRISCO MARTIN ALBERTO Y MARIA MANUELA BASTOS LAPIERRE DE BRISCO S/SUCESORIO”, Expte. N° 20.352; Resolución N° 190, del 26/10/2011). c.- En dicho precedente he señalado que el “dies a quo” debe encontrarse en el último servicio prestado por el abogado a su cliente, tal el criterio adoptado por la A quo.

 

Sin perjuicio de lo expuesto, reconozco que existe otra posición doctrinaria y jurisprudencial conforme al cual en un juicio sucesorio el comienzo del cómputo de la prescripción debe estar vinculado a la determinación del haber hereditario (ver al respecto la jurisprudencia citada por Graciela Medina en su obra “Proceso Sucesorio”, 3ª edic. pp. 371/372). De hecho ese criterio lo he sostenido en autos “PASIAN NILDA ELIDIA TERESA Y MANUEL BERNARDINO VALDEZ S/ SUCESORIO” (Expte. N° 2355; Res. N° 457, del 17/12/2008) porque en ese caso se había diferido expresamente el derecho a obtener regulación para el momento de quedar firme las operaciones de inventario y avalúo. En otras palabras, existía una decisión judicial que sujetó su derecho al cumplimiento de una condición -adquisición de firmeza de las operaciones de inventario y avalúo- con el consecuente efecto de diferir en el tiempo su exigibilidad.

 

Volviendo sobre este caso, comparto el criterio de la A quo y entiendo que el comienzo de la prescripción debe ubicarse en la última actuación del profesional.- Pero aún de considerar el criterio del recurrente, esto es la fecha en que se determinó el valor del haber hereditario, considero que igualmente transcurrió el plazo quinquenal de prescripción.

 

En efecto, dice el recurrente que fue recién cuando se ordenó la venta del inmueble (al que hace referencia el convenio de fs. 553 y vta.) que pudo determinarse base cierta para la regulación.- Ello no es así. Las operaciones de inventario y avalúo ya se encontraban firmes como bien dice la A quo (fs. 266/267 y fs. 271) y desde entonces existía la posibilidad de requerir regulación de honorarios tal como lo hicieran y obtuvieran otros profesionales (a modo ilustrativo ver regulación de fs. 345 y vta.).

 

La eventual modificación del haber hereditario -cuestión común en el juicio sucesorio- no es óbice para que el profesional obtenga regulación de sus trabajos en tiempo, pues cualquier alteración del inventario y avalúo, pueden dar lugar a una regulación complementaria.- En síntesis. Los honorarios del Dr. Espíndola devengados por su actuación en autos se encuentran prescriptos a la luz de lo establecido en la última parte del inciso 1° del art. 4032 del Código Civil, por haber transcurrido más de cinco años de la fecha de su última actuación, plazo que también ha transcurrido desde la fecha en que fueron aprobadas las operaciones de inventario y avalúo (7/08/2000, fs. 271 vta.).

 

Razón por la cual corresponde confirmar la Resolución en crisis en cuanto hace lugar al planteo de prescripción.En orden a las costas, entiendo que en el caso puede flexibilizarse el criterio objetivo de la derrota en razón de que existe opinión doctrinaria y jurisprudencial que avala la postura del recurrente conforme lo expresé al punto “5º a” de este voto.

 

6.- Por lo expuesto, de ser compartido este voto corresponderá: 1) RECHAZAR EL RECURSO DE NULIDAD Y HACER LUGAR PARCIALMENTE AL RECURSO DE APELACIÓN, confirmando el punto 1° de la recurrida y modificando exclusivamente el punto 2º debiendo imponerse las costas por su orden. 2) Costas por su orden.

 

Es mi voto.-

 

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO: –

 

1.- Que voy a adherir al voto que antecede, agregando por mi parte solo a mayor abundamiento, las siguientes consideraciones.-

 

En primer lugar, no puedo dejar de advertir que son los casos como el presente los que merecen especial atención porque justamente es en procesos de esta naturaleza donde se ventilan de manera recurrente diferentes planteos relacionados con la prescripción del honorario del letrado o del procurador y precisamente en función a esas grandes divergencias es que la jurisprudencia ha seguido los vaivenes de esas diferentes interpretaciones porque ante la variada casuística que se presenta, resulta dificultoso establecer un sistema perfecto de todas las circunstancias.-

 

Descartado el agravio que refiere a que en autos resulta aplicable el plazo de prescripción decenal – tal como lo hizo la Sra. Vocal preopinante- por cuanto conforme de nuestro Máximo Tribunal Nacional el mismo rige solo para los casos de honorarios regulados, es decir, con respecto al derecho a percibir su cobro, he sostenido en recientes pronunciamientos dictados en esta Sala que en el caso de créditos por honorarios no regulados del abogado que cesó en su ministerio, cualquiera sea la causa que le dio origen, prescribe a los dos años contados desde el hecho determinante de la cesación (Art. 4032 inc.1 , primera parte del Código Civil). Pero tratándose de un pleito no concluido, que es proseguido por el mismo letrado, rige la prescripción quinquenal, cuyo cómputo se inicia a partir del último trabajo profesional (Art. 4032 inc. 1°, parte final). En tal sentido, mi voto in re “BRISCO MARTIN ALBERTO Y MARIA MANUELA BASTOS LAPIERRE DE BRISCO S/SUCESORIO”, Expte. Nro. 20352, Resolución N° 190 del 26-10-2011; voto de la Dra. Sierra de Desimoni, al que adherí en autos: “RAMIREZ DE OJEDA MARTINA ANTONIA S/SUCESORIO”, Expte. Nro. 3967, Resolución N° 222 del 02-12-2011, entre otros.

 

En el caso en análisis, ninguno de los supuestos previstos por el Art. 53 del C.P.C.C. para tener por cesada la representación se han configurado y menos aún en particular, con respecto a la causal prevista en el inc. 1° -revocación del mandato- por cuanto dicha norma prevé que tal revocación se halla sujeta a dos condiciones: ser expresa y formulada en el expediente. No dándose las mismas debe colegirse que la revocación no se produjo y por tanto, el mandato sigue vigente. Como consecuencia de ello, tampoco rige el plazo bienal de prescripción liberatoria.-

 

Sí, en cambio, resulta operativo el plazo quinquenal establecido por la parte final del inc. 1° del Art. 4032 C.C. que prevé el supuesto de pleito no terminado y proseguido por el mismo abogado. Para considerar terminado este tipo de procesos debe haber partición e inscripción de la cuenta particionaria si correspondiere, es decir, que el plazo se computa desde que se hubieran practicado las inscripciones registrales pertinentes o en su caso, desde la división del patrimonio relicto.Tal ha sido el criterio fijado en los precedentes ut-supra señalados.

 

Dado que no puede considerarse a este pleito como terminado y siendo que el mandato conferido continúa vigente, el plazo de cinco años debe computarse “desde que se devengaron los honorarios”. Y los honorarios se devengan con la realización de los trabajos, por tanto, forzoso es determinar cual es la última actividad prestada por el abogado a su cliente, coincidiendo también en éste aspecto con la Sra. Vocal preopinante.

 

Por tales razones, adhiero al voto que antecede y me expido en idéntico sentido, incluso en cuanto al modo en que fueron impuestas las causídicas. ASI VOTO.

 

Por todo ello, S E R E S U E L V E: 1°) RECHAZAR el recurso de Nulidad y HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Apelación, confirmando el punto 1° de la recurrida y modificando exclusivamente el punto 2º debiendo imponerse las costas por su orden. 2°) Costas por su orden. 3°) INSERTESE copia, regístrese, notifíquese y consentida que fuera, devuélvase al Juzgado de origen.

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