Peña Robirosa Sebastián c/ Telearte S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 24-nov-2010

Cita: MJ-JU-M-62742-AR | MJJ62742 | MJJ62742

Si bien el trabajador se encontraba inscripto como autónomo con fecha anterior a la denunciada como ingreso en las accionadas, ello no resultaba obstáculo para la existencia de la subordinación en atención al principio de la primacía de la realidad, pues de las pruebas se evidencia la existencia continuada y reiterada de pagos mensuales similares en su importe.

Sumario:

1.-Corresponde a las demandadas la prueba de la relación contractual de una locación de servicios, dado que se hallaba controvertida la naturaleza del desempeño del actor, quien alegó ser un trabajador dependiente, pero está reconocida la prestación de servicios personales; así, se verifica en el caso el sustractum fáctico previsto en el art. 23 de la LCT para activar la presunción allí contenida y en efecto, dicha norma establece que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

2.-De la prueba testimonial surgen acreditadas las circunstancias denunciadas al inicio, es decir que el actor concurría a la oficina de lunes a viernes, que sus superiores les daban las órdenes de trabajo y que tenía un escritorio en planta baja del edificio de la demandada, y más allá de que no todos los testigos que declararon en autos pudieron dar certeza en cuanto a los días que trabajaba el accionante, las declaraciones testimoniales dan cuenta en general, de las notas características de una relación subordinada (conf. arts. 90 y 155 LO y art. 386 CPCCN), confirmando lo que cabía presumir por la regla del art. 23 LCT.

3.-La pretensión de excluir a los profesionales de la normativa del art. 23 de la LCT, -tal como refiere la demandada al entender que el actor no era un simple trabajador-, no reconoce base jurídica en el marco de dicho ordenamiento y, por el contrario, se muestra vulnerando el principio protectorio que informa el ordenamiento laboral y desconociendo – en la práctica – la directiva del art. 14 bis de la CN.

4.-Si bien de la prueba instrumental, -reconocida por las demandadas y referenciada por el perito contador-, surgía que el actor se encontraba inscripto como trabajador autónomo con fecha anterior a la denunciada como ingreso en las accionadas, ello no resultaba obstáculo para la existencia de la subordinación en atención al principio de la primacía de la realidad, pues de dichas pruebas se evidencia la existencia continuada y reiterada de pagos mensuales similares en su importe.

5.-Por más que se haya acreditado que el actor se hallaba inscripto en la AFIP como trabajador autónomo y que extendía facturas por sus trabajos profesionales, resulta llamativo que éstas se hayan emitido en forma correlativa a favor de una de las demandadas en la primer etapa y posteriormente a nombre de la codemandada, y lo fundamental es que ninguna de las aquí codemandadas logró demostrar, siquiera mínimamente, el carácter de empresario o profesional de quien prestara el servicio.

6.-Resulta significativo que ambas partes se obliguen recíprocamente a poner su capacidad de trabajo y a recibirla en determinadas fechas ya sea durante algunos días, o un día de la semana o del mes, dado que la sola circunstancia de que el trabajador preste servicios algunos días de la semana o no tenga exclusividad no lleva a merituar que su prestación no tenga carácter laboral, ya que tales modalidades no figuran en las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo como demostrativa de la inexistencia de un contrato de trabajo; así como tampoco controvierte la decisión de primera instancia el planteo introducido por la demandada en relación a la doctrina de los actos propios como para otorgar preeminencia a la categoría registrada por sobre la real acreditada puesto que la categorización tiene raíz legal y es irrenunciable (art. 12 LCT).

7.-En la causa no existen pruebas aportadas por las demandadas que permitan vislumbrar que el actor haya prestado sus servicios con independencia y autonomía, en el caso, las accionadas no produjeron prueba que permita siquiera inferir que el actor concurriera a prestar servicios cuando él decidía (en los días u horarios que le convenían) o que no se hallara sometido a las indicaciones y al contralor de las demandadas en cuanto a la forma de organizar el cumplimiento de las prestaciones que se llevaban a cabo en la institución; y estas circunstancias determinan que las accionadas no lograron acreditar en autos que la prestación de servicios que efectuó a su favor el actor haya sido en forma independiente y autónoma, razón por la cual la relación habida entre el accionante y las demandadas se dio en el marco jurídico de un contrato de trabajo.

8.-Corresponde confirmar la sentencia pues es evidente que el accionante con su trabajo personal era un medio necesario para que las demandadas cumplieran sus objetivos encontrándose inserto en una organización empresaria que le era ajena, en la cual ponía a disposición su capacidad laboral, sometiéndose al control y dirección – actual y potencial – de las empresas (conf. arg. arts. 4 , 5 , 21 , 23 , 25 , 26 y conc. de la ley de contrato de trabajo).

9.-Corresponde confirmar lo decidido respecto a que las codemandadas conforman un grupo económico permanente, pues, más allá de que las codemandadas sean sociedades independientes, se puede apreciar que entre las dos empresas existía una relación de control y subordinación, que poseen oficinas en el establecimiento de una de ellas, que las dos tienen el mismo domicilio legal, es decir que, no existía solo un vínculo comercial sino que, compartían medios personales, materiales e inmateriales y ello no sólo por cuanto operaban en el mismo inmueble sino que se los autorizaba a utilizar una cuenta de internet con el dominio registrado a nombre de la demandada, el subgerente general de una de las demandadas, -mientras ejercía dicha función-, fue nombrado apoderado de la otra demandada; en el caso del actor, denunció haber laborado para ambas, -en un primer momento para una y luego para otra-, facturando en forma correlativa y por idéntico monto.

10.-Corresponde confirmar la solidaridad establecida en la sede de grado en los términos del art. 31 LCT, en función de las pruebas que dan cuenta de la existencia de un grupo económico entre las codemandadas y ante la clandestinización de la relación laboral, pues, si bien las meras irregularidades registrales en las que las empresas integrantes del grupo, en su rol de empleadoras, hayan podido incurrir respecto de su personal (como ser el mantenimiento de contratos de trabajo clandestinos), no constituyen por sí solas las maniobras fraudulentas ni la conducción temeraria a las que refiere el art. 31 LCT, salvo que formen parte de las operaciones empresariales destinadas a producir fraude, se establece que las conductas tendientes a burlar los derechos de los trabajadores y de los organismos de la seguridad social al mantener los contratos de trabajo fuera de registro evidencia conductas fraudulentas, que tipifican las condiciones subjetivas de aplicación del art. 31 LCT.

11.-Corresponde confirmar la procedencia de la sanción impuesta en el art. 15 de la ley nacional 24013, pues el requisito impuesto por el art. 11 de dicha norma sólo se circunscribe a los resarcimientos previstos en los arts. 8 , 9 y 10 de dicho ordenamiento y no para la procedencia del art. 15.

12.-Toda vez que el último apartado del art. 245 LCT establece que el importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo, es decir, fija la base mínima indemnizatoria sobre la que no corresponde aplicar restricción alguna y, por tratarse de una norma de orden público, -cuya estricta aplicación resulta obligatoria para los jueces con prescindencia de la interpretación que efectúen las partes al respecto-, y por aplicación del principio iura novit curia, corresponde hacer lugar al recurso sobre la base de cálculo aplicada y su efecto sobre los rubros art. 16 ley nacional 25561, art. 2 ley nacional 25323 y art. 15 ley nacional 24013.

Fallo:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2010, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.Contra la sentencia de primera instancia (fs. 481/492), que hizo lugar al reclamo inicial, se alzan las partes actora, la codemandada Infomedia Producciones S.A. y Telearte S.A., a mérito de los memoriales obrantes a fs. 495/496, 499/513 y 515/517, replicados a fs. 523 (Telearte S.A.), a fs. 524/525 (Infomedia), a fs. 534/539 y 520/522 (el demandante), respectivamente.

II. La parte actora cuestiona la base de cálculo aplicada para establecer la indemnización del art. 245 LCT y sus efectos en los rubros que menciona a fs. 496 párrafo tercero.

Infomedia Producciones S.A. critica lo decidido en la instancia de grado respecto al reconocimiento de la relación laboral existente entre el actor y las aquí codemandadas; que en dicho pronunciamiento se haya considerado que la causal de rescisión de la locación de servicios no fue expresada suficientemente; que la Sra. Jueza a quo haya establecido que el actor prestó servicios para un conjunto económico de carácter permanente, en los términos del art. 31 LCT; por la condena a abonar la multa establecida en el art. 80 LCT como así también, por haberse declarado la procedencia de los rubros art. 2 ley 25.323, art. 16 ley 25.561, art. 15 ley 24.013, vacaciones y aguinaldo.

Finalmente, se queja también por la tasa de interés dispuesta, por los honorarios regulados a los profesionales intervinientes y por la forma de imposición de las costas.

A su vez, Telearte S.A.se queja porque a su entender, la sentenciante de grado omitió considerar las cuestiones planteadas por su parte en el conteste, efectuó un incorrecto análisis de la prueba rendida en autos y porque se la condenó indebidamente a abonar los rubros descriptos en el pronunciamiento atacado como así también, por los honorarios regulados y la imposición de costas. Por otra parte, rechaza las pautas fijadas para establecer los intereses.

A fs. 514, el perito contador apela los emolumentos que le fueron asignados por considerarlos bajos.

II. El accionante adujo en su escrito inicial haber laborado para Telearte desde el 26-4-04 y que se encargaba de los asuntos y del sector contratación de personal, que era el encargado de realizar el relevamiento de costos del área de recursos humanos de Canal 9 y que tenía a su cargo la publicidad interna del canal.

Agregó que a partir del 2-9-04 se le impartió la instrucción para empezar a facturar a otra sociedad del grupo, Infomedia Producciones S.A., en la cual se le encomendó – en forma conjunta con el Sr. Alfonso Coll Areco-, el departamento comercial de la revista Bacanal, publicación de propiedad de la última empresa mencionada, tarea que desempeñó hasta que el vínculo contractual concluyó.

Destacó que ambas empresas (Infomedia Producciones S.A. y Telearte S.A.) constituyen un conjunto económico en los términos del art. 31 LCT.

A su vez, señaló que cuando facturaba para Telearte o para Infomedia, su lugar de trabajo fue siempre el mismo y que prestó servicios en relación de dependencia en las oficinas de la calle Conde 50 (C.A.B.A.), que su jornada laboral siempre fue de lunes a viernes de 9 a 18 horas y que se pactó una remuneración mensual de $4.000.

Refirió además que, tanto en Telearte como en Infomedia Producciones S.A., siempre cumplió órdenes e instrucciones que le impartían sus superiores.

A fs.38/50 la codemandada Telearte S.A., luego de efectuar las negativas genéricas y particulares de rigor, sostuvo que el Sr. Peña Robirosa mantuvo con su parte una relación de locación de servicios en el ámbito del derecho común, que nunca revistió la calidad de trabajador en relación de dependencia, que nunca se encontró incorporado a la organización de la empresa sino que trabajó por sí y para sí, por lo cual percibió por sus servicios una ganancia distinguible del salario.

Afirmó que el actor se encontraba registrado como proveedor de la empresa, que fue contratado como analista de costos de producción, tareas que desarrolló desde el mes de junio a septiembre de 2004 y que aquél gozaba de una situación de independencia por cuanto prestaba sus servicios según su saber y entender, en forma autónoma, sin haber existido por parte de la empresa, organización ni dirección de las tareas prestadas por el demandante.

Refirió que el accionante se encontraba inscripto ante la AFIP como trabajador autónomo y que los pagos por los trabajos que realizaba se efectuaban contra la presentación de la correspondiente factura.

A su vez, Infomedia Producciones S.A., a fs. 90/104, luego de las negativas de rigor, explicó que el Sr.Peña Robirosa se dedicaba a la venta de publicidad en medios gráficos, que actuaba para varios clientes, entre ellos, la revista Bacanal, producida por su parte, y también para Supermercados Carrefour, es decir, sin exclusividad.

Manifestó que el actor se dio de alta en la AFIP en el mes de julio de 1999 y que llegó a la empresa a través de un pedido familiar, por cierta preocupación en su inestabilidad laboral.

Aclaró que Infomedia además, produce un pequeño segmento de la programación de Canal 9 llamado «Infocampo», para lo cual tenía una oficina dedicada exclusivamente a su programa que funcionaba dentro del edificio del canal.

Asimismo, refirió que el actor, como vendedor de publicidad para la revista Bacanal, concurría asiduamente a las oficinas de su mandante que funcionaban en Conde 50 pero que jamás laboró en ellas sino que se limitó a tratar el tema de espacios publicitarios para avisos comerciales gráficos.

III.La Dra. Ana A. Barilaro, en su pronunciamiento de fs. 481/492, concluyó (luego del análisis integral de la prueba testimonial y pericial contable) que el actor prestó servicios en carácter dependiente, para un conjunto económico de carácter permanente.

Afirmó que de las probanzas examinadas surgía que las codemandadas operaban en el mercado como una unidad puesto que hacían uso común de los medios personales, materiales e inmateriales (art. 5 LCT) y que ambas empresas se encuentran vinculadas a través de un contrato comercial, que Infomedia S.A. complementa el objeto social de Telearte S.A., que compartían el personal jerárquico, que todo aquél que pretendiera ingresar a prestar servicios para una u otra debían solicitarlo a través de recursos humanos de Telearte S.A. y que ambas empresas compartían los mismos medios físicos, dando cuenta de que las oficinas de Infomedia funcionaban en el edificio de Telearte (en la calle Conde 50).

IV.La codemandada Infomedia Producciones S.A. se agravia porque la Sra.Jueza a quo entendió que entre el actor y las aquí demandadas medió una relación laboral de dependencia. Sostiene que para arribar a dicha conclusión, la sentenciante interpretó de manera arbitraria y errónea la prueba producida en autos.

La quejosa refiere que con las declaraciones de Etchebehere, Montes de Oca, Petrone y Reyes se demostró la falsedad de los dichos del actor.

Asimismo, enfatiza que los testigos citados por la parte actora, lejos de acreditar los extremos invocados al inicio, han demostrado lo expuesto por su parte y que la Sra. Jueza a quo los analizó erróneamente.

En principio, cabe destacar que se encuentra fuera de discusión que el actor se vinculó con Telearte e Infomedia S.A. realizando tareas como analista de costos de producción para la primera y de venta de publicidad para la segunda en el establecimiento perteneciente a Canal 9 sito en Conde 50 (C.A.B.A.) y que facturaba por dichos servicios. Es decir que la cuestión central en debate es determinar si se trató de una relación laboral de las contempladas en los arts. 21 y 22 LCT tal como afirma el accionante – y quedara establecido en origen -, o si se trató de una locación de servicios, según sostiene la accionada.

Sobre el particular debo señalar que incumbía a Telearte S.A y a Infomedia Producciones S.A la prueba de la relación contractual denunciada, dado que se hallaba controvertida la naturaleza del desempeño del actor quien alegó ser un trabajador dependiente pero está reconocida la prestación de servicios personales.

Así, se verifica en el caso el sustractum fáctico previsto en el art. 23 de la LCT para activar la presunción allí contenida.En efecto, dicha norma establece que «el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo».

No se me escapa que un sector jurisprudencial y de la doctrina, liderado por los profesores Justo López y Antonio Vázquez Vialard, consideraba que la mencionada norma sólo manda presumir la existencia de un contrato y que debe acreditarse la dependencia. Por ende, debo aclarar que adscribo a la interpretación amplia del art. 23 de la LCT por varias razones.

En primer lugar en virtud de la óptica exegética. El texto del precepto dice que el hecho de la prestación de servicios hará presumir la existencia de un contrato de trabajo y, obviamente, el contrato de trabajo es definido precisamente por la nota de dependencia (conf. art. 21 LCT). Por ende, la letra de la ley expresa de modo nítido que lo que debe presumirse es la existencia de contrato de trabajo dependiente, sin que su texto autorice la lectura propuesta por aquel sector doctrinario y por la aludida jurisprudencia que equivale a decir que puede haber en la LCT , un contrato de trabajo no dependiente.

En segundo lugar, desde el método teleológico de interpretación resulta evidente que el legislador quiso, con el art. 23 LCT, quitar al trabajador la difícil carga de probar los datos fácticos de la depende ncia y por eso la mandó presumir, dejando en manos de la demandada la posibilidad de demostrar que el contrato no fue laboral, es decir que no hubo dependencia. La interpretación que cuestiono quita contenido al precepto pues si el trabajador debe acreditar que el trabajo fue desempeñado bajo dependencia la presunción prácticamente queda vaciada (debería leerse limitada a presumir que hubo contrato) y contrariando el objetivo del legislador. Tal como señalara el Dr. Ricardo A. Guibourg al votar en los autos «Gómez, Diego M. C/Vázquez, José A. y otros» (Sala III, Sent. del 30-12-98), la interpretación que restringe la operatividad de la presunción del art.23 LCT al caso en que se hayan acreditado servicios prestados en relación de dependencia esteriliza el propósito de la norma.

Por último, no debe olvidarse que siempre hay que presumir la coherencia y razonabilidad de la ley. Si se acepta la interpretación restrictiva se arriba a una conclusión que roza la autocontradicción. Para quienes la sostienen, la presunción del art. 23 LCT se activa cuando se prueba la dependencia. Es decir que si se prueba que se ha trabajado bajo dependencia se presume que hubo contrato de trabajo y ello implica que ya la presunción no hace falta pues lo que a partir de allí se quiere hacer presumir ya está probado. Dicho de otro modo, para quienes así piensan, se presume la dependencia cuando se prueba que se trabajó bajo dependencia.

Si bien Infomedia Producciones S.A. y Telearte S. A. cuestionan el análisis de la prueba (una refiriéndose a las testimoniales y la otra respecto a la pericial contable), lo cierto es que ninguna de ellas se hace cargo de lo aducido respecto de la supuesta locación de servicios. La Sra. Jueza a quo expuso que la invocación de la existencia de dicho contrato ameritaba cuanto menos, la existencia del instrumento que reflejara la voluntad de las partes en cuanto al marco fáctico-jurídico de las obligaciones asumidas por las partes, lo que ni siquiera fue denunciado por las codemandadas y mucho menos cuestionado por las aquí apelantes.

Por otra parte, destaco que Infomedia se limita a disentir con la valoración de la prueba testimonial, sin hacerse cargo de la valoración integral de ella que se efectuó en la sede de origen. Así, la apelante sostiene que los testigos propuestos por su parte (aunque menciona también a Reyes, quien declaró a instancias de Telearte SA.) acreditan que el Sr.Peña Robirosa se desempeñaba en forma autónoma pero no cuestiona las claras, coincidentes y concordantes declaraciones de compañeros de trabajo de aquél cuando indicaron las tareas realizadas por el actor en el edificio sito en Conde 50, que tenía un escritorio y una computadora para realizar su trabajo.

La apelante, afirma que Etchebehere refirió que el actor vendía publicidad para el Bacanal y para el Federal, que los vendedores externos no tenían oficina fija, ni tiempo allí fijo, entre otras cosas.

Además, entiende que con esta declaración se demuestra la falsedad de los dichos del actor por cuanto maliciosamente sostuvo en el inicio que estaba a cargo del departamento comercial cuando el testigo mencionado supra expuso que la gerencia comercial «en ese momento» la manejaba el declarante y que el departamento comercial, además de su persona, la componían Coll Areco y Vanina Sefina, de arriba hacia abajo. Sin embargo, el testigo no especificó fechas ni periodos a los que refirió en su declaración, no pudiéndose establecer el elemento temporal al que refiere.

Vale recordar que Infomedia S.A. sostuvo que el Sr. Peña Robirosa fue vendedor de publicidad para la revista Bacanal y que concurría asiduamente a las oficinas de la empresa las que funcionaban en Conde 50 pero que jamás laboró en las mismas ya que sólo se limitaba a tratar el tema de espacios publicitarios para avisos comerciales gráficos, es decir, nunca mencionó qué días y en qué horarios asistía y mucho menos con qué frecuencia.

En el Anexo Nº 2964 lucen agregadas dos revistas «Bacanal», cuya publicación según reconoció la propia codemandada Infomedia era de su propiedad. Más allá de que a fs.181 dicha accionada manifestó que desconocía la restante documentación acompañada por el accionante (sólo reconoció las facturas y las cartas documentos allí descriptas) ante su afirmación respecto a la propiedad de la editorial de Bacanal y dado que no se adujo la falsedad de dicha documental, he de tener por válida dicha prueba.

En mérito a ello, y tal como se advierte en la página 71 de la revista Bacanal del mes de febrero/05 y la página 101 de la revista del mes de marzo/05 en las cuales se describe cómo está compuesto el staff de dicha publicación figura claramente que quienes estaban a cargo del departamento comercial de Bacanal eran Alfonso Coll Areco y Sebastián Peña Robirosa, circunstancia esta última que no se condice con lo declarado por Etchebehere como así tampoco con lo manifestado por Montes de Oca y Franco Petrone, también mencionados en los agravios por la apelante, y mucho menos con la postura asumida por ésta al respecto.

Es más, Petrone (fs. 326) manifestó que fue subgerente general de Telearte S.A desde fines de 2003 hasta diciembre de 2004, que lo conoció al actor cuando estaba desempleado, a través de un tercero amigo del padre de un compañero del hijo del deponente, que lo contrató para trabajar en Telearte para hacer control de gestión, que lo contrató en abril de 2004, que el actor concurría a Canal 9 (sito en Conde 50) y hacía el seguimiento de los costos de los programas de televisión (como una locación de servicios), tarea que realizaba en el canal.Agregó que fue el testigo quien le habilitó un escritorio en planta baja y que Peña Robirosa concurría a la oficina de lunes a viernes.

Refirió el testigo que con el actor veían juntos el trabajo y que el deponente era quien le hacía las correcciones.

Es decir, lejos de reflejar con sus dichos la relación comercial aducida por las demandadas, su declaración termina por acreditar las circunstancias denunciadas al inicio (vgr. que el actor concurría a la oficina de lunes a viernes, que sus superiores les daban las órdenes de trabajo y que tenía un escritorio en planta baja del edificio de Conde 50).

Idéntica situación se verifica con la declaración de Reyes que también cita la quejosa (ofrecido por Telearte). Si bien este testigo afirmó que el actor no estaba en relación de dependencia, cabe señalar que se refiere principalmente a la relación que unió al actor con Telearte, sin aludir específicamente a Infomedia SA.

Además, memoro que el testigo expuso que conoció al actor cuando solicitaron el ingreso en el biométrico de él, que para ingresar a Telearte se les da a todos un número distinto para empleados, proveedores y que el accionante era asesor en el área de producción, que asesoraba en la parte de costos. Además mencionó que el actor trabajaba en la planta baja, que ahí tenía asignada una oficina. Y, si bien refirió que Peña Robirosa no trabajaba en relación de dependencia porque al ingresar al edificio se le otorga un número distinto a los que son empleados de la empresa, no aclaró en ningún momento en qué calidad se desempeñaba el actor en la empresa (empleado/proveedor/visita) y mucho menos quién le otorgaba el número y cuál era el modus operandi para ello.Es más, al final de su declaración dijo que todo el que ingresa a Telearte tiene que solicitar el ingreso a dicha empresa, sea quien sea pero no explicó en qué forma se realizaba ni quién establecía esa política.

Por otra parte, a diferencia de lo declarado por otros testigos de las demandadas, adujo que el actor estaba de lunes a viernes y que lo sabía porque él también trabajaba esos días y lo veía.

Respecto de los dichos de Coll Areco, la apelante se esfuerza por resaltar que como éste dijo que fue Gerente Comercial, demostró que los dichos del actor eran falaces al haberse arrogado el rol que tenía aquél. Sin embargo, tal como surge de las revistas Bacanal que mencioné más arriba, Peña Robirosa figuraba a la par que el testigo en el departamento comercial. Es más, el deponente afirmó que al actor lo veía prácticamente de lunes a viernes en la demandada y que tenía una computadora y un escritorio enfrente a la oficina del dicente.

Por otra parte, lo argumentado respecto a que el testigo Coll Areco era a la época que prestó declaración director ejecutivo de la revista Genoma (Edit. Genoma S.A) – circunstancia que por otra parte no se acreditó – la cual compite en el mercado con las publicaciones de la empresa, no resulta lo suficientemente convincente como para dejar de lado su testimonio puesto que ni siquiera se mencionaron cuáles serían esas publicaciones ni qué respuestas brindadas en su exposición – aparte de las que analicé precedentemente- fueron apartadas de toda realidad.

También la quejosa critica la declaración de Fariña en los mismos términos que la impugnación realizada a fs. 303/304 pero, no descalifica sus dichos cuando dijo que al actor lo trasladaron adonde estaba el testigo, que el actor ya estaba en el canal; que después estuvo trabajando enfrente de él, uno de un lado del escritorio y otro del otro.Tampoco cuestiona su declaración cuando afirmó que el gerente administrativo de Telearte les pagaba también a los de Infomedia y esto último fue justamente lo que resaltó de su testimonio la Dra. Barilaro y, reitero, no fue objeto de observación alguna.

Finalmente, lo aducido respecto de la declaración de Spina tampoco tendrá favorable recepción puesto que no deja de ser una réplica de la impugnación efectuada a fs. 341/342, analizada en grado.

A mayor abundamiento, opino que los dichos de la testigo de mención no son meras suposiciones ya que, por el cargo que tenía la testigo (secretaria del Sr. Petrone – circunstancia no desmentida por la apelante) lo afirmado en su declaración no luce inverosímil.

Vale recordar que la testigo adujo que lo convocaba al actor a reuniones y que lo veía como así también que el Sr. Petrone le daba directivas laborales. Que el actor trabajó para Infomedia, que lo veía cuando se reunía con Coll Areco y la parte de ventas. Aclaró que se reunían en bares cerca del canal, y pocas veces en la oficina del Sr. Petrone o en las oficinas de Infomedia que estaban en la planta baja del canal (Conde 50) y que esto lo sabía justamente porque era ella quien los convocaba y les arreglaba las reuniones en un bar. En el caso de realizarse dichos encuentros en la planta baja, adujo que lo sabía porque al ser secretaria del Sr.Petrone y como éste debía bajar, ella se encargaba de arreglarle todos los horarios.

Además, la testigo dijo que el actor hacía horario de oficina y si bien no pudo especificarlo mencionó que trabajada de lunes a viernes, punto este último que tampoco fue observado por la apelante.

Por todo lo antedicho, entiendo que más allá de que no todos los testigos que declararon en autos pudieron dar certeza en cuanto a los días que trabajaba el accionante, las declaraciones testimoniales de Coll Areco, Fariña, Spina como Reyes y Petrone, dan cuenta en general, de las notas características de una relación subordinada (conf. arts. 90 y 155 LO y art. 386 CPCCN), confirmando lo que cabía presumir por la regla del art. 23 LCT.

Telearte S.A. se agravia por el incorrecto análisis de la prueba rendida en autos pero, en definitiva, no cuestiona el examen realizado respecto de las testimoniales referidas precedentemente sino que simplemente, refiere que disiente con la sentenciante de grado porque, según su postura, su parte logró acreditar la condición autónoma del actor.

En el mismo sentido, Infomedia también menciona en su primer agravio la prueba informativa (contestación del oficio dirigido a la AFIP) y la pericial contable, las que en su opinión, la Sra. Jueza a quo decidió arbitrariamente dejarlas de lado por entender que eran irrelevantes, sin fundamento alguno.

En principio, cabe aclarar que la pretensión de excluir a los profesionales de la normativa del art. 23 de la LCT (tal como refiere Infomedia al entender que el actor no era un simple trabajador) no reconoce base jurídica en el marco de dicho ordenamiento y, por el contrario, se muestra vulnerando el principio protectorio que informa el ordenamiento laboral y desconociendo – en la práctica – la directiva del art. 14 bis de la CN (esta Sala, in re: «Chamorro Argüello, Celso A.c/Emergencias S.A s/ despido» . SD Nº 82249 del 6-11-1997).

Por otra parte, señalo que la Dra. Barilaro en ningún momento ignoró el informe de la AFIP y mucho menos el dictamen pericial contable.

Nótese que en el pronunciamiento de grado claramente se expuso que la facturación del actor (reconocida por las demandadas) y referenciada por el perito contador a fs. 408 y 410 evidenciaba la existencia continuada y reiterada de pagos mensuales, similares en su importe ($4.000) y que, si bien de la misma instrumental surgía que el accionante se encontraba inscripto como trabajador autónomo con fecha anterior a la denunciada como ingreso en las accionadas, ello no resultaba obstáculo para la existencia de la subordinación en atención al principio de la primacía de la realidad.

Y bien, ninguna de las apelantes critica este tramo de la sentencia sino que insisten en que el actor se encontraba inscripto en la AFIP desde el año 1999 con la CUIT 23-18405902-9 y que en el informe del perito contador se expuso que Peña Robirosa tenía un número de proveedor asignado por Telearte (3910) e Infomedia (0809), además que facturaba por sus servicios de asesoramiento y venta de publicidad.

Vale memorar que la codemandada Infomedia en su conteste explicó que el actor se acercó a dicha empresa a través de un pedido familiar, quien preocupado por su inestabilidad laboral demostrada desde su primer empleo en Disco S.A. en enero de 1990 le solicitó si podían ayudarlo en su nuevo emprendimiento de venta de publicidad (sic – ver fs .97vta punto 3). Es decir, desde el inicio se está reconociendo que el Sr. Peña Robirosa no contaba con los elementos ni con el patrimonio suficiente como para iniciar el emprendimiento que se le endilga.

Es más, el propio Petrone expuso en su declaración que cuando lo contrató al actor para trabajar en Telearte aquél se encontraba desempleado (ver fs.326).

De esta manera, por más que el actor se encontrara inscripto en la AFIP desde el año 1999, eso no significa que haya llevado a cabo la actividad comercial declarada a dicha entidad con una periodicidad que le haya permitido valerse de sus propios medios.

Así, por más que se haya acreditado que el actor se hallaba inscripto en la AFIP como trabajador autónomo y que extendía facturas por sus trabajos profesionales, resulta llamativo que éstas se hayan emitido en forma correlativa a favor de Telearte en la primer etapa y posteriormente a nombre Infomedia (ver Anexo Nº 2964) como así también que de las facturas mencionadas surja que el inicio de la actividad del accionante como monotributista date del 1/6/04 y sin embargo, en la factura Nº 1 perteneciente al mes de junio de igual año, se hayan especificado trabajos realizados para Telearte en los meses de abril y mayo respectivamente. Pero lo fundamental, es que ninguna de las aquí codemandadas logró demostrar, siquiera mínimamente, el carácter de empresario o «profesional» de quien prestara el servicio (con idéntico criterio ver esta Sala, S.D. Nº 89.421 del 8/6/2001 in re «López Pedro c/ Pérez Redrado, Hernán M. y otro s/ despido»).

Amén de ello, lo informado por el perito contador en cuanto al número de proveedor asignado al actor en los libros de las accionadas no enerva lo dicho puesto que dicha información fue consignada unilateralmente por aquéllas y resultan inoponibles al trabajador. No puedo dejar de mencionar además que el perito contador afirmó que en el Libro IVA compras de Infomedia se encontraban registradas facturas emitidas por el actor a nombre de ésta (las que detalla en el cuadro de fs.379vta punto h) pero que no surgía de dichos registros el tipo de servicio y el motivo.

También debe tenerse en cuenta que lo significativo es que ambas partes se obliguen recíprocamente a poner su capacidad de trabajo y a recibirla en determinadas fechas ya sea durante algunos días, o un día de la semana o del mes, dado que la sola circunstancia de que el trabajador preste servicios algunos días de la semana o no tenga exclusividad no lleva a merituar que su prestación no tenga carácter laboral, ya que tales modalidades no figuran en las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo como demostrativa de la inexistencia de un contrato de trabajo (en idéntico sentido ver CNAT Sala X, SD Nº 8158 del 26/5/2000 in re «Artieda, Karina c/ Sociedad Administradora Club de Campo La Esperanza SA»).

Tampoco controvierte la decisión de la Sra. Jueza a quo el planteo introducido por la demandada en relación a la doctrina de los actos propios como para otorgar preeminencia a la categoría registrada por sobre la real acreditada puesto que la categorización tiene raíz legal y es irrenunciable (art. 12 LCT).

Cabe memorar que en el ámbito del Derecho del Trabajo – tal como lo destacó la Dra. Barilaro – rige el principio de primacía de la realidad, al que el maestro Plá Rodríguez (Los principio del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma, 3ª edición, Bs.As, 1998, p.313) definió diciendo que «el principio de la primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos» y ello es así puesto que el contrato de trabajo encuadra en lo que De la Cueva identificó como un «contrato realidad» (Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa S.A., México, 1973, Tomo I, p.383).

Asimismo, el Máximo Tribunal ha sostenido que el rigor en la aplicación de las formalidades no debe prevalecer sobre la verdad objetiva de los hechos que se trata de demostrar (CSJN. «Colombres, Juan Carlos c/La Taberna de Landrú», 10-7-75, TySS 1975 -765).

A mayor abundamiento, señalo que Infomedia S.A. no logró demostrar que el actor se dedicara a la venta de publicidad para varios clientes ni mucho menos a Carrefour. Nótese que esta última, a fs.360 informó que no contaba con registros en su base de datos respecto de Peña Robirosa, cuestión que, a mi entender, tampoco hubiese obstado a considerar la relación como subordinada puesto que, reitero, la exclusividad no es una nota tipificante del contrato de trabajo.

En definitiva, en la causa no existen pruebas aportadas por las demandadas que permitan vislumbrar que el actor haya prestado sus servicios con independencia y autonomía.

En el caso, las accionadas no produjeron prueba que permita siquiera inferir que el actor concurriera a prestar servicios cuando él decidía (en los días u horarios que le convenían) o que no se hallara sometido a las indicaciones y al contralor de las demandadas en cuanto a la forma de organizar el cumplimiento de las prestaciones que se llevaban a cabo en la institución.

Las circunstancias expuestas en los párrafos precedentes me permiten concluir que las accionadas no lograron acreditar en autos que la prestación de servicios que efectuó a su favor el actor haya sido en forma independiente y autónoma, razón por la cual entiendo que la relación habida entre el accionante y las demandadas se dio en el marco jurídico de un contrato de trabajo.

Digo ello, por cuanto es evidente que el accionante con su trabajo personal era un medio necesario para que las demandadas cumplieran sus objetivos encontrándose inserto en una organización empresaria que le era ajena, en la cual ponía a disposición su capacidad laboral, sometiéndose al control y dirección -actual y potencial- de las empresas (conf. arg. arts. 4, 5 , 21, 23 , 25, 26 y conc. de la ley de contrato de trabajo) por lo que propicio se confirme lo decidido en origen, en este aspecto.

III. V.La codemandada Infomedia Producciones S.A.también se agravia porque en la sede de grado se consideró que la causal de rescisión de la locación de servicios habida entre las partes no expresó en forma suficientemente acabada los motivos que la componen, afirmación que, en su opinión, carece de sustento y se aparta de los hechos de autos y de las probanzas arrimadas a la causa.

IV. Insiste en afirmar que nunca existió un despido del actor sino una resolución de contrato comercial.

V. En primer término, cabe señalar que, ante la intimación del actor para que Infomedia abonase rubros impagos y además procediera a registrar la relación laboral denunciada, la apelante contestó en los términos expuestos en la misiva de fs. 106, que en la parte pertinente dice: «A todo evento le recordamos que la única vinculación que lo unía a mi parte era de prestador de servicios, donde Ud. vendía publicidad a terceras personas para publicaciones tanto de mi parte como de otras editoriales, bajo la modalidad de prestación unipersonal. Habiendo detectado numerosas irregularidades en su gestión, toda vez que se ha constatado que Ud. ofrecía publicidad gratuita en publicaciones de la empresa a cambio de lograr otras ventas de publicidad ajenas a mi parte, actos para los que jamás tuvo autorización, lo que provocó innumerables inconvenientes con anunciantes ante nuestro reclamo del pago de las publicidades, rescindimos el contrato de locación de servicios que nos vinculara por su exclusiva culpa, reservándonos el derecho de accionar por los daños y perjuicios irrogados.» VI. La Sra. Jueza a quo afirmó que la demandada no ajustó su conducta a lo establecido en el art.243 LCT porque la comunicación remitida no expresaba en forma suficientemente clara los motivos en los que fundó la ruptura del contrato al no dar cuenta de la fecha en que se constató la irregularidad aludida y tampoco si fue una o más, circunstancias que impedían valorar si la demandada al aplicar la máxima sanción se ajustó al principio de proporcionalidad y temporaneidad.

VII.Asimismo, destacó que en su conteste (fs. 100) podía constatarse que desde el momento en que se produjo la hipotética maniobra denunciada y el despido, transcurrió un considerable periodo de tiempo sin que la empresa hubiera tomado medida alguna.

VIII.Destaco que, a fs. 100 efectivamente, la apelante adujo que a mediados del mes de enero 2005 comprobó que había anunciantes que no habían pagado publicidad desde un tiempo considerable, que se contactó con ellos para reclamar el pago y que éstos le manifestaron que tenían un acuerdo con el Sr. Peña Robirosa , por la cual ellos podían publicar un aviso en Bacanal sin costo si al mismo tiempo publicaban otro aviso en otros medios en los cuales él también vendía publicidad, este sin costo.

IX.Sin embargo, a pesar de la gravosidad que la accionada asignó a la supuesta falta del actor, recién procedió a romper el vínculo el 24-3-05 (dos meses después) y, justamente, con posterioridad a la intimación efectuada por aquél para la regularización de la relación.

X.Sorprende que la apelante, a pesar de haber consignado en su misiva supuestas irregularidades en la venta de publicidad, no haya aclarado en autos los nombres de los anunciantes a quienes el actor habría vendido los espacios publicitarios y mucho menos, los haya citado a declarar en la causa para probar tales hechos.

XI.Por otra parte, tal como se señaló en el pronunciamiento atacado, la supuesta maniobra injuriante era una operatoria común (que fue negada por el actor) y tampoco se acompañaron las supuestas órdenes comprometidas.

Si bien la quejosa pretende que se tengan por reconocidos los hechos aducidos en su misiva a través de las declaraciones de Etchebehere y Montes de Oca, ello es a todas luces inatendible dado que dichas circunstancias debieron especificarse claramente al momento de romper el vínculo.

Nótese que ni en la comunicación rescisoria ni en el responde se explicó la forma en que la empresa autorizaba la venta de los espacios publicitarios ni las consignas que debían cumplir los vendedores; tampoco se especificó la forma y límites que tenía el actor para efectuar dicha actividad, y por más que los testigos se hayan expedido sobre la forma de llevarse a cabo dichas operatorias, sus dichos no pueden considerarse por referirse a cuestiones no introducidas oportuna y correctamente en la litis.

En mérito a lo expuesto, propiciaré desestimar este punto de la queja.

VI Infomedia Producciones S.A. y Telearte S.A. cuestionan que en la instancia de grado se haya tenido por acreditada la existencia de un conjunto económico entre ambas.

Cabe memorar que la Sra. Jueza a quo sostuvo que el actor prestó servicios para un conjunto económico de carácter permanente (art.31 LCT) conformado, cuanto menos por ambas demandadas.

Afirmó que de la prueba producida resultaba que las accionadas operaban en el mercado como una unidad dado que hacían uso común de «los medios personales, materiales e inmateriales» mencionados en el art. 5 LCT, por lo que resultaba inevitable concluir que se estaba ante la presencia de un conjunto económico en los términos del art. 31 LCT dado que ambas empresas se encuentran vinculadas a través de un contrato comercial; Infomedia complementa el objeto social de Telearte; ambas compartían el personal jerárquico (vgcia. el Sr. Petrone) y, además, porque toda persona que pretendiera ingresar para poder prestar servicios en una u otra empresa debía solicitarlo a través de recursos humanos de Telearte S.A. Asimismo destacó que las codemandadas compartían los mismos medios físicos dado que las oficinas de Infomedia funcionaban en el edificio de Telearte, esto es en la calle Conde 50.

La coaccionada Infomedia Producciones sostiene que la Sra. Jueza a quo yerra gravemente en la interpretación efectuada en el pronunciamiento de autos.

Destaca que el hecho de que las actividades de su parte pudieran estar incluidas o no en el objeto social de la codemandada Telearte es un mero dato accesorio y casual que poco importa.También refiere que no es cierto que las empresas aquí demandadas compartan o hayan compartido personal jerárquico y agrega que el hecho de que la codemandadas coincidieran casualmente en una persona no es fundamento suficiente para afirmar que comparten personal jerárquico.

A su vez, respecto a que para ingresar al edificio debían solicitar permiso a Telearte, sostiene que ello responde a quien tiene las facultades de uso del edifico de Conde 50, en donde su parte – como otras productoras- se limitaba a alquilar los espacios físicos de una pequeña oficina y aquélla era la que imponía las normas de seguridad para el ingreso y egreso de personal, proveedores, terceros, etc., y que, ello tampoco implica la existencia de grupo económico entre las demandadas.

Aduce que en el caso de autos se demostró que no se configura el supuesto del art. 31 LCT, que no hay grupo económico y aun para la hipótesis que se entienda lo contrario, no ha existido fraude laboral.

En el caso de Telearte S.A., advierto que la recurrente, en este tramo de la queja, lejos de señalar los errores de hecho o de derecho en los que, supuestamente, habría incurrido la sentenciante a quo se limita a esbozar su disconformidad con lo resuelto en la sede de grado a través de meras manifestaciones dogmáticas y citando jurisprudencia en apoyo a su postura que nada tiene que ver con las circunstancias evidenciadas en la lid, lo cual en modo alguno se condice con las pautas que emanan del art. 116 de la LO.

Empero, dado el cuestionamiento efectuado por Infomedia corresponde tratar el tema.

En principio, debo destacar que el perito contador informó a fs. 378 que Telearte S.A. e Infomedia Producciones S.A.firmaron un contrato de carácter privado comercial en el cual acordaron la realización del programa «Infocampo» y que en la cláusula 6.1 se estableció su vigencia desde el 1-2-04 al 31-12-04; también mencionó que en la cláusula 8.3 se estableció que Infomedia se haría cargo de las obligaciones derivadas de la legislación impositiva, previsional o de seguridad social respecto de todas las personas que se pudieren contratar.

A fs. 380/380vta punto 6, el perito mencionó que del libro de Actas del Directorio de Infomedia , en la página 7, con fecha 2-11-04, en el punto 2 se mencionaba el otorgamiento de un poder de administración y disposición donde su presidente, Raúl Juan Pedro Moneta, designó como apoderados de la sociedad a Raúl Etchebehere, Isidro Montes de Oca y Franco Gustavo Petrone, entre otros.

También vale recordar que el testigo Petrone afirmó haber sido subgerente general de Telearte S.A. desde fines del año 2003 hasta el mes de diciembre de 2004, es decir que, mientras cumplía dicha función, además, se le concedió el poder de administración y disposición mencionada supra por la empresa Infomedia.

No puedo soslayar que Spina refirió en su declaración que se realizaban reuniones de gente de Infomedia en la oficina de Petrone cuando éste se desempeñaba como subgerente de Canal 9 (conf. fs. 326).

A su vez, la IGJ informó a fs. 75 que el domicilio legal de Infomedia Producciones era el de la calle Conde 50 (C.A.B.A) o sea, el mismo denunciado por Telearte S.A. al contestar la acción (ver fs. 38).

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación comunicó que el dominio: canal9.com.ar estaba registrado desde el 18/11/1996 por Telearte S.A., y cuyo vencimiento estaba estipulado para el 18/11/07.Recuérdese que el testigo Coll Areco sostuvo que mientras trabajó en Infomedia tenía una dirección de correo electrónico con su nombre más arroba infocampo o canal 9, que primero fue de una manera y luego de otra y que el actor también tenía un mail de estas características (ver f s. 278).

Más allá de que Telearte S.A. e Infomedia Producciones S.A. sean sociedades independientes, se puede apreciar que entre las dos empresas aquí demandadas existía una relación de control y subordinación, que poseen oficinas en el establecimiento de Telearte S.A (Conde 50), que las dos tienen el mismo domicilio legal, es decir que, no existía solo un vínculo comercial sino que, tal como recalcó la Sra. Jueza a quo, compartían medios personales, materiales e inmateriales y ello no sólo por cuanto operaban en el mismo inmueble sino que se los autorizaba a utilizar una cuenta de internet con el dominio registrado a nombre de Telearte; Petrone fue subgerente general de esta última empresa pero, mientras ejercía dicha función fue nombrado apoderado de Infomedia; en el caso del actor, denunció haber laborado en un primer momento para Telearte y luego para Infomedia, facturando en forma correlativa y por idéntico monto.

En cuanto a la forma de ingresar al edificio de Conde 50, quien tenía el control de la entrada y salida de todo aquél que trabajaba en las empresas codemandadas era Telearte S.A pero es obvio que, para poder peticionar el biométrico de quienes ingresaban debía solicitar al menos, un listado de quienes se desempeñaban en Infomedia y quiénes eran sus proveedores.

Por otra parte, lo aducido por Infomedia Producciones en cuanto a que el permiso para poder ingresar al edificio debía ser solicitado a través de Telearte respondía a las facultades de uso del edificio de Conde 50 por ésta última porque su parte, como otras productoras, se limitaban a alquilar los espacios físicos de una pequeña oficina, deviene inatendible puesto que ello no fueexpresado en el conteste y mucho menos se acreditó la existencia de contrato de locación alguno. Nótese que, como lo he dicho más arriba, el domicilio legal de Infomedia es Conde 50.

Por todo lo expuesto, sugiero desestimar la queja de las demandadas referidas a este punto y, en consecuencia, confirmar lo decidido en el pronunciamiento de grado respecto a que las codemandadas conforman un grupo económico permanente.

Ahora bien, corresponde determinar si la falta de registración del contrato laboral que vinculó al actor con Telearte S.A e Infomedia Producciones S.A. configura una maniobra fraudulenta o conducción temeraria.

Sin perjuicio de que, a mi modo de ver, las meras irregularidades registrales en las que las empresas integrantes del grupo, en su rol de empleadoras, hayan podido incurrir respecto de su personal (como ser el mantenimiento de contratos de trabajo clandestinos), no constituyen por sí solas las maniobras fraudulentas ni la conducción temeraria a las que refiere el art. 31 LCT, salvo que formen parte de las operaciones empresariales destinadas a producir fraude, lo cierto es que el criterio que sostiene la mayoría de esta Sala II, compuesta por mis distinguidos colegas Dra. Graciela A. González y el Dr. Miguel Á. Pirolo en autos: «Bristol, Alberto Martín y otro c/Dialog S.A. y otros s/Despido», Expte Nº 21.811/06, SD Nº 96.679 del 19/8/09, establece que las conductas tendientes a burlar los derechos de los trabajadores y de los organismos de la seguridad social al mantener los contratos de trabajo fuera de registro evidencia conductas fraudulentas, que tipifican las condiciones subjetivas de aplicación del art. 31 LCT. Bajo este criterio, la prueba de las conductas fraudulentas tendientes a perjudicar intereses ajenos al grupo no resulta necesaria, a los fines de aplicar la solidaridad prevista en el art. 31 LCT, que se pruebe la intención de causar perjuicio pues «si bien el fraude a la ley laboral es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad solidaria del art.31 LCT, ello no significa que deba probarse el dolo del empleador o su intención fraudulenta. No se requiere una intención subjetiva de evasión respecto de las normas laborales, sino que basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción de dichas normas» (CNAT, Sala VII, 18/10/93, DT 1994-A-537 y Sala X, 16/7/99, DT 2000-A-90).

Por lo expuesto, y en función de las pruebas reseñadas que dan cuenta de la existencia de un grupo económico entre las aquí codemandadas, ante la clandestinización de la relación laboral, corresponde confirmar la solidaridad establecida en la sede de grado en los términos del art. 31 LCT.

VII.Infomedia S.A. se queja por la imposición de la sanción prevista en el art. 80 LCT y por la aplicación del art. 2 de la ley 25.323.

Dado que, según lo esbozado en los acápites precedentes he propuesto confirmar la sentencia de grado en lo referente al reconocimiento de la relación laboral habida entre las partes, resulta abstracto expedirme sobre estos puntos dado que, en definitiva, el actor es acreedor a los rubros mencionados.

Idéntica solución corresponde a lo argüido por Telearte SA. a fs. 517.

VIII. Infomedia también se agravia porque en la sentencia de grado se hizo lugar a la duplicación establecida por el art. 16 de la ley 25.561 cuando a su entender, no corresponde su aplicación al caso de marras atento la fecha de inicio de servicios que el actor denunció al inicio, y reitera el planteo de inconstitucionalidad de la norma de mención.

Y bien, este punto será rechazado dado que la accionada procedió a repetir lo expuesto en su conteste (ver fs. 101vta) cuando dicho planteo fue debidamente tratado en la sede de origen (ver considerando VI – fs. 490/491) y lo así decidido no fue materia de agravios por la recurrente, lo que torna inviable su petición.

IX.En su séptimo agravio, Infomedia cuestiona la procedencia de la sanción impuesta en el art. 15 de la ley 24.013. Aduce que como el actor no acreditó el envío de la carta documento a la AFIP en los términos exigidos por el art. 11 de la ley 24.013, deviene improcedente la condena a su pago.

No le asiste razón a la apelante. Tal como se advierte del texto normativo de mención, el requisito impuesto por su art. 11 sólo se circunscribe a los resarcimientos previstos en los arts. 8 , 9 y 10 de dicho ordenamiento y no para la procedencia del art. 15, por lo cual, corresponde desestimar lo peticionado en este punto.

X. Respecto de los rubros vacaciones y aguinaldo, dado que se ha propiciado la confirmación del pronunciamiento de grado respecto a la existencia del vínculo laboral denunciado al inicio, y no verificándose en la causa la acreditación del pago de dichos ítems según lo estipulado en el art. 138 LCT, también corresponde confirmar la condena a su pago.

XI. La parte actora cuestiona el decisorio de la instancia precedente por la base de cálculo aplicada y su efecto sobre los rubros art. 16 ley 25.561, art. 2 ley 25.323 y art. 15 ley 24.013.

Refiere que se agravia por la aplicación del tope Vizzoti (sic) en la indemnización por antigüedad y porque se omitió considerar el último párrafo del art. 245 LCT que establece que el importe de dicho concepto en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo, razón por la cual la mejor remuneración a tener en cuenta para el cálculo del rubro indicado es la de $4000.

Al respecto, destaco que el accionante, en el líbelo inicial, solicitó la aplicación del criterio sentado por la CSJN en los autos «Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A s/ despido» , e idéntico temperamento adoptó en la liquidación de fs.19 (ver punto 4.) al cuantificar en la suma de $2.680 el concepto «Indemnización por antigüedad», pretensión que el Sr. Juez a quo se limitó a acoger en su pronunciamiento.

Sin embargo, considero que corresponde hacer lugar al recurso toda vez que el último apartado del art. 245 LCT establece que «el importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo», es decir, fija la base mínima indemnizatoria sobre la que no corresponde aplicar restricción alguna y, por tratarse de una norma de orden público cuya estricta aplicación resulta obligatoria para los jueces con prescindencia de la interpretación que efectúen las partes al respecto, y por aplicación del princpio iura novit curia, propicio modificar el decisorio de grado y hacer lugar a este tramo de la queja, elevando el monto de condena por el concepto bajo análisis a la suma de $4.000. Ello, por otra parte, no implica fallar fuera de lo pedido sino establecer lo efectivamente adeudado (ultra petita).

Por ello, y de prosperar la decisión que dejo propuesta, corresponderá modificar los siguientes rubros:

Indemnización por antigüedad.$ 4.000,00

Art. 16 Ley 25.561.$ 3.200,00

Art. 2 Ley 25.323.$ 4.776,66

Art. 15 Ley 24.013.$ 9.553,33

En consecuencia, y teniendo en cuenta el monto diferido a condena en primera instancia ($40.060,64, v. cons. X de fs. 491/492), el incremento de los rubros liquidados precedentemente importa elevar el mismo a la suma de $45.636,64.

XII. Ambas demandadas cuestionan la tasa de interés impuesta en la sede de origen. Más allá de que la queja efectuada por Telearte (ver fs. 517) en este tramo de su apelación no cumple con los requisitos impuestos en el art. 116 LO, su tratamiento se impone por cuanto Infomedia S.A fundó debidamente su recurso en este punto (ver fs.512vta apartado 2.9).

Al respecto, refirió que la tasa de interés dispuesta en la sentencia cuestionada es confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad amparado por nuestra Carta Magna.

Resalta que la tasa cuestionada fue decidida por una Acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que fuera dictada en una situación del país donde se preveía una crisis y que fue modificada sustancialmente hasta la fecha, por lo que solicita se la modifique y se disponga un interés del 12% anual conforme la realidad económica de nuestro país y en concordancia con el art. 10 de la ley 25.561.

En mi opinión, el cuestionamiento que formula la accionada respecto de la aplicación de la tasa activa, resulta inatendible dado que la decisión recurrida se ajusta a la resolución adoptada por la CNAT en el acta 2357, en el marco de las facultades que la ley otorga a los jueces para determinar los accesorios en el art. 622 del Código Civil, teniendo en cuenta el carácter alimentario del crédito y la compensación adecuada que aquellos deben contener.

XIII.Si bien el resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas, entiendo que en el caso no se justifica la modificación de lo decidido por la sentenciante de grado en relación a las costas y honorarios regulados, razón por la cual impulso su ratificación toda vez que en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por cada uno de ellos, así como los mínimos arancelarios vigentes, los honorarios regulados no lucen, a mi juicio, reducidos ni elevados (cfrme. arts.38 L.O., 6, 7 , 9 , 19 , 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57 ), quedando aquí subsumida la queja de las demandadas y la del perito contador, Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de Alzada deben ser impuestas en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada Telearte S.A y de la codemandada Infomedia Producciones S.A., propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el .%, respectivamente, de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el decisorio de grado y elevar el monto de condena a la suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y seis con 64/100 ($45.636,64); 2) Confirmar la distribución de costas y los honorarios regulados en la instancia precedente; 3) Imponer las costas de Alzada en forma solidaria a cargo de las codemandadas; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, de la codemandada Telearte S.A. y de la codemandada Infomedia Producciones S.A. por su actuación en esta instancia en el . por ciento (.%), respectivamente, de lo que le corresponda a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

uez de Cámara

c.p.

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