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Si media denuncia penal por falsificación de firma en el acta de la asamblea impugnada, se suspende la ejecución de lo allá decidido.

Partes: Suárez Héctor Osvaldo c/ Villa Cabinda S.A. y otros s/ ordinario 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 

Sala/Juzgado: Fecha: 10-abr-2012 

Cita: MJ-JU-M-72877-AR | MJJ72877 | MJJ72877 

La existencia de denuncia penal por presunta falsificación de la firma del actor en el acta de la asamblea impugnada, y que quien aparece designado presidente de la sociedad en el acto cuestionado estaría radicado en España, hacen verosímil el derecho y habilitan la suspensión de la ejecución de lo decidido en el asamblea.

Sumario:

 1.-El art. 252 de la ley 19550 autoriza a que, a pedido de parte, se suspenda la ejecución de la resolución impugnada siempre que exista motivos graves y no medie perjuicio a terceros, debiendo recordarse que los motivos graves que menciona dicha norma refieren a la sociedad en tanto lo que se busca proteger son sus intereses y su normal desempeño.

 2.-A los fines dispuestos por el art. 252 de la ley 19550, resultan graves los hechos que se investigan en las causas penales que tramitan ante un Juzgado de Instrucción , por estafa, coacción y falsedad ideológica, en las cuales se ha citado a declaración indagatoria a los directores de la sociedad demandada, mereciendo especial atención la existencia de una causa que tiene por objeto la presunta falsificación de la firma del actor inserta en el acta de la asamblea impugnada en autos, la cual es el principal hecho sobre el cual se sostiene la demanda de autos.

 3.-La existencia de acciones penales contra los directores de la sociedad demandada, el resultado negativo del allanamiento de la sede social ordenado en sede criminal a los fines de secuestrar los libros societarios, y la radicación del presidente del directorio en España, son elementos suficientes para tener por satisfecho los recaudos de admisibilidad de la medida cautelar prevista en el art. 252 de la ley 19550; es decir que se presenta verosímilmente acreditado el derecho del actor y existen motivos suficientemente graves que habilitan la medida pretendida; máxime que, de no disponerse la misma, la sociedad podría correr serios peligros. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

 Fallo:

 Buenos Aires, 10 de abril de 2012.

 Y VISTOS:

 1. Apeló el actor la resolución de fs. 73/80 en cuanto desestimó el pedido de suspensión de la ejecución de las decisiones tomadas por Villa Cabinda SA en la Asamblea General Ordinaria del 29.04.11.

 Sostuvo el recurso con los agravios expresados a fs. 88.

 2. El Juez a quo rechazó la pretensión cautelar formulada en los términos previstos por la LSC: 252 destacando que no se acompañó copia de la reunión asamblearia impugnada y que no estaba acreditado que la designación de las nuevas autoridades de la sociedad -puesta en conocimiento mediante publicación de edictos según obra a fs. 23/24- se haya decidido en dicha asamblea.

 Además juzgó que no estaba abonada la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.

 La LSC: 252 autoriza a que, a pedido de parte, se suspenda la ejecución de la resolución impugnada siempre que exista motivos graves y no medie perjuicio a terceros.

 Al acompañar, con el escrito que antecede, copia certificada por funcionario de la Inspección General de Justicia del acta notarial que da cuenta del acta de la asamblea impugnada, se ve despejada la duda que tuvo el Juez de primera instancia en cuanto que la designación de las nuevas autoridades de la sociedad fue decidida en dicho acto asambleario.

 Con las constancias obrantes a fs. 97/145 esta Sala considera suficientemente acreditado los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.

 Los motivos graves que menciona la LSC: 252 refieren a la sociedad en tanto lo que se busca proteger son sus intereses y su normal desempeño (conf.CNCom, Sala D, «Maya Antonio c/ Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento SA», del 1.06.05).

 En tal sentido, resultan graves los hechos que se investigan en las causas penales que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 (estafa, coacción y falsedad ideológica), en las cuales se ha citado a declaración indagatoria a los aquí demandados.

 Especial atención merece la causa N° 35.169/11 que tiene por objeto la presunta falsificación de la firma del actor inserta en el acta de la asamblea impugnada en autos, la cual es el principal hecho sobre el cual se sostiene la demanda de autos.

 En esta causa penal se realizó cuerpo de escritura y se dispuso el allanamiento de la sede social de la Villa Cabinda SA para secuestrar los libros societarios, medida que tuvo resultado negativo (v. fs. 112).

 Además, de dicha causa se desprende que Gustavo Gabrielli Sosa -quien aparece designado presidente de la sociedad en el acto cuestionado- estaría radicado en España (v. fs. 112/113).

 Estas circunstancias son suficientes para tener por satisfecho los mencionados recaudos de admisibilidad de la medida cautelar; es decir que se presenta verosímilmente acreditado el derecho del actor y existen motivos suficientemente graves que habilitan la medida pretendida; máxime que, de no disponerse la misma, la sociedad podría correr serios peligros.

 Finalmente, no advierte esta sala que la suspensión de la ejecución de las decisiones asamblearias impugnadas pueda generar daño a terceros.

 3. Por lo expuesto, se resuelve: Admitir los agravios, revocando la decisión apelada; y disponer, previo cumplimiento de la caución real establecida a fs. 73/80, la suspensión de la ejecución de las decisiones adoptadas por Villa Cabinda SA en la Asamblea General Ordinaria del 29.04.11, sin costas por no mediar contradictor.

 Devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1 ).

 Firman únicamente los suscriptos por hallarse vacante la vocalía N° 14 (art. 109 R.J.N.).

 MIGUEL F. BARGALLÓ

 ÁNGEL O. SALA

 Miguel E. Galli

 Prosecretario de Cámara

 

 

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