Responsabilidad del pediatra que asistió en un parto domiciliario y ante la existencia de complicaciones no dispuso la internación.

Partes: B. A. M. y/o c/ A. M. M. s/ daños y perjuicios 

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro 

Sala/Juzgado: Tres 

Fecha: 24-may-2012 

Cita: MJ-JU-M-73224-AR | MJJ73224 | MJJ73224

Responsabilidad del médico pediatra por el fallecimiento de la hija de los actores, quien estuvo comprometido en la asistencia del parto domiciliario de la actora, omitiendo culpablemente junto a la partera observar la conducta que era debida, puesto que ante la existencia de complicaciones no dispusieron su necesaria internación.

Sumario:  

1.-Cabe confirmar la sentencia de grado que responsabilizó al médico codemandado por la muerte de la hija de los actores, pues, los agravios del recurrente no demuestran el error que se atribuye a la sentenciante al concluir que el deceso se produjo en instancias del parto -el cual se pretendía llevar a cabo en el domicilio de la actora- y por la negligencia en su atención por quienes la asistieron, y sólo constituyen meras discrepancias subjetivas que se desentienden de las pruebas producidas que fundan la sentencia y de las cuales surge la existencia de meconio y la rotura de la bolsa tres días antes de que la actora fuera internada, lo cual debió despertar un alerta en quienes la atendían, dado que se encontraba en la semana 42 del embarazo, siendo la indicación médica adecuada la inmediata internación de la paciente para el alumbramiento ya sea por vía natural o cesárea, omitiendo así la conducta adecuada, desde que tal internación fue realizada tardíamente por la partera codemandada con diagnóstico de feto muerto la noche anterior, y no obsta a lo concluido la ausencia de autopsia puesto que la causa del deceso surge de las restantes pruebas producidas sin que sea la autopsia una prueba tasada y exclusiva respecto de la causa del fallecimiento.

2.-Debe rechazarse el recurso de apelación incoado por el médico que resultó responsabilizado por la muerte de la hija de los actores, ocurrida en instancias del parto, pues, si bien alega que nunca contrajo obligación alguna respecto de la atención del parto domiciliario de la actora, siendo totalmente ajeno al mismo, y que de manera alguna puede responsabilizárselo a partir de las opiniones vertidas en su libro, tal como lo hizo la sentenciante de grado, se encuentra demostrado que el apelante estuvo comprometido en la asistencia del parto junto a la partera codemandada -cuya responsabilidad quedó firme-, siendo por tanto tan responsable como ella en las consecuencia dañosas por las que se reclama, dado que existen hechos probados que por su número, gravedad y concordancia permiten concluir inequívocamente que asesoraba, colaboraba y que se comprometió juntamente con la codemandada al cumplimiento de las conductas médicas necesarias para arribar a un parto domiciliario exitoso, y no empece a ello que la especialidad del demandado fuera la de pediatría, puesto que su título de médico es el que lo habilita como tal, siendo las especialidades médicas sólo una capacitación específica sobre uno de los campos de la medicina.

3.-Resulta procedente lo resuelto en primera instancia, en cuanto se responsabilizó al médico codemandado por el fallecimiento de la hija de los actores, ocurrido a instancias del parto que se pretendió hacer domiciliario, pues, a los hechos probados que revelan la intervención del recurrente en las reuniones de parto en la Asociación por él fundada, junto a la partera codemandada, explicando y evacuando consultas acerca de las circunstancias y conveniencias del parto en casa, su prédica acerca de las conveniencias del parto domiciliario escritas en su libro, y su intervención directa o indirecta mediante el asesoramiento o consulta en los partos atendidos por la codemandada, se suman otros hechos que corroboran y permiten concluir en la participación y atención de aquél como médico de la actora en los días inmediatos anteriores al parto de su hija, pues, en efecto, surge de la prueba documental que existieron muchas comunicaciones telefónicas entre la actora y los codemandados, además, quedó reconocido que en instancias de ya haberse producido la rotura de la bolsa y la pérdida de meconio, al día siguiente, concurrió el médico recurrente a controlar a la actora junto a la partera, sin disponer ni aconsejar su necesaria internación, lo cual demuestra su responsabilidad por no llevar a cabo la conducta médica que era adecuada.

4.-No puede endilgarse culpa alguna a la actores por el fallecimiento de su hija, ocurrida a instancias del parto que se pretendió hacer domiciliario, por no concurrir a un centro asistencial, dado que quedó demostrado que tal indicación no fue dada por el médico y la partera que asumieron la asistencia médica de la actora, por otra parte, tampoco se probó que ésta no concurriera a controles médicos durante su embarazo siendo que, además, quedó probado que el desenlace luctuoso tuvo estrictamente que ver con incidencias durante el parto sin haber la actora presentado patología durante su embarazo.

5.-Corresponde revocar la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a la Asociación Civil de ayuda materna codemandada, por el fallecimiento de la hija de los actores, ocurrida por incidencias del parto, pues, no está controvertido que entre la Asociación apelante y el médico y la partera codemandados no existió relación de dependencia, y tampoco contrato alguno entre aquélla y los actores a los fines de la atención médica al momento del parto, por lo tanto, las consecuencias dañosas derivadas de las omisiones incurridas por los codemandados, que determinaron su responsabilidad, no les son imputables, ya que al no existir tal relación de dependencia rige el principio res inter alios acta , por otra parte, no está demostrado que la Asociación fuera constituida por el médico codemandado para su propio beneficio y utilizada como instrumento de difusión y promoción del parto domiciliario para lucro personal de sus actividades profesionales, y si bien es cierto que la contratación de la atención médica de la actora con los codemandados tuvo su origen en las reuniones que se efectuaran en el ámbito de la Asociación, de ello no es dable concluir en que exista una relación causal adecuada con el resultado dañoso derivado del nacimiento de la hija de los actores muerta, puesto que éste tuvo su causa en la conducta omisiva de los restantes codemandados.

6.-Debe modificarse el monto de la condena de los codemandados, estableciéndose el mismo en la totalidad de los fijados para cada uno de los daños reconocidos, pues, no estando discutida la solidaridad entre los responsables de los daños producido a los actores, los porcentajes de responsabilidad atribuidos a cada uno de ellos sólo tiene por objeto dilucidar eventuales acciones de reintegro entre los causantes del daño pero no pueden ser oponibles a la víctima, que puede reclamar el todo de cualquiera de ellos.

   Fallo:  

En la ciudad de San Isidro, a los 24 días del mes de mayo de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tres de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE y MARIA IRUPE SOLANS, para dictar sentencia en los autos caratulados: «B. A. M. Y/O C/ A. M. M. Y/O S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» expediente nº D-371-5; practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Krause y Soláns resolviéndose plantear y votar las siguientes:CUESTIONES1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION

A la primera cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:

1º) La sentencia de fs. 906/919 hizo lugar a la demanda que por cobro de daños y perjuicios promovieran A. M. B. y E. A. B. contra M. M. A., J. W. D. W. y la «Asociación Civil de ayuda materna ÑUÑU» a quienes condenó a pagar la indemnización fijada ($ 352.700) con más los intereses y las costas.

Apela el codemandado Díaz Walker (agravios de fs. 969/984 contestados a fs. 996/1002), «Asociación de Ayuda Materna ÑUÑU» (agravios de fs. 985/987, contestados a fs. 1003/1007) y los actores (agravios de fs. 988/994 contestados a fs. 1009/1013).

2º) La sra. Juez «aquo», teniendo en cuenta la doctrina de los autores que cita acerca de la relación causal, concluyó en que, aun cuando no fuera realizada la autopsia, resulta esencial, a fin de determinar la causa del daño, la afirmación realizada a fs. 779 vta. por el Dr. B. -consultor designado por el demandado D. W.-, que concurrió a la audiencia por haberlo autorizado la sentenciante (fs.704), en el sentido de que el «…desenlace tiene estrictamente que ver con incidencias del parto…». Destaco también que, según surge de la pericia de autos, la actora no presentó ninguna patología durante su embarazo como presentación defectuosa del feto, incompatibilidad sanguínea, toxemia, placenta previa, desprendimiento de placenta, toxicosis gravídica o eclampasia. Concluyó así en que no ha existido ninguna relación causal entre patologías propias de la actora y el desenlace final, como así tampoco con el antecedente de aborto padecido por ella. Descartó asimismo anomalías en el embarazo a partir de las ecografías realizadas a la actora en cuanto presentación del feto, placenta y cantidad de líquido amniótico. Teniendo por demostrado, entonces, que el daño acaeció por circunstancias del parto concluyó en la responsabilidad de la codemandada A., no sólo por los efectos de su rebeldía, sino -además- por considerar demostrado que no contó con el instrumental necesario en ocasiones de visitar el domicilio de la actora en las instancias previas al parto; que no suministró antibióticos ante la presencia de meconio que, según la perito, se presentó pasada la semana cuarenta con riesgo de ser aspirado por el feto; que en tal circunstancia no debió esperarse y sí actuar inmediatamente, cosa que la demandada A. no hizo pese a encontrarse en la semana 42 de embarazo conforme lo tiene por probado a partir del dictamen pericial y de las constancias que merita. Encontró también responsable a la codemandada A. por haber dejado sola a la actora siendo que, según concluyera el consultor médico Dr. Burgos, dadas las características que presentaba, la partera no debió separase de ella aún de continuarse el parto en su casa.

Si bien la Sra. Juez «aquo» descarta que la negligencia que la actora atribuye al codemandado D. W. en las circunstancias previas al deceso de su hija, encuadre en el art.512 del Código Civil, por no existir contrato alguno entre ellos, y destaca que la opción por el parto domiciliario fue una decisión de la actora en ejercicio pleno y libre del consentimiento, concluye en que el libro «Nacer en casa», escrito por Díaz Walker, minimiza el alea propio del parto y enfatiza en la perniciosidad del sistema médico y la intervención de las instituciones hospitalarias. En tal sentido puntualiza la sentenciante las opiniones del demandado en el libro mencionado, y si bien no considera negativo el parto en el hogar, concluye en que el tratamiento del tema en la obra del demandado no resulta autosuficiente en cuanto a los riesgos de una situación aleatoria al momento del parto e independiente de las circunstancias de embarazo que la hayan precedido; señala que tal alea determina la necesidad de estar prevenido y preparado para actuar si las complicaciones se presentan al momento del parto, tal como lo dictaminara la perito médica y coincidiera con ella el Dr. B., no siendo pertinente la autoasistencia ya que de detectarse una anomalía -tal como también lo afirma la perito y el Dr. Burgo- ya no habría posibilidad de actuar siendo imposible que la madre la afronte por si misma.

Reiterando así la responsabilidad de la demandada A. por no haber asistido a la actora en el momento previo al parto adjudica también tal responsabilidad al Dr. Díaz W. por cuanto, habiendo recibido varios llamados de los accionantes y de la codemandada A., no concurrió al domicilio ya sea para corroborar que sus indicaciones de internación fueran efectivamente cumplidas o para delegar la atención médica, que la gravedad de la situación exigía, en un profesional distinto de la codemandada A. que claramente expuso no poder con la situación.

Así entonces la difusión desaprensiva en el libro del demandado de cuestiones relevantes, que pudieron inducir a la actora a relativizar una situación, que de otro modo pudo haber generado en ella un alerta mayor, sumada a la conducta omitida por D.W. en la atención del parto, determinaron en la sentencia su responsabilidad por las consecuencias dañosas cuya reparación reclaman los actores.

Consentido lo resuelto por la codemandada A., cuestiona D. W. en sus agravios los fundamentos de la sentencia por los cuales se lo condena.

Si bien el apelante sostiene que los propios actores cerraron el camino para obtener un diagnostico de certeza al no solicitar la realización de la autopsia, sus agravios no demuestran el error que se atribuye a la sentenciante al concluir en que el deceso de la hija de los actores se produjo en instancias del parto y por la negligencia en su atención por quienes la asistieron. En efecto; la sra. juez «aquo» -como ya adelantara- expresamente fundamentó su conclusión no sólo en la afirmación antes mencionada del Dr. Burgo (fs. 779 vta), por la que concluyó en que tal desenlace tiene estrictamente que ver con incidencias del parto, sino que además tuvo en cuenta -reitero- que, según surge de la pericia de autos, la actora no presentó ninguna patología durante su embarazo, como presentación defectuosa del feto, incompatibilidad sanguínea, toxemia, placenta previa, desprendimiento de placenta, toxicosis gravídica o eclampasia, descartando así que haya existido relación causal alguna entre patologías propias de la actora y el desenlace final, como así tampoco con el antecedente de aborto padecido por la actora. Descartó asimismo anomalías en el embarazo a partir de las ecografías realizadas a la actora en cuanto presentación del feto, placenta y cantidad de líquido amniótico. Frente a tales conclusiones de la sentencia, fundada en las pruebas producidas (dictámenes de la perito Dra. M. y del Dr. B. en la audiencia de fs. 771/780, pericia de fs. 530/536, análisis de laboratorio y ecografías de fs. 392/405), los argumentos del apelante constituyen meras discrepancias subjetivas que se desentienden de las pruebas producidas que fundan la sentencia y, como tales, carecen de la aptitud recursiva exigida por el art.260 del C.P.C.). Tampoco el apelante sometió al dictamen de los médicos en la audiencia de fs.771/780 lo que dogmáticamente afirma en sus agravios acerca de que los análisis posteriores al deceso indican que existieron anormalidades indicativas de problemas en la gestación, siendo que -por el contrario- en la audiencia antes citada -reitero- expresamente se concluyó en que el desenlace tiene estrictamente que ver con incidencias del parto (779 vta.). En este sentido también ha de destacarse que está probada la existencia de meconio y la rotura de la bolsa el día 15 de marzo de 2003 y la alerta que ello debió despertar en quienes la atendían cuando -como en el caso- se encontraba la actora en la semana 42 del embarazo, siendo la indicación medica adecuada la inmediata internación de la paciente para el alumbramiento ya sea por vía natural o cesárea (pericia fs.530/536; coincidencia entre la perito y el Dr. Burgo fs.776 vta.; fs.387/388 informe del Hospital Materno Infantil «Ramon Sarda»). Omitiendo así la conducta adecuada tal internación fue realizada por la codemandada A. tardíamente el martes 18 de marzo por la mañana en la Maternidad Santa Rosa de Vicente López con diagnostico de feto muerto la noche anterior (informe de fs. 363/364 de la Maternidad Santa Rosa; testigo Dra. Alejandra Buedo, fs. 555/558).

No obsta a lo concluido la ausencia de autopsia alegada por el Dr. Díaz Walker en sus agravios, puesto que la causa del deceso surge de las restantes pruebas producidas sin que sea la autopsia -tal como lo resuelve la sentencia- una prueba tasada y exclusiva respecto de la causa del fallecimiento sin que su omisión pueda generar responsabilidad alguna de la actora como pretende el apelante en sus agravios (Cám. C.C.1ª Quilmes, causa 6805 del 13-4-2004, causa 9649 del 5-9-07,sum JUBA 2902747). Es que en materia de responsabilidad médica la existencia del daño, la relación de causalidad adecuada entre éste y la conducta imputada, y el carácter antijurídico de tal conducta, constituyen hechos susceptibles de ser probados por todo tipo de prueba (art. 163 inc. 5º del C.P.C.; causa 88.207del 26-3-2002, 95.410 del 11-11-2004 de Sala IIª; Cá m. Apel. CC., San Martín, causa 41.659 del 24-6-97).

Se agravia no obstante también el Dr. Díaz Walker por cuanto -contrariamente a lo que se decidió en la sentencia- nunca contrajo obligación alguna respecto de la atención del parto de la actora siendo totalmente ajeno al mismo. También sostiene que de manera alguna puede responsabilizárselo a partir de sus opiniones vertidas en el libro «Nacer en casa» tal como lo ha hecho la sentenciante que, además, ha sacado de contexto los párrafos que cita en la sentencia. 

Aunque es cierto que la actora es una persona intelectualmente preparada, profesora universitaria (respta. 14ª pos., fs. 854 vta.), que se ha informado debidamente sobre las alternativas del parto domiciliario(respta. 2ª pos. ampl. fs. 855) y que por tanto es dable concluir en que las enseñanzas del apelante en el libro indicado no han anulado su posibilidad de ver y entender el real alcance de tales alternativas y de advertir las contingencias posibles del «parto en casa», siendo decisión suya el llevarlo a cabo y al que, como reconoce al absolver posiciones, ha recurrido para dar a luz a su tercer hijo (pliego fs. 848, respta. 7ª pos., fs. 854 vta), también es cierto que -contrariamente a lo que se afirma en los agravios- surge demostrado en autos que el Dr. D. W. estuvo comprometido en la asistencia del parto junto a la codemandada A. siendo por tanto tan responsable como ella en las consecuencia dañosas por las que en auto se reclama.Cierto es que la codemandada A. es de profesión Obstétrica y como tal están dentro de sus incumbencias la atención del parto (informe del Ministerio de Salud de la nación, fs.295; matrícula de Obstétrica 7002, recibida en la UBA.,8-8-94), pero también lo es que existen hechos probados que por su numero, gravedad y concordancia permiten concluir inequívocamente en que el Dr. Díaz Walker asesoraba, colaboraba y se comprometió juntamente con la codemandada A. al cumplimiento de las conductas médicas necesarias para arribar a un parto domiciliario exitoso (arts. 163 inc.5º, 384, 375, 456, 474 y cc. del C.P.C.).

En efecto; está reconocido que la Asociación Civil «Ñuñu» fue fundada por el Dr. Díaz Walker junto con otras personas y que en ella sea realizan reuniones sobre cuidados durante el embarazo, crianza, amamantamiento e información sobre el parto en casa mediante grupos operativos en la que participan madres que cuentan sus experiencias junto a parteras y médicos (contestación demanda fs. 141 vta.). Está probado además que en dichas reuniones se intercambiaban experiencias entre madres que habían tenido sus hijos en parto domiciliario y se compartían experiencias interviniendo tanto la codemandada A. cuanto el Dr. Díaz Walker, quienes explicaban y evacuaban consultas acerca de las circunstancias y conveniencias del parto en casa. Que el Dr. D. W., aunque pediatra, escribió «nacer en casa» obra en la que vierte sus enseñanzas acerca de las conveniencias del parto domiciliario (instrumental de fs. 34/37, testigos Cerdan, fs.328/335; Fornes, 336/343; Losada fs.348/355; Núñez Rodríguez de Tomada fs.356/358; Nicosia fs.359/360; Rodríguez Cuello, fs.427/429; Cedone Sagastume fs.476/478; Bibbo, fs.484; Lucioni fs. 601).

Según lo declaran los testigos Cerdan (328/335), Fornes (fs.336/343) y Sanden (fs. 602) los demandados conformaban un verdadero equipo en la preparación y atención de los partos en casa.Cierto es que los testigos Rodríguez Cuello (fs. 427/429), Villalba (fs.430/431), Minazzoli (fs.432/435)y Cedone Sagastume (fs.476/483) declaran que Dr. D. W. no las asistió en los nacimientos de sus hijos, pero si que lo hacia inmediatamente al parto para el control del recién nacido, no desconociendo la relación profesional que existía entre D. W. y A. En tal sentido ha declarado la testigo Mercedes Cedone Sagastume (fs.476/483) que estando en su casa en el trabajo de parto de sus dos hijas mellizas, con dos parteras, intervino en consulta el Dr. D. W., que la había atendido en su embarazo, disponiéndose su internación ante la probabilidad de necesitar asistencia neonatológica (fs. 479 vta. respta. 12ª). Surge también la relevancia de la actuación del médico en el parto domiciliario, tal como sostiene la actora haber convenido con el Dr. Díaz Walker, de la declaración de la testigo Patricia Alejandra Bibbo (fs.484/487) quien relató que en circunstancias de haberse encarado el parto de su hijo lo hizo con la intervención del Dr. Burgo quien, dadas las derivaciones del parto dispuso su internación (lra. repg., fs. 486 vta.).

A los hechos así probados que revelan la intervención del Dr. D. W. en las reuniones de parto en la Asociación demanda junto a la codemandada A.; su predica acerca de las conveniencias del parto domiciliario escritas en su libro «Nacer en casa» y su intervención directa o indirecta mediante el asesoramiento o consulta en los partos atendidos por la codemandada A., se suman otros que corroboran y permiten concluir en la participación y atención del Dr. D. W. como médico de la actora en los días inmediatos anteriores al parto de su hija el 18 de marzo del 2003 en el Sanatorio Güemes (fs. informe de fs. 491/499). En efecto; tal como lo señala la sentenciante y surge de las comunicaciones telefónicas relevadas en la prueba documental agregada a fs.641/646 existieron muchas llamadas además de las que menciona el apelante en sus agravios, entre la actora, A. y D. W. Así ocurrió el día en que, habiendo ido A. a revisar a la actora, se constató la fisura de la bolsa y la existencia de meconio debiendo por ello -como se vio- haberse dispuesto su internación inmediata.

Pero no sólo está demostrada esta intercomunicación telefónica entre las partes (cuyo relevamiento preciso surge de la documental de fs. 641/646, y presentación de fs. 756/758) sino que, además, ha quedado reconocido que en instancias de ya haberse producido el 15 de marzo de 2003 la rotura de la bolsa y la perdida de meconio, al día siguiente , domingo 16 de marzo a las 17 horas, concurrió el Dr. Díaz Walker a controlar a la actora junto a la codemandada A. sin disponer ni aconsejar su necesaria internación, transcurriendo así todo el días 17 de marzo sin habérselo efectuado. Este hecho fundamental de la intervención del Dr. Díaz Walker el día domingo 16 de marzo fue invocado por la actora en la demanda y no fue negado por el demandado al contestarla quedando así reconocido (art.354 inc. 1º del C.P.C.). Si bien lo ha negado al absolver posiciones (respta. 9ª.pos., fs. 844 vta) tal respuesta no enerva el reconocimiento del hecho derivado de la contestación de la demanda. Así entonces tal reconocimiento corrobora la restante prueba analizada por la que se demuestra la intervención del Dr. Díaz Walker en las instancias previas al parto y su responsabilidad por no llevar a cabo la internación de la actora conducta médica que el mismo afirma era la adecuada. Por el contrario transcurrió el resto del día domingo y todo el día lunes 17 de marzo sin tomarse decisión alguna respecto de la necesaria internación, siendo que se halla también demostrado que este último día la codemandada A.se encontraba abocada al parto de la testigo María del Carmen Villalba, tal como surge de su declaración (fs. 430/431, respta.7ª) y de la de su cónyuge A. J. M. (432/435, respta.3ª) en las que, además, ambos declaran sobre la intervención del Dr. D. W. en la atención del hijo de ellos recién nacido.

Sentado ello cabe recordar que cuando el profesional médico incurre en omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (S.C.B.A., Ac. 71.581 del 8-3-2000, 65.802 del 13-4-99, 56.949 del 94-96; causas 85.406 del 21-6-2001, 88.207 del 26-3-2002, causa 109.192 del 9/12/10 RSD: 151/10 de esta Sala IIIª); toda omisión de los medios que imponen la ciencia y la práctica médica, que puedan generar la pérdida de dichos bienes, entran en el concepto de causalidad adecuada (arts. 901, 902, 903 y 904 del Cód. Civil; causas 103.482 del 6/8/09, 97.509 del 30/08/2005, 101.692 del 24-04-2007 de esta Sala). Tal responsabilidad médica, por otra parte, puede quedar demostrada a partir de la prueba indiciaria, máxime cuando la prueba directa es harto difícil (Yungano y otros. «Responsabilidad Profesional de los Médicos», p. 187; causas 103.482 del 6/8/09 ce esta Sala IIIª; 50.706 del l1/6/90 entre otras de la Sala IIa.).

En el caso como ha quedado visto se encuentran probados hechos que por su número, precisión, gravedad y concordancia permiten inequívocamente concluir, a la luz de las reglas de la sana critica, con la intervención del Dr. D. W.en la atención médica de la actora en el parto de su hijo que naciera muerto el día 18 de marzo de 2003 y -por ende- su responsabilidad solidaria con la codemandada M. A. por los daños ocasionados (arts.163 inc.5º, 375, 384 y cc. del C.P.C.; arts. 699, 700, 705, doc. art. 1109 y cc. del Cód. Civil). De manera alguna puede endilgarse culpa alguna a la actores por no concurrir a un centro asistencial si como ha quedado demostrado tal indicación no fue dada por quienes asumieron la asistencia médica de la actora. Tampoco se ha probado que la actora no concurriera a controles médicos durante su embarazo siendo que, además, ha quedado probado -como ya se viera- que el desenlace luctuoso tuvo estrictamente que ver con incidencias durante el parto sin haber la actora presentado patología durante su embarazo.

No empece a ello que la especialidad del Dr. D. W. fuera la de pediatría puesto que su título de médico expedido por la UBA el 11-3-1959 (informe del Ministerio de Salud de La Nación de fs. 295/300) es el que lo habilita como tal siendo las especialidades médicas solo una capacitación espe cifica sobre uno de los campos de la medicina (informe el Ministerio de Salud de La Nación de fs.884).

3º) También la sentencia condena a la codemandada «Asociación Civil de ayuda materna ÑUÑU» por considerar que si bien la Sra. M. A. y el Dr. D. W. no guardan con la Asociación ningún tipo de dependencia o relación contractual, actuaron favorecidos por el ámbito que ésta les brindara. También la ha encontrado responsable por haber avalado el contenido del libro escrito por el Dr. Díaz Walker y por cuanto en su ámbito coordinaba reuniones la Sra. A. pese a haber sido una profesional muy lejana en cuanto a las precauciones que debió guardar profesionalmente.También considera que por su objeto social debió asumir con mayor cuidado sus actividades sociales a la luz de las normas jurídicas que la sentencia menciona.

Sostuvo la apelante al contestar demanda que ella constituye una Asociación de Ayuda Materna, entidad de Bien Publico nacional nº 2009, inscripta en la Inspección General de Justicia mediante expediente C8103/360356, Resolución 248 del 20/4/90, con los objetivos que surgen de sus estatutos. Negó que la Asociación haya sido un factor coadyuvante de los sucesos dañosos y que existiese nexo de causalidad entre la tarea de información y contención realizada por ÑUÑU y el fatal desenlace del nacimiento sin vida de la hija de los actores. Negó por consiguiente ser responsable de los hipotéticos daños y perjuicios emergentes de una supuesta mala praxis derivada de la atención obstétrica de la actora. 

En sus agravios la Asociación reiterando lo expuesto en la contestación de demanda sostiene que no existe nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la actividad desarrollada por ella en cumplimiento de sus objetivos estatutarios. Afirma que la sentenciante, aun habiendo admitido que el desenlace tuvo estrictamente que ver con el obrar o no obrar de la codemandada A. y que los demandados no guardan con la asociación relación de dependencia o contractual de ningún tipo, quebrando su línea argumental, la convierte en facto coadyuvante de los daños por el ámbito que ella brindara.

Adelanto a V.E. que asiste razón a la apelante y que la sentencia en cuanto la ha condenado por el resultado dañoso debe ser revocada.

En efecto; no esta controvertido que entre la Asociación apelante y los codemandados D. W. y M. A. no existió relación de dependencia; tampoco contrato alguno entre aquella y los actores a los fines de la atención médica de la Sra. B. al momento del parto.Ello así las consecuencias dañosas derivadas de las omisiones incurridas por aquellos, que han determinando su responsabilidad, no les son imputables, pues, al no existir tal relación de dependencia rige el principio «res inter alios acta» (arts. 1137, 1195, 1197 y 1198, Código Civil; Bueres, Alberto J., «Responsabilidad civil de los médicos», 3° ed., Hammurabi, 2006, pp. 344, 465/466 y «Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos asistenciales», Ábaco, 1981, p. 255; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., «Derecho de las Obligaciones», 3° ed., L.E.P., t. V, p. 630 y demás doctrina citada en el voto del Dr. Genoud en causa de la SCBA , «Marinaro, Hugo Antonio c. Fiameni, Amílcar s/daños y perjuicios » del 14/09/2011, publicada en: LLBA 2011, noviembre, 1095).

No está tampoco demostrado que, como lo expresa la actora al contestar los agravios la Asociación apelante fuera constituida por el Dr. D. W. para su propio beneficio y utilizada como instrumento de difusión y promoción del parto domiciliario para lucro personal de sus actividades profesionales. Son meramente dogmáticas las afirmaciones de la actora referidas a una única conducción de esta causa por parte del letrado del demandado D. W. y las relativas a que la incomparecencia de la codemandada A. fuera impuesta por lo restantes codemandados. Si bien es cierto que se halla reconocido que el Dr. D. W. fue uno de los fundadores de la Asociación apelante, no se halla demostrado que ella fuera constituida para su propio beneficio. Está probado por el contrario que fue constituida como Asociación de Ayuda Materna Entidad de Bien Público nacional nº 2009 inscripta en la Inspección General de Justicia mediante expediente C8103/360356, resolución 248 del 20/4/90 (copia certificada notarialmente de los estatutos de fs.178/194, no impugnados por la actora al contestar a fs.227/228 el traslado que le fuera conferido) excediendo sus objetivos y actividades la mera difusión de los beneficios del parto domiciliario (actas de la Asociación agregadas a fs. 436/471). Es de recordar en este aspecto que la llamada «teoría de la penetración en las sociedades» tiende a impedir que en casos extremos ellas se usen como pantalla legal para la frustración del derecho, pero no es un pabellón que -sin el debido fundamento- sirva para hacer tabla rasa con la personalidad del ente jurídico, o para confundir invariablemente su individualidad con la de quienes lo integran (Causa 97.706 del 24-2-05 de la Sala IIª; CNCiv., sala B, 26-9-74; J.A., 1975-25, 203). Por tanto, la desestimación de la forma de la persona jurídica debe quedar limitada en casos concretos, verdaderamente excepcionales, pues el daño que resulta de no respetar las instituciones de derecho puede ser mayor que el que proviene del mal uso que de ellas se hace (Causa 89.284 del 17-7-02 de la Sala IIª; CNCIv. Sala «E», Capital Federal, en autos «Nizzo, Daniel A. c/ Schafer, Juan T. Y otros» del 18-2-97).

Cierto es que, como ya fuera considerado, la contratación de la atención médica de la actora con los codemandados tuvo su origen en las reuniones que se efectuaran en el ámbito de la Asociación, a las que aquella concurrió durante su embarazo; también que en dicha reuniones participaban tanto la Sra. A. como el Dr. D. W. utilizándose entre otros elementos de información el libro «Nacer en casa» de la autoría de este último. Pero de ello no es dable concluir en que exista una relación causal adecuada con el resultado dañoso derivado del nacimiento de la hija de los actores muerta.Está claro que no ha sido ni es cuestionable el parto domiciliario con las prevenciones adecuadas tal como finalmente lo llevo a cabo la actora en el nacimiento de su tercer hijo (respta. 7ª, fs. 854 vta.).

Lo que sí ha sido materia de reproche es la omisión culpable de los codemandados, al atender a la actora en el momento del parto, por no disponer su necesaria internación dadas las circunstancias antes destacadas. En este sentido está claro que en el ámbito de la Asociación de manera alguna se proponía, en tales circunstancias, observar tal actitud dañosa por omisión. Por el contrario la propia apelante destaca en su demanda que en el ámbito de la Asociación siempre se prevía la necesidad de internación en una Clínica en caso de complicaciones al momento de dar a luz (fs. 77).

Por otra parte es dable destacar que aun considerando que la Asociación permitiera la difusión y apoyara el parto domiciliario no se deduce de ello que exista una relación causal adecuada con el hecho dañoso – tal como se sostiene en los agravios- puesto que éste tuvo su causa en la conducta omisiva ya destacada de los restantes codemandados, condición ésta superviniente que no es una secuela del curso causal desenvuelto por la Asociación apelante al permitir en su ámbito las reuniones sobre temas del parto domiciliario (MOSSET ITURRASPE, «Responsabilidad por Daños», I, 208; art. 901 y sigs. del C.C.; causas 54.976 del 8-10-1991,47.432 del 10-11-88, 53.776 del 17-5-91 de la Sala IIª).

Cabe recordar en este sentido que si bien el daño es uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil, también lo es la relación de causalidad entre él y el hecho que lo ocasiona, pues si no se considera este último presupuesto, no puede sostenerse que la obligación de reparar se impone al verdadero responsable (Causa 105.476 del 30-4-09 de esta Sala IIIª; Cám. Fed.Córdoba, Sala A, 25.3.85, «Bonvillani, César y otro. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos, LLC, 1985-770»).

Así y en lo que hace a la relación causal ha de tenerse en cuenta que ningún suceso es la obra de una sola condición o antecedente: siempre aquél es resultado de numerosos factores o condiciones que, unidos y solo en virtud de esta unión, lo originan (ORGAZ, «El Daño Resarcible», 3ª ed., pág. 38). En este aspecto ha de destacarse que después de la reforma al art. 906 del Cód. Civil que realizara la ley 17.711 no existen dudas que el Cód. Civil argentino ha receptado la teoría de la causalidad adecuada (MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños. Parte general, t. I, p. 221; ORGAZ, El daño resarcible, p. 52 y ss.; BUSTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p. 272, 9ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997; KIPER, Proceso de daños, t. II, p. 58 y ss., La Ley, Buenos Aires, 2008, GOLDENBERG, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, p. 23, 2ª edición, LA LEY, Buenos Aires, 2000; ZANNONI, El daño en la responsabilidad civil, p. 90, 2ª edición, Astrea, Buenos Aires, 1993; CIFUENTES, en BELLUSCIO (Dir.) – ZANNONI (Coord.), Código Civil y Leyes Complementarias, t. 4, p. 52 y demás doctrina citada en » La relación de causalidad como requisito autónomo y esencial de la responsabilidad civil», Mayo, Jorge, Prevot, Juan Manuel, Publicado en LA LEY 15/09/2001).

Es necesario, entonces, establecer la causa de un daño haciendo para ello un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto imputado. Es doctrina de nuestro Superior Tribunal que causa adecuada de un cierto resultado es el antecedente que lo produce normalmente, según el curso natural y ordinario de las cosas.Según la teoría de la causalidad adecuada no cabe tener en cuenta todas las condiciones sino solamente aquellas que, por su existencia, han vuelto objetivamente posible la realización del perjuicio, o lo que es más claro, que el pro pio efecto dañoso sea el que normalmente debía resultar de la acción u omisión imputada, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. art. 906 y cc. del, Cód.Civ.; SCBA, C 101032 S 18-2-2009, C 81870 S 12-10-2011 , Ac 88305 S 3-8-2005 , Ac 93078 S 6-9-2006, AC 81298 S 11-6-2003, Ac 37535 S 9-8-1988, Ac 49478 S 14-6-1994, Ac 55404 S 25-3-1997). En el caso ello no ocurre pues el efecto dañoso no ha sido el que debía resultar normalmente de la acción emprendida por la Asociación según el orden natural y ordinario de las cosas.

Ha resuelto en este sentido nuestro Superior Tribunal que en las cuestiones derivadas del nexo de causalidad entre el hecho ilícito y el daño, el juez debe guiarse, más que por teorías abstractas, por el criterio que en cada caso concreto pueda conducir a una solución justa (SCBA. en E.D.: 53-305; causa 47.302 del 5-9-88, de la Sala IIª).

Así entonces si, como en el caso, no se ha acreditado la existencia de una relación de causalidad jurídicamente relevante entre la conducta atribuida a la Asociación demandada y el resultado dañoso, causado por la conducta culposa de los restantes codemandados, la reparación que se pretende en la demanda por daños y perjuicios respecto de ella no puede prosperar (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 06/03/2007, «Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros», LA LEY, 2007-B, 261).

Considerando, pues, suficientes los agravios vertidos (art.260 del C.P.C.C.) corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada rechazando la demanda respecto de la «Asociación Civil de Ayuda Materna» con costas a la actora en su calidad de vencida (art. 274 y 68 del C.P.C.).

4º) Se agravia el codemandado Dr. D. W. por los montos otorgados en concepto de gastos ($ 2.700), daño moral ($ 250.000) y pérdida de chance ($100.000).

La norma del art. 260 del CPCC. tolera cierta flexibilidad cuando la apelación se limita a la medida del resarcimiento, por reputarlo excesivo o insuficiente, pero aquélla no autoriza al Tribunal a abordar oficiosamente la justicia de la determinación, supliendo lo que el apelante omite y poniendo así en riesgo el derecho de defensa del apelado. Así ocurriría de examinar los rubros impugnados, porque el memorialista los considera excesivos pero se limita a formular consideraciones genéricas, sin indicar de modo concreto dónde existe el error y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (FASSI, «Código Procesal.»; 2da. ed., vol. I, pág. 720; Causa 106.468 del 16-4-09, Causa 106.339 del 1-4-09 de esta Sala IIIª; 93.380 del 28-8-03, 99.594 del 11-7-06 de la Sala IIª). No constituye un agravio la mera referencia a los testimonios recibidos en el beneficio de litigar sin gastos los que ni siquiera identifica ni analiza, ni la mención acerca de que la indemnización por daño moral fuera fijada a la época del deceso por no surgir tal cosa de las sentencia.

Corresponde, pues, confirmar la sentencia en cuanto a los montos que integran la condena.

5º) Se agravian los actores por cuanto debe condenarse a cada uno de los demandados al pago del 100% de la indemnización otorgada en virtud de la solaridad existente entre ellos. Por su parte el codemandado Dr.Díaz Walker lo hace por considerar que la incidencia de su accionar en la responsabilidad que le es imputada es menor al 50% fijada en la sentencia.

No discutida la solidaridad entre los responsables de los daños producido a los actores, declarada por la sentenciante respecto de los montos que integran la condena, cabe recordar que los porcentajes de responsabilidad atribuidos a cada uno de ellos sólo tiene por objeto dilucidar eventuales acciones de reintegro entre los causantes del daño pero no pueden ser oponibles a la víctima, que puede reclamar el todo de cualquiera de ellos (doctr. art. 705, 1109 y cc. del C. Civil; S.C.B.A., Ac. 75.189 del 28-3-2001, «Ortiz de Franco c/Serrano»). Ello así ha de modificarse el monto de la condena a los demandados M. A. y Dr. D. W. estableciéndose el mismo en la totalidad de los fijados para cada uno de los daños reconocidos.

Siendo, por otra parte, que cuando, como ocurre en el caso, entre el actuar de ambos codemandados,no hay motivo para discriminar en cuanto a la influencia causal de una u otra culpa, ni en cuanto a su gravedad, la distribución del daño debe hacerse entre los responsables por partes iguales por aplicación del principio de causalidad paritaria (C.S.J.N., 17-11-94, «Palotka c/Prov. de Buenos Aires», L.L. diario del 9-5-9; causa 69.564 del 6-3-97, 93.767 del 17-6-2004 RSD: 146/04 de la Sala IIª). Ha de desestimarse, pues, en este aspecto también el recurso del codemandado Dr. D. W.

6º) Se agravian los actores por cuanto las indemnizaciones reclamadas en el escrito de demanda no fueron actualizadas al tiempo de la sentencia apelada.

No les asiste razón.

En efecto; aún cuando haya variado la coyuntura de convertibilidad existente a la época de la demanda, lo cierto es que el art. 10 de la ley 25.561 mantiene vigente el art.7 de la ley 23.928 en cuanto establece que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor.

Por lo demás, la Suprema Corte de Justicia ha destacado que aún cuando en el transcurso del año 2002 se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, el acogimiento de la actualización monetaria, además de ser contrario al art. 7 de la ley 23.928 según ley 25.561 -que justamente fue dictada con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso (S.C.B.A., c. B 49.193 bis «Fabiano Julio Esteban c/Provincia de Buenos Aires, Poder Ejecutivo s/Incid. de determinación de indemnización del 2-10-2002; Causa nro 102.724 del 8 de mayo del 2007 de la Sala IIª; 106.645 del 14-5-09 de esta Sala IIIª entre otras). En igual sentido ha resuelto nuestro superior Tribunal Federal que no se puede desconocer el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la «indexación», medida de política económica que procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios y a crear desconfianza en la moneda nacional (C.S.N., 20-04-2010, «MASSOLO, Alberto José c/Transporte del Tejar S.A., «La Ley» 25/10/2010).

7º) Se agravia el codemandado Dr.Díaz Walker por haberse -según él- fijado la tasa de interés activa, cuando corresponde aplicar la tasa pasiva.

Siendo que esta última ha sido la tasa dispuesta al establecérsela en la sentencia según la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no existe agravio para el apelante. El fallo, en la medida que colma sin reservas las aspiraciones del apelante, no genera agravio atendible alguno (Causa 106.552 del 14-5-09 de la Sala IIª). Por lo demás habiéndose fijado tal tasa a partir del fallecimiento de la hija de los accionantes, la petición del apelante de que lo sea a partir de la fecha de la sentencia constituye una mera discrepancia subjetiva sin fundamento atendible alguno (art. 260 del C.P.C.).

Con las modificaciones expuestas, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Juez doctora Soláns por iguales consideraciones, votó también por la afirmativa.

A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:

Dada la forma como se ha resuelto la cuestión anterior; corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia apelada rechazando la demanda promovida por A. M. B. y E. A. B.e contra la «Asociación Civil de ayuda materna ÑUÑU», con costas a los actores en su calidad de vencidos (art. 68 del C.P.C.); b) elevar el monto de la condena contra los demandados M. M. A. y Jorge Washington Díaz Walker a la suma de trescientos cincuenta y dos mil setecientos pesos ($352.000); c) confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a loa actores respecto de la demanda rechazada y a los demandados las correspondientes a la demanda que progresa contra M. M. A., J. W. D. W. (art. 68 del C.P.C.). Se difiere la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para una vez fijados los de la instancia de origen (art.31 de la ley 8904).

ASI LO VOTO

A la misma cuestión la señora Juez doctora Soláns por iguales motivos votó en el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se revoca parcialmente la sentencia apelada rechazándose la demanda promovida por A. M. B. y E. A. B. contra la «Asociación Civil de ayuda materna ÑUÑU», con costas a los actores en su calidad de vencidos (art. 68 del C.P.C.); b) se eleva el monto de la condena contra los demandados M. M. A. y J. W. D. W. a la suma de trescientos cincuenta y dos mil setecientos pesos ($352.000); c) se confirma la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a loa actores respecto de la demanda rechazada y a los demandados las correspondientes a la demanda que progresa contra M. M. A., J. W. D. W. (art. 68 del C.P.C.). Se difiere la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para una vez fijados los de la instancia de origen

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Juan Ignacio Krause

María Irupé Soláns

Juez Juez

Claudia Artola

Secretar ia

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