La UBA responsable frente al fallecimiento de una alumna que cayó al foso de un ascensor.

Partes: Rozano Gualberto Gregorio c/ Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y otros s/ daños y perjuicios  

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal  

Sala/Juzgado: II   Fecha: 9-may-2012  

Cita: MJ-JU-M-73141-AR | MJJ73141 | MJJ73141  

Responsabilidad de la Universidad demandada por el fallecimiento de una alumna, quien al intentar salir del ascensor donde había quedado atrapada, cayó al foso.

 Sumario:

  1.-Debe modificarse el pronunciamiento de grado en cuanto atribuyó responsabilidad concurrente a la víctima y a la universidad demandada, en el hecho en el que perdiera la vida la primera de ellas, al caer en el foso de un ascensor cuando intentó salir por sus propios medios de su interior, después de detenerse entre dos pisos, pues, de la sentencia apelada surge, para abonar el grado de responsabilidad de la víctima, la presunción de que no gritó, pero no se arrimó a la causa ningún elemento que permita tener por acreditado dicho extremo, además, independientemente de ser la demandada quien tenía la carga de acreditar el hecho de que el ascensor contaba con un medio de comunicación para que quien pudiera quedar encerrado se comunicara con el exterior, ante la orfandad probatoria respecto de los momentos anteriores a que la alumna abandonara la cabina, debe presumirse, por ser la reacción normal de quien se encuentra encerrado en un ascensor, que golpeó la puerta y levantó la voz pidiendo auxilio, puesto que nadie que queda encerrado en un ascensor procede a abandonarlo sin esperar un tiempo prudencial a ser rescatado o bien proferir gritos pidiendo auxilio.

  2.-Incurre en contradicción la sentencia que, para fundar la responsabilidad atribuida a la víctima en el hecho en que perdiera la vida, al intentar salir del ascensor donde había quedado encerrada, sostiene simultáneamente que aquélla fue temeraria, imprudente y en consecuencia culpable del acontecimiento que terminó con su vida y a la vez considerar justificado su actuar por haberse encontrado encerrada en el ascensor durante un período de tres horas -lo cual resulta presumido por el horario estimado del óbito-, debiendo señalarse que cuando una decisión se apoya en una serie encadenada de inferencias y de presunciones que traslucen sólo una apariencia de fundamentación probatoria, y en rigor carecen de una relación de causalidad suficiente, en virtud de que ninguna se apoya en la invocación de la existencia de un hecho cierto y acreditado, se encuentra ausente un aspecto esencial para que las presunciones sirvan como prueba, cual es que sean graves, precisas y concordantes.

 3.-Corresponde atribuir exclusivamente a la Universidad demandada, la responsabilidad por el hecho en el que perdiera la vida una alumna que quedó atrapada en un ascensor y falleció al caer al foso cuando intentó salir, puesto que fue el vicio del ascensor el que generó la necesidad de la víctima de salir por sus propios medios, es decir que las circunstancias de encierro e incertidumbre la obligaron a tomar dicha decisión y la demandada no produjo ninguna prueba tendiente a demostrar el más mínimo grado de diligencia por parte de los dependientes de la Universidad dado que no fueron encontradas sus pertenencias, sino hasta casi 48 horas después de que la víctima ascendiera al ascensor.

  4.-No encontrándose controvertido que el descenso de la cabina por parte de la víctima se produjo luego de la detención del ascensor entre dos pisos -en el caso, la víctima falleció al caer al foso al intentar salir-, la atribución de responsabilidad de la universidad demandada en su calidad de dueña o guardiana, debe ser analizada a la luz de lo previsto en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del CCiv., es decir, que para desplazar total o parcialmente la responsabilidad, el dueño o guardián debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien él no deba responder.

  Fallo:

  En Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de dos mil doce reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en los recursos interpuestos en autos: «ROZANO, GUALBERTO GREGORIO C/ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 1815/1820, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

  ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

  Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Santiago Bernardo Kiernan.

  A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dijo:

 I.- La sentencia de fs. 1815/1820 hizo lugar parcialmente a la demanda que por daños y perjuicios promovieron Gualberto Gregorio ROZANO y Nelly Teresa VEGA contra la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y su aseguradora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, desestimándola respecto del resto de los codemandados.

  Para decidir del modo en que lo hizo considera acreditados los vínculos de los accionantes respecto de quien fuera en vida Romina Elizabeth ROZANO VEGA con las partidas acompañadas, como así el fallecimiento de esta última. Refiere a la absolución decretada en la causa caratulada «N.N. s/ muerte por causa dudosa» que tramitara por ante el Juzgado de Instrucción N° 11 Secretaría N° 133, donde se dispuso el archivo en razón de no haberse acreditado la perpetración de delito alguno ni responsabilidades criminales.

  Invocando las actuaciones en sede penal, el sentenciante considera acreditado que el día 13 de mayo de 2003, ROZANO VEGA concurrió a la Facultad de Derecho, luego de asistir a una clase en el primer piso que concluyó a las 10.00 hs. y que en compañía de otra alumna se dirigían a fin de obtener fotocopias.Como ésta se demoró, se dirigió sola hacia el sector del ascensor y no se la volvió a ver. En horas del mediodía, dos empleadas escucharon la alarma del ascensor denominado «para graduados» advirtiendo, sin ver el interior, que presentaba la puerta abierta, por lo que dieron aviso al personal de mantenimiento. Un empleado de mantenimiento al oír la alarma se dirigió a la sala de máquinas donde reseteó el equipo; al advertir una falla, se puso en funcionamiento y pudo ver que estaba en la planta baja con la puerta abierta sin que saliera nadie. Al día siguiente no hubo actividad por un conflicto gremial y el 15 de mayo a las 8.30 aproximadamente, un operario de la codemandada MALDATEC encontró en el interior de la cabina un bolso que resultó ser de la víctima.

  Refiere a las conclusiones a las que se arribó en el peritaje efectuado por la Policía Federal en la causa penal respecto del buen funcionamiento general del ascensor poniendo de relieve lo defectuoso de la alarma. Concluye en primer término que el deceso de ROZANO VEGA se produjo como consecuencia de su caída en el foso del ascensor al intentar salir por sus propios medios de su interior, donde había quedado atrapada al detenerse entre los pisos segundo y tercero a raíz de una falla técnica.

  Llama poderosamente la atención del a quo que la víctima encerrada en un ascensor entre dos pisos, no haya gritado en reclamo de ayuda. Sostiene que la Facultad de Derecho a la hora en la que subió al aparato está muy concurrida y además cuenta con gran cantidad de personal propio y de la empresa de vigilancia considerando que «. si la Srta. ROZANO VEGA hubiera gritado pidiendo auxilio debería haber sido escuchada por alguien, pero no hay constancia alguna de que así lo haya hecho.». Concluyendo en que el desenlace fatal se produjo por la conducta temeraria e imprudente de la propia víctima.Pero que ello no implica de por sí desestimar las demandas de autos.

  A renglón seguido sostiene que la víctima arribó al ascensor a eso de las 10.10 hs./10.15 hs. y que la médica forense precisó que el óbito ocurrió entre las 9.30 hs. y las 13.30 hs., y que estuvo encerrada en él unas tres horas «.tiempo bastante como para provocar desesperación en una persona normal. Ello explica su fallida tentativa de abandonar la cabina por sus propios medios.». Señala que en dos oportunidades se pusieron en conocimiento del personal de mantenimiento las fallas del ascensor sin que se hiciera nada para resolver el problema. Arribando a una segunda conclusión, que el sistema de alarma era deficiente pues aquélla que se activa desde el interior de la cabina -que es la que cumple la función de alertar respecto de la presencia de una persona encerrada en el interior del ascensor-, era sólo audible desde la sala de máquinas.

  Dichas circunstancias conducen al a quo a concluir en que para el fallecimiento de ROZANO VEGA medió culpa concurrente, pues si se hubiera atendido el ascensor ante el requerimiento de las empleadas y si la alarma hubiera operado eficazmente se habría advertido el encierro de la víctima y evitado que ésta pretendiera salir de allí por sus propios medios.

  Responsabiliza a la Universidad de Buenos Aires en los términos del art. 1113 del Código Civil, señalando que para eximirse de responsabilidad debió demostrar que de su parte no hubo culpa por ser la dueña y guardiana del ascensor, responsabilizándola asimismo por la deficiente actuación de sus dependientes, ya que avisados de la mala performance del elevador nada hicieron para normalizarlo. Desestima la acción contra MALDATEC porque considera que no fue convocada por la universidad a tiempo. Como asimismo contra SISEM, en virtud de no haberse acreditado que la víctima haya proferido gritos de auxilio y, consecuentemente, «.no se le puede imputar al personal de vigilancia haberlos desoído.».

  II.Alza sus quejas la actora VEGA a fojas 1879/1885, agraviándose de la atribución de culpa concurrente, del rechazo de su pretensión respecto de los codemandados MALDATEC y SISEM, como asimismo, del monto otorgado en concepto de indemnización al padre de la víctima y coactor ROZANO. Dichos fundamentos son contestados a fojas 1894 por la citada en garantía ZURICH, a fojas 1897/98 por la Universidad de Buenos Aires y a fojas 1900/ 1906, por la codemandada THYSSENKRUPP ELEVADORES Sociedad Anónima.

  A fojas 1887/8 expresa agravios la Universidad de Buenos Aires, quien atribuye la responsabilidad del accidente a la víctima, argumentando que si se absuelve a MALDATEC porque el ascensor funcionaba correctamente no existe lógica para su condena. Asimismo, invoca una carencia de relación causal entre la detención del ascensor y el fallecimiento de la alumna. Sostiene que este último se produce porque el accionar de ROZANO VEGA es el que altera el curso natural de las cosas.

 A fojas 1856/1877 funda su recurso la citada en garantía ZURICH, se agravia de la atribución de responsabilidad a la Universidad de Buenos Aires, sostiene que la desesperación de la víctima es una presunción porque no se encuentra acreditado que padeciera de claustrofobia, que no existe relación de causalidad entre el fallecimiento y la detención del ascensor, que fue la víctima quien realizó una maniobra temeraria y negligente, que debió solicitar ayuda a viva voz a fin de que se la auxiliase y que el tiempo de espera no fue de tal magnitud como para justificar el abandono del ascensor por sus propios medios. Se agravia asimismo por la cuantía de los montos otorgados señalando que existe una contradicción en el daño psicológico pues si no es permanente no es indemnizable y no requiere tratamiento, de lo contrario, se encuentra subsumido en el daño moral.

  III.Tal como se plantea la cuestión, teniendo en cuenta las pretensiones que involucran uno y otro de los recursos interpuestos, he de comenzar por el tratamiento de las quejas de la actora. Ello así, no sin antes señalar que, el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077 ).

  En tal sentido, creo necesario, como aclaración previa, recordar que la Corte Suprema de Justicia, en Fallos: 327:1532 , (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema) ha interpretado que cuando se falla sin respetar los límites, se puede incurrir en «exceso» que puede ser «ultra petita» (más de lo pedido y controvertido); «citra petita» (por fuera de lo requerido y propuesto); o «infra petita» (por menos de lo reclamado y contrapuesto en el juicio).

  Asimismo, que como enseñaba Eduardo J. Couture, «la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras: la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica». «Pero la pretensión no es la acción. La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión. Ese poder jurídico existe en el individuo, aun cuando la pretensión sea infundada» («Estudios de Derecho Procesal Civil, 3ª Ed., Bs.As., Depalma, 1979).

  Es que la pretensión procesal conlleva, tres elementos: subjetivo, objetivo y causal.El primero de ellos, está referido al sujeto habilitado para ejercer la acción, entraña una relación jurídica entre el pretendiente (actor o reconviniente) y el pretendido (demandado o reconvenido), y en consecuencia resulta del resorte exclusivo de las partes, excluyendo al juez; el segundo se relaciona con la petición y la libertad del individuo para fijar lo que pretende, no es más que el petitorio del actor o del reconviniente; y el tercero involucra al hecho que se invoca y a su imputación jurídica, es decir la «causa petendi».

  Ahora bi en, por efecto de la regla del «iura novit curia», está vedado al juez condenar por aquello que no se pidió, por más de lo solicitado, o por razones totalmente distintas a las alegadas por las partes.

  De donde deriva la íntima relación que existe entre la pretensión procesal y la regla de congruencia. Esto último, traducido como el respeto del magistrado hacia la pretensión y la resistencia a ella, pues si la sentencia es incongruente necesariamente resulta violatoria de las garantías constitucionales, por lo que la congruencia viene a convertirse en la garantía de las partes que les asegura que el juez no fallará algo distinto de lo que ellas pretenden («extra petita»); ni más allá de lo que ellas pretenden («ultra petita), ni omitiendo alguna de las cuestiones conducentes a la solución del litigio puestas a su consideración («citra petita»).

  Esto último, salvedad hecha de que puede ocurrir que la sentencia, en orden a la solución adoptada como consecuencia de una de las cuestiones propuestas, omita el tratamiento de otra que, en consecuencia, deja de ser conducente, en cuyo caso no es posible invocar incongruencia.

  Retomando el principio de congruencia, en cuanto aquí interesa, cabe recordar que según Peyrano, Jorge Walter («EL Proceso Civil. Principio y Fundamentos, Bs.As., Ed.Astrea, 1978) consiste en la exigencia de que medie identidad entre la materia, las partes y los hechos de una litis, incidental o sustantiva, y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que lo dirime, y que tiene consagración legal en el art. 34 , del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando al enumerar los deberes de los jueces, dispone en el inc. 4°, que deben fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. De tal modo constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo, base sobre la cual descansa, el ordenamiento del proceso civil.

  En sentido contrario, la decisión incongruente, será aquella que saca conclusiones erróneas de las premisas establecidas; lo que puede subsanarse por vía del recurso de nulidad, pues los fallos deben ser congruentes, bajo pena de nulidad. No pueden resolver fuera de los términos del circuito litigioso y por tanto serán nulas, por violación al principio de congruencia, las sentencias que excedan cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión, o se pronuncien sobre cuestiones no incluidas en la oposición de una de las partes, o que no traten un hecho indicado oportunamente por una de ellas y que sea vital para la solución del pleito. Asimismo, el principio de congruencia ofrece un doble aspecto: la obligación del juez de fallar sobre lo pedido en la demanda y nada más que sobre ello; y que la resolución se base en los hechos sustanciales aducidos y en los que constituyen las defensas o excepciones del demandado.En lo relativo a los hechos, el sentenciante no puede apartarse de lo alegado y probado, pero en lo referente al derecho, tiene la facultad de fundarse en la norma jurídica, que él considere de aplicación al caso (principio del iura novit curia, ya citado).

  Todo ello sin que se desnaturalice el proceso, puesto que el hecho de que el sentenciante califique correctamente la acción interpuesta que había sido formulada en forma errónea, es una cosa, pero sería nulo el pronunciamiento si sustituyera esa acción por otra (Maurino, Alberto Luís, «Nulidades Procesales», Ed. Astrea, 1995).

 Por otro lado, a fin de declarar el derecho, el juez necesita convencerse no sólo de que ese derecho existe en abstracto y objetivamente, sino también que corresponde al litigio particular planteado. Necesita la convicción de que esos hechos han sucedido históricamente, pues la incertidumbre redundará a modo de sanción, en perjuicio de quien carece de prueba (conf. Fenochietto, Carlos E., «La carga de la prueba», LL 1980-A.808). La sana crítica comprende la actividad lógica del oficio judicial necesaria para valorar la prueba en un caso concreto; la necesidad de valorar los distintos medios, naturaleza de la causa, las máximas experiencias y la conducta procesal de las partes; explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con sentido crítico la variedad de pruebas: «Los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica» (art. 386, párr.1, C.P.C.C.) (conf. Fenochietto, Carlos E. «Código Procesal Civil y Comercial de La Nación», 2ª ed., T. II, ed. Astrea, Bs.As., 2001, p. 527). (Sala 3, causa 14.305/02 del 05.05.05).

  Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294: 466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte , Código Procesal (confr. esta Cámara, Sala 1, causa N° 4941/04 del 24/05/07; esta Sala causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

  IV. Sentado lo anterior, debo señalar en primer término que no comparto el encuadre jurídico con relación a la responsabilidad que realiza el a quo. No encontrándose controvertido que el descenso de la cabina por parte de la víctima se produjo luego de la detención del ascensor entre el segundo y tercer piso, considero que el caso, en lo que a la atribución de responsabilidad de la Universidad de Buenos Aires se refiere, debe ser analizado a la luz de lo previsto en la segunda parte del segundo párrafo del artículo 1113 del código civil, es decir, que para desplazar total o parcialmente la responsabilidad, el dueño o guardián debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien él no deba responder, situaciones que configuran para el presunto responsable hipótesis particulares de caso fortuito, y que revelan que el daño, aparentemente originado en el vicio de la cosa, no obedece en realidad -total o parcialmente- a esa causa, sino a una diferente (culpa de la víctima o del tercero). Así, el hecho de la víctima con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el perjuicio al que alude el art.1113 Código Civil, debe aparecer como única causa del daño con la característica de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (Disidencia de los doctores Eduardo Moliné O’Connor, Carlos S. Fayt, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez; Fallos: 324:3442; 327:5203 ).

  De la sentencia de grado surge, -para abonar el grado de responsabilidad que se le atribuye a la víctima- la presunción de que no gritó, circunstancia que le llama «poderosamente la atención» al a quo. Ahora bien, no ha sido arrimado a la causa ningún elemento que permita tener por acreditado dicho extremo, por otro lado surge la afirmación de que la facultad está «concurrida a esa hora y cuenta con gran cantidad de personal propio y de la empresa de vigilancia» esto se da de bruces con el hecho de que la cartera y otras pertenencias de la víctima fueran encontradas dentro del ascensor casi dos días después del accidente. Luego sostiene que si la víctima «hubiera gritado pidiendo auxilio debería haber sido escuchada por alguien pero no hay constancia de que así lo haya hecho» y aquí es donde debe primar el sentido común, pues independientemente de ser las demandadas quienes tenían la carga de acreditar el hecho de que el ascensor contaba con un medio de comunicación para que quien pudiera quedar encerrado se comunicara con el exterior, ante la orfandad probatoria respecto de los momentos anteriores a que ROZANO VEGA abandonara la cabina, debe presumirse -por ser la reacción normal de quien se encuentra encerrado en un ascensor-, que golpeó la puerta y levantó la voz pidiendo auxilio. Nadie que queda encerrado en un ascensor procede a abandonarlo sin esperar un tiempo prudencial a ser rescatado o bien proferir gritos pidiendo auxilio, ese es el normal desarrollo de los acontecimientos, lo que realiza el común de la gente ante una circunstancia similar, lo que debe presumirse.Lo otro, la excepcionalidad del abandono inmediato de la cabina sin proferir siquiera un grito de auxilio temerariamente e imprudentemente, es manifiestamente excepcional, no puede presumirse y no ha sido producida ninguna prueba que permita siquiera inferirlo.

 Sentado lo anterior, sin perjuicio de que la actora se limita a invocar someramente el agravio que le genera la atribución de culpa a la víctima y no por ello carente de justificación, pues considero que se produce una incongruencia al analizar la responsabilidad de los dependientes de la Universidad, dado que en contraposición con los hechos invocados para justificar la proporción de culpa de la víctima, no puede sostenerse que como el óbito se produjo entre las 9.30 y las 13.30 hs., corresponde tener por acreditado que ROZANO VEGA estuvo encerrada más de tres horas «.tiempo suficiente para provocar desesperación en una persona normal.» y que «Ello explica su tentativa de abandonar la cabina por sus propios medios». Deviene en una contradicción sostener simultáneamente en una misma sentencia que la víctima fue temeraria, imprudente y en consecuencia culpable del acontecimiento que terminó con su vida y a la vez considerar justificado su actuar por haberse encontrado encerrada en el ascensor durante un período de tres horas.

 En una decisión apoyada en una serie encadenada de inferencias, de presunciones, de presunciones que traslucen sólo una apariencia de fundamentación probatoria, y en rigor carecen de una relación de causalidad suficiente, en virtud de que ninguna se apoya en la invocación de la existencia de un hecho cier to y acreditado, se encuentra ausente un aspecto esencial para que las presunciones sirvan como prueba, cual es que sean graves, precisas y concordantes (artículo 163, inc. 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Gustavo A. Bossert, Fallos: 325:2095).

  V.Con relación a los agravios formulados por la Universidad y la citada en garantía Zurich relativos a la inexistencia de relación de causalidad entre la detención del ascensor y el fallecimiento de la víctima, cabe poner de resalto que fue el vicio del ascensor el que generó la necesidad de la alumna de salir por sus propios medios, es decir que las circunstancias de encierro e incertidumbre la obligaron a tomar dicha decisión y las demandadas no han producido ninguna prueba tendiente a demostrar el más mínimo grado de diligencia por parte de los dependientes de la Universidad dado que no fueron encontradas sus pertenencias, reitero, sino hasta casi 48 horas después de que la víctima ascendiera al ascensor.

  En consecuencia, no habiéndose acreditado el eximente de la responsabilidad que se le endilga, propondré hacer lugar al primer agravio introducido por la actora VEGA modificando el pronunciamiento de grado atribuyéndole exclusivamente la responsabilidad a la Universidad de Buenos Aires y su aseguradora Zurich Argentina Compañía de Seguros.

 VI. Los principios generales en materia recursiva indican que existe agravio cuando la decisión judicial le produce a la parte una especie de ofensa o menoscabo en sus derechos, toda vez que no ha sido acogida favorablemente su posición en la litis. Se aludía así a un aspecto subjetivo vinculado con el perjuicio material o moral creciente del recurrente al tener que aceptar una situación desfavorable. En tal sentido, el agravio se vincula directamente con el interés jurídico que el recurrente debe exhibir para poder interponer el recurso, si este interés no existe por haber sido satisfecha su pretensión, no tiene interés jurídico en el recurso y por lo tanto no puede expresar agravios (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, Elena I. Highton, Beatriz A. Areán, T 5, p.251 y sus citas). Así, propongo desestimar la cuestión introducida por la actora VEGA con relación al monto otorgado en concepto de indemnización al co-actor ROZANO, y el resto de las cuestiones que señala referidas a este último en cuanto no poseen vinculación con el objeto del presente proceso.

 VII. La citada en garantía, se agravia del monto otorgado a los coactores en concepto de daño moral la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue. En virtud del artículo 1079 del Código Civil todo perjudicado tiene derecho a obtener una reparación del daño sufrido, al tratarse de la muerte de una joven de corta edad -que no era sostén de sus padres sino, en la patrimonial, carga- la reclamación debe acogerse en cuanto al perjuicio patrimonial y que se concreta en la pérdida de las esperanzas, a que la progenitora tenía legítimo interés, de que esta joven pudiera prestar un auxilio o ayuda personal y económica, y al indiscutible daño moral que la muerte de un hijo provoca. A los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio del daño moral, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 326:1299 ; 326:280). El a quo otorgó por este rubro al padre de la víctima ROZANO la suma de $ 40.000.Invocando el limitado vínculo entre éste y su hija, que no acreditó daño material alguno y que en el futuro no podía esperar la asistencia de una hija con la que no tenía relación continua y sostenida, y a la madre VEGA la de $ 300.000. Montos cuya confirmación pro-pongo al acuerdo dado que sólo se agravió la citada en garantía y han sido consentidos por los accionantes.

 VIII. Se agravia la citada en garantía del monto otorgado a los actores en concepto de daño psíquico sosteniendo que el daño psíquico permanente se encuentra subsumido en el daño moral. Y si bien no se advierte el motivo por el que el a quo considerando el 25 por ciento de incapacidad que informa la pericia de fojas 1252/1257 con relación al padre de la víctima le otorga la suma de $ 40.000 mientras que el informe de fojas 1352/ 54 otorga a la madre una incapacidad del 35 por ciento estimándola en la suma de $ 400.000, considero que para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso como lo informa la experticia, teniendo en consideración asimismo que si bien no se encuentra particularmente acreditado el grado de afectación en la esfera económica patrimonial de los accionantes, el mismo debe presumirse por su magnitud, 35 y 25 por ciento respectivamente. Sin perjuicio de ello, considero excesiva la suma de $ 400.000 otorgada a la madre por lo que propongo su morigeración a la suma de $ 100.000 confirmando la otorgada al padre.

  IX. De conformidad con lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, adecuaré la imposición de las costas de la anterior instancia, las que se imponen en todas las relaciones procesales a la Universidad de Buenos Aires y a su aseguradora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA vencidas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo del CPCCN).

  X. Voto en consecuencia, por la modificación del pronunciamiento de grado atribuyéndole exclusivamente la responsabilidad a la Universidad de Buenos Aires y su aseguradora Zurich Argentina Compañía de Seguros por el hecho en el que perdiera la vida la alumna ROZANO VEGA y la indemnización por el rubro daño psicológico en los términos del considerando VIII, con más las costas de la anterior instancia según lo expuesto en el considerando IX, confirmándolo en el resto de las cuestiones que fueran materia de agravio. Costas de alzada a las demandadas -UBA y su aseguradora- vencidas atento al resultado de los recursos (art. 68, 1er párrafo, del Código Procesal).

 El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expresadas por el doctor Guarinoni, adhiere a las conclusiones de su voto.

 El señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

 Con lo que terminó el acto.

 RICARDO VÍCTOR GUARINONI.

 ALFREDO SILVERIO GUSMAN -.

 Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 364 folio n° 473 tomo n° 4 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

 Buenos Aires, 9 de mayo de 2012.-

 Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto X del presente voto. Difiérese las regulaciones de honorarios de alzada hasta tanto se cuente con los emolumentos de primera instancia.

 Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 RICARDO VÍCTOR GUARINONI

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