fbpx

Conocer los riesgos en virtud de la labor profesional de quien contrajo brucelosis, no puede reputarse como tácita aceptación.

DAÑOS Y PERJUICIOS – RIESGOS DEL TRABAJO – ENFERMEDAD LABORAL – ENFERMEDADES – ENFERMEDAD CONTAGIOSA – BRUCELOSIS – INDEMNIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL – RESPONSABILIDAD OBJETIVA – ACTIVIDAD RIESGOSA – INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD – DAÑO MORAL – INCAPACIDAD SOBREVINIENTE

Partes: F. A. H. c/ Finexcor S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala/Juzgado: A

Fecha: 2-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-72347-AR | MJJ72347 | MJJ72347   Si la actora mientras desarrolló tareas adquirió brucelosis es la firma accionada la que debe responder, sin perjuicio de que la profesional conociera los riesgos en virtud de su labor, pues no puede reputarse como una tácita aceptación de los mismos.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por daños y perjuicios entablada por la actora contra la empresa demandada -frigorífico en donde la actora desarrolló tareas durante varios años y en el cual adquirió la enfermedad profesional conocida como brucelosis -, pues a la luz de la responsabilidad objetiva, debe condenarse a la firma accionada por ser titular y guardiana de las cosas riesgosas -vacunos afectados por brucelosis- y, desde el ángulo de la responsabilidad subjetiva, por haber omitido proveer los elementos de seguridad e higiene necesarios para desarrollar las tareas dentro del establecimiento o, eventualmente, no haber exigido el cumplimiento de tales medidas respecto al personal que allí trabajaba, quienes operaban a fin de que el frigorífico demandado pudiese cumplir con su objeto social (art. 1109 del CCiv.).

2.-La ley 24557 modificó todo el sistema de prevención y reparación de los riesgos laborales, estableciendo -art. 6°, inc. 2° – que, se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que anualmente confecciona el Poder Ejecutivo Nacional (entre ellas, la brucelosis). Y, según surge del inc. 4° del art. 39 de esa ley, si alguna de las enfermedades previstas en el art. 6° hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo a las normas del Código Civil. Justamente, éste es el caso sometido a análisis, desde que quedó expresamente reconocido por las partes que el frigorífico demandado no era empleadora de la actora, revistiendo, en la especie, calidad de tercero; conforme a lo expuesto corresponde la vía procesal escogida por la actora -art. 1113 CCiv.

3.-Corresponde revocar el fallo de primera instancia basado en el hecho de que la actora, en virtud de su profesión, conocía perfectamente los riesgos de su labor, motivo por el cual no era imprevisible para ella la posibilidad de contagio, puesto que el hecho de que la víctima haya tenido conocimiento de los riesgos de su profesión no puede reputarse como una tácita aceptación de los mismos, enn este orden de ideas y conforme a lo establecido por el art. 1113 del CCiv., no resulta dudosa la existencia del riesgo inherente a la cosa (eventuales animales enfermos o vísceras afectadas).

4.-En cuanto a la pretensión por pérdida de la chance de la actora, la misma no ha logrado demostrar que sea portadora de alguna secuela incapacitante o de cicatriz humoral, que pueda llegar a tener incidencia actual en el tipo de actividad que desarrollaba en el frigorífico, no se niega que la misma contrajo la enfermedad profesional de brucelosis , sin embargo, de acuerdo a los diversos estudios realizados por prescripción médica y a los tratamientos a los que fue sometida en los años subsiguientes, lo cierto es que la actora carece de algún tipo de incapacidad de índole psicofísica, que afecte su aspecto laboral, por lo cual se desestima este rubro.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de marzo del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «F., A. H. c/FINEXCOR S.A. s/ daños y perjuicios», respecto de la sentencia de fs. 602/614, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores HUGO MOLTENI -SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI.-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. HUGO MOLTENI DIJO:

1°.- La sentencia de fs. 602/614 rechazó la demanda por daños y perjuicios entablada por A. H. F. contra Finexcor S.A., frigorífico en donde la actora desarrolló tareas durante varios años y en el cual adquirió la enfermedad profesional conocida como «brucelosis». El fundamento desestimatorio se centró primordialmente en dos aspectos: a) en que la actora, en virtud de su profesión, conocía perfectamente los riesgos de su labor, motivo por el cual no era imprevisible para ella la posibilidad de contagio; b) en que si bien quedó demostrado el uso irregular de elementos de seguridad e higiene dentro del establecimiento demandado, como la actora era empleada del SENASA, la carga de proveer dichos elementos correspondía a su empleadora, que no fue demandada en autos.-

Contra dicho pronunciamiento se alza en grado de apelación la parte demandante. En su expresión de agravios de fs. 643/651 solicita se revoque la sentencia en crisis y se admita la demanda entablada en perjuicio del frigorífico. Tales quejas fueron respondidas por este último, según presentación de fs.657/658.-

2°.- En lo que concierne al análisis de la responsabilidad, la accionante se queja alegando que en la sentencia apelada se efectuó un inadecuado mérito de las pruebas producidas, habiéndose eximido de responsabilidad a la emplazada de manera dogmática e injusta. Refiere que Finexcor S.A. debe responder por la enfermedad profesional sufrida por la demandante, en su calidad de dueño o guardián de la cosa riesgosa (art. 1113, segundo párrafo , del Código Civil). Agrega que la mera circunstancia de que la actora hubiese conocido los riesgos de su profesión, de ningún modo puede significar que los haya aceptado tácitamente por el hecho de trabajar en el frigorífico. Añade que era la demandada quien entregaba los elementos de seguridad e higiene (según declararon los testigos), razón por la cual la omisión de provisión de aquéllos le es imputable. Asegura que la obligación de seguridad también es aplicable en los supuestos de responsabilidad extracontractual. En consecuencia, por estos motivos, solicita se revoque la sentencia apelada, se admitan las partidas reclamadas en el libelo inicial y se disponga la aplicación de la tasa activa de interés respecto de las sumas integrantes del capital de condena.-

3°.- No está discutido que la parte demandante persigue en sede civil el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional contraída en ocasión de desempeñar labores en el frigorífico demandado. Por tal motivo, al no hallarse involucrado un reclamo de naturaleza laboral, el Sr. Juez «a-quo», acertadamente, consideró abstracto el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad introducidos por la demandante, como también la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el demandado.-

4°.- En primer lugar, es menester precisar que la ley 24.557 modificó todo el sistema de prevención y reparación de los riesgos laborales. El art. 6°, inc.2°, de esa normativa establece que se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que anualmente confecciona el Poder Ejecutivo Nacional (entre ellas, la brucelosis). Y, según surge del inc. 4° del art. 39 de esa ley, si alguna de las enfermedades previstas en el art. 6° hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo a las normas del Código Civil. Justamente, éste es el caso sometido a análisis, desde que quedó expresamente reconocido por las partes que Finexcor S.A. no era empleadora de la Sra. F., revistiendo, en la especie, calidad de tercero. La demandante considera responsable al frigorífico, a raíz de haber contraído «brucelosis», en ocasión de trabajar en la sede del demandado y hallarse en contacto directo con animales de los cuales provino el contagio (Conf. CNCiv., Sala E, voto del Dr. Calatayud, La Ley 2006-A-236).-

Como corolario de ello, conforme a lo normado por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, es procedente la vía procesal escogida.-

En otros términos, en la hipótesis sometida a estudio la actora no entabló demanda resarcitoria por los daños y perjuicios derivados de una relación laboral, sino por el contagio de la enfermedad antes sindicada, contraída en oportunidad de desarrollar tareas dentro del establecimiento cuya propiedad corresponde al demandado. Consecuentemente, era carga de la demandante demostrar la enfermedad sufrida y el nexo de causalidad entre la labor prestada en el frigorífico y el contagio.-

5°.- Según se desprende de la prueba testimonial producida en autos, que fue analizada por el Sr. Magistrado de grado, el frigorífico emplazado se dedica a faenar animales vacunos, para exportación y consumo (cfr. fs. 289, respuesta 4°).-

Desde el año 1996 la actora se desempeñó como ayudante en el sector de inspección veterinaria del SENASA, operando dentro del establecimiento industrial propiedad de Finexcor S.A., fundamentalmente en tres sectores:playa de faena de vacunos, corrales de animales vacunos en pie y depósito-picking (cfr. pericia técnica, fs. 344, apartado IV, punto a) e informativa obrante a fs. 216, expedida por el Sector de Personal del SENASA).-

La actora precisó que sus tareas (por orden de su empleadora) eran las de «. controlar la carne de exportación y revisar vísceras en su bandeja en la playa de faena, precintar el digestor (con los decomisos), en corrales firmar las tarjetas .

La totalidad de la mercadería que tenía que fiscalizar era o estaba bajo la custodia de la demandada, quien tenía el control sobre cómo y cuándo se realizaba la faena y producción y qué animales la integraban. Luego venía la intervención personal que, como mi mandante, realizaba dicha fiscalización» (cfr. 5 vta., punto IV).-

Sobre este aspecto, el Sr. Juez de grado consideró que no puede responsabilizarse a la demandada por el hecho de que la enfermedad profesional contraída por la actora haya sido en virtud del contacto con un animal o parte anatómica de éste contaminada con brucelosis, dado que esa era la tarea a su cargo, dispuesta por el SENASA. Esto es, controlar y detectar animales o cortes contagiados (tuberculosis, brucelosis, hidatidosis, parasitosis, etc.) a fin de extraerlos del consumo y disponer su decomiso o seguir el procedimiento establecido (cocción), en el caso del contagio con brucela. Sin embargo, discrepo con esta interpretación.-

Tal como puntualiza la accionante en su expresión de agravios, el hecho de que la víctima haya tenido conocimiento de los riesgos de su profesión no puede reputarse como una tácita aceptación de los mismos. En este orden de ideas, a la luz de la resposabilidad objetiva consagrada por el art.1113 del Código Civil, no resulta dudosa la existencia del riesgo inherente a la cosa (eventuales animales enfermos o vísceras afectadas). Es que, durante la permanencia y desempeño de tareas en el frigorífico demandado, la accionante estuvo expuesta a la posibilidad de contagio de la enfermedad.-

Sobre ello, se ha sostenido que si la enfermedad contraída -brucelosis- se contagia merced al contacto con partes orgánicas de animales enfermos, el ganado vacuno es una cosa riesgosa o peligrosa en cuanto a la posibilidad de producir dicha dolencia en los términos del artículo 1113 del Código Civil (conf. Cám. Nac. de Apelac. del Trabajo, Sala VII, «Rivero. c/ Frigorífico Marcedan S.A.» del 22/9/82; Sala II, «Rivero. c/ Frigorífico Minguillón S.A.» del 19/5/86, entre muchos otros).-

Obsérvese que, según surge del informe emitido por el SENASA, «la compra de animales con destino a faena no supone para el adquirente la certeza que los mismos, objeto de comercialización, están libres de Brucelosis» (ganado vacuno) (cfr. fs. 223).-

Según expuso la testigo María del Carmen Sánchez en estas actuaciones, la demandante contrajo la enfermedad en el año 2000, período durante el cual desempeñaba tareas en el establecimiento propiedad de la demandada, bajo las órdenes del SENASA (cfr. fs. 253/255). Ello es corroborado por el perito médico legista a fs. 434 vta.-

En su informe pericial, el médico designado precisó que «La enfermedad se transmite por dos mecanismos claramente definidos: por contagio directo, mediante contacto, inoculación o inhalación, o por vía indirecta, a través de la ingestión de productos lácteos contaminados. El contacto con materiales infectados . es probablemente el mecanismo principal.» (cfr. fs.441 vta., EPIDEMIOLOGÍA).-

De tal suerte, entiendo que es mayormente factible que la accionante haya contraído la enfermedad profesional durante el lapso en el cual desarrolló tareas en el establecimiento demandado, al estar en contacto directo con el ganado bovino faenado, dado su alto grado de exposición (nexo de causalidad), y no por la ingesta de un producto alimenticio afectado.-

Como corolario de ello, entonces, es preciso analizar si la emplazada ha logrado acreditar debidamente alguna de las causales de exoneración previstas en el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil. Es decir, si en el caso medió culpa de la víctima, de un tercero por el cual no d eba responder el emplazado o caso fortuito.-

6°.- Tal como fue apuntado, Finexcor S.A. sostuvo que es poco probable que la enfermedad contraída por la actora lo haya sido en ocasión y a causa directa del trabajo, debido a los controles sanitarios a los que son sometidos los animales que se faenan en el frigorífico, en cumplimiento de normas preventivas nacionales e internacionales. Además, expresó que si se transgredió alguna norma de seguridad vigente, la carga de su demostración corría por cuenta de la contraria.-

En su expresión de agravios, la demandante sostiene que era la demandada la encargada de entregar los elementos de seguridad e higiene, razón por la cual la omisión de entrega le es imputable.-

Como ya fuera expuesto, ha quedado demostrado que la enfermedad fue contraida en ocasión en que la actora desempeñaba labores dentro del frigorífico demandado.-

Ahora bien, a los fines de analizar la eximición de responsabilidad que propugna la accionada, habrán de evaluarse las pruebas testimoniales producidas en autos, como también los términos de la pericia técnica.-

Según el testimonio de la Sra.María del Carmen Sánchez, acerca de los elementos que precisaba la actora para desarrollar sus tareas en el frigorífico, refirió que «.necesitaba cuchillo, se ponía botas, guardapolvo blanco, pantalón blanco y cuando venían visitas se ponía barbijo, las visitas eran la gente que venía de afuera para comprar los animales.». Luego respondió que los elementos eran entregados por el frigorífico, dado que iban a retirarlos al almacén ubicado dentro de dicho establecimiento (cfr. fs. 253/255).-

En similar sentido, la testigo Milva Anabel Ferrigno testimonió que «.con un gancho y con un cuchillo se revisaban los ganglios, en cabeza también se utiliza lo mismo y en las vísceras con la mano, a veces cuando había visitas nos entregaban guantes. yo no la vi con barbijo.» (cfr. fs. 256/258).-

El Sr. Higinio Nuñez declaró que les entregaban ropa blanca para trabajar, en un almacén ubicado dentro del frigorífico y que cuando había inspección les proporcionaban barbijos, mas no usaban guantes, pues éstos se los entregaban a los peones (cfr. fs. 259).-

El testigo Florentino de Jesús Altamirano (impugnado por la demandada, por tener un juicio laboral pendiente con su parte, cfr. fs. 321/322) refirió que «.tenía guardapolvo, botas y casco verde, se manejaba con la mano, no usaba guantes, los guantes sólo se usaban cuando venían visitas extranjeras y ahí todos usábamos los guantes y el barbijo . A nosotros nos daban los guantes de acero anti-cortes y nos daban las mascarillas y todas las cosas esenciales cuando habían visitas, y a la actora también le daban barbijo y un cuello especial. porque no se le tenía que ver la ropa de abajo . Estos elementos nos daban cuando nos daban los vales o sea los capataces y teníamos que ir a buscar en el almacén, a nosotros nos daba el supervisor, yo tengo entendido que ellos también tenían un supervisor que era un veterinario, y ellos les proveían las cosas que necesitaban.» (cfr. fs.316/319).-

De la pericia técnica presentada en autos se desprende que «.los . trabajos de inspección, la Actora los realizaba junto a personal de la empresa FINEXCOR S.A. que trabajaba en las tareas de producción en esos sectores, es decir se encontraba así expuesta a los mismos riesgos laborales que el personal de la Demandada.

Requerido que fuera . al Jefe de la Delegación de Inspección Veterinaria de SENASA en ese establecimiento industrial, así como también al representante precitado de la empresa FINEXCOR SA, de la exhibición de constancias de habérsele suministrado a la Actora los equipos y elementos de protección personal. necesarios para el trabajo que la misma desempeñó en los puestos de trabajo indicados. NO le fue exhibido por los aludidos ninguna documentación acreditatoria de tal suministro que para los referidos puestos de trabajo debían ser: ropa de trabajo blanca, casco, delantal de goma, guantes de látex en ambas manos, guantes de malla metálica para la mano libre del cuchillo, botas, protección auditiva (en Playa de Faena exclusivamente), anteojos de seguridad, y protección buco-nasal . Asimismo . respecto al suministro a la Actora de capacitación sobre higiene y seguridad en el trabajo., a los fines de desarrollar en el personal . una actitud preventiva con relación a los riesgos laborales allí existentes -entre ellos la brucelosis- NO le fue exhibida ninguna constancia de ello.

. el Perito Ingeniero, comprobó que el personal de la empresa FINEXCOR S.A.y el de SENASA, utilizan los equipos y elementos de protección personal que le son suministrados para su trabajo en el sector, y que consisten en ropa blanca, delantal de PVC, casco, guantes de malla metálica para uso en la mano libre del cuchillo, botas y protectores auditivos, observándose que algunos operarios no utilizan guantes de malla metálica sino que usan guantes de látex.-

NO se observó el uso en el personal de SENASA y de FINEXCOR SA, de guantes de látex en ambas manos, anteojos de seguridad, y protector buco-nasal, elementos de protección personal éstos que son necesarios para proteger del riesgo de que la bacteria brucella pueda ingresar desde el exterior al organismo humano por aquellas vías que así lo permitan .» (cfr. fs. 343/346 vta.).-

Ahora bien, el art. 1° de la ley 19.587 prevé que «las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten».-

Según el art. 2° de dicha normativa, los términos «establecimiento», «explotación», «centro de trabajo» o «puesto de trabajo» designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas … o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo…».-

Es decir, la ley 19.587 resulta de aplicación a toda persona que desarrolle alguna tarea en un establecimiento, explotación, centro o puesto de trabajo, independientemente de que entre ellos exista un vínculo laboral. Además, el art.3° prevé que «cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por él suministrados, éste será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley».-

De ello se colige, entonces, que la actora concurría a su puesto de trabajo ubicado en el establecimiento cuya explotación comercial detenta la firma emplazada. Desarrollaba tareas bajo las órdenes del SENASA. Sin embargo, toda vez que sus labores eran desplegadas dentro del friogorífico demandado, lo cierto es que éste debía velar por el cabal cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, como también así por la provisión de los elementos de seguridad para el personal que allí laboraba, sea bajo sus órdenes o las del SENASA. Dicho en otros términos, al establecimiento perteneciente a la empresa accionada, resúltanle aplicables las disposiciones consagradas por la ley 19.587 relativas a las condiciones de seguridad e higiene en materia de trabajo. Si bien Finexcor S.A. no era la empleadora de la Sra. F., lo cierto es que tampoco ha demostrado en autos haber provisto debidamente a su personal ni al del SENASA (que tenía la finalidad de fiscalizar la calidad de la mercadería que la emplazada comercializaba) de los elementos de seguridad que para las labores desarrolladas en el mismo requerían. El demandado pretende exonerarse de responsabilidad, declinándola en la empleadora de la actora. Sin embargo, como bien señalaron los testigos, la provisión de los elementos de seguridad personal se efectivizaba en un almacén ubicado dentro del frigorífico. No se acreditó que fuese el SENASA quien suministraba dichos elementos de seguridad personal fuera del frigorífico. Además, quedó demostrado que la accionada sólo cumplía o hacía cumplir la normativa de seguridad e higiene cuando recibían visitas de comisiones extranjeras.Entonces, esta omisión -que sin duda configuró la culpa de la emplazada- no permite, a mi criterio, exonerarla del deber de responder frente a la actora.-

Ninguna mención habrá de efectuarse respecto a que la demandada no le brindó tratamiento alguno a la actora a fin de frenar el avance de la enfermedad, dado que ello debió haberlo gestionado lógicamente ante su correspondiente obra social.-

En síntesis, considero que, a la luz de la responsabilidad objetiva, debe condenarse a la firma accionada por ser titular y guardiana de las «cosas riesgosas» y, desde el ángulo de la responsabilidad subjetiva, por haber omitido proveer los elementos de seguridad e higiene necesarios para desarrollar las tareas dentro del establecimiento o, eventualmente, no haber exigido el cumplimiento de tales medidas respecto al personal que allí trabajaba, quienes operaban a fin de que Finexcor SA pudiese cumplir con su objeto social (art. 1109 del Código Civil).-

Por las razones expuestas, entiendo que la acción entablada resulta procedente y, en consecuencia, la emplazada deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, que a continuación habrán de determinarse y cuantificarse.-

7°.- La demandante asegura que la enfermedad de autos le ha provocado daños físicos y psicológicos de tipo parcial y permanente, que importan tanto una disminución de su capacidad laborativa, como también respec to a su vida de relación. Sostiene que al momento de contraer la enfermedad contaba con 57 años de edad, percibiendo en octubre de 2000 una remuneración mensual de $ 750. Finalmente, afirma que la cicatriz humoral de la cual resulta portadora, importa una secuela incapacitante susceptible de ser indemnizada, toda vez que ha perdido su aptitud de superar exámenes médicos preocupacionales, en cualquier actividad vinculada a la industria frigorífica, en la cual la demandante se especializa.Por este concepto solicita la suma de $ 60.000.-

Según se desprende de la pericia médica presentada en autos «.mediante los ensayos de ELISA se detectaron anticuerpos IgG anti LPS de brucella, que constituyen una prueba de infección inactiva por brucella . estos resultados no correlacionan con brucelosis activa actual.

. El actor en la actualidad no tiene una clínica positiva para brucelosis.-

.tiene una serología negativa (efectuada en el Instituto Malbrán), una clínica negativa y una epidemiología que no corresponde a una brucelosis actual en actividad pues está curada.-

.no tiene limitaciones anatomofuncionales en la actualidad que obedezcan a una enfermedad brucelósica.-

. no tiene secuelas de enfermedad brucelósica alegada en la demanda . e inexistencia de incapacidad laboral respecto de dicho ítem.-

. no presenta incapacidad psicológica vinculada a enfermedad brucelósica.-

. Luego de tratamientos administrados a partir del mes de julio del 2003, enero 2004, agosto 2004, y octubre del 2004 la serología se hace negativa, es decir que no tiene anticuerpos contra la brucelosis.-

. la actora refiere dolencias compatibles con la brucelosis, pero evidentemente ello puede deberse a otras patologías (artrosis, espondiloartrosis, etc.) pues como se expresó el laboratorio actual es negativo» (cfr. fs. 433/446).-

Dicho informe pericial fue impugnado por la parte demandante a fs. 448/450, ratificando sus términos el experto en la materia. El mentado profesional agregó que «Con relación al informe funcional otorrinolaringológico que revela en la audiometría una hipoacusia perceptiva bilateral; este perito declara con certeza que no se puede negar ni afirmar que dicha disminución auditiva (hipoacusia) se deba a los efectos de la medicación con aminoglucósidos que se usan para curar la brucelosis.-

. la cervicobraquialgia y la lumbalgia postraumáticas tienen un origen artrósico que nada tiene que ver con la brucelosis alegada en la demanda.» (cfr. fs.572/573).-

Es de destacar que la trascendencia del reclamo formulado por la actora por este rubro está representada por la dificultad que tendría para sortear un examen preocupacional.-

En el caso sometido a estudio, como puede apreciarse, no se ha logrado demostrar que la demandante sea portadora de alguna secuela incapacitante o de cicatriz humoral, que pueda llegar a tener incidencia actual en el tipo de actividad que desarrollaba en el frigorífico. No se descarta que la misma contrajo la enfermedad profesional de «brucelosis» en el año 2000. Sin embargo, de acuerdo a los diversos estudios realizados por prescripción médica y a los tratamientos a los que fue sometida en los años subsiguientes, lo cierto es que la actora carece de algún tipo de incapacidad de índole psicofísica, que afecte su aspecto laboral. De ello se colige que mal podría sostenerse que la afección que alega pueda tener alguna incidencia económica, susceptible de repercutir patrimonialmente en la demandante y vinculado a las chances perdidas.-

Con motivo de ello, en mi opinión debería desestimarse la partida pretendida en el libelo de inicio.-

8°.- No obstante ello, solicita la demandante la suma de $ 30.000 en concepto de daño moral. Señala que, a raíz de la enfermedad contraída ha visto vulnerados sus derechos extrapatrimoniales, constituyendo una pérdida de sus potencias laborales en forma absoluta y seriamente perjudicial para su vida de relación.Agrega que padeció y padece sufrimientos y penurias que son consecuencia directa de la enfermedad y que deben ser indemnizadas.-

El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. t º I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo «El daño en la responsabilidad civil», pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo «El daño resarcible», pág. 223, núm. 55).-

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados.-

Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio estético.Segunda, que el daño moral debe ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, «La reparación del agravio moral en el Código civil», La Ley, t. 16, nº 532).- El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales de los afectados y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

Tal como fuera apuntado en el apartado anterior, no se ha comprobado que la actora tenga algún tipo de secuela incapacitante a nivel físico o psicológico, ni tampoco que la enfermedad de brucelosis contraida en el año 2000 pueda actualmente tener incidencia en su acceso al mercado laboral.-

No obstante ello, es preciso remarcar que al momento de contraer la enfermedad, la accionante contaba con 57 años. «A partir del año 2000 se exterioriza su sintomatología que atribuye sustancialmente a la enfermedad brucelósica a través de la siguiente sintomatología: Dolores articulares vertebrales y en zonas sacroilíacas, hipoacusia, irritabilidad, con repercusión en el área psicológica» (cfr. fs. fs. 435. CONMEMORATIO). El perito médico añadió que a la demandante le fueron administrados diversos tratamientos durante los años 2003 y 2004. Tuvo asistencia médica en el Hospital Municipal Dr. J. Muñiz y en el Sanatorio Anchorena (cfr. fs. 434.VISUM ET REPERTUM).-

La testigo María del Carmen Sánchez declaró que tomó conocimiento de que la actora había contraído brucelosis, ya que trabajaban juntas en el mismo frigorífico, y que padecía de fiebres altas, mandándola en ocasiones a su casa y en otras a desarrollar tareas administrativas en la oficina (cfr. fs. 253/255).-

A partir de lo expuesto, en orden a los tratamientos y controles médicos a los que debió someterse, es factible concluir que la actora debió atravesar situaciones de temor, angustia e incertidumbre propios de su edad, como también así vinculados a su futuro laboral, debido a la enfermedad profesional contraída. Ello debió tener incidencia en el ámbito familiar también, teniendo entidad para perturbar sus justas susceptibilidades y ocasionar un agravio moral indemnizable.-

En virtud de lo expuesto, y al grado de imputabilidad al responsable, propongo acordarle por este concepto el importe total de $ 15.000, comprensivo asimismo del reclamo formulado en calidad de «daño a la vida de relación».-

9°.- A la suma acordada deberá aplicarse los intereses que, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» del 11/11/08, constituyen la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Empero, toda vez que en la especie el valor fijado lo es al momento de este pronunciamiento, la indicada tasa debe regir recién a partir del mismo, ya que imponer la tasa activa desde el origen de la mora (fecha en que se manifestó la enfermedad), se configuraría un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal.Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya ha sido ponderado al definir el capital a los valores vigentes a este pronunciamiento.-

Por ello, desde la fecha en que se manifestó la enfermedad (octubre de 2000) y hasta el presente, corresponde se calculen los intereses a la tasa del 8% anual y, sólo desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nomi nal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv. esta Sala, L. 504.067, del 20/05/09, entre otros y CNCiv. en pleno, L.L. T° 93, p. 667, in re «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transporte» ).-

10°.- En síntesis, de ser compartido mi criterio, debería revocarse el pronunciamiento de grado y admitirse parcialmente la demanda entablada contra Finexcor S.A., a quien debería condenarse a pagar a la actora la suma de Quince Mil Pesos ($ 15.000) en concepto de «daño moral», desestimándose el rubro «pérdida de chance».-

A ello deberían adicionarse los intereses fijados, conforme a las pautas establecidas en el apartado anterior.-

11°.- Las costas de ambas instancias, atento lo resuelto en materia de responsabilidad, deberían imponerse a la parte demandada.-

Es que, al tratarse de un juicio donde se discutió la responsabilidad civil del demandado, resulta de aplicación la jurisprudencia reiterada que hace soportar la totalidad de las costas al responsable, aún cuando alguno de los renglones no fueron acogidos, porque en esa inteligencia se sostiene, que como las costas forman parte de la indemnización y su cuantía es acorde al monto de la condena (excluidos los rubros desestimados), es al emplazado a quien deben imponérsele estos accesorios (conf. esta Sala, libres nº 35.574 del 21/3/88 y nº 35.317 del 25/4/88, etc.).-

El Dr. Sebastián Picasso dijo:Coincido en líneas generales con mi colega preopinante, Dr. Hugo Molteni, y agrego por mi parte lo siguiente:

En lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios», del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se manifestó la enfermedad (octubre de 2000), y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.

Aclarado ello, adhiero al voto de mi colega el Dr. Molteni, con la salvedad que acabo de efectuar en materia de intereses.

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, marzo2de 2012

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se revoca la sentencia apelada, obrante a fs. 602/614. En consecuencia, se admite parcialmente la demanda entablada por A. H. F. y se condena a Finexcor S.A.a abonar a la demandante la suma de Quince Mil Pesos ($ 15.000), dentro del término de diez días, con más sus intereses calculados de acuerdo al punto 9°) del primer voto. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por el emplazado vencido.-

Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo establecido por el artículo 279 del Código Procesal.-

Ello así, valorando la calidad y extensión de la labor desplegada dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, lo preceptuado por el decreto ley 7887/55, lo normado por los artículos l ,6,7 ,19 , 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432 , como así también lo decidido en forma reiterada por el tribunal en cuanto a la forma de retribuir los emolumentos de los peritos médicos, que carecen de un arancel propio (conf.esta sala, H.558.613 del 14-2-2012 entre muchos otros) corresponde fijar los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. José L. Nacucchio, en ($.); los de las letradas de la misma parte, Dras. Lidia S. Tobeña, en ($.) y Sylvia G. Aguirre, en ($.); los de la dirección letrada de la parte demandada, Dres. Paula M. J. Oviedo, Marta G. Álvarez y Martín C. Giménez, en conjunto, en ($.); los de los letrados de la misma parte, Dres. Sebastián Grudny, Omar C. Pistritto, Enrique A. Precedo, Guillermo V. Fleurquin y Matías Vallach, en ($.) para cada uno de ellos; los del perito médico, Dr. José L. Traversoni, en ($.); los del perito ingeniero, en ($.) y se confirman los del mediador, Dr. Carlos G. Renis.-

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, Dres. Jorge H. Alterini e Ignacio Ezequiel Alterini, en conjunto, en ($.) y los del Dr. Nacucchio, en ($.). Asimismo, los del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Pistritto, en ($.)(arts. l,6,7,19 y 14 «in fine» de la 21.839 y conc. de la 24.432),sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.-

Notifíquese y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

RICARDO LI ROSI

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: