¿La informática mata al derecho (previsional)? Comentario al fallo ‘E. P. J. c/ ANSeS’

ASIGNACIONES FAMILIARES – ANSES – INFORMÁTICA – AMPARO – MATRIMONIO IGUALITARIO

 Título:

 Autor: Carnota, Walter F

 Fecha: 22-may-2012

Cita: MJ-DOC-5797-AR | MJD5797

Doctrina:

Los autores italianos solían decir que en ciertas situaciones el proceso mata al derecho. Ritualismos inútiles, formalidades alambicadas sin sentido, tecnicismos rebuscados: ello frustra y esteriliza a la realización del derecho material.

Pero en la litis que comentamos no es el proceso el que mata al derecho o sus vericuetos sin fin sino la informática, esa herramienta prodigiosa sin la cual hoy no podríamos vivir como lo hacemos. Leemos el diario, nos vinculamos socialmente, realizamos trámites y transacciones, todo en cuestión de segundos y a un clic de distancia. Sin embargo, esta formidable arma también se vuelve en contra de la persona cuando se deshumaniza, cuando sirve para fines subalternos (inmorales o ilícitos), en fin, cuando se des-maneja («mismanagement»).

En este pleito previsional, canalizado mediante una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Bariloche , el actor -casado con una persona del mismo sexo en los términos de la Ley 26.618 – solicitó la asignación familiar por cónyuge prevista en la Ley 24.714 . El ente de gestión dispuso denegar la solicitud sobre la base de considerar que sus circuitos informáticos no estaban adaptados para proceder a la carga de un cónyuge del mismo sexo.

Al evacuar el informe previsto por el art. 8 de la Ley de Amparo 16.986 , la agencia administrativa alega la existencia de una resolución del año 2002 que define a los beneficiarios en el contexto de la legislación matrimonial civil que admitía solo nupcias entre personas de distinto sexo. Y que ello se filtraba a la carga de datos inconmovible e inmodificable.

Resulta demasiado simple para ser controvertido -como lo destaca el magistrado de primera instancia- que estamos frente a un acto discriminatorio, que se levanta lisa y llanamente contra las disposiciones del art.42 de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario.

Cuesta creer que la ANSeS, que estuvo a la vanguardia en los últimos años previos a la Ley 26.618 de conceder pensiones a convivientes del mismo sexo aún sin legislación de respaldo y bajo el paradigma de los derechos humanos, argumente ahora de la manera que lo hace. No hay programa informático que no se pueda adaptar frente a un cambio legislativo; de lo contrario, estaríamos regidos por la computación y no por el derecho.

La cantinela de que el amparo no es la vía idónea no es de recibo. No se justifica, bajo el parámetro de la idoneidad que marca el art. 43 de la Constitución Nacional, hacer deambular al actor por las vías ordinarias cuando esta cuestión puede ser bien resuelta dentro del reducido marco cognoscitivo del remedio amparista.

Además, el gravamen -lo que no advierte el juzgador en el tramo final de su decisorio, que en lo demás resulta inobjetable- se reedita cada mes en que el actor se ve privado de la asignación. La teoría del «tracto sucesivo» de la vulneración de un derecho fundamental como medio de sortear el plazo previsto por el art. 2 inc. e de la Ley 16.986 ha sido receptada por varias cámaras nacionales y federales (entre ellas, la de Seguridad Social) y por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Finalmente, ha hecho bien el juzgador en imponer las costas a la accionada vencida, tal como ha pautado el Más Alto Tribunal Federal en autos «De la Horra Nélida» (sentencia del 16 de marzo de 1999, Fallos: 322:464).

Lamentablemente, a veces a los organismos administrativos les cuesta internalizar el Estado social y democrático de derecho que va implícito en nuestra arquitectura institucional desde la reforma constitucional de 1994.Los derechos fundamentales, aquí con base directa en la ley e indirecta en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos jerarquizados, no pueden ser postergados ni diferidos por las dificultades que puede presentar un programa informático. Si bien el siglo XXI es el siglo de la informática, también es el de los jueces que deben activar el proyecto constitucional y legal.

———-

(*) Abogado, UBA. Doctor en Derecho, UBA. Profesor de grado y posgrado, UBA, UCES, UNLZ, USAL, Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Jurado del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Autor de centenas artículos, autor o coautor de decenas de libros. Conferencista nacional e internacional.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: