fbpx

Cuando el deber ser irrumpe en la monotonía de la anomia corriente y… Reflexiones con motivo de la Resolución (CNC) 824/12 por la que se sanciona a Movistar

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – MULTA ADMINISTRATIVA – TELEFONÍA CELULAR – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Autor: D’Archivio, María E.

Fecha: 24-may-2012

Cita: MJ-DOC-5799-AR | MJD5799

Doctrina:

Ciertamente, estamos tan acostumbrados a que las cosas sean de forma diametralmente opuesta a lo que tienen que ser que como ciudadanos, que esperanzados aguardamos algún día vivir en una sociedad más justa, donde la ley no solo exista sino que se conozca, se cumpla, se haga cumplir o en caso contrario se castigue al indisciplinado, no podemos más que sorprendernos primero y, luego, alegrarnos de algo que debiera formar parte de la normalidad cotidiana, como lo es que el Estado dicte actos administrativos sancionando a los «reyes del mercado de consumo», diestros incumplidores de las reglas de actuación de aquel en el que se desempeñan con toda superioridad.

El Estado, de la mano del organismo de control correspondiente, la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, no ha hecho más que responder con su actuación a los objetivos para los cuales ha sido creado dicho ente, entre los que se encuentra el control, fiscalización y sanción de la actividad desplegada por los proveedores de servicio de telefonía móvil en nuestro país, con el fin de lograr el «funcionamiento eficaz y eficiente de los servicios de comunicaciones que se brindan a la población, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente».

En virtud de ello, la Comisión Nacional de Comunicaciones ha activado sus engranajes ante el quebrantamiento indisimulable de deberes y obligaciones por parte de la empresa Telefónica Móviles Argentina SA que funciona con el nombre Movistar, toda vez que han sido concretamente «incumplidas sus obligaciones e incurrido en falta de respeto a lo establecido en la normativa vigente».

Efectivamente, el incumplimiento de sus deberes como licenciataria de la provisión del servicio de telefonía móvil y la sucedánea afectación del derecho de los usuarios a la prestación de ese servicio en los términos, condiciones y modalidades conforme ha sido ofrecido y contratado, han sido indisimulables en esta ocasión dada su magnitud y extensión, puesto que la falta de prestación del servicio de telefonía móvil por la empresa de referencia, acaecida el día 2 de abril de 2012, ha afectado a un universo de 18,5 millones de usuarios de todo el país por un período de seis horas y para comunicaciones de voz y de datos, dícese con esto último: correo electrónico, SMS, acceso a Internet con los medios diversos de comunicación que ello permite.

Es de público conocimiento que los incumplimientos, de la más variada índole, de las compañías de servicios de teléfonos móviles en sus prestaciones a los diferentes usuarios, tanto particulares como a líneas corporativas o comerciales, lideran -en lo que respecta a consumidores finales- todas las estadísticas de reclamos de organismos administrativos de defensa de consumidor y de asociaciones de consumidores de todo el país.

Asimismo, son fiel reflejo de esta realidad las cuantiosas acciones judiciales que pululan en los diferentes tribunales competentes de nuestro país. Es más, la evolución jurisprudencial en el conocimiento, acogimiento y aplicación del régimen tuitivo consumidor de orden público, en la que los jueces se acercaron y aprehendieron esta novel rama del derecho, ha sido en gran medida gracias a la habitual instancia de acciones legales contra las empresas de telefonía móvil.

La contemporaneidad de la medida a la que referimos hoy es otra cuestión que nos ha dejado atónitos, felizmente en aproximadamente un mes, lejos de la habitual parsimonia a la que nos tiene acostumbrados la actuación pública, la Comisión Nacional de Comunicaciones ha dictado la Resolución Nº 824/2012 con una determinación, firmeza, seriedad y justicia digna de resaltar. Se dice que una resolución es justa si es contemporánea a la afectación del bien jurídico al que protege y aquí estamos… como consecuencia de la aplicación de este acto administrativo, cada uno de los usuarios podrá ver la reparación de la afectación a sus prerrogativas mediante la acreditación de $ 10 fijado en concepto de indemnización en la primera o segunda facturación en curso, informándose en el caso de los servicios prepagos por SMS cuando ese crédito esté disponible.

Esta medida nos acerca al instituto del daño directo incorporado a la Ley 24.240 en su última reforma efectuada por la Ley 26.361 a partir del artículo 40 bis . Por medio de este, se faculta a la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a que, dada la falta de conciliación con el usuario afectado y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan al proveedor con motivo del quebrantamiento del ordenamiento legal, ante la existencia de un perjuicio o menoscabo al derecho del usuario susceptible de apreciación pecuniaria ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor, pueda determinar la existencia del daño directo al usuario resultante de la infracción de aquel y obligarlo a resarcirlo hasta un máximo de cinco canastas básicas total para el hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. El acto administrativo puede ser apelado por el proveedor en los términos del artículo 45 de la Ley 24.240, pero una vez firme constituirá título ejecutivo a favor del débil.Las sumas que el proveedor pague al consumidor o usuario por este concepto determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a este por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.

Recordemos que el usuario del servicio de telefonía móvil ante la afectación de sus derechos como tal tiene la posibilidad de optar entre radicar su reclamo ante la autoridad de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor o ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, a su elección. También puede iniciar las acciones legales a que se considere con derecho con motivo de los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos de la prestataria del servicio.

Continuando el análisis de la resolución que nos convoca, se observa que ella impone multa de 6 millones de pesos que deberá la empresa pagar al Estado, que sumado al resarcimiento contemplado para cada usuario cliente de la prestataria asciende a una penalización que supera los 190 millones de pesos. Se dice que es la mayor penalización de la que se tiene registro.

Tenemos que ser reflexivos y sensatos, sabemos que la resolución para aplicarse debe encontrarse firme, ello importa que la empresa afectada por sus prescripciones no la cuestione, impugne o desconozca por alguno de los medios y en los términos que el ordenamiento legal autoriza.Veremos que acontece en el devenir del cumplimiento del plazo que la consiente.

En esta actualidad del siglo XXI afianzando y entronizando el cambalache de su antecesor, el hecho de que la autoridad de control controle y en virtud de ello sancione y como contrapartida de castigar por el incumplimiento a la ley proteja a los débiles afectados de siempre, los usuarios, imponiendo una indemnización a su favor, reconociéndole implícitamente derechos que fueron conculcados, es como mucho deber ser que no puede otra cosa que maravillarnos.

Más que como una medida ejemplar y preventiva, como se ha dicho que es, la vemos como una resolución correcta, ajustada a derecho, en todo caso aleccionadora y educativa para el sector empresarial, por cuanto marca claras pautas de actuación en el mercado de consumo argentino, indirectamente toda esta resolución presenta una clara política de Estado en materia de incumplimiento de proveedores de servicios que, más allá de otras implicancias, en lo que a nosotros, usuarios naturales de ellos nos concierne, nos hace sentir que no estamos tan solos en la defensa de nuestros derechos.

———-

(*) Abogada, Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesora invitada en la cátedra de Protección Constitucional de los Consumidores y Usuarios, UBA. Vicepresidente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina. Miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Autora de trabajos sobre temas de su especialidad. Ponente en congresos y jornadas.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: