Anaut Roberto Javier c/ Estado Nacional Armada Argentina s/ despido

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 17-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72219-AR | MJJ72219 | MJJ72219

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la rescisión del vínculo habido entre el Estado Nacional y un empleado administrativo que, mediante sucesivos contratos, se había desempeñado en la Comisión y Agregación Naval de la Embajada de la República Argentina en Washington -Estados Unidos de Norteamérica-, no comporta violación de la garantía de protección contra el despido arbitrario que contempla el art. 14 bis de la CN.

Sumario:

1.-Corresponde acoger el recurso extraordinario -art. 14 , ley 48- deducido contra la sentencia que admitió el reclamo indemnizatorio formulado contra el Estado Nacional por un empleado administrativo que, mediante sucesivos contratos, se había desempeñado en la Comisión y Agregación Naval de la Embajada de la República Argentina en Washington -Estados Unidos de Norteamérica-, con apoyo en la LCT. 20.744 , si se omitió ponderar que el dec. 1340/66 -coincidiendo con el Reglamento para las representaciones diplomáticas en el exterior (dec. 7743/63 )- supedita los beneficios de la legislación social argentina, en tales casos, a que resulte imposible celebrar un acuerdo con el Estado receptor y se determine la conveniencia de aplicar el régimen nacional o el extranjero; que por res. 1617/75 del Comandante General de la Armada se crea el Plan de Ahorro, Retiro y Seguro de Vida para los Agentes Civiles de la Agregaduría y Comisión Naval Argentina en los Estados Unidos de América , cuyo art. 2.2 contempla un Fondo de Previsión, voluntario para el agente, que le permite retirar cierta suma de dinero al dejar el trabajo por cualquier causa, incluyendo el despido; y que el reclamante hizo efectivo este derecho, sin que se haya demostrado que lo percibido, por su magnitud, pueda tacharse de irrazonable o insuficiente, ni que aparezca inadecuado en relación con la garantía del art. 14 bis de la CN.

2.-Corresponde rechazar el recurso extraordinario federal -art. 14, ley 48- deducido contra la sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, en reclamo -entre otros rubros- de la indemnización prevista por el art. 245 de la LCT. 20744, en razón de que la Armada Argentina rescindió el contrato de locación de servicios celebrado bajo el régimen del dec. 1340/66, con quien se desempeñaba como agregado naval de la Embajada de la República Argentina en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, ya que el comportamiento del Estado tuvo aptitud para generar en el reclamante una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la CN. otorga al trabajador contra el despido arbitrario (del voto de los doctores Maqueda y Zaffaroni – Disidencia, según la sentencia de la Corte Suprema in re 333:311 Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa- A.R.A.) .

Fallo:

Procuración General de la Nación

Las cuestiones debatidas en el sub lite son sustancialmente análogas a las que tuve oportunidad de examinar en mi dictamen del día de la fecha en la causa R. 271, L. XLIII “Rodriguez, Jorge Ornar c/ Estado Nacional – Armada Argentina”, a cuyos términos y -conclusiones, en lo que fueren aplicables al caso, corresponde remitir en razón de brevedad.

En virtud de los fundamentos expuestos, opmo que corresponde admitir este recurso extraordinario. revocar la sentencia apelada y devolver las actuaciones para que se dicte una nueva conforme a derecho.

Recurso extraordinario del actor (fs. 442/455):

Habida cuenta de la solución que se propone para resolver el recurso extraordinario planteado por el Estado Nacional, opino que deviene inoficioso e innecesario el tratamiento de los agravios deducidos por el actor en su recurso.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.

ES COPIA

LAURA MERCEDES MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 17 de abril de 2012

Vistos los autos: “Anaut, Roberto Javier c/ Estado Nacional Armada Argentina s/ despido”.

Considerando:

1º) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al confirmar la sentencia de primera instancia, hizo parcialmente lugar al reclamo indemnizatorio deducido por un empleado administrativo que, mediante sucesivos contratos, se desempeñó en la Comisión y Agregación Naval de la Embajada Argentina en Washington. La cuantía del crédito se fijó en u$s 443.831,06

que, según el tipo de cambio vigente al decisorio de grado, se convirtió a $ 1.377.651,60, suma que se difirió a condena. Contra dicho pronunciamiento ambas partes interpusieron sendos recursos extraordinarios que fueron concedidos a fs. 470.

2º) Que para así decidir, por mayoría, el a quo consideró que de los términos contractuales surgía que no se otorgó al accionante status de empleado público de la República Argentina y que la relación estaba encuadrada en el decreto 1340/66 y en las pautas particulares emanadas de la Armada Argentina.En ese contexto, entendió que se trataba de una vinculación con un organismo estatal aunque no fuera identificable con la administración pública central y sólo podía afirmarse la vigencia del Derecho del Trabajo Privado si se infería la existencia de un acto expreso de incorporación en dicho marco regulatorio. Sostuvo que las disposiciones del anexo I del citado decreto 1340/66 evidencian la intención de trasladar a los agentes contratados en los términos de la norma los beneficios de la “legislación social” y que en los casos en que no se pudiera concretar un acuerdo en ese sentido (con el Estado receptor), se establece el reconocimiento de derechos propios de las normas del trabajo privado, como las indemnizaciones sustitutivas de preaviso y por despido. Aseveró que análogas conclusiones se desprendían del Manual de Normas Administrativas para el Personal de la Agregación y Comisión Naval Argentina en los Estados Unidos de América. Afirmó que el referido instrumento presenta una laguna en lo atinente a la disolución incausada del vínculo a iniciativa del empleador y que, por lo tanto, dicha omisión sólo podía entenderse sobre la base de una remisión al régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que no es concebible una hipótesis de desprotección contra el despido arbitrario.

Expresó que la demandada hizo suscribir al actor varios contratos anuales y que a partir del 1° de enero de 1996 celebró otro por tiempo indeterminado donde se estipuló que la prestación de servicios era temporaria y subordinada a la existencia de necesidades que justificasen la renovación y que, por tal motivo no se adquiría estabilidad por el transcurso del tiempo.

Añadió que el accionante no fue sometido a un régimen jurídico específico y diferenciado del personal de la planta permanente, sino que la demandada pretendió ocultar una relación laboral a través de dichos contratos.Juzgó que en tales condiciones medió fraude, por lo que correspondía aplicar la norma constitucional que garantiza a todo trabajador público o privado un resarcimiento en el supuesto de despido arbitrario. Dijo que no era posible dejar al margen de toda protección a quien prestó servicios dependientes para la administración pública en forma ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última. En tales condiciones, entendió prudente y razonable aplicar analógicamente las normas que reglamentan de modo menos intenso la protección constitucional contra el despido arbitrario y reconocer las indemnizaciones del ordenamiento laboral común y que, por lo tanto, correspondía confirmar el decisorio de grado. Sostuvo que en virtud de tal solución resultaba innecesario ahondar en las propuestas de la demandada sobre los extraterritorialidad”, conceptos porque de incluso “territorialidad en la hipótesis de o la vigencia de normas extranjeras nada impediría que, como en la especie, la empleadora aplicara el derecho nacional en ejercicio de su voluntad unilateral y en la inexistencia de una colisión de orden público (arts. 3° y 13 del Código Civil). Consideró que era improcedente la indemnización prevista por el art. 2° de la ley 25.323 porque no resultaba directamente aplicable la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto al tipo de cambio, entendió que era adecuado lo resuelto en primera instancia porque de los arts. 11 de la ley 25.561 y 8° del decreto 214/02 se desprendía que era intención del legislador hallar una solución en base a la equidad, los principios que derivan del art.1198 del Código Civil y del esfuerzo compartido, por lo que resultaba prudente distribuir entre ambas partes las consecuencias de las transformaciones económicas determinantes de la devaluación de la moneda.

3º) Que por una cuestión de orden lógico corresponde tratar en primer término la apelación federal interpuesta por la demandada pues, de resultar procedente, resultaría inoficioso considerar la deducida por el actor.

No es óbice para ello que a accionada no haya transcripto, conforme con lo exigido por el art. 8° del reglamento aprobado por la acordada 4/07, el texto del decreto 1340/66 que no se encuentra publicado en el Boletín Oficial, ya que tal incumplimiento no constituye un obstáculo insalvable para la admisión de la pretensión recursiva (art. 11 de la citada reglamentación).

Asimismo, corresponde destacar que la apelante ha expresado con claridad las cuestiones constitucionales que se intentan someter a conocimiento del Tribunal (Fallos: 303:1674; 306:1453; 310:450).

4º) Que admisible pues aplicación de decreto el se encuentra normas 1340/66 y recurso de extraordinario es en inteligencia juego naturaleza diversas la federal, reglamentaciones como formalmente lo y son dictadas el en su consecuencia por la Armada Argentina. También se han invocado causales de arbitrariedad que son inescindibles de los temas federales en discusión y deben ser tratados conjuntamente (Fallos: 323:1625, entre otros), tarea para la cual esta Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos expresados por las partes (Fallos: 323:1491 y sus citas; 324:1481 y sus citas, entre muchos otros).

5º) Que el decreto 1340/66 establece un régimen específico en función de las particularidades de la relación que coincide con el establecido por el decreto 7743/63 que regula el “Reglamento para las representaciones diplomáticas en el exterior” (arts.85, 88, 89 del Capítulo V, “Empleados locales de la representación”). Este último decreto, según surge de sus considerandos, fue dictado para adecuar la normativa a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo art. 33, inc. 4º contempla la posibilidad de la participación voluntaria del agente en el régimen de seguridad social del Estado receptor, a condición de que tal participación esté permitida por ese Estado.

6º) Que, en efecto, el art. 4° del Anexo I del decreto 1340/66 (Normas para nombrar y contratar personal civil auxiliar y de servicio para las Agregaciones y Comisiones Navales) establece que los nombrados bajo su régimen son empleados de la Agregación o Comisión Naval y no tendrán la condición de empleados públicos del Estado argentino.

Por su parte, el art. 7° dispone que el Agregado Naval o Jefe respectiva de la embajada, Comisión Naval, convendrá con el por intermedio Estado de la receptor, la extensión de los beneficios de la legislación social local a los empleados contratados según las condiciones de la norma. Precisa que en caso que los beneficios sociales se acuerden por intermedio del Estado y de compañías privadas, el convenio será celebrado sólo con el primero y que únicamente lo será con las segundas cuando el Estado receptor no conceda los aludidos beneficios.

Conforme con el art. 8°, en caso de que tal convenio no pudiera celebrarse se reconocerán, con el carácter de acto voluntario extinción del del empleador, contrato, en materia vacaciones, indemnizatoria feriados, por aguinaldos, accidentes, los beneficios de la legislación social argentina o la del Estado receptor, según se estime más conveniente.

7º) Que de lo expuesto se sigue que el otorgamiento de los beneficios de la legislación social argentina se encuentra sujeta a dos condiciones: la imposibilidad de celebrar el acuerdo y la determinación de la conveniencia de aplicar el régimen nacional o el extranjero.La alzada no examinó dichos extremos que eran de ineludible consideración para la adecuada solución del litigio.

La cámara omitió ponderar que por resolución 1617/75 del Comandante General de la Armada (fs. 261/262) se estableció el “Plan de Ahorro, retiro y seguro de vida para los agentes civiles de la Agregaduría y Comisión Naval Argentina en los Estados Unidos de América”.

De los considerandos de dicha resolución se desprende que era necesario modificar el sistema anterior que, establecía un seguro de vida y una anualidad de retiro acumulativa , contratado con una empresa de plaza en los Estados Unidos de América, porque, en razón de los aportes y los costos administrativos, no resultaba beneficioso para los agentes.

8º) Que el citado “Plan” (fs. 263/266), financiado por la Armada y el personal, estableció en su art. 2.2 un “Fondo de Previsión, que posibilite al agente al dejar el trabajo por cualquier causa (Edad avanzada, razones de salud, renuncia, despido [énfasis agregado], etc.), contar con una cierta suma de dinero para planear una pensión, atender gastos médicos, etc. En caso de fallecer el agente antes de retirarse del trabajo, el beneficio se hará efectivo a la persona o personas que hubiere nombrado como beneficiarios”.

Se establece (art. 3°) que la participación es voluntaria y que el agente podrá retirar la suma que corresponda en concepto de Fondo de Previsión, “al dejar el trabajo por cualquier causa”.

9º) Que, en tales condiciones se advierte que la protección contra la disolución inmotivada del vínculo se implementó mediante un régimen especial dictado en consecuencia del decreto 1340/66, por lo que lo expuesto por la alzada sobre la ausencia de tutela del empleado frente a la segregación carece de sustento, circunstancia que resulta reafirmada por el hecho de que, en virtud de dicho régimen, el actor percibió de la National Financial Services LLC, entidad estadounidense, al momento del cese, la cantidad de u$s 244.543,33 (conf. fs.240 vta., recibo del 28 de agosto de 2002 y “credit balance” obrantes en el sobre 4090 que corre por cuerda).

10) Que ese sistema alternativo de tutela obedece, precisamente, a la especificidad de la contratación que coloca al trabajador al margen del ordenamiento laboral común y de la normativa que rige el empleo público. No se ha demostrado que lo percibido en función de aquél, por su magnitud, pueda tacharse de irrazonable o insuficiente, ni aparezca inadecuado en relación con la garantía reconocida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, por lo que resulta improcedente aplicar en la especie el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo.

En suma, no se trata en el caso de un trabajador que se encuentre en situación de desamparo frente al accionar ilícito de la administración, pues cuenta con un régimen propio que reconoce la protección constitucional correspondiente.

11) Que, en razón de lo expuesto, se impone descalificar lo resuelto, lo que torna inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario del actor.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda. Que en atención al modo en que se resuelve, deviene deducido inoficioso por el el tratamiento actor.

Costas del por recurso su orden extraordinario en todas las instancias, en atención a lo novedoso de la cuestión (arts. 68, segunda parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia) – RAÚLE. ZAFFARONI (en disidencia) – CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS MAQUEDA Y DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte encuentran adecuada respuesta en las consideraciones y conclusiones del precedente “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa- A.R.A.)” (Fallos: 333:311), a las que corresponde remitir en razón de brevedad, sin que ello implique abrir juicio sobre el resultado final del litigio.

Que, por otro lado, si bien el encuadre jurídico formulado determinaría que situaciones como la presente sean de la competencia del fuero contencioso administrativo federal, razones análogas a las que llevaron a enunciar la doctrina de la causa “Tellez” (Fallos: 308:552) aconsejan que el sub lite, dado su avanzado estado de tramitación, continúe y finalice en el fuero laboral.

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declaran admisibles los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia apelada con los alcances indicados, con costas por su orden.

Hágase saber y devuélvase a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Notifíquese y, oportunamente, remítase. JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s