Eximen de responsabilidad al Municipio de Vicente López por los daños sufridos en una vivienda a raíz de la fuerte tormenta

Partes: Gaete Alejandro Luis y Ballesteros Patricia Norma c/ Municipalidad de Vicente López s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 14-jun-2011

Cita: MJ-JU-M-75227-AR | MJJ75227 | MJJ75227

Eximen de responsabilidad al Municipio de Vicente López por los daños sufridos en una vivienda a raíz de la fuerte tormenta que azotó tanto a Capital Federal como al conurbano bonaerense el día 29 de diciembre de 2002.

 

Sumario:

 

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda tendiente a obtener la reparación de los daños sufridos en la vivienda de los actores con causa en la tormenta que azotó a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense con fecha 29 de diciembre de 2002; ello con fundamento en que de la prueba pericial adjunta- la cual no fuera impugnada por las partes- surge que la causa de la inundación no tuvo su origen en la falta de mantenimiento de los sistema de drenaje sino que el propio sistema pluvial existente a la época del evento resultó insuficiente para escurrir la cantidad de agua caída en esa fecha; (es decir que la inundación se produjo por la deficiencia en el planteamiento propio del sistema); debiéndose tener en cuenta al efecto que la ejecución de la obra hidráulica en el partido del municipio demandado fue una obra proyectada, dirigida y financiada por el Estado Nacional, resultando improcedente pretender responsabilizar a la demandada por las consecuencias de una obra ejecutada por aquel.

2.-Corresponde desestimar los agravios de los accionantes en cuanto sostienen que la demandada se encuentra obligada a resarcirlos, por así determinarlo el art. 3° de la ley 10.385 que impone a la municipalidad una obligaci6n primaria para con los vecinos; por resultar ello una interpretación forzada de la norma bajo estudio; toda vez que, y si bien de la misma surge que los estudios previos a las obras pueden ser realizados indistintamente tanto por la municipalidad como por la provincia, no puede desconocerse que allí se prevé que el acto licitario y la ejecución será a cargo del estado provincial, a menos, claro, que el municipio aporte el cincuenta por ciento del costo de los trabajos; implicando la circunstancia de que esto último no hubiese sido demostrado en el caso de autos, que el conflicto suscitado encuadre en la excepción al principio general enunciado por los quejosos- obligación primaria del municipio- , por no haber los apelantes acreditado que la ejecución de obra hubiese estado a cargo de la municipalidad demandada (es decir no se demostró que el municipio hubiese afrontado el costo del mentado 50% de los trabajos).

3.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda tendiente a obtener la reparación de los daños sufridos por los actores con motivo de una inundación; toda vez que para que exista una posible responsabilidad del estado por omisión (conforme los actores la comuna no cumplió con su obligación de mantenimiento de los desagües), la conducta omisiva debe estar ligada al resultado final dañoso, de modo tal que la abstención pueda ser considerada como factor eficiente de la consumación operada (conf. Lidia M. R. Garrido Cordobera Cuestiones que plantea la omisión del estado dentro del derecho de danos en Revista de Derechos de Dafios, 2010-3 Responsabilidad del Estado, p. 173, de. Rubinzal-Culzoni); no encontrándose en el caso de autos el presupuesto base de ese tipo de responsabilidad, por no haber estado la municipalidad obligada a afrontar un sistema de desagüe pluvial específico de acuerdo a la obra a cargo del Estado Nacional – construir un conducto aliviador de manera simultanea con la conexión que efectuó el Estado Nacional a la red municipal-.

4.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda tendiente a obtener la reparación de los daños sufridos por los actores con motivo de una inundación; toda vez que, y si bien el dec.ley 6769/1958 prevé en su art. 60 , al igual que la Constitución Provincial en su art. 192 , que constituyen obras publicas de competencia municipal las obras correspondientes al ornato, salubridad y urbanización del municipio, de ello no se sigue que la comuna sea responsable de obras sanitarias cuya decisión, proyecto y ejecuci6n estén exclusivamente a cargo de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación , tal como acontece en la especie, ya que ha sido demostrado que construcción de desagües pluviales para la zona donde está ubicada la vivienda de los actores correspondió al Estado Nacional en el ejercicio de una facultad no delegada a la Provincia ni al Municipio; situación que evidencia que la relación del individuo afectado por la obra y en lo que a ella y sus consecuencias refiere no quedó establecida con el estado Municipal sino con el Nacional.

5.-Corresponde desestimar los agravios de los actores en cuanto sostienen que la circunstancia de que algunos vecinos contaran con desagües efectivos y otros no (los actores que sufrieron la inundación por no existir en tal momento el conducto aliviador ) importó la configuración de un trato desigual entre los miembros de la comuna ( art. 16 de la CN.) que fundamenta el deber de resarcimiento pretendido; ello con fundamento en que ha sido demostrado- con la pericia del Ingeniero Civil- que el municipio no era el obligado a proveerle a los actores un canal aliviador, es decir un sistema de desagüe distinto a los de sus vecinos, por ser el primero el adecuado conforme la obra que afectaba a los actores (obra asumida por el Estado Nacional), a lo que se suma que ha sido demostrado que la demandada se ocupó razonablemente de la situación de los vecinos afectados realizando distintos reclamos al Estado Nacional y a la subsecretaria de Recursos Hídricos.

6.-Corresponde desestimar los agravios de los actores en cuanto entienden que el proceder de la demandada importó la violación a la garantía de igualdad ante la ley que impone la obligación de tratar de un modo igual a los iguales, en iguales circunstancias (SCBA Ac. 53.644 del 11-6-98, Ac. 61.783 del 11-6-98), toda vez que ha sido demostrado que el requerido proveyó igual desagüe para todos sus contribuyentes, habiendo quedando la franja donde habitan los actores en distinta situación debido a una decisión del Estado Nacional que al Municipio le esta vedado impedir atento a principios de orden publico.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, a los 14 días del mes de junio de dos mil once, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tercera de la Excreta. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE y MARIA IRUPE SOLANS, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Gaete, Alejandro Luis y Ballesteros, Patricia Norma c/ Municipalidad de Vicente López a/ danos y perjuicios” expediente n° 100.223; practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulto que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Solans y Krause resolviéndose plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

1a ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION

A la primera cuestión, la señora Juez doctora Solans dijo:

A. El asunto juzgado.

A.I) Se presentan los actores y narran que el día 29 de diciembre de 2002 se produjo en la zona del partido de Vicente López una fuerte lluvia que si bien tuvo características intensas no llego a alcanzar las proporciones que esas precipitaciones han tenido en otras oportunidades. La precipitación de ese día dio lugar a que las aguas no tuvieran el escurrimiento habitual produciéndose un taponamiento que provoco la inundación de la zona incluida dentro del perímetro

de las calles Bias Parera, Rosetti, Lavalle y Laprida de la localidad de Florida. Este estancamiento dio lugar a que el agua penetrara en su casa por las puertas y ventanas pues las características y el tipo arquitectónico de construcción como los materiales utilizados no tuvieron como prevención un estrago de esta naturaleza.Sostienen que el daño fue inmenso para su vivienda y por ello reclaman en estos autos.

A.2) La Municipalidad de Vicente López luego de la negativa ritual de los hechos sostuvo que la tormenta producida en esa fecha fue de características extraordinarias que azoto tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como al conurbano bonaerense, que duró mas de 12 horas excediendo ampliamente niveles históricos.

Sostuvo que la comuna cumplió con su deber de mantenimiento y conservación de redes de desagües pluviales en el municipio realizando incluso con inmediata anterioridad al hecho limpieza de los conductos citados. Agrega que la empresa contratista ganadora de la licitación publica para el mantenimiento pluvial de la zona IV, donde se encuentra la vivienda de los actores era Mantelectric S.A. y que cumplió dicha tarea durante todo el plazo del contrato.

Asimismo sostuvo que el municipio cumplió con creces con su potestad de formular proyectos de obras hidráulicas con lo que no puede endilgarsele tampoco responsabilidad por omisión.

Por ultimo agregó que desde los años 1995/1997 la M.V.L. en reiteradas sedes administrativas requirió a la Provincia de Bs. As. y al Estado Nacional, responsables de la planificación, financiamiento y ejecución de la solución hidráulica de la cuenca denominada Holmberg, que reanuden la ejecución de las obras comprendidas en el contrato de concesión del acceso norte del partido de Vicente López al canal y arroyo Medrano.Dijo que las obras del Holmberg son de incumbencia de la Nación y las maneja la secretaria de recursos hídricos de la misma, tanto en sus aspectos técnicos como constructivos y administrativos correspondiéndole al Municipio solamente un poder de policía en lo que atañe al cumplimiento de normas municipales “de carácter general” en lo que se refiere a cercos, zanjas, roturas de veredas, pavimentos, señalización, etc, así como el otorgamiento del permiso de apertura de la via publica de los tramos en el ejido municipal.

Concluyo manifestando que el Estado Nacional como concedente es el encargado de la construcción del canal aliviador Holmberg por lo tanto la municipalidad no es la responsable de su ejecución.

B. La solución dada en primera instancia B.I) La sentencia considero probado que la lluvia del 29 de diciembre de 2002 fue de alcances mas que considerable y que a causa de la misma el agua proveniente de la calle ingresó en el domicilio de los actores causándoles diversos danos.

Teniendo en cuenta el dictamen pericial del Ingeniero Andrejin, el cual no fue impugnado por las partes, concluyó en que existía al momento de la lluvia un déficit en el sistema de drenaje, que las obras llevadas a cabo en el canal aliviador Holmberg -que no se encontraba finalizado- resultaba incumbencia del Estado Nacional a través de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación en sus aspectos técnicos, constructivos, financieros y administrativos.Entendió que la obligación principal que pesaba sobre la comuna era la de controlar que los sumideros se desempeñaran como óptimos conductores de la red pluvial existente y que ello se encontraba cumplido por lo que la causa de la inundación no tuvo su origen en la falta de mantenimiento de los sistema de drenaje sino que el propio sistema pluvial existente a la época del evento resultó insuficiente para escurrir la cantidad de agua caída en esa fecha.

La inundación que sufrieron los accionantes se produjo por la deficiencia en el planteamiento propio del sistema -cuya ejecución le competía a los Estados Nacional y Provincial-, ya que el existente a la data del evento se vio sobrepasado por el volumen de agua que produjo la lluvia.

Como consecuencia de lo anterior resolvió rechazar la demanda C. La articulación recursiva.

Apelan los accionantes a f s. 744, recurso concedido a fs. 757 y expresan agravios a fs. 787/790, contestados a fs.

7 92/7 93. Asimismo apelan por bajos los honorarios regulados al perito Ingeniero a fs. 750 (recurso concedido a fs. 751 y fundado a fs. 752} y a la perito Arquitecta a fs. 766 (recurso concedido a fs. 7 67 y fundado a fs. 7 68) D. Los agravios.

D. 1) Se agravian los actores manifestando que según el decreto ley 6769/1958 es deber municipal disponer la prestación de un servicio de desagüe pluvial.

D. 2) Sostienen que la ley 10.106 en su art. 8 dispone que es deber del municipio la ejecución y dirección de desagües pluviales.

D. 3) Aducen que la ley 10.385 en su art. 3 dispuso que los estudios podían ser confeccionados por la Provincia o las Municipalidades independientemente. Sostienen que esto apunta al aspecto financiero pero la obligación primaria con los vecinos es de la Municipalidad. Las relaciones con otras dependencias estatales o provinciales son aspectos inoponibles a los vecinos que la municipalidad deberá resolver según las incumbencias sobre el tema que tenga cada jurisdicción pero siempre entre ellas.Alegan que deberá la Municipalidad en todo caso ir contra los responsables pero no puede derivar su obligación primaria a los vecinos obligándolos a llevar una improba tarea de determinar mediante un proceso judicial de daños y perjuicios la responsabilidades técnicas.

D. 4) Manifiestan los apelantes que en junio de 1994 se sancionó una ordenanza estableciendo una tasa retributiva del servicio municipal para hacerse cargo de las mejoras y el mantenimiento de las redes pluviales abandonadas por Obras Sanitarias y en diciembre de 1994 se envió una carta documento a O.C.C.O.V.I. pidiendo información sobre desgües pluviales a cargo de AUSOL. Ello demuestra la responsabilidad primaria del Municipio en el cumplimiento de la obligación de proveer una red de desagües pluviales a todo el partido y no sólo a un sector. De otro modo estarían en desigualdad de condiciones con quienes no se inundaron porque en esas calles la Municipalidad proveyó un adecuado escurrimiento.

D. 5) Aducen que la ordenanza 17.812 que encomienda a la Municipalidad que ejecuten todas las obras incluidas en el presupuesto 2003 que contribuyan a solucionar el problema de las inundaciones en el partido es otra muestra de la alegada obligación primaria.

D. 6) Finalmente sostienen que la Municipalidad incurre en una discriminatoria desigualdad conculcando en su perjuicio el derecho constitucional previsto por el art. 16 de la Constitución Nacional particularmente en cuanto a que algunos ciudadanos del municipio se encuentren fuera del alcance de las inundaciones pluviales y otros no.

E. El análisis de la resolución atacada en función de los agravios expresados.

E.I) Según los accionantes, la demandada se encuentra obligada a resarcirlos por así determinarlo el art. 3° de la ley 10.385 que impone a la municipalidad una obligación primaria para con los vecinos {ya que los estudios sobre desagües pluviales pueden ser confeccionados por la Provincia o el Municipio independientemente).

Sin embargo dicha norma textualmente reza lo siguiente:”los estudios, anteproyectos de desagües pluviales urbanos podrán ser confeccionados por el organismo de aplicación de la Provincia o por las municipalidades indistintamente. Cuando exista participación financiera de la Provincia, el acto licitario, la ejecución y la inspección de las obras quedara exclusivamente a su cargo. No obstante ello, cuando el aporte municipal supere el cincuenta por ciento del costo de los trabajos, la Municipalidad podrá optar por efectuar el acto licitario y ejercer la inspección, certificación, pago y recepción de la obra. Previamente el proyecto deberá contar con la aprobación del organismo de aplicación de esta ley” (conf. modificación por ley 10.385 art. 8).

De la lectura del articulo surge que la variable interpretativa propuesta por la apelante {que dicho texto significa que la Municipalidad sea necesariamente obligada -“primaria”- por todo aquello que tenga que ver con desagües en la comuna o la inoponibilidad a los vecinos de los convenios interestatales celebrados por el Municipio) no resulta ni remotamente univoca ademas de tratarse de una interpretación forzada por no poder extraerse lógicamente del solo texto en análisis.

Por otra parte, no hay duda que de la norma surge que los estudios previos a las ob ras pueden ser realizados indistintamente tanto por la municipalidad como por la provincia mientras que el acto licitario y la ejecución sera a cargo del estado provincial, a menos, claro, que el municipio aporte el cincuenta por ciento del costo de los trabajos. Y en el caso de autos no esta demostrado que esto ultimo aconteciera {ademas de tratarse del Estado Nacional, no se probó que el Municipio hubiese afrontado el costo del mentado 50% de los trabajos), de lo que se sigue que la ejecución no estaba a cargo de la Municipalidad de Vicente López como pretenden los actores.

Para que exista una posible responsabilidad del estado por omisión, la conducta omisiva debe estar ligada al resultado final dañoso, de modo tal que la abstención pueda ser considerada como factor eficiente de la consumación operada (conf. Lidia M. R.Garrido Cordobera “Cuestiones que plantea la omisión del estado dentro del derecho de danos” en Revista de Derechos de Daños, 2010-3 Responsabilidad del Estado, p. 173, de. Rubinzal-Culzoni) . Y en el caso no se encuentra el presupuesto base de este tipo de responsabilidad, esto es la obligación de la comuna de afrontar un sistema de desagüe pluvial especifico de acuerdo a la obra a cargo del Estado Nacional – construir un conducto aliviador de manera simultanea con la conexión que efectuó el Estado Nacional a la red municipal-.

La tasa retributiva impuesta por el Municipio para hacerse cargo de mejoras en el mantenimiento de las redes pluviales así como la carta documento remitida a OCCOVI tampoco constituyen elementos que demuestren la responsabilidad que pretende endilgarse al Municipio -como entienden los actores-.

Ello es así porque tal como se expresa en los agravios, la tasa dispuesta en la ordenanza dictada en el año 1994 fue justamente para mejorar y mantener redes pluviales ya existentes (no afrontar la construcción de un nuevo conducto aliviador para el desagüe en el marco de una modificación al sistema introducida por una obra nacional).

Y en ello no existe la desigualdad de condiciones con otros vecinos como pretenden los apelantes desde que el mantenimiento de los sumideros que existían en la zona de la vivienda de los actores si se encontraban en perfectas condiciones de limpieza tal como era justamente deber del municipio conforme la Constitución Provincial {art. 192 inc. 5° ) y decreto ley 6769/1958 (art. 52 y art. 60 inc.3° ) y correlato de las tasas retributivas que abonan los administrados de la comuna.

La ordenanza 17.812 que encomienda al Poder Ejecutivo de la municipalidad a gestionar ante los concesionarios, que

detentaban en su poder la resolución del desagote del área bajo su concesión, la conclusión de las obras necesarias a dichos fines, de manera alguna implica que la comuna asuma la responsabilidad de ejecución de tales obras -y sus consecuencias-, sino todo lo contrario (solo autoriza el reclamo ante terceros a cargo de obras -vinculadas con la problemática de las inundaciones- en determinados ámbitos de la comuna). Por lo tanto no existe omisión alguna en la prestación por parte de la municipalidad del servicio de desagües pluviales sino que justamente es demostrativo del cumplimiento del deber de prestación del mismo.

E.2.) También los recurrentes entienden que la comuna debe responder en base a lo dispuesto por el decreto ley 6769/1958, que si bien establece como deber municipal la prestación de un servicio de desagüe pluvial en su articulo n° 52, en su segunda parte condiciona dicha obligación a que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación.

La excepción al principio general que enuncia la ley es justamente donde encuadra el caso de autos. En efecto, conforme ya se expusiera en la sentencia de primera instancia, quedó demostrado en la causa con la pericia del Ingeniero Civil no impugnada por quien hoy apela que el canal aliviador Holmberg fue una obra proyectada, dirigida y financiada por el Estado Nacional (ver fs. 695/696 y fs. 701 y art. 474 del CPCC) .

Y si bien el decreto ley 67 69/1958 prevé en su art. 60, al igual que la Constitución Provincial en su art.192 que constituyen obras publicas de competencia municipal las obras correspondientes al ornato, salubridad y urbanización del municipio, de ello no se sigue que la comuna sea responsable de obras sanitarias cuya decisión, proyecto y ejecución estén exclusivamente a cargo de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación como acontece en la especie.

En efecto, no cabe perder de vista que en un país de régimen político federal, como es la Argentina, no puede obviarse el distingo entre la responsabilidad del Estado nacional, por su administración, del Estado provincial por la suya propia, en los ámbitos de competencia especifica, y del Estado municipal, por todo aquello que es de su incumbencia (Jorge Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por daños” t° X responsabilidad del estado, p. 62, de. Rubinzal-Culzoni).

Ello porque el principio que da forma al ser social esta constituido por el orden. La población y el territorio componen la materia del Estado y la unidad de orden, que estatuyen los hombres, es su forma. La forma es la cualidad propia de los seres, que permite hacer de una diversidad una unidad y esa unidad es propia del orden. El orden se expresa en derecho y se organiza como poder. Luego, en su actuación, poder y derecho especificaran en la existencia una organización y un ordenamiento jurídico, publico y administrativo de carácter básico, que explicite las relaciones fundamentales entre

sociedad (Estado, autoridad, Administración) y persona (individuo, libertad, administrado). Nuestra Constitución ordena el poder al establecer la forma representativa, republicana y federal del gobierno (art. 1° ). Es decir, “distribuye” el poder en sentido “horizontal” (República – división de poderes) y “vertical” (Nación, provincias y municipios, art. 5° ).

La división del poder en sentido vertical se plasma en nuestro ordenamiento constitucional en la triada Nación provincias- municipios. El derecho positivo receptó aquí el dato histórico a la hora de organizar el Estado, concretándolo al establecer las autonomías provinciales (arts. 5° y 122 ) y municipales (art.123). Se determinan así esferas de poder de base territorial, en un juego de facultades delegadas, no delegadas, reservadas o conservadas y concurrentes (Roberto Dromi “Derecho Adrainistrativo” 10a ed. Actualizada, Ciudad Argentina, p. 94-96).

Y en el caso de autos, tal como quedó demostrado, la construcción de desagües pluviales para la calle colectora Panamericana (acceso Norte), Bias Parera entre Gral. Lavalle y Agustín Alvarez de Vicente López, correspondió al Estado Nacional (fs. 695/696) , es decir que al realizar la obra el Estado Nacional ejercito una facultad no delegada a la Provincia ni al Municipio; lo que evidencia que la relación del individuo afectado por la obra y en lo que a ella y sus consecuencias refiere no quedó establecida con el estado Municipal.

En este sentido, por ejemplo, nuestro Superior Tribunal tiene entendido que el poder de policía es competencia primariamente provincial, haciendo hincapié en que son incuestionables las facultades policiales de las provincias para ocuparse de la salubridad publica. La doctrina de la Corte indica que es incuestionable que el poder de policía corresponde a las provincias y que el estado federal lo ejerce dentro del territorio de ellas sólo cuando le ha sido conferido o es una consecuencia de sus facultades constitucionales (doctr. causa 61.166 del 26-X-1993 de la entonces Sala IIa), siendo esta opción justamente la que nos ocupa -en el ámbito territorial de la obra en cuestión- ya que ha quedado acreditado que la ejecución de la obra hidráulica en esa zona de Vicente López fue de incumbencia del Estado nacional.

E. 3) Invocan los accionantes que al contar algunos vecinos con desagües efectivos y otros no (los actores que sufrieron la inundación por no existir en tal momento el conducto aliviador ) se configuró un trato desigual entre los miembros de la comuna ( art.16 de la C.N) Al respecto, cabe recordar que procedería el deber de resarcimiento del estado en la medida en que el acto estatal licito o la omisión de el perjudique a una persona de manera desigual y desproporcionada con respecto al resto o generalidad de los administrados. Y en la especie ello no acontece desde que el municipio -tal como quedo demostrado con la pericia del Ingeniero Civil- no era el obligado a proveerle a los actores un canal aliviador es decir un sistema de desague distinto a los de sus vecinos, por ser el primero el adecuado conforme la obra que afectaba a los actores {obra asumida por el Estado Nacional) a lo que se suma que la demandada se ocupó razonablemente de la situación de los vecinos afectados realizando distintos reclamos al Estado Nacional y a las empresas adjudicatarias del conducto aliviador Holmberg, a la subsecretaria de Recursos Hídricos, etc.

En cuanto al mantenimiento y limpieza de los sumideros, cámaras y conductos de cuencas pluviales en la zona IV, esto es la zona de residencia de los actores, también se encuentra probado que la empresa prestataria (contratada al efecto por el Municipio conf. f s. 441/442) cumplía regularmente con el servicio.

Con lo cual no se aprecia en el proceder de la Municipalidad de Vicente López la violación a la garantía de igualdad ante la ley que impone la obligación de tratar de un modo igual a los iguales, en iguales circunstancias (SCBA Ac. 53.644 del 11-6-98, Ac.61.783 del 11-6-98).

Y si bien los accionantes insisten en que existen vecinos que se encuentran fuera del alcance de las inundaciones, la diferencia con la situación de aquellos no radica en el trato desigual que invocan como dado por el municipio sino justamente en la situación del ámbito donde se asienta su propiedad (afectado por una obra publica correspondiente al Estado Nacional).

Al respecto sostuvo el perito Ingeniero en su análisis del escenario donde se produjo la inundación de la vivienda de la actora el 29/12/2002 que el conducto M10 (proveniente del acceso norte y perteneciente a la jurisdicción del Estado Nacional) recogía las aguas superficiales del acceso y poseía su capacidad de conducción totalmente al limite y por lo tanto era insuficiente para sanear la zona donde se ubicaba la vivienda de la actora. Se destaco que desde la conexión de la autopista a la red municipal aumentaron en forma considerable las inundaciones en la zona y que las calles colectoras al acompañar al terreno natural sufrían anegamientos importantes en los sectores bajos.

También expresó que el canal aliviador Holmberg cuya traza se ubica sobre la calle Laprida, en el partido de Vicente López, comenzando a la altura de la calle Bias Parera y en dirección al Rio de La Plata, estuvo paralizado durante varios años y no se encontraba terminado a la fecha en que la actora sufrió el daño.

No se discute, en síntesis, la actividad licita del Estado Nacional en pos del bien común al decidir y efectuar la obra en cuestión, como tampoco que al ejecutarla realizó la conexión de la autopista a la red municipal sin construir un conducto aliviador de manera simultanea generando entonces las condiciones para posibilitar que quienes habitaban en la calle colectora -como los accionantes- sufrieran inundaciones.

Siguiendo este orden de ideas no es aceptable que la responsabilidad por la situación en la que quedó la vivienda de los accionantes recaiga sobre la comuna desde que la circunstancia determinante del perjuicio sufrido fuela obra llevada a cabo por el Estado Nacional (la conexión del desagüe de la autopista a la red municipal sin construir un conducto aliviador de manera simultanea).

En tales condiciones el Municipio proveyó igual desagüe para todos sus contribuyentes quedando la franja donde habitan los actores en distinta situación debido a una decisión del Estado Nacional que al Municipio le esta vedado impedir atento a principios de orden publico.

De acuerdo a ello ha de entenderse que el Municipio proveyó a todos sus administrados igual sistema de desagüe, acaeciendo la distinta consecuencia (inundación en un caso y no en otro) a raíz de la ejecución de la obra instaurada por el Estado Nacional.

Dado lo expuesto, teniendo en cuenta que la igualdad es un concepto diferente al de uniformidad o identidad, por lo cual para la aplicación del art. 16 de la CN resultó indispensable establecer supuestos, cabe necesariamente destacar que la circunstancia dada porque el sector en que se encontraba la propiedad de los actores se hallara afectado por una obra a cargo del Estado Nacional (que posibilitó el daño en cuestión, fs. 701/702), no existe el tratamiento diferente a los vecinos por parte de la demandada que proveyó y mantuvo para todos el mismo sistema de desagüe (suficiente para aquellos no afectados por la obra del Estado Nacional).

Por todo ello corresponde desestimar los agravios invocados.

E. 2) En la regulación de honorarios de los peritos por sus trabajos en actuaciones judiciales, no sólo deben tenerse en cuenta las disposiciones legales que rigen su actividad, sino también la adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos que corresponden a los profesionales del derecho, también actuantes en el juicio; ello de acuerdo a la importancia y monto del pleito y las tareas realizadas (conf. CSJN 28.4.72, LL. 149-568, causa 109.451 r.i.23/2011 de esta sala IIIa). Teniendo en cuenta todo ello fíjanse los honorarios del perito Ingeniero Civil Sigfrido Matias Andrejin y la perito Arquitecta Ana Maria Moulia en las sumas de pesos dos mil y dos mil respectivamente, confirmándose por no ser bajos los que les fueran regulados en la instancia de origen (Dec. Ley 6964/65).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Krause por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Juez doctora Solans dijo:

En virtud del resultado arrojado por la votación a la primera cuestión, corresponde: a) confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravio; b) las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a la parte actora vencida a cuyo fin corresponde regular los honorarios de los Dres. Hector Medardo Isaurralde (t° XX f° 270 CAS I) en su carácter de patrocinante de los actores y Melina A. Scotti {t°XXXV f° 251 CASI) como apoderada de la demandada en las sumas de pesos un mil setecientos y pesos un mil cuatrocientos setenta respectivamente (art. 31 de la ley 8904).

El señor Juez doctor Krause por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se confirma la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravio; b) las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a la parte actora vencida a cuyo fin corresponde regular los honorarios de los Dres. Hector Medardo Isaurralde (t° XX f° 270 CASI) en su carácter de patrocinante de los actores y Melina A. Scotti (t°XXXV f° 251 CASI) como apoderada de la demandada en las sumas de pesos un mil setecientos y pesos un mil cuatrocientos setenta respectivamente art. 31 de la ley 8904).

Registrese, notifíquese y devuélvase.

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