Responsabilidad ambiental. Segunda parte

Autor: Morel, Juan Claudio

Fecha: 23-oct-2009

Cita: MJ-DOC-4423-AR | MJD4423

Sumario:

II. Indemnización. 1. Métodos de valuación económica del daño ambiental. 2. Conclusiones.

Doctrina:

Por Juan Claudio Morel (*)

II. INDEMNIZACIÓN

De acuerdo al art. 1083 CCiv., cuando fuere imposible la reposición de las cosas a su estado anterior, o si el damnificado así lo prefiere, el resarcimiento habrá de consistir en la indemnización en dinero del daño sufrido.

Pero en el sistema argentino dicho principio no es absoluto, y es dable suponer que se presenten hipótesis varias en relación a la defensa de intereses ambientales. Lo dicho porque el ordenamiento jurídico debe interpretarse en forma armónica y por ende la norma indicada en el párrafo anterior debe leerse junto a la del art. 2618 CCiv. que autoriza al juez a disponer la indemnización o cesación de molestias pero debiendo contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular del dominio. Con lo cual si suprimir una actividad que afecte de alguna manera el ambiente implica suprimir una actividad que tiene un interés social comprometido (v.gr. cerrar un establecimiento fabril con muchos empleados), entonces el juez debe optar por la alternativa socialmente más valiosa que podría ser el mantenimiento de la fuente de trabajo, según el caso (1).

En base a los principios de ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo (Ley 19.549 art. 12 y Ley 7647 PBA art. 110). El Estado puede iniciar por vía de apremio (art. 8 en el Código Varela y art. 2 incs. 8 y 9 Ley 13.101), si el condenado se niega a cancelar voluntariamente el monto de la condena cuando se trata del cobro de multas impagas o tasas ambientales adeudadas (cfr., v.gr., art. 16 Ley 24.051, Ley 11.720 PBA art.4), función que recae en la Provincia de Buenos Aires, en la Fiscalía de Estado y en la Secretaría de Trabajo en algunos casos, y en el caso de los municipios en sus Direcciones de Asuntos Legales (art.203 Decreto-Ley LOM 6769/58).

Si el productor del daño ambiental impugna el acto administrativo del párrafo anterior en contra del acto final que lo sanciona, de cualquier modo deberá cancelar el monto de la condena, a menos que, mediante formal incidente de suspensión de acto administrativo en la vía jurisdiccional y ante el juez contencioso administrativo, logre suspender los efectos del mismo.

1. Métodos de valuación económica del daño ambiental

a. Introducción

En materia de jurisprudencia comparada es válido traer a colación algunas decisiones de una Corte que resulta paradigmática a la hora de buscar tutelas genuinas al ambiente. La Sala I de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, (2) a raíz de la tala de un bosque secundario y construcción ilegal de un camino, ordenó como medida de compensación ambiental someter a la aprobación del concejo del distrito, un proyecto de colocación y construcción de alcantarillas, para el manejo adecuado de las aguas pluviales del camino de acceso ilegalmente construido. En este supuesto, el tribunal en lugar de ordenar la reparación in pristinum del ecosistema dañado por la carretera, consolidó lo actuado por el denunciado y únicamente le ordenó la construcción de alcantarillado pluvial con el fin de proteger el recurso suelo, afectado de por sí por un cambio en su uso absolutamente ilegal.El Tribunal costarricense también resolvió, (3) de manera igualmente cuestionable, tras de una denuncia a raíz de la construcción de un camino ilegal en donde realizó una limpieza de árboles, arbustos y dos cortas o talas razas de mangle, condenar a la sociedad infractora al pago de una suma de dinero como sanción al daño ocurrido sobre el ecosistema, sin que obligara al agente degradante del ambiente a realizar ningún tipo de medida restauratoria o recomponedora del daño ambiental. (4)

En la jurisprudencia argentina todavía no hay criterios firmes que nos lleven a determinar el verdadero valor ambiental del daño causado y con metodología desarrollada por economistas ambientales, cuando se observa el daño ambiental a una serranía por ejemplo, hay que reconocer que en el momento de evaluar el daño, no hay un conocimiento generalizado que nos lleve a mirar la serranía como una gigante pila de adoquines o de bolsas de port-lam, disfrute por un paisaje o explotación turística del mismo. No se sabe a qué aspecto de la serranía adjudicarle un valor para determinar el valor real del daño como no sea reponer algunos pinos y cuidar los pastizales de las laderas para que vuelva a crecer con un aspecto similar al observado ex ante. Tomando como ejemplo nuevamente a un tribunal avezado en temas ambientales como es el de Costa Rica, estudiaremos la metodología utilizada por la Corte Suprema de Costa Rica para valorar los montos indemnizatorios por daño ambiental y observaremos que ha sido variada de conformidad con el tipo y la situación de daño ambiental analizado y he aquí un primer punto a considerar.

Domina el criterio de que no todos los casos pueden o deben ser analizados y examinados con la misma óptica, por cuanto cada uno presenta sus propias peculiaridades que obligan al juez a tomar en cuenta la naturaleza propia del bien ambiental afectado. (5) La Corte de Costa Rica, en el momento de valorar económicamente el daño ambiental, examinó una gran cantidad de variables tales como:a) signo: carácter beneficioso o perjudicial del impacto, b) intensidad: grado de incidencia de la acción humana sobre el factor ambiental en que se actúa, c) extensión: área de influencia teórica del impacto en relación a su entorno, d) momento: plazo de manifestación del impacto medido entre el transcurso de tiempo de la acción que lo provoca y el comienzo o la aparición de sus efectos sobre el medio, e) persistencia: tiempo en el cual permanece el efecto, f) reversibilidad: posibilidad de retornar a las condiciones originales previas a la acción humana por medios naturales, g) medidas correctivas: posibilidad y momento de introducir acciones o medidas correctoras para paliar o remediar los impactos ambientales negativos significativos que generen un daño ambiental, pudiéndose dar el caso de que no sea posible aplicar ningún tipo de medida o acción por ser irreversible. (6)

Tal y como lo ha desarrollado la jurisprudencia estudiada, los distintos métodos de valoración de daño ambiental solo logran una aproximación ideal para asignar un valor para el daño producido, y en algunos casos esta aproximación solo resulta parcial y puede que no solamente no abarque el valor pecuniario del daño producido, sino que además tenga en cuenta elementos parciales del medio ambiente y no la suma de la totalidad de los elementos ambientales afectados. (7)

b. Métodos

A continuación, veremos uno de los aportes importantes de la teoría de las ciencias ambientales al derecho ambiental y al derecho moderno en general que es el de los métodos de evaluación económica del daño ambiental.

i. Metodología de costo de reposición

Mediante esta metodología la valoración se realiza en función de la estimación de los costos o gastos necesarios para reemplazar o reponer el bien ambiental afectado o deteriorado.Se trata pues de una metodología que pretende la inversión de la indemnización en la fuente misma, con el fin de reparar in natura el bien ambiental afectado o degradado.

En otras palabras, este método de valoración da una estimación aproximada y parcial del daño ocurrido debido a la imposibilidad de valorar la totalidad de los recursos ambientales afectados. Para la correcta aplicación de este método de valoración es necesario conocer a ciencia cierta, la situación anterior a la contaminación del bien ambiental dañado, esto es, disponer de información científica que contenga los cambios físicos, químicos, bacteriológicos o fisiológicos ocurridos sobre el bien ambiental dañado, con el fin de compararlos con los actuales, y así contar con parámetros necesarios para valorar los costos de reposición del bien al estado anterior a su degradación.

ii. Costos evitados o inducidos

Está claro que un mercado de bienes ambientales es susceptible de valorar a estos últimos, pero ello no implica negar la existencia de algún tipo de relación con los bienes económicos en general. Se sigue que si precisamos analizar costos generados por un cambio en la cantidad o calidad de bienes ambientales, es preciso conocer su relación con los bienes privados y establecer una relación dosis-respuesta (AZQUETA OYARZÚN la llama “función dosis respuesta”) (8) que por otra parte es común en muchos estudios de impacto ambiental.

La identificación y el desarrollo de esta metodología de valoración del daño ambiental se basa en la posibilidad de determinar los costos precisados por quien cometerá un daño ambiental y así evitar que potencialmente pueda degradar el ambiente: infraestructura, equipos, materiales, materias primas, químicos, etc. Se parte de la hipótesis de que determinar estos costos, con el fin de evitar que la explotación no sobrepase los niveles de recuperación de los ecosistemas potencialmente afectados en un período contable, bajo la fórmula: costo de tratamiento + costo social del daño + costo de gestión.AZQUETA OYARZÚN (9) da muchos ejemplos entre los cuales destacamos uno que pretendía valorar un programa de estabilización y valoración de terrenos dedicados a la agricultura y ganadería, en el caso, para valorar los beneficios relativos de distintas alternativas técnicas de fijación del terreno, que reducen la erosión y aumentan la permeabilidad del mismo. Para ello, cuantifican los costos de recuperar el lote de campo (recogida, transporte y distribución de tierras arrasadas), de recuperar nutrientes para el suelo, de la caída de productividad, aplicación eventual de riego, etc. Esto, más los beneficios que surgen solos nomás de la desalinización que obtendremos como contrapartida de ese tratamiento, así como evitar la propia erosión, son en definitiva una suma de beneficios que permiten elegir entre contaminar o no contaminar. SEJENOVICH (1991) utilizó este método para descubrir el valor de un ecosistema como el de los bosques andino-patagónicos en la Provincia de Río Negro en la Patagonia argentina, basándose en el costo que tendría sustituir las funciones ambientales del mismo. Aunque debe reconocerse cierta estimación en el último ejemplo porque no todo un ecosistema es sustituible o evitable. (10)

Esta metodología fue expuesta y aplicada parcialmente en la Resolución 369-01-TAA de las 8 hs.del 4/6/2001 (11), la cual al respecto reza:

“En tesis de principio, estimamos oportuno aceptar la Ecuación del Modelo planteado a folios 233 a 236, únicamente en cuanto al costo de tratamiento, lo dicho por cuanto la valoración efectuada, da una aproximación del costo adicional que debió hacer la empresa tal que las emisiones no sobrepasaran el nivel permitido, que en cierta forma se aproximaría al costo de reposición en el sentido que da una aproximación a un valor que debe tomarse en cuenta a la hora también de reponer un activo ambiental deteriorado, pero en este último caso, teniendo en cuenta que los costos de reposición pueden incluso ser más altos que el evitar el daño bajo esta metodología, pero a nuestro juicio dan una muestra aproximada y equitativa de lo que implica el daño ambiental en sí en un bien no patrimonial. En cuanto a las ecuaciones del costo social del daño ambiental y costo de gestión, este Tribunal estima que esas valoraciones no son de aceptación. En cuanto al primer caso, costo social del daño ambiental, la fórmula empleada de asimilar el valor de los daños sociales al valor del costo de tratamiento, por no tener certeza de la magnitud de los daños sociales ocurridos y no existir valoración de otros impactos, tal y como lo manifestaron los peritos del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad en la audiencia, estima este Tribunal que esta metodología atenta contra el principio de equidad que rige la materia y contra el principio de causalidad. [. . .] Además tampoco es de recibo el cálculo de costo de gestión comunal, referido a los gastos y facturas incurridos por la denunciante y la comunidad, de los cuales nos han planteado liquidación por facturas y uno un simple desglose de gastos sin justificación alguna, por cuanto esta se consideran costas, lo cual no está permitido por el art.298 de la Ley General de la Administración Pública, aparte [de] que dichos gastos de vigilancia o monitoreo de la problemática, técnicamente no se consideran como parte del daño ambiental y mal se haría en incluirlos por cuanto ¿Qué nexo de causalidad aplica en gastos de este tipo con respecto a los impactos sobre el medio ambiente? [. . .] Por todo lo anterior, bajo una razón de equidad, este Tribunal estima oportuna acoger la valoración del daño ambiental efectuada únicamente bajo la ecuación de costo de tratamiento, debiendo pagar la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. la suma por concepto de daño ambiental de US$ 92.189,00. Así mismo dado que la valoración efectuada comprende solo el periodo contable de agosto del año 2000 al 17 de enero de 2001, se ordena a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental una valoración adicional del periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2001 hasta el momento que la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. cumpla con los niveles de vertidos establecidos en el Decreto Ejecutivo 20042-S-MINAE, esta valoración deberá efectuarse, tomando en cuenta las consideraciones dadas por este Tribunal en la presente resolución [. . .]”. (12)

iii. Valor de uso directo e indirecto del bien ambiental afectado

Mediante la Resolución de las 8:57 hs. del 23/5/2002, el tribunal, en la valoración del daño ambiental sufrido por un ecosistema de manglar, establece como parámetros para la determinación económica del daño acaecido el valor de uso directo y potencial del bien ambiental afectado. PEÑA CHACÓN (13) comenta un fallo del Tribunal Ambiental de Costa Rica:

“. . . Desde un punto de vista antrópico, medio ambiente cumple varias funciones valorada[s] positivamente por la sociedad:a) forma parte de la función de producción de gran cantidad de bienes económicos, b) el medio ambiente funciona como receptor de residuos y desechos de toda clase de productos de la actividad productiva como consuntiva de la sociedad, c) proporciona bienes naturales cuyos servicios son demandados por la sociedad, d) constituye un sistema integrado que proporciona los medios para sostener toda clase vida [. . .] en general el valor económico total de los recursos naturales se origina en los bienes y servicios que brinda a la sociedad, tanto presentes como futuros. En este sentido y como ha sido directriz de este Tribunal en otras ocasiones, se toma como referencia para valorar el daño, los valores de uso directo e indirecto, teniendo en cuenta por tales, los valores de uso directo aquellos que permiten consumir el bien o servicio ambiental, por ejemplo la leña y los valores de uso indirecto que se refieren a la utilización del recurso ambiental al existir este como un bien funcional, como por ejemplo la fijación de carbono. Este permite comprender con mayor exactitud la doble concepción de patrimonial y extrapatrimonial que entraña el daño ambiental.”

La misma resolución de comentario estableció que dentro del marco de valoración del daño ambiental se debe tomar en cuenta el momento y persistencia del mismo. Al respecto estableció:

“Por otro lado, interpreta este Tribunal que el daño ambiental no se limita al momento en que este se provoca, sino que transcurre a todo lo largo del periodo de vida durante el cual el bien ambiental otorga un servicio ambiental, tomando como horizonte su etapa de crecimiento.En el caso de marras, el área de 300 m2 de manglar que se afectó, denota una etapa media de su crecimiento, los manglares de acuerdo con la doctrina científica, tienen una etapa promedio de crecimiento de 36 años, el manglar afectado de acuerdo a la inspección efectuada y el criterio externado por el biólogo director del Parque Nacional Marino Las Baulas, estaba en una etapa de crecimiento de 18 años, aún restaban 18 años más de servicios ambientales que podía brindar a la sociedad y este factor debe ponderarse a la hora de valorar el daño, aplicando el valor actual neto a la suma obtenida por el daño [. . .]”.

Es importante señalar que para el caso de comentario (daño ambiental por tala de 2380 m2 de mangle) estimó como daño directo sobre el bien ambiental mangle su valor de uso como leña, y como valor de uso indirecto los valores establecidos para el Bosque Primario en los servicios ambientales de secuestro de carbono, protección de aguas, protección de biodiversidad y ecoturismo, todo lo anterior aplicado sobre un valor actual neto por un periodo de 18 años con una tasa de descuento del 5%, ajustado al área afectada de manglar, para un total de 6.217.250,20 colones. (14)

iv. Valoración del daño tomando como referencia el valor del metro cuadrado de terreno degradado

Cuando el daño acontecido no permite los métodos de valoración anteriormente expuestos, el Tribunal Ambiental ha optado por utilizar como parámetro el valor del metro cuadrado del terreno afectado por contaminación o degradación ambiental. Así lo determinó en la Resolución 865-01-TAA a las 10:45 del 27/11/2001, la cual al respecto expone:

“Para este Tribunal ha quedado suficientemente probado la responsabilidad solidaria de la Sociedad Anónima C de L S.A. y de su representante M.K.de construir [un] camino de acceso y tres terrazas sin los correspondientes permisos de construcción y como consecuencia de ello, la erosión por cárcavas y escorrentía en perjuicio del recurso suelo. Por este motivo, se les ordena proceder a depositar por concepto de indemnización la suma de 552.390,00 colones, suma que resulta de multiplicar 184,13 m2, área de la tercera terraza, por el valor del metro cuadrado que se ha reportado en tres mil colones, según conversación con el Concejo de Distrito de Cóbano, realizada el 28 de noviembre de 2001 . . .” (15)

Bajo el mismo criterio anterior la Resolución 627-01-TAA de las 13:50 hs. del 20/8/2002 expresó:

“Con respecto a la valoración del daño ambiental, en cuanto a la apertura de las cuatro trochas secundarias y los dos claros que se crearon en el bosque, además del cargadero no autorizado, este Despacho hace suya la valoración establecida por el Ingeniero C.M.V. coordinar de control y protección de la Subregión Peninsular del Área de Conservación Osa, en la que se especifica un área total impactada de 2257,80 m2 con un costo total [de] 177.835,61 colones y para los claros ocasionados en el bosque se establece en primera instancia un área de 9000 m2 con un valor de 708.885,00 colones y para el segundo claro de 1750 m2 un valor de 137.838,75 colones” (16).

e. Costo de viaje

La relación existente entre los bienes privados y los bienes ambientales pueden ser de complementariedad porque el disfrute de un bien ambiental requiere consumo de un bien privado. Por ejemplo, para disfrutar de un área natural es necesario recurrir a un bien privado, transporte, para desplazarse hasta allí. A través de la relación de complementariedad se puede establecer la función de demanda del bien privado.Este método tiene un campo de aplicación limitado debido a que no todos los espacios naturales pueden ser valorados de esta manera (17).

Este método se usa para valorar áreas naturales con función recreativa. Su origen, cuenta AZQUETA OYARZÙN (1997:100), se encuentra en una petición hecha en 1949 a economistas del Servicio de Parques Naturales de Estados Unidos, en las que se pedían sugerencias para medir el beneficio económico de contar con tales parques. Harold HOTTELLING, respondió con los primeros rudimentos de este método que sería perfeccionado por otros con un fundamento teórico bien simple: aunque el disfrute de los parques naturales es gratuito (antes normalmente no se cobraba entrada, actualmente su precio no es significativo), el turista incurre en gastos para acercarse con su familia al parqu e. Pensemos en el costo de un viaje con nuestra familia a ver las Cataratas del Iguazú, las ballenas en Puerto Madryn o las Sierras de Tandil. Este costo es el costo del viaje, por eso hablamos de la metodología del “costo de viaje”. Se trata por tanto de estimar la variación de la demanda del bien ambiental objeto (las cataratas o las ballenas en nuestro caso) en el número de visitas por ejemplo, ante cambios en el costo de disfrutar de estos bienes ambientales.

vi. Precios hedónicos

Los bienes y servicios que los consumidores adquieren en el mercado no tienen un único valor de uso sino que son “bienes multiatributos”. Cuando se adquiere una vivienda, no solo se está comprando una determinada cantidad de metros cuadrados, sino que además se está comprando una determinada calidad, se está eligiendo un entorno, etc. Los precios hedónicos intentan determinar todos los atributos de un bien que expliquen su precio y discriminar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. En otras palabras, trata de atribuir un precio implícito a cada una de las características del bien y la disposición marginal a pagar de las personas por una unidad adicional de la misma. (18). La hipótesis de trabajo es simple:de la misma manera que un departamento de similar característica, calidad de obra, materiales, y diseño por parte del mismo arquitecto de renombre, no tiene el mismo precio a cien metros de la Bombonera que frente a los bosques de Palermo, de esa misma forma construirlo en Villa La Angostura o San Martín de los Andes no es igual que construirlo en Punta Alta, Barracas, Berisso, El Martillo en Mar del Plata o Villa Gaucho en Tandil. Pero no es solamente el entorno, sino la diferente carga de hedonismo del hombre sobre el mismo entorno. Y aquí hay algo que pone el hombre, no solo la naturaleza. AZQUETA (19) da un excelente ejemplo con el automóvil que elige el hombre común para su servicio. No es lo mismo dar la vuelta al perro en un BMW que en un Ford K. Los dos son buenos autos, pero sin duda uno de ellos llena más la vanidad de su propietario. Y por ese mismo motivo está dispuesto a pagar una diferencia de a lo mejor US$ 30.000, que no está en el costo de producción pero sí en la posibilidad hedónica que un bien ofrece por encima del otro a su propietario. Los precios hedónicos tratan de descubrir todos los atributos del bien que explican su precio y discriminar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. En algunos casos es el mejor paisaje, o en otros el lugar con menos ruido de una gran ciudad, o menor contaminación visual por cables, etc.

vii. Valoración contingente

Básicamente hay que suponer la existencia de un mercado y adjudicar valor explícito directo o hipotético para aquellos bienes que carecen de mercado e intentar averiguar la valoración que le otorgan las personas que lo demandan o los cambios en el bienestar que les produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien ambiental: las externalidades.El mecanismo para averiguar cómo valora un individuo el cambio en el bienestar es en base a una encuesta a partir de la cual se “ofrece” hipotéticamente una unidad del bien que el individuo puede aceptar o no, que es usado como complemento de los anteriores y/o cuando no es posible vincular aspectos cualitativos con los que derivan del sólo consumo de un bien común. Detalla AZQUETA (20) un estudio realizado en los ’60 en Maine, Estados Unidos: se entrevistaron 121 cazadores y excursionistas con la intención de descubrir el valor que para ellos tenían los bosques de dicho Estado. Posteriormente se los comparó con los valores obtenidos en la paliación del método del “coste del viaje”, y sorprendentemente se encontró un altísimo grado de coincidencia. El hecho de que la Water Resource Council incluyera este método entre los recomendados para medir beneficios de las inversiones públicas y que en 1986 se lo considerase apropiado para medir beneficios en la Comprenhensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act -más conocida como “Superfund” de 1980- consolidó su aplicación. (21)

viii. Equivalencia del riesgo

Pero hay otros criterios para evaluar estos bienes: el concepto de equivalencia del riesgo. Pensemos en una persona que elige una aerolínea menos segura porque su ticket es menos costoso, o adquiere automóvil sin los confiables frenos por sistema AVS por igual razón. De hecho, es frecuente que en nuestra vida diaria escojamos entre alternativas en las que previamente hemos priorizado seguridad o tarifa; va de suyo que esas decisiones serán indicadores útiles para estimar el valor vida. Pero las posibilidades son tantas que los datos que resulten de aplicar la teoría de la equivalencia del riesgo resultan inadecuados para calcular la indemnización de los daños personales y naturalmente en el caso de los daños ambientales debe descartarse también.Invitamos a este ejercicio intelectual, pero desde luego no olvidamos el principio de precaución porque justamente uno de los caracteres del derecho ambiental es su carácter eminentemente preventivo, aunque descanse sobre un mecanismo punitivo, no obstante que sus objetivos son siempre preventivos porque, según Ramón Martín MATEO, “la coacción a-posteriori resulta ineficaz puesto que muchos de esos daños de producirse serían irreversibles”. (22)

ix. Otro tipo de valoraciones

En la Resolución 20-00-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo en un caso de degradación ambiental producto de la construcción de tres terrazas en una zona de bosque húmedo, utilizó como parámetro el costo total del contrato de movimiento de tierra de las terrazas, al respecto expresó:

“El daño evaluado fue ocasionado por el movimiento de tierra en forma desordenada para la confección de tres terrazas en una zona clasificada de Bosque Húmedo Tropical, la zona se caracteriza por una gran diversidad de vida, que interactúa a niveles muy amplios a nivel de cadenas alimenticias como a nivel de los diferentes ecosistemas, contribuyendo en la dieta de los animales terrestres como el mapache, ardillas, monos y aves. Por estar el inmueble en la costa, cerca de mar, también el ecosistema marino se ve influenciado por los daños en los ecosistemas boscosos como el caso que nos ocupa, por el arrastre del suelo por escorrentía hacia los litorales, donde son depositados los sedimentos, provocando efectos negativos en los corales y arrecifes. Por otro lado, la belleza escénica se vio fuertemente afectada al contrarrestar evidentemente un área despoblada contra el verdor del Parque Nacional Manuel Antonio. El área afectada es divisada por su ubicación en el acceso de dicho parque, uno de los más visitados por los turistas.Para la valoración del daño ecológico se partió del costo total del contrato de movimiento de tierra de las terrazas que fue de 7.000.000,00 (siete millones de colones). A la zona de vida alterada se le asignó un valor de 1.750.000 (un millón setecientos cincuenta mil colones exactos). A la protección de suelo se le asignó un valor de 1.750.000,00 colones. El uso turístico de la zona afectada fue de tres millones de colones. En esta oportunidad, el valor de reposición del daño ambiental equivale a 3,5 veces el valor total del contrato de movimiento de tierra, lo que nos da la suma de 24.500.000,00 colones”.

2. Conclusiones

En este punto, quisimos exhibir la manera de medir los valores ambiéetales, porque todavía las sentencias que abordan estos temas no han sido innovadores en las metodologías para medir el costo de los daños ambientales.

Es difícil encontrar consenso en un punto tan álgido como lo es el monto de condena, que exige otorgar valores a elementos como la lluvia o el paisaje, o la gradación de la tierra para un sistema bien previsto para evaluar las chapas de los automóviles en circulación a velocidad prohibida.

En este punto, la actividad judicial es difícil pero no imposible. Es el punto que sigue en la evolución del derecho ambiental.

———-

(1) CNCiv., Sala D, “Burgos c/ Arquinge S.R.L.”, 22/06/1976, citado por TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA, en ED 72-531, p. 677.

(2) Tribunal Ambiental de Costa Rica, Resolución 356-02-TAA, 23/5/2002, 8:57 hs.

(3) Íd.

(4) Cfr.PEÑA CHACÓN, Mario, “La jurisdicción ambiental en el nuevo Código Ambiental Procesal”, Revista electrónica Medio Ambiente & Derecho, España, Universidad de Sevilla, diciembre 2002; y “Daño, responsabilidad y reparación del medio ambiente”, Revista Lex, Difusión y Análisis, México, mayo 2003, año VII, Nº 95.

(5) Íd.

(6) Resoluciones 248-99-TAA y 35-01-TAA.

(7) Tribunal Ambiental de Costa Rica, Resolución 369-01-TAA, 4/6/2001, 8 hs.

(8) AZQUETA OYARZÚN, Diego, Valoración económica de la calidad ambiental, Madrid, Mc Graw Hill, 1997, p. 76.

(9) Íb., p. 79.

(10) SEJENOVICH, H. Las cuentas del patrimonio natural de un ecosistema andino patagónico de la Provincia de Río Negro, Argentina. Inventarios y cuentas del patrimonio natural en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL – ONU, 1991. Citado en AZQUETA OYARZÚN, op. cit., p. 75.

(11) Cfr. PEÑA CHACÓN, Mario, “La jurisdicción ambiental en el nuevo Código Ambiental Procesal”, Revista electrónica Medio Ambiente & Derecho, España, Universidad de Sevilla, diciembre 2002; y “Daño, responsabilidad y reparación del medio ambiente”, Revista Lex, Difusión y Análisis, México, mayo 2003, año VII, Nº 95.

(12) Íd.

(13) Íd.

(14) Íd.

(15) Íd.

(16) Íd.

(17) AZQUETA OYARZÚN, Diego, Valoración económica de la calidad ambiental, Madrid, Mc Graw Hill, 1997, p. 97.

(18) Íb., p. 131.

(19) Íd

(20) Íb., p. 158.

(21) Íb., p. 157.

(22) Cfr.MARTÍN MATEO, Ramón, 1991, Tratado de Derecho Ambiental, t. l, Madrid, Trivium, p. 93; JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia, El derecho ambiental y sus principios rectores, Dykinson, 1991, p.352; MOSSET ITURRASPE, Jorge, “El daño ambiental en el derecho privado”, en obra Daño ambiental, t. I, Santa Fe de la Vera Cruz, Rubinzal-Culzoni, 1999, pp. 221; Íd., Cómo c ontratar en una economía de mercado, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1996.

(*) Profesor de Derecho Ambiental, UNICEN sede Tandil, Argentina. Doctorando Programa de Derecho Ambiental, Universidad de Alicante.

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