Muerte como consecuencia de la demora de la ambulancia, autopista inundada por tormenta

Partes: B. Y. G. L. y otros c/ Autopistas del Sol S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 5-feb-2009

Cita: MJ-JU-M-42863-AR | MJJ42863 | MJJ42863

Se rechaza la demanda impetrada por la actora como consecuencia del fallecimiento de su hijo a raíz de las demoras sufridas durante el traslado en ambulancia, por considerar que se ha interrumpido el nexo de causalidad, en tanto la tormenta torrencial que generó inundaciones en la Autopista, constituyó un récord extraordinario.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda impetrada por la actora como consecuencia del fallecimiento de su hijo a raíz de las demoras sufridas durante el traslado en ambulancia debido a la congestión de tránsito e inundación existente en la Autopista de la demandada como consecuencia de intensas lluvias. Ello, por cuanto las pruebas producidas, dan acabada cuenta de las características del suceso acontecido el que revistió un supuesto de caso fortuito en los términos de los arts. 513 y 514 del CCiv. Se produjo así la interrupción del nexo de causalidad, ya que el daño resultó de una causa ajena al hecho de la demandada en tanto la tormenta torrencial, localmente muy intensa, constituyó un récord de precipitación.

2.-Vale decir que la relación que se establece entre el concesionario y el usuario de un corredor de circulación, es una relación contractual de derecho privado que hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado a cargo del primero. Por lo tanto la suma de dinero preestablecida denominado peaje, que paga el usuario a cambio de la prestación del servicio, reviste la entidad de un precio. Configurada la relación contractual, nacen para el concesionario dos obligaciones, una principal que sería la de habilitar el tránsito por el corredor vial y otra de seguridad por los daños que el usuario pudiera sufrir durante la circulación a través del trayecto concesionado. En este contexto, el incumplimiento de cualquiera de estos deberes negociales, haría nacer la responsabilidad contractual.

3.-Como en todos los contratos, el principio de la buena fe tiene la virtualidad de incorporar al negocio, una obligación de seguridad. Esta obligación, -salvo supuestos normativos de excepción o decisiones particulares en contrario- es de resultado, generando consecuentemente responsabilidad objetiva y factor de atribución garantía. En función de su autonomía, protege intereses del acreedor asentados sobre bienes que se encuentran fuera del circa rem de la obligación principal.

4.-Al resultar el peaje una típica relación de consumo, también la obligación de seguridad se halla indudablemente incorporada a su contenido virtual, en razón de la normativa de los arts. 42 de la CN. y 5 de la ley 24240 de protección al consumidor (que se mantiene en el texto dispuesto por la ley 26361 ), que expresamente la establecen, sobre este punto. Por ende, en orden a la normativa vigente ni siquiera resultaría necesario recurrir a la del artículo 1198 del Código Civil, para dar fundamento a su existencia en este tipo de contrato.

5.-Se afirma pues que el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 de la ley 24240 (texto dispuesto por la ley 26361).

6.-En este sentido, toda duda que generen las circunstancias del caso debe ser interpretada a favor del usuario (in dubio pro consumidor). Por ello, demostrado por el usuario el perjuicio sufrido y durante el tránsito vehicular por la vía concesionada, emergerá en contra del concesionario -tal como sucede en toda hipótesis de responsabilidad objetiva- una presunción de adecuación causal, la que deberá ser desvirtuada mediante la prueba de la fractura del nexo de causalidad o, en otros términos, probando que este vínculo presunto se ha desplazado hacia otro centro de imputación.

7.-Para que el hecho material del tercero, o el caso fortuito, pueda ser jurídicamente reputado como tal, y causa ajena, es necesario que no haya sido provocado por el agente indicado como responsable. Y, para su posible consideración como eximente, debe además poseer, respecto del concesionario de la ruta (deudor negocial), las características de imprevisibilidad o inevitabilidad propias del casus. Así, deberá el responsable demostrar que el hecho le ha resultado imposible de prever (porque no existía razón objetiva para pensar que sucedería) o que no obstante la previsión y diligencia que prestó a tal efecto, no pudo evitarlo por su carácter irresistible. Pesaba sobre la concesionaria demandada acreditar que la causa del daño le fue ajena a fin de probar la ruptura del nexo causal. Para producir su exoneración, debía acreditar que los hechos en cuestión no eran imputables a su falta de previsión o de control, conforme las posibilidades que al respecto brinda la moderna tecnología.

8.-Se ha determinado que los fenómenos de la naturaleza constituyen caso fortuito -o más bien fuerza mayor- cuando son extraordinarios y por su intensidad salen del orden común, pues normalmente estos hechos naturales están sometidos a las leyes de la causalidad y por ello quedan sujetos a una cierta previsión y consiguiente prevención de parte del hombre. Concretamente respecto a las lluvias se ha determinado que para que eximan de responsabilidad en los términos del art. 514 del CCiv. deben ser de una violencia excepcional, desacostumbrada desde épocas lejanas, conforme a las circunstancias de tiempo y lugar en que se producen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de Febrero del año dos mil nueve, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Mabel De los Santos, Carlos Raúl Ponce y Elisa M. Diaz de Vivar a fin de pronunciarse en los autos “B. Y., G. L. y otros c/ Autopistas del Sol S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, el Dr. Ponce dijo:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 678/83) rechazó la demanda incoada por la señora G. L. B. Y., -por sí y en representación de sus hijos menores de edad: M. J. B. y F. D. B.- contra Autopistas del Sol S.A. y les impuso las costas del proceso.

Contra dicho pronunciamiento se alzó solamente el señor Defensor de Menores (fs. 718). La señora Defensora de Menores de Cámara mantuvo el recurso oportunamente interpuesto por su antecesor de grado y sostuvo su apelación a fs. 798/801. Estos agravios fueron respondidos por Boston Cía. Argentina de Seguros S.A. a fs. 808/12, por Autopistas del Sol S.A. a fs. 822/24 y por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. a fs.827/29.

El fallo en crisis rechazó el reclamo efectuado por los actores, consistente en los daños y perjuicios derivados de la negligencia que le imputan a su contraria en el cumplimiento de sus obligaciones, del que derivó el fallecimiento de su hijo y hermano M. R. B.

II.- Se encuentra fuera de discusión el lamentable accidente doméstico que sufriera la señora G. L. B.Y., en circunstancias en que se encontraba intentando matar garrapatas y sosteniendo una botella de alcohol en una de sus manos, con la otra arrojaba el alcohol a la pared, prendiendo así fuego a los insectos (produciéndose de esta manera una leve llama que al evaporizarse el alcohol se apagaba); y que en un determinado momento, debido a la combustión, la llama se extendió hasta la botella que tenía en su mano, y ésta explotó causándole quemaduras a ella y a dos de sus hijos que se hallaban allí.

Tampoco está controvertido que luego del evento descripto, la actora y sus hijos fueron trasladados al “Sanatorio San Carlos”, de la localidad de Maquinista Savio, de la Provincia de Buenos Aires; que la primera quedó internada allí, que su hijo de cuatro meses (F. D.) fue derivado primero a un hospital de la zona de Merlo y luego cuando comenzó su mejoría al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, de San Martín; y que su otro hijo -M. R., de cinco años de edad- fue derivado -de urgencia- a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de este último nosocomio.

Además, tampoco es materia de debate el hecho que cuando se está efectuando el traslado del niño M. R. en una ambulancia que partió del “Sanatorio San Carlos” pasadas las 16 hs. (v. fs. 368 de la contestación de oficio remitida por “UGP Consorcio Médico Norte A.C.E.”), en compañía de una tía -R. B. B. Y.-, que circulando por la Ruta Panamericana comenzó a llover, y que luego, al tomar la Avenida Gral. Paz, cerca de donde se ubica un Supermercado Macro, se produjo un gran embotellamiento de tránsito por el cual la ambulancia debió detenerse, sin poder avanzar no obstante los pedidos efectuados por el chofer.

Así las cosas, y siendo la lluvia cada vez más intensa, aquélla no podía avanzar más, la arteria empezó a inundarse, “.a punto tal que comenzaba a penetrar agua en el interior de la ambulancia llegando a 5 cm.de la camilla donde se encontraba el menor.”. Debido a ello, el camillero y la tía decidieron bajar al niño del vehículo y trasladarlo a pie, en la camilla (como consecuencia de lo cual éste se mojó con el agua de lluvia) hasta el Supermercado Macro, en el que su personal les acercó dos colchas para tapar al chico, y que luego, personal policial y de bomberos, se acercaron al lugar con un gomón y lo trasladaron hasta un punto donde se encontraba un móvil policial, que finalmente logró arribar al “Hospital Eva Perón” a las 22 hs. (ver fs. 149 de la Historia Clínica).

Tampoco está cuestionado que transcurridos treinta y cinco días desde el evento denunciado en el escrito de inicio (el 28-02-2001), lamentablemente el menor M. R. fallece.

Sí constituye materia de recurso los alcances de la obligación de seguridad de la empresa concesionaria de la autopista, demandada en autos, como así también el carácter de caso fortuito que el anterior sentenciante le asignó “al evento meteorológico” ocurrido en esta ciudad y en parte del Gran Buenos Aires el 24 de enero de 2001.

III.- Sentado todo ello, pasaré a describir brevemente las quejas interpuestas por la señora Defensora de Menores de Cámara.

Antes que nada, destaco, que en la pieza de fs. 798/801, primero la citada funcionaria efectuó un relato del lamentable suceso motivo de estos autos y recién a partir del pto. III de fs. 799/vta., expuso -escuetamente- los agravios que estimó pertinentes.

Aludió a la obligación de seguridad que le incumbe a la concesionaria de las autopistas, al “importante sistema de protección de derechos que ofrece la ley 24.240 “, citó diferentes artículos de esta norma que consideró aplicables al caso, y sostuvo, que nuestro Supremo Tribunal en un caso análogo al presente afirmó que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y sus usuarios es calificado como una relación de consumo, extremo que “resulta aplicable al supuesto de autos” (cfr. fs.799/vta., in fine).

En este orden de ideas, citó varios fallos de la Corte y de Salas de este Tribunal en los que se concibió al vínculo que une a la concesionaria con el usuario como una relación de consumo, y se refirió también al carácter contractual que posee este vínculo, aludiendo a los deberes que le incumben a la demandada -en especial al de seguridad-, todos ellos con fundamento en el principio de buena fe (conf. art. 1198 del Código Civil).

Asimismo, sostuvo que también desde la órbita extracontractual la accionada debe responder por los perjuicios padecidos por la demandante en virtud de lo establecido por el Reglamento de Explotación de los Corredores Viales, aprobado por el decreto 2039/90, que establece que el ente concesionario es guardián del corredor objeto de la concesión.

En este sentido, indicó que se acreditó “suficientemente” en autos que el daño se produjo por las deficiencias que presentaba la autovía, ya que la demandada no cumplió con su compromiso de mantenerla transitable y segura. De esta manera, sostuvo que no puede presuponerse en modo alguno que el evento meteorológico ocurrido el 24 de enero de 2001, pueda ser causal de eximente de responsabilidad.

Finalmente, agregó que se encuentra comprobada acabadamente la omisión e inacción de Autopistas del Sol S.A. en el evento, y pidió que se revoque el fallo de grado, haciéndose lugar a la demanda incoada, con costas.

Dicho esto, adelanto, que de compartirse mi opinión, las quejas esgrimidas por la señora Defensora de Menores de Cámara no habrán de ser admitidas en esta instancia.Ello así, por los argumentos que a continuación expondré. a) Con relación a los agravios vinculados a las obligaciones a cargo de la empresa concesionaria demandada, sobre todo desde el ángulo de la defensa del consumidor, señalo que previo a todo, para analizar correctamente las quejas, resulta necesario determinar los alcances y efectos de la relación jurídica que vinculó a los justiciables.

Esta Sala en su anterior composición en los autos: “Minervino, Hugo Guillermo c/ Red Vial Centro S.A. y otros s/ daños y perjuicios” (expte. n 99903/1998 del 6-07-2006), con un muy fundado voto de mi distinguida colega la Dra. Diaz de Vivar, y que ya lo compartí anteriormente en su totalidad en los autos: expte. n 87.317/2004, del 08-05-07 y n 61.756/1996 del 21-04-08), sostuvo que la relación que se establece entre el concesionario y el usuario de un corredor de circulación, es una relación contractual de derecho privado que hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado a cargo del primero (conf. “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V. s/ cobro de sumas de dinero” del 30-04-01).

Se dejó allí sentado también que la privatización de los servicios públicos en la década del 90 generó, en lo que esta cuestión respecta, una relación jurídica inexistente hasta ese momento.

En efecto, a través de los contratos de concesión suscriptos entre el Estado Nacional y las empresas privadas, se les otorgó la explotación del tránsito vehicular.Esta situación originó una relación jurídica específica entre el Estado y la concesionaria de peaje y otra -de distinta naturaleza-, entre esta última y el usuario de la vía.

No caben dudas de que entre el Estado y el concesionario se ha celebrado un contrato de concesión de servicio público y que los derechos y obligaciones de ambas partes se encuentran delineados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación de Concesión de Obra Pública; Pliego de Condiciones Particulares y el Reglamento de Explotación. Es decir, la concesión de obra se rige enteramente por el derecho público y las leyes aplicables al caso, pero en lo que se refiere a la relación de la empresa que explota el corredor vial y el usuario de la misma, no es posible aplicar la citada normativa porque en el marco de este negocio, el peaje equivale al precio que el usuario paga al concesionario, como contraprestación por el servicio que le es brindado.

En este sentido, cabe agregar lo expresado por el Dr. Lorenzetti, que en un fallo de la Corte Suprema ha dicho que “el poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la prestación del servicio” (Fallos: 329-346).

La discusión sobre la naturaleza tributaria del peaje, pierde virtualidad en tanto la propia normativa impositiva lo grava con el impuesto al valor agregado (art. 3, R.G.D.G.I.3545/92). Por lo tanto la suma de dinero preestablecida denominado peaje , que paga el usuario a cambio de la prestación del servicio, reviste la entidad de un precio.

Configurada la relación contractual, nacen para el concesionario dos obligaciones, una principal que sería la de habilitar el tránsito por el corredor vial y otra de seguridad por los daños que el usuario pudiera sufrir durante la circulación a través del trayecto concesionado. En este contexto, el incumplimiento de cualquiera de estos deberes negociales, haría nacer la responsabilidad contractual.

Como en todo contrato, el principio de la buena fe tiene la virtualidad de incorporar al negocio, una obligación de seguridad. Esta obligación, -salvo supuestos normativos de excepción o decisiones particulares en contrario- es de resultado, generando consecuentemente responsabilidad objetiva y factor de atribución garantía. En función de su autonomía, protege intereses del acreedor asentados sobre bienes que se encuentran fuera del circa rem de la obligación principal (conf, Boragina, Juan C. y Meza, Jorge en “Responsabilidad por incumplimiento contractual”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1993; “Responsabilidad por hecho ajeno”, Ed. Depalma, Bs. As., 1995).

Al análisis hasta aquí realizado es necesario agregar una variable más, ya que al resultar el peaje una típica relación de consumo, también la obligación de seguridad se halla indudablemente incorporada a su contenido virtual, en razón de la normativa de los artículos 42 de la Constitución Nacional y 5 de la ley 24.240 de protección al consumidor (que se mantiene en el texto dispuesto por la ley 26.361 ), que expresamente la establecen, sobre este punto. Por ende, en orden a la normativa vigente ni siquiera resultaría necesario recurrir a la del artículo 1198 del Código Civil, para dar fundamento a su existencia en este tipo de contrato.

Se afirma pues que el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario, es una relación de consumo.Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los artículos 1 y 2 de la ley 24.240 (texto dispuesto por la ley 26.361).

A su vez, el artículo 5, inciso “m” de la ley 24.449 define al concesionario vial como “.el que tiene atribuido por la autoridad estatal la construcción y/o mantenimiento y/o explotación, la custodia, la administración y la recuperación económica de la vía mediante el régimen de pago de peaje u otro sistema de prestación.”. El concesionario asume una obligación de prestar un servicio y una vez calificada la existencia de una relación de consumo, surge un deber de seguridad también de fuente constitucional (citado artículo 42, de la Constitución Nacional) y legal (el referido artículo 5 ley 24.449; ley 24.240- ley 26.361).

En este sentido, toda duda que generen las circunstancias del caso debe ser interpretada a favor del usuario (in dubio pro consumidor). Por ello, demostrado por el usuario el perjuicio sufrido y durante el tránsito vehicular por la vía concesionada, emergerá en contra del concesionario -tal como sucede en toda hipótesis de responsabilidad objetiva- una presunción de adecuación causal, la que deberá ser desvirtuada mediante la prueba de la fractura del nexo de causalidad o, en otros términos, probando que este vínculo presunto se ha desplazado hacia otro centro de imputación (conf. Pizarro, Ramón Daniel, “Causalidad adecuada y factores extraños”, en “Derecho de daños”, en homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Ed. La Rocca, Bs. As., 1989, p.257 y sgtes).

Para que el hecho material del tercero, o como ocurre en las presentes actuaciones, el “hecho, caso fortuito”, pueda ser jurídicamente reputado como tal, y causa ajena, es necesario que no haya sido provocado por el agente indicado como responsable (requisito que se cumple en el “sub lite”). Y, para su posible consideración como eximente, debe además poseer, respecto del concesionario de la ruta (deudor negocial), las características de imprevisibilidad o inevitabilidad propias del casus, las que como veremos luego, también se dan en el presente.

Así, deberá el responsable demostrar que el hecho le ha resultado imposible de prever (porque no existía razón objetiva para pensar que sucedería, en el caso, una tormenta de las dimensiones como la ocurrida el 24 de enero de 2001) o que no obstante la previsión y diligencia que prestó a tal efecto, no pudo evitarlo por su carácter irresistible (lo que también se encuentra acreditado en autos).

En este sentido, el artículo 40 de la ley 24.240 explícitamente dispone que “sólo se liberará total o parcialmente [el responsable] que demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”. Tal ajenidad es equiparable al caso fortuito o fuerza mayor siempre que ellos no fueren inherentes al riesgo propio que entraña la cosa o la actividad que es fuente del daño.

Es decir, pesaba sobre la concesionaria demandada acreditar que la causa del daño le fue ajena a fin de probar la ruptura del nexo causal, y a mi entender lo hizo. Dicho de otro modo, para producir su exoneración, aquélla debía acreditar que los hechos en cuestión no eran imputables a su falta de previsión o de control, conforme las posibilidades que al respecto brinda la moderna tecnología.

Considero que en el “sub lite” la demandada ha cumplido con la carga probatoria necesaria para justificar sus oposiciones a las pretensiones de la actora.Digo esto, básicamente en orden a lo que se desprende de la contestación de oficio remitida por la Secretaría de Obras Públicas, Órgano de Control de Concesiones Viales, glosada a fs. 436/441.

A fs. 436, pto. 2, tercer párrafo, informó que de los estudios encomendados al I.N.A. (Instituto Nacional del Agua), a los fines de analizar las causas de la inundación y determinar la incidencia que podría haber tenido la remodelación de la Av. Gral. Paz en el anegamiento de varios tramos de la misma; que “.la causa principal de la citada inundación fue la importante intensidad de la precipitación caída el día 24 de enero de 2001, a la cual, en dichos estudios, se le asigna una recurrencia del orden de los cien años.” En el siguiente párrafo se consignó que: “Si se considera que la mayoría de los conductos longitudinales de desagüe están diseñados para lluvias de recurrencia comprendida entre los dos y diez años, queda en evidencia que la lluvia del 24 de enero de 2001 generó derrames superiores a los que podrían evacuarse por las conducciones.” Considero relevante a los fines de sellar la suerte del recurso, lo informado en los párrafos 2 y 3 de fs. 437, en cuanto a que en las conclusiones de los estudios encomendados al I.N.A., se indicó que los problemas de inundación en el territorio de la Capital Federal, en correspondencia con la subcuenca de aporte del secundario Gral. Paz, se debe a la insuficiencia en la red de desagües existente, y no a una disminución de la capacidad de conducción del sistema actual por las obras realizadas desde su Concesión al presente en la Av. Gral. Paz.

Y también resulta contundente, lo señalado respecto de que personal de esa “Supervisión de Acceso Norte” en recorridas e inspecciones visuales realizadas a los desagües de la Av. Gral.Paz en el mes de enero de 2001, no detectó falta de mantenimiento en los mismos (la negrita me pertenece).

También, a fs. 438, pto. 1, el ingeniero Carlos Horacio Hidalgo -Director Ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales-, informó que la inundación en la Av. Gral. Paz, “se debió fundamentalmente a la intensidad de las precipitaciones caídas, que resultó extraordinaria por su magnitud”. Y en el pto.2, destacó que “.no es correcto afirmar.que parte del motivo de esta inundación sea consecuencia del diseño de los desagües de la autopista. Dicha inundación es un problema que, por su magnitud, involucra los desagües de una zona con una superficie mucho mayor a la del camino.” Y finalmente, a fs. 431 en la parte final de este informe, el ingeniero Hidalgo indicó que para solucionar definitivamente este tipo de problemas deberán ejecutarse obras fuera de la zona del camino concesionado, mejorando la escorrentía y capacidad del Arroyo Medrano, de su cuenca y afluentes.

En la otra contestación de oficio remitida por el Órgano de Control de Concesiones Viales, de la Secretaría de Obras Públicas, glosada a fs.486/87, además de informar respecto del contrato de concesión suscripto por Autopistas del Sol, y de las funciones y obligaciones que ésta tiene a su cargo, en el pto. g) de fs. 487, el Director Ejecutivo de dicha entidad dejó expresamente sentado que al 24 de enero de 2001, la demandada había cumplido con todas las obras a su cargo previstas para ser ejecutadas hasta la fecha.

Así, de toda la abundante prueba informativa obrante en autos, precedentemente descripta, se desprende -como lo entendió el primer sentenciante- que la empresa demandada había adoptado en forma previa al hecho, todas las medidas de seguridad lógicas y pertinentes, para prevenir una inundación del camino a consecuencia de “lluvias normales”.

A mayor abundamiento y desde otro ángulo, de las contestaciones de oficio remitidas por el A.C.A. (Automóvil Club Argentino) a fs. 482 y por “Vittal” a fs.483, surge que Autopistas del Sol tiene (y tenía a la fecha del evento dañoso) convenios firmados con aquéllas para realizar servicios de auxilio mecánico y de remolque, y de asistencia médica de urgencia y ambulancias, respectivamente.

Todo lo cual revela que de no acontecer el día del evento un hecho fortuito de tan grandes dimensiones, imprevisto e irresistible, la demandada se encontraba debidamente preparada para socorrer al menor B., en caso de que la ambulancia que lo trasladaba se averiara, o de sufrir un embotellamiento de tránsito “normal”, o frente a cualquier otra eventualidad corriente que se presentara.

En definitiva, por todos los argumentos vertidos, voto por el rechazo de estas quejas interpuestas por la señora Defensora de Menores de Cámara. b) Ahora bien, el agravio esgrimido por la funcionaria recurrente relativo a que en modo alguno el evento meteorológico ocurrido el 24 de enero de 2001 puede ser causal de eximente de responsabilidad, considero que también debe ser desestimado.

No obstante, como lo hizo el señor Juez de grado, corresponde determinar si la tormenta del 24 de enero de 2001 revistió un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor en los términos de los artículos 513 y 514 del Código Civil y, lo que es fundamental para la correcta dilucidación del caso, tal como lo he decidido en pronunciamientos anteriores como juez de primera instancia (conf. autos “Fernández, Luis M. c/ Playas Subterráneas S.A. s/cobro de sumas de dinero”, del 18-04-1991, entre muchos otros), la incidencia de la anormalidad en el supuesto que nos ocupa (conf. Llambías, Jorge, “Tratado de Derecho Civil-Parte General”, t. I, pág. 249; Salvat, Raimundo M., “Tratado de Derecho Civil Argentino-Fuente de las Obligaciones”, ed. Act. por Acuña Anzorena, Arturo, T. I, pág. 174; CNCiv., Sala “A”, E.D. 113-256; Sala “C”, L.L. 1981-B-549; Sala “D”, id.1981-C-476, etc.).

En principio se ha determinado que los fenómenos de la naturaleza constituyen caso fortuito -o más bien fuerza mayor- cuando son extraordinarios y por su intensidad salen del orden común, pues normalmente estos hechos naturales están sometidos a las leyes de la causalidad y por ello quedan sujetos a una cierta previsión y consiguiente prevención de parte del hombre (artículo 512 del Código Civil; conf. Llambías, Jorge, ob. cit., t. I, pág.241, n 199; Rezzónico, “Estudio de las obligaciones”, t. I, pág. 175; CNCiv., Sala “C”, E.D. 131-344; Sala “D”, id. 63-467). Concretamente respecto a las lluvias se ha determinado que para que eximan de responsabilidad en los términos del art. 514 del Código Civil deben ser de una violencia excepcional, desacostumbrada desde épocas lejanas, conforme a las circunstancias de tiempo y lugar en que se producen (conf. CNCiv., Sala “A”, L.L. 106-368; Sala “E”, E.D. 117-228).

Ponderando el caso “sub examen” a la luz de los principios aludidos he llegado a la convicción que el temporal ocurrido el 24 de enero de 2001, en horas de la tarde y de la noche (v. informe de fs. 92), constituyó un supuesto de caso fortuito conforme lo sentado precedentemente.

Ello encuentra acabado sustento tanto en el Informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, acompañado a fs. 89/94, como así también en los varios y diversos artículos periodísticos, publicados en “Clarín.com” (fs. 95/99) y en el diario “La Nación” (fs. 100/110), todos ellos adjuntados en fotocopia simple; y que habré de tener muy en cuenta a los fines de decidir, toda vez que como se dejó constancia en el acta de fs. 232 (v. partes pertinentes de fs. 232 in fine y fs.232/vta.), ninguna de las piezas documentales precitadas fue cuestionada, por lo que corresponde otorgarles -a mi criterio- pleno valor probatorio y de convicción.

En efecto, del informe elaborado por el Centro de Análisis Climático, Departamento de Climatología de la Fuerza Aérea Argentina, Servicio Meteorológico Nacional, respecto de la “situación sinóptica del 24 de enero de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires”, surge que en la fecha indicada se produjo sobre parte de la Ciudad de Buenos Aires y límite con el Partido de San Martín, “una tormenta localmente muy intensa con un récord de precipitación”, medido en dos horas, de 132 mm y una intensidad máxima de 23.3 mm en cinco minutos, que es el período mínimo en que se puede medir la intensidad.

También se dejó constancia de los barrios que se vieron afectados, entre los que se menciona a “un sector de San Martín de la Provincia de Buenos Aires”, es decir por donde se hallaba circulando la ambulancia en circunstancias en que trasladaba al menor M. R. B. al “Hospital Eva Perón”, de dicha localidad.

Asimismo, en el informe se señaló que el desarrollo del fenómeno local se produjo por una conjunción de factores termodinámicos en el término de pocas decenas de minutos, lo que también revela a mi entender lo repentino e imprevisto de la tormenta.

Por otro lado, resultan contundentes a mi criterio, los datos que arrojan los cuadros sinópticos de fs.92 y 93 en los que se efectuó una comparación de la cantidad de precipitación acumulada en (mm) en la Ciudad de Buenos Aires (en toda la zona afectada), el día del evento de marras (24-01-2001) y la acumulada en otras fechas del año en el período comprendido entre los años 1955-1994; y también con los máximos absolutos del mes de enero en el mismo período (1955-1994). Y todos estos esquemas arrojan datos reveladores y categóricos respecto de la intensa precipitación ocurrida ese día entre las 17:45 y las 22:15 hs., que “superó todos los récords anteriores” en los períodos ya aludidos.

A mayor abundamiento, como ya lo adelanté, este informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional encuentra apoyo, o es coherente con lo que surge de las notas periodísticas publicadas al día siguiente del hecho (el 25-01-2001), en “Clarín.com” y en “La Nación”.

De éstas se desprende a las claras el carácter de caso fortuito de la tormenta acaecida el 24 de enero de 2001.

Me mueve a inclinarme en este sentido, lo que surge por ejemplo de la nota glosada a fs. 95, titulada “Temporal trágico: cinco muertos y caos en casi toda la ciudad” y que da cuenta de que en un geriátrico de Belgrano “R” murieron cuatro ancianas ahogadas ya que “el agua que se había juntado con la tormenta rompió una ventana de vidrio y entró como una gran ola, inundando el subsuelo del geriátrico. (la negrita le pertenece al diario digital)”. Además, de la misma nota surge que en Lomas de Zamora un joven murió electrocutado al caer después de tocar un caño que sostenía el toldo de una carnicería en un lugar con mucha agua.

Estimo pertinente rescatar algunas de las categóricas frases asentadas en dicho artículo: “La lluvia fue feroz.”, “Con avenidas importantes.convertidas en canales, lo que generó un caos en el tránsito.”, “.en Warnes y Juan B.Justo, el agua entraba por las ventanillas de los autos.”. Es decir, este artículo periodístico (como todos los demás obrantes en autos) revelan lo caótico y las dimensiones del fenómeno meteorológico ocurrido el 24 de enero de 2001.

Por otro lado, resalto el titular del ejemplar del diario “La Nación” del 25-01-2001 (fs. 100): “Lluvia récord y caos en la ciudad; cinco muertos”, como así también lo que surge del cuerpo del texto de dicho artículo: “Volvieron a anegarse las autopistas y las principales avenidas”, “Nunca en la ciudad cayó tanta agua en tan poco tiempo. El temporal de lluvia y granizo que se extendió desde las 17.45 hasta las 20 de ayer marcó un nuevo récord: 134 mm caídos en poco más de dos horas, cifra que no tiene antecedente.” Destaco asimismo que en la continuación del artículo en el interior del diario, cuya fotocopia obra a fs. 101, al describirse las zonas anegadas -entre otras- se informó que hubo anegamientos en la Av. Gral. Paz, entre Constituyentes y Beiró, es decir justamente en la zona donde se quedó varada la ambulancia que trasladaba al niño B.

En síntesis, a mi criterio, la prueba documental colectada en autos, que no fue cuestionada por ninguna de las partes, da acabada cuenta de las características del suceso acontecido el 24 de enero de 2001 en la Capital Federal y en un sector del partido de San Martín; el que en el “sub lite” revistió un supuesto de caso fortuito en los términos de los artículos 513 y 514 del Código Civil.

Ahora bien, desde otro ángulo, es conveniente recordar que los presupuestos de la responsabilidad del deudor son cuatro: 1 incumplimiento, 2 imputabilidad de dicho incumplimiento en razón de su culpa o dolo, 3 daño sufrido por el acreedor y 4 relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. Basta que alguno de estos requisitos fracase para que el deudor quede exento de responsabilidad (conf.Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, t. I, p. 121).

En la especie, el señor Juez “a quo” dejó debidamente sentado que el día del hecho denunciado en la presentación inicial, se produjo una tormenta “.que por sus características no era previsible.”, y “.que por su caudal exhorbitante ocasionó violentas e imprevistas inundaciones”, tipificándola como un “.acontecimiento atmosférico extraordinario que puede entrar en las previsiones del art. 514 del Código Civil.” (cfr. fs. 680/vta. de la sentencia en crisis). Ello, basándose fundamentalmente en el contundente informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, y que, -reitero- conforme surge del acta de fs. 232, no fue controvertido.

De este modo, se produjo así la interrupción del nexo de causalidad, ya que el daño resultó de una causa ajena al hecho de la demandada (un caso fortuito o de fuerza mayor: repito la tormenta torrencial, “localmente muy intensa, con un récord de precipitación”, que se desató el día en cuestión en parte del Gran Buenos Aires y la Capital Federal). c) Por otro lado, cuadra recordar que dentro de los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desatenderse la necesidad de verificar con precisión no sólo el daño experimentado, sino también su necesaria relación de causalidad con lo obrado por la persona -en este caso la empresa concesionaria demandada- que se intenta responsabilizar por el lamentable desenlace.

Por tal motivo, en el “sub lite”, resulta indispensable determinar si la trágica, y posterior consecuencia final padecida por el menor M. R. B. (quien -reitero- falleció el 28-02-2001), fue producida por hechos atribuibles a la demandada o no; vale decir, la relación causal jurídicamente relevante, n o como vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho, cuya demostración incumbe en todos los casos a la actora (conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría de la responsabilidad civil”, p. 159; Goldenberg, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p.45).

En este sentido, como correctamente lo indicó a mi entender el señor Juez de grado, -v. pto. 3), primer párrafo de fs. 680/vta.-, de las probanzas arrimadas al proceso no surge que la parte actora haya acreditado en autos que las medidas de seguridad adoptadas por la empresa demandada no fueran las adecuadas para hacer frente a fenómenos climáticos imprevisibles, como el que nos ocupa.

Por ello, en base a todos los antecedentes reseñados, conceptúo que en definitiva no ha existido el vínculo jurídico necesario como fundamento de responsabilidad, entre las fallas en el servicio que se le endilgan a la empresa demandada, y los daños reclamados por los accionantes (con motivo del fallecimiento del niño M. R. B.).

En definitiva, todo lo precedentemente expuesto me lleva a concluir que en el “sub iudice” los actores han olvidado que las reglas de la carga de la prueba determinan lo que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos, entre los que forman el “thema probandum” en ese juicio, deben aparecer justificados para que sirvan de fundamento a sus pretensiones u oposiciones (Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial”, t. I, p. 142).

Es decir, no me queda duda alguna que los demandantes no tuvieron interés, o al menos, que no lograron acreditar que la demora en el traslado del menor M. R. B. de un nosocomio a otro -con motivo de la tormenta torrencial-; fuera la causa de que “no se pudiera lograr la mejoría” (cfr. fs. 14 del escrito de inicio) del menor M. R.y de su posterior y lamentable fallecimiento ocurrido treinta y cinco días después.

Ello así, toda vez que el traslado del niño de una institución a otra, fue a los fines de que aquél pudiera recibir una mejor atención, debido -recuerdo- a haber padecido serias quemaduras tipo AB y B en el accidente doméstico que sufrió con su madre y hermanos, ya descripto al comienzo del presente, que afectaron el 50% de su cuerpo (cfr. esquema de fs. 172).

Es decir, sin soslayar lo trágico y lamentable del hecho que motivara las presentes actuaciones, todas las circunstancias que rodearon al traslado del menor, sobre todo el hecho de haberse encontrado expuesto a intensas lluvias durante el traslado en camilla a pie; no fueron la causa, y estimó que tampoco coadyuvaron en modo alguno (o al menos la parte actora no logró demostrar que así fuera) a su lamentable fallecimiento, reitero, ocurrido treinta y cinco días después, por “.paro cardiorrespiratorio no traumático, quemado grave y distréss respiratorio agudo” (cfr. parte pertinente de fs. 149 del Resumen de la Historia Clínica labrada en el “Hospital Eva Perón”).

Además, con respecto a esto último, de la lectura del Resumen de la Historia Clínica surge que el diagnóstico del paciente al ingresar a dicha institución fue: Quemado Grave 50% (AB-B) por accidente en domicilio, y que el paciente presentaba lesiones en tronco y abdomen cara anterior, miembros y cara con lesiones en vía aérea. Lo que concuerda absolutamente con el esquema de las quemaduras en el cuerpo del menor, glosado a fs.172, realizado en el Sanatorio San Carlos.

También, que a los 4 ó 5 días desarrolló un síndrome de distréss respiratorio agudo grave con hipoxemia refractaria a la asistencia respiratoria mecánica, shock séptico con altos requerimientos de inotrópicos y sepsis por Gram negativos.

Si bien en el Resumen descripto se consignó que respecto de los acontecimientos previos al ingreso del menor en el hospital, “.sólo están registrados en la hoja de derivación los procedimientos realizados hasta las 16:30 hrs.por lo cual es imposible evaluarlos”, entiendo que de haber sido determinante en el empeoramiento del cuadro del menor, el haberse mojado por un lapso de tiempo con agua de lluvia, o la demora en arribar al nosocomio, los médicos hubieran dejado debida constancia de ello en la Historia Clínica.

En el mismo orden de ideas, en la pericial médica producida en autos por el experto designado de oficio Dr. José Alberto Arocha (fs. 313/19), éste describió detalladamente los diferentes tipos de quemaduras que padecía M. R.: TIPO AB (segundo grado profundas) y TIPO B (tercer grado que se caracterizan por una mortificación completa de todos los elementos de la piel, incluyendo epidermis y dermis, que da origen a la llamada escara) y los efectos y consecuencias que estas producen.

Rescato lo asentado a fs. 315, último párrafo, relativo a que las quemaduras cuya extensión es mayor del 15% del cuerpo determinan la aparición de alteraciones humorales que pueden llevar eventualmente a la muerte del accidentado; lo que seguramente ocurrió en el caso, toda vez que las quemaduras se extendían al 50% del total del cuerpo del menor.

Finalmente, el experto, al responder al punto pericial d) propuesto por la citada en garantía “La Meridional” -v. fs. 66/vta.-, relativo a si existe vinculación causal directa entre las quemaduras sufridas en el hogar y su fallecimiento; respondió que el motivo de la internación del menor fueron las quemaduras (Graves) y que hay relación causa efecto (cfr. fs.316).

Destaco que este informe pericial no fue oportunamente cuestionado por la parte actora en tiempo propio a fin de que el experto respondiera las objeciones del caso (artículo 473 del Código Procesal) o en el alegato (ya que ninguna crítica realizaron los accionantes respecto de este punto concreto en la pieza de fs. 587/96), a los efectos de que el juzgador pueda recurrir a las medidas para mejor proveer que considere necesarias.

En síntesis, y por todos los argumentos vertidos, entiendo que deben rechazarse los agravios interpuestos por la señora Defensora de Menores de Cámara y confirmarse la sentencia de primera instancia en todo lo que decide.

IV.- El restante agravio de la señora Defensora de Menores gira en torno a la imposición de costas efectuadas en el fallo en crisis.

Solicitó que se modifique parcialmente el pronunciamiento apelado y que se fijen las costas por su orden, toda vez que en el caso se configuran particulares circunstancias a modo de excepción, en la medida que la presente acción es incoada por la señora G. L. B. Y. en su carácter de representante legal de los niños, a más de las especiales características del suceso dañoso.

Previo a todo, destaco que ello no es del todo acertado ya que atento lo que surge de los puntos I y II del escrito de inicio, y como lo señalé al comienzo del presente, la demanda fue entablada por la señora G. L. B. Y., por sí “y” en representación de sus hijos menores de edad: M. J. B. y F. D.B., con lo que el argumento esgrimido por la funcionaria recurrente no resulta a mi criterio procedente.

Sin perjuicio de ello, considero que este agravio también debe ser desestimado, en la medida que no encuentro motivos suficientes para apartarme en el caso del principio objetivo de la derrota establecido en el artículo nº 68 del Código Procesal.

Por ello, propicio que se confirme el fallo de grado también en este aspecto del recurso.

V.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido por mis distinguidas colegas, propongo confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de agravios. Sin costas de Alzada por ser la única apelante la señora Defensora de Menores de Cámara (conf. artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, nº 24.946).

Las Dras. Diaz de Vivar y De los Santos adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe.

Fdo.

Carlos Raúl Ponce

Elisa M. Diaz de Vivar

Mabel De los Santos

María Laura Viani (Secretaria)

Ante mi, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009 Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de agravios. 2) Sin costas de Alzada por ser la única apelante la señora Defensora de Menores de Cámara (conf.artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, n 24.946). 3) A efectos de conocer en las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior, se tendrá en consideración -respecto de los letrados – que habiéndose rechazado la demanda, la interpretación adecuada del régimen arancelario exige aplicar las pautas de la ley n 21.839 -t.o.24.432 no estrictamente, sino en base a la cifra que razonablemente hubiera podido corresponder al actor de haber prosperado la acción (conf. CSJN., Fallo, “Martín, Jorge Alberto c/ Shin Dong s/ rec. de hecho” del 20-4-95; esta Sala expte. n 359.956; 403.398, 402.781 y otros). En tal orden de ideas deben valorarse -en su conjunto- los conceptos reclamados, las características del hecho en cuestión y, finalmente, los trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad de los mismos, la trascendencia jurídica y moral del litigio, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido (conf. art. 6 ,incs. b); c) y d) de las leyes arancelarias mencionadas).

En consecuencia, por resultar bajos los honorarios regulados a los letrados patrocinantes de la demandada Autopistas del Sol S:A., Dres. Alejandro M. Colombres, Gonzalo Hernández, Celia M. Fernández Ramallo, Virginia G. Fresno, Mariano Emiliani y Alejandro N. Murtagh se los eleva a la suma de pesos ., en conjunto, y siendo elevados los de los letrados apoderados de la misma parte, Dres. Martín A. Pugliese, Ale jandro M. Colombres, Gonzalo Hernández, Celia M. Fernández Ramallo, Virginia G. Fresno, Mariano Emiliani y Alejandro N. Murtagh se los reduce a la suma de pesos ., en conjunto; no siendo elevados los fijados a los letrados patrocinantes y apoderados de la citada en garantía Boston Cía. Argentina de Seguros SA., Dres. Leandro M. Castelli, María L. Coussirat y Marina Arichuluaga se los confirma y por no resultar elevados los de los letrados patrocinantes y apoderados de la citada en garantía La Meridional Cía.Argentina de Seguros SA., Dres. José L. Marcó, Martín Zapiola Guerrico y Eduardo M. Blondel se los confirma. Asimismo y por ser elevados los de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. Silvina A. Ciccone se los reduce a la suma de pesos . .-.

4) En cuanto a los peritos, se ha de ponderar la naturaleza de las peritaciones realizadas, la calidad, extensión y grado de complejidad de las mismas, su carácter técnico-científico, su eventual incidencia al momento de dictarse el acto jurisdiccional, doctrina de nuestro más Alto Tribunal “in re”, “Locreille, Claudio c/ IAPI”, Ed.56-470, sumario n 25.003 y, finalmente, la debida proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los del letrado (CSJN., Fallos: 239:123; 243:96, entre otros). Siendo ello así, por resultar elevados los emolumentos fijados a dichos profesionales se los reduce, los del perito médico José A. Arocha a la suma de pesos . y los del perito contador Mariano G. Hernández a la suma de pesos. .-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.

Carlos Raúl Ponce

Elisa M. Diaz de Vivar

Mabel De los Santos

María Laura Viani (Secretaria).

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