Responsabilidad del Gobierno de la ciudad por los daños sufridos en la vivienda del actor por las inundaciones.

Partes: Bianco Adriana Marcela c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 25-jul-2008

Cita: MJ-JU-M-37518-AR | MJJ37518 | MJJ37518

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es responsable de los daños que sufrió un particular en su vivienda y bienes a raíz de inundaciones provocadas por fuertes e intensas lluvias, pues aquél no ha cumplido con su obligación de mantener y conservar en correcto funcionamiento los desagües pluviales de la zona.

Sumario:
1.-Debe confirmarse la responsabilidad que el pronunciamiento de grado atribuyó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los daños y perjuicios que, a raíz de las intensas lluvias precipitadas, la actora sufrió en su vivienda, en sus bienes muebles y en su rodado por las inundaciones en el barrio donde vivía. Aún cuando ha sido probado en autos que las precipitaciones caídas el día del hecho tuvieron un carácter infrecuente, ello no exime de responsabilidad a la comuna demandada pues, en los términos del art. 514 CCiv., el hecho no resultó imprevisible e inevitable y por tanto, no constituye un caso fortuito o de fuerza mayor.

2.-El caso fortuito constituye un eximente de responsabilidad como causa de justificación del incumplimiento. Nuestro Código Civil recepta este concepto en su artículo 514, y determina como sus características esenciales la imprevisibilidad y la inevitabilidad. Estos caracteres no están presentes en el hecho que origina estas actuaciones, pues, debe tenerse presente que este fenómeno de intensas lluvias y anegamientos barriales de nuestra ciudad no es una situación aislada sino un fenómeno que viene sucediendo desde hace aproximadamente 20 años y, además, la actora formuló -desde tres años antes del hecho que aquí se ventila-varios reclamos por inundaciones en su propiedad, debido al precario mantenimiento de los desagües pluviales. Por tanto, no corresponde hacer lugar a los agravios de la comuna demandada respecto a la valoración del hecho efectuada por el a quo.

3.-Es responsable el Gobierno de la Ciudad por las inundaciones que provocaron daños en la vivienda, muebles y rodado de la actora pues, teniendo a su cargo la obligación de controlar el buen estado de los sumideros y desagües pluviales -bienes públicos, acorde al art. 2340 CCiv.-, el encartado podría haber evitado las inundaciones mediante un adecuado mantenimiento de dichos desagües. Por tanto, corresponde confirmar la atribución de responsabilidad civil al encartado, pues éste no ha probado ninguna causa eximente de responsabilidad y no procede, asimismo, aplicar al caso la figura de hecho fortuito o fuerza mayor -art. 514 CCiv.-.

4.-No corresponde hacer lugar al agravio de la actora que se queja por el rechazo del rubro indemnizatorio por desvalorización del inmueble, pues, al respecto no se ha dado prueba fechaciente de la desvalorización invocada. Para acreditar el menor valor de la propiedad, no alcanza con adjuntar un informe de dominio del Registro de la Propiedad donde constan consignados los valores por los que se realizó la venta del bien si, ello no puede ser corroborado por prueba pericial y/o informativa que se expida sobre el menor valor de la propiedad. En autos, la actora desistió de estos medios probatorios y no alcanza con el informe registral agregado pues, además, debe tenerse en cuenta que en ese mismo lapso, nuestro país atravesaba una grave crisis socioeconómica, que también influyó en la desproporción de los valores en las propiedades inmuebles.

5.-Corresponde confirmar el rechazo de la partida por desvalorización del rodado solicitado por la actora pues, si bien se han agregado comprobantes de reparaciones y fotografías del vehículo, éstas no han sido autenticadas y, dado que el perito no pudo inspeccionar el vehículo -pues la actora había vendido el rodado a un tercero- corresponde el rechazo de este parcial indemnizatorio, pues la accionante no ha ofrecido suficientes medios de prueba para ello.

6.-Es procedente la indemnización por daños psicológicos sufridos por la actora, teniendo en cuenta los resultados del informe del médico legista que concluye que la actora presenta un trastorno por stress postraumático. La indemnización por daño psicológico está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento necesario para su debida recuperación, teniendo en cuenta las condiciones personales, laborales, familiares y sociales que afectan la personalidad de la víctima. Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por el art. 165 CPCCN., corresponde reducir su monto respecto al que se había otorgado en el pronunciamiento apelado.

7.-Es admisible el recurso del gobierno demandado que se agravia por el plazo – 60 días- dispuesto en la sentencia de grado para el cumplimiento y pago de la condena. Dadas las prescripciones que emanan del régimen de consolidación de deuda pública -ley 23.982 – debe dejarse sin efecto el plazo fijado y sujetarse a las disposiciones de esta norma nacional, en cuanto al modo y plazos para hacer efectivo el cumplimiento de la indemnización.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 25 días del mes de julio del año dos mil ocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “BIANCO ADRIANA MARCELA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 902/908, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: RICARDO LI ROSI- FERNANDO POSSE SAGUIER – HUGO MOLTENI.-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia de fs. 902/908 admitió la acción resarcitoria entablada por Adriana Marcela Bianco contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos en su domicilio, en los bienes muebles que se encontraban en él, y en el automóvil marca Renault 9, dominio WAB 652, de su propiedad, a raíz de la inundación ocurrida como consecuencia de las intensas lluvias que azotaron a la Ciudad de Buenos Aires el día 24 de enero de 2001. En consecuencia, lo condenó a pagar, dentro del plazo de sesenta días y de conformidad con las pautas establecidas por los arts. 395 y cctes. del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil ($ 65.000.-), con más los intereses y las costas del juicio.-

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de la actora a fs. 954/957, y las de la emplazada a fs. 958/964. Las contestaciones de las partes fueron agregadas a fs. 966/969 y fs.971/975, respectivamente.-

II.- Habiendo cuestionado la demandada la atribución de responsabilidad que le hiciera la resolución recurrida, corresponde que me aboque en primer lugar al tratamiento de este planteo.-

Las circunstancias del modo, tiempo y lugar en que acaeció el hecho no es materia de agravios en esta instancia. En el caso bajo estudio, ambas partes son contestes en reconocer que el día 24 de enero de 2001 la Ciudad de Buenos Aires, y ciertas zonas del conurbano bonaerense, se vieron azotadas por fuertes lluvias que provocaron la anegación de barrios enteros, entre ellos aquel en el cual residía la actora. Existe también acuerdo en que el inmueble en que moraba la Sra. Bianco, sito en la calle Plaza 2001 del barrio de Belgrano, los bienes muebles que allí se encontraban, y el automovil de su propiedad, estacionado en aquel momento sobre el pasaje “Mártires Palotinos”, sufrieron daños como consecuencia de la inundación de la zona.-

Ha sido probado en autos que las lluvias caidas el día del hecho tuvieron un carácter infrecuente. De los registros del Servicio Meteorológico Nacional, acompañados a fs. 411/413, surge que en cinco horas cayeron aproximadamente 132 mm. Asimismo, el cuadro de datos adjunto al informe revela un notable incremento en el nivel de las precipitaciones en comparación a años anteriores.-

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravia por haber sido declarado responsable por las consecuencias dañosas sufridas por la actora, en tanto el Sr. Magistrado de grado, si bien reconoció el carácter de las precipitaciones de la fecha referida, no tuvo por probada la existencia del caso fortuito o de fuerza mayor invocado.Considera haber aportado elementos probatorios suficientes para demostrar la extraordinariedad y fortuitidad del hecho, que, como tal, no podía serle imputado.-

Bajo este contexto, vale la pena recordar que el concepto de caso fortuito, al menos en su sentido moderno, tiene origen en el Corpus Juris Civilis del Derecho Romano, que contiene numerosos textos atribuidos a los juristas de la época clásica, quienes utilizaron los términos “casus fortuitus” o “casus mayor”, a la par de otras expresiones semejantes, para referirse a determinados hechos por los que el deudor no debía responder. Se intentaba así denominar a aquellas causas de imposibilidad de la prestación debida que no sólo eran imprevisibles, sino también fatales en el sentido de que toda medida del deudor para evitar sus consecuencias hubiera resultado vana (conf. Trigo Represas – Lopez Mesa, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 1ª ed., Buenos Aires, 2004, Tº I , pág. 833, en cita a Arias Ramos, J. – Arias Bonet, J. A., Derecho Romano, 17ª edic., Editorial Revista de Derecho Privado – Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1984, Tº 2, p. 562).-

Por lo tanto, el caso fortuito constituye un eximente de responsabilidad como causa de justificación del incumplimiento. Nuestro Código Civil recepta este concepto en su artículo 514, al definirlo como aquel hecho que “no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”. En consecuencia, son sus características esenciales la imprevisibilidad y la inevitabilidad.-

Se ha dicho que el hecho será imprevisible cuando supere la aptitud normal de previsión que sea dable exigirle al deudor. Así, para que el obligado quede exento de responsabilidad será menester que de su parte haya actuado empleando todas las precauciones ordinarias, pues si así no fuera habría culpa de su parte. Asimismo, el hecho será inevitable cuando acaece no obstante toda acción contraria del obligado (conf. Llambías, “Tratado de Derecho Civil”, Ed. Perrot, 2ª edic., Buenos Aires, Tº I, pág.235).-

En este orden de ideas, malgrado las quejas vertidas por el recurrente, considero que el Gobierno de la Ciudad no ha logrado acreditar, conforme lo requiere el art. 377 del Código Procesal, que las condiciones climatológicas existentes al momento en que tuvo lugar el anegamiento fueran imprevisibles e inevitables. Por el contrario, la experiencia indica que con frecuencia nuestra ciudad se ve sometida a fuertes tormentas que generan la continua inundación de barrios enteros. No nos encontramos entonces con situaciones aisladas sino, por el contrario, frente a hechos que vienen sucediendo -como mínimo- desde hace aproximadamente 20 años, lo que da cuenta de la entidad del incumplimiento de la repartición estatal (Conf. CNCiv., Sala “B”, voto del Dr. Mizrahi en autos “Mejías Angela Mirta c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y Perjuicios” , de fecha 30/08/07; y CNCiv., Sala “H”, voto del Dr. Kiper en autos “Boada Osvaldo Norberto c/ Consorcio de Prop. Av.Cramer 1754 y otros s/ dañoso y perjuicios” , de fecha 12/12/06). En este orden de ideas, comparto el criterio del Sentenciante de grado en cuanto estima que la caída de fuertes lluvias es un acontecimiento cuanto menos previsible en esta ciudad, restando fuerza al argumento recursivo de la repartición estatal.-

Por otra parte, y contrariamente a lo alegado por el recurrente, el informe aportado por la Dirección General de Hidráulica, relativo a la cantidad de sumideros existentes en la zona y a su capacidad de absorción, no acredita el carácter imprevisible e inevitable de la tormenta referida y el consecuente anegamiento, como tampoco prueba de modo fehaciente la adecuada funcionalidad y suficiencia del sistema pluvial.-

Debe tenerse en cuenta que la actora, en el mes de abril del año 2000, efectuó reclamos ante el Centro de Gestión y Participación correspondiente, denunciando serias inundaciones sufridas en el inmueble de su propiedad durante los últimos tres años, generadas por las lluvias y debido al precario mantenimiento de los desagües pluviales de la zona (ver fs. 434/435). De las constancias de autos se vislumbra que la demandada no dió siquiera respuesta a los reclamos efectuados, ni acreditó los trabajos y planes de gestión realizados o siquiera proyectados tendientes a evitar nuevas inundaciones.-

Cabe agregar que la zona en cuestión reviste carácter de inundable, en tanto se encuentra comprendida en el radio de influencia del arroyo Vega, lo que fuera reconocido por el mismo Gobierno de la Ciudad en su contestación de demanda. En consecuencia, resulta lógica la responsabilidad del G.C.B.A. al no haber observado la obligación que le incumbía de controlar que los sumideros existentes se desempeñaran como óptimos conductores, ya que se vieron sobrepasados en su capacidad de absorción y conducción (conf. Cam. Cont. Adm. y Trib. C.A.B.A., in re “Cons. Prop. Olazábal 2546/50 c/ G.C.B.A.” , del 04/05/06).-

En consecuencia, coincido con el criterio del Sr.Magistrado de grado en tanto considera que la emplazada no ha aportado elementos probatorios que resulten suficientes para tener por acreditada la ruptura del nexo causal entre la falta del mantenimiento adecuado de los canales y conductos de la ciudad y los daños sufridos por la actora, quedando así configurada la responsabilidad que le atribuyen los arts. 2.340, inc. 7º y 2.341 del Código Civil.-

Por todo lo expuesto, estimo que debiera confirmarse el pronunciamiento de grado en este medular aspecto.-

III.- Controvierten ambas partes la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) establecida para resarcir el daño emergente sufrido por la Sra. Bianco en sus bienes como consecuencia del hecho en estudio.-

Agravia a la actora que la sentencia de grado no habría valorado adecuadamente las pruebas rendidas, menospreciando en consecuencia los daños denunciados. Asimismo, esgrime que la sentencia englobó los daños por ella reclamados en un único rubro, sin otorgarles un tratamiento que permita justipreciarlos de forma adecuada.-

La atenta compulsa de las actuaciones revela que, en cuanto a este reclamo, la actora no se ha esmerado en aportar pruebas que avalen cabalmente la extensión de los perjuicios sufridos.-

En relación a la pérdida de valor del inmueble de la calle Plaza 2001, de esta ciudad, el único elemento probatorio aportado es el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal (ver fs. 453) del que surge, a través de sus asientos, el monto por el cual fu e adquirido por la actora en el mes de marzo del año 1996 y aquel por el cual lo vendió en el mes de julio del año 2004.-

No se ha producido pericial alguna que indique la afectación real del inmueble como consecuencia de la inundación sufrida, ni siquiera un informe que indique los valores de venta en los distintos períodos. Nótese que la misma actora, a fs.494, desistió de la prueba pericial que tendía a acreditar, a través del dictamen de un perito arquitecto, la merma en el valor real de la propiedad como consecuencia directa de ser una zona inundable. También desistió de la prueba informativa dirigida a la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A., por la cual se buscaba demostrar que debió contraer empréstitos para hacer erogaciones tendientes a hacer frente a los daños producidos por el anegamiento de su propiedad.-

Por otra parte, obra fs. 479/480 la contestación del Banco Patagonia por el cual se deja constancia que con fecha 09 de agosto de 2001, casi ocho meses después del lamentable incidente, la Sra. Bianco contrajo un préstamo con dicha entidad bancaria por la suma de $ 2.500, y que con fecha 18 de mayo de 2004 se le otorgó un nuevo crédito, esta vez por la suma de $ 1.800. Sin embargo, no hay constancia alguna del destino de los créditos adquiridos, dejando al prudente arbitrio del Juez la presunción de que fueron utilizados para hacer frente a los gastos generados por los daños sufridos.-

De este modo, no puede considerarse probada fehacientemente la desvaloración real del inmueble, otrora de su propiedad, a través de la diferencia de precios existente entre las transacciones asentadas en el informe de dominio, máxime teniendo en cuenta que en el lapso entre una y otra nuestro país sufrió una de las más lamentables y graves crisis económicas de nuestra historia reciente, que, como es de público conocimiento, afectó los valores en juego dentro del mercado inmobiliario. Estas razones me llevan a coincidir con el criterio del Sr.Magistrado de grado en cuanto consideró que el referido informe no basta para acreditar la desvalorización alegada.-

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, las fotografías y recortes periodísticos aportados permiten válidamente inferir que la actora sufrió graves daños en los bienes que componían su vivienda, y aún cuando reiteradamente se ha dicho que la deficiencia en acreditar la magnitud de los daños gravita en contra de quien tiene la carga de aportarla, en la especie debería acordarse un sensible incremento de la partida acudiendo a la facultad que confiere el art. 165 del rito.-En relación a los daños sufridos por el automóvil Renault 9, dominio WAB 652, se agravia la actora en tanto se consideraron insuficientes las pruebas aportadas, consistentes en varias facturas por reparaciones, fotografías del vehículo y el informe pericial glosado a fs. 565.-

Al respecto, cabe mencionar que la autenticidad de las facturas de gastos de reparación del vehículo no ha sido probada, en tanto no fue ofrecida la pertinente prueba informativa que hubiera permitido zanjar la cuestión en cuanto a los costos que insumió la reparación del rodado.-

En otro orden de ideas, la actora alegó haber vendido el rodado en el mes de mayo de 2002 por la suma de U$S 700, monto considerablemente inferior al valor real del vehículo a la fecha de venta. Aún así, tampoco fue reconocido el recibo de venta por el adquirente, Sr. José C. Coca, en tanto la correspondiente prueba informativa fue desistida a fs. 576. En consecuencia, no se demostró de manera fehaciente la transacción aludida, ni el monto percibido en virtud de aquélla.-

En relación al dictamen pericial obrante a fs.565, al no haber tenido acceso al vehículo, el experto no logró dar cabal testimonio de la desvalorización alegada, brindando en cambio estimaciones hipotéticas en base a los valores actuales en plaza.-

En este sentido, la actora debió haber aportado mayores elementos de prueba que permitan tener acreditada la desvalorización del rodado, lo que me lleva a coincidir con la conclusión arribada por el Sr. Juez de grado en este aspecto.-

En base a los antecedentes reseñados, en un prudencial uso de la facultad permisiva del art. 165 del Código Procesal, considero que la suma otorgada por el rubro daño emergente debería ser elevada a la de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-).-

IV.- Cuestiona la emplazada la suma conferida para sufragar el daño moral de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-).-

Dicho perjuicio puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. tº I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo “El daño en la responsabilidad civil”, pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo “El daño resarcible”., pág.223, núm. 55).-

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; para ello debe tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados. Corresponde, pues, concluir que el daño no puede medirse en razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. esta Sala, mi voto en Libre n 466.988 del 19-3-07).-

En la especie, los padecimientos sufridos por la actora a causa del total anegamiento de su hogar, el hecho de haber tenido que mudarse hasta tanto volviera a ser habitable, el lógico abandono de sus tareas habituales para hacer frente a los reclamos y reparaciones necesarias, encarar el inicio de las actuaciones administrativas y judiciales y el desolador panorama que debió atravesar, ameritan la suma concedida en la instancia de grado, por lo que propondré que se la confirme.-

V.- Se agravia la demandada en razón del monto de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) conferido para hacer frente a los daños psicológicos sufridos por la actora.-

La indemnización por este rubro está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos, fobias, que casi siempre son secuelas propias de este tipo de accidentes (conf.esta Sala, mi voto en libre nº 465.124 y nº 465.126 del 12-3-07, entre muchos otros).-

En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los aspectos que afectan la personalidad (conf. Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil”, Obligaciones, Tº IV-A, pág. 129, núm. 2373; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas “Derecho de las Obligaciones”, Tº III, pág. 122; Borda, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”, Tº I, pág. 150, núm. 149; Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad por daños”, Tº II-B, pág. 191, núm. 232; Kemelmajer de Carlucci, Aída en Belluscio-Zannoni “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, Tº V, pág. 219, núm. 13; Alterini-Ameal-López Cabana “Curso de Obligaciones”, Tº I, pág. 292, núm. 652).-

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (conf. CNCiv. Sala “F”, L-208.659, del 4/3/97, voto del Dr. Posse Saguier).-

Bajo este contexto, comprobada la responsabilidad como se encuentra en autos, forzoso es concluir en el deber de la demandada de cargar con las erogaciones de una terapia psicológica que contribuya a sobrellevar las secuelas conflictivas sobrevinientes (conf. esta Sala, “Leiva, Natividad c/ Petroa, Raúl R s/ daños y perjuicios”, 19/6/97, entre otros).-

En esta esfera, el médico legista designado concluyó que la actora presenta un “trastorno por stress postraumático” como consecuencia del hecho que motivó estas actuaciones.Asimismo, consideró que la accionante presenta una incapacidad parcial y permanente del 25% desde el punto de vista psíquico, aconsejando también un tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, por lo menos durante dos años, con una periodicidad semanal, el cual debería ser continuado con terapia de apoyo durante seis meses a partir de la mejoría, en caso de producirse. También aconsejó la utilización de un antidepresivo ansiolítico tipo IRSS (ver fs. 526/528).-

Sin perjuicio d e lo hasta aquí expuesto, considero que la edad de la víctima, como así también el largo tiempo transcurrido desde la fecha del accidente, justifican una reducción de la partida, cuyo importe comprende también el tratamiento psicológico, la que, haciendo uso de la facultad permisiva que otorga el artículo 165 del Código Procesal, entiendo que debería reducirse a Pesos Trece Mil ($13.000.-).-

VI.- Por último, resulta admisible el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación al plazo y modo de cumplimiento de la condena, desde que, más allá de las prescripciones que emanan del art. 22 de la ley 23.982, el régimen específico regulado en el artículo 395 y siguientes del Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ha recogido, en lo sustancial, las prescripciones de aquella ley nacional (conf. esta Sala, libre nº 452.661 del 12-10-06, nº 312.631 del 15-04-05 y nº 428.616 del 03-11-05, entre otros) por lo que cabe modificar este aspecto en debate, estableciendo que la condena debe hacerse efectiva en la forma establecida por aquellas disposiciones.En efecto, si bien la sentencia menciona al Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, establece otro plazo de condena (60 días) que debe dejarse sin efecto y establecerse que la misma debe hacerse efectiva conforme a dicho ordenamiento.-

VII.- Voto, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios, con excepción del monto otorgado por daño emergente, el que debería incrementarse a la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-), el otorgado para hacer frente al daño y tratamiento psíquico, que debería reducirse a la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000.-) y en relación al plazo y modo de cumplimiento de la condena, de acuerdo a lo propiciado en el apartado precedente. Las costas de Alzada deberían imponerse en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada, atento al éxito obtenido y la importancia económica de las pretensiones (conf. arts. 68 y 71 del Código Procesal).-

Los Dres. Fernando Posse Saguier y Hugo Molteni votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, 25 de julio de 2008.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios, con excepción del monto otorgado por daño emergente, el que se incrementa a la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-), el otorgado para hacer frente al daño y tratamiento psíquico, que se reduce a la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000.-) y en relación al plazo y modo de cumplimiento de la condena, que deberá efectuarse conforme lo propuesto en el primer voto.Las costas de Alzada se imponen en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada (arts. 68 y 71 C. Proc.).-

Atento el modo como se decidiera precedentemente, corresponde adecuar las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 902/908, a tenor de lo preceptuado por el artículo 279 del Código Procesal.-

Ello así, valorando la extensión e importancia de los trabajos realizados dentro de las tres etapas en las que se dividen los juicios ordinarios, monto por el cual prosperó la acción incluídos los intereses conforme el actual criterio de la Sala y lo dispuesto por el decreto ley 7887/55 , lo establecido por los arts. 1 , 6, 7 , 19 , 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432 , como así lo resuelto por este Tribunal en forma reiterada con relación a la forma de retribuir los trabajos de los peritos médicos y psicólogos quienes carecen de arancel propio (conf. H. 473.038 del 5/2/07 y sus citas, entre muchas otras), fíjanse los honorarios de las letradas de la parte actora, Dras. Aurora C. Fanny Arch y Laura C. Pacin, en conjunto, en PESOS .; los del letrado apoderado de la misma parte por su intervención a partir de fs. 534, Dr. Alberto E. Soria, en PESOS .; los del letrado patrocinante de la actora, Dr. Sergio A. Alfonso, por su intervención a fs. 574 y la tercer etapa, en PESOS .; los de los letrados apoderados de la parte demandada, Dres. María C. Darriba, Victor Zamenfeld, Oscar E. Giglio y José M. Romero, en conjunto, en PESOS .; los del perito ingeniero, Horacio A. Speroni, en PESOS . y los del perito médico, Dr. José B. Zorrilla, en PESOS . .-

Asimismo, por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse los emolumentos del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Sergio A. Alfonso, en PESOS .; los del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. Norberto O. Josovich, en PESOS . y los del letrado apoderado de la misma parte, Dr. José M. Romero, en PESOS . (arts. l, 6, 7, y 14 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432), importes éstos que deberán ser abonados en la forma establecida en la sentencia y en el plazo de diez días.-

Notifíquese y devuélvase.-

RICARDO LI ROSI

FERNANDO POSSE SAGUIER

HUGO MOLTENI

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