Exclusión del padre de la sucesión del hijo por la causal de indignidad, al no haber cumplido su obligación alimentaria cuando aquél era menor.

Partes: S. E. S. s/ recurso apelación exped. interior (civil)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: octava

Fecha: 7-feb-2008

Cita: MJ-JU-M-20621-AR | MJJ20621 | MJJ20621

Sumario:

1.- El art. 3296 bis segundo supuesto del CCiv. no exige el abandono voluntario y malicioso del hijo menor como presupuesto necesario para que proceda la exclusión por indignidad, sino que simplemente no haya cumplido con la obligación de prestar alimentos conforme a su condición y fortuna.

2.- Debe excluirse de la sucesión al padre del causante, en virtud de la causal de indignidad prevista en el art. 3296 bis CCiv., pues resulta poco creíble que quien ha tenido contacto con su hijo durante veintiún años no posea ningún comprobante de gastos del colegio, material de estudio, o recibo alguno que pruebe que entregaba dinero cumpliendo con su deber alimentario, no bastando la sola invocación de la falta de recursos para eximirse.

3.- Resulta inadmisible el argumento esgrimido por el accionado de que los cambios de domicilio realizados por madre e hijos le impedían cumplir con su obligación alimentaria, pues pese a que aquéllos se mudaron en sucesivas oportunidades, pudo mantener contacto con el causante, y le hizo algunos regalos, pero no probó haber cumplido con los alimentos que pesaban también a su cargo.

4.- La circunstancia irrefutable que fuera la madre quien atendiera en forma permanente las necesidades del hijo de ambos no es causa de justificación para exonerar al progenitor de tal obligación; menos aún cuando de los recibos de sueldo acompañados surge que percibió asignación correspondiente por hijo.

5.- La ley no exige, para aplicar la causal de indignidad, que haya reclamo judicial de alimentos, y menos aún que estos estén fijados u homologados judicialmente, siendo suficiente la mera falta de prestación.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba, a siete días del mes de Febrero de dos mil ocho se reunió la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Doctores Graciela Junyent Bas, Hector Hugo Liendo y Jose Manuel Diaz Reyna con la asistencia del actuario Dr. José Antonio Sartori, con el objeto de dictar sentencia en los autos S. E. S.- RECURSO APELACION EXPED. ANTERIOR (CIVIL) – EXP. Nº 1282498/36 con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de la Sr. Juez del Juzgado Civil, Com. Conciliación y Familia de Rio Segundo por el que resolvía: Sentencia Número Setecientos treinta y ocho. Rio Segundo, Veintiséis de diciembre de dos mil seis. 1) Rechazar la declaración de indignidad y exclusión de heredero interpuesta por Nancy Patricia S. en contra de E. S. S., con costas a cargo de la primera. 2) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base para ello. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-

El tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:-

A la Primera Cuestión: ¿Es justa la Sentencia apelada?

A la Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?-

De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA GRACIELA JUNYENT BAS, DIJO: 1. Contra la sentencia relacionada cuya parte resolutiva ha sido trascripta, la apoderada de la parte actora, Dra. Adriana Riera de Astini, a fs. 220 deduce recurso de apelación.-

2. Radicados los autos en esta sede, el apelante expresa agravios, a fs. 233/240 de los que se corre traslado a la demandada, siendo respondidos a fs.242/246 vta.-

3. A fs. 287/293vta el Sr.Fiscal de las Cámaras evacua el traslado que le fuera corrido y por las razones allí vertidas, a las cuales me remito en honor a la brevedad, entiende que corresponde el rechazo del recurso de apelación incoado, debiendo confirmarse la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de agravios.-

4. Dictado y consentido el decreto de Autos, a fs.294 queda la causa en estado de resolver.-

5. La sentencia contiene una relación fáctica que satisface las exigencias del art. 329 CPCC, por lo que a ella me remito por razones de brevedad.

6. El apelante expresa en síntesis los siguientes agravios: a. Como primer agravio, dice que la Juez ha efectuado una errónea interpretación de la causal de indignidad prevista en el art. 3296 bis , segundo supuesto del CC., que sirve de sustento al presente pedido de exclusión.-

Luego de transcribir el artículo en cuestión, afirma que el precepto es de suma claridad y no exige la situación de abandono a que alude el sentenciante.-

En este sentido, destaca que, la obligación de dar alimentos a los hijos menores- a la que se refiere la norma- constituye un deber que les es impuesto a los progenitores, no sólo por la ley (art.275 C.C), sino por el orden natural.Agrega, que este deber no se cumple con prestaciones aisladas y esporádicas, que es todo lo que el accionado ha logrado acreditar en autos, sino que la satisfacción de la obligación alimentaria, exige continuidad y suficiencia.-

Continua su crítica, sosteniendo que, la insuficiencia de ingresos, la circunstancia que el alimentante haya tenido trabajos ocasionales que le reportaban exiguos recursos, la involuntaria falta de contacto con el hijo son, en su opinión, sólo excusas intentadas por el accionado para justificar su desidia; añadiendo que, aunque hubieran sido debidamente acreditadas, no justifican, su omisión, pues la obligación de prestar alimentos no es una posibilidad que tienen los padres sino un deber.

Relata que el propio accionado asevera al contestar la demanda, que habiendo nacido S. el día 18 de Julio de 1983, lo asistió mientras duró la convivencia con la madre ( 8 meses), y unos cuatro años después le entrega algo de dinero a una mujer no identificada que estaba cuidando a su hijo. Posteriormente, el obligado, dice que enviaba dinero, sin aclarar montos ni frecuencia, con la Sra. Norma Vazquez que no fue citada como testigo. Sostiene, luego, que el padre le regaló una bicicleta y desde el año 1996 S. lo visitaba con frecuencia en Córdoba, que iban juntos a salas de juego, festivales y a la cancha, lo que cuestiona, porque tampoco lo ha probado. Continúa su queja, destacando que no se ha negado que el padre biológico e hijo hayan mantenido algún contacto a lo largo de la vida, y tampoco se ha manifestado que tuvieran una relación conflictiva, extremos que aunque han sido acreditados, no son necesarios para que proceda la causal de exclusión. Y hace un síntesis de los testimonios rendidos en autos.

Finaliza esta crítica, reiterando que el precepto se refiere sólo a la obligación alimentaria y respecto de ella, los propios dichos del accionado constituyen prueba suficiente en su contra.Agrega, que las reglas de la experiencia, no pueden ser dejados de lado al ponderar la insuficiencia y la cortedad de la prueba ofrecida por el accionado: que acredita que hubo relación, alguna contribución exigua y aislada, pero que no hubo una prestación alimentaria constante del padre al hijo. Por el contrario, argumenta, se ha probado que antes que su hijo alcanzara la mayoría de edad en lugar de contribuir a su sustento, le reclamaba ayuda económica, conforme surge las declaraciones testimoniales de la Sra María Nuñez y Margarita Tebas.(v. fs. 40 vta y 70vta).

Reprocha lo afirmado por la iudex en el sentido que, la norma exige, para que opere la causal de exclusión, que “. el desinterés del progenitor sea manifiesto, de tal gravedad que pueda erigirse en verdadera situación de abandono.lo que no se ha acreditado en autos.”, refutando que la norma impone una única condición: que el progenitor no le haya prestado alimentos y asistencia, conforme a su condición y fortuna, y no un abandono voluntario o malicioso ni la ausencia total de contacto.

Reitera que, el contenido de la prestación alimentaria- que está claramente establecido en la ley de fondo- no puede considerarse cumplida por prestaciones esporádicas. El demandado, señala, no sólo no ha probado el cumplimiento, sino que ha realizado aseveraciones claramente contradictorias, con su pretensión de cumplimiento. Ha confesado haber contribuido en algunas pocas, aisladas y muy discontinuas oportunidades, sin que haya podido determinar ni siquiera aproximadamente la entidad de estas colaboraciones, planteándose, el recurrente, como hubiera sido la vida del causante, si se hubiera suprimido las supuestas prestaciones efectuadas por el padre biológico. Como segundo agravio se queja el apelante, que el sentenciante haya considerado como un elemento negativo el hecho que nunca hubiese efectuado un reclamo judicial de alimentos. Constituye un absurdo, aduce, que el padre incumpla y se responsabilice a la madre cumplidora por no haber intentado con anterioridad acciones tendientes a la fijación de la cuota alimentaria.La prestación alimentaria, no es un acto discrecional que pueda o no ser realizado conforme al arbitrio paterno. El esfuerzo realizado por la madre, no puede tener como único efecto perjudicarla cargándola con una excesiva y a todas luces pretensión probatoria.-

c. Como tercer agravio expone el apelante que no obstante la abundancia y calidad de los testimonios prestados por el actor en autos, estos han sido analizados en un breve párrafo obteniendo conclusiones tan simplistas como erradas.-

Transcribe párrafos de la sentencia, y luego afirma, que desde hace un tiempo considerable, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en propiciar la utilización de criterios más equitativos en la distribución de la cargas de la prueba. En el caso de autos, la demandante debía acreditar el incumplimiento de la obligación alimentaria del padre, y por tratarse ésta de una cuestión que difícilmente hubiese podido documentar la requirente, ni demostrar con una pericial, entiende que el único medio de prueba posible para ella era la testimonial, no siendo razonable la pretensión del a-quo que los testigos de ambas partes sean contestes.-

Finalmente, arguye que, tampoco constituye algo objetable el que “los testigos ofrecidos por ambas partes desconozcan si el Sr. S. aportaba dinero”. Los testimonios rendidos en autos reflejan que no saben si recibía manutención, preguntándose si es razonable que el Juez valorara negativamente para su posición estos testimonios.

Sobre el punto, añade, en primer lugar que, los testigos nada dicen, por lo que la conclusión que emana de las respuestas debe ser apreciada en forma diametralmente opuesta a la efectuada por el a-quo; con los dichos de los testigos, Oroná, Tebas, Nuñez, y Godoy, se ha demostrado, continúa, que la Sra. Nancy S. ha trabajado en forma continúa para procurar su sustento y las necesidades de sus hijos. En segundo lugar, ha quedado demostrado, que Enrique S.tuvo una vida digna, sin lujos pero también sin penurias, que contó con una educación adecuada, terminando su secundario completo, lo que constituye un mérito únicamente de la madre. –

Hace presente, que con las testimoniales de Frontera, Reynoso, Godoy y Montoya, se ha probado, la existencia de una figura materna caracterizada por el actuar responsable, la presencia, contribución y preocupación constante en el cuidado y desarrollo de su hijo, y la ausencia del padre en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, argumenta, que los testigos sólo hablan de regalos, algunas monedas, de algunos útiles escolares pero nadie manifiesta tener conocimiento que el padre hubiese pasado en forma regular y sistemática una suma de dinero o una contribución en especies para contribuir al mantenimiento del hijo.

Destaca que el Sr. S. ha suministrado prueba de haber contado con empleo estable durante largos períodos de su vida y haber percibido asignación por hijo y por escolaridad (fs.98/134), sin que correlativamente haya probado que en ese periodo cumpliera su obligación.

Asimismo ha sostenido el demandado haber contado con trabajo y los correspondientes ingresos desde el año 1987 y hasta junio del 2000, fecha en que se trasladó a Río Segundo, señalando que, en un ámbito poblacional reducido como es dicha ciudad, el Sr. S., no sólo ha sido un padre ausente, sino un perfecto desconocido para las personas que frecuentaban a E. S., como surge de los testimonios de Tebas, Oroná, Montoya y Sayazo.

Aunque lo expresa a la inversa, que la omisión significa incumplimiento, no puede pretenderse la demostración positiva de una conducta negativa, por lo cual, la versión de la madre, la confesión del padre, más los dichos de los testigos, constituyen una prueba más que contundente del extremo que su parte pretendía acreditar; Citando Jurisprudencia de la Corte Suprema a su favor con referencia a las reglas atinentes a la prueba.Como cuarto agravio reprocha que otro de los argumentos centrales de la resolución recurrida es que la doctrina ha entendido que la sanción de indignidad se restringe al incumplimiento de alimentos respecto de los hijos menores de edad, expresando que al tiempo del deceso de su hijo, esto es el 19 de septiembre de 2004, apenas había adquirido la mayoría de edad. Al respecto, manifiesta que el art. 3296 bis, prescribe la indignidad del progenitor que no le haya prestado alimentos y asistencia durante la menor edad, extremo que se ha invocado y acreditado en autos, y que el artículo no exige que el deceso deba ocurrir siendo menor. Como quinto agravio, cuestiona el apelante que ninguna consideración se haya hecho en la sentencia de lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Instrucción y Familia a fs. 184, quien concluye en que se puede hacer lugar al incidente de indignidad y exclusión de heredero.-

El último agravio lo finca, en el razonamiento utilizado por el juzgador para fundamentar su decisión en cuanto afirma que ” …la indignidad es una medida severa que castiga, en este caso, una inconducta gravísima. Razones de seguridad jurídica aconsejan reservar la indignidad sucesoria para supuestos en los que se verifica un incumplimiento patente de la obligación alimentaria…”, porque además de haberse probado el incumplimiento; el recurrente entiende que, no pude justificarse invocando razones de seguridad jurídica a quien se sustrajo de un deber jurídico insoslayable. Ello así, porque si bien la sanción de exclusión es grave, mucho más grave es el incumplimiento de la obligación alimentaria. Añade, que ello implicaría, además, amparar judicialmente el ejercicio abusivo del derecho ya que el Sr. S. es indigno de suceder a su hijo pero mucho más indigno es procurar un lucro con la muerte de un hijo que jamás atendió.

6.Corrido traslado a la parte demandada, lo evacúa en el escrito ya referenciado, solicitando el rechazo del recurso por las razones que aduce a las que me remito en honor a la brevedad.-

7. a Analizando la apelación, estimo que la cuestión central a resolver es si tal como lo afirma el apelante, el a-quo ha efectuado una errónea interpretación de la causal de indignidad prevista en el art. 3296 bis segundo supuesto del C.C, al exigir un requisito que la ley no exige: el abandono del hijo menor, como presupuesto necesario para que proceda la exclusión por indignidad, o por el contrario la decisión del juzgador ha sido ajustada a derecho.-

Para dar respuesta a tal interrogante, considero que debe analizarse el segundo supuesto señalado anteriormente que textualmente dice “…Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que .no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna”; para así poder determinar cual es el alcance de esta norma.

Sobre el particular calificada doctrina ha dicho que “…La disposición legal sanciona a los padres que no hayan prestado a sus hijos menores alimentos y asistencia.”(Cfr: Zanoni, Eduardo, Derecho de las sucesiones, T.1,Ed. Astrea 1997, pag.218; Bueres, Alberto J- Highton, Elena I., “Código Civil y normas complementarias- Análisis doctrinal y jurisprudencial”, T. 6, Ed. Hammurabi 2001, pag. 77), es decir que no han cumplido con “un deber” inherente al ejercicio de la patria potestad: “el deber alimentario”.

De manera que la norma en cuestión, hace una remisión a aquellas que imponen este deber específico. Así el art. 265 del C.C al igual que el art.3296 bis, alude a esta obligación, y a fines determinar su alcance fija como pauta o guía orientadora “la condición y fortuna de los padres”. El art.267 CC, dispone que “…La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.”, y el art. 271 C.C establece, además, que incumbe a ambos progenitores, no obstante la tenencia sea ejercida por uno sólo de ellos.-

Es decir, que “…Hay, aquí, una explicita remisión a las normas recién trascriptas del titulo relativo a la patria potestad y en ese contexto debe ser interpretado…”, el dispositivo que se análiza .(Cfr: Zanonni,ob cit, pag.219, el énfasis es mío). Sin embargo, queda a criterio del juez, en cada caso concreto, si la no prestación de alimentos y asistencia, es o no antijurídica, es decir si la omisión no está cubierta por causas de justificación.

Sobre el punto, estimo que si bien es cierto que, algunos autores han expresado-al igual que el sentenciante- que “…El incumplimiento de la prestación de alimentos y asistencia que preceptúa el nuevo art. 3296 bis como causal de indignidad para el padre o madre del hijo menor de edad, debe interpretarse en consonancia con lo dispuesto en los art. 265, 267, 268 , 307 inc.2 y concs del Cód. Civil…” y “. que en la configuración de la causal de indignidad que analizamos “es necesario que exista por parte del progenitor un manifiesto desinterés por su hijo, subjetivamente apreciado, de una gravedad tal que pueda erigirse en la situación de abandono del art. 307, inc. 2 del Cód. Civil” , no lo es menos, que estos mismos doctrinarios han afirmado analizando el art. 307 inc.2 C.C, que “…No interesa que el hijo haya quedado bajo la guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero, pues la ley reputa antijurídica la conducta del progenitor que se ha sustraído deliberadamente, sin justificación, de los deberes asistenciales que la patria potestad entraña…”(Cfr: Zanoni, ob cit. Pag.221).

Realizada esta introducción, y dando respuesta al interrogante planteado, adelanto opinión en el sentido que esta queja debe ser recibida, por las razones que, además, doy a continuación.-

En efecto, de lo anteriormente expuesto surge que el art. 3296 bis, segundo supuesto del C.C, no exige para que opere esta causal de indignidad un abandono voluntario y malicioso del progenitor, como sería la ausencia de todo contacto, sino que no haya cumplido con la obligación de prestar alimentos conforme a su condición y fortuna.(arg. arts. 265 y 271 C.C)-

De las constancias de autos, específicamente de la contestación de demanda (fs.16), surge la confesión del padre en cuanto a que cumplió con la obligación de prestar alimentos mientras convivieron, (hasta que fue privado de su libertad), es decir, hasta que el causante, E. S.S., tenía ocho meses (arg. art. 236C.P.C.), no sí cuando recupero su libertad (abril 1986 v.fs.14vta), y la madre vivía en la calle Jerónimo Luis de Cabrera 453 o 459, Barrio Alta Córdoba, que dice pudo localizarla y enviarle dinero con Sra. Norma Vazquez., extremo que no fue acreditado, ya que la nombrada no fue propuesta como testigo.-

Surge, además de estos obrados que, pese a que madre e hijos se mudaron en sucesivas oportunidades, pudo mantener contacto con el causante, y le hizo algunos regalos, pero no prueba haber cumplido con obligación alimentaria que pesaba también a su cargo (arg. art.271 C.C). –

De este modo, por una parte, se desvirtúa el argumento esgrimido por el accionado que los cambios de domicilio le impedían cumplir con su obligación, y por el otro, resulta poco creíble, que quien ha tenido contacto con su hijo durante veintiún años no posea ningún comprobante de gastos del colegio, material de estudio, o recibo alguno que pruebe que entregaba dinero cumpliendo con su deber alimentario, no bastando la sola invocación de la falta de recursos para eximirse.

En este sentido la jurisprudencia ha dicho “…La obligación alimentaria de los progenitores deriva de engendrar al hijo, no pudiendo ser objeto de dilaciones ni de compensación alguna de la que el padre pueda considerarse acreedor…”(Cfr:CNCiv., Sala G, 2-7-91, E.D 143-484) y “…No resulta procedente invocar la falta de recursos para eximir al padre de su obligación alimentaria, ya que este tiene el deber de procurar los medios necesarios para satisfacerla…”(Cfr: CNCiv., sala E, 12-10-89, E.D, 138-379); conforme a esta línea de pensamiento, también se ha dicho “.La obligación de pasar alimentos pesa sobre ambos progenitores, y es estricta, no pudiendo admitirse que pretendan exonerarse de ella so pretexto de que otros amparan a los menores.”(Cfr: CNCiv., Sala A, 13-9-65, E.D 14-900).

En definitiva, la circunstancia irrefutable que fuera la madre quien atendiera en forma permanente las necesidades del hijo de ambos (v. fs.39vta, posición décima, fs.40 posición décima, fs. 43 posición tercera, entre otras), no es causa de justificación para exonerarlo de tal obligación; menos aún cuando de los recibos de sueldo acompañados a fs. 133/134 surge que el percibió asignación correspondiente por hijo.-

b.También estimo que le asiste razón al apelante en relación al reproche valorado por el a-quo para no acoger la pretensión de la actora, con fundament o en que esta no efectúo reclamo judicial de alimentos.-

La queja debe ser recibida, porque la ley no exige, para aplicar esta causal, que haya reclamo judicial y menos aún que los alimentos estén fijados u homologados judicialmente, siendo suficiente la mera falta de prestación.(Cfr: Bueres-Highton, ob cit, pag. 77; Perez Lasala, José Luis, “Curso de Derecho Sucesorio”, Ed. Depalma 1989, pag.145).-

Sobre el particular se ha dicho “…Todo juez habrá de resolver el conflicto de intereses que suscitará la demanda de exclusión por indignidad del padre o madre en la sucesión de su hijo, valorando en base a la prueba rendida, si el demandado dio cabal cumplimiento, durante la menor edad del hijo, a sus deberes alimentarios, y asistenciales conforme a su condición y fortuna. Quiza no fue demandado jamás por alimentos, pero ello no obstará a que la causa de indignidad quede acreditada, porque el art. 3296 bis no subordina la declaración de indignidad a una cuestión prejudicial, o a un requisito de proponibilidad consistente en haber sido el padre o madre demandados por alimentos…”(Cfr: Zanonni, ob cit. , pag. 221).-

De tal manera, que no existiendo exigencia legal alguna, no puede el sentenciante valorar la ausencia de reclamo, como un indicio que permita considerar que el progenitor que no demando por alimentos, era porque económicamente no lo necesitaba; ya que, como se ha dicho, esta obligación pesa sobre ambos padres (arg. art.271C.C), a lo que se suma que es injusto premiar a quien se desentendió de tal obligación.-

La causal de indignidad examinada, tiene un propósito moralizador claro, ya que es injusto que el padre que se ha sustraído del cumplimiento de sus deberes alimentarios, pretenda recibir los beneficios de la herencia de su hijo a quien no alimento.

Desde otro lado, no puedo pasar por alto lo señalado por el apelante, en el sentido de que la diligencia puesta por el demandado para iniciar la declaratoria de herederos de su hijo (dos semanas después de su muerte), no se condice con la negligencia que tuvo para ocurrir ante un juez competente, y de ese modo cumplir con su obligación – alimentaria- y ejercer los derechos que le correspondían.

d. En cuanto a la cuarta critica, relativa a la errónea afirmación del a-quo en cuanto a que el hijo de ambos era mayor de edad al momento de su fallecimiento y que la doctrina ha entendido que la sanción de indignidad se aplica a los casos incumplimiento de alimentos respecto de los hijos menores de edad, estimo, que le asiste, también en este punto, razón al recurrente. Doy razones.-

La lectura de los arts. 3296 y 3302 CC, es concluyente en cuanto a que la causal de indignidad debe producirse durante la minoridad, con independencia que la muerte se haya producido durante esta o con posterioridad.(Cfr: Perez Lasala, José Luis, “Curso de derecho Sucesorio”, Ed. Depalma 1989, pag.145).-

f. Finalmente, no siendo necesario el examen del tercer y quinto agravio, en orden a lo manifestado, me ocupare brevemente del sexto, concerniente a la manera de interpretar la norma.Adelanto criterio, que no comparto la tesis del a-quo que la lleva a sostener que razones de seguridad jurídica, y por la gravedad que conlleva la declaración esta causal esta reservada para casos de inconducta gravísima y en que el incumplimiento sea patente.-

Sobre el particular, discrepo con el sentenciante, en primer lugar porque en el sublite se ha probado una inconducta gravísima y también se ha demostrado un incumplimiento evidente, como surge del análisis que realizado precedentemente. Es que aún en el supuesto de resultar veraz que le mandó algún dinero, que le compró una bici, y que lo visitaba, no implica el cumplimiento del deber alimentario. Es que un menor, como cualquier individuo no puede vivir con algún dinero espóradico, ya que la prestación alimentaria incluye la comida y vestimenta diaria, educación, diversión, etc., que de modo alguno podría haberse llevado a cabo con las alegadas prestaciones del demandado. Por ello entiendo que el demandado no ha cumplido con su obligación alimentario.-

En segundo lugar, estimo que la Sra. Juez de ese modo ha hecho una interpretación restrictiva de la norma, que no es lo mismo, como se sabe, que una interpretación estricta. Es lógico, que en este tipo de causales la interpretación a realizar debe hacerse de manera cuidadosa y severa, estándole vedado al juez incluir supuestos que no sean los taxativamente enumerados en la ley (Cfr: Zanonni, ob. cit, pag.199/200); pero tampoco puede con una exégesis restringida buscar eludirlos, haciéndole decir a la ley menos de lo que ella dice o creando requisitos que ella no impone.-

Por lo expuesto, estimo que el recurso debe ser acogido, en todo lo que ha sido materia de agravios. Debiendo imponerse las costas de la alzada, al demandado por resultar vencido (art. 130 C.P.C.C).

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR HECTOR HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra.Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJO: La cuestión debe resolverse conforme lo propicia la Dra. Junyent Bas, expidiéndome en el mismo sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA GRACIELA JUNYENT BAS, DIJO: A mi juicio, corresponde: 1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, y en su merito revocar la resolución recurrida en todas sus partes, dejando sin efecto asimismo la imposición de costas y las regulación de honorarios. Debe excluirse de la sucesión del Sr. E. S. S, a su padre el Sr. E. S. S: en virtud de lo dispuesto por el art. 3296 bis, segundo supuesto del C.C 2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado, por resultar vencido (art. 130 C.P.C.). Establecer el porcentaje regulatorio por las tareas de Segunda instancia de los honorarios de la Dra. Adriana Riera de Astini en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala correspondiente del art. 34 de la Ley 8.226.-

Asi voto.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR HECTOR HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJO: La cuestión debe resolverse conforme lo propicia la Dra. Junyent Bas, expidiéndome en el mismo sentido.-

Por todo ello el Tribunal

RESUELVE:

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, y en su merito revocar la resolución recurrida en todas sus partes, dejando sin efecto asimismo la imposición de costas y las regulación de honorarios. Debe excluirse de la sucesión del Sr. E. S. S., a su padre el Sr. E. S. S. en virtud de lo dispuesto por el art. 3296 bis, segundo supuesto del C.C

2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado, por resultar vencido (art. 130 C.P.C.). Establecer el porcentaje regulatorio por las tareas de Segunda instancia de los honorarios de la Dra. Adriana Riera de Astini en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala correspondiente del art. 34 de la Ley 8.226. PROTOCOLICESE Y BAJEN.

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