Un caso y tres soluciones posibles

Autor: Suárez, Enrique L.

Fecha: 19-dic-2007

Cita: MJ-DOC-3338-AR | MJD3338

Sumario:

I.- Algunos antecedentes; II.- Algunas percepciones; III.- Algunas ideas.

Doctrina:

Por Enrique Luis Suárez

En general, cuando nos encontramos ante la ardua tarea de resolver un “caso” de derecho, debemos proceder a la formulación y desarrollo de tres etapas, ya sea que desempeñemos el rol del abogado que debe discernir un curso de acción a seguir, o que debamos cumplir en el particular las diversas funciones y responsabilidades que atañen al funcionario público o al magistrado que deban resolver la cuestión :

a) La determinación más exacta y completa posible de los hechos del caso;

b) el análisis de todas las valoraciones e intereses en juego, y

c) la interpretación y aplicación de las normas jurídicas pertinentes.

Ello es así toda vez que la comprensión y el cabal conocimiento de los hechos que conforman la cuestión, permitirá a quien deba analizarla y/o decidirla, no sólo conocer y consustanciarse con el conjunto de elementos fácticos que hacen al sustrato del caso, sino también discernir y determinar cómo valorará luego dichos hechos , a fin de conjugarlos (de acuerdo con la valoración adoptada) con las normas jurídicas que deban ser utilizadas, para arribar finalmente a una solución que satisfaga el criterio de quien ha desarrollado este proceso decisorio.

Cabe considerar, a todo esto, que la realidad (eterna fuente de problemas jurídicos a resolver) se presenta ante nosotros a cada instante, con infinitas posibilidades de ser percibida. Aún la situación más simple, puede siempre ser “reconocida” de más de una manera.

Es más:Aún “percibiendo” dos sujetos los mismos hechos, éstos pueden ser valorados por aquellos de muy distinta manera, conforme a la filosofía que los guíe en dicha tarea y a los intereses que consideren mas y también menos valiosos para tener en cuenta, en la situación o caso a resolver.

Asimismo, la percepción de los hechos, nos hará identificar cuales son las categorías jurídicas que se corresponden con los hechos del caso, y que deben ser conjugadas conjuntamente con las normas a aplicar e interpretar en la situación que analicemos, lo cual nos llevará a determinar finalmente la solución más “justa” para el caso de que se trate.

Recordemos. No siempre se perciben los mismos hechos, y aún así, eso no significa que dos personas valoren igual los mismos, y hagan jugar por ello con la misma importancia los institutos y categorías jurídicas, y las normas aplicables al caso.

En este orden de ideas, nos ha parecido un buen ejemplo de lo dicho el fallo que comentamos, el cual -además de su riqueza analítica en lo que se refiere a las temáticas de fondo abordadas por el mismo- presenta a lo largo del desarrollo de los diversos votos vertidos por los integrantes del Superior Tribunal Provincial al menos tres formas de análisis que trasuntan a su vez diferentes mecanismos de resolución de la situación, a partir de la distinta percepción y valoración de los hechos del caso.

En suma, al tener los tres magistrados que con sus respectivos votos, han conformado en esta ocasión la estructura decidente del cuerpo colegiado de magistrados actuante, una apreciación y una visión diferente de lo sucedido, y al aplicar de distinto modo a la cuestión los diversos institutos jurídicos necesarios para arribar a una solución en la cuestión, cada uno de ellos recrea, en base a “la percepción” que han realizado de los hechos del caso, una “realidad” con determinados actores y factores, lo que por ende condiciona a posteriori la interpretación de lasnormas jurídicas aplicables, y lleva a la propuesta de tres soluciones distintas para el tópico que nos ocupa en esta oportunidad.

I.- Algunos Antecedentes

Veamos algunas circunstancias de hecho que pueden introducirnos en el conocimiento fáctico de la cuestión.

Una determinada persona jurídica (“Mirador de Lincoln S.A.”) es propietaria de diversos fundos ubicados en la localidad de Lincoln (provincia de Buenos Aires), en particular de las parcelas 462a y 418c.

En el año 1998, la Municipalidad de Lincoln realiza diversas obras tendientes a la construcción de un camino comunal, entre ellas las de alteo de dicho camino, lo que ocasiona por diversas circunstancias la inundación de las parcelas antedichas. Sostiene el actor en sus dichos que dicha inundación ha convertido a las parcelas en un gran espejo de agua, muy superior a lo que correspondía por su altura y relieve.

Como veremos más adelante, será fundamental en la cuestión el considerar si el obrar estatal ha sido la única causa eficiente del daño ocasionado, o si por el contrario, reviste el carácter de concausa, concurriendo con otros factores o hechos a la causación de la inundación antedicha.

Hacemos esta mención pues de la lectura del fallo anotado, surgen diversos factores que habrían coadyuvado en el resultado final apuntado: así, aparecen citados la construcción de un canal por parte de un vecino al predio afectado, las precipitaciones pluviales que habrían caído con exceso en el lugar, y la laguna permanente existente en las tierras de “El Mirador de Lincoln”.

Tal como señala el Dr.Soria en su voto , una cosa es considerar que la “inundación de las parcelas” y/o su “conversión en un gran espejo de agua” son hechos imputables al obrar del municipio en virtud de las obras de alteo de un camino realizadas por aquel, y otra es “percibir” que dichas obras no constituyen la única y exclusiva causa y/o el origen del anegamiento de referencia, sino que han agravado la situación de los fundos en cuestión.

Lo dicho implicaría reconocer -como vimos- la existencia de otros factores que en forma previa y/o concomitante, incidiendo en la realidad con efectos deletéreos para con las parcelas de propiedad de la sociedad anónima mencionada, también han contribuido al anegamiento e inundación de los terrenos en cuestión.

Continuando con el hilo y la sucesión cronológica de los hechos que van conformando el caso a resolver, cabe mencionar que, ante la situación hasta aquí descripta, la sociedad perjudicada por la realización de las obras a cargo de la Municipalidad de Lincoln promovió oportunamente una acción de amparo contra el municipio de referencia, en razón de las obras de alteo de camino rural efectuadas por dicha comuna.

Por ende, en función del desarrollo de la acción y el análisis de la situación en el marco del proceso judicial respectivo, el juzgador -en base a las circunstancias fácticas allí apreciadas- consideró procedente admitir el amparo y así ordenar al municipio que retrotrajera las obras al estado anterior a la promoción del proceso.

Lo dicho amerita sostener prima facie, la existencia de una relación de causalidad entre la inundación y el obrar comunal, lo que dio lugar a la orden judicial dirigida al municipio.No obstante, lo dicho no implica -como ya se mencionó supra- dar por sentado un alcance pleno o absoluto en la causalidad existente entre ambos factores (obras e inundación de las parcelas).

Analizaremos, pues, más adelante, cual es el alcance que en ese sentido se entendió establecer en la sentencia de primera instancia que recayó en el aludido proceso de amparo, pronunciamiento que -por otra parte- fue consentido en lo principal.

Posteriormente, la propietaria de los fundos anegados inicia una nueva acción judicial, con el objeto de obtener el correspondiente resarcimiento por “los daños y perjuicios causados a las parcelas de campo propiedad de la actora derivados de la inundación provocada como consecuencia de hechos imputables a la demandada”, tal como lo manifestara oportunamente en su escrito de inicio.

La sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por “El Mirador de Lincoln S.A.” contra la Municipalidad de marras, fijando el monto de la indemnización, con costas.

Pero, a su vez, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó la sentencia apelada, también con costas, lo que motivó que la actora interpusiera recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra dicho pronunciamiento.

Cabe destacar que entre los agravios vertidos por el recurrente se encuentra la supuesta violación del artículo 345, inciso 6º del Código de rito provincial, ya que entiende que no se ha respetado debidamente el mismo, por haberse conculcado los alcances de la cosa juzgada resultante de la decisión recaída en la acción de amparo referenciada.

Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar si el recurso extraordinario interpuesto resultaba o no procedente y fundado.

II.- Algunas percepciones

Desde ya, en función de lo detallado, hay algunos elementos que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta en ninguna “percepción” que pueda realizarse del caso:existe una sociedad que es propietaria de terrenos en la localidad de Lincoln, los que a su vez se encuentran anegados. Se han realizado obras de alteo de un camino comunal, y han ocurrido otros factores en concomitancia con dichas obras (un canal vecino, precipitaciones, etc.).

Asimismo, hay una acción de amparo interpuesta, una resolución de la misma y también, hay un daño concreto ocasionado sobre las parcelas en cuestión, debiéndose dilucidar en definitiva, quien debe responder por ello y en que proporción, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad de referencia ha interpuesto un reclamo indemnizatorio dirigido en forma única y exclusiva contra el Municipio susodicho.

Veremos pues, que elementos han sido “percibidos” en la elaboración de cada voto, y a partir de allí, como ha jugado la interrelación entre los mismos, con el fin de arribar a la individualización de una solución para el caso concreto a dilucidar.

a. Primera Percepción.-

El Dr. Negri, al emitir su voto (el cual fue acompañado por los Dres.de Lázzari y Hitters), percibe como única y exclusiva causa de la inundación la realización de las obras de alteo por parte de la municipalidad, valorando por ende dicha circunstancia por encima de otras circunstancias fácticas que pudieran haber ocurrido y colaborado en provocar los daños consiguientes.

Al haber entendido el juez interviniente del amparo que la decisión comunal de haber realizado la obras “agrava la sujeción del terreno inferior del amparista dirigiendo las aguas a un solo punto, haciendo más impetuosa la corriente que perjudica al terreno inferior, desviando artificialmente hacia el camino las aguas pluviales o las de acequias y canales o impedir la recepción de las aguas que provengan del camino” y “conculca los derechos y garantías del amparista, por cuanto afecta su derecho de usar y gozar de su propiedad y hasta su derecho de trabajar” , desde esta perspectiva del caso, se da por sentado que las circunstancias fácticas que tornaron procedente la tutela del amparo, ordenando al municipio llevar las obras a su estado anterior, son asimismo la causa de la inundación, lo que constituye parte integrante de la cosa juzgada que surge de lo decidido en dicha instancia.

Por lo tanto, ello no puede ser desconocido a posteriori en un juicio en el cual se busca la cuantificación del daño con miras a la reparación que allí se peticiona, pero donde no puede ignorarse la conformación de la relación causal conformada a los efectos de reparar el daño causado.

Como notará el lector, una determinada concepción de la realidad lleva a adjudicarle a la cosa juzgada que emana de la sentencia recaída en el amparo un determinado “contenido y alcance”, lo que genera a su vez la determinación de la solución a aplicar en la acción por daños y perjuicios (revocación de la sentencia dictada en la segunda instancia, manteniendo la de la primera instancia, que había hecho lugar a la demanda).

b. Segunda Percepción.-

La posición del Dr.Soria evidencia un tratamiento de la cuestión diametralmente opuesto y disímil a la posición antes evidenciada.

A su juicio, tal como señala en el segundo párrafo del punto II. de su voto, para el recurrente las conclusiones de hecho a las que arriba el juzgador en el amparo, y que son alcanzadas por los límites procesales de la cosa juzgada, son “la superación de la superficie de embalse” y “el agravamiento de la anegación como consecuencia de las obras municipales de alteo”, tal como él mismo afirma. Coincide el magistrado en que, conforme a ello, se decidió en dicha instancia condenar a la comuna a restituir la situación “a la realidad existente con anterioridad al inicio de las obras en conflicto”.

Pero por otra parte, también considera que la litis en la que debe entender el Superior Tribunal versa sobre la petición de la indemnización que corresponde por “los daños y perjuicios causados a las parcelas de campo propiedad de la actora derivados de la inundación provocada como consecuencia de hechos imputables a la demandada”.

Como resultado de lo expuesto, considera el magistrado que lo que debe ventilarse en el pleito no es la “indemnización por el agravamiento de los fundos, sino la indemnización por la inundación de las parcelas o su conversión en un gran espejo de agua.

No debe olvidarse aquí que, desde esta visión del caso, la autoridad de cosa juzgada que puede predicarse respecto de la sentencia recaída en el amparo interpuesto, vincula causalmente a las obras comunales con el “agravamiento” de una anegación que se considera por ende preexistente.

Nótese que para el Dr.Soria, la sociedad demandante imputa a la Municipalidad la responsabilidad de “haber causado” la anegación de las parcelas, lo que le ha permitido al a quo -por no haber sido dicha cuestión tratada en el limitado espacio cognoscitivo de la acción de amparo- proceder al análisis de la procedencia de dicho postulado, sin los límites que le impondría considerar que dicha cuestión ha quedado comprendida dentro de la res judicata emanada del pronunciamiento recaído en el amparo antedicho.

Ello es así, dado que desde esta postura, la Cámara debía expedirse sobre las causas del anegamiento, en virtud de la pretensión resarcitoria formulada en su oportunidad.

Siguiendo esta línea de consideración y “percepción de los hechos del caso”, en el anterior proceso sumarísimo no se imputó a las obras municipales ser las causantes de anegamiento de las parcelas ni se indicó la magnitud del agravamiento de la situación.

Bajo tales consideraciones, se considera que la Cámara debía dilucidar la cuestión basándose en las consideraciones y probanzas arrimadas a la causa, permitiéndole ello concluir al magistrado que en el decisorio al que arriba el Tribunal inferior no se observa “un error grave, grosero y manifiesto” en sus conclusiones, que “luzca irreconciliable con las constancias objetivas de la causa”.

Bajo tales consideraciones, se resuelve rechazar el recurso y confirmar la sentencia de grado atacada, con costas a la vencida.

Aquí las causas sustanciadas a través del amparo y de la acción indemnizatoria, se estructuran como compartimentos estancos, sin relación alguna, ya que desde esta postura versan sobre objetos procesales distintos.A la luz de esta conclusión, hay una inundación de las parcelas como factor cronológicamente precedente al resto, en el cual no hay ni participación ni responsabilidad de la comuna, y un “agravamiento” posterior de dicha inundación, el cual sí reconoce una relación causal con las obras municipales, pero respecto del cual no se ha pedido, a juicio de quien aprecia la cuestión, indemnización alguna, ya que la misma es solicitada por la inundación en sí, que no ha sido causada en este entendimiento, por la Municipalidad de Lincoln, a la cual no cabe por ende condenar en el sub lite.

c. Tercera Percepción.-

Es la explicitada por el Dr. Roncoroni, a la cual adhieren los Dres. Pettigiani, Kogan y Genoud, y también el Dr. Domínguez, con expresión de fundamentos coincidentes.

Como el propio Dr. Roncoroni explicita, su enfoque del caso implica un “disenso parcial” con las percepciones descriptas y a la vez, un “consenso a medias” con dichas posturas.

En primer lugar, la apreciación del desarrollo del amparo lleva al juzgador a concluir que en el mismo se estableció que “las obras de alteo del camino realizadas por el municipio y el mayor caudal de agua que por dicho motivo recibía el accionante le causaban un perjuicio que lesionaba sus derechos constitucionales” , sobre lo cual existe cosa juzgada material.

Por ello, lo único juzgado allí es la pretensión de amparo y habiendo sido concedido éste, por sentencia definitiva y firme que declaró la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad del acto lesivo, ello adquiere eficacia de cosa juzgada en el sentido material.

Por supuesto, ello no impide que otras acciones puedan derivarse del acto lesivo que motivó el amparo susodicho, como el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera haber provocado el mismo.

Pero aquí se suscita una apreciación que no aparece en las dos posturas antes expuestas:las nuevas acciones que puedan interponerse con posterioridad al juicio de amparo deben pronunciarse sobre lo que no fue motivo del amparo, pero sin desconocer lo pronunciado en éste, ya que deben respetar la cosa juzgada material que emana de dicho pronunciamiento.

Por ello, lo que aquí se percibe como “tratado”, “resuelto” y “juzgado”, en el marco cognoscitivo y jurisdiccional del amparo, resulta de capital importancia para la determinación de los otros factores, hechos o circunstancias que tendrán acabada relevancia para la solución de la litis.

Se debe tener en cuenta que desde esta tercer percepción, no puede desconocerse ni dejar de considerarse en cualquier proceso posterior vinculado a la temática debatida en el amparo de marras, lo decidido en la sentencia que haya recaído en el mismo.

Es importante tener presente que la obra pública descripta ha causado una lesión en las tierras del actor de modo ilegal y arbitrario, afectando su derecho de propiedad sobre las mismas, así como el de trabajarlas, usarlas y usufructuarlas a su juicio.

Esa lesión no puede ser ignorada o desconocida, pero debe ser apreciada en su justa medida a los fines de determinar su condición de causa eficiente para con el perjuicio sufrido por la actora. Como señala el Dr.Roncoroni en el punto 4.1., in fine, de su voto “nada impedirá que en el nuevo proceso, en este sobre el cual estamos votando, se debata sobre los alcances de tal lesión o, para mejor decir, sobre la determinación del contenido del daño que ella significa, su valoración o medida y su tasación, a los fines de fijar su resarcimiento”.

En consecuencia, esta percepción se permite indagar en la posibilidad de que los daños sufridos por el actor no hayan encontrado su única causa en las obras municipales, ya que puede haber concausas en lo relativo a la producción del daño (hechos de terceros, excesos de lluvias de los que se ha dejado debida constancia en los registros pluviométricos de los últimos años, etc.).

El voto comentado, profundizando en esta línea, señala la realización de un canal clandestino por parte de un tercero y que motivó a su vez la obra comunal. También agrega en su análisis la circunstancia de que en las tierras del actor existe una depresión natural o embalse que habría receptado las precipitaciones, todo lo cual ha colaborado (junto con el alteo en el camino) a que se produzcan desbordes o derrames en las tierras del actor.

En suma: el resultado dañoso puede ser uno solo, pero no puede ignorarse en el análisis que distintos hechos o actos han contribuido a conformar la consecuencia perjudicial.

III.- Algunas ideas

Recientemente JORGE O. RAMÍREZ, al referirse a las diversas técnicas y mecanismos a través de los cuales los jueces elaboran sus pronunciamientos, nos recordaba el pensamiento de JEROME FRANK quien sostiene que, al margen de la lógica, en la dilucidación de la sentencia “lo que decide es la elección o selección de las premisas; y la tarea auténtica del juez es la de elegir unos principios según su criterio de lo que es justo (supuesta premisa mayor) y, además, seleccionar los hechos que, con la categoría de hechos probados, formarán la premisa menor.La consecuencia resultará; no de la confrontación de una premisa mayor y una premisa menor, sino de la tarea previa a esta operación supuestamente lógica de elegir cuáles habrán de ser tales premisas”.

Indefectiblemente, la determinación de lo que es “lo justo” para el caso de que se trate, se relacionará con: a) los hechos que determinemos que conforman el sustrato fáctico del mismo, b) que se hallen debidamente probados y, por último c) que se vinculen directa y fundamentalmente al núcleo decidente del asunto, ostentando una importancia y jerarquía de una magnitud tal que posterguen a otros hechos de la realidad en la consideración de la solución a elaborar.

Por ello, hemos considerado de utilidad recorrer con el lector los diversos caminos recorridos y los disímiles resultados a los que se arribaron en el fallo sub examine a través de los votos expuestos supra, a fin de ver que ni el íter que nos conduce a la determinación de las premisas mayor y menor (a las que aludía FRANK) será percibido siempre del mismo modo, y que, aún en dicho supuesto, los resultados pueden ser sustancialmente diferentes, en función de los hechos que se estime merecedores de integrar la “premisa menor” de FRANK.

Independientemente de ello, no queríamos dejar de expresar algunas ideas sobre las concepciones jurídicas puestas de manifiesto, tomando para ello como marco de análisis, los lineamientos expresados por el Dr. Roncoroni en su voto.

A.Partiendo de la base de que el amparo es un juicio de conocimiento pleno (dentro de sus particulares características, sentido y objeto), respecto de la pretensión que se ha esgrimido en el marco de su génesis y desarrollo, cabe colegir que una sentencia del tenor de la dictada en el amparo que se ha referenciado en este caso, en donde se ha identificado un acto de la autoridad pública, la lesión a través del mismo de un derecho del amparista, y se ha ordenado el cese de dicha conducta, hace cosa juzgada material respecto de los aspectos reseñados.

De este modo, al quedar firme y consentido dicho decisorio , no puede ya impugnarse por vía alguna: a) la existencia de una obra de alteo de camino realizada por la comuna involucrada: b) un perjuicio sufrido por el demandante producto de recibir un mayor caudal de agua en sus fundos y c) la relación de causalidad entre ambos factores, lo que lesiona el derecho del actor.

B. Al considerar que la cosa juzgada aludida es de carácter material y no formal, queda claro que la interpretación que debe hacerse respecto de textos del tenor del contenido en el artículo 13 de la ley 16.986 o en el artículo 17 de la ley 7166 , es que son otras acciones, “con independencia del amparo”, las que son aludidas por las normas referenciadas.

Por ello autores como RIVAS, respecto de esta cuestión específica, señalan que queda en pie la posibilidad de, por ejemplo, ejercitar acciones indemnizatorias para que se responda por los daños causados por la conducta lesiva, como es el caso que nos ocupa.

Del mismo modo, BIDART CAMPOS señala que en principio, la sentencia dictada en el amparo hace cosa juzgada respecto del mismo, dejando subsistente el ejercicio de otras acciones o recursos que puedan corresponder con independencia de aquel.

Como queda claramente explicitado en el voto del Dr.Roncoroni (punto 2.4., párrafos segundo, tercero y cuarto), si el decisorio dictado comprueba la lesión o el peligro inminente al que resulta sometido el amparista por el accionar estatal, la tutela urgente que por excelencia es dispensada a través de la jurisdicción y competencia puestas de manifiesto en el desarrollo de este proceso protectorio abarca solamente la comprobación antedicha y la adopción de las medidas necesarias para neutralizar o hacer cesar el peligro o riesgo puesto de manifiesto.

Habiéndose precisamente de esta forma satisfecho el objeto y télesis del amparo, toda aquella cuestión que no puede ni debe encontrar satisfacción a través del amparo, deberá recurrir a la vía judicial con la aptitud e idoneidad necesaria para satisfacer el derecho a la jurisdicción del particular requirente.

En el caso comentado, ello se satisface concretamente a través de la interposición de la acción de daños y perjuicios pertinente, la que -más allá de su contenido, objeto y sujetos pasivos requeridos a los efectos de responder por el daño en cuestión- no puede desconocer lo que se ha decidido en el amparo previo, en virtud precisamente de la cosa juzgada material que ha sentado el pronunciamiento firme e irrevisable dictado en aquel.

C. Desde esta perspectiva, de cara al concreto objeto y contenido de la pretensión resarcitoria, resulta natural y lógicamente necesario desentrañar el contenido del daño, el alcance de la lesión y sobre todo la causa o las causas del mismo.

Arribar a una solución justa en el nuevo proceso (acción de daños y perjuicios) obliga al decidente a analizar si no existen causas simultáneas o concomitantes que hayan contribuido a causar el daño cuya reparación se persigue.En caso afirmativo, ya no será la obra del municipio la única causa eficiente para la producción del daño, sino que concurre con otros hechos o conductas que habrán colaborado en la producción de aquel.

En modo alguno ello enerva o contradice lo decidido en el amparo, ni menoscaba la cosa juzgada formal surgida de la resolución final recaída en el mismo, ya que allí solo se ha analizado una conducta (obra comunal), un daño (agravamiento de la inundación de los lotes de “Mirador de Lincoln S.A.”), y la relación entre ambos, lo que motivó al juzgador interviniente en su oportunidad a hacer cesar la situación resultante.

Por el contrario, respetando la misma, y habiendo valorado las pruebas producidas en la litis, se puede determinar (como es aquí el caso) la existencia de varias concausas atribuibles a su vez a múltiples y distintos actores, de los cuales sólo uno es demandado en la presente litis: la Municipalidad de Lincoln.

Por lo tanto, el análisis de la incidencia del obrar de dicha persona jurídica estatal en la realización del evento dañoso, permitirá determinar la parte del daño que debe atribuirse al demandado, motivo por el cual el resto de las porciones del daño total no integrarán el mandato de condena, ya que no han sido traídas al juicio de marras.

D. En relación con el principio de congruencia, la postura sostenida hasta aquí, preserva y respeta dicho concepto. La congruencia procesal es la exigencia de identidad entre las postulaciones de las partes y el pronunciamiento del tribunal, y se aplica -precisamente- a los actos resolutorios emanados del órgano jurisdiccional. Como señala MABEL A. DE LOS SANTOS , más que un principio jurídico, es un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento.

Por lo tanto, como bien señala el Dr.Roncoroni, el acoger parcialmente la demanda incoada (en lo que concretamente concierne al daño causado por el accionar de la Municipalidad), y también hacer lugar parcialmente la oposición manifestada por la demandada (por cuanto no hay una única causa productora del daño), implica mantener el principio de marras en la sentencia a la que se arriba en la litis, pues por defecto del objeto de la demanda interpuesta, se restringe la petición formulada a los justos límites de la probanza efectuada en autos, otorgando menos de lo pedido originalmente en la sentencia.

Pieza clave de la labor del juez resulta ser entonces -en el marco de la congruencia planteada y que debe respetar el magistrado- la determinación de la relación de concausalidad que el alteo del camino realizado por la municipalidad ha tenido para con el anegamiento de las tierras en cuestión, para poder así determinar la magnitud del agravamiento de la inundación preexistente en dichas tierras. Del análisis de la causa y de los indicios que surgen de la “mirada omnicomprensiva” que debe tenerse en un pleito con la complejidad que se ha venido mani festando, surge que el agravamiento de la inundación equivale al 15% de la extensión de la superficie de los lotes, por lo que dicha entidad del daño ocasionado deberá cuantificarse acorde con lo oportunamente indicado en el pronunciamiento de primera instancia.

Un caso. Una realidad. Un amparo. Una acción indemnizatoria. Tres percepciones. Tres caminos recorridos. Tres soluciones posibles.

Ver al respecto, GORDILLO, Agustín A., “El Método en un caso de Derecho: Hechos, Valoración, Normas, Revista “Régimen de la Administración Pública”, número 234, p. 91 y sigtes., Ed. Ciencias de la Administración; El Método en Derecho (Aprender, Enseñar, Escribir, Crear, Hacer), Ed. Civitas, Madrid, Reimpresión, 1997; y “Tratado de Derecho Administrativo”, (tomo 1), Cap. I, Parte General, p.26 y sigtes., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 5° ed., 1998.

Esto es, qué filosofía jurídica guiará su criterio al evaluar y/o resolver el caso.

Ver al respecto SUÁREZ, ENRIQUE LUIS, Los hechos de un caso: cómo se perciben, cómo se valoran, LA LEY 2002-F, 955 y SUÁREZ, ENRIQUE LUIS, Dime cómo observas lo que miras, y te diré lo que verás (La percepción y la valoración de lo fáctico determinan la interpretación y aplicación de la norma a fin de resolver un caso de derecho), JA 2005-II-419.

Ver voto del Dr. Roncoroni, punto 7., segundo párrafo.

Voto del Dr. Soria, punto II., párrafos cuarto a séptimo.

Ver voto del Dr. Soria, punto II., párrafo quinto.

El desconocimiento de la res judicata surgida del amparo se basa, a juicio del actor, en que la sentencia recaída en dicho proceso consideró que la anegación de las parcelas 462a y 418c se debió a los trabajos de alteo de un camino comunal realizado por el municipio, lo cual no habría sido receptado por la sentencia recurrida, en donde no se configura la relación de causalidad entre el daño (la inundación del fundo) y la obra de la comuna demandada que habría sido establecida en ocasión de resolverse el amparo impetrado.

Ver voto del Negri, punto III., acápite 2., primer párrafo.

Voto del Dr. Soria, punto II., segundo párrafo.

Voto del Dr. Soria, punto II., quinto párrafo.

Voto del Dr. Soria, punto II., cuarto párrafo.

Voto del Dr. Soria, punto II., último párrafo.

Voto del Dr. Soria, punto IV., último párrafo.

Voto del Dr. Ronconori, punto 1.

Voto del Dr. Ronconori, punto 2.1., último párrafo.

Voto del Dr.Ronconori, punto 2.3., segundo párrafo.

Ibidem.

Conforme al artículo 17 de la ley provincial 7.166 (Acción de Amparo), “la sentencia de amparo deja subsistente el ejercicio de las acciones y recursos que puedan corresponder al accionante con independencia del de amparo”.

Voto del Dr. Ronconori, punto 4.1.

Como veremos más adelante, la discrepancia con la primera percepción radica en la determinación del contenido y alcance del daño que ha causado la lesión provocada por las obras de la Municipalidad de Lincoln, ya que esta tercera percepción considera que han existido otras circunstancias que, en su medida y proporción, han ocasionado el daño respectivo al patrimonio de la actora, en forma conjunta con el obrar estatal en el caso.

RAMÍREZ, JORGE ORLANDO, Cómo los jueces dictan sentencia, LA LEY, Diario del 26/11/2007, p. 1.

Como señala Rivas, dentro del marco de conocimiento demarcado por la naturaleza del amparo, los hechos del amparo, los cuales configuran el obrar o la omisión del poder público, son apreciados en plenitud, pues la conducta existe o no existe, lo que genera al respecto una determinada cosa juzgada material. El juez conoce entonces del mérito de la pretensión, y no se puede concebir allí que la cosa juzgada sea meramente formal (RIVAS, ADOLFO ARMANDO, El amparo, p. 602 y ss., 3ª edición actualizada, La Rocca, Buenos Aires, 2003).

Se ha establecido ante el rechazo del amparo que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia es conteste en que si la sentencia rechaza el amparo por no haberse acreditado el derecho o la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad del acto lesivo, sólo produce cosa juzgada formal, y el asunto podrá debatirse después en un proceso de conocimiento pleno (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 6/3/2007, Barszez Fabiana Esther c/ Instituto Nac. de Serv. Soc.para Jubilados y Pensionados s/ medidas cautelares, Cita MJJ13279).

KIELMANOVICH, en esta misma línea, formula una distinción según que el amparo sea admitido o no. En tal sentido, expresa que la sentencia que admite el amparo hace cosa juzgada material, mientras que la que lo rechaza, por no ser el acto manifiestamente ilegal o arbitrario o por existir otra vía judicial más idónea, sólo producirá los efectos de la cosa juzgada formal sin impedir la promoción de otras acciones (Ver KIELMANOVICH, JORGE L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2da edición, 2005, Lexis Nº 8007/007005).

Su texto dice: “La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo”.

Su texto dice: “La sentencia de amparo deja subsistente el ejercicio de las acciones y recursos que puedan corresponder al accionante con independencia del de amparo”

RIVAS, op. cit., p. 609.

BIDART CAMPOS, GERMAN J., Manual de Derecho Constitucional Argentino, p. 442, Ediar, Buenos Aires, 1980.

DE LOS SANTOS, MABEL ALICIA, Flexibilización de la congruencia, LA LEY, Diario del 22/11/2007, p. 1.

Abogado. Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Adjunto de la Carrera de Especialización en Daños de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Docente invitado de posgrado en la Facultad de Derecho (UBA). Profesor Invitado de la Maestría en Derecho Privado Económico, de la Universidad del Salvador (USAL). Colaborador y Coautor de diversas obras y autor de varias publicaciones y artículos, así como también colaborador permanente de diversas Revistas Jurídicas y de varios Portales y Diarios Jurídicos Digitales.

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