Rizzo Jorge Gabriel y otro c/ Estado Nacional – PEN Ley 26855 s/ amparo Ley 16986

Partes: Rizzo Jorge Gabriel y otro c/ Estado Nacional – PEN Ley 26855 s/ amparo Ley 16986

Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 5-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-79367-AR | MJJ79367 | MJJ79367

Reforma judicial: se declara la inconstitucionalidad del informe previsto en el art. 4 de la ley 26854, y se dispone la suspensión de los efectos de los arts. 2, 4, 6, 18 y 30 de la ley 26855, así como de su aplicación y puesta en práctica, incluida la respectiva convocatoria a elecciones primarias.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del informe previsto en el art. 4 de la ley 26854, su consecuente inaplicabilidad al caso de autos y hacer lugar a la medida cautelar solicitada contra el Estado Nacional, disponiendo la suspensión de los efectos de los arts. 2 , 4 , 6 , 18 y 30 de la ley 26855, así como de su aplicación y puesta en práctica mediante cualquier otra norma dictada o que se dicte en su consecuencia, incluida la respectiva convocatoria a elecciones primarias, ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa o se cumpla el plazo máximo previsto en el art. 5, primer párr., in fine , de la ley 26854.

2.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del informe previsto en el art. 4 de la ley 26854 y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos, por resultar contrario a los arts. 1 , 18 , 28 , 31 y 75, inc. 22 , de la CN., y por vulnerar los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, inc. 1 , de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2, inc. ap. b, y 14, inc. 1 , del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3.-Los arts. arts. 2, 4, 6, 18, 30 de la ley 26855, colisionarían con la manda contenida en el art. 114 de la CN., en efecto, se vulnerarían las nociones de equilibrio y representación consagradas por la Ley Fundamental en lo referido a la integración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, colisionando asimismo las normas impugnadas con la idea de representación explicitada en el texto supralegal, puesto que pareciera de toda lógica presuponer que los representantes deben ser elegidos por sus representados, y no por terceros ajenos a esa relación esencialmente interpersonal, como sucedería -a priori- de aplicarse el esquemadiseñado por la norma, el cual prevé el sufragio universal para la elección de los representantes de los abogados de la matrícula federal.

4.-Se encuentra configurada en autos la verosimilitud en el derecho invocado por la peticionante por existir indicios serios y graves al respecto; encontrándose asimismo verificado el peligro en la demora, en tanto la promulgación de la ley importa la convocatoria a elecciones primarias para la elección de candidatos a Consejero de la Magistratura, debiéndose adaptar el cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso, y el acto eleccionario final de los integrantes del Consejo de la Magistratura se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones nacionales para cargos legislativos, en virtud de lo cual se encuentra acreditada su irreparabilidad, atento que de no concederse la tutela peticionada, si se admitiere la demanda, lo cierto es que se habría consagrado una situación de muy difícil reversión posterior con apoyatura en la llamada teoría del hecho consumado .

5.-Respecto del interés público comprometido, la tutela requerida habrá de otorgarse precisamente en su beneficio, por cuanto la medida a dictarse tiende a mantener la supremacía de la Constitución Nacional sobre cuestiones que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, y a precaver a la ciudadanía de verse compelida a cumplir obligaciones impuestas por una norma seriamente tachada de inconstitucional.

6.-La importancia institucional que reviste la reforma introducida al Consejo de la Magistratura no solo es de público y notorio conocimiento, sino que, incluso, ha sido sostenida por la propia demandada en reiteradas oportunidades, así considerando los tiempos que insumiría tramitar el informe en cuestión – establecido por el art. 4 de la ley 26854 – y los escasos días que restan para materializar las actividades previas a las elecciones convocadas, se considera que la tutela preventiva a otorgarse resultaría meramente ilusoria, por ello, la imposición del mentado informe a todo el universo de posibles situaciones que pudieran presentarse, sin establecer siquiera a modo excepcional que el juez o tribunal pueda prescindir de él, acarrea su inconstitucionalidad, pues ello significa una indebida limitación a su poder jurisdiccional.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 05 de junio de 2013.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 2/33 vta. se presenta, el Dr. Jorge Gabriel RIZZO, por propio derecho y en representación del COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL (en lo sucesivo, CPACF), promoviendo acción de amparo contra el ESTADO NACIONAL, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 12 , 22 , 42 , 62 y 182 de la ley 26.855.

Sostiene que dichas normas comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Estado Nacional.

Aduce que los citados artículos cercenan el equilibrio y forma de integración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación requerido por la Carta Magna para integrarlo, amenazando la supervivencia del órgano, alterando indefectiblemente su naturaleza, autonomía funcional e independencia, por lo que se solicita se dé tutela a los derechos amenazados declarando la inconstitucionalidad como se pide, en consideración a los argumentos de hecho y de derecho que expone.

Solicita el dictado de una medida cautelar mediante la cual se suspenda la aplicación de los artículos 12; 22; 42; 62, 182 y 30° de la Ley 26.855 a fin de impedir los graves perjuicios que la aplicación inmediata de estos artículos provoca, tanto de manera personal, en su carácter de interesado a presentarse como candidato en las próximas elecciones de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, como en los derechos y garantías de todos los abogados matriculados en el CPACF que forman parte del cuerpo electoral.

Efectúa una serie de consideraciones previas entre las cuales expresa que luego de 30 años ininterrumpidos de la democraciaargentina, es necesario preservar otro de los caracteres de nuestra forma de gobierno, es decir, la forma republicana, entendida como la división tripartita de los Poderes Constituidos del Estado tomada de “El Espíritu de las Leyes” de Montesquíeu, fin para el cual los Constituyentes dotaron al Poder Judicial de independencia, estabilidad y control constitucional, en salvaguarda cierta de la Supremacía ¡rrestricta de nuestra Constitución Nacional.

Explica que tanto él como el CPACF que representa se encuentran legitimados para accionar como lo hacen.

Asegura la procedencia de la acción amparo señalando que en el caso concurren los requisitos de procedencia establecidos por el artículo 43 de la Ley Fundamental, en tanto existe un acto de autoridad pública, una amenaza inminente, se conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales y garantías reconocidas por la Constitución e instrumentos internacionales, no existe otro medio judicial más idóneo y se trata de una cuestión judiciable.

Se explaya sobre los antecedentes de la reforma, las leyes 24.937 y 26.080 , analiza la nueva composición del Consejo como resultante de los artículos atacados e impugna la forma de elección de los miembros ahora establecida.Funda en derecho, señalando los principios constitucionales que entiende afectados, tales como -entre otros- la independencia del Poder Judicial, la supremacía irrestricta de la Constitución Nacional, la seguridad, la razonabilidad y la igualdad.

A fin del dictado de la medida cautelar peticionada, alega la presencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora, ofreciendo contracautela juratoria. Asimishio, plantea la inconstitucionalidad de los artículos 25 -inciso 2- , 42 , 5^, 99 , 10^, 139 – incisos 1, 2 y 3- 14g y 15g de la ley 26.854.

Finalmente, introduce la cuestión federal.

A fs. 36/59 acompaña documental.

A fs. 65/66 dictamina la Srta. Fiscal Federal sobre la competencia del Tribunal y ía inconstitucionalidad deducida respecto de la ley 26.854 .

A fs.67, de conformidad con lo dictaminado, se declara la competencia de este Juzgado, se ordena librar oficio a la demandada a fin de que practique el informe previsto en el artículo 85 de la ley 16.986 y se llaman los autos a resolver la medida cautelar peticionada.

II.- Que, liminarmente y sin perjuicio del mayor análisis que se efectuará al momento de dictar sentencia definitiva en la causa, he de poner de relieve que tanto el Dr. Jorge G. Rizzo y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por un lado, como el Estado Nacional, por el otro, se encontrarían legitimados en las presentes actuaciones para revestir el carácter de parte actora y parte demanda, respectivamente. Ello, desde que los accionantes persiguen la declaración de inconstitucionalidad de ciertas modificaciones introducidas por la ley 26.855 relacionadas con la composición, facultades y funcionamiento del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y el demandado reviste la doble condición de emisor de la norma y parte de la relación jurídica sustancial involucrada (cfr. arts. 12 y 21s , inc. de la ley 23.187; CNACAF, Sala IV , in re: “‘Federación Argentina de Colegios de Abogados c. EN -Ley 26.080″; resol. 17/08/2010) Sentada -a priori- la legitimación de las partes, cuyo control de oficio corresponde al Tribunal, por vincularse con aspectos que hacen a un presupuesto procesal de la acción y a la configuración de un caso o controversia, habré de ingresar al tratamiento de las cuestiones introducidas por la accionante.

III.- Que, en tales condiciones y previo a considerar la medida cautelar peticionada en autos, corresponde que me expida sobre el acuse de inconstitucionalidad formulado respecto deJ articulado de la ley 26.854, en la medida que sus previsiones constituyen el cauce formal en el cual habrán de discurrir el resto de Jos planteos deducidos en torno a dicha pretensión.

1.No escapa al suscripto que Ja apreciación sobre la constitucionalidad de las leyes debe efectuarse con especial cautela y criterio restrictivo, porque esa decisión configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda, debe estarse por su constitucionalidad. Solo debe acudirse a ella cuando la ¡mpugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y Ja incompatibilidad inconciliable (Fallos; 316:2624; 285:322; 327:5723 ).

2. Sentado ello, he de comenzar el análisis propuesto poniendo de relieve que la ley 26.854 no resulta aplicable “a los procesos regidos por lo ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4° inciso 2, 5° , 7° y 20 ” (v. art. 19).

Por consiguiente, no corresponde -en el marco de esta acción- emitir pronunciamiento alguno sobre los planteos de inconstitucionalidad deducidos respecto de los artículos 25 -inciso 2-, 95, IOS, 135 -incisos 1, 2 y 3-145 y 15^ de la citada norma.

3. Sentado lo antes expuesto, he de señalar que los agravios volcados en relación al artículo 5^ resultan meramente hipotéticos y conjeturales, deviniendo prematuro expedirse sobre tales puntos en el estado actual de las presentes actuaciones, motivo por el cual corresponde diferir su tratamiento para el momento procesal oportuno.

4. En consecuencia, habré de ingresar a! estudio de la inconstitucionalidad alegada respecto del artículo 4? de la ley 26.854. a. Para ello, he de recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido receptado por nuestro ordenamiento jurídico mediante la incorporación de diversos tratados internacionales de rango constitucional (confr. art.75, inc.22 , C.N.), tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 18), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2°, pto. 3, ap.b ,).

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de jerarquía superior a las leyes, establecen que el resguardo de las garantías judiciales significa el derecho a ser oído, con la debida garantía y dentro de un píazo razonable por jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales (cfr. art. 8, inc. 1, y art. 14, inc. 1, respectivamente). Asimismo, el primero prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales (art.25, inc.l) Al respecto, la Corte Interamencana de Derechos Humanos ha sostenido que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios (conf. Opinión Consultiva 9/87).

En este orden de ideas, se ha dicho que la efectividad de la tutela judicial se halla muchas veces condicionada por la eficacia de los medios procesales a través de los que se intenta la conservación del derecho o situación jurídica litigiosa durante la sustanciación del proceso (conf. Sala II del fuero, ín re: “Grimberg, Marcelo P c/ EN – PEN – Dto 1570/01 s/amparo ley 16.986″ ; resol.

25/06/2002). Para llegar a este fin, la medida cautelar podrá resultar, en ciertos casos, un elemento imprescindible, ya que su desconocimiento podría llevar a la imposibilidad de dictar una sentencia útil en situaciones de urgencia, (conf. Sala IV, in re: “Río Negro S.R.L’1; resol , del 22/09/1998). b.Siguiendo estos lineamientos, considero que en el especial supuesto sub examine, el informe previo establecido por el artículo 4 de la ley 26.854 conlleva una grave afectación al principio de la tutela judicial efectiva, en la medida que se contrapone a leyes de rango superior como son los tratados internacionales antes enunciados.

En efecto, viene de antigua data el principio según el cual las medidas precautorias se adoptan sin conocimiento de la parte afectada, sin que esto comporte una violación a la defensa en juicio (doctr. Fallos 274:127). Ello, atento que no puede olvidarse que hay supuestos -como en el caso de autos- en que el juez debe pronunciarse urgentemente y antes de la sentencia definitiva, ordenando el cumplimiento inmediato de su mandato a fin de impedir un gravamenirreparable (“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” comentado y concordado por Fenochietto – Arazi, t. 1, p. 743, Ed. Astrea, 1983).

La importancia institucional que reviste la reforma introducida al Consejo de la Magistratura no solo es de público y notorio conocimiento, sino que, incluso, ha sido sostenida por la propia demandada en reiteradas oportunidades. Así, de cara a los tiempos que ínsumíría tramitar el informe en cuestión y los escasos días que restan para materializar las actividades previas a las elecciones convocadas (a cuyo respecto habré de explayarme en ocasión de verificar la concurrencia del requisito referido al peligro en la demora), estimo que la tutela preventiva a otorgarse resultaría meramente ilusoria.

Por ello, en atención a las especiales circunstancias que rodean al supuesto de autos, la imposición del mentado informe a todo el universo de posibles de situaciones que pudieran presentarse, sin establecer siquiera a modo excepcional que el juez o tribunal -por fundadas razones de urgencia o en casos de extrema verosimilitud- pueda prescindir de él, acarrea su inconstitucionalidad, pues ello significa una indebida limitación al poder jurisdiccional de aquéllos.En tai sentido, la Excma.

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que a los otros poderes del Estado no se les ha conferido atribuciones para modificar las previsiones constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial (Fallos 324:1177 , Consid. 21).

Más aún, sabido es que “el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (Fallos: 306:2060; 323:3853), por (o que la previa sustanciación, con el USO OFICIALobjeto de que se produzca un informe sobre cuestiones que no refieren a situaciones de hecho, resulta contraria a la naturaleza misma de las medidas cautelares.

En las condiciones descriptas, entiendo que el informe previsto en el artículo 4 de la ley 26.854 atenta contra el principio de la tutela judicial efectiva, desnaturaliza la esencia del instituto cautelar e implica una clara intromisión en las facultades decisorias de los magistrados. c. Por los motivos expuestos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del informe previsto en el artículo 49 de la ley 26.854,y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos, por resultar contrario a los artículos 19 , 18° , 28° , 31° y 75°, inciso 22, de la Constitución Nacional. Esto último, por vulnerar los artículos 189 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8°, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 29, inciso 3, apartado b, y 14°, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

IV.- Que, con relación a la medida cautelar solicitada, debo recordar que su admisibilidad está subordinada a la concurrencia de dos presupuestos esenciales, que son la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (conf. Podetti, J.R. “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral” -Tratado de las medidas Cautelares- t. IV, págs.69 y ss.; Sala V, in re : “Giardinieri de Artuso Eladia c/ M9 de Cultura y Educación s/ medida cautelar – autónoma-“, del 31/10/95).

Respecto del primero de los presupuestos indicados {“fumus bonis iuris”), es dable recordar que el mismo no exige más que la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la parte actora (confr. doctrina de Fallos: causa A.674.XXXVII, “Aguas Argentinas S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, del 31/10/02; y causa “Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.’ /a QlÁasxvw y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, del 23/09/03). Sobre tal requisito, el Alto Tribunal ha dicho que no se exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud (Fallos: 306:2060,; 323:3853; entre muchos otros).

En lo atinente al segundo recaudo (“periculum in mora”), corresponde destacar que éste constituye la justificación de la existencia de las medidas cautelares, tratando de evitar que el pronunciamiento judicial que reconozca el derecho del peticionario llegue demasiado tarde (conf. Fenochietto, C.E.-Arazi, R., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado*’, t. I, págs. 664/6). El examen de la concurrencia del peligro en la demora pide una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (Fallos: 319:1277; 329:5160). En este sentido, se ha destacado que ese peligro debe resultar en forma objetiva de los diversos efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitación económica (Fallos:318:30 ; 325:388 ; 329:5160).

Sentado ello, he de resaltar que los presupuestos de admisibilidad deben hallarse siempre reunidos, sin perjuicio que en su ponderación por el órgano jurisdiccional jueguen ciertas relaciones entre sí y, por lo tanto, cuanto mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, con menos rigor debe observarse la apreciación del peligro en la demora; y la verosimilitud del derecho puede valorarse con menor estrictez cuando éste es palmario y evidente (confr. Sala V, in re: “Flalperín, David Eduardo – Incidente- c/ E.N. – W\q de Economía y Servicios Públicos s/ empleo público” del 13/11/95).

Por último, a los requisitos antes mencionados debe añadirse un tercero, establecido en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de modo genérico para toda clase de medida cautelar, cual es, la contracautela.

V.- Que, asimismo, cabe puntualizar a los efectos de apreciar el fumus bonis juris, se ha establecido que la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas (Fallos: 245:552 y 249:221) obliga en procesos precautorios que, como el presente, son de un limitado conocimiento, a una severa apreciación de las circunstancias del caso y a una actuación con suma prudencia por parte del Tribunal que, sin resignar por cierto su función de custodio de la Constitución, evite que medidas de esta índole comprometan la actuación de los poderes públicos, (cfr. CSJN, in re: “Astilleros Alianza S.A. Construcciones Navales Industrial, Comercial y Financiera c. Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) s/daños y perjuicios – (incidente)”; fallo del 08/10/1991).

De ahí, pues, que a los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar, cuando se trate de una semejante a la peticionada en estos actuados, deba agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y, además, la ineludible consideración del interés público (Fallos:210:48; 303:625; 307:2267).

VI.- Que, efectuadas las aclaraciones precedentes y en relación a la verosimilitud del derecho invocado, corresponde poner de relieve que -luego de una lectura liminar de las actuacionesse colige que los artículos de la ley 26.855, cuya impugnación se deduce en autos colisionarían con la manda contenida en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

En efecto, en el estrecho marco cognoscitivo en que han de ser analizadas medidas como las aquí requeridas, las normas citadas vulnerarían las nociones de “equilibrio” y “representación” consagradas por ía Ley Fundamental en lo referido a la integración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

En primer lugar, aun cuando se admitiera que “el equilibrio no debe ser entendido como equivalencia numérica” (conf. Sala líl, ín re: “Asociación de Abogados de Buenos Aires c. EN – Ley 26.080″; sent. del 21/07/2006), pareciera claro que las disposiciones contenidas en la ley 26.855 contravienen el “equilibrio” que debe existir entre los órganos políticos, los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal.

Así, entendiendo al mencionado vocablo como un “peso que es igual a otro y lo contrarresta”, o bien, como una “armonía entre cosas diversas” -según las distintas acepciones dadas por la Real Academia Española (v. Diccionario de la lengua española; 229 edición; http://www.rae.es)- la nueva conformación impuesta por la ley no estaría en consonancia con ío instituido por la Carta Magna.

En segundo término, observo quelas normas impugnadas colisionarían también con la idea de “representación” explicitada en el texto supralegal, puesto que pareciera de toda lógica presuponer que los representantes deben serelegidos por sus representados, y no por terceros ajenos a esa relación esencialmente ¡nterpersonal,comosucedería -a priori- de aplicarse el esquema diseñado por la norma, el cual prevé el sufragio universal para la elección de los representantes de los abogados de la matrícula federal (v. art. 22, inc.2, y art . 4°).

A lo expuesto, se agrega que, por un lado, los representantes de los abogados necesariamente deberán ser postulados por agrupaciones políticas (v. art. 49) y, por otro, se ha ampliado ostensiblemente el número de Consejeros provenientes del ámbito académico y científico, quienes son postulados de igual modo y no necesitan ser abogados (v. art. 29, inc. 3, y art.49); lo que significaría una mayor presencia de miembros que – en definitiva- provendrían de sectores políticos.

Asimismo, se han disminuido las mayorías necesarias para la toma de ciertas decisiones de suma trascendencia por parte del Plenario del Consejo (v. art. 6-; esp. incs.

7, 11, 15 y 16), lo cual profundizaría el desequilibrio que podría resultar de la nueva composición, atento la menor incidencia del estamento de los abogados en la toma de tales decisiones.

En las condiciones descriptas, no puede pasar inadvertido que la creación del Consejo de la Magistratura ha pretendido -primordialmente- atenuar la injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial, fortaleciendo la independencia de este último, (v.Debates Parlamentarios para la sanción de la ley 24.937 – senadores Genoud, Aguirre Lanari, Villarroel y Cruchaga-, así como de la ley 26.080 -senadores Guinle y Gómez Diez, y diputados Sesma, Storani, Ginzburg, Comelli y Velarde-).

Por consiguiente, reiterando que los otros poderes del Estado carecen de atribuciones para modificar, mediante el ejercicio de sus funciones específicas, Jas previsiones constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial (fallos 324:1177), se encuentra a mi juicio prima facie configurada la verosimilitud en el derecho invocado por la peticionante, por existir indicios serios y graves al respecto; valorado no desde la certeza absoluta y definitiva de su existencia, sino -simplemente- desde la apariencia que resulta del análisis efectuado.

Que, corresponde entonces verificar la presencia del alegado peligro en la demora, en tanto éste constituye el segundo de los requisitos previamente enunciados.

Para tenerlo por acreditado resulta suficiente detenerse en la lectura del texto de la propia ley cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue, puesto que – según establece- su promulgación importa la convocatoria a elecciones primarias para la elección de candidatos a Consejero de la Magistratura, debiéndose adaptar el cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso (art.30), y el acto eleccionario final de los integrantes del Consejo de la Magistratura se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones nacionales para cargos legislativos (art.18).

En tas circunstancias descriptas, dichas actividades tendrán lugar los días 11 de agosto y 27 de octubre del corriente año, respectivamente; con el agravante de que el día 12 del mes en curso finaliza el plazo para la inscripción de las alianzas y adhesiones aludidas en el artículo 18 de la ley 26.855, y el día 22 es el término para la presentación de las precandidaturas (cfr. arts.1Q, 29 y 8g del Decreto 577/2013; http//www.elecciones.gov.ar/cronograma/cronograma_2013 •pdf) En virtud de lo expuesto, estimo que en el sub examíne no sólo se encuentra suficientemente acreditado el recaudo referido al peligro en la demora, sino también su irreparabilidad, atento que de no concederse la tutela peticionada, si se admitiere la demanda, lo cierto es que se habría consagrado una situación de muy difícil reversión posterior con apoyatura en la llamada “teoría del hecho consumado”.

VIII.- Que, respecto del interés público comprometido -aspecto que debe ineludiblemente ser evaluado al momento de considerarse la admisión de una medida cautelar que comprenda a la Administración Pública (cfr. doctr. Fallos: 210:48; 303:625; 307:2267)- advierto que la tutela requerida habrá de otorgarse precisamente en su beneficio. Es así, por cuanto la medida a dictarse tiende a mantener la supremacía de la Constitución Nacional sobre cuestiones que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, y a precaver a la ciudadanía de verse compelida a cumplir obligaciones impuestas por una norma seriamente tachada de inconstitucional.

Desde antiguo la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional, y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (CSJN, in re: “Municipalidad de la Capital c.de Elortondo, Isabel A.”; fallo del 14/04/1888).

En consecuencia, no debe ni puede admitirse la aplicación de una ley cuando -como en el caso de autos- existen fuertes y graves indicios de inconstitucionalidad; máxime, si se trata de una norma que refiere directamente a la integración y al funcionamiento de instituciones primordiales para la plena vigencia de nuestro sistema constitucional.

A mayor abundamiento, recuerdo que en igual línea de razonamiento se ha dicho que no puede admitirse un interés público preponderante en la ejecución inmediata de un acto que con probabilidad se revela ilegítimo (v. Fallos 321:1480, voto del Ministro Vázquez).

IX.- Que, no obstante la conclusión a la que se arriba precedentemente, y toda vez que es facultad del juzgador el disponer una precautoria distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger (arg. art. 204 del CPCyCN), he de decretar la suspensión de los efectos de los artículos 2-, 45, 65, 18 y 30 de la ley 26.855, así como de su aplicación y puesta en práctica mediante cualquier otra norma o decisión dictada o que se dicte en consecuencia, incluida la respectiva convocatoria a elecciones primarias.

X.- Que, finalmente, en relación a la contracautela a otorgar por la peticionante, en atención a la naturaleza de la cuestión sub examine, considero suficiente la caución juratoria, la que deberá ser prestada por ante la Sra. Secretaria del Tribunal.

Por todo ello, oída la Srta. Fiscal Federal, RESUELVO:

1) Declarar la inconstitucionalídad del informe previsto en el artículo 49 de la ley 26.854, y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos; y, 2) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Dr.Jorge Gabriel RIZZO y el COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, contra el ESTADO NACIONAL, disponiendo la suspensión de los efectos de los artículos 2q, 49, 69, 18 y 30 de la ley 26.855, así como de su aplicación y puesta en práctica mediante cualquier otra norma dictada o que se dicte en su consecuencia, incluida la respectiva convocatoria a elecciones primarias.

Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa o se cumpla el plazo máximo previsto en el artículo 5, primer párrafo, in fine, de la ley 26.854, con la salvedad efectuada en el Considerando III, Punto 3, del presente decisorio.

Regístrese, notifíquese la Ja Srta. Fiscal Federal en su público despacho- y, previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante por ante la Sra. Actuaría, notifíquese mediante oficio a la parte demandada, con habilitación de días y horas inhábiles.

ESTEBAN CARLOS FURNARI

JUEZ FEDERAL

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