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Partes: Laterza Helena Luisa Beatriz c/ Fernandez Alfredo Maria Jose s/ impugnación/ nulidad de testamento
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: G
Fecha: 13 de octubre de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-161512-AR|MJJ161512|MJJ161512
Se declara la nulidad de un testamento por acto público al acreditarse que la testadora padecía una demencia alcohólica con afectación de su juicio al momento de otorgarlo.
Sumario:
1.-Corresponde declarar la nulidad del testamento otorgado por acto público, ya que está suficientemente probado que la testadora padecía una patología depresiva y una demencia alcohólica con afectación de su juicio, que se hallaba suspendido, al tiempo de otorgar el testamento.
2.-Aunque el escribano haya expresado en el testamento que el testador se hallaba en su perfecta razón, el notario no tiene por misión comprobar auténticamente el estado mental de quien testa y sus enunciaciones valederas son únicamente las relativas a la sustancia misma del acto y a las solemnidades prescriptas.
3.-Aun cuando se considerase que no se produjo prueba directa que revele que al momento de suscribir el testamento la causante no gozaba de perfecta razón, basta la acreditación de la falta de aptitud mental en época próxima al momento en que se firmó ese documento.
4.-Es verdad que la vejez no priva, por sí sola, de la aptitud mental para testar; sin embargo, cuando va unida a un cuadro de demencia senil o alcohólica -como en el caso- cabe inferir que las funciones psíquicas se encuentran sensiblemente debilitadas y, por ende, la persona no goza de la perfecta integridad de su entendimiento.
Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de octubre de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «LATERZA, HELENA LUISA BEATRIZ c/ FERNANDEZ, ALFREDO MARIA JOSE s/IMPUGNACION/NULIDAD DE TESTAMENTO», respecto de la sentencia de fs. 372/386, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS A. CARRANZA CASARES – GASTON M. POLO OLIVERA.-
A la cuestión planteada el Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:
I.La sentencia El pronunciamiento de fs. 372/386 hizo lugar a la demanda interpuesta por Helena Luisa Beatriz Laterza contra Alfredo José María Fernández y declaró nulo el testamento por acto público otorgado en esta ciudad el 6 de septiembre de 2018 por Amelia Marta Laterza, hermana de la primera, con costas.
A tal fin, tuvo por probado que el acto de última voluntad había sido suscripto en un estado psíquico de «juicio suspendido» debido a un proceso orgánico y evolutivo de demencia que comprometía su voluntad.
II. El recurso El fallo fue apelado por el demandado, beneficiario del testamento, que en su memorial de fs. 394/424, contestado a fs. 426/436, cuestiona la procedencia de la pretensión, aduce que no se consideró la prueba testimonial y que solo tuvo en cuenta el peritaje psiquiátrico.
A fs. 440/448 dictaminó el Fiscal General ante esta cámara.
III.La nulidad del testamento El testamento es un acto personalísimo, de última voluntad, esencialmente revocable, por el cual una persona puede disponer de todos o parte de sus bienes para después de la muerte e incluir disposiciones extrapatrimoniales.
La capacidad de las personas afectadas por una enfermedad o discapacidad mental para testar suscita problemas que cobran relevancia después de la muerte del testador, cuando deben dilucidarse los conflictos entre quienes pretenden ser sus herederos.
Nuestro ordenamiento legal regulaba esta problemática en los arts. 3615 y 3616 del Código Civil (ver art. 2467 del Código Civil y Comercial de la Nación). El primero expresaba que para poder testar es preciso que la persona esté en su perfecta razón. Los dementes sólo podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para asegurarse que la enfermedad ha cesado por entonces. El segundo reglaba que la ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario. Al que pidiese la nulidad del testamento, le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones; pero si el testador algún tiempo antes de testar se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de demencia, el que sostiene la validez del testamento debe probar que el testador lo ha ordenado en un intervalo lúcido.
Se explicaba el giro verbal empleado por la ley señalando que lo que se había propuesto era, por un lado, admitir la impugnación del acto después de la muerte, por oposición a los negocios entre vivos (art. 474 del Código Civil; ver art.46 del Código Civil y Comercial de la Nación), y que, en realidad, lo que el codificador había querido era reclamar una mayor severidad en la prueba de la falta de razón, pero no una voluntad más intensa o algo más de lo que se pedía en materia de contratos acerca de la inteligencia no perturbada del testador.
La perfecta o completa razón exigida por los arts. 3615 y 3616 del Código Civil no debía considerase en abstracto, tomando como comparación un ente ideal, sino en concreto, esto era referida al propio sujeto disponente; en otros términos, no era la perfección ideal sino el querer y entender propio de su personalidad, con las limitaciones culturales y caracterológicas del autor, mientras no traspusiera los límites de su normalidad. Lo que se requería era la aptitud judicativa normal del testador.
En este orden de ideas, se expresaba que el ser humano era, en general, «sano de espíritu» y la ausencia de discernimiento era una excepción, y que para realizar un acto de última voluntad no se requería mayor discernimiento que el necesario para realizar actos entre vivos.
Además, a la luz de los principios emanados de los arts. 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cabía concluir que la interpretación que exigía una aptitud psíquica más rigurosa para la valoración de estos actos de última voluntad, importaba una protección desproporcionada y, por ende, discriminatoria.
En la actual normativa, el art. 2462 del Código Civil y Comercial de la Nación expresa que las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales.
Y el art.2466 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el contenido del testamento, su validez o nulidad se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador, que en el caso tuvo lugar el 21 de octubre de 2021.
De allí que resulte aplicable el art. 261 de ese cuerpo legal que dice que es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón.
Como así también el art. 2467 que prescribe, más específicamente, que es nulo el testamento o, en su caso, la disposición testamentaria, por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.
Se ha sostenido, en este sentido, que a quien pide la nulidad de un testamento le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de testar, carga cuyo fundamento se encuentra en un doble orden de razones: a) porque es demandante y, como tal, afirma; b) porque, además postula un hecho contrario a la presunción legal y ésta se asienta a su vez en la naturaleza, desde que el hombre es, en general, sano de espíritu y la demencia constituye una excepción (ver asimismo, arts. 3 y 5 de la ley 26.657). Idéntica distribución de la carga probatoria consagra la moderna ciencia del proceso en cuanto liga esa carga a los presupuestos de hecho de las normas invocadas como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (art. 377 del Código Procesal). La prueba contra la presunción legal de salud mental debe ser categórica, seria, decisiva y contundente; en caso de duda queda en pie la presunción de buena salud.
La prueba está dificultada por la muerte del testador que le impide al juez verificar su estado mental y acudir, con idéntica eficacia que tratándose de un individuo vivo, a la prueba pericial.De ahí la amplitud en cuanto a los medios probatorios utilizables, pero también la necesidad de reforzar su apreciación con criterios orientadores, apoyados en la experiencia judicial, tendientes a sortear errores.
En aquellas hipótesis en que, por obvias razones, no es posible evaluar el estado de la testadora en forma directa sino que es preciso reconstruir los hechos, los elementos que se aporten a la causa no deben ser considerados en forma aislada, sino en su conjunto, de manera coordinada, y de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal).
Por tal motivo se ha dicho que la inhabilidad para testar puede probarse por todos los medios, inclusive por testigos y presunciones, pues el juzgador tiene amplia libertad para apreciar en el caso concreto los elementos de juicio aportados para demostrarla. Cuando dichas presunciones son graves, precisas y concordantes (art. 164 inc. 5° del Código Procesal), los jueces pueden tener por configurada la falta de aptitud para testar, con el grado de verosimilitud anteriormente indicado.
Ha dicho la Corte Suprema que es necesario efectuar una valoración integral de las constancias incorporadas a las actuaciones y una consideración de la prueba de forma conjunta de manera que los hallazgos producidos en cada uno de los estudios o informes médicos se correspondan y relacionen con los demás, para apreciar de forma adecuada el estado de salud del causante al momento de testar.
Conforme el orden de los agravios, advierto que el apelante se queja porque no se haya tenido en cuenta las declaraciones testimoniales.
En esta causa prestaron declaración varios testigos, presentados por la actora y por el demandado.
La escribana que intervino en el testamento dijo que acostumbraba a tener una conversación mínima con los testadores y que en el caso le pareció que la causante «estaba en situación de otorgar el testamento» (fs.303 y 304).
Aurora Lucía Chiaramonte amiga de la causante, que mantenía «cierta amistad con Alfredito» (el demandado), aludió a los problemas de alcohol y a los ansiolíticos que tomaba y a que Alfredito era quien la cuidaba en el último tiempo (fs. 261).
Paulina Thelydenis Caraza Bello cuidadora desde junio de 2018 hasta marzo 2019, empleada por el demandado, dijo que la acompañó a la escribanía cuando hizo el testamento «que estaba bien» (fs. 266).
Yanel Soledad Aroca cuidadora desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, contratada por el demandado, manifestó que «ella era normal» «no hablábamos mucho porque ella no hablaba tanto, ella se entretenía escuchando ópera» y relató que «controlaba los medicamentos y hacíamos que los tome», ella rara vez salía (fs. 268).
Graciela Adriana Ocampo también cuidadora, que trabajó desde 2020 empleada por el demandado, dijo que «se bañaba sola, la asistíamos, pero se bañaba sola, desayunaba, miraba la tele, escuchaba música, leía» (fs. 268).
Susana Beatríz Gómez López, amiga de la fami lia del demandado, testigo del testamento, expresó que el estado de la causante «en apariencia era bueno con la característica de una sra. de 80 años pero era bueno» (fs. 243).
Elena Arroyo, que trabajó en casa de la testadora «a través de los Sres. Fernández» hasta un año antes de la pandemia, dijo que el día que la vio por ser testigo del testamento «charlamos un poquito, la vi bien» (fs. 243).
Stela Beatriz Gerez empleada doméstica que trabajó para la testadora hasta junio de 2017 narró que «no podía seguir viéndola en el estado que la encontraba cuando llegaba, me hacía mal, la encontraba en el piso, con mucho olor a alcohol, en la noche deambulaba, ella me lo decía, y me decía que no dormía, yo veía las botellas de bebida blanca, whisky, vodka» (fs.243).
Telma Judit Peisajovich amiga de la causante contó que los últimos años de la testadora «fueron muy tristes porque comenzó un deterioro cognitivo», «bebía mucho alcohol» (fs. 310).
Gerardo Tomás Tuya conviviente de la hija de la actora, narró que la causante tenía «alcoholismo extremo» «depresión» «había un deterioro cognitivo» (fs. 246).
El art. 456 del Código Procesal dispone que el juez ha de apreciar, según las reglas de la sana crítica (art. 386 del citado cuerpo legal), las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Como así también que esas reglas son las de la lógica, la experiencia y el sentido común, que constituyen el soporte del correcto entendimiento judicial, que no ha de prescindir del curso natural y ordinario de las relaciones humanas.
En el caso, los testimonios presentan un panorama de la salud mental de la testadora muy diverso, pues mientras algunos dicen que ella estaba bien, se la veía bien, su estado era normal, estaba en situación de otorgar el testamento, otros dan cuenta que aparecía en el piso con mucho olor a alcohol, sufría deterioro cognitivo, alcoholismo extremo, depresión.
Recuerdo, asimismo, que aunque el escribano haya expresado en el testamento que el testador se hallaba en su perfecta razón, el notario no tiene por misión comprobar auténticamente el estado mental de quien testa y sus enunciaciones valederas son únicamente las relativas a la sustancia misma del acto y a las solemnidades prescriptas.
Ha señalado esta sala que si se advierte contradicción entre los dichos de los testigos propuestos por cada una de las partes y aquella se configura respecto de hechos principales y no es posible otorgar mayor credibilidad a un grupo de testigos con relación a otro, corresponde prescindir del testimonio como medio de prueba.
De todos modos, las declaraciones han de ser integradas y armonizadas con otras constancias de la causa, efectuando un examen completo de los distintos medios probatorios, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio yel debido proceso.
Es así como las constancias de la atención recibida en el Hospital Británico (fs. 51 y 142) y en el Centro de Asistencia IFSA (fs. 205) ponen de manifiesto la patología que padecía la causante.
La perita psiquiatra en su dictamen de fs. 281/285, sobre la base de las referidas constancias, presentó como consideraciones médico legales las siguientes: La paciente Amelia Marta Laterza padecía de un Trastorno Depresivo Crónico, que comenzó unos 35 años antes de su muerte, en ocasión de regresar al país, luego de haber vivido en México exiliada, según relata la paciente en la internación en el Instituto Frenopático. Este Trastorno comenzó con alteraciones del sueño, motivando conjuntamente el comienzo de la adicción al alcohol. Este cuadro se mantuvo bastante estable, hasta que la paciente en el año 2002 se jubila. A partir de ese momento siente que su vida «ya no tiene sentido», ya que el trabajo encauzaba sus proyectos y expectativas de vida. Por lo tanto, acude al alcohol en forma más intensa, no pudiendo limitar su consumo.
Narró que «Ya en el año 2003 encontramos consultas en Psiquiatría por gran angustia (24/05/03). Al no poder manejar el impulso, continúa con el consumo excesivo, que motiva sus alteraciones neurológicas.
En el año 2008 encontramos un informe neurológico, que indica «trastornos de memoria permanentes» (03/09/08). En el año 2009 encontramos una Resonancia Magnética que informa «múltiples imágenes hiperintensas. que corresponden a áreas de gliosis o secuelas isquémicas». Es decir, que hay un aumento en forma desmedida de células que sostienen al tejido neuronal, produciendo «cicatrices» que afectan el funcionamiento del cerebro en forma permanente. En el año 2015 se consigna el diagnóstico: «Trastorno Depresivo Mayor grave y melancólico, Dra. M.Vergara, M.N.:87397, 12/02/15.Acá se puede observar cómo su trastorno depresivo fue en aumento y al asociarse con el consumo problemático de alcohol, éste potenció al trastorno depresivo y el mismo ocasionó mayor consumo de alcohol. Podemos ver en su Historia Clínica que, lejos de disminuirse el consumo de alcohol, éste se acentúa cada vez más. En el año 2015 se produce una fractura de malar por caída estando alcoholizada, debiendo ser intervenida (19/03/15)».
Expresó que las alteraciones neurológicas por consumo desmedido de alcohol continuaron y así se encontró en el año 2016 una «ataxia de larga evolución, neurodegenerativa» (22/02/16). Explica que la ataxia es una alteración en la coordinación y el equilibrio e irregularidades en la acción muscular. Al aclararse que es neurodegenerativa, significa que es irreversible y que empeora con el tiempo. El 11 de abril de 2018, en Resonancia Magnética Nuclear «se visualizan hiperintensidades periventriculares y focales subcorticales atribuibles a leucoaraiosis. Ensanchamiento de los surcos subaracnoideos de la convexidad frontalbilateral y de las cisternas silvianas.».
Puntualizó como conclusiones que surgen de estos datos que la paciente padecía de una demencia alcohólica, refrendado esto por las imágenes. A raíz de su patología depresiva, que luego suma al alcohol en forma progresiva, descontrolada y sin remisión, produciendo progresivamente el resto de las alteraciones orgánicas y funciones psíquicas, se encuentra también afectado el juicio, que se encuentra suspendido. Por lo tanto, no comprende las consecuencias de sus actos. Esto es así al menos desde la fecha de la Resonancia Magnética (11/4/18), seguramente que desde un tiempo antes también, ya que este proceso es de larga data (recordar Resonancia del 13/07/09).
Al responder a la observación del demandado la experta a fs.296/297 recordó que en agosto de 2018 la psiquiatra tratante del Hospital Británico asentó que se sumaba «a los integrantes del equipo médico que han recomendado asistencia permanente para las actividades de su vida diaria».
Asimismo, hizo referencia al proceso de demenciación, cuyo correlato orgánico es la leucoaraiosis, tiene signos visibles ya en el año 2009, evolucionando progresivamente a través de los años, ya que no es reversible, sino que va en aumento. Y añadió que surgía de la historia clínica múltiples internaciones por traumatismo de cráneo ocasionado por caídas en estado alcoholizado, internaciones clínicas por falta de autocuidado, falta de cumplimiento de tratamiento psiquiátrico, «lo cual nos habla de una falta de comprensión del alcance de sus actos».
A fs. 305/307 agregó, ante un nuevo pedido de aclaraciones, que «en el juicio suspendido, hacemos referencia a una alteración en la conciencia, por ejemplo en la obnubilación, donde no hay claridad mental y existen alteraciones perceptivas y de actitudes». Y que «una resonancia Magnética del 13/97/09, adonde ya aparecen imágenes isquémicas y de gliosis mediales, en noviembre 2015 en otra Resonancia Magnética aparecen las imágenes isquémicas más amplias, con atrofia cortical, es decir el deterioro se encuentra más avanzado, es progresivo. En la Resonancia Magnética del 11/04/18 el daño es mucho mayor («involución encefálica difusa, hiperintensidades periventriculares y focales subcorticales atribuibles a leucoaraiosis. ensanchamiento de los surcos subaracnoideos de la convexidad frontal bilateral.), apareciendo ya la lesión orgánica de la demencia vascular. Por lo que es sinónimo de que el juicio está alterado, corroborado esto clínicamente por las internaciones por falta de autocuidado de la paciente y evaluaciones neurológicas alteradas».
La eficacia probatoria del dictamen ha de estimarse de conformidad con las reglas de la sana crítica (art.386 del Código Procesal), teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, las observaciones formuladas y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477 del citado cuerpo legal).
A pesar de que en nuestro sistema el peritaje no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que haya llegado, en tanto no adolezca de errores manifiestos, o no resulte contrariado por otra probanza de igual o parejo tenor.
Aun cuando las conclusiones del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ellas se requiere, cuanto menos, que se les opongan otros elementos no menos convincentes. Si no se observan razones que desmerezcan sus asertos, corresponde asignarle suficiente valor probatorio, que es lo que ocurre en el caso, pues las observaciones de la parte demandada, sin aval de profesional en la materia, fueron detalladamente respondidas por la experta a fs.296/297 y 305/307, sin que el recurrente se hiciera debido cargo de tales contestaciones en esta instancia.
De allí que no puedo sino coincidir con el juez en que está suficientemente probado que la testadora padecía una patología depresiva y una demencia alcohólica con afectación de su juicio, que se hallaba suspendido, al tiempo de otorgar el testamento.
Esto cu enta con respaldo documental (historias clínicas reseñadas por la perita) que pone de manifiesto que esta afectación era anterior a la firma del testamento y era una situación irreversible y progresiva.
Aun cuando se considerase que no se produjo prueba directa que revele que al momento de suscribir el testamento la causante no gozaba de perfecta razón, basta la acreditación de la falta de aptitud mental en época próxima al momento en que se firmó ese documento.
Es verdad que la vejez no priva, por sí sola, de la aptitud mental para testar. Sin embargo, cuando va unida a un cuadro de demencia senil o alcohólica -como en el caso- cabe inferir que las funciones psíquicas se encuentran sensiblemente debilitadas y, por ende, la persona no goza de la perfecta integridad de su entendimiento.
Por todo lo expuesto, propongo desestimar los agravios vertidos por el demandado.
IV. Conclusión En mérito de lo expuesto, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes propongo confirmar el pronunciamiento apelado, con costas de esta instancia al demandado vencido (art. 68 del Código Procesal).
El Señor Juez de Cámara Doctor Gastón M. Polo Olivera votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carlos A. Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.
Buenos Aires, de octubre de 2026.- Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, de conformidad con el Fiscal de Cámara, SE RESUEVE: I.- Confirmar el pronunciamiento apelado, con costas de esta instancia al demandado vencido. II.- Los honorarios de alzada se fijarán una vez establecidos los de la instancia de grado. III.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). IV.- Se deja constancia que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y a las partes en el domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de la Nación y devuélvanse.- La vocalía n° 19 no interviene por hallarse vacante (art. 109 RJN).
CARLOS A. CARRANZA CASARES, GASTON M. POLO OLIVERA. Jueces de Cámara.


