#Fallos Responde el corredor inmobiliario por publicidad engañosa e incumplimiento del deber de información: Ofreció como parte de una unidad funcional un patio que era un espacio común del edificio, aun con el título a disposición de los compradores

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Partes: Companioni Mainegra Gisel c/ Remax Acción y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: B

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161544-AR|MJJ161544|MJJ161544

Voces: COMPRAVENTA INMOBILIARIA – CORRETAJE INMOBILIARIO – COMISIONES DEL CORREDOR – DAÑOS Y PERJUICIOS – DAÑO MORAL – CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

Aun cuando el corredor hubiera informado erróneamente el metraje del inmueble, su gestión debe considerarse útil si el comprador tuvo a la vista la documentación y firmó de conformidad la escritura pública en la cual constan las bases reales del título. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-El CCivCom. establece que hay contrato de corretaje cuando una persona (corredor) se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes (art. 1345 ). Asimismo, aclara que el contrato se entiende perfeccionado por la intervención del corredor sin protesta contemporánea de los interesados al comienzo de su actuación, si aquél está habilitado para el ejercicio profesional (art. 1346 ).

2.-Las obligaciones principales del corredor son asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y de su capacidad legal para contratar (art. 1347, inc. a ); proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes (art. 1347, inc. b); y comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio (art. 1347, inc. c).

3.-El CCivCom. aclara que sus reglas, en materia de corretaje, no obstan a la aplicación de las disposiciones de Leyes y reglamentos especiales (art. 1355 ) y entre estas se destaca la Ley de Martilleros (Ley nro. 20.266 , modificada por la Ley nro. 25.028 ), que establece su aplicación al ejercicio del corretaje (art. 31 ).

4.-Según los términos del art. 31 de la Ley 20266, los corredores tienen que inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente y ‘llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción’ (art. 35).

5.-La Ley nro. 2.340 de la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma prescribe que los corredores inmobiliarios deben solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas (art. 10, inc. 2); y proponer los negocios con exactitud y claridad (art. 10, inc. 5). Requiere que la publicidad que realicen sea precisa, inequívoca, y no incluya información que pueda inducir a error a los interesados, ni calidades o condiciones que no sean ciertas (art. 12). Asimismo, establece que tienen prohibido efectuar publicidad que pueda inducir a engaño a los interesados o que se insinúen operaciones contrarias a la Ley (art. 13, inc. 6).

6.-El corredor es un profesional cuya intervención debe brindar seguridad a los contratantes sobre las condiciones fácticas y jurídicas del negocio y garantizar así el éxito de la operación. De esta manera, el corredor promueve la conclusión de contratos y, a ese fin, se interpone profesionalmente entre la oferta y la demanda.

7.-No es quien celebra el negocio jurídico a nombre de las partes sino que estas son quienes directamente lo perfeccionan con su participación. En consecuencia, la nota distintiva del corretaje está constituida por el hecho de la intervención profesional autónoma del intermediario al solo efecto de promover la negociación, facilitando el acercamiento de los interesados.

8.-La obligación nuclear del corredor constituye una prestación profesional: mediar en la negociación o conclusión de negocios.

9.-El corredor, en cuanto auxiliar de comercio, es un experto en la materia y tiene la función de determinar con precisión y por sí la legitimación de sus clientes para celebrar la operación que propone, para lo cual tiene el deber de hacer cumplir la obligación de presentar el título de propiedad, y no ofrecer el bien a probables interesados en su compra hasta no haber cumplido satisfactoriamente sus obligaciones.

10.-En relación con la publicidad de bienes y servicios, el DNU 274/2019 , que derogó la Ley de Lealtad Comercial (Ley nro. 22.802), prohíbe la realización de cualquier clase de presentación o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de sus características o propiedades (art. 11 ). Por su parte, el art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, Ley nro. 24.240 (en adelante, ‘LDC’), prevé que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

11.-En tanto la a información brindada no solo resultó inexacta respecto de la superficie del inmueble en venta, afectando la legalidad de la operación, así como también respecto de la composición misma del inmueble objeto de la operación, la circunstancia de que la publicación consignara que las medidas eran ‘aproximadas’ no modifica la conclusión expuesta. Esta aclaración puede explicar diferencias menores en el metraje, pero no la inclusión de un espacio que no integra la unidad funcional ofrecida.

12.-La publicidad de las características del departamento en venta, mediante la cual el intermediario incurrió en falsedades en torno a la dimensión del mismo, implica un incumplimiento de su obligación de proponer el negocio con exactitud, precisión y claridad y de abstenerse de mencionar circunstancias inexactas susceptibles de inducir a error, en los términos de los arts. 1347, inc. b, del CCivCom. y 10, inc. 5, de la Ley nro. 2340 de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, cabe responsabilizar al señor Aufseher por el incumplimiento de sus deberes como corredor inmobiliario.

13.-La expresión de agravios debe formular una crítica concreta y razonada de los errores en que pudiera haber incurrido el órgano jurisdiccional, a juicio de quien se alza impugnando el fallo. No se satisface eficientemente esta carga procesal si no se puntualizan los errores extraídos del razonamiento del Juez con indicación de datos precisos y puntuales de cuáles son los fundamentos jurídicos que se le oponen y que emergen de las constancias de la causa.

14.-La expresión de agravios debe contener una refutación de las conclusiones de hecho y de derecho que fundan el pronunciamiento recurrido, y debe también indicar las circunstancias fácticas y las razones jurídicas que sustentan su pretensión recursiva. Por ello, discutir el criterio de valoración judicial sin apoyar la oposición o sin dar bases jurídicas a un punto de vista, no es expresar agravios.

15.-La responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: (i) un incumplimiento objetivo o material, consistente en la infracción de una obligación contractual o en la violación del deber genérico de no dañar; (ii) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de naturaleza objetiva o subjetiva- para asignar la obligación de reparar al sujeto sindicado como deudor; (iii) el daño, es decir, la lesión de un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y (iv) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño.

16.-Sin la convergencia de los cuatro presupuestos clásicos, no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es responsable debe comenzar por analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se concluye que existió ese evento, debe estudiarse si media un factor de atribución. Luego, cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia del incumplimiento atribuible y del daño, se deberá concretar si aquél lo determinó y, en todo caso, qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad.

17.-La actividad del corredor inmobiliario reviste, como regla, carácter oneroso. En particular, teniendo en cuenta que su intermediación comprendió la promoción del inmueble en diversos sitios web y la realización de múltiples visitas con potenciales adquirentes.

18.-El art. 1350 del CCivCom. consagra la onerosidad de esta función auxiliar al establecer que ‘el corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención’. Privar en forma absoluta al agente de percibir retribución alguna cuando el resultado útil de su gestión fue efectivamente alcanzado -habiendo acercado a las partes y facilitado la operación comercial- importaría un enriquecimiento sin causa a favor de la adquirente, quien hoy detenta el dominio pacífico del departamento que visitó y seleccionó.

19.-Aun frente a imprecisiones métricas en la publicidad previa, si la compradora tuvo a la vista la documentación y firmó la escritura pública de plena conformidad de donde surgían las bases reales del título, la labor del intermediario no pierde su carácter de ‘útil’ para el perfeccionamiento del negocio.

20.-Si bien el corredor inmobiliario obró con indudable negligencia informativa, véase que denunció como superficie total la de 102 m2 incluyendo los 18m2 del patio común- (v. publicidad de fs. 11/14), y un grave desapego a sus obligaciones formales por carecer de libros contables obligatorios, su labor de intermediación no fue estéril, resultando procedente morigerar equitativamente este rubro, reduciendo la condena de restitución al 50% de la comisión percibida y la mitad restante debe conservarse en cabeza del profesional como contraprestación por la conclusión útil del negocio que de otro modo se convalidaría de forma gratuita.

21.-La suma de los derechos de propiedad horizontal de todos los consorcistas recae sobre una sola cosa, un inmueble edificado y cada una sobre un sector del edificio, estructurado de manera tal que forma una unidad autónoma pero que integra el mismo bloque de construcción. De esta manera el Reglamento de Administración es el cuerpo normativo que regula directamente las relaciones entre los copropietarios del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, y constituye una verdadera Ley para aquéllos a la cual deben sujetar sus derechos y sus obligaciones.

22.-El agravio moral no se reduce al simple pretiumdoloris, sino que involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales y a las modificaciones disvaliosas del espíritu y si bien se ha señalado que en la órbita contractual la admisión de este perjuicio debe ser apreciada con criterio restrictivo para no resarcir simples molestias propias de cualquier incumplimiento, tal limitación no puede erigirse en un obstáculo insalvable cuando la situación trasciende las incomodidades habituales de la vida cotidiana.

N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Publicidad engañosa: ¿Responde el corredor inmobiliario por publicitar como propio un espacio común?

Fallo:
En Buenos Aires a los 24 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, reunidos los señores Jueces de Cámara en Acuerdo, fue traído para conocer el expediente caratulado «COMPANIONI MAINEGRA, GISEL contra REMAX ACCIÓN Y OTROS sobre ORDINARIO» (expte. nro. 26555/2023), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que debía votarse en el siguiente orden: Vocalía nro. 5, la nro. 6 y la nro. 4.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Jueza de Cámara María Guadalupe Vásquez dijo:

I. La sentencia apelada

El señor Juez Nacional de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Gisel CompanioniMainegra contra el corredor inmobiliario Mariano Alejandro Aufseher, rechazándola respecto de RAU SRL (antes Remax Argentina SRL) y los señores Alejandro Tettamanzi, Marina Tettamanzi y María del Carmen Nogales (fs. 500/527).

De modo preliminar, señaló que la cuestión a resolver consiste en determinar si la publicidad de la venta de un inmueble resultó engañosa por haber presentado el patio como parte integrante de la unidad funcional cuando, en realidad, constituía un espacio común, y si esa circunstancia genera responsabilidad resarcitoria. Advirtió que no se encuentra controvertida la compraventa del inmueble, la intervención del corredor inmobiliario ni la naturaleza común del patio.

Por un lado, rechazó la demanda promovida contra Alejandro Tettamanzi, Marina Tettamanzi y María del Carmen Nogales, en su carácter de vendedores del inmueble. Consideró que entre ellos y la actora no existió una relación de consumo, pues no se acreditó que desarrollaran profesionalmente una actividad inmobiliaria. Asimismo, señaló que la responsabilidad derivada de la publicidad recaía sobre el corredor y que la actora no demostró la existencia de maniobras engañosas imputables a los vendedores durante las negociaciones o las visitas al inmueble.Para decidir de ese modo, valoró la documentación relativa a la operación, el informe de Argenprop sobre la contratación del aviso y las declaraciones testimoniales, de las que no surge ninguna conducta ilícita atribuible a los propietarios.

Por otro lado, respecto del corredor inmobiliario, tuvo por acreditado, sobre la base de la certificación notarial de la publicación efectuada en Argenprop, que el inmueble fue ofrecido con una superficie total que incluía el patio, sin aclarar que se trataba de un espacio común. Consideró que la advertencia relativa a que las medidas eran aproximadas y que las definitivas surgían de la escritura no resulta suficiente, ya que el cuestionamiento no recayó sobre una diferencia de metraje sino sobre la omisión de una característica esencial del inmueble.

En ese marco, concluyó que la publicidad incumplió con los artículos 11 del DNU 274/2019, 1347 del Código Civil y Comercial de la Nación, 12 y 13 de la ley 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el deber de información previsto en el artículo 4 de la ley 24.240 y 1100 del Código Civil y Comercial. En consecuencia, atribuyó al demandado responsabilidad por la publicidad engañosa y por el incumplimiento del deber de información.

Finalmente, admitió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por RAU SRL. Explicó que la actora no le había atribuido una conducta propia generadora del daño y que la prueba pericial contable acreditó la existencia de un contrato de franquicia, sin demostrar participación alguna de esa sociedad en la operación inmobiliaria ni percepción de suma alguna vinculada a la compraventa. Consideró aplicable el artículo 1520 del Código Civil y Comercial, que establece la independencia entre franquiciante y franquiciado, y descartó la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el artículo 40 de la ley 24.240 por no tratarse de un servicio riesgoso.En consecuencia, rechazó la demanda respecto de RAU SRL.

En cuanto a los rubros indemnizatorios, rechazó el reclamo por daño patrimonial derivado de la diferencia de metraje por considerar que no se produjo prueba que demostrara la incidencia económica del supuesto faltante sobre el valor del inmueble. Asimismo, desestimó el rubro gastos por ausencia de acreditación de su existencia y cuantía.

En cambio, admitió el reclamo por devolución de la comisión inmobiliaria y reconoció la suma de U$S 4.000. Consideró que, si bien no existía comprobante de pago, el corredor no negó en forma concreta haber percibido una comisión por la operación y tampoco exhibió la documentación que legalmente debía conservar. Fijó los intereses desde el 20.07.2021 a la tasa del 7 % anual hasta el efectivo pago.

También hizo lugar al daño moral y lo cuantificó en $ 3.000.000.

Consideró que la publicidad engañosa respecto de un inmueble destinado a vivienda y la frustración de las expectativas generadas resultaban aptas para producir un menoscabo espiritual resarcible. Dispuso que esa suma devengara intereses desde el 20.07.2021 conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días y hasta el efectivo pago.

Finalmente, impuso las costas al corredor inmobiliario respecto de la acción admitida en su contra y a cargo de la actora en relación con la demanda rechazada contra los vendedores y la franquiciante.

II. Los recursos

El señor Aufseher apeló a fojas 539 y fundó su recurso a fojas 574/580, que fue contestado por la parte actora a fojas 592/601.

Asimismo, la señora CompanioniMainegra apeló a fojas 534/535 y expresó agravios a fojas 550/572, que fueron contestados por los señores Tettamanzi y Nogales a fojas 575/577, por RAU SRL a fojas 582/590 y el señor Aufseher a fojas 582/587.

1. El codemandado Mariano Alejandro Aufseher, como primer agravio, sostiene que la sentencia le atribuye responsabilidad sin haberse acreditado una conducta antijurídica.Afirma que de las constancias de la causa surge que la actora visitó reiteradamente el inmueble antes de la compra, tuvo acceso a la documentación pertinente y suscribió la escritura pública sin formular observaciones. Agrega que del reglamento resultaba expresamente que el patio constituía un espacio común de uso exclusivo, circunstancia que la compradora conocía o, cuanto menos, podía conocer.

Cuestiona que se haya tenido por configurada una publicidad engañosa. Señala que la decisión carece de suficiente respaldo probatorio y se apoya en una valoración parcial de la prueba. Destaca que los avisos publicitarios acompañados no contenían afirmaciones falsas sobre las características del inmueble, sino que advertían expresamente que las medidas eran aproximadas.

Critica la condena a restituir una supuesta comisión inmobiliaria.

Señala que la propia sentencia reconoce que no se acreditó el efectivo pago de suma alguna ni su monto. Agrega que no existió ocultamiento de documentación ni conducta obstructiva de su parte, sino únicamente la inexistencia de registros contables relativos a un pago cuya realización nunca fue demostrada.

Finalmente, cuestiona la admisión del daño moral por no haber sido acreditado por la actora, así como la imposición de costas.

2. Por su parte, la señora CompanioniMainegra cuestiona el rechazo de la demanda respecto de los vendedores del inmueble y de RAU SRL.

Alega que los vendedores omitieron informar la verdadera situación jurídica del inmueble y la existencia de modificaciones no registradas, circunstancia que indujo a error tanto al corredor inmobiliario como a la compradora. Aduce que esa conducta configura un incumplimiento contractual y un supuesto alcanzado por las normas del Código Civil y Comercial y de la Ley de Defensa del Consumidor relativas al deber de información. Agrega que los vendedores integran la cadena de responsables junto con la inmobiliaria y deben responder solidariamente por los daños ocasionados.

Además, cuestiona el rechazo de la demanda respecto de RAU SRL.Sostiene que la utilización de la marca y la publicidad institucional generan frente al consumidor la apariencia de una única organización empresaria. En ese marco, afirma que la demandada responde en su condición de proveedora, por la conexidad contractual existente y por el incumplimiento del deber de información, en tanto participó en la promoción del inmueble.

Se agravia del rechazo del rubro correspondiente al daño patrimonial. Aduce que la diferencia de dieciocho metros cuadrados incorporada indebidamente a la oferta justificaba el reconocimiento de la suma reclamada en concepto de daño patrimonial, equivalente al mayor precio abonado por un metraje inexistente.

Finalmente, cuestiona la cuantificación del daño moral y la imposición de costas.

III. La decisión En el presente caso, no se encuentra controvertido que la señora CompanioniMainegra adquirió de los señores Tettamanzi y Nogales el inmueble ubicado en la calle Pasco 83/91, piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención del corredor inmobiliario Mariano Aufseher.

Tampoco se discute que la compradora fue atraída por una publicidad en la que se indicaba que la unidad funcional incluía un patio de 18 m², cuando, en realidad, ese espacio pertenece a las partes comunes del edificio.

En ese marco, corresponde determinar si los vendedores, el corredor inmobiliario y RAU SRL deben responder por la publicidad del inmueble, que consignaba una superficie superior a la real al incluir entre las características de la unidad un patio perteneciente a los espacios comunes del edificio. En caso afirmativo, deberá analizarse la procedencia y extensión de los daños y perjuicios reclamados.

1. A esos efectos, cabe recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que hay contrato de corretaje cuando una persona (corredor) se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes (art.1345). Asimismo, aclara que el contrato se entiende perfeccionado por la intervención del corredor sin protesta contemporánea de los interesados al comienzo de su actuación, si aquél está habilitado para el ejercicio profesional (art. 1346).

En lo que interesa a este caso, las obligaciones principales del corredor son asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y de su capacidad legal para contratar (art. 1347, inc. a); proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes (art. 1347, inc. b); y comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio (art. 1347, inc. c).

Ahora bien, el código aclara que sus reglas no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales (art. 1355).

Entre estas se destaca la Ley de Martilleros (ley nro. 20.266, modificada por la ley nro. 25.028), que establece su aplicación al ejercicio del corretaje (art. 31).

Según sus términos, los corredores tienen que inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente y «llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción» (art. 35).

La legislación local a la que remite la Ley de Martilleros para este caso es la ley nro. 2.340 de la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma prescribe que los corredores inmobiliarios deben solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas (art. 10, inc. 2); y proponer los negocios con exactitud y claridad (art. 10, inc.5). Requiere que la publicidad que realicen sea precisa, inequívoca, y no incluya información que pueda inducir a error a los interesados, ni calidades o condiciones que no sean ciertas (art. 12). Asimismo, establece que tienen prohibido efectuar publicidad que pueda inducir a engaño a los interesados o que se insinúen operaciones contrarias a la ley (art. 13, inc. 6).

En estos términos, la jurisprudencia del fuero es conteste en sostener que el corredor es un profesional cuya intervención debe brindar seguridad a los contratantes sobre las condiciones fácticas y jurídicas del negocio y garantizar así el éxito de la operación (CNCom, expte. nro.

31247/2019, «Álvarez, Laura Andrea c/ Katz, Jorge Silvio s/ordinario», 8.05.2023; Sala F, expte. 28409/2012, «Cosenza, Omar Luis Floro c/ Porcino, Andrea Paula s/ ordinario», 8.08.2017; doctrina Sala D, expte. nro. 27902/2011, «Moretti, Osvaldo Pablo c/ Vallejos, Carmen y otros s/ ordinario», 17.03.2016).

De esta manera, el corredor promueve la conclusión de contratos y, a ese fin, se interpone profesionalmente entre la oferta y la demanda. No es quien celebra el negocio jurídico a nombre de las partes sino que estas son quienes directamente lo perfeccionan con su participación. En consecuencia, la nota distintiva del corretaje está constituida por el hecho de la intervención profesional autónoma del intermediario al solo efecto de promover la negociación, facilitando el acercamiento de los interesados. La obligación nuclear del corredor constituye una prestación profesional: mediar en la negociación o conclusión de negocios («Álvarez, Laura Andrea c/ Katz, Jorge Silvio s/ordinario», ya citado; Sala F, expte. nro. 41507/2019, «Calabria, Fabiana c/ Erglis, Juan Pablo s/ ordinario», 14.09.2022; doctrina esta Sala, expte. nro.9761/2010, «Proyecto del Atlántico SA c/ Ganger, Enrique Rodolfo s/ ordinario», 7.10.2014).

Se entendió también que el corredor, en cuanto auxiliar de comercio, es un experto en la materia y tiene la función de determinar con precisión y por sí la legitimación de sus clientes para celebrar la operación que propone, para lo cual tiene el deber de hacer cumplir la obligación de presentar el título de propiedad, y no ofrecer el bien a probables interesados en su compra hasta no haber cumplido satisfactoriamente sus obligaciones (doctrina «Cosenza, Omar Luis Floro c/ Porcino, Andrea Paula s/ ordinario» y «Moretti, Osvaldo Pablo c/ Vallejos, Carmen y otros s/ ordinario», ya citados).

Además, en relación con la publicidad de bienes y servicios, el DNU 274/2019, que derogó la Ley de Lealtad Comercial (ley nro. 22.802), prohíbe la realización de cualquier clase de presentación o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de sus características o propiedades (art. 11).

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, ley nro. 24.240 (en adelante, «LDC»), prevé que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

Sin embargo, y tal como fuera expresado por esta Sala en el ya citado precedente «Álvarez, Laura Andrea c/ Katz, Jorge Silvio s/ordinario», corresponde realizar alguna precisión en relación con la aplicabilidad de esa ley al caso puesto que excluye expresamente a los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello (art. 2, párr.2°, LDC). Esta disposición supone que esas actividades están reguladas por un régimen específico -diseñado, en general, en ejercicio del poder de policía local- y sujetas al control de colegios profesionales reconocidos oficialmente (Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra, Roberto, «Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada», Tomo I, La Ley, 2009, p. 54; Chamatropulos, Demetrio Alejandro, «Estatuto del Consumidor Comentado», Tomo I, La Ley, 2019, p. 205).

Aun así, la misma ley establece su aplicación a la publicidad del ofrecimiento de los servicios mencionados (art. 2, LDC; CNCiv, Sala G, «Degleue, Cynthia L. c/ Tobolsky, Ángel s/ daños y perjuicios», 13.03.2007, en LALEY AR/JUR/3369/2007; CNCAF, Sala I, expte. nro. 33.347/2017, «Toribio P de Achaval y Cía SA c/ DNCI s/ lealtad comercial – ley 22.802 art. 22», 19.06.2018).

En estos autos, la publicidad involucrada en los hechos causantes de estas actuaciones no tuvo por objeto la difusión directa de los servicios de intermediación inmobiliaria prestados por el demandado bajo la marca «Remax Acción». En efecto, se trata de una publicación realizada en el portal web denominado «Argenprop», donde los datos del anunciante se limitan a los de contacto del señor Aufseher. La finalidad central del anuncio era dar a conocer al público los elementos centrales del inmueble ofrecido por el propietario, y de las condiciones fácticas y jurídicas de la compraventa promovida por la parte demandada, en su calidad de auxiliar de comercio.

Sin embargo, entiendo que la Ley de Defensa del Consumidor-al menos, los deberes de información previstos en su artículo 4- rige la solución del caso no solo porque puede entenderse que esa publicidad también pudo atraer clientela a la franquicia del señor Aufseher, sino también porque el demandado detentaba un nivel de organización empresarial significativo, que incluía la delegación de funciones en empleados, como el señor Torres (fs.358, respuesta a pregunta «A»). Esto último diferencia a la actividad desarrollada por el señor Aufseher de las particularidades de la prestación profesional individual típica a la que refiere la Ley de Defensa del Consumidor (Chamatropulos, ob. cit., p. 210 y sus citas; Frustagli, Sandra, «La intermediación inmobiliaria ejercida por sociedades de corredores (Los horizontes de la defensa del consumidor)», La Ley, AR/DOC/6254/2010 y «Álvarez, Laura Andrea c/ Katz, Jorge Silvio s/ordinario», ya citado).

2. En el presente caso, de la publicidad involucrada en los hechos causantes de estas actuaciones realizada en el sitio web «Argenprop» surge el ofrecimiento de un «Amplio piso en venta 3 ambientes con dependencia, patio y balcón en el barrio de Congreso». Asimismo, se detalla que el inmueble posee 81m2 de superficie cubierta, 3m2 de balcón y 18m2 de patio.

Como puede vislumbrarse, el anuncio informa la existencia de un patio de 18 m² como integrante de la unidad funcional. No obstante, los hechos acreditados demuestran que el inmueble no poseía los 18 m² de patio, si no que ese ambiente es un espacio común del edificio.

En efecto, del reglamento de copropiedad acompañado surge que la unidad funcional «consta de las siguientes superficies: cubierta setenta y tres metros cuadrados, semicubierta nueve metros treinta y cinco decímetros cuadrados y un balcón de dos metros once decímetros cuadrados ó con una superficie total propia en el piso de y de la unidad funcional de OCHENTA Y CUATRO METROS CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS cuadrados» (p.6), sin mención alguna al patio de 18 m² publicitado. Incluso, el patio de ese metraje está incluido dentro de los espacios comunes del edificio en la cláusula cuarta del reglamento (págs.8 y 9).

Asimismo, tampoco el patio se encuentra incluido en el boleto de compraventa acompañado por la actora, donde la descripción de la unidad funcional coincide con la que surge del reglamento de copropiedad ya transcripta.

De esta forma, la publicidad difundida por el corredor consignó que el inmueble contaba con 18 m² de patio, cuando ese espacio no integraba la unidad funcional ofrecida. En consecuencia, la información brindada no solo resultó inexacta respecto de la superficie, sino también respecto de la composición misma del inmueble objeto de la operación.

La circunstancia de que la publicaci ón consignara que las medidas eran «aproximadas» no modifica la conclusión expuesta. Esa aclaración puede explicar diferencias menores en el metraje, pero no la inclusión de un espacio que no integra la unidad funcional ofrecida. En el presente caso no se verificó una simple imprecisión en la superficie informada, sino que se publicitó como propio un patio de 18 m² que constituía un espacio común del edificio, lo que incrementó la superficie ofrecida en aproximadamente un 20% y alteró una característica esencial del bien. En este sentido, la información difundida era apta para generar una representación equivocada sobre una de sus cualidades esenciales e influir en la decisión de contratar de la actora.

De este modo, la conducta del señor Aufseher implicó un incumplimiento de su obligación de proponer el negocio con exactitud, precisión y claridad y de abstenerse de mencionar circunstancias inexactas susceptibles de inducir a error, en los términos de los artículos 1347, inciso b, del Código Civil y Comercial de la Nación y 10, inciso 5, de la ley nro. 2340 de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto la actora fue captada a través del aviso del inmueble publicado en el sitio web «Argenprop», dicha publicidad también infringió los artículos 12 y 13, inciso 6, de la ley nro.2340, que exigen que los anuncios de los corredores inmobiliarios sean precisos, inequívocos y no contengan información apta para inducir a error, así como el artículo 11 del DNU 274/2019 y el deber de información previsto en el artículo 4 de la ley nro. 24.240.

En consecuencia, cabe responsabilizar al señor Aufseher por el incumplimiento de sus deberes como corredor inmobiliario, por lo que se confirma en este punto la sentencia apelada.

3. En lo que refiere a los agravios vinculados con la responsabilidad de RAU SRL, cabe señalar que el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impone a la apelante la carga de criticar concreta y razonadamente las motivaciones y conclusiones del fallo apelado, para lo cual no basta el mero disenso con la solución recurrida.

Al respecto, esta Sala sostuvo reiteradamente que «[l]a expresión de agravios debe formular una crítica concreta y razonada de los errores en que pudiera haber incurrido el órgano jurisdiccional, a juicio de quien se alza impugnando el fallo. No se satisface eficientemente esta carga procesal si no se puntualizan los errores extraídos del razonamiento del Juez con indicación de datos precisos y puntuales de cuáles son los fundamentos jurídicos que se le oponen y que emergen de las constancias de la causa» (expte. nro. 29019/2018, «Granja Martín SRL c/ Banco Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario», 08.03.2023; expte. nro. 13187/2018, «Lagui, Leandro César c/ American Express Argentina SA y otro s/ ordinario, 14.11.2022).

De esta manera, la expresión de agravios debe contener una refutación de las conclusiones de hecho y de derecho que fundan el pronunciamiento recurrido, y debe también indicar las circunstancias fácticas y las razones jurídicas que sustentan su pretensión recursiva. Por ello, esta Sala afirmó que «[d]iscutir el criterio de valoración judicial sin apoyar la oposición o sin dar bases jurídicas a un punto de vista, no es expresar agravios» (expte. nro.4128/2020, «Baron y Perez Rachel SRL c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario», 10.08.2023).

En el presente caso, el señor Juez Nacional de Primera Instancia rechazó la demanda en su contra por considerar que: (i) la actora no le atribuyó una conducta reprochable; (ii) RAU SRL no intervino en la operación inmobiliaria; (iii) el artículo 1520 del Código Civil y Comercial de la Nación excluye, en principio, la responsabilidad del franquiciante por las obligaciones del franquiciado; y (iv) no resulta aplicable el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Sin embargo, en su recurso la parte actora se limitó a sostener que la franquiciante debía responder por la publicidad engañosa difundida bajo la marca «Remax», con fundamento en las normas de defensa del consumidor, conexidad contractual y la apariencia de unidad empresaria por utilización de la marca, sin formular una crítica concreta respecto de los restantes fundamentos desarrollados por el juez de grado para rechazar la demanda en su contra.

En ese marco, los agravios de la actora no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada (art. 265, CPCCN).

A ello cabe agregar que, contrariamente a lo sostenido por la actora, y tal como lo señaló el magistrado de la anterior instancia, no se acreditó en el expediente que RAU SRL hubiera participado en la confección o difusión de la publicidad del inmueble, ni que el aviso hubiera sido publicado utilizando su marca.

En efecto, de la lectura de la publicidad no surge en ningún lugar la marca «Remax». Solamente se indica que el corredor inmobiliario responsable es el señor Mariano Aufseher (p. 7). Asimismo, ante la consulta respecto a quien requirió y abonó el aviso, el diario Clarín informó que fue abonado por la sociedad Fondo Promoción Regional SRL para la franquicia administrada por el señor Aufseher bajo el nombre de fantasía «Remax Acción», no así por RAU SRL (fs. 366/383 y fs.295).

Por último, no surge que el inmueble haya sido publicitado en la página de RAU SRL, y tampoco fue acreditado el supuesto aviso en la página «theasys.io» de donde surgiría la promoción del inmueble por parte de RAU SRL, en tanto el oficio informativo con ese objeto se tuvo desistido por la actora a fojas 315 (art. 377, CPCCN).

Por las razones expuestas, se rechaza el agravio de la actora y se confirma en este punto el rechazo de la demanda contra RAU SRL.

4. En lo que refiere a la responsabilidad de los señores Tettamanzi y Nogales, vendedores del inmueble, cabe destacar, en primer lugar, que los agravios de la señora CompanioniMainegra tampoco constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, en tanto no cuestiona las razones brindadas por el anterior magistrado por las que consideró que no resulta aplicable al contrato de compraventa del inmueble la Ley de Defensa del Consumidor. En efecto, en su recurso la actora no explicó por qué los vendedores revestirían el carácter de proveedores en tanto no comercializan inmuebles de manera profesional, y menos aún por qué resulta aplicable al caso el artículo 40 de la ley 24.240 (art. 265, CPCCN).

En segundo lugar, y más específicamente respecto a la responsabilidad de los señores Tettamanzi y Nogales, es preciso recordar que la responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: (i) un incumplimiento objetivo o material, consistente en la infracción de una obligación contractual o en la violación del deber genérico de no dañar; (ii) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de naturaleza objetiva o subjetiva- para asignar la obligación de reparar al sujeto sindicado como deudor; (iii) el daño, es decir, la lesión de un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y (iv) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño (CNCom, esta Sala, expte. nro.42850/2017, «Kraftwelt Argentina SRL c/ Prosegur SA s/ ordinario», 10.11.2021, y sus citas).

Sin la convergencia de esos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es responsable debe comenzar por analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se concluye que existió ese evento, debe estudiarse si media un factor de atribución. Luego, cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia del incumplimiento atribuible y del daño, se deberá concretar si aquél lo determinó y, en todo caso, qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad (CNCom, esta Sala, expte. nro.

19536/2019, «Colombo Ganados SA c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ ordinario», 29.09.2021).

En el presente caso, no surge de la prueba producida que haya existido un comportamiento antijurídico por parte de los vendedores.

En primer lugar, no se acreditó que los vendedores hayan tenido un rol en la publicidad que contenía la información incorrecta del inmueble.

En efecto, y como fuera señalado en el punto anterior, en la contestación al oficio informativo por parte de Clarín se informó que el aviso fue abonado por Fondo Promoción Regional SRL para «Remax Acción», nombre de fantasía del franquiciado codemandado (fs. 366/383 y fs.295).

En segundo lugar, tampoco se acreditó que la información errónea contenida en la publicación hubiera tenido origen en datos suministrados por los vendedores al corredor, ni que aquellos hubieran advertido a la actora, durante las sucesivas visitas al inmueble, que el patio integraba la unidad funcional.

En efecto, el señor Gonzalo Fernández Alonso, quien acompañó a la actora al inmueble para evaluar las reformas proyectadas, limitó su declaración a sus trabajos a realizar y no se refirió a manifestaciones de los vendedores acerca de la situación del patio (fs. 334). Del mismo modo, de la declaración del señor Luciano Torres, asesor inmobiliario que intervino en las visitas al inmueble, tampoco surge que se haya consignado que el patio pertenecía a la unidad funcional (fs. 358). En consecuencia, no existe prueba que permita atribuir a los vendedores la información inexacta difundida en el aviso ni concluir que hubieran inducido a la actora a creer que el patio formaba parte del inmueble.

Finalmente, no se acompañaron documentos suscriptos por los vendedores de donde surja que el patio comprendía la unidad funci onal adquirida. Incluso, tanto del reglamento de copropiedad como del boleto de compraventa, ambos acompañados por la actora, surge lo opuesto.

Por las razones expuestas, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda dirigida contra los vendedores del inmueble.

5. Confirmada la responsabilidad del señor Aufseher y el rechazo de la demanda contra los demás codemandados, corresponde analizar el reclamo vinculado al daño patrimonial por diferencia de metraje.

Como fuera señalado en el punto anterior, la responsabilidad civil presupone la existencia de un daño cierto, entendido como la lesión a un derecho subjetivo o a un interés jurídicamente tutelado cuya reparación se pretende. De ello se sigue que incumbe al damnificado acreditar tanto la existencia como la extensión del perjuicio invocado (Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 7ª ed., t. I, nro. 248, p. 229; CNCom, esta Sala, expte. nro.78367/2017, «Vitaliano, Martín Alfredo c/ Prosegur Activa Argentina SA s/ordinario», 28.06.2022).

Sentado ello, comparto lo decidido por el magistrado de grado en cuanto concluyó que, en el caso, no se encuentra acreditado el perjuicio patrimonial derivado de la alegada diferencia de metraje.

En efecto, la actora no produjo prueba idónea que permita establecer que el precio efectivamente abonado hubiera sido determinado considerando como propios los metros correspondientes al patio. Tampoco incorporó elementos que permitieran conocer el valor de mercado del metro cuadrado o de inmuebles comparables que posibilitaran cuantificar la incidencia económica de la diferencia de superficie invocada. A ello se añade que la publicación acompañada no consignaba un precio de venta, sino que se limitaba a indicar «consultar precio», circunstancia que impide inferir que el valor finalmente convenido guardara relación con el metraje allí informado.

Por ello, se rechaza el agravio de la señora CompanioniMainegra y se confirma en este punto la sentencia apelada.

6. En lo que refiere a la condena a restituir la comisión correspondiente a la gestión del señor Aufseher, cabe señalar que no se encuentra controvertido que la compraventa se celebró como consecuencia de su intervención.

Teniendo eso en consideración, no puede soslayarse que el artículo 1350 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que «El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación, tiene derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o, en su defecto, en el lugar en que principalmente realiza su cometido. A falta de todas ellas, la fija el juez».

De ello se desprende que la actividad del corredor inmobiliario reviste, como regla, carácter oneroso.En particular, teniendo en cuenta que su intermediación comprendió la promoción del inmueble en diversos sitios web y la realización de múltiples visitas con potenciales adquirentes.

En ese marco, debe recordarse que la carga de la prueba configura un riesgo y quien no acredita los hechos en que fundó su demanda o los argumentos en que construyó su defensa o excepción, por aplicación del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pierde el pleito si de ellos depende la suerte de la litis (esta Sala, expte. nro. 23375/2016, «Mbtecnic SRL y otro c/ Frávega SACIEI s/ ordinario», del 23.12.2021; «Coinsud SRL c/ AGCO Argentina SA s/ ordinario», del 30.11.2016; «Aragone, José María c/ Banco Privado de Inversiones s/ ordinario», del 30.10.2013).

Asimismo, no puede soslayarse que en el moderno derecho procesal ya no existen reglas absolutas en materia probatoria, en tanto predomina el principio de las cargas probatorias dinámicas, el cual coloca la carga de la prueba en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para su producción; no hay preceptos rígidos sino la búsqueda de la solución justa según las circunstancias del caso concreto (Peyrano, Jorge y Chiappini, Julio, «Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas», ED, 107 1005; Peyrano, Jorge, «Doctrina de las cargas probatorias dinámicas», LL, 1991-B, p. 1034).

En tales condiciones, acreditada la intervención del señor Aufseher en la operación y siendo presumiblemente onerosa su gestión, era el codemandado quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar si la intermediación había sido gratuita o, en su caso, cuál había sido el monto efectivamente percibido en concepto de comisión.

Sin embargo, ninguna prueba produjo en tal sentido. En efecto, el perito contador indicó que no pudo llevar a cabo su tarea porque el señor Aufseher no contaba con libros contables (fs. 305, apartado «II»). Esta circunstancia implica un incumplimiento de la normativa aplicable a los corredores inmobiliarios (art. 35 ley 20.266 y art.14 Ley 2.340), y, tal como señalara el anterior sentenciante, debe ser interpretada en su contra (art. 388, CPCCN).

Por ello, las consecuencias de la orfandad probatoria de la demandada no pueden ser trasladadas en este punto a la actora. Por las razones expuestas, cabe estimar que la comisión de U$S 4.000 resulta razonable en virtud del monto comprometido en la operación (art, 165, CPCCN), por lo que se rechaza el agravio del señor Aufseher y se confirma en este punto la sentencia apelada, con más los intereses allí dispuestos, en tanto no fueron materia de agravios.

7. Con relación al daño moral, cabe recordar que ha sido caracterizado por esta Sala como la lesión a uno o varios intereses inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho, lo cual incide en la capacidad de sentir, de querer o de pensar. Es todo dolor o sufrimiento producido por una lesión a los sentimientos más íntimos de las personas y que merecen una protección legal en tanto se les reconoce un valor principalísimo en la existencia y desarrollo del individuo y de la sociedad (CNCom, esta Sala, «Vega, Fabricio N. c/ Expreso Caraza SAC s/ sumario», 20.03.2007, entre otros).

La reparación del mismo queda librado al arbitrio judicial, quien libremente apreciara su procedencia, aun en el marco de una responsabilidad contractual («Candia, Román c/ Nación Seguros SA s/ ordinario», ya citado), siendo a cargo de quien lo reclama su prueba (CNCom, esta Sala, expte. nro. 2067/2019, «Van Balen Blanken, Matthijs Gerard c/ AssistCard Argentina SA de Servicios s/ ordinario», 26.09.2022). Pero, además de probar la existencia del perjuicio, debe demostrarse, en lo posible, su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación (CNCom, esta Sala, expte. nro.15935/2021, «Torres, Sebastián Alejandro c/ Banco Santander Rio SA s/ordinario», 27.03.2023). De otra manera, la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (CNCom, esta Sala, «Laborde de Ognian, Ethel B. c/ Universal Assistance SA», 9.02.2010, y sus citas).

Sin perjuicio de ello, el artículo 1744 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el daño puede surgir de los propios hechos de forma notoria y, en el presente caso, es indudable que el episodio de autos excedió una mera molestia o incomodidad debido a la sustancial diferencia entre el inmueble promocionado y el finalmente adquirido. En efecto, la señora CompanioniMainegra fue engañada y vio frustradas sus legítimas expectativas de adquirir un inmueble de 102 m2 que contaba con un patio, tal como fuera promocionado por el corredor inmobiliario. Todo ello teniendo en cuenta, en particular, la importancia que tiene en la vida de una persona la adquisición de un inmueble.

En cuanto a su cuantificación, cabe tener en cuenta el carácter resarcitorio de dicho rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no necesariamente tiene que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este. No cabe aplicar pautas matemáticas para cuantificar el daño, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la cuantía de la reparación depende de la gravedad de la culpa y de las características de las partes; factores estos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los jueces (CNCom., esta Sala, expte. nro. 28381/2019 «Benítez, Pablo Joel c/ Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados y otro s/ sumarísimo» y sus citas).

Sentado lo anterior, se considera razonable el monto de $ 3.000.000 más intereses dispuesto en la anterior instancia con más sus intereses (art.165, CPCCN), por lo que se rechazan los agravios de las partes y se confirma la sentencia apelada.

8. Por último, en materia de costas rige el principio objetivo de la derrota, según el cual la parte vencida debe afrontar los gastos del proceso. La eximición prevista en el artículo 68 del Código Procesal constituye una excepción y, como tal, debe aplicarse con criterio restrictivo.

Desde esa perspectiva, los argumentos expuestos por la actora en su recurso se limitan a sostener la procedencia de la acción contra los codemandados y no permiten advertir circunstancias fácticas o jurídicas excepcionales que justifiquen apartarse de aquel principio. En consecuencia, corresponde confirmar la imposición de costas dispuesta en la instancia anterior y distribuir las de Alzada en el orden causado (art. 68, CPCCN).

IV. Conclusión Como consecuencia de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

(i) rechazar los recursos de la señora CompanioniMainegra y del señor Aufseher y, en consecuencia; (ii) confirmar la sentencia apelada; (iii) con costas de Alzada por su orden.

He concluido.

El señor Juez de Cámara, doctor Jorge Djivaris, dijo:

Adhiero en lo sustancial a la solución propiciada por la distinguida colega preopinante en el voto que abrió este Acuerdo en cuanto a la atribución de responsabilidad civil al corredor Mariano Alejandro Aufseher, sin embargo discrepo, en este caso concreto, en lo atinente a la cuanti ficación del rubro daño moral y la pérdida de comisión por parte del corredor inmobiliario.

I. Ha quedado acabadamente demostrado que la publicidad del inmueble efectuada por el intermediario en el portal «Argenprop» incurrió en un defecto informativo de carácter esencial, al presentar un patio de propiedad común de uso exclusivo como si fuera una superficie propia y privativa de la unidad funcional.Ello importó una flagrante infracción a los deberes de exactitud, precisión y claridad que imponen los artículos 1347, inciso b, del Código Civil y Comercial de la Nación, y 10, inciso 5, de la ley local 2.340.

Sin perjuicio de compartir dicho juicio de reprobación profesional, considero que asiste razón parcial al apelante Aufseher en cuanto a la desproporción de los montos de condena impuestos por el magistrado de la anterior instancia. En efecto, un análisis de la relación de causalidad y de los principios rectores de la intermediación comercial me conducen a proponer modificaciones sustanciales en la cuantificación de la devolución de la comisión y del daño moral.

II. El juez de grado ordenó al corredor restituir el 100% de la comisión estimada en U$S 4.000. No obstante, no se encuentra controvertido que la compraventa del inmueble de la calle Pasco 83/91 finalmente se celebró, perfeccionándose el negocio jurídico precisamente como consecuencia directa de la intervención del corredor inmobiliario.

El art. 1350 del CCyCN consagra la onerosidad de esta función auxiliar al establecer que «el corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención». Privar en forma absoluta al agente de percibir retribución alguna cuando el resultado útil de su gestión fue efectivamente alcanzado -habiendo acercado a las partes y facilitado la operación comercial- importaría un enriquecimiento sin causa a favor de la adquirente, quien hoy detenta el dominio pacífico del departamento que visitó y seleccionó.

Esta Cámara ha sostenido que, aun frente a imprecisiones métricas en la publicidad previa, si la compradora tuvo a la vista la documentación y firmó la escritura pública de plena conformidad de donde surgían las bases reales del título, la labor del intermediario no pierde su carácter de «útil» para el perfeccionamiento del negocio (conf. CNCom.Sala E, «Schcolnik, Martha c/ Iriondo Gladis», del 21/03/2000). En el sub judice, la actora concurrió al acto escriturario instrumentado por el escribano de su confianza, donde se leyó a «viva voz» la escritura traslativa que consignaba inequívocamente la superficie real de 84,46 m² propios y la naturaleza común del patio (por remisión al Reglamento de Copropiedad).

Por ende, si bien Aufseher obró con indudable negligencia informativa, véase que denunció como superficie total la de 102 m2 incluyendo los 18m2 del patio común- (v. publicidad de fs. 11/14), y un grave desapego a sus obligaciones formales por carecer de libros contables obligatorios, su labor de intermediación no fue estéril. En consecuencia, propongo morigerar equitativamente este rubro, reduciendo la condena de restitución al 50% de la comisión percibida (esto es, ordenando devolver la suma de U$S 2.000). La mitad restante debe conservarse en cabeza del profesional como contraprestación por la conclusión útil del negocio que de otro modo se convalidaría de forma gratuita.

III. Seguidamente, se analizará la procedencia y cuantificación del daño moral.

Cabe señalar que el daño resarcible en la esfera civil presupone inexorablemente la concurrencia de una relación de causalidad adecuada y suficiente entre el hecho productor (la publicidad engañosa) y las consecuencias disvaliosas cuya reparación se pretende.

En el presente expediente, la actora atribuyó la totalidad de sus padecimientos anímicos, angustias e intercambios hostiles al «engaño» publicitario del patio. Sin embargo, de las pruebas colectadas en el presente, en especial -aunque no de forma excluyente- los dichos de la propia demanda, la contestación del Sr.Tettamanzi, el Reglamento de Copropiedad y las declaraciones testimoniales colectadas, surge de manera indubitable que el verdadero origen de sus padecimientos no radica principalmente en la errónea publicidad del corredor, sino en la situación conflictiva o controversial suscitada con sus vecinos y con el GCBA que la propia adquirente generó al ejecutar ciertas obras edilicias.

Cabe remarcar que la vida consorcial transcurre sobre un gran entramado de derechos y obligaciones entre el consorcio y los consorcistas sometidos al Reglamento de Copropiedad y la ley que regula este derecho real (vgr. ley 13.512 de aplicación al caso conforme art.7 CCC).

Las restricciones y límites al dominio y a la propiedad horizontal-ahora bajo la nueva legislación denominados simplemente como «Límites», art. 1970 y sgtes CCC- son múltiples y conforman los confines normales dentro de los que puede ejercerse el derecho respectivo. Es el marco dentro del cual deben desenvolverse normalmente los poderes del propietario horizontal, pues bajo estas condiciones está el derecho consagrado legislativamente.

La suma de los derechos de propiedad horizontal de todos los consorcistas recae sobre una sola cosa, un inmueble edificado y cada una sobre un sector del edificio, estructurado de manera tal que forma una unidad autónoma pero que integra el mismo bloque de construcción (CNCiv. Sala H, «Ruggeri de Beletti, Alida Casilda c/Palomera, Andrea Liliana y otros s/ordinario. Cumplimiento de Reglamento», del 25/02/2019 y su remisión a «Consorcio Propietarios Pacheco de Melo 1846 c/Dhers, Raúl s/cumplimiento de reglamento de copropiedad», voto de la Dra. Highton, del 23/09/2003, L.364965 -el Dial.com AA1B0F).

De esta manera el Reglamento de Administración es el cuerpo normativo que regula directamente las relaciones entre los copropietarios del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, y constituye una verdadera ley para aquéllos a la cual deben sujetar sus derechos y sus obligaciones (CNCiv. Sala B, «Consorcio de Propietarios Medrano 367 c/ Waldbaum C.», del 28/09/1995, ver J.A.1996-IV-475).

El Reglamento fija cuales son las partes comunes y las partes privativas, y el destino de ellas, como su superficie cubierta, semi descubierta y descubierta. Esas normas al constituir cláusulas estatutarias hacen que no pueden ser cambiadas, y, por ende, tampoco el sustento fáctico que les dio origen, salvo unanimidad de los consorcistas.

El acatamiento de la normativa consorcial es condición fundamental para asegurar el buen funcionamiento del sistema y para mantener la pacífica convivencia de los copropietarios, correspondiendo, además, por los mismos motivos, aplicarse estrictamente las sanciones establecidas para el caso de infracción a las normas (CNCiv. Sala L, «Consorcio de Prop. Amenabar 1935 c/Ayala, F G. y otro», del 21/12/2001, ED 197-235; íd. Sala F, «Consorcio de Propietarios Vicente López 1757 c/Menéndez Alvarez, Donato y otro», del 6/3/1997 La Ley 1999-D-16, con nota de Eduardo Molina Quiroga).

Aquellas mejoras u obras nuevas sobre partes comunes que se estimen convenientes, útiles, o quizás suntuarias, no las puede decidir algún titular por su cuenta, sino que requieren la conformidad de los demás, al menos de una mayoría. Son obras que exceden de la reparación o conservación de la cosa común porque alteran su condición anterior, sea en la materia, forma o destino.

Por regla, se necesita la mayoría absoluta, esto es, más de la mitad de votos, «con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto» (art. 2060).

El art.2052 CCyCN dispone que «requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario». Aun en la hipótesis de que dicho patio hubiera sido «propiedad exclusiva» de Companioni, ella jamás habría podido demoler muros estructurales sin autorización unánime del consorcio y las pertinentes aprobaciones técnicas y municipales de obra.

En efecto, Companioni demolió una pared de su departamento, construyó una nueva pared que tapó la entrada de aire y luz de la portería ubicada debajo de su unidad, modificó cañerías comunes generando filtraciones y, construyó una bacha sobre el patio común.

En el caso, cabe señalar que de los términos de la demanda y sus cartas documento surge el reconocimiento de la actora de que adquirió el departamento con el propósito predeterminado de ejecutar una remodelación de cierta envergadura, imputándole luego al corredor Aufseher las angustias por las denuncias ante el Gobierno de la Ciudad (GCBA), la clausura de la obra y el proceso contravencional que debió afrontar. Sin embargo, la prueba testimonial desvirtúa por completo que dichos padecimientos tengan relación con el error publicitario del intermediario.

En efecto, el contratista a cargo de las refacciones, Sr. Gonzalo Fernández Alonso, declaró bajo juramento que la actora lo contrató para realizar una remodelación completa que incluyó demoler una pared, retirar ventanas para colocar una puerta-ventana de acceso al patio, levantar muros de piedra natural, cambiar cañerías y desplazar el lavadero.Lo que resulta jurídicamente determinante es que el constructor (testigo ofrecido por la actora) admitió en su testimonio haber solicitado a Companioni los planos del edificio e instalaciones para verificar los troncales de estructura antes de iniciar los trabajos, ante lo cual la actora le respondió que «no los pudo conseguir», y sin perjuicio de ello, y a pesar de carecer de planos aprobados, de cálculo de cargas o de dirección profesional matriculada, la reclamante dio la orden unilateral de proceder a realizar las reformas.

Por su parte, la declaración del administrador del consorcio, Sr. Andrés Gustavo Moriconi, resulta esclarecedora al precisar que el conflicto vecinal se desencadenó exclusivamente a raíz de los ruidos molestos, las v ibraciones y las alteraciones estructurales de la obra emprendida por Companioni. Fueron esas molestias físicas las que alertaron a los copropietarios y los impulsaron a compulsar el reglamento y el plano de mensura, constatando que el sector era técnicamente una zona común del consorcio.

Aquello se corrobora además de la compulsa del Reglamento de Copropiedad (v. pág. 8/9 del doc. agregado a fs. 41/52 por la accionante) en el que surge de la cláusula «CUARTA: (inciso tres) Son partes comunes de acuerdo con el artículo dos de la ley trece mil quinientos doce y en relación a las dependencias del edificio…techos, sótano común, cubiertas comunes, portería y patio común en planta baja».

Queda así claro que la intervención del GCBA, la consecuente clausura municipal de la obra con auxilio de la fuerza pública e incluso la posterior «probation» de índole penal que debió acordar la accionante (v. declaración del testigo propuesto por la parte actora Sr. Fernández Alonso), no se originaron en la descripción del aviso de Argenprop, sino en la actitud de la adquirente al ejecutar reformas estructurales sin contar con las aprobaciones necesarias.Ello por cuanto, según sostuvo el administrador Moriconi, el consorcio siempre mantuvo una convivencia pacífica y jamás adoptó acciones contra la anterior propietaria (Nogales) durante más de 30 años, pues esta última jamás había pretendido alterar la fisonomía ni la seguridad del edificio.

La pretensión de Companioni de que el corredor inmobiliario Aufseher sufrague el daño moral derivado de las denuncias y el freno de una obra reputada como ilícita resulta, cuando menos, exorbitante en atención al reclamo incoado. Es que, si bien es cierto que el corredor inmobiliario incumplió con sus deberes de diligencia y publicidad adecuada al presentar el patio común -de uso exclusivo- como un espacio propio de la unidad funcional, dicha falta informativa de modo alguno garantizaba a la accionante la posibilidad de realizar una obra de reconfiguración edilicia de esa magnitud.

En efecto, realizar modificaciones en el patio común requería inexorablemente de la aprobación unánime del consorcio de copropietarios y de la previa autorización y registro de planos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por consiguiente, el conflicto vecinal, las denuncias por ruidos molestos, las filtraciones en el local de la planta baja y la consecuente clausura municipal de la obra no encuentran su causa adecuada en el error publicitario del intermediario, sino en una posible conducta de la propia adquirente, no debatida en esta instancia. Por lo tanto, es su propio obrar de hecho lo que generó la inmediata reacción de la asamblea para ordenar la paralización y demolición de las obras.

En este aspecto, cobra plena virtualidad el principio general de nuestro ordenamiento jurídico según el cual nadie puede alegar su propia torpeza para fundar un reclamo ni pretender trasladar a terceros las consecuencias de su obrar ilícito.Quien decide acometer una obra de reconfiguración edilicia al margen de la legalidad consorcial y municipal, asume de manera voluntaria y exclusiva el riesgo de su frustración.

Consecuentemente, las sanciones administrativas y civiles derivadas de esa clandestinidad, tales como la paralización de las tareas, la clausura por el Gobierno de la Ciudad y la ineludible obligación de demoler lo construido a su exclusivo costo (CNCiv. Sala H, «Palazzo, Gerardo Daniel c/Suciat, Gladis Miriam s/cumplimiento de reglamento de copropiedad», del 18/03/2026), constituyen la consecuencia directa y necesaria de la propia infracción de la adquirente, y no del error informativo de la inmobiliaria.

El accionado a partir de lo dicho solo debe responder por las afecciones legítimas, generadas por su incumplimiento y no por las acciones en las que no participó.

Esta Sala ha sostenido que el agravio moral no se reduce al simple pretiumdoloris, sino que involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales y a las modificaciones disvaliosas del espíritu («Katsikaris A. c/La Inmobiliaria Cía. de Seguros s/ordinario», del 12/08/1986). Si bien se ha señalado que en la órbita contractual la admisión de este perjuicio debe ser apreciada con criterio restrictivo para no resarcir simples molestias propias de cualquier incumplimiento («Sanchez Vanina Lorena c/ B.S.Construcciones S.R.L.», del 06/06/2018), tal limitación no puede erigirse en un obstáculo insalvable cuando la situación trasciende las incomodidades habituales de la vida cotidiana.

En virtud de todo lo expuesto, propongo morigerar el rubro daño moral, reduciéndolo a la suma de $ 1.000.000, un monto que estimo equitativo y suficiente para reparar el sinsabor de la inexactitud publicitaria inicial, desvinculándola de los perjuicios generados por la frustración relacionada a las obras edilicias intentadas.

Por lo expuesto, voto por modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, fijando la devolución de la comisión inmobiliaria en U$S 2.000 y el daño moral en $ 1.000.000, confirmando el decisorio apelado en todo lo demás que decide y fue materia de agravios.

He concluido.

Por análogas razones, la doctora Matilde E. Ballerini adhiere al voto del doctor Jorge Djivaris. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara.

Oportunamente, incorpórese la foliatura correspondiente al Libro de Acuerdos Comercial Sala B, al momento de agregar esta sentencia digital en soporte papel.

RUTH OVADIA

SECRETARIA DE CÁMARA

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2026

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: (i) rechazar el recurso de apelación impuesto por la señora CompanioniMainegra; (ii) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del señor Aufseher y, en consecuencia; (iii) modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, fijando la devolución de la comisión inmobiliaria en U$S 2.000 y el daño moral en $ 1.000.000, confirmando el decisorio apelado en todo lo demás que se decide y fue materia de agravios; (iv) distribuir las costas de alzada en el orden causado.

Notifíquese por Secretaría a las partes, conforme Acordadas nro. 31/11 y 38/13 CSJN.

Publíquese en la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN y devuélvase al Juzgado de origen, dejándose constancia que la presente obra únicamente en formato digital.

M. GUADALUPE VÁSQUEZ

(Disidencia parcial)

MATILDE E. BALLERINI

JORGE DJIVARIS

 

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