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Partes: M. N. I. c/ R. R. R. y otros s/ daños y perjuicios
Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: Civil, Comercial y de Familia
Fecha: 15 de octubre de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-161443-AR|MJJ161443|MJJ161443
Voces: LEGITIMACIÓN – LEGITIMACIÓN ACTIVA – DAÑO MORAL – DAÑOS Y PERJUICIOS – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – MUERTE DE UN HERMANO
Se rechaza el reclamo indemnizatorio por consecuencias no patrimoniales formulado por la actora, por la muerte de su hermano en un accidente porque no acreditó la convivencia ni la existencia de trato familiar ostensible.
Sumario:
1.-Corresponde rechazar el reclamo indemnizatorio interpuesto por la hermana de la víctima, ya que no se probó que haya vivido con el fallecido; por el contrario, de las constancias del caso, surge que ambos tenían domicilios distintos, por lo que no convivían y tampoco surge del expediente penal ninguna prueba que demuestre la convivencia de la recurrente con la víctima fallecida juntamente con el trato familiar ostensible.
2.-El art. 1741 del CCCN otorga legitimación para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales al damnificado directo, y si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible.
3.-El planteo sobre la inconstitucionalidad del art. 1741 CCCN debe rechazarse, dado que no fue realizado en la primera oportunidad que tuvo el actor, cuando era previsible la aplicación de la normativa, sino que recién se plantea al momento de expresar los agravios contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial, es decir, al momento de deducir la apelación.
Fallo:
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, los Sres. Jueces de la Sala I Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dres. Eduardo Esteban Uriondo, Mariano Gabriel Miranda y Federico Francisco Otaola, bajo la presidencia del primero de los nombrados y de conformidad con lo previsto en las Acordadas Nº 86/2020, 111/2022 y 4/2023, vieron el Expediente Nº CF-22.585/26, caratulado: «Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. 20.585/2025 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 6) Recurso de Apelación en C-235.372/2023. Daños y Perjuicios: M., N. I. c/ R., R. R. y otros», del cual, El Dr. Uriondo dijo:
La Cámara de Apelaciones de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial en sentencia de fecha 08 de abril del 2026 resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Rodrigo Machado y confirmó la sentencia de fecha 27/11/2024. Impuso las costas a la recurrente vencida y difirió la regulación de los honorarios profesionales.
Organo: Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) – Sala I-Vocalía 1 Libro de acuerdo:
Número Sentencia: 4376 Fecha: 15/ 10/ 2026 Competencia: Recursiva Sumario:
Provincia de Jujuy Verificar documento Sistema de Jurisprudencia – Poder Judicial Expediente N° CF-22585/2026 DAÑOS Y PERJUICIOS MUERTE DE UN HERMANO DAÑO EXTRAPATRIMONIAL LEGITIMACION PROCESAL TRATO FAMILIAR OSTENSIBLE
Como primera cuestión, señaló que el apelante no demostró, con los argumentos adecuados, la vinculación que invoca. Citó jurisprudencia que entendió aplicable.
En segundo lugar, refirió que al profundizar en el estudio del expediente penal y demás documentación incorporada, no visualizó ninguna prueba que cumpliera con los requisitos exigidos por el art. 1741 del CCyCN.
En contra de este pronunciamiento, mediante escrito Nº 2241892 el Dr. Rodrigo S. Machado, en nombre y representación de N. I.M., interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.
El recurrente se agravia al sostener que la sentencia dictada por el ad quem es arbitraria al apartarse -en su opinión- de las constancias y pruebas de la causa.
Entiende que el fallo atacado se limita a afirmaciones genéricas, sin explicar por qué los elementos existentes en el expediente penal no resultan idóneos, lo que configura una decisión carente de motivación suficiente, violatoria del debido proceso, negación de justicia y derecho de defensa, ya que se impidió a la actora acreditar la calidad de hermana y heredera del actor.
Asimismo, afirma que la declaración de la recurrente en sede penal, acredita el trato familiar, ostensible y gran afecto de su mandante a la víctima.
Denuncia violación al principio de congruencia al no analizar el «t rato familiar ostensible» probado en la causa mediante el expediente penal y resalta que tampoco fue objeto de análisis la solicitud de inconstitucionalidad del art. 1741 del CC, el cual conduce a situaciones injustas.
Formula reserva del caso federal.
Sustanciado el recurso, mediante escrito Nº 2267753, fue contestado por el Dr. Jorge Antonio Noceti quien solicita su rechazo por las razones que esgrime y a las que me remito en honor a la brevedad.
Concedido el recurso por el a quo y elevada la causa, se integra la Sala de esta Corte con sus miembros naturales.
En primer lugar, debo decir que, con relación a la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad que -precisamente- impone una aplicación de él en extremo restrictiva, hemos sostenido que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534), lo que no advierto en autos.
Entrando al análisis del caso, la recurrente se agravia -en lo sustancial- porque el sentenciante rechazó la demanda de la Sra. N. I. M.sin analizar el «t rato familiar ostensible», mediante una errónea interpretación del art. 1741 del CCyCN, el cual considera contrario a principios constitucionales.
Al respecto, debo decir que el agravio remite a la consideración de extremos cuya revisión no puede realizar esta Corte, en tanto se refiere a cuestiones vinculadas a la plataforma fáctica y a la prueba, en principio, materia reservada a los jueces de la causa porque son los que se encuentran en mejores condiciones de apreciarla.
Como ya sostuvo esta Corte en Sentencia Nº 1802-2024, el art. 1741 del CCyCN otorga legitimación para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales al damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible.
Es decir que los principios rectores que rigen la legitimación activa son: 1) principio general: solo tiene legitimación el damnificado directo (la víctima inmediata); 2) el damnificado indirecto solo está legitimado «a título personal, según las circunstancias» en dos supuestos particulares: 2.1) la gran discapacidad de la víctima directa; o 2.2) el fallecimiento del damnificado directo; 3) en estos dos casos, no cualquier damnificado indirecto puede reclamar sino exclusivamente pueden hacerlo: 3.1) los ascendientes, descendientes y cónyuge y 3.2) las personas que convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible.
Esta última categoría no se funda en el vínculo de parentesco, sino en la familiaridad que surge de la convivencia acompañada, de la existencia de trato familiar evidente o palmario.La alusión a la familia no se refiere a los vínculos parentales, sino al afecto, a la realidad de vida, que por sus características vivenciales y existenciales (convivencia, compartir problemas, brindar consejos, apoyarse mutuamente, etc.) resultan equiparables o asimilables a la situación de hecho propia de la familia, con sus nuevas modalidades (familias ensambladas, familias monoparentales, etc.) y, que se exteriorice a los ojos de terceros. Están alcanzados el conviviente, de uno u otro sexo, los hijos de crianza, las parejas e hijos de familias ensambladas, los hermanos convivientes, otros parientes que convivían (v. gr.: suegros, tíos o sobrinos), guardadores con fines de adopción, los guardadores de hecho o con otorgamiento judicial, los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental con notas de permanencia.
En la especie, no se probó que la Sra. N. I. M. haya vivido con el fallecido Tomás Vilca, víctima fallecida en el accidente, por el contrario, como bien lo sostiene el a quo, de las constancias de autos (DNI de la Sra. M., demanda, acta de defunción del Sr. Vilca) surge que ambos tenían domicilios distintos, por lo que la recurrente no convivía con la víctima, por ello el agravio debe ser también rechazado.
Por otra parte, tampoco surge del expediente penal ninguna prueba que demuestre la convivencia de la recurrente con la víctima fallecida juntamente con el trato familiar ostensible, sino simplemente una declaración de la misma actora donde relata como ocurrieron los hechos.
Respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 1741, debo decir que, más allá de que la Cámara Civil y Comercial -en su función de apelación- no hubiera tratado tal agravio, se advierte que la impugnación de inconstitucionalidad sobre aquella norma, configura un agravio tardío.
Sabido es que el art. 1741 del CCyCN, vigente al momento del hecho, establece quienes están legitimados para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, como bien se desarrolló párrafos más arriba.Tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventualidades previsibles que obligan a plantear las cuestiones que se estiman involucradas en la primera oportunidad posible.
Entiendo que, en autos, el planteo sobre la inconstitucionalidad de la norma en cuestión no fue realizado en la primera oportunidad que tuvo el actor (demanda), cuando era previsible la aplicación de la normativa, sino que recién se plantea al momento de expresar los agravios contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial, es decir, al momento de deducir la apelación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al compartir los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal en «Roldán Silvia Beatriz Teresa c/ Edesur SA s/ daños y perjuicios» , ha sostenido mutatis mutandi «Sabido es que el acogimiento de las pretensiones de las partes por la sentencia es una eventualidad previsible que impone el oportuno planteamiento de las defensas pertinentes, incluso de las de carácter federal…». «…si las argumentaciones desarrolladas por el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 326:3058 y sus citas)».
En virtud de lo expuesto, y por las razones aludidas, debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Rodrigo S. Machado en nombre y representación de N. I. M. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de fecha 08 de abril del año 2026 de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial -en función de apelación-.
En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al recurrente en su carácter de vencido (art. 128 C.P.C.C).
Se difiere la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto existan pautas para ello y ocurra lo propio en la instancia anterior.
Los Dres. Miranda y Otaola adhieren al voto que antecede.
Por ello, la Sala I Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia; Resuelve:
1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Rodrigo S. Machado en nombre y representación de N. I. M. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de fecha 08 de a bril del año 2026 de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial -en función de apelación-.
2º) Imponer las costas al recurrente vencido.
3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto existan pautas para ello y ocurra lo propio en la instancia anterior.
4º) Registrar y notificar por cédula.
Registrado en Registro de Sentencias de la SCJ el 15-10-2026 bajo el número 4376-2026 por Zurueta Firmado por Uriondo, Eduardo Esteban – Juez de la Suprema Corte de Justicia.
Firmado por Miranda, Mariano Gabriel – Juez de la Suprema Corte de Justicia.
Firmado por Otaola, Federico Francisco – Juez de la Suprema Corte de Justicia.
Firmado por Zurueta, Maria Sol – Secretario Relator de la Suprema Corte de Justicia
