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Autor: Bulit Goñi, Luis G.
Fecha: 10-11-2026
Colección: Doctrina
Cita: MJ-DOC-19053-AR||MJD19053
Voces: PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL CONVIVIENTE – CONCUBINATO – PRUEBA – PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL PADRE – PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE – UNIONES CONVIVENCIALES
Doctrina:
Por Luis G. Bulit Goñi (*)
Temas para el análisis en seguridad social
Introducción. Una pregunta que no admite respuestas fáciles
¿Qué debe ocurrir con la protección previsional cuando muere quien contribuía, de manera total o parcial, al sostenimiento de un hogar? La pregunta parece sencilla; las respuestas, en cambio, obligan a revisar ideas arraigadas sobre la familia, el trabajo, la solidaridad y el papel del Estado.
Cada cierto tiempo, al compás de una decisión judicial, una propuesta política o el análisis de especialistas, la reforma previsional vuelve a ocupar la agenda pública. Sin embargo, más que discutir ajustes aislados, quizá haya llegado el momento de pensar un nuevo diseño del sistema: uno capaz de responder a una sociedad, un mercado de trabajo y una dinámica demográfica muy distintos de aquellos en los que se apoyaron las instituciones previsionales vigentes.
El sistema argentino reúne regímenes nacionales, provinciales, profesionales, municipales y complementarios. Esa diversidad convive con desigualdades, inequidad, fragmentación, superposición de prestaciones y dificultades persistentes de financiamiento. En ese escenario, revisar una de sus piezas sin considerar el conjunto puede conducir a soluciones técnicamente atractivas, pero incompatibles con el funcionamiento global del sistema.
La pensión por fallecimiento es una de esas piezas. Su análisis es necesario, pero no debería convertirse en una discusión aislada ni reducirse a una cuenta de ahorro fiscal. El desafío consiste en examinar qué riesgos debe cubrir, a quiénes debe proteger y durante cuánto tiempo, sin perder de vista la suficiencia de las prestaciones ni la sostenibilidad financiera.
1. El camino hacia un rediseño previsional
La urgencia fiscal, los ciclos políticos y la importación acrítica de experiencias extranjeras no han ofrecido, por sí solos, respuestas duraderas.Con frecuencia, el debate se concentra en cuestiones relevantes -movilidad, actualización de remuneraciones, topes, acreditación de servicios o moratorias- sin alcanzar las bases estructurales del sistema.
A ello se suma una litigiosidad previsional persistente (única en el mundo). Los cambios normativos reiterados, la falta de uniformidad en algunos criterios y el incumplimiento de pautas ya establecidas alimentan un circuito que encarece la gestión y traslada costos al erario público. Cuando la discusión queda atrapada en la coyuntura, las propuestas suelen evaluarse desde el conflicto inmediato y no desde sus efectos de largo plazo.
Tampoco existen recetas universales. Los modelos diseñados para países con mercados laborales, estructuras familiares, niveles de formalidad y capacidades fiscales diferentes pueden aportar ideas, pero no reemplazan el análisis de la realidad argentina. Como ha señalado Andras Uthoff, las aspiraciones de convergencia con países de la OCDE deben contrastarse con las condiciones efectivas de nuestras sociedades. «quisíeramos ser como ellos, pero aún no lo somos»
Un rediseño serio debería partir, al menos, de seis criterios:
– Estudiar con profundidad los problemas que el sistema debe resolver.
– Considerar la estructura social, económica y laboral en la que se aplicarán las reglas.
– Revisar el marco político e institucional y la convivencia entre regímenes.
– Usar experiencias comparadas como referencias, no como modelos para copiar.
– Sostener un diálogo político y social abierto, sin exclusiones ni prejuicios previos.
– Equilibrar cobertura amplia, prestaciones suficientes y sostenibilidad financiera.
La previsión social incide directamente en la vulnerabilidad de las personas y en las cuentas públicas. Por eso, el debate requiere honestidad intelectual, transparencia y disposición a escuchar. No se trata de derrotar al interlocutor, sino de construir acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.
2. La familia cambió. ¿Cambió también la protección?
En el origen de la pensión por fallecimiento subyace una determinada representación de la familia.De manera esquemática, se trataba de un hogar en el que el varón obtenía los ingresos, la mujer asumía las tareas domésticas y de cuidado, el matrimonio se concebía como permanente y los hijos dependían económicamente de sus padres hasta incorporarse al empleo formal. También se daba por supuesto que la mujer sobreviviría al varón y que una persona con discapacidad no podría trabajar ni alcanzar autonomía económica.
Esa representación ya no describe, por sí sola, la diversidad de hogares actuales. Las mujeres participan masivamente en el mercado de trabajo, aunque las responsabilidades de cuidado continúan distribuyéndose de forma desigual y pueden limitar sus ingresos y oportunidades. Las parejas pueden adoptar distintas formas jurídicas y familiares; las trayectorias laborales son discontinuas, y la emancipación económica de los jóvenes suele demorarse por razones que exceden su voluntad como lo ha analizado la UADE.
También es necesario evitar generalizaciones sobre las personas con discapacidad, sobre todo, a partir del cambio de paradigma que importa la Convención Internacional de la ONU incorporada a nuestra Constitución Nacional. Algunas acceden al empleo, pero pueden enfrentar barreras, inestabilidad, jornadas parciales o remuneraciones insuficientes. La posibilidad de trabajar no equivale necesariamente a independencia económica ni elimina la necesidad de apoyos y lo mismo puede ocurrir con eventuales convivencias, por lo que se requiere un análisis concreto de cada caso tal y como se ha dispuesto normativamente (Resolución SSS N° 30/2021).
De estos cambios no se desprende que la necesidad de protección haya desaparecido. Más bien, se ha transformado. La dependencia económica puede ser directa, parcial, recíproca o estar vinculada a tareas de cuidado que no generan ingresos propios. La pregunta relevante no es si la familia actual se parece a la de hace décadas, sino qué situaciones de vulnerabilidad deben cubrirse hoy y con qué instrumentos.
En políticas públicas, el desafío consiste en encontrar equilibrios a partir de información confiable y un debate genuino.La conocida tensión entre la amplitud de los derechos y los límites presupuestarios no se resuelve ignorando uno de sus términos: exige diseñar reglas que contemplen ambos.
3. Fundamentos y alternativas de reforma
La pensión por fallecimiento suele apoyarse en tres fundamentos principales:
Protección familiar. La familia constituye, en muchos casos, una red primaria de sustento. Las normas identifican beneficiarios -como cónyuges, convivientes e hijos en determinadas condiciones- y pueden presumir la existencia de dependencia económica.
Carácter sustitutivo y alimentario. La prestación busca compensar, total o parcialmente, la pérdida de los ingresos que aportaba la persona fallecida y contribuir a la subsistencia de quienes dependían de ellos.
Solidaridad social. El sistema redistribuye recursos para evitar que la muerte y la consiguiente pérdida de ingresos empujen a quienes quedan a cargo del hogar a una situación de desprotección.
Estos fundamentos conservan relevancia, pero deben aplicarse a una realidad social distinta de aquella para la que se diseñaron muchas de las reglas actuales. La falta de adecuación puede producir tensiones, inequidades y litigiosidad.
Rafael Rofman ha propuesto orientar la discusión hacia tres líneas:ampliar la cobertura para proteger a más integrantes del hogar, con independencia de su situación laboral; evaluar límites temporales para determinadas pensiones de viudez cuando la persona se encuentra en condiciones reales de participar en el mercado de trabajo; y revisar el cálculo de las prestaciones cuando quien sobrevive ya percibe una jubilación, considerando las economías de escala del hogar y evitando duplicaciones que no se justifiquen.
Europa muestra una transición desde sistemas de viudedad vitalicia hacia modelos más individualizados, con mayor peso en las pensiones propias.
Rofman concluye su análisis diciendo que «Todos estos cambios contribuyeron a debilitar la motivación original de este tipo de pensiones, ya que la dependencia económica ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo (aunque no ha desaparecido), en un contexto en el que las presiones fiscales ponen en discusión la sostenibilidad del sistema y sus impactos sobre los equilibrios macroeconómicos». Coincido con él con matices. La dependencia económica que justificaba y legitimaba a las pensiones por fallecimiento, antes que haber «ido disminuyendo», que puede ser así en algunos casos, en determinados momentos o en determinada coyuntura, en realidad ha ido mutando y esa mutación se expresa de muy diversas maneras. Por otro lado, debe analizarse y precisarse conceptos tales como «edad de participar en el mercado de trabajo» sin asumir realidades estáticas que no se reflejan en la realidad: Tales los casos que, como en un extremo es la desocupación e informalidad de los jóvenes, en el otro es el «edadismo» de quienes salen de la formalidad a edades maduras, pero aun demográficamente jóvenes, o las diferencias de acceso al mercado y remunerativas para las mujeres, la informalidad, etc.
Conviene subrayar que se trata de ejes para el análisis, no de una solución automática. Cada alternativa requiere definir a quién alcanza, qué necesidad procura cubrir, cómo se determina su duración y qué efectos distributivos y fiscales genera. En particular, hablar de personas «en edad de trabajar» no basta:hay que considerar las oportunidades reales de empleo, el desempleo, la informalidad, las barreras por edad, discapacidad, las desigualdades de género y las responsabilidades de cuidado sino también el impacto económico que tiene implícito, entre otros factores, el «déficit de tiempo» que genera esa desigualdad de base.
La comparación internacional puede enriquecer este examen. Los regímenes europeos presentan diseños diversos: algunos prevén prestaciones temporales o condicionadas; otros com binan modalidades temporales y vitalicias, y varios mantienen esquemas de mayor duración. La variedad confirma que no existe una única respuesta. Hay casos incluso en los que la pensión por fallecimiento ya no existe (Australia) Las experiencias comparadas deben examinarse con fuentes actualizadas y atendiendo a sus requisitos concretos antes de extraer conclusiones para la Argentina. (véase el cuadro comparativo del Anexo, Cuadro A.1). El análisis efectuado por Oficina de Presupuesto del Congreso, también aporta luz sobre la comparación de Argentina con otros países al reflejar las diferencias existentes de acuerdo a la realidad local de cada caso.
4. Qué muestran los datos argentinos
Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno, aunque por sí solas no determinan cuál es la política adecuada. Según el Informe n.º 6 de la serie «Seguridad Social en Perspectiva», publicado por la Subsecretaría de Seguridad Social en noviembre de 2025, cerca del 80 % de las personas consideradas percibía un único beneficio previsional; alrededor del 20 % cobraba dos, y una proporción muy reducida percibía más de dos. La distribución de las prestaciones se sintetiza en la Figura A.4.
El informe señala que la combinación más frecuente de dos prestaciones es la jubilación junto con una pensión. Este patrón aparece con mayor frecuencia entre mujeres de edades avanzadas, en un contexto marcado por una mayor expectativa de vida femenina y por la incidencia histórica de las pensiones por viudez.El documento también atribuye a las moratorias previsionales un papel importante en la expansión de los casos de doble prestación, al facilitar el acceso a una jubilación de personas que ya percibían una pensión.
Por su parte, los datos del SIPA correspondientes a junio de 2026 consignan 1.604.028 pensiones: 1.325.659 correspondientes a mujeres y 278.364 a varones, además de cinco registros consignados en la categoría «X». La distribución por edad muestra una concentración creciente en edades avanzadas, especialmente entre las mujeres. Estas cifras describen la población beneficiaria; no bastan, sin información adicional, para establecer por sí solas la situación económica de cada hogar ni el grado de dependencia existente. La comparación por sexo se representa en la Figura A.5; el detalle por edad se conserva en el Cuadro A.2.
La interpretación de estos datos depende del objetivo de la reforma. Si se busca reducir el gasto, el número de personas que cobran dos prestaciones no demuestra por sí solo que exista un ahorro socialmente conveniente al limitar una de ellas. Es necesario identificar quiénes perderían ingresos, si requerirían otra cobertura y qué costos se trasladarían a otros programas o al propio Estado.
Si el objetivo es mejorar la equidad, habrá que contrastar cada propuesta con la realidad del mercado laboral: informalidad, carreras contributivas incompletas, dificultades de acceso al empleo en edades tempranas y avanzadas, y desigualdades de género. Una medida puede reducir una partida presupuestaria y, al mismo tiempo, agravar la vulnerabilidad que el sistema debería prevenir.
5. Preguntas para una discusión necesaria
¿Deben revisarse los requisitos de acceso, el alcance y la duración de las pensiones por fallecimiento? Sí: son cuestiones legítimas y relevantes. Pero cualquier modificación debe tomar en cuenta la estructura familiar, el mercado de trabajo, las trayectorias contributivas y las capacidades efectivas de generar ingresos.
¿Limitar estas prestaciones produce necesariamente un ahorro para el Estado?No puede afirmarse sin analizar qué ocurre con las personas excluidas y si será preciso brindarles otra forma de protección. Si el resultado consiste apenas en trasladar el gasto de una partida presupuestaria a otra, el ahorro puede ser contable antes que real; y la política, ineficaz desde el punto de vista social.
La discusión no pertenece en exclusiva a la derecha ni a la izquierda. Reducirla a etiquetas impide examinar sus efectos. También el debate sobre un ingreso básico o universal depende, en buena medida, del nivel de protección que se garantice y de las alternativas reales con las que las personas puedan complementar ese piso.
Un ingreso mínimo demasiado bajo puede resultar insuficiente frente al costo de la salud, la mayor longevidad y las exigencias de una vida autónoma. A la vez, las propuestas que descansan en el ahorro individual presuponen empleos formales, ingresos suficientes, instrumentos accesibles y mecanismos confiables. Allí donde predominan la informalidad y la inestabilidad, esas condiciones no están garantizadas para todos.
Por eso, la reforma de las pensiones por fallecimiento debe formar parte de una conversación más amplia sobre el sistema previsional que la Argentina necesita. No alcanza con conservar sin cambios instituciones concebidas para otra sociedad; tampoco alcanza con recortarlas sin medir las consecuencias. La tarea es identificar las contingencias que merecen cobertura, definir reglas justas y financiables, y sostenerlas con evidencia y acuerdos democráticos.
La pregunta de fondo, entonces, no es cuánto puede reducirse una prestación, sino qué protección debe garantizar una sociedad cuando la muerte de quien aportaba al hogar altera de manera abrupta la vida de quienes quedan. Responderla exige algo más que una cuenta fiscal: exige una decisión sobre el tipo de comunidad que queremos construir. Lo contrario que se logra es tener una sociedad con la mayoría de su población con ingresos de mera subsistencia con la consiguiente secuela de descontento, de ruptura de los vínculos sociales y de los patrones de convivencia, poniéndose en riesgo la credibilidad de las instituciones.Y cuando no se cree en las instituciones, lo que está en grave riesgo es la república, la democracia, la paz social y la libertad en todas sus acepciones y con todos sus alcances.
Referencias consideradas en el texto.
1. Levy Economics Institute of Bard College, «Why time deficits matter: Implications for the measurement of poverty» (2012). https://www.levyinstitute.org/wp-content/uploads/2024/02/rpr_08_12.pdf .
2. Centro de Investigaciones Sociales, UADE, «La independencia se posterga: Casi la mitad de los jóvenes sigue viviendo con sus padres por razones económicas» (julio de 2026). https://www.uade.edu.ar/media/irfcwhef/informe-cis-situaci%C3%B3n-habitacional-subir.pdf .
3. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006); Resolución SSS n.º 30/2021. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/357727/norma.htm .
4. Rofman, Rafael, «El rol de la pensión de sobrevivencia en el sistema previsional argentino», Documentos de Políticas Públicas n.º 237, CIPPEC, mayo-junio de 2022. https://www.cippec.org/publicacion/el-rol-de-la-pension-de-sobrevivencia-en-el-sistema-previsional-argentino/ .
5. Subsecretaría de Seguridad Social, Secretaría de Trabajo. Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano «Acumulación de beneficios previsionales en el sistema argentino», Informe n.º 6 de la serie Seguridad Social en Perspectiva, noviembre de 2025. https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/serie-seguridad-social-en-perspectiva-documentos-para-re
ensar-el-sistema .
6. Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS), Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, datos del SIPA según sexo y edad, junio de 2026.
7. Andras Uthoff, clase abierta como Miembro de Honor de la Asociación Argentina de la Seguridad Social, 28 de septiembre de 2026 (https://www.asociacionss.org.ar).
8. OPC Oficina de Presupuesto del Congreso. Empleo y Previsión Social. Estudio comparativo internacional de sistemas previsionales (Octubre 2026). https://opc.gob.ar/empleo-y-prevision-social/estudio-comparativo-internacional-de-sistemas-previsionales/ .
ANEXO.Cuadros y gráficos del documento de trabajo original
Se incorporan materiales gráficos y tabulares para conservar su trazabilidad.
Figura A.1. Indicadores sociales comparados: América Latina y promedio OCDE. Presentación de Andras Uthoff para la Asociación Argentina de Seguridad Social (Septiembre 2026)
Figura A.2. Transformaciones demográficas, tecnológicas, climáticas y geopolíticas. Fuente: Andras Uthoff ídem Figura A-1
Figura A.3. Distribución por edad y sexo representada en el material original. Fuente: «Acumulación de beneficios previsionales en el sistema argentino», Informe n.º 6 de la serie Seguridad Social en Perspectiva, noviembre de 2025
Figura A.4. Distribución aproximada según cantidad de beneficios, de acuerdo con el informe citado en el artículo.
Figura A.5. Pensiones del SIPA según sexo, junio de 2026.
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(*) Abogado (UBA). Magister en Administración y Políticas Públicas (UdeSA). Ex Secretario de Seguridad Social del MTEySS (2020/2023).
