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Partes: Y. B. c/ Facebook Argentina S.R.L. s/ daños y perjuicios
Tribunal: Juzgado Federal de Mendoza
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: 2
Fecha: 10 de septiembre de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-161286-AR|MJJ161286|MJJ161286
Voces: REDES SOCIALES – DERECHO AL HONOR – DEBER DE PREVENCIÓN DEL DAÑO – ABUSO SEXUAL – SOBRESEIMIENTO – LEGITIMACIÓN PASIVA – EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN – LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se admite una acción preventiva de daños contra una red social ordenando que se incorpore en una publicación una leyenda informando el sobreseimiento definitivo del actor en causas penales por abuso sexual.
Sumario:
1.-La eliminación íntegra de la publicación no aparece como la primera ni única alternativa susceptible de satisfacer la finalidad preventiva, pues la conservación de los relatos y valoraciones vinculados con las denuncias, acompañada de información complementaria acerca del desenlace de las actuaciones penales, permite atender la situación actual mediante una intervención menos intensa sobre la libertad de expresión.
2.-La procedencia de la tutela no se sustenta en considerar falsas las denuncias ni ilícita la publicación al tiempo de su difusión, sino en ponderar sus efectos actuales frente a circunstancias sobrevinientes -sobreseimiento- jurídicamente relevantes.
3.-La naturaleza de tres de los pronunciamientos reviste particular significación, pues no se trata únicamente de procesos concluidos sin condena, sino de decisiones jurisdiccionales definitivas sustentadas en una causal que descarta la existencia del hecho investigado o su comisión por el actor.
4.-Corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que la sociedad local se presenta frente a terceros como la sede argentina de la red social, generando una apariencia de unidad, y la estructura societaria adoptada y la distribución interna de funciones no resultan suficientes para excluir su legitimación en procesos vinculados con el servicio brindado.
5.-La sociedad local no puede sustraerse a las mandas judiciales mediante la sola invocación de su falta de facultades técnicas sobre la plataforma, sino que debe arbitrar los medios a su alcance para posibilitar su cumplimiento, incluso mediante su comunicación interna.
6.-La determinación de cuál de las sociedades posee materialmente las herramientas necesarias para intervenir sobre los contenidos constituye una cuestión distinta de la aptitud de la sociedad local para integrar la relación jurídica procesal, sin que la distribución interna de competencias dentro del grupo empresario pueda ser trasladada a los terceros que procuran tutela jurisdiccional.
Fallo:
Mendoza, 11 de septiembre de 2026.
VISTOS: Los presentes autos FMZ 39327/2022, caratulados: «Y, B. c/ FACEBOOK ARGENTINA S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS» de cuyo estudio, RESULTA:
I.- Que se presenta, el Sr. B. Y. con el patrocinio letrado de la Dra. Bárbara Virginia Peñaloza, e interpone acción preventiva de daños, contra Meta Platforms Inc. y su filial argentina, Facebook Argentina S.R.L. para dé de baja en forma definitiva la publicación («escrache») que lo acusa falsamente de abuso sexual, la cual se encuentra identificada de manera específica bajo la URL exacta de Facebook (.) Relata que mantuvo una relación sentimental con J. T. entre 2014 y mayo de 2016, finalizada en buenos términos y que, a partir de 2018, luego de que la Sra. T. se vinculara con agrupaciones feministas y contactara a otras mujeres que habían mantenido relaciones con el actor, comenzaron a difundirse denuncias penales y publicaciones en redes sociales que lo señalaban como autor de abusos sexuales.
Sostiene que las denuncias penales concluyeron posteriormente con su sobreseimiento y que, pese a ello, permanece accesible en Facebook una publicación del 20 de mayo de 2019 que lo individualiza mediante su nombre y fotografía y destaca su condición de «imputado en tres causas por abuso sexual». Afirma que en febrero de 2020 intimó mediante cartas documento a Facebook S.R.L. para que eliminara esas publicaciones, pedido que fue rechazado.
Alega que la permanencia y difusión de ese contenido le ocasionó graves consecuencias personales, laborales y académicas, entre ellas su desvinculación como docente del Colegio Alberto Schweitzer, dificultades para entablar relaciones personales y la suspensión de sus estudios de Psicología en la Universidad Católica de Córdoba.
Finalmente, sostiene que las imputaciones difundidas son falsas y que fue sobreseído por el Primer Tribunal Colegiado, con fundamento en los arts.351 y 353, inc.
1, del CPP de Mendoza.
En razón de ello, y ante la imposibilidad de identificar al administrador del perfil que realizó la publicación, solicita que se ordene a Meta Platforms Inc. y Facebook Argentina S.R.L. su inmediata eliminación.
Aclara expresamente que esta acción no incluye ningún reclamo de indemnización económica (daños y perjuicios) contra Meta o Facebook, dado que su único interés y pretensión es de carácter preventivo: frenar el daño continuo que le impide trabajar, estudiar y socializar.
No obstante, advierte que si las demandadas no actúan con diligencia una vez que tengan el «conocimiento efectivo» a través de la correspondiente orden de remoción emitida por el Juez, sí incurrirán en responsabilidad civil subjetiva posterior.
Ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal A fs. 74, el actor amplía la demanda e incorpora como prueba la resolución de fecha 7 de septiembre de 2023, dictada por el Primer Tribunal Penal Colegiado en los autos P-55977/18 y P-40346/18, mediante la cual se dispuso su sobreseimiento respecto de los hechos allí investigados.
II.- A fs. 107/125, el Dr.Gonzalo García Delatour, apoderado de FACEBOOK ARGENTINA S.R.L., contesta demanda.
Como planteo preliminar y sin consentir la notificación de la demanda recibida el 19 de agosto de 2024, solicita que se declare su nulidad.
Sostiene que el traslado de la demanda se efectuó por carta documento, infringiendo de manera flagrante el artículo 136 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), el cual exige con carácter taxativo que este acto procesal de singular trascendencia constitucional se realice exclusivamente mediante cédula o acta notarial.
Destaca que las flexibilizaciones excepcionales autorizadas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 resultan inaplicables a la realidad actual, a lo cual se añade que la notificación omitió acompañar las copias del traslado exigidas por el artículo 120 del CPCCN.
Asimismo, opone la falta de legitimación pasiva de su mandante, fundándose en una imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a una eventual condena.
Explica que Facebook Argentina S.R.L. y Meta Platforms, Inc. (constituida bajo las leyes de Delaware, EE.UU) son personas jurídicas totalmente independientes, con personalidades y patrimonios diferenciados. Meta Platforms Inc. es la única entidad que opera, controla y administra el «Servicio de Facebook» a nivel global y para los usuarios en Argentina.
Agrega que, Facebook Argentina S.R.L.es una entidad comercial local cuyo objeto social registrado ante la IGJ está estrictamente limitado a servicios de soporte de comercialización, marketing, relaciones públicas y publicidad en redes sociales, careciendo por completo de atribuciones técnicas o legales para remover, bloquear o moderar contenidos en la plataforma.
Por lo tanto, considera que ordenar una remoción a la filial argentina constituiría una sentencia contra legem de cumplimiento imposible.
Aclara además que esta distinción no es una evasión de jurisdicción, dado que las propias Condiciones del Servicio de Facebook habilitan a los usuarios argentinos a demandar directamente a Meta ante los tribunales nacionales y bajo la ley local.
En consecuencia, plantea la excepción de falta de legitimación pasiva por haberse dirigido la demanda contra un sujeto ajeno a la relación litigiosa.
En subsidio, tras negar de manera general y particular todos los hechos invocados, solicita el rechazo de la acción con costas, argumentando que su representada no incurrió en conducta antijurídica; que no existe relación causal entre los daños alegados y su actividad; que no se acreditó culpa, dolo ni factor de atribución subjetivo conforme al precedente Rodríguez c/Google, Agrega que la eliminación forzada del contenido implicaría un acto de censura que compromete la garantía constitucional de la libertad de expresión (Art.14 CN y Ley 26.032).
Sostiene que, al tratarse de un «escrache» digital que expone una denuncia de abuso sexual y violencia de género, el discurso versa sobre un asunto de interés público y ese tipo de expresiones cuenta con una protección jurídica preferente bajo la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 debido a su carácter visibilizador para el debate público.
Solicita que la controversia debe analizarse a la luz de la doctrina de la real malicia (precedentes «Vago» y «Patitó» de la CSJN), la cual impone al demandante la carga de probar de manera inequívoca que el autor de la información actuó con dolo o grave negligencia sabiendo que la imputación era falsa.
Por otra parte, argumenta que un sobreseimiento penal firme dictado a posteriori no demuestra automáticamente la falsedad manifiesta de las publicaciones ni autoriza por sí mismo su bloqueo en sede civil, citando la jurisprudencia de las Salas II y III de la Cámara Civil y Comercial Federal en las causas «D. C., G. M.» y «L., M. G.». Como alternativa equilibrada que no violente la libertad de expresión, propone que el actor haga uso del derecho de réplica por los mismos canales virtuales.
Califica como una desmesura que el actor dirija la demanda contra un intermediario técnico sin haber intentado previamente identificar o demandar a la autora real de la publicación, quien es la única persona en condiciones de confrontar la veracidad o falsedad de los hechos denunciados y ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio.
Ofrece prueba, reserva el caso federal y solicita se rechace la demanda con costas.
III.- A fs. 126, se tiene por presentado a la demandada, se ordena correr traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva, y se tiene por contestada en tiempo y forma la demanda en subsidio.
A fs. 129, la actora contesta la excepción de falta de legitimación y se difiere su tratamiento para el momento procesal oportuno.
A fs.131, la demandada interpone recurso de reposición contra la resolución de fs. 129.
A fs. 142, el tribunal admite parcialmente la reposición; reconoce la personería por única vez conforme el art. 48 CPCCN; tiene por no presentado el punto B de la presentación del 10/09/2024 y ordena su exclusión al sentenciar; e impone costas por su orden A fs. 153, el tribunal declara que atento las constancias de la causa y siendo la prueba ofrecida por las partes documental agregada en autos, es innecesaria la apertura de la causa a prueba.
A fs. 156, se llaman autos para sentencia.
CONSIDERANDO:
I.- En primer lugar, he de señalar que sólo he de abordar los aspectos que entiendo decisivos para dilucidar la controversia, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos: 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077). El límite impuesto a la apreciación judicial está dado por la preservación de las garantías de «defensa en juicio» y «debido proceso legal» (art. 18 de la Constitución Nacional).
Asimismo que en virtud del carácter relativo que revisten las nulidades procesales (toda vez que el acto presuntamente viciado puede ser siempre convalidado por el consentimiento expreso o tácito de las partes), los litigantes han consentido los actos procesales cumplidos hasta el llamado para dictar la sentencia, toda vez que se hallan debidamente notificados de ellos conforme las disposiciones del digesto procesal nacional, y tal circunstancia surge de las constancias obrantes en el Sistema Lex 100.
Es así para evitar que el que solicita la nulidad elija la oportunidad en que alegue -o afirme- haber tomado conocimiento del vicio que invoca.
Igualmente se ha resuelto que el juzgador, no está obligado a ponderar todas las pruebas agregadas a la causa, sino únicamente aquellas que estime apropiadas para dirimir la controversia conforme dispone el art. 388 in fine CPCCN (conf. PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, T.V., pág.447 y nota no 63, que dice «CSN Fallos 250:36, 262:222; 265:252; 266:178, 268:364; CNCIV, sala A, La Ley , 112:492; sala B, La Ley 83:339; sala C, La Ley 110:553; Sala D, La Ley 103:49; sala E, La Ley 98:721 (4536-S); sala F, La Ley, 112:561; 131:1192 (18.218-S); CNFed., sala I Contenciosos Administrativo, Jur. Arg., 971-10, pág. 543; CNCom., sala A, Jur. Arg., 959-II, pág. 462; La Ley, 117:296; Sala B, La Ley 82:628; CNPaz, sala I, La Ley; 109:372; sala IV, El Derecho, 22:693; ST Jujuy, en pleno, La Ley; 150:723 (30.189-S).
II.- Corresponde abordar, en primer término, la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva opuesta por Facebook Argentina S.R.L., cuyo rechazo se anticipa.
La presente acción ha sido promovida por B. Y. con el objeto de obtener, en lo que aquí interesa, la remoción y el bloqueo definitivo de una publicación alojada en la red social Facebook que considera lesiva de su honor. Frente a dicha pretensión, Facebook Argentina S.R.L. sostiene que carece de legitimación para ser demandada, por tratarse de una persona jurídica distinta de Meta Platforms Inc., sociedad que —según afirma— opera, administra y controla técnicamente el servicio Facebook. Agrega que su objeto social está circunscripto a actividades de marketing y publicidad y que, por consiguiente, carece de facultades para remover contenidos de la plataforma.
Planteada así la cuestión, cabe señalar que este Tribunal ya tuvo oportunidad de expedirse sobre una defensa sustancialmente análoga en los autos FMZ 42934/2022, caratulados «F., M. c/ Facebook Argentina S.R.L.s/ Daños y Perjuicios». En aquella causa, mediante resolución del 26 de junio de 2023, se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por Facebook Argentina S.R.L., decisión que fue confirmada, en este aspecto, por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el día 22 de noviembre de 2023, adquiriendo firmeza al no haber sido cuestionada.
En dicho pronunciamiento, la Alzada ponderó la vinculación existente entre Facebook Argentina S.R.L. y Meta Platforms Inc., así como la interdependencia económica de las actividades desarrolladas por las distintas sociedades del grupo. Destacó que la sociedad local se presenta frente a terceros como la sede argentina de la red social, generando una apariencia de unidad, y concluyó que la estructura societaria adoptada y la distribución interna de funciones no resultan suficientes para excluir su legitimación en procesos vinculados con el servicio Facebook. En esa línea, sostuvo que la sociedad local no puede sustraerse a las mandas judiciales mediante la sola invocación de su falta de facultades técnicas sobre la plataforma, sino que debe arbitrar los medios a su alcance para posibilitar su cumplimiento, incluso mediante su comunicación interna a Meta Platforms Inc. cuando resulte necesaria su intervención.
Las razones expuestas resultan plenamente aplicables al caso desde que la mera circunstancia de que Facebook Argentina S.R.L.no posea, según afirma, el control
técnico directo de la plataforma podrá incidir en la modalidad de cumplimiento de una eventual decisión judicial, pero no basta para excluir su legitimación sustancial pasiva.
La determinación de cuál de las sociedades posee materialmente las herramientas necesarias para intervenir sobre los contenidos constituye una cuestión distinta de la aptitud de la sociedad local para integrar la relación jurídica procesal, sin que la distribución interna de competencias dentro del grupo empresario pueda ser trasladada a los terceros que procuran tutela jurisdiccional.
En consecuencia, no advirtiéndose circunstancias que justifiquen apartarse del criterio ya adoptado por este Tribunal y confirmado por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva opuesta por Facebook Argentina S.R.L.
III.- Resuelto lo anterior, corresponde delimitar los aspectos relevantes para la decisión.
No se encuentra controvertida la existencia de la publicación cuestionada, efectuada en Facebook el 20 de mayo de 2019, ni que B. Y. y J. T. mantuvieron una relación de pareja que finalizó en mayo de 2016. Tampoco se discute que el actor intimó extrajudicialmente a Facebook Argentina S.R.L. para obtener la eliminación del contenido y que dicho requerimiento fue rechazado.
De las constancias incorporadas surge, asimismo, que con motivo de distintas denuncias formuladas contra B. Y. Y. se tramitaron en la justicia provincial de Mendoza ocho expedientes penales.Tres de ellos, P-55977/18, P-40346/18 y P-40345/18,
concluyeron mediante resoluciones de sobreseimiento, mientras que los restantes, P- 40370/18, P-40381/18, P-65151/18, P-65125/18 y P-40344/18, fueron archivados por el
Ministerio Público Fiscal por falta de mérito para avanzar con una imputación.
En particular, los expedientes P-55977/18 y P-40346/18 fueron resueltos conjuntamente el 7 de septiembre de 2023, disponiéndose el sobreseimiento del actor
respecto de la totalidad de los hechos allí investigados; mientras que en el expediente P- 40345/18 se había dispuesto su sobreseimiento el 11 de agosto de 2022. Las restantes
actuaciones fueron archivadas el 4 de marzo de 2021, en los términos del art. 346 del Código Procesal Penal de Mendoza.
La pretensión reviste naturaleza exclusivamente preventiva y se dirige a obtener la remoción de una publicación que permanece accesible en Facebook, sin perseguir una reparación económica contra la plataforma. La controversia se concentra, entonces, en determinar qué incidencia corresponde atribuir al desenlace de aquellas actuaciones sobre la permanencia actual del contenido y si concurren los presupuestos para disponer alguna medida preventiva, ponderando los derechos personalísimos del actor y la libertad de expresión e información.
IV.- Considerando lo expuesto en el punto precedente, la pretensión debe examinarse a la luz de los arts. 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconocen a la prevención como una función autónoma del derecho de daños, particularmente relevante cuando se encuentran comprometidos derechos personalísimos, respecto de los cuales la reparación posterior puede resultar insuficiente para brindar una tutela efectiva.
Esta tutela encuentra, además, sustento específico en el art. 52 del Código Civil y Comercial, que faculta a la persona lesionada en su honra, reputación, imagen o dignidad a reclamar la prevención de los daños sufridos. Como señala Nicolau, dicha norma se integra con el régimen general de los arts.1710 y siguientes y adquiere especial relevancia frente a las afectaciones de derechos personalísimos producidas en entornos digitales (NICOLAU, Noemí Lidia, «Los derechos personalísimos en entornos digitales. El derecho al honor», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, «Persona y entorno digital» Tomo 2024 – 1, ps. 203 y ss.).
En particular, el art. 1711 establece que la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento, sin que resulte exigible la concurrencia de un factor de atribución. La tutela comprende, de este modo, tanto la evitación de un perjuicio aún no producido como el cese de una situación lesiva existente cuando sus efectos resulten susceptibles de continuar o agravarse.
La prevención presenta particularidades específicas cuando la afectación se produce a través de redes sociales, dado que la velocidad de circulación de los contenidos, su aptitud para alcanzar una difusión masiva, la interacción de un número indeterminado
de usuarios y la permanencia del material publicado pueden incrementar la propagación y persistencia de sus efectos y dificultar su posterior neutralización. De allí que la tutela preventiva constituya una herramienta especialmente relevante frente a afectaciones de derechos personalísimos producidas mediante estas tecnologías. (GALDÓS, Jorge M., «La prevención del daño en las nuevas tecnologías. La tutela preventiva en las redes sociales», EBOOK-TR 2021 TOBÍAS, 21/01/2021, p. 126, TR LALEY AR/DOC/3462/2020).
Ello no significa, sin embargo, que las características propias del medio digital justifiquen por sí mismas la restricción de contenidos.Las redes sociales constituyen también un ámbito particularmente relevante para el ejercicio de la libertad de expresión y la circulación de información, por lo que la tutela del honor, reputación, dignidad e imagen debe armonizarse con aquella garantía mediante una ponderación que atienda a las circunstancias concretas del caso y a la necesidad y proporcionalidad de la intervención judicial.
En tal sentido, Nicolau destaca que uno de los problemas más complejos de la tutela preventiva del honor reside precisamente en su frecuente colisión con la libertad de expresión, lo que exige recurrir a la ponderación para alcanzar un adecuado equilibrio entre los derechos comprometidos y evitar que la protección preventiva derive en una indebida censura previa.
En ese marco, dado que la acción promovida no procura establecer una responsabilidad resarcitoria sino hacer cesar los efectos que el actor atribuye a la permanencia de la publicación, la individualización de quien la efectuó y la acreditación concreta de los perjuicios laborales, académicos o personales invocados no resultan determinantes para decidir la tutela solicitada, sin perjuicio de que puedan ser valorados como elementos de contexto. Del mismo modo, la ausencia de un factor de atribución subjetivo respecto de Facebook Argentina S.R.L. no obsta, por sí sola, a su procedencia, desde que el art. 1711 expresamente prescinde de ese requisito.
La cuestión queda así circunscripta a determinar si la permanencia y accesibilidad actuales de la publicación configuran una situación susceptible de continuar o agravar la afectación de los derechos personalísimos del actor y, en su caso, cuál es la tutela que,
conforme a los criterios del art.1713 del Código Civil y Comercial, permite atender esa situación con la menor restricción po sible de la libertad de expresión.
La publicación cuestionada individualiza al actor mediante su nombre y fotografía y contiene, en caracteres especialmente destacados, la expresión «IMPUTADO EN TRES CAUSAS POR ABUSO SEXUAL». A ello se añade un texto atribuido a «compañeras denunciantes», en el que se relatan circunstancias vinculadas con las denuncias y las actuaciones judiciales.
Su contenido presenta dos dimensiones que corresponde diferenciar. Por una parte, contiene el relato y las valoraciones de quienes se presentan como denunciantes, expresiones vinculadas con una problemática de indudable relevancia social, como la violencia contra las mujeres. Por otra, incorpora como elemento central y visualmente predominante una referencia concreta a la situación procesal que revestía el actor al tiempo de su difusión.
De las constancias incorporadas surge que, con motivo de distintas denuncias formuladas contra B. Y. Y., se tramitaron en la justicia provincial de Mendoza ocho
expedientes penales. Tres de ellos: los expedientes P-55977/18, P-40346/18 y P- 40345/18, concluyeron mediante resoluciones de sobreseimiento, mientras que los cinco
restantes, expedientes P-40370/18, P-40381/18, P-65151/18, P-65125/18 y P-40344/18, fueron archivados por el Ministerio Público Fiscal por falta de mérito para avanzar con una imputación. En consecuencia, al momento de dictarse esta sentencia no subsiste ninguna de las actuaciones penales acreditadas en autos ni existe condena derivada de ellas.
La naturaleza de los primeros tres pronunciamientos reviste particular significación, pues no se trata únicamente de procesos concluidos sin condena, sino de decisiones jurisdiccionales definitivas sustentadas en una causal que descarta la existencia del hecho investigado o su comisión por el actor. En el expediente P-40345/18, incluso, el tribunal de alzada dejó sin efecto el sobreseimiento anteriormente dispuesto con fundamento en la causal de duda insuperable prevista por el art. 353 inc. 5 del CPPMza y dispuso, en su reemplazo, el sobreseimiento definitivo con sustento en el inc.1 de esa disposición.
El alcance que corresponde atribuir a esas decisiones exige, no obstante, particular cautela. Su dictado posterior no autoriza a considerar retroactivamente ilícitas las expresiones difundidas mientras las investigaciones se encontraban en trámite, ni permite extender sus efectos a las restantes denuncias que concluyeron mediante archivo.
Tampoco corresponde derivar de ellas, sin más, que quienes formularon las denuncias hubieran actuado falsamente, cuestión que excede el objeto de este proceso. Su relevancia se sitúa en un plano diferente: constituyen circunstancias sobrevinientes de especial entidad para ponderar los efectos actuales de una publicación que continúa asociando de manera destacada el nombre y la imagen del actor con una situación procesal que ya no subsiste.
En este sentido, resulta especialmente relevante lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en «R., F. F. R. c/ Facebook Argentina S.R.L. y otro s/ medida autosatisfactiva», causa n.° 60.489/2024, del 02 de septiembre de 2026.
Allí se revocó la desindexación de publicaciones vinculadas con denuncias de abuso sexual respecto de una persona posteriormente absuelta, destacándose que la absolución no podía operar retroactivamente para convertir en ilícitas expresiones que, al momento de ser formuladas, daban cuenta de la existencia de una denuncia y de un proceso penal efectivamente en trámite. La Sala señaló, además, que aquel pronunciamiento penal no equivalía por sí mismo a una declaración de falsedad de los hechos denunciados y ponderó la especial protección que corresponde a las manifestaciones vinculadas con denuncias de violencia contra las mujeres.
Este precedente impide sustentar la tutela en el solo hecho de que las actuaciones penales hayan concluido posteriormente de manera favorable al actor, pero no torna irrelevante la naturaleza concreta de las decisiones recaídas.En el presente caso, tres de los procesos culminaron mediante sobreseimientos definitivos fundados en una causal que descarta la existencia del hecho investigado o su comisión por Y., circunstancia que otorga particular entidad al desenlace penal al momento de ponderar los efectos actuales de la publicación, sin que ello importe atribuirle eficacia retroactiva sobre la licitud de su difusión originaria.
A ello se añade que el precedente citado fue resuelto en el marco de una medida autosatisfactiva, respecto de la cual la Sala destacó su carácter excepcional y la consiguiente necesidad de exigir un grado particularmente intenso de verosimilitud. La presente controversia, en cambio, se decide mediante sentencia definitiva en una acción preventiva fundada en los arts. 1710 a 1713 del Código Civil y Comercial, luego de sustanciado el contradictorio.
Tampoco se encuentra aquí comprometido, en sentido propio, un supuesto de «derecho al olvido». La Corte Federal examinó esa problemática en «DENEGRI, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/ derechos personalísimos: acciones relacionadas» (Fallos:
345:482), donde rechazó una pretensión dirigida a limitar el acceso a información veraz vinculada con hechos de interés público por el solo transcurso del tiempo, destacando que el agravio o mortificación que aquella pudiera ocasionar no constituye, sin más, fundamento suficiente para restringir su circulación.
El supuesto aquí examinado presenta características diferentes desde que no se procura desvincular el nombre del actor de acontecimientos pretéritos por el mero transcurso del tiempo ni eliminar todo registro histórico acerca de las denuncias o actuaciones penales en las que intervino sino que la cuestión reside en determinar si corresponde adoptar alguna medida respecto de una publicación específica, actualmente accesible, que lo identifica mediante su nombre y fotografía y destaca una situación procesal que posteriormente dejó de subsistir respecto de la totalidad de las actuaciones acreditadas.
La respuesta exige, asimismo, una especial ponderación de la libertad de expresión. La Corte Suprema ha destacado en «RODRÍGUEZ, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios» (Fallos:337:1174) la especial protección constitucional que corresponde reconocer a la circulación de información a través de Internet y la consecuente cautela con que deben examinarse las decisiones judiciales susceptibles de limitarla. En igual sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, en «C., F. c/ Facebook Argentina S.R.L. s/ Habeas Data» (FLP 7640/2019/CA1, 11/06/2020), y la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en «González Otamendi, Cristian Nicolás Emmanuel c/ Facebook Argentina S.R.L. y otro s/ Hábeas
Data» (FBB 12042/2019/2/CA1, 01/07/2021), han puesto de relieve la especial cautela que exige la adopción de medidas judiciales de supresión o bloqueo cuando se encuentran involucradas expresiones vinculadas con denuncias de violencia contra las mujeres.
Debe considerarse también que la publicación contiene comentarios posteriores de distintos usuarios que hacen referencia al desenlace favorable de algunas de las actuaciones. Esa circunstancia atenúa la afectación invocada, pero no la neutraliza, pues se trata de manifestaciones efectuadas por terceros, situadas en un plano secundario y cuya visualización depende de la dinámica propia de la plataforma, mientras que la referencia a la condición de «imputado» integra el elemento principal y visualmente predominante del contenido.
La circunstancia de que la publicación se encuentre fechada el 20 de mayo de 2019 permite situarla temporalmente y comprender el contexto en que fue difundida. Sin embargo, ello no impide ponderar, a los fines propios de la acción preventiva, su permanencia y accesibilidad actuales juntamente con el posterior desenlace de las actuaciones penales.
En tales condiciones, la procedencia de la tutela no se sustenta en considerar falsas las denuncias ni ilícita la publicación al tiempo de su difusión, sino en ponderar sus efectos actuales frente a circunstancias sobrevinientes jurídicamente relevantes. Entre ellas adquiere particular significación que todas las actuaciones se encuentren concluidas y que, respecto de las tres que alcanzaron decisión jurisdiccional, hayan recaído sobreseimientos definitivos sustentados en la causal prevista por el art.353 inc. 1 del CPPMza. Este desenlace no constituye una fuente de ilicitud retroactiva, pero sí un elemento relevante para determinar, conforme a los arts. 1711 y 1713 del Código Civil y Comercial, si corresponde adoptar una solución que permita que quienes actualmente accedan a la publicación conozcan también aquella información.
Establecido ello, corresponde determinar el alcance de la tutela conforme a los criterios de menor restricción posible y medio más idóneo establecidos por el art. 1713.
Esta exigencia adquiere particular intensidad cuando, como ocurre en el caso, la intervención judicial incide sobre contenidos amparados por la libertad de expresión. La doctrina coincide en esta orientación al señalar que, cuando se habilita una acción
preventiva, la medida adoptada debe importar «la menor restricción posible» de los derechos con los que colisiona el derecho del solicitante, pauta que adquiere especial significación cuando se enfrentan el honor y la libertad de expresión en Internet.
(NICOLAU, Noemí Lidia, «Los derechos personalísimos en entornos digitales. El derecho al honor», ob. cit., ps. 203 y ss.) Desde esa perspectiva, la eliminación íntegra de la publicación no aparece como la primera ni única alternativa susceptible de satisfacer la finalidad preventiva. La conservación de los relatos y valoraciones vinculados con las denuncias, acompañada de información complementaria acerca del desenlace de las actuaciones penales, permite atender la situación actual mediante una intervención menos i ntensa sobre la libertad de expresión. La incorporación de esa información no responde a que su ausencia convierta retroactivamente en ilícita la publicación originaria, sino a la necesidad de establecer, frente a su persistencia actual, una modalidad de tutela que permita contextualizar la situación procesal del actor sin suprimir las restantes expresiones protegidas.
Esta solución toma en consideración la pauta de proporcionalidad ponderada en «Roppi», donde la Sala II valoró la posibilidad de comunicar por los mismos canales el resultado del proceso penal como una alternativa relevante frente a la supresión del contenido.Sin embargo, trasladar exclusivamente al actor la carga de efectuar una publicación autónoma no asegura que quienes accedan al contenido cuestionado tomen conocimiento de ella, particularmente cuando su nombre, fotografía y situación procesal aparecen integrados de forma destacada en la publicación original.
En este punto resulta pertinente lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en «QUINTEROS, Héctor Andrés c/ Facebook Argentina S.R.L. s/ Amparo Ley 16.986» (FLP 25923/2017/CA1, 8/5/2018). Allí, el juez de primera instancia había ordenado a Facebook Argentina S.R.L. que arbitrara los medios necesarios para consignar en la publicación cuestionada que la información se encontraba sometida a un proceso judicial. Al recurrir, la demandada sostuvo que la orden de editar la publicación debía dirigirse a su autor. La Cámara señaló, sin embargo, que Facebook Argentina S.R.L. «no puede eludir las mandas judiciales impuestas alegando que carece
de facultades para ello», y que debe hacer conocer y cumplir las resoluciones judiciales notificadas en el domicilio constituido en el país.
El precedente permite distinguir, así, el deber jurídico de arbitrar los medios necesarios para cumplir una orden judicial de la concreta modalidad técnica mediante la cual aquella debe instrumentarse. Si bien la distribución interna de funciones dentro del grupo empresario no basta para sustraer a Facebook Argentina S.R.L. del cumplimiento de la manda, ello no permite presumir que la plataforma disponga de herramientas para modificar una publicación efectuada por un tercero o incorporar directamente expresiones ajenas a su autor. La existencia de facultades de moderación, bloqueo o remoción tampoco demuestra, por sí sola, la posibilidad de editar contenidos.
Por ello, la tutela debe establecer el resultado preventivo que se procura alcanzar sin imponer una modalidad técnica cuya disponibilidad no se encuentra acreditada.
Facebook Argentina S.R.L.deberá arbitrar, incluso a través de las comunicaciones y gestiones que resulten necesarias ante Meta Platforms Inc., los medios técnicamente disponibles para incorporar, sin alterar el contenido atribuible a su autor, una leyenda directamente vinculada a la publicación, visible y suficientemente accesible para quien la consulte.
La leyenda deberá limitarse a informar objetivamente el sobreseimiento definitivo del actor en las actuaciones penales individualizadas, el fundamento legal y el carácter firme de esos pronunciamientos, con el alcance y en los términos que se precisarán en la parte resolutiva, sin efectuar valoraciones sobre las denunciantes ni calificar como falsas las denuncias formuladas.
Considero que esta es la solución que mejor concilia los derechos en juego, pues preserva las expresiones originalmente difundidas y, al mismo tiempo, permite que quien acceda actualmente a la publicación conozca el desenlace posterior de las actuaciones penales.
Ahora bien, si Facebook Argentina S.R.L. acreditara que esa solución no resulta técnicamente posible, corresponderá disponer el bloqueo o remoción de la publicación.
Esta consecuencia tendrá carácter subsidiario y no obedecerá a considerar ilícito el
contenido al momento de su difusión, sino a la imposibilidad de alcanzar la finalidad preventiva mediante una alternativa menos restrictiva.
La tutela dispuesta tiene un alcance estrictamente circunscripto, pues se limita al posteo individualizado en la demanda, sin imponer a la plataforma un deber general de monitoreo, extenderse a futuras publicaciones ni procurar la eliminación de todo contenido relativo al actor o a las denuncias, y prevé su bloqueo o remoción únicamente en forma subsidiaria, ante la imposibilidad acreditada de implementar la alternativa prioritaria.
Tampoco vulnera el principio de congruencia, ya que, si bien el actor solicitó la eliminación del contenido, el art.1713 autoriza al juez a establecer obligaciones de dar, hacer o no hacer, atendiendo a la menor restricción posible y al medio más idóneo para asegurar la eficacia de la tutela; de modo que la decisión mantiene el objeto y la finalidad preventiva de la pretensión, pero adopta prioritariamente una solución menos restrictiva que la supresión solicitada.
En definitiva, ponderados el derecho al honor y reputación del actor, la libertad de expresión e información, la especial protección de los discursos vinculados con denuncias de violencia sexual y el alcance específico de las decisiones que pusieron fin a las actuaciones penales acreditadas, corresponde hacer lugar a la acción preventiva en los términos señalados en este considerando.
V.- Costas Las particulares circunstancias del caso justifican apartarse del principio objetivo de la derrota, pues la controversia exigió ponderar derechos de jerarquía constitucional y la solución adoptada resulta de una valoración conjunta de las circunstancias acreditadas, estableciendo una modalidad de tutela distinta de la eliminación pretendida. En tales condiciones, corresponde imponer las costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).
VI.- Honorarios.
En cuanto a la regulación de honorarios, corresponde aplicar la Ley 27.423, toda vez que las tareas profesionales objeto de regulación fueron desarrolladas durante su vigencia.
Atento a que el presente proceso carece de monto susceptible de apreciación pecuniaria, la retribución profesional debe determinarse conforme a las pautas cualitativas previstas por la Ley 27.423, ponderando la naturaleza y complejidad del asunto, la responsabilidad profesional asumida, la trascendencia jurídica, económica y moral de la cuestión debatida y la incidencia de la labor desarrollada en la solución del litigio (arts. 16, incs. a y g; 19 y 21, anteúltimo párrafo).
Asimismo, corresponde considerar la pauta establecida por el art. 58, inc. b, de la Ley 27.423, que fija para los procesos ordinarios un mínimo de diez (10) UMA.A tal efecto, se toma como referencia el valor de la UMA vigente a partir del 1 de junio de 2026, fijado en $102.076 (conf. Resolución SGA N.o 1785/2026 y Acordada CSJN N.o 17/2026).
Sobre tales bases, y ponderadas las restantes pautas previstas por el art. 16 de la Ley 27.423, corresponde determinar los honorarios profesionales de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la cuestión debatida, la extensión y calidad de las tareas desarrolladas y el resultado obtenido. A los emolumentos así determinados corresponde adicionar el cuarenta por ciento (40 %) previsto por el art. 20 de la Ley 27.423, en razón de la actuación de los profesionales en el doble carácter de apoderados y patrocinantes.
En consecuencia, corresponde regular los honorarios profesionales de la Dra.
Bárbara Virginia Peñaloza, por su actuación en representación de la parte actora vencedora y en doble carácter, en la suma de $1.714.877, equivalente a 16,8 UMAs; y los del Dr. Gonzalo García Delatour, por su actuación en representación de la parte demandada vencida y en doble carácter, en la suma de $1.429.064, equivalente a 14 UMAs.
A los fines de su pago definitivo y cancelatorio, deberá abonarse la cantidad de moneda de curso legal equivalente a las UMA reguladas, según el valor vigente al momento del efectivo pago, conforme lo dispuesto por el art. 51 de la Ley 27.423.
Por lo expuesto, RESUELVO:
I.- RECHAZAR la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por FACEBOOK ARGENTINA S.R.L., por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.
II.- HACER LUGAR a la acción preventiva de daños promovida por B. Y. Y. contra FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.y, en consecuencia, ORDENAR a la demandada que arbitre, incluso a través de las comunicaciones y gestiones que resulten necesarias ante Meta Platforms Inc., los medios técnicamente disponibles para que, respecto de la publicación efectuada el 20 de mayo de 2019 por el perfil «Aquelarre Agrupación Feminista», individualizada en la demanda por el enlace allí consignado y sin alterar su contenido original, se incorpore de manera directamente vinculada, visible y suficientemente accesible la siguiente leyenda:
«INFORMACIÓN INCORPORADA POR ORDEN JUDICIAL: Por sentencia del Juzgado Federal n° 2 de Mendoza se hace saber que B. Y. Y. fue sobreseído definitivamente en los expedientes P-40345/18, caratulado: ‘F. y Quer. Part. c/ Y. Y., B. p/ abuso sexual agravado.’, y P-55977/18 y su acumulado P-40346/18, caratulado: ‘F. c/ B. Y. Y. p/ abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo del Código Penal)’, con fundamento en los arts. 351 y 353 inc. 1° del Código Procesal Penal de Mendoza, causal que contempla que el hecho investigado no se cometió o no fue cometido por el imputado. El primer pronunciamiento fue dictado el 11 de agosto de 2022 por el Primer Tribunal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y el segundo, el 07 de septiembre de 2023 por el Juzgado Penal Colegiado n° 2 de la misma circunscripción. Ambos se encuentran firmes.» En caso de acreditarse suficientemente en autos la imposibilidad técnica de incorporar dicha leyenda en las condiciones indicadas deberá procederse, subsidiariamente, al bloqueo o remoción de la referida publicación. Todo ello deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días de quedar firme la presente sentencia (arts.
52, 1711 y 1713 del Código Civil y C omercial de la Nación).
III.- IMPONER las costas en el orden causado, por las razones expuestas en el considerando V (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).
IV.- REGULAR los honorarios profesionales de los letrados en estos obrados.
Por la parte actora vencedora a la Bárbara Virginia Peñaloza, en el doble carácter en la suma de XXX equivalente a 16.8 UMAs y por la parte demandada vencida al Dr Gonzalo García Delatour, en el doble carácter en la suma de XXX equivalente a
14 UMAs. Para que el pago sea definitivo y cancelatorio, se deberá abonar la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA fijadas en este resolutivo, según su valor vigente al momento del pago (cfr. art. 51 de Ley 27423).
Protocolícese. Notifíquese.
RAM
Pablo Oscar Quirós Juez Federal


