#Doctrina: Actuales debates bajo la Ley 27.801. Análisis de las primeras sentencias (edad de punibilidad, cautelaridad y derecho transitorio)

Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.


Autor: Ramos, Elbio R.

Fecha: 26-10-2026

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-19040-AR||MJD19040

Sumario:
I. Introducción. II. El corpus analizado. III. ¿Puede suspenderse la ley por vía cautelar? IV. El control de constitucionalidad del art. 1º de la ley 27.801. V. La privación de libertad durante el proceso. VI. Derecho transitorio y ley más benigna. VII. Conclusiones. Anexo. Resoluciones analizadas.

Doctrina:
Por Elbio R. Ramos (*)

«Se alienta a los Estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo. [.] Por consiguiente, el Comité encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención». (Observación General nº 24 «Los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil», Comité de los Derechos del Niño, 2019, párr. 22) (1).

I. INTRODUCCIÓN

Como bien sabemos, la ley 27.801 (B.O. 9/3/26) derogó la vetusta ley 22.278 y entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026. Con ella se cerró un largo debate legislativo, pero a su vez se abrió, en los tribunales, otro no menos intenso que en las últimas semanas ha ocupado a la opinión pública.

Asuntos como a partir de qué edad y bajo qué condiciones puede un adolescente ser sometido a un proceso penal y, eventualmente, a una pena, o si se debe permitir la vigencia de una ley cuando las condiciones materiales de su cumplimiento no están dadas; o bien, bajo cuales circunstancias cabe privarlo preventivamente de su libertad, han sido objeto de marchas y contramarchas en la jurisprudencia, a pocos días de entrar en vigor el nuevo régimen penal juvenil.

La reforma extendió la responsabilidad penal juvenil a los adolescentes de catorce y quince años -hasta entonces no punibles-, la aplicó a todos los delitos del Código Penal y sustituyó las escalas de adultos por un catálogo propio de respuestas de naturaleza penal con orientación socio educativa (arts.4º, 11 y 12).

Fijó, además, en su artículo 5º, que toda injerencia sobre el adolescente debe ser indispensable, proporcional y la menos lesiva de las alternativas disponibles.

A poco de su entrada en vigencia, los tribunales de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, de la Ciudad Autónoma y de la justicia nacional resolvieron ya cuatro cuestiones de fondo:

– si un juez puede suspender la ley por vía cautelar;

– si el art. 1º, que fija en catorce años la edad mínima de punibilidad, es inconstitucional;

– cuándo procede la privación de libertad durante el proceso;

– y qué régimen rige los hechos anteriores al 5 de septiembre.

En esta comunicación interesa analizar dieciséis resoluciones dictadas entre el 3 de septiembre y el 12 de octubre de 2026 (2), agrupadas por problemas y no por fecha.

Dejaremos para más adelante efectuar un análisis sobre el impacto de la política criminal que motivó la reforma en la decisión de los tribunales así como de sus efectos sobre la infraestructura de los dispositivos de encierro. Aún nos falta masa crítica para tal tarea.

La tesis que recorre estas notas es que la jurisprudencia inicial converge en un punto y se divide en otro. Converge en que el art. 1º no puede descalificarse en abstracto ni por vía cautelar general: la edad de punibilidad se considera una opción de política criminal del Congreso (art. 75, inc. 12 , CN).

Se divide, en cambio, en el modo de aplicar las garantías propias del régimen especial: la privación cautelar de libertad, la ley más benigna y el alcance de institutos clásicos, como el juicio abreviado, frente a un catálogo de respuestas nuevo.

Por la edad de los imputados, hemos reemplazado sus nombres por iniciales.Los tribunales se citan por su denominación y fecha, y los magistrados por su nombre cuando integran el razonamiento que se analiza.

LOS PRECEDENTES DE BASE

Las resoluciones que analizamos invocan, con suerte distinta, tres precedentes que conviene tener presentes antes de ingresar al conjunto jurisprudencial; son los casos «Maldonado» y «García Méndez», de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el caso «Mendoza», de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un brevísimo repaso de los mismos viene bien a los fines de estas líneas:

«Maldonado» (CSJN, 7/12/05). Un joven de dieciséis años había sido condenado por un robo con armas y un homicidio a catorce años de prisión, con aplicación de la escala de la tentativa. La Casación elevó la pena a prisión perpetua, apoyándose en el fracaso del tratamiento tutelar y en otra causa en trámite, ya como mayor de edad. La Corte dejó sin efecto esa sentencia con cuatro ideas centrales: la inmadurez emocional del adolescente impone que la respuesta estatal sea menor que la correspondiente a un adulto en igualdad de circunstancias; la «peligrosidad» no puede fundar la pena; un proceso en trámite no puede agravarla, a la luz de la presunción de inocencia; y la «necesidad de la pena» del art. 4º de la ley 22.278 no equivale a la gravedad del hecho, sino que se orienta a la resocialización y exige ponderar los efectos nocivos del encierro (3).

«García Méndez y otra» (CSJN, 2/12/08). La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal había declarado inconstitucional el art. 1º de la ley 22.278 en cuanto permitía privar de la libertad a menores inimputables, y dispuesto medidas de alcance general. La Corte revocó esa sentencia. Reconoció una «fuerte tensión» entre la Convención sobre los Derechos del Niño y el régimen de la ley 22.278, pero recordó que no es propio del cometido del Poder Judicial (art.116 CN) dictar una sentencia general derogatoria e implementar un mecanismo de reemplazo. Exhortó al Congreso a adecuar la legislación en un plazo razonable, a los poderes ejecutivos a desarrollar políticas para evitar la judicialización de los niños no punibles, y a los jueces a revisar periódicamente las internaciones y a priorizar alternativas (4).

«Mendoza y otros v. Argentina» (Corte IDH, 14/5/13). El tribunal interamericano declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por las penas de prisión y reclusión perpetuas impuestas a cinco personas por delitos cometidos siendo niños, con fundamento en la ley 22.278. Entendió vulnerados, entre otros, los derechos a la integridad y a la libertad personal, leídos a la luz de los derechos del niño, las garantías judiciales y el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. Entre las reparaciones ordenó que no se impongan penas perpetuas a niños, que se revisen las ya impuestas y que se adecue el régimen penal juvenil a los estándares internacionales (5).

Los tres fallos expresan una lectura común: la respuesta penal a un adolescente debe ser distinta y menos severa que la de un adulto, y la reforma del sistema es tarea del legislador.

Quizá por eso ambas líneas se invocan hoy en direcciones opuestas. Algunas de las resoluciones reseñadas entienden que la ley 27.801 viene a saldar una deuda del Estado con el derecho convencional, mientras que otras recurren a «Mendoza» al desarrollar el interés superior del niño. Nos limitamos aquí a exponer los precedentes, y el modo en que se los emplea se verá reflejado en cada eje.

II.EL CORPUS ANALIZADO

Las dieciséis resoluciones provienen de catorce órganos (la nº 7 y la nº 14 son del mismo juzgado, y la nº 10 y la nº 15, de la misma sala) de tres jurisdicciones (provincial, con órganos de Buenos Aires y de Santa Fe; porteña; y nacional).

El orden cronológico está al servicio del análisis general y de la temática en particular que se aborda en los parágrafos siguientes, y al solo efecto de dar cuenta de los pronunciamientos empleados, cuyos autos se podrán leer en el anexo.

 

III. ¿PUEDE SUSPENDERSE LA LEY POR VÍA CAUTELAR?

El 7 de septiembre de 2026, dos días después de la entrada en vigencia de la ley, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2 de Lomas de Zamora suspendió su aplicación en toda la Provincia por sesenta días (res. nº 1). La medida se dictó en un hábeas corpus preventivo y colectivo, promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de libertad en el ámbito provincial.

La jueza no declaró la inconstitucionalidad de la ley; decidió remitir esa discusión a cada caso y limitó la pregunta a si la aplicación inmediata del régimen podía causar «una lesión grave, actual o inminente» a los adolescentes detenidos.

La respuesta fue afirmativa, con un argumento de sentido común: la ley amplía el universo de punibles (catorce y quince años), elimina la exclusión de los delitos leves y habilita la escala plena del Código Penal, de modo que aumentará los ingresos y la permanencia en dispositivos que no podrían absorberlos. Ella misma había limitado a sesenta el cupo del centro de Lomas de Zamora por no cumplir los estándares mínimos, y consideró contradictorio rechazar la cautelar y mantener esa limitación. Invocó el principio precautorio:el Poder Judicial «no puede esperar a que la violación de derechos se produzca».

El Ministerio Público Fiscal recurrió la resolución de la Dra. Pascual, y a su turno la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (jueces Navascés y Alberdi) revocó la medida el 15 de septiembre.

Su fundamento es institucional y se apoya en cuatro ideas:

– Las leyes sancionadas regularmente gozan de presunción de legitimidad, y solo pueden neutralizarse mediante una declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto.

– Una cautelar, provisoria y dictada sin oír a la contraparte, no puede suspender una ley entera. La Cámara cita el precedente «Thomas» (CSJN-Fallos, 333:1023) (6): en el modelo difuso argentino «ningún juez» puede hacer caer una norma con efectos erga omnes, y menos aún en una medida cautelar (7).

– La política criminal pertenece al Legislativo, y el art. 1º de la Constitución Nacional veda prescindir de una ley vigente «so pretexto» de su injusticia o desacierto (8).

– El riesgo invocado era una hipótesis futura, sin afectación acreditada sobre ningún adolescente concreto.

La Cámara aclaró que no minimizaba la situación de los detenidos: si sus condiciones se agravan, corresponde al juez a cuya disposición están ordenar medidas urgentes «dentro del marco de la ley vigente», y exhortó a la administración a proveer los recursos necesarios. Ordenó además que la jueza revise su competencia, porque no advirtió conexidad con el hábeas corpus HC-94, circunscripto a las condiciones de detención del Centro de Recepción de Lomas de Zamora.

Es importante señalar que los dos fallos no discuten exactamente el mismo punto. El primero afirma un deber estatal de prevención sobre las condiciones de encierro; el segundo responde que ese deber se cumple caso por caso y no suspendiendo una ley nacional.La consecuencia práctica es que el reclamo por la infraestructura no desaparece, sino que cambia de vía y pasa a los jueces de cada joven detenido, a quienes se traslada la carga de acreditar el agravamiento, sin que la Cámara indique qué evidencia bastaría (9). De este modo se elude el tratamiento más a fondo del principio precautorio que la jueza de primera instancia invocó en beneficio de los menores internados en institutos penales bonaerenses.

IV. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1º DE LA LEY 27.801

La cuestión acerca de la inconvencionalidad de la baja de edad penal a 14 años es el problema que más resoluciones suscitó (nº 3, 5, 6, 7, 8 y 13) y el único en que un tribunal declaró la invalidez de la norma. En todos los casos la defensa pública invocó, con variantes, el mismo argumento: al bajar la edad de punibilidad de dieciséis a catorce años el Estado incurrió en regresividad, en contra del art. 26 de la CADH, del art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional y de la Observación General nº 24 del Comité de los Derechos del Niño (en adelante, OG 24).

EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD

De manera previa, conviene precisar de qué hablamos cuando se invoca este principio. Su fuente es el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.

Del deber de progresividad la doctrina deriva su contracara: la prohibición de adoptar medidas que empeoren, sin justificación suficiente, el nivel de goce de un derecho ya reconocido. El Comité DESC lo expresó en la Observación General nº 3: las medidas deliberadamente regresivas requieren la consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente (10).

En el sistema interamericano se lo vincula con el art. 26 de la CADH y con el Protocolo de San Salvador, y en el orden interno con el art. 75, inc. 22, y con los incs.19 y 23 de la Constitución Nacional. Este último, vale notarlo, menciona expresamente a los niños entre los destinatarios de las medidas de acción positiva.

La doctrina nacional lo ha desarrollado, sobre todo, a partir de Abramovich y Courtis y de la obra colectiva coordinada por este último (11). Sus rasgos principales son tres: la prohibición alcanza a las normas y a las políticas, y no solo a las medidas de hecho; no es absoluta, porque admite ser justificada; y, cuando se verifica un retroceso, la carga de justificarlo recae sobre el Estado, con un escrutinio que se asemeja a un juicio de proporcionalidad agravado.

Courtis nos ilustra: «Para empezar, es útil distinguir dos nociones posibles de regresividad. Por un lado, es posible aplicar la noción de regresividad a los resultados de una política pública (regresividad de resultados). En este sentido, la política pública desarrollada por el Estado es regresiva cuando sus resultados hayan empeorado la situación de las personas en relación con un punto de partida elegido como parámetro. Esta aplicación de la noción de regresividad requiere, por ende, indicadores o referencias empíricas. Por otro lado, la noción de regresividad puede aplicarse a normas jurídicas:es decir, se refiere a la restricción de los derechos concedidos por una norma (regresividad normativa). En este sentido -no empírico sino normativo-, para determinar que una norma es regresiva, es necesario compararla con la norma que ésta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior» (12).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo asumió como «principio arquitectónico» del derecho internacional de los derechos humanos y como regla que emerge del propio texto constitucional, que «veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas» («Aquino», voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni; «Sánchez», voto del juez Maqueda). Lo aplicó en materia previsional y laboral («Milone»; «A.T.E.», donde exigió que las medidas regresivas se justifiquen plenamente) y también en materia ambiental (13).

De ese recorrido surgen los dos interrogantes que las resoluciones dejan planteados. El primero es de alcance: el principio nació en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y la nº 6 recoge el argumento de que no está claro que abarque todos los derechos humanos.

El segundo es de objeto: para que haya regresión debe existir un derecho que la norma disminuya. Así, la defensa y la sentencia nº 3 lo identifican en la protección integral de quien, por su edad, queda fuera del sistema penal; la Sala III y las resoluciones bonaerenses exigen demostrarlo, y entienden que un régimen legal derogable no equivale a una garantía convencional indisponible.

A ello se suma una cuestión de método, que las resoluciones apenas rozan: si, como sostiene la doctrina, quien innova debe justificar el retroceso, la carga de la prueba se invierte respecto de la que aquí se le impuso a quien impugna la ley.

Volveremos sobre estas tensiones al analizar cada fallo.

La única declaración de inconstitucionalidad (res. nº 3). El 21 de septiembre de 2026 el Juzgado PJCyF nº 3 de la Ciudad declaró inconstitucional el art.1º «en el caso concreto» respecto de M.I.A., de catorce años, acusado de tentativa de robo. Su itinerario recala en cuatro puntos:

1. Ejerce el control de convencionalidad, y reconoce que la declaración de inconstitucionalidad es de última ratio.

2. Sostiene que la regresividad no se juzga en abstracto sino en el caso, a la luz del interés superior y de la proporcionalidad. Cita la OG 24, que «insta» a no reducir edades superiores a los catorce años, y las observaciones finales al Estado argentino de 2018 y 2024, que recomendaron mantener los dieciséis (14).

3. Aplica ese criterio al hecho: un robo sin consumar, «burdo y torpe», sin lesión física, cometido por un adolescente de catorce años que vive en condiciones de vulnerabilidad social. Concluye que someterlo a pena no es «razonable ni proporcionado».

4. Sobresee por no punible (art. 1º, ley 22.278) y requiere la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño, como organismo de protección.

La jueza descartó expresamente que se trate de un «derecho a la impunidad»: lo debatido, dijo, es si se habilita la aplicación de pena y el proceso penal juvenil.

La revocación (res. nº 5). El 25 de septiembre de 2026 la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones revocó el pronunciamiento y apartó a la jueza. El voto del juez Mahiques, al que adhirió la jueza Larocca, descalifica el fallo por falta de demostración:

– Falta un «puente argumental». La sentencia enumera el corpus iuris de la infancia, pero no explica qué norma superior impone excluir de toda responsabilidad penal juvenil a los menores de dieciséis.

– El Comité no es un parámetro autónomo de validez. Sus observaciones tienen «valor hermenéutico» pero no fuerza vinculante propia. Además, la propia OG 24 reconoce los catorce años como piso aceptable, que es la edad fijada por el Congreso. El art.41 de la CDN preserva las normas más favorables, pero no convierte en indisponible toda ventaja de una ley ordinaria.

– La regresividad exige identificar el derecho afectado. No basta comparar el régimen nuevo con el anterior; hay que mostrar que la reforma descendió por debajo del estándar constitucional. La ampliación del poder penal «no demuestra, sin más, una regresión constitucionalmente prohibida».

– El argumento es internamente contradictorio. Dice que la regresividad se juzga en concreto, pero sus premisas son generales y valdrían para todo adolescente de catorce o quince años. Además, modular la edad mínima según la gravedad del hecho contradice la OG 24, que rechaza esa modulación.

– La sentencia recurrida mezcla planos. Presupone una pena que aún no existe. La ley 27.801 ofrece respuestas no punitivas (arts. 4º, 5º, 8º, 9º, 12 y 41 a 45: oportunidad, mediación y suspensión del proceso a prueba). La escasa entidad del hecho, su grado de ejecución y la inmadurez del adolescente deben analizarse en la tipicidad, la lesividad, la culpabilidad (los arts. 24 y 25 conservan la inimputabilidad) o la necesidad de pena (15).

El juez Franza votó por separado, con el mismo resultado. Agregó que el texto del art. 1º de la ley 27.801 comprende a los adolescentes de catorce a diecisiete años «sin establecer un umbral general de gravedad», de modo que los antecedentes parlamentarios no autorizan a restringirlo a los hechos graves del debate.

Sobre el apartamiento, el Juez Mahiques lo fundó en el adelanto de criterio sobre el mérito de la imputación (entidad del hecho, grado de ejecución y afectación del bien jurídico); el Dr. Franza sumó la omisión de proteger los derechos de la víctima y calificó la actuación de «arbitrariedad y extrema gravedad institucional».

Las resoluciones bonaerenses (res. nº 6, 7 y 8). Los jueces de garantías de La Plata y Mar del Plata rechazaron planteos de la defensa pública referidos, en los tres casos, a adolescentes de quince años.Con matices, sus argumentos son estos:

– La inconstitucionalidad es de última ratio y exige un agravio concreto, no un cuestionamiento genérico a la política criminal. La nº 7 observa que el párrafo neurocientífico de la OG 24 que invocaba la defensa se refiere a niños de doce y trece años, y su asistido tenía quince.

– El art. 40.3 de la CDN exige fijar una edad mínima pero no la determina. Las nº 6, 7 y 8 sostienen que la ley salda una deuda del Estado con la comunidad internacional.

– La OG 24 es soft law: orienta, no obliga.

– «García Méndez» (CSJN, 2/12/08) impide sustituir por vía pretoriana un régimen general, aun reconociendo la tensión entre la ley 22.278 y la Convención; la Corte exhortó entonces al Congreso a legislar (16).

– La regresividad no se verifica: la nº 6 sostiene que el límite de dieciséis años respondía al paradigma de la «situación irregular»; la nº 7 observa que la ley sigue dentro de los parámetros recomendados por el Comité y que varios países de la región fijan edades inferiores a catorce; la nº 8 afirma que la decisión es compartida por el 80 % de los países latinoamericanos de esa franja etaria.

– Según la nº 7, la inmadurez del adolescente concreto debe plantearse en el plano de la capacidad de reproche (arts. 24 y 25 de la ley), no mediante una declaración general de invalidez.

– La sentencia nº 8 agrega que «lo regresivo» fue la ineficacia del Poder Ejecutivo al restringir los recursos necesarios para que el régimen anterior funcionara mejor.

– Se observa, por otra parte, que las nº 6 a 9 reproducen casi literalmente el mismo párrafo sobre la «sujeción de los jueces a la ley», con las mismas citas de la Corte, y que también aparece en la revocación de la Sala I (nº 2).

La resolución de Rosario (res.nº 13). El 9 de octubre de 2026 la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, por medio de un tribunal unipersonal (juez Javier Francisco Beltramone), resolvió el recurso de la defensa de dos adolescentes de catorce y quince años contra la decisión que había adoptado en audiencia, el 21 de septiembre, el juez penal juvenil Estanislao Surraco: rechazó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 1º y dispuso medidas cautelares privativas de libertad. El planteo se formuló siguiendo la recomendación de la Defensora General de la Provincia y se apoyó en la no regresividad, en los arts. 41 de la CDN y 29.b de la CADH, en la OG 24 y en las observaciones finales de 2018 y 2024. La Fiscalía respondió que el régimen no puede analizarse solo desde la edad, que la no regresividad no es absoluta y que las observaciones internacionales no son vinculantes.

El juez rechazó el planteo y confirmó la resolución «en este aspecto», teniendo presentes las reservas formuladas (17).

Su razonamiento sigue, en lo sustancial, el de la Sala III porteña (nº 5), que cita como precedente no vinculante y cuyas razones comparte. Tiene estos pasos:

– La inconstitucionalidad es de última ratio y exige una contradicción manifiesta, con desarrollo argumental y agravio concreto. No basta señalar que existían alternativas legislativas, que el régimen anterior protegía más o que una orientación convencional aconsejaba mantener una edad superior.

– El art. 40.3 de la CDN exige fijar una edad mínima pero no la determina, de modo que hay un ámbito de configuración legislativa. La edad fijada por una ley anterior no queda por ello constitucionalizada: de lo contrario, una ley ordinaria operaría como parámetro de constitucionalidad de otra posterior. Del mismo modo, el art. 41 de la CDN no «petrifica» cualquier regulación más protectora.

– Distingue tres planos: el piso de catorce años que recomienda la OG 24, la exhortación a los Estados con edades mayores a no reducirlas y una prohibición convencional absoluta.La exhortación es «un parámetro interpretativo de indudable relevancia» y puede fundar una crítica a la conveniencia de la reforma, pero no equivale a la prohibición, que es lo que debía acreditarse.

– La no regresividad no consagra una intangibilidad absoluta: la Corte la refiere como prohibición de medidas regresivas injustificadas y la jurisprudencia interamericana, como un deber condicionado. Para invalidar la reforma habría que demostrar que los dieciséis años eran un contenido convencional intangible.

– La menor culpabilidad, el interés superior y las ciencias del desarrollo justifican un régimen especializado (proporcionalidad, excepcionalidad del encierro, finalidad socioeducativa), pero no una incapacidad penal hasta una edad que la Convención no fija. «Maldonado» y «Mendoza» no establecen una edad mínima ni examinan una reforma que la reduzca.

– El juez de grado tuvo presente la edad al disponer las cautelares (supervisión específica, intervenciones interdisciplinarias y abordaje socioeducativo y familiar), lo que muestra que atribuir responsabilidad desde los catorce años no equivale a asimilar al adolescente con un adulto.

La sentencia cierra con una consideración sobre la independencia judicial: recuerda que la revisión de las decisiones corresponde a los remedios procesales y advierte contra el desplazamiento de la discrepancia desde lo resuelto hacia la persona del magistrado. Es la única resolución del corpus que proviene de una provincia distinta de Buenos Aires y la que adopta más expresamente los argumentos de la Sala III porteña.

La Sala III no negó que el control de convencionalidad fuera posible: exigió una carga de fundamentación que, a su juicio, el fallo de grado no cumplió.

Los fallos bonaerenses fueron más lejos en un punto, pues afirmaron que la regresividad no existe porque el Congreso ejerció una competencia propia y quedó dentro del mínimo de la OG 24, algo que la Sala III apenas insinúa.

Ni la Sala III, ni los tres jueces bonaerenses, ni el juez de Rosario aceptaron que el Comité imponga una edad mínima.

Queda abierta una discusión que ninguna resolución resolvió: si la prohibición de regresividad (art.75, inc. 23, CN) alcanza a las normas penales, es decir, si ampliar el poder punitivo equivale a reducir un derecho.

Hay, además, un argumento que ninguna de las resoluciones examina y que refuerza el peso de la Observación General nº 24: la ley 27.005 (B.O. 25/11/14) aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, por el cual el Estado argentino aceptó que el Comité reciba denuncias individuales, pueda solicitar medidas provisionales y examine, a partir de ellas, la conducta del Estado en casos concretos (18).

De allí pueden extraerse dos consecuencias.

La primera es interpretativa: si el Comité es el órgano al que el Estado reconoció competencia para decir cómo se aplica la Convención en un caso, sus observaciones generales y finales resultan más difíciles de tratar como meras recomendaciones y pueden integrar las «condiciones de su vigencia», en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

La segunda es estratégica: el planteo de inconstitucionalidad del art. 1º, sostenido hasta la Corte Suprema, deja abierta la vía de la comunicación individual una vez agotados los recursos internos, con la posibilidad de pedir medidas provisionales.

El argumento tiene límites que conviene aclarar, pues el Protocolo regula un procedimiento y no vuelve obligatorias las observaciones del Comité, pues sus opiniones sobre una comunicación concreta deben ser debidamente consideradas por el Estado, pero no lo obligan, y las observaciones generales no son opiniones sobre comunicaciones.

Además, la propia OG 24 admite los catorce años como edad mínima, de modo que la objeción no puede ser que el art. 1º viole ese piso, sino que reduce una edad ya reconocida, los dieciséis años, contra lo que el Comité insta (párr. 22) y lo que recomendó a la Argentina en 2018 y 2024, según cita la nº 3.

Cabe prever, por último, la réplica de que la fijación de la edad es una decisión del Congreso (art. 75, inc.12) y de que la Corte Suprema ha limitado el alcance interno de pronunciamientos de órganos internacionales (19).

La ley 27.005 refuerza así la autoridad del Comité, pero no reemplaza la demostración del derecho concreto que la norma disminuye, que es donde las resoluciones analizadas se dividieron.

V. LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DURANTE EL PROCESO

Cinco resoluciones (nº 4, 7, 8, 10 y 15) aplican el art. 5º de la ley 27.801, que exige que toda injerencia sea indispensable, proporcional y la menos lesiva (inc. b) y que la privación de libertad se funde en riesgos procesales «debidamente constatados» (inc. j). El art. 39 remite al art. 17 del Código Procesal Penal Federal: peligro de fuga u obstaculización de la investigación.

Las cinco admiten que el encierro cautelar es posible bajo la ley, pero llegan a resultados opuestos.

Los criterios nacionales (res. nº 4 y 10). Ambas decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional tratan el riesgo procesal con los criterios del art. 17 del CPPF (por remisión del art. 39 de la ley) y con las alternativas del art. 210. La nº 4 pondera además los indicadores del art. 280 del CPPN; la nº 10, las pautas del art. 221 del CPPF. La nº 4 concluye que ninguna medida menos intensa conjura el riesgo de elusión, pondera que el joven cumplirá dieciocho años el 19 de noviembre y verifica que la detención, desde el 13 de septiembre, «no resulta desproporcionado». Advierte, además, que el art. 11 de la ley, invocado por la defensa, «rige para las penas» y no para la cautelar.

La nº 10 usa ese mismo art. 11 con otro propósito. Evaluó la «prognosis sancionatoria» concreta: sin antecedentes, la pena mínima permitiría la ejecución condicional (art. 26 del Código Penal) y el art. 11, segundo párrafo, habilitaría su reemplazo por alguna alternativa no privativa del art. 12.Para el voto del juez Quian Zavaliá, ese pronóstico «por sí» no autoriza la continuidad del encierro, y la sanción esperada se pondera «para el caso, y no en abstracto».

La divergencia es de método más que de resultado: la nº 4 niega que el art. 11 incida en la cautelar, y la nº 10 lo emplea para medir la proporc ionalidad. El juez Rodríguez Varela integra ambos tribunales y, al adherir en la nº 10, cita la nº 4 para recordar las particularidades que la edad y el marco legal imponen a la discusión sobre coerciones; ello indica que las dos decisiones se consideran compatibles y que el resultado diverge por los hechos de cada joven.

La nº 10 impone además un régimen detallado de reglas: juramento, domicilio fijo, asistencia escolar, supervisión del padre, prohibición de acercarse a 500 metros del lugar del hecho, de concurrir a 2.000 metros de la escuela en horarios no lectivos y de contactar a las víctimas (art. 210, incs. a), b), c) y f), CPPF; art. 23 de la ley; art. 3º, párr. 2, decreto 875/2026).

La misma sala, un día después (res. nº 15). El 30 de septiembre de 2026 la Sala V, con otra integración (jueces Pociello Argerich y López, que advierten que es su primer caso bajo la ley 27.801), confirmó la denegatoria de excarcelación de T. E. M., de diecisiete años, procesado con prisión preventiva como coautor de un robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en concurso real con lesiones graves. Se le atribuye haber arrebatado una cadena de oro tras un forcejeo, en un accionar coordinado con dos adultos, uno de ellos su padre, y haber fracturado un dedo al policía que lo aprehendió. Cumplirá dieciocho años el 29 de octubre, el mismo día fijado para el debate de otra de sus causas.

La Sala parte del marco convencional: el interés superior (art.3.1 de la CDN), la detención como último recurso y durante el período más breve (art. 37, inc. b), las Reglas de Beijing (13.1, 13.2 y 17.1.c) y la OG 24 (párrs. 85 a 87). Con cita de «García Méndez», concluye que esos instrumentos no vedan la privación cautelar de la libertad de un adolescente, pero la condicionan a situaciones excepcionales y a la insuficiencia de otras respuestas. A partir de allí recorre, una por una, las vías que la ley ofrece antes del encierro:

– Los antecedentes. Distingue las intervenciones anteriores a la edad de punibilidad (alrededor de ochenta y cinco ingresos entre 2020 y 2024, que «no son equiparadas a antecedentes penales ni fundan una presunción cautelar negativa») de los procesos posteriores, únicos relevantes para la cautela. De estos surgen una rebeldía, por haber abandonado la residencia en la que estaba alojado, y el hecho actual, cometido durante un régimen de licencias en otra causa, menos de un mes después de su egreso.

– Las salidas alternativas. Descarta el criterio de oportunidad y la mediación (arts. 41 y 42), que requieren una pena máxima no superior a seis años, la ausencia de grave violencia y la falta de otros procesos con procesamiento firme, y la suspensión del proceso a prueba (art. 43), porque el máximo del concurso asciende a dieciséis años.

– El art. 11. El reemplazo obligatorio del primer párrafo depende de la escala en abstracto y no de la pena que finalmente se imponga; el del segundo es facultativo («podrá»), exige conformidad fiscal y excluye los hechos con violencia contra las personas. La Sala coincide con la defensa en que el art. 11 no establece una presunción de fuga, pero lo considera «un elemento objetivo más dentro de un contexto integral».

– Las medidas menos lesivas. Descarta la privación de libertad en el domicilio o en un instituto abierto (art. 17, incs. a) y b) y las alternativas del art.210 (presentaciones periódicas, prohibición de salida, sometimiento al cuidado de una persona, monitoreo electrónico), porque presuponen un domicilio verificado y un adulto que supervise, extremos que no tuvo por acreditados: el padre, que habría intervenido en el hecho, está privado de su libertad, y la madre, abocada al cuidado de otra hija, tiene dificultades para poner límites.

– Las víctimas. Ambos damnificados fueron oídos y se opusieron a la soltura (arts. 5º, inc. n), 6 y 40 de la ley 27.801; art. 5º, inc. k), de la ley 27.372). La Sala admite que su opinión no es vinculante y aclara que la resolución de grado tampoco le dio ese alcance.

Concluyó que el encierro es «una medida excepcional, necesaria e idónea» para asegurar la sujeción al proceso, y que debe revisarse periódicamente conforme al principio de celeridad (art. 5º, inc. h).

La comparación con la nº 10 es la más nítida del corpus: misma sala, un día de diferencia y el mismo test (riesgo procesal del art. 17 del CPPF, alternativas y proporcionalidad), con resultados opuestos.

Lo que cambia son los datos de cada joven: sin antecedentes, con arraigo familiar y escolar y un rol secundario en el hecho, en un caso; con una rebeldía previa, un nuevo hecho durante una licencia y sin un adulto que pueda supervisarlo, en el otro.

En cuanto al art. 11, la nº 15 se ubica entre las otras dos resoluciones nacionales: no lo excluye de la cautela, como la nº 4, ni lo emplea, como la nº 10, para pronosticar una sanción no privativa, sino que lo pondera como un dato objetivo más.

Es, además, la resolución que con más detalle explica por qué no proceden las vías de los arts. 41 a 43, lo que la acerca al estándar de fundamentación que exige el art. 5º, inc. b), aun cuando el resultado sea el encierro.

La detención inicial en la Provincia (res.nº 7 y 8). Las dos resoluciones bonaerenses se dictaron en la etapa anterior: convertir la aprehensión en detención (arts. 146 y 151 del CPP bonaerense; arts. 36 inc. 7, 42 y 43 de la ley 13.634).

La nº 7 se sostiene en la reiterancia delictiva «especialmente tenida en cuenta por la nueva legislación», aunque reconoce que el informe del actuario «adolece de la precisión que se requiere».

La nº 8 funda los peligros procesales «en virtud del monto de la pena prevista» y recoge la modalidad del hecho que describió la fiscal (pluralidad de partícipes, madrugada, efracción); declara la detención «medida de último recurso» (arts. 7º y 36, inc. 4, ley 13.634) y fija audiencia de excarcelación para el 13 de octubre.

Ninguna de las dos, cita el art. 39 de la ley 27.801 ni evalúa, en el texto que tenemos a la vista, alternativas menos lesivas.

Ambas aseguran en cambio el derecho de la víctima a ser notificada y oída (ley 15.232), y la nº 7 ordena además la intervención urgente de la Asesoría de Incapaces, como exige el último párrafo del art. 5º.

A modo de contraste, la jueza de la nº 6 había denegado el 15 de septiembre, en esa misma causa, la detención pedida por la fiscal con fundamentos probatorios, según se desprende de su propia resolución (ese texto no integra el corpus).

La brecha entre las resoluciones nacionales y las bonaerenses es de intensidad de fundamentación, no de principios. Las tres resoluciones nacionales controlan el peligro procesal con un test de riesgo, alternativas y proporcionalidad; las dos bonaerenses se detienen en el hecho, la pena en expectativa y la reiterancia. Es coherente con el estadio procesal, pero sugiere también que el estándar del art. 5º, inc. b), cuya observancia estricta es el principal contrapeso del nuevo régimen, puede aplicarse de manera desigual según el órgano.

LA MEDIDA DE SEGURIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 13.634

El caso (res.nº 14). El 6 de septiembre de 2026, un día después de la entrada en vigencia de la ley, la jueza del Juzgado de Garantías del Joven nº 3 de La Plata, Lorena Vuotto, rechazó un hábeas corpus de la defensa contra una medida de seguridad restrictiva de la libertad.

La había dispuesto el 24 de abril, y la convirtió en definitiva por ciento ochenta días el 28 de abril, respecto de F., J. M., de catorce años, por un hecho calificado en principio como abuso sexual con acceso carnal, a cumplirse en un centro de contención semiabierto, con fundamento en el art. 1º de la ley 22.278 y en el art. 64 de la ley 13.634, que prevé esa medida para los niños no punibles.

El 4 de septiembre el defensor había pedido su cese por entender que, derogada la ley 22.278, la medida había perdido su base legal; al día siguiente, ante la falta de respuesta, presentó un hábeas corpus ante la Cámara, y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías (Sala Especializada en el fuero penal juvenil) lo remitió por unanimidad al juzgado, para no privar al joven de la doble instancia (20).

La jueza rechazó el planteo con estos argumentos:

– La ley 27.801 derogó la ley de fondo anterior (art. 48), pero no las leyes procesales y de ejecución bonaerenses (13.634 y 15.571), cuya adecuación solo invita a realizar a las provincias (art. 49). La referencia del art. 64 a la «legislación de fondo» alude a la competencia para imponer medidas a los niños no punibles y a la determinación de su no punibilidad por la edad, y no a un texto en particular.

– La medida no es una pena ni una medida de seguridad del art. 34 del Código Penal, sino una medida de protección, restrictiva de la libertad, cautelar y provisoria, para casos de extrema gravedad y centrada en el niño.Además, la ley 22.278 nunca empleó la expresión «medida de seguridad»: la facultad surgía de su art. 1º, de modo que la nueva ley no «elimina» ningún instituto.

– La ley 27.801 no ordena archivar las actuaciones respecto de los niños por debajo de la edad mínima ni remitirlos a un órgano administrativo, como lo hacen otras legislaciones latinoamericanas. Se dirige a «niños, niñas y adolescentes» y su art. 5º reconoce la legalidad de las medidas previstas en la legislación nacional o provincial (inc. a), define la privación de libertad (inc. j) y prevé la tutela juvenil (inc. m) y la protección de la víctima y de la seguridad pública (inc. n).

– Los estándares internacionales no excluyen estas medidas por razón de la edad: arts. 37 y 40 de la CDN, párr. 11 de la OG 24, «García Méndez» (CSJN-Fallos, 331:2691), la Casación bonaerense (Sala V) y la Regla 17 de Beijing. El capítulo de la ley sobre los inimputables no cambia nada, pues los niños no punibles no pueden ser sancionados, antes ni ahora; aquí se trata de una medida cautelar y provisoria dictada en la investigación.

Concluyó que la medida es ajustada a d erecho y que está firme, porque no fue impugnada, y dispuso estar a la audiencia de revisión fijada para el 17 de septiembre (art. 84 de la ley 15.571).

VI. DERECHO TRANSITORIO Y LEY MÁS BENIGNA

La ley 27.801 derogó la ley 22.278 (art. 48). Ninguna de las resoluciones analizadas invoca una cláusula de derecho transitorio de la nueva ley, y la cuestión se discute por la vía del art. 2º del Código Penal.

La pregunta es: ¿qué régimen rige un hecho cometido antes del 5 de septiembre de 2026?El conjunto de fallos ofrece dos resoluciones que la deciden con fundamentos (la nº 9 y, para la determinación de la pena, la nº 16), y otras dos (nº 4 y 15) que muestran la coexistencia de los dos regímenes en un mismo joven.

El caso (res. nº 9). El 9 de octubre de 2026 el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2 de Quilmes examinó un acuerdo de juicio abreviado sobre un robo calificado en poblado y en banda (art. 167, inc. 2, CP) cometido el 5 de julio de 2026 por dos jóvenes que hoy tienen diecisiete años. La fiscal y el defensor proponían una pena de tres años de prisión y coincidían en que la ley más benigna era la 22.278, vigente al momento del hecho, que continuaría rigiendo por ultraactividad. Por eso, respecto de uno de los jóvenes, que ya tenía auto de responsabilidad y un tratamiento tutelar en otro departamento judicial, proponían declinar parcialmente la causa para cumplir el año tutelar del art. 4º y volver luego a la audiencia de cesura.

La jueza declaró inadmisible el acuerdo. Su razonamiento tiene cuatro capas:

1. Defectos formales. Las partes no ofrecieron prueba ni presentaron una propuesta que cumpliera los arts. 335, 396 y 397 del CPP bonaerense. La oralidad del fuero no las exime de fundar el pedido.

2. La ley aplicable no es disponible por las partes. El control de legalidad corresponde al juez, que debe decidir cuál es el régimen más benigno comparando ambos sistemas «en conjunto» y no sus normas aisladas. Cita «García Méndez» y un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata (22/9/26, causa 46.121-2), que prohíbe conformar «un tercer régimen normativo» mezclando disposiciones de las dos leyes (21).

3. La comparación se hace en cada caso.La jueza aclara que ha considerado más benigno el régimen anterior para los niños que eran no punibles y para quienes ya tenían auto de responsabilidad, tratamiento tutelar cumplido y acuerdo sobre la escala de la tentativa. Aquí concluye lo contrario: la ley 27.801 trae «certezas» que la 22.278 no ofrece, como la inmediatez de la decisión, sin sujeción a un año tutelar, y un catálogo de respuestas (art. 12, que empieza con la amonestación) sin mínimos, salvo el segundo párrafo del art. 11. Según su lectura, el hecho no involucra la muerte de la víctima ni una violencia física o psíquica grave, de modo que una pena de tres años de prisión, equivalente al mínimo de adultos, no tendría sustento en el régimen especial. Para el joven con otro proceso, sostiene que la unificación tampoco se rige por el Código Penal sino por la ley especial.

4. El abreviado como instituto. El acuerdo es propio de la justicia de adultos y no está previsto en la ley 27.801, que sí contempla la mediación. Además, las partes no consideraron la vía restaurativa, aunque la víctima no tenía interés ni siquiera en ser notificada, y la propuesta se apoyaba, a juicio de la jueza, en un enfoque «meramente punitivo», contrario a la doctrina de «Maldonado» y al interés superior de los jóvenes (22).

Resolvió aplicar la ley 27.801 por ser más benigna (art. 2º, CP), declarar inadmisible el acuerdo, convocar a los jóvenes y sus madres para explicarles la decisión y dar intervención urgente a la Asesoría de Incapaces (art. 5º).

La coexistencia en un mismo joven (res. nº 4). La Sala 7 de la Cámara Nacional registra que la primera intervención penal de R.R. fue en un hecho «no punible» bajo la ley 22.278 y que sigue en curso un incidente de medidas tutelares. El nuevo proceso se tramita ya por la ley 27.801.La resolución no discute el punto, pero deja ver el problema práctico: un adolescente puede estar a la vez en un tratamiento del régimen anterior y en un proceso bajo el nuevo.

El procesamiento anterior a la ley (res. nº 15). También la Sala V registra un tratamiento tutelar previo de T. E. M., de cuando aún no era punible, y debió responder un planteo de derecho transitorio. La defensa sostuvo que el procesamiento al que el art. 11, segundo párrafo, erige en impedimento para sustituir la pena debía haberse dictado bajo la vigencia de la ley 27.801, pues de lo contrario se le daría un alcance retroactivo no previsto.

La Sala respondió que la cuestión excede la incidencia cautelar y que, en todo caso, los actos procesales cumplidos conforme a las normas que regían el procedimiento conservan su validez. Cabe notar que la defensa no cuestionaba la validez del procesamiento, sino si un acto dictado bajo la ley anterior puede operar como condición más gravosa de una norma de fondo nueva, pregunta que remite al art. 2º del Código Penal y que queda abierta.

La resolución signada con el nº 9 abre tres discusiones que el corpus no cierra.

La primera es de método: la jueza exige comparar los regímenes «en conjunto», pero lo hace midiendo las consecuencias concretas para cada joven, de modo que la misma ley puede resultar más benigna para un adolescente y menos benigna para otro.

La segunda es qué control corresponde cuando fiscalía y defensa coinciden en el régimen aplicable: la jueza lo trata como un asunto de legalidad indisponible para las partes.

La tercera es la suerte del año tutelar del art. 4º de la ley 22.278:la jueza lo presenta como una fuente de incertidumbre para los jóvenes, pero las resoluciones no analizan qué equivalente tendría ese seguimiento en el nuevo régimen.

Este último punto abre un interrogante acerca de la subsistencia de la cesura (y sus posibles beneficios) que imponía la ley 22.278 para limitar la pena, e incluso para no aplicarla, y que en el nuevo régimen penal juvenil no se encuentra prevista. O se trata de un derecho sustancial subjetivo e indisponible, o solo un modo de estipular la pena.

Ambas alternativas tienen soluciones antagónicas: si es un derecho humano del adolescente ligado a los principios de necesidad, proporcionalidad y a su vez indispensable, cabe sostener que debe mantenerse; en cambio, si es un modo de aplicación de pena de corte procesal, ha quedado solo para los casos anteriores al 5/9/26, y en su caso, para la cesura que prevea cada ordenamiento procesal penal de la provincia que se trate.

La nº 16, que se analiza más abajo, muestra que la cesura subsiste en la Provincia como etapa procesal (arts. 56 y sigs. de la ley 13.634). Lo que allí no se discutió es si su contenido beneficiante, la posibilidad de reducir la pena o de prescindir de ella, sobrevive a la derogación del art. 4º de la ley 22.278: aplicada la ley nueva por más benigna, ninguna de las partes lo invocó y las defensas pidieron el mínimo de la escala.

EL TOPE DE QUINCE AÑOS EN LA REVISIÓN Y EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA

El derecho transitorio presenta otra cara, hasta aquí no considerada: la de los jóvenes ya condenados bajo la ley 22.278. El art.19 de la ley 27.801 prohíbe la reclusión y la prisión perpetuas para los adolescentes, fija en quince años el plazo máximo de las penas privativas de la libertad «aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes» y permite que, cumplidos los dos tercios de la pena y reunidos los requisitos de la libertad condicional, el resto se cumpla mediante las demás penas de la ley, con dictamen pericial favorable, conformidad fiscal y opinión de la víctima (23).

Esa regla ha sido invocada para reducir condenas en ejecución, firmes o no, y para fijar la escala en un juicio de cesura. De los tres casos que siguen, los tres son las resoluciones nº 11, 12 y 16 del corpus y se analizan sobre el texto de las sentencias.

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. En «V., V. H. s/Recurso de revisión» (nº 11, 3/9/26), los jueces Rimondi, Bruzzone y Divito hicieron lugar al recurso que la defensa (a cargo de la Dra. Claudia Cesaroni) había promovido el 18 de marzo de 2026, antes de la vigencia de la ley, para adecuar al máximo del art. 19 una pena firme de treinta y cinco años de prisión, impuesta por delitos cometidos antes de los dieciocho años.

El condenado, detenido desde abril de 2008, llevaba dieciocho años y cuatro meses de encierro. La Sala había suspendido el trámite hasta la fecha prevista para la entrada en vigor y fijó una audiencia para el 31 de agosto, a la que el condenado asistió por videoconferencia. Allí la defensa pidió que se dispusiera su libertad el 5 de septiembre, y el Ministerio Público Fiscal, que antes había pedido el rechazo por falta de vigencia de la ley, manifestó que, de entrar ella en vigor, no había óbice para su aplicación retroactiva.

El tribunal consideró que no había controversia sobre lo medular:la ley 27.801, publicada el 9 de marzo de 2026, entraría en vigencia el 5 de septiembre (art. 52) y contiene una cláusula más benigna (art. 19) que fija en quince años el máximo aun en el concurso de delitos. Recordó que el art. 479, inc. 5, del CPPN admite el recurso de revisión «en todo tiempo» cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna, y citó doctrina (Righi) para afirmar que el derecho argentino la admite aun con sentencia firme y condena en curso. Agregó que, al no vislumbrarse diferimiento alguno de la vigencia, la ley más benigna debía hacerse efectiva conforme al segundo párrafo del art. 77 del Código Penal.

En una nota al pie, la Sala sostuvo que el art. 19 recoge los estándares internacionales que censuran las penas perpetuas o equivalentes, y recordó las observaciones del Comité de los Derechos del Niño (2018 y 2024) sobre las penas de veinte a veint isiete años y sobre las penas excesivamente largas que pueden equivaler a prisión perpetua, así como el caso «Mendoza» (24).

Resolvió, en consecuencia, establecer la aplicación retroactiva de la ley «desde su efectiva entrada en vigencia», sustituir desde ese momento la pena por la de quince años de prisión, accesorias legales y costas, y remitir el incidente al juzgado de ejecución para que, verificada la vigencia y constatada la ausencia de otros impedimentos, disponga la libertad inmediata.

Dos rasgos merecen señalarse: la decisión se adoptó antes de que la ley rigiera y dejó su eficacia sujeta a esa condición, y la revisión no requirió valorar la gravedad de los hechos ni el desempeño en la ejecución, porque el tope opera como límite objetivo de la pena.

El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 3 de San Isidro.En el incidente de ejecución INC-13-02 (nº 12, RR-106-2026, 3/9/26), el juez Alejandro Diego Flori resolvió sobre la situación de un condenado a diecinueve años de reclusión por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense (sentencia del 21/5/20, dictada a raíz del reenvío dispuesto por la SCBA), por robo calificado por el uso de arma de fuego, homicidio criminis causae y tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real. La pena no estaba firme: la defensa había interpuesto recurso extraordinario federal, la SCBA agotó su jurisdicción el 25/4/24, se dedujo recurso de hecho ante la CSJN y la causa continuaba en la Procuración General de la Nación. Según el informe actuarial del 31/8/26, el condenado estaba detenido sin interrupción desde el 17/10/09.

Corrida vista a las partes por el tope menor que fijaba el art. 19, el fiscal dictaminó el 2/9/26 que, por imperio del art. 2º del Código Penal, correspondía aplicar el máximo de quince años desde el 5 de septiembre, por ser más benigno, y la defensa adhirió. El juez entendió que las partes tenían razón. Señaló que el art. 19 impone un máximo «sensiblemente inferior» a los diecinueve años de reclusión impuestos, y que ello encuadra en el art. 2º del Código Penal («Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la aplicada por esa ley», con efectos que «operarán de pleno derecho»), principio de origen constitucional y convencional (arts. 75, inc. 22, CN; 9, CADH; 15, PIDCP). Invocó además el art. 25, inc.8, del CPP bonaerense, que atribuye al juez de ejecución la extinción o modificación de la pena por la vigencia de una ley penal más benigna.

Fijó entonces en quince años el nuevo tope de la condena no firme y, computados 16 años, 10 meses y 17 días de detención, declaró extinguida la pena por aplicación retroactiva del art. 19 desde su entrada en vigencia y ordenó la excarcelación (art. 169, inc. 9, CPP; art. 77, CP) a las 12.00 horas del sábado 5 de septiembre de 2026, previa certificación de que no pesara orden de captura o detención (25).

Dos rasgos lo distinguen del caso anterior: al no haber sentencia firme, no hizo falta un recurso de revisión sino un incidente ante el juez de ejecución, y, como el tiempo de detención superaba el tope, la pena no se redujo, sino que se declaró extinguida. Como en la nº 11, la decisión se dictó antes de la vigencia de la ley y subordinó sus efectos a ella.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil nº 1 de San Isidro. En la cesura del juicio de la causa PL-745-2023 y sus acumuladas (nº 16, 12/10/26), el tribunal, con sede en Pilar e integrado por los jueces Flori, Chomiez y Coto, debía fijar la pena de dos jóvenes, F.E.M. y G.E.L.P., declarados penalmente responsables por hechos cometidos siendo menores de edad: un robo calificado por el uso de arma de fuego y por lesiones graves, en concurso real con un homicidio criminis causae (causa 745), y la tentativa de homicidio de un asistente de minoridad durante un intento de fuga (causa 814); a M. se le atribuían, además, un encubrimiento y un robo con arma de fuego (causas 774 y 785).

Los autos de responsabilidad, dictados entre 2023 y 2024, estaban firmes, salvo el de la causa 814 respecto de M., con queja pendiente ante la SCBA.La fiscal pidió quince años de prisión para cada uno; el particular damnificado, veinticinco, previa declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 19, y en subsidio adhirió a los quince; las defensas, diez, con la escala de la tentativa (26). El voto del juez Flori, al que adhirieron sus colegas, resolvió tres cuestiones de derecho:

– La ley aplicable. Todas las partes habían razonado sobre la ley nueva, y el tribunal lo convalidó por el art. 2º del Código Penal: la ley 22.278, por su remisión al Código Penal, no tenía tope y admitía en abstracto penas perpetuas, aunque estuvieran prohibidas por la CDN, las Reglas de Beijing, la ley 26.061, «Mendoza» y «Maldonado», mientras que el máximo del art. 19 «protege mejor los intereses de los encartados». Aplicó retroactivamente la ley 27.801 y descartó la ultraactividad de la anterior.

– La constitucionalidad del tope. El particular damnificado sostuvo que el máximo de quince años, aplicable aun en el concurso real, es incompatible con el derecho a la vida (arts. 4.1 de la CADH y 6.1 del PIDCP) y con los derechos de las víctimas (ley de víctimas y arts. 5º, inc. n), 6 y 7 de la ley 27.801), porque impide que la pluralidad de hechos y de víctimas tenga expresión en la sanción, e invocó el caso «Masacre de La Rochela v. Colombia» de la Corte IDH. La fiscal no acompañó el planteo. El tribunal lo rechazó: la inconstitucionalidad es de última ratio; el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional reserva al Congreso la política criminal; los jueces no pueden prescindir de la ley «so color de su posible injusticia o desacierto» («Luna», CSJ 455/2025/CS1, 10/9/26), y la letra del art. 19 es clara: fija «un techo global de punición» dentro del cual debe graduarse la proporcionalidad.

– El mínimo de la escala. Como el delito más grave (art. 80, inc. 7, CP) tiene prevista una pena indivisible, la escala carecía de piso.El tribunal recurrió a la solución que la SCBA («V., C. D.», P. 131.077), en línea con «Maldonado», y el Tribunal de Casación bonaerense habían dado bajo la ley 22.278 para el concurso con un delito reprimido con pena perpetua: la escala de la tentativa (art. 44, CP), de diez a quince años de prisión. Razonó que el art. 19 recibió legislativamente esa interpretación en cuanto al máximo, y que conjugar ambas reglas da a la escala respaldo en el principio de legalidad y certeza a las partes.

Sobre esa escala, el tribunal impuso a cada joven el máximo: quince años de prisión, a cumplir en el sector de jóvenes adultos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Como atenuantes computó la minoridad, la falta de condenas anteriores y la vulnerabilidad de ambos; como agravantes, los ya fijados en los autos de responsabilidad, cuya reedición descartó por cosa juzgada.

Pesó, sobre todo, la conducta durante el proceso: una fuga de unos dos meses que terminó con la detención por un nuevo delito, otros intentos de evasión (uno de ellos dio lugar a la condena por tentativa de homicidio) y sanciones disciplinarias reiteradas. Pesó también la opinión de las peritos, para quienes la apatía de los jóvenes es propia de «los altibajos adolescentes» y no de un cuadro patológico, pero revela falta de asunción de responsabilidad subjetiva.

Las disculpas que ambos dirigieron, al final de la audiencia, a la familia de la víctima del homicidio fueron consideradas «auspiciosas», aunque tardías y limitadas a una de las víctimas. El tribunal oyó además a una de ellas y, con cita de Mary Beloff, subrayó la «dimensión pedagógica» del rito penal juvenil. En la misma sentencia dejó sin efecto, por falta de mérito, una sanción disciplinaria impuesta a M.en la unidad penitenciaria, aunque rechazó su nulidad por haberse aplicado el procedimiento de la ley 12.256 y no el de la ley 15.571.

La sentencia es la primera del corpus en que el tope del art. 19 no limita una pena ya impuesta, sino que integra la determinación de una nueva.

Cuatro rasgos merecen señalarse.

El primero es que el máximo legal coincidió con la pena: el techo que fijó el Congreso operó, en el caso, como la respuesta que el tribunal consideró proporcionada a la gravedad de los hechos y a la conducta durante el proceso.

El segundo es que el mínimo no surge de la ley 27.801, sino de una construcción jurisprudencial elaborada para la ley derogada.

El tercero es que se trata de la primera resolución que rechaza un planteo de inconstitucionalidad formulado por la víctima, y no por la defensa, con la misma deferencia al legislador que los demás tribunales opusieron a las defensas respecto del art. 1º.

El cuarto es el lugar que ocupan las sanciones disciplinarias. Se aplicaron reiteradamente a ambos jóvenes, primero en los centros cerrados y después, ya mayores de edad, en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, y el tribunal las computó entre las razones de la pena máxima. En la misma sentencia, sin embargo, dejó sin efecto una de ellas por falta de mérito, y admitió que se la había tramitado por el procedimiento de la ley 12.256, de adultos, y no por el de la ley 15.571, de ejecución penal juvenil, sin considerar que ello causara perjuicio. Queda así planteado qué régimen disciplinario corresponde a quien cumple, en una unidad de adultos, una pena impuesta por hechos cometidos siendo adolescente, y con qué cautela pueden valorarse esas sanciones al determinar la pena.

La comparación con el caso de Quilmes (nº 9) es instructiva. Allí las partes coincidían en que debía regir la ley derogada y la jueza controló de oficio la elección.Aquí, en cambio, las partes coinciden en que debe regir la ley nueva, y el beneficio proviene de una sola regla, el tope del art. 19.

Cabe plantearse la pregunta que la jueza de Quilmes respondió en otro sentido: si el art. 19 puede tomarse de modo aislado o si, aplicada la ley nueva, debe aplicarse en su integridad, incluido el régimen de los arts. 11 y 12 y las condiciones del art. 19 para el cumplimiento de la pena.

Las resoluciones nº 11 y 12 no informan que se haya discutido. La nº 16 se acerca al problema sin plantearlo: aplica la ley nueva «en forma retroactiva» y descarta la ultraactividad de la anterior, pero toma de la jurisprudencia elaborada bajo ésta el piso de la escala. El tribunal lo presenta como una regla del propio Código Penal (art. 44) y no de la ley derogada; aun así, cabe preguntarse si la solución no se aproxima a lo que la Sala II de La Plata, citada en la nº 9, describió como «un tercer régimen normativo», o si, como sostuvo la jueza de Quilmes, el régimen nuevo carece de mínimos fuera de los casos que expresamente prevé.

La nº 16 deja, además, una pregunta que las partes no formularon: ¿podía aplicarse ultraactivamente la ley 22.278 y agregarle el tope del art. 19 de la ley nueva? El interés no es teórico.

El art. 4º de la ley 22.278 permitía reducir la pena «en la forma prevista para la tentativa» o absolver si la sanción resultaba innecesaria, y la escala de diez a quince años que construyó el tribunal es, precisamente, la que resulta de aplicar esa reducción a la prisión perpetua (art. 44, CP). En el caso, entonces, la ley nueva aportó el tope, pero el piso y el método provinieron de la anterior, y el principal beneficio de esta que quedó fuera fue la posibilidad de absolver por innecesariedad de la pena.

La comparación, por otra parte, se hizo en abstracto:el tribunal tuvo por más benigna la ley nueva porque fija un tope que la anterior no tenía, pero en el caso ese tope no agregó nada, ya que la reducción del art. 4º sobre la prisión perpetua conducía igualmente a un máximo de quince años.

Y si se partiera de una pena temporal, como los veinticinco años que pidió el particular damnificado, la reducción en la forma prevista para la tentativa (de un tercio a la mitad, art. 44, primer párrafo, CP) habría permitido llegar hasta doce años y seis meses, por debajo de los quince que se impusieron. Medida en concreto, como lo hizo la jueza de Quilmes (nº 9), la ley 22.278 no era necesariamente la más gravosa.

Combinar ambas leyes, la ultraactividad del art. 4º con el máximo del art. 19, es el problema clásico de la lex tertia. En contra se alza el argumento que la nº 9 tomó de la Sala II de La Plata: el juez no puede formar un tercer régimen con disposiciones de dos leyes, porque asumiría una función legislativa.

A favor puede invocarse que el art. 2º del Código Penal manda aplicar «siempre» la ley más benigna, sin exigir que la comparación sea global; que el propio Código, en su art. 3º, ordena observar «separadamente» la ley más favorable para el cómputo de la prisión preventiva, y que el tope del art. 19 recoge estándares convencionales, como la prohibición de penas perpetuas o excesivamente largas que impuso «Mendoza», que ya limitaban la aplicación de la ley 22.278.

Este último argumento no lo resuelve todo, porque los quince años son una cifra elegida por el Congreso y no por la Corte IDH, pero sugiere que el tope podría verse menos como una pieza de la ley nueva que como la concreción de un límite que ya regía.Ninguna resolución del corpus lo ha decidido.

A su vez, no puede tampoco afirmarse que la pena de 15 años como tope del art. 19 de la ley 27.801, fue establecida por el Congreso siguiendo la supuesta reducción del art. 4º de la ley 22.278, y los precedentes «Maldonado» y «Mendoza», como se argumenta en alguna de las sentencias analizadas. Nótese que el anteproyecto enviado por el Poder Ejecutivo refería a un máximo de 20 años, lo cual podía guardar correspondencia con la escala máxima de la tentativa en caso de delito con reclusión perpetua (art. 44, CP), pero el legislador se inclinó por los 15 años, que guarda correspondencia con las máximas sanciones de otros países de la Región, como Costa Rica y El Salvador.

VII. CONCLUSIONES

En el primer mes de aplicación de la ley 27.801 ninguna impugnación general de su validez sobrevivió a la revisión: la suspensión cautelar (res. nº 1) duró ocho días y la inconstitucionalidad del art. 1º (res. nº 3), cuatro. No obstante, y frente a las dificultades que apareja el nuevo régimen -o mientras se las busca resolver-, nos parece oportuno practicar algunos señalamientos.

En primer término, la edad de punibilidad se trata como una decisión legislativa. Los seis fallos sobre el art. 1º (nº 3, 5, 6, 7, 8 y 13) coinciden en que la declaración de inconstitucionalidad es de última ratio, y las cinco resoluciones que mantienen la norma exigen que la defensa identifique la norma superior violada y explique por qué la reducción de edad es incompatible con ella. La Observación General nº 24 se considera una pauta interpretativa que, a la vez, fija los catorce años como piso.

Es el primer corolario: quien pretenda la invalidez del art. 1º deberá demostrar el conflicto con una norma de jerarquía superior, y no solo la preferencia por la solución anterior.

El segundo corolario es que el debate se desplaza del texto al caso.La Sala III y la nº 7 señalan que la inmadurez, la escasa entidad del hecho o la vulnerabilidad del joven se analizan en la tipicidad, en la culpabilidad (arts. 24 y 25), en la necesidad de pena (arts. 11 y 12) o en las salidas alternativas (arts. 41 a 45). La efectividad del régimen especial dependerá, entonces, de cómo se apliquen esas vías y de la capacitación de los operadores que deban hacerlo, como lo advierte la nº 6.

Un tercer corolario: el estándar cautelar no es uniforme. Las resoluciones nacionales aplican el art. 5º, inc. b), con un test de alternativas y proporcionalidad, y llegan a soluciones distintas según los datos de cada joven. La nº 15 lo confirma: con el mismo test que la nº 10, y en la misma sala, llegó al encierro por la rebeldía previa del joven y la falta de un adulto que pudiera supervisarlo. Las bonaerenses de detención inicial son más escuetas y se centran en la reiterancia y en la pena en expectativa. Es la zona más expuesta a control, porque el art. 39 limita la privación de libertad a riesgos «debidamente constatados», que a su vez deben remitirse a los presupuestos de los artículos 148, 157 y 158 del CPPBA y al artículo 43 de la ley 13.634, que rige el fuero penal juvenil bonaerense.

A ello se suma la nº 14, según la cual las medidas restrictivas de libertad que la ley provincial prevé para los niños no punibles subsisten a la derogación de la ley 22.278, lo que extiende la discusión cautelar más allá de los adolescentes punibles.

El cuarto corolario: el derecho transitorio queda abierto. La nº 9 demuestra que la elección entre la ley 22.278 y la 27.801 puede alterar la pena posible, la duración del proceso y los institutos disponibles, y que el control de legalidad corresponde al juez aun cuando las partes coincidan.La nº 16 agrega que esa elección puede depender de una sola regla, el tope del art. 19, y que la aplicación de la ley nueva puede requerir completarla con soluciones elaboradas bajo la anterior.

Por último, el quinto corolario: el tope de quince años del art. 19 alcanza a las condenas en ejecución, estén o no firmes. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación lo admitió por la vía del recurso de revisión (art. 479, inc. 5, CPPN) y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 3 de San Isidro por la del incidente de ejecución (art. 25, inc. 8, CPP bonaerense), ambos con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y con efectos subordinados a la entrada en vigencia de la ley. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil nº 1 de San Isidro lo aplicó, además, como techo de la escala en la determinación de una pena no firme, y lo sostuvo frente a un planteo de inconstitucionalidad de la víctima (nº 16); allí, sin embargo, el tope no redujo la respuesta: la pena impuesta coincidió con el máximo.

Si otros tribunales siguen ese camino, el derecho transitorio dejará de ser un problema de los procesos en curso para convertirse en una revisión general de las penas largas impuestas bajo la ley 22.278, con consecuencias para la ejecución y para los pedidos de libertad.

Insistimos en que todo lo expuesto es jurisprudencia de primera y segunda instancia, con semanas de vigencia. No hemos recibido ninguna resolución de un tribunal superior provincial ni de la Corte Suprema sobre estos temas, y es allí donde se verá si estas primeras líneas se consolidan.

Mientras tanto, la actividad judicial va dando forma e interpretación a un nuevo régimen penal juvenil que impone grandes desafíos jurídicos y sociales.

ANEXO. RESOLUCIONES ANALIZADAS

– Nº 1: Juzg. de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2, Lomas de Zamora, «Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/Hábeas corpus preventivo colectivo», HC 40881, 7/9/26.

– Nº 2: Cám.de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I, Lomas de Zamora, HC-126-26, RR-1486-2026, 15/9/26.

– Nº 3: Juzg. de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas nº 3, CABA, «M.I.A. y otros s/Art. 164 – robo y otros», IPP 255289/2026-0, 21/9/26.

– Nº 4: Cám. Nac. de Apel. en lo Criminal y Correccional, Sala 7, «R., R. s/Excarcelación», CCC 47366/2026/3/CA1, 24/9/26.

– Nº 5: Cám. de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala III, CABA, «M.I.A. s/Art. 164 – robo», INC 255289/2026-1, 25/9/26.

– Nº 6: Juzg. de Garantías del Joven nº 1, La Plata, PP-06-00-047562-26/00, 29/9/26.

– Nº 7: Juzg. de Garantías del Joven nº 3, La Plata, «A., I. U. s/Robo», PP-06-00-051581-26/00, 6/10/26.

– Nº 8: Juzg. de Garantías, Mar del Plata, PP-08-00-037882-26/00, Reg. 196/2026 (I), 8/10/26.

– Nº 9: Juzg. de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2, Quilmes, J-2083/2026 (IPP 13-00-021187-26), 9/10/26.

– Nº 10: Cám. Nac. de Apel. en lo Criminal y Correccional, sala y fecha por completar, excarcelación de V.D.P. De M. (documento sin carátula).

– Nº 11: Cám. Nac. de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I, «V., V. H. s/Recurso de revisió n», CCC 132770/2012/EP1/3/1, reg. nº 1543/2026, 3/9/26.

– Nº 12: Juzg. de Responsabilidad Penal Juvenil nº 3, San Isidro, «s/Incidente de ejecución», INC-13-02, RR-106-2026, 3/9/26.

– Nº 13: Cám. de Apelación en lo Penal de Rosario, Tribunal Unipersonal (juez Javier Francisco Beltramone), «s/Robo calificado uso de arma», CUIJ 21-09776091-5, nº 502, 9/10/26.

– Nº 14: Juzg. de Garantías del Joven nº 3, La Plata (jueza Lorena Vuotto), «F., J. M.s/Abuso sexual con acceso carnal» (hábeas corpus), PP-06-00-021888-26/00, 6/9/26.

– Nº 15: Cám. Nac. de Apel. en lo Criminal y Correccional, Sala V (jueces Pociello Argerich y López), «M., T. E. s/Excarcelación – Ley 27.801», CCC 47265/2026/2/CA1, 30/9/26.

– Nº 16: Trib. de Responsabilidad Penal Juvenil nº 1, San Isidro, sede Pilar (jueces Flori, Chomiez y Coto), sentencia de cesura del juicio, causa PL-745-2023 y acumuladas nº 774, 785 y 814, 12/10/26.

————–

(1) La cita de la Observación General nº 24 (CRC/C/GC/24, 2019, párr. 22) está tomada de su reproducción en las resoluciones nº 3 y 7.

(2) Resoluciones analizadas, numeradas como en la tabla del § 2. La identificación completa de cada una figura en el Anexo, al final del trabajo.

(3) CSJN, 7/12/05, «Maldonado, Daniel Enrique y otro», CSJN-Fallos, 328:4343.

(4) CSJN, 2/12/08, «García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/Causa nº 7537», CSJN-Fallos, 331:2691, consids. 5º y 6º, según se los reproduce en la resolución nº 7.

(5) Corte IDH, «Caso Mendoza y otros v. Argentina», Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, sent. del 14/5/13, Serie C, nº 260.

(6) El precedente «Thomas, Enrique c/E.N.A. s/Amparo» (CSJN-Fallos, 333:1023), dictado por la Corte Suprema el 15/6/10, limitó la legitimación de los legisladores para demandar judicialmente y reafirmó el carácter difuso del control de constitucionalidad. La decisión revocó por unanimidad una medida cautelar que suspendía con efectos generales la ley de servicios de comunicación audiovisual, y fijó estrictos estándares procesales frente a la revisión judicial de las leyes del Congreso.

(7) CSJN, «Thomas, Enrique c/E.N.A. s/Amparo», CSJN-Fallos, 333:1023, según lo cita la resolución nº 2.

(8) CSJN, 27/8/24, «Luna», CSJ 597/2024/CS1, y 31/3/26, «Prete», según las citas de las resoluciones nº 2, 6, 7, 8 y 9.La resolución nº 5 cita, en cambio, CSJN, 10/9/26, «Luna, Nicolás y Marmisola, Nazareno», CSJ 455/2025/CS1, que lleva los nombres completos de los principales acusados del caso «Luna».

(9) La resolución nº 6 invoca expresamente la doctrina de la Sala I al rechazar la inconstitucionalidad del art. 1º.

(10) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 3 (1990), párr. 9.

(11) Abramovich – Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, 2002.

(12) Courtis (comp.), Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, 2006.

(13) CSJN, «Aquino», CSJN-Fallos, 327:3753, consid. 10 del voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni; «Milone», CSJN-Fallos, 327:4607; «Sánchez», CSJN-Fallos, 328:1602, voto del juez Maqueda; 18/6/13, «A.T.E.», CSJN-Fallos, 336:672; en materia ambiental, CSJN-Fallos, 329:2316 y 343:603. Las resoluciones nº 3 y 6 citan además CSJN-Fallos, 338:1347.

(14) Comité de los Derechos del Niño, observaciones finales sobre los informes periódicos 5º y 6º de la Argentina, CRC/C/ARG/CO/5-6, 1/10/18, párr. 44, y sobre el séptimo informe, CRC/C/ARG/CO/7, 18/10/24, párr. 52, según la resolución nº 3.

(15) Cavaliere, comentario al cap. II, en Finocchiaro (dir.), Régimen penal juvenil. Comentario a la ley 27.801, 2026; Buján – González Hardoy, en Nuevo régimen penal juvenil. Debates, tensiones y desafíos de la ley 27.801; ambos citados en la resolución nº 5.

(16) Véase nota 5.

(17) Cám. Apel. Penal Rosario, tribunal unipersonal (juez Javier Francisco Beltramone), 9/10/26, «[anonimizado] s/Robo calificado uso de arma», CUIJ 21-09776091-5, nº 502.La decisión recurrida es del juez penal juvenil Estanislao Surraco (audiencia del 21/9/26).

(18) Ley 27.005 (sancionada el 29/10/14, promulgada el 12/11/14, B.O., 25/11/14), que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19/12/11. Véanse sus arts. 5º (comunicaciones individuales), 6º (medidas provisionales), 7º (admisibilidad) y 11 (seguimiento).

(19) CSJN, 14/2/17, «Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/Informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico v. Argentina’ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», CSJN-Fallos, 340:47.

(20) Juzg. Garantías del Joven nº 3 La Plata (jueza Lorena Vuotto), 6/9/26, «F., J. M. s/Abuso sexual con acceso carnal» (hábeas corpus), PP-06-00-021888-26/00. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (Sala Especializada, causa 46.982) lo remitió al juzgado por unanimidad.

(21) Cám. Apel. y Garantías Penal La Plata, Sala II, 22/9/26, causa 46.121-2, que a su vez cita a Soler, Tratado de derecho penal, t. I, 6ª ed., p. 238, según la resolución nº 9.

(22) Véase nota 4.

(23) Ley 27.801, arts. 19 y 52, texto oficial (argentina.gob.ar/normativa).

(24) CNCCC, Sala I (jueces Rimondi, Bruzzone y Divito), 3/9/26, «V., V. H. s/Recurso de revisión», CCC 132770/2012/EP1/3/1, reg. nº 1543/2026. Véase también la ficha de Al día Argentina (Microjuris, 8/10/26); Perfil (16/9/26); Infobae (9/9/26); Litigio (4/9/26).

(25) Juzg. Resp. Penal Juvenil nº 3 San Isidro (juez Alejandro Diego Flori), 3/9/26, «s/Incidente de ejecución», INC-13-02, RR-106-2026. Véase también Contexto Tucumán, 14/9/26.

(26) Trib. Resp. Penal Juvenil nº 1 San Isidro, sede Pilar (jueces Flori, Chomiez y Coto), 12/10/26, sentencia de cesura del juicio, causa PL-745-2023 y acumuladas nº 774, 785 y 814. Cita SCBA, P. 131.077, «V., C. D.», y Trib. Casación Penal Bs. As., Sala II, causa 144.244, 16/6/26; Sala V, causas 82.715 y 82.746, 10/5/18; Sala IV, causa 130.768, 9/9/25.

(*) Juez de Garantías Penal Juvenil Dpto. Judicial Quilmes. Vocal del Instituto de Estudios Judiciales, SCJBA, docente universitario en derecho de Familia, especialista en Derecho de Familia y Penal Juvenil. Autor de diversas obras y artículos.

Suscribete

Descubre más desde AL DÍA | ARGENTINA

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo