Autor: Lois, Sergio
Fecha: 20-10-2026
Colección: Doctrina
Cita: MJ-DOC-19038-AR||MJD19038
Voces: DEMANDA LABORAL – PLUSPETICIÓN – HONORARIOS DEL ABOGADO – EJECUCIÓN DE SENTENCIAS – MEDIDAS CAUTELARES – ABOGADOS – COLEGIOS PROFESIONALES – VEROSIMILITUD DEL DERECHO – PELIGRO EN LA DEMORA – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – PLUSPETICIÓN INEXCUSABLE – COSTAS – INDEMNIZACIÓN – PAGO EN CUOTAS – DERECHO DE PROPIEDAD
Sumario:
I. Introducción. II. El efecto del fallo bajo estudio. III. La naturaleza adjetiva de la reforma. IV. La pluspetición inexcusable. V. El pago en cuotas. VI. Conclusión.
Doctrina:
Por Sergio Lois (*)
I. INTRODUCCIÓN
En el caso «Colegio de Abogados de Villa María y otro c/ EN s/ Medida Cautelar (Autónoma) (Expte. N° 11941/2026)» del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, las entidades profesionales (Colegios de Abogados) cuestionaron dos aspectos centrales introducidos por la Ley 27.802 .
Uno de estos aspectos es el art. 10 de la Ley 27.802 (modificatorio del al art. 20 de la LCT que consagra la gratuidad y la pluspetición). Mediante ese artículo se incorpora que la pluspetición inexcusable se configura de manera objetiva ante la mera sobreestimación de los créditos reclamados, imponiendo la responsabilidad solidaria en el pago de costas entre el trabajador y su letrado patrocinante.
Otro de los aspectos cuestionados fue el art. 56 de la Ley 27.802 (modificatorio del art. 277 de la LCT que consagra el pago en cuotas. Como consecuencia de esta modificación los condenados en juicios laborales pueden cancelar las sentencias judiciales (laborales) en cuotas mensuales consecutivas ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual (hasta un máximo de 6 cuotas para grandes empresas y hasta 12 cuotas para micro, pequeñas y medianas empresas).
Los Colegios de Abogados accionantes sostuvieron que el art. 10 de la Ley 27.802 (modificatorio del art. 20 de la LCT) traslada indebidamente los riesgos del litigio al abogado, lo que intimida la defensa técnica e inhibe el libre ejercicio de la abogacía, vulnerando la garantía de defensa en juicio y la naturaleza alimentaria de los honorarios.
Además, alegaron que el ordenamiento procesal ya cuenta con remedios contra el abuso procesal (arts. 34 inc. 6° y 45 del CPCCN) basados en la lealtad y probidad, por lo que fijar un parámetro objetivo genera inseguridad jurídica.
Por otra parte, sostuvieron que la autorización para fraccionar sentencias (art. 56 de la Ley 27.802 que modificó el art.277 de la LCT) dilata el cobro de créditos laborales y honorarios, afectando el derecho de propiedad (art. 17 de la CN).
Por su parte, el Estado Nacional, la parte demandada, argumentó que la pretensión es abstracta e hipotética, ya que no se demostró la aplicación concreta de las sanciones a un letrado específico.
Asimismo, cuestionó la homogeneidad de la clase representada por las entidades colegiadas.
Sostuvo, además, que el art. 10 de la Ley 27.802 busca evitar que el beneficio de gratuidad sea utilizado para sostener demandas infundadas o sobredimensionadas.
Además, sostuvo que el pago en cuotas (art. 56 de la Ley 27.802 modificatorio del art. 277 de la LCT) es una pauta de política legislativa destinada a asegurar la viabilidad de las PYMES y mantener los puestos de trabajo, compensando el diferimiento mediante la actualización por IPC más una tasa pura del 3% anual.
El magistrado evaluó lo peticionado por los actores bajo las reglas del art. 13 de la Ley 26.854 sobre el régimen de medidas cautelares contra el Estado.
En relación al art. 10 de la Ley 27.802 sobre pluspetición inexcusable concluye que la norma carece de claridad al calificar la sobreestimación cuantitativa como pluspetición «objetiva». En este orden, explica que la pluspetición imperdonable exige examinar la conducta procesal (dolo, culpa o negligencia) en cada caso concreto, función que le corresponde exclusivamente al juez de la causa y no al legislador de forma apriorística.
Además, considera que la fijación de una pauta objetiva rígida altera la armonía del régimen laboral, genera incertidumbre en el ejercicio profesional e implica una intromisión del Poder Legislativo en atribuciones propias del Poder Judicial.
En relación al pago en cuotas del art. 56 de la Ley 27.802 señala que autorizar el pago diferido en cuotas de sentencias firmes sin dar intervención ni participación al titular del crédito vulnera el derecho de propiedad y la inalterabilidad de los derechos adquiridos.Además, advierte que la falta de precisión de la norma genera incertidumbre sobre si los honorarios profesionales (que integran las costas) quedan alcanzados por la espera, incrementando el riesgo de interpretaciones dispares.
Teniendo en consideración los argumentos esgrimidos, el Juez Federal resolvió hacer lugar a la medida cautelar colectiva por el plazo de tres (3) meses (art. 5° de la Ley 26.854). Es por ello que ordena suspender el artículo 10 de la Ley 27.802, manteniendo la vigencia del artículo 20 de la Ley 20.744 en su redacción anterior. Asimismo, suspende el artículo 56 de la Ley 27.802, disponiendo la aplicación del artículo 277 de la Ley 20.744 según su texto anterior.
II. EL EFECTO DEL FALLO BAJO ESTUDIO
Entiendo que al tramitarse como una medida cautelar colectiva interpuesta por múltiples colegios de abogados de distintas jurisdicciones, la suspensión alcanza a la totalidad del colectivo representado en los procesos laborales del país.
En este caso, la legitimación activa no fue cuestionada lo cual me parece que es un gran avance en este tipo de acciones colectivas en defensa de los intereses de una gran cantidad de profesionales que litigan y ven con preocupación este tipo de reformas que atentan contra el ejercicio libre de la profesión, sin ningún tipo de condicionamiento externo.
III. LA NATURALEZA ADJETIVA DE LA REFORMA
Asimismo, pienso que las modificaciones introducidas por la reforma laboral de la Ley 27.802 se tratan de verdaderas normas adjetivas. Tanto la pluspetición como el pago en cuotas son verdaderos institutos de naturaleza adjetiva. En consecuencia, este tipo de modificaciones adjetivas deben ser introducidas en las leyes procesales locales por los gobiernos provinciales en tanto que ello forma parte de las facultades no delegadas de las provincias a la Nación (cada una de las provincias deberá dictarse sus propios códigos).
En otras palabras, el legislador nacional no debería inmiscuirse en cuestiones procesales que competen a los gobiernos locales.
No obstante, existen posturas que entienden que se tratan de normas de naturaleza sustantiva.Por ende, estamos ante una interrelación, en la misma LCT, de normas sustantivas y algunas adjetivas.
IV. LA PLUSPETICIÓN INEXCUSABLE
Considero que la pluspetición inexcusable es un instituto consagrado con la finalidad de desalentar los reclamos por parte de los letrados de los trabajadores. Por tanto, posee un efecto disuasivo en tanto posibilita que los letrados sean condenados en costas de forma solidaria. Esto atenta contra el acceso a la justicia y la tutela eficaz de los derechos de los trabajadores, ya que los letrados de los actores al estar condicionados por el temor a ser condenados en costas tratarán de no reclamar, por ejemplo, los daños y perjuicios derivados del trabajo no registrado con sustento el derecho común ya que ello podría ser interpretado como una «sobreestimación del crédito». Sin embargo, entiendo que si la cuantificación del daño material e inmaterial es realizada mediante criterios razonables no habría ningún problema. En este orden, la cuantificación puede sustentarse en las tarifas derogadas de las indemnizaciones agravadas de las leyes 24.013 y 25.323, en el art. 182 de la LCT o en una cantidad de remuneraciones por daño material y otra cantidad por daño moral, entre otras posibilidades.
Por otra parte, la pluspetición inexcusable se trata de un instituto que va de la mano con otras modificaciones y nuevas disposiciones, como el art. 278 de la LCT (incorporado por el art. 57 de la Ley 27.802) que prohíbe el reclamo de los daños y perjuicios ante trabajo no registrado o parcialmente registrado. Este artículo no resiste el menor análisis en cuanto a su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó con el art. 39.1 del texto original de la Ley 24.557 que prohibía a los trabajadores damnificados reclamar la reparación integral de los daños sufridos ante accidentes laborales o enfermedades profesionales. En ese caso, la CSJN en el famoso fallo «Aquino» determinó su inconstitucionalidad teniendo en cuenta el principio alterum non laedere del art.19 de nuestra Carta Magna.
Esta reforma laboral fue una modificación integral y sistemática pensada para disuadir los reclamos, sin embargo considero que varias de sus disposiciones más resistidas no superaran el test de constitucionalidad y convencionalidad.
Todas estas modificaciones de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 fueron redactadas con la finalidad de disuadir a los operadores jurídicos de reclamar los montos indemnizatorios que correspondan según pautas objetivas y razonables. Sostengo que, en la actualidad, el principal problema no radica en la supuesta «industria del juicio» que resulta ser una falacia y que, por tanto, es inexistente, sino que radica en los incumplimientos obligacionales de la patronal. Es por ello que el Estado debería velar, mediante diferentes mecanismos que nada tienen que ver con modificaciones legislativas, por el cumplimiento de las obligaciones.
V. EL PAGO EN CUOTAS
El pago en cuotas del art. 277 de la LCT se trata de una facultad que se encuentra en cabeza del trabajador. El empleador nada puede hacer al respecto y el juez no puede imponer su aplicación, ya que una vez que se dicta la sentencia las partes son dueñas de la misma y nadie más.
Además, el titular del crédito, una vez ganado el juicio laboral, es el trabajador. Solo este puede determinar si acepta o no el pago en cuotas, la imposición no es posible.
A esto debemos sumar que el pago en cuotas solo resultará aplicable en materia laboral, en otros fueros no existe esta posibilidad de fragmentar el crédito. Es por ello que entiendo que se trata de una disposición claramente discriminatoria que solo afecta a una parte de la sociedad: los trabajadores que reclaman legítimamente sus derechos en sede judicial. P or lo que se trata de una norma que afecta, en otros derechos y garantías constitucionales, el art.16 de la CN.
Además, el fraccionamiento del crédito provoca su erosión por el paso del tiempo como consecuencia de la inflación y que el ajuste de cada cuota resulta insuficiente.
A todo esto se suma que el pago en cuotas puede alcanzar las costas del juicio, es decir a los honorarios de los letrados que representan a los trabajadores. Por lo cual, se intenta disuadir también con ello el reclamo de los créditos laborales.
VI. CONCLUSIÓN
Este fallo resulta ser trascendental para la abogacía litigante. La legitimación activa no fue puesta en duda, lo cual es un paso muy importante en esta clase de reclamos colectivos.
Solamente desde el reclamo colectivo se pueden superar los escollos que provocan reformas regresivas que atentan contra grandes sectores de nuestra sociedad.
Las problemáticas complejas (como el trabajo no registrado o parcialmente registrado) no pueden ser superados mediante disposiciones regresivas y disuasivas. En este orden, los reclamos no se pueden limitar porque siempre se encuentra alguna salida ya que se trata de un derecho básico de cualquier sociedad democrática: la posibilidad de ser oído por un juez. Si bien este derecho no fue cercenado de manera absoluta, las modificaciones normativas tienden a disuadir y condicionar los reclamos legítimos.
En todo caso, el problema no radica en el reclamo de los más vulnerables sino en los incumplimientos de los más fuertes. Como consecuencia de las reformas legislativas regresiva se ataca el remedio (los reclamos laborales legítimos) y no la enfermedad (la clandestinidad laboral).
————
(*) Abogado por la Universidad Nacional de La Matanza. Especialista en Administración de Justicia por la UBA. Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF. Autor y coautor de diversos artículos y libros acerca de derecho laboral, derecho procesal, derecho informático, responsabilidad civil y daños. Disertante. Funcionario judicial del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.