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El Senado de la Nación convirtió en Ley los proyectos de Financiamiento Universitario y de emergencia en salud pediátrica este jueves en sesión ordinaria; en dicha jornada también se logró reunir los votos necesarios para dejar sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. Los proyectos de ley ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados correspondiente a la sesión del pasado 7 de agosto.
Con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones la cámara alta aprobó la Ley de Financiamiento Universitario la cual tiene por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
Según la publicación oficial del Senado, la ley va a generar la reapertura de paritarias, los fondos para el funcionamiento integral, las becas estudiantiles, además de la creación de un fondo de $10.000 millones de pesos.
Entre los principales puntos de la ley se destacan:
-Afianzar el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes;
-Garantizar condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, “incluyendo la plena implementación de convenios colectivos de trabajo”;
-Ampliación de la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país;
-Desarrollo y consolidación de la investigación universitaria; y el
-Incremento de inversión destinada a programas de becas estratégicas y estudio, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos.
Respecto a la recomposición presupuestaria la norma dispone actualizar al 1° de enero de 2025 según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1° de mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
También obliga al Poder Ejecutivo a realizar actualizaciones bimestrales desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Las partidas presupuestarias incluídas en las actualizaciones 2024 y 2025 son: 14 “Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario”, 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, 16 “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades” y 25 “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.
El artículo 5° de la norma convoca a paritaria nacional, instruyendo al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley en un porcentaje no inferior al IPC informado por el INDEC. El aumento será remunerativo y bonificable.
Respecto a la aprobación de la Ley por la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales, los votos sumaron 62 positivos y 8 negativos. La iniciativa se basa en la Ley n° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se declara el derecho a la salud integral garantizado por el Estado Nacional en condiciones de igualdad, continuidad, gratuidad y accesibilidad.
El texto aprobado prevé más fondos, una recomposición salarial y la derogación de la resolución 2109/2025 la cual el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas.
Dentro de la ley se referencia especialmente al Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan como institución de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad, garantizando su “funcionamiento pleno y sostenido”.
Por útlimo se derogaron definitivamente cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU. Estos son: el Nº 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante), el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Además, decretos ya judicializados: el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV). “Dichos decretos también fueron rechazados en Diputados, por lo que quedaron sin efecto”, se explica en la publicación oficial.
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