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#Fallos Injurias vs. Libertad de expresión: Se rechaza una demanda de daños contra dos canales de televisión que transmitieron un ‘escrache’ a un pensionado canino e hicieron entrevistas

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Partes: L. F. D. M. y otro c/ América TV S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: I

Fecha: 6 de octubre de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-146723-AR|MJJ146723|MJJ146723

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – DERECHO AL HONOR – INJURIAS – LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Se rechaza una demanda de daños contra dos canales de televisión que transmitieron un ‘escrache’ a un pensionado canino e hicieron entrevistas.

Sumario:
1.-Enfrentados los derechos de quien publica una información frente al derecho al honor de quien pueda verse afectado por la información de que se trate, no es cierto que éste último derecho sea de mayor jerarquía, tal como esgrime la apelante.

2.-La labor de la cronista en el lugar, se limitó a realizar preguntas para poder transmitir las razones de la manifestación, sin asumir en ningún momento una postura activa dirigida a afectar el honor de los accionantes, ni a dar por efectivamente ocurridos los hechos que los manifestantes les atribuyeron.

3.-No se advierte que el derecho a informar se hubiera ejercido de un modo abusivo de conformidad con lo establecido por el art. 10 del CCivCom., tal como esgrimen los apelantes.

4.-Los medios periodísticos no se encuentran necesariamente obligados a efectuar averiguaciones respecto a la veracidad de los hechos que los manifestantes atribuyen a terceros, por cuanto su actividad se encuentra aquí circunscripta a dar cuenta de tal episodio.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los seis días del mes de octubre. de dos mil veintitrés, reunidos los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en los autos ‘L. F. D. M. y otro c/ América TV S.A. y otros s/ daños y perjuicios’, expte. n°: 59743/2017, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dra. Paola Mariana Guisado y Dr. Juan Pablo Rodríguez.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. Guisado dijo:

I. Mediante la sentencia dictada el 19 de mayo de 2022 el juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a Mirta Liliana Salguero a pagarle a D. M. L. F. la cantidad de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) e idéntica suma a la coactora Stella Maris Fernández, más intereses. Por otro lado, desestimó la acción incoada contra ‘América TV S.A.’ y ‘Estrellas Satelital S.A.’. Por último, impuso la totalidad de las costas del juicio a la condenada Salguero.

II. Contra ese pronunciamiento se alza la parte actora en virtud de los fundamentos expuestos el 24 de agosto de 2023, que merecieron la respuesta del 8 de septiembre.

III. De acuerdo a lo relatado en el escrito inaugural los accionantes se dedican al cuidado, atención y paseo de perros. Explicaron allí que en el marco de esas tareas, el 11 de noviembre de 2015, en momentos en que el perro de la Sra.Mirta Liliana Salguero se encontraba dentro del automóvil de L.F., quien conducía por la calle Tres Arroyos de esta ciudad, casi al llegar a la intersección con la calle Rojas, resultó interceptado por dos personas que portaban armas de fuego y lo obligaron a entregar el rodado, dándose luego a la fuga.

Señalan que L.F. hizo la denuncia de manera inmediata a la empresa de rastreo satelital y que el vehículo fue finalmente encontrado en el partido de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el perro no pudo ser recuperado, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.

Explican que ante ese panorama, la codemandada Salguero comenzó una campaña de hostigamiento que incluyó desde amenazas e insultos cada vez que los veía, hasta organizar una reunión de vecinos en la puerta de su domicilio bajo la consigna ‘escrache por el cierre de pensionado canino’, a la que convocó mediante carteles en las que no sólo aparecían sus fotografías, sino también su domicilio y la acusación por desaparición y maltrato de animales, los que fueron colocados en su barrio.

Continúan explicando que se hicieron eco de ello los canales de televisión ‘América TV’ y ‘Crónica TV’, quienes transmitieron en directo el ‘escrache’, presentando una situación totalmente distorsionada de la realidad, manteniendo un apego a la versión por la que se había convocado a la manifestación y sin percatarse, ni tomar los recaudos necesarios para averiguar que había sido sobreseído como consecuencia del robo y desaparición del can de la Sra. Salguero.

Puntualizan que de la transmisión efectuada por dichos canales se aprecia que hubo de su parte gran influencia sobre el público, a quien se puso en su contra, nada menos que en la puerta del domicilio.

Dieron cuenta que debido a la instigación de la Sra.Salguero y la publicidad a tan deplorable accionar que le dieron las restantes codemandadas fue que debieron soportar una manifestación en su domicilio, en las que a través de gritos, cánticos y la utilización de pancartas, se los trató como asesinos.

Enfatizan que fueron sometidos a una injusta humillación, en la que varias personas agredieron su honor y, a su vez, pusieron en riesgo su seguridad.

Además, los canales mencionados, en sus noticieros del día, presentaron la situación de un modo que aumentó sus padecimientos, ya que no se limitaron a reportar una noticia, sino que expresamente mostraban los carteles difamatorios que existían, colocando epígrafes en las notas que también afectaron su honor, tildando su domicilio como una ‘clínica de horror para animales’ o tratándolos como culpables de la desaparición de perros.

Detallan que en el marco de las diligencias preliminares surge que Crónica TV adjuntó el material respectivo, pero que llama la atención que América TV no haya hecho lo propio, a pesar de la amplia cobertura que ofreció sobre el tema. Mencionan que ambos canales mostraron el afiche, lo que resulta de la fotografía que se acompaña en la que se puede visualizar el logo de América TV, apuntando que también apareció la noticia en la página de la red social ‘Facebook’ de ésta y que, además, todavía se encuentra actualmente en el diario digital de Crónica.

En el caso de Salguero añaden que también promovió una causa penal en la que se constituyó como querellante e imputó a L.F. el delito de robo y falsa denuncia, sosteniendo que su vehículo no había sido en verdad sustraído y que mantenía el perro en su poder.En dicho proceso, que tramitó ante el Juzgado de Instrucción n° 43, finalmente se dictó su sobreseimiento, lo que fue confirmado por la Cámara luego de la apelación de la propia Salguero, quien desplegó una conducta tendiente a lograr que se lo condene y se lo someta a la justicia criminal, en base a una denuncia maliciosa.

IV. El juez de grado comenzó por establecer los alcances de la rebeldía decretada respecto a la codemandada Salguero. Luego, se dedicó a caracterizar el derecho al honor y a analizar lo que surge de las causas penales iniciadas a raíz del hecho de autos, como así también de las diligencias preliminares en que se adjuntó una grabación de Crónica TV correspondiente al día de los hechos, que se corresponde con el relato de la manifestación a la que se hizo alusión en el escrito de demanda.

Con base en tales elementos entendió que fue la coaccionada Salguero quien con su actitud dio lugar a los hechos que produjeron una perturbación del espíritu de los actores con imputaciones que no pudieron ser probadas en sede penal, por lo que hizo lugar a la demanda a su respecto.

Distinta tesitura adoptó el sentenciante al analizar la situación de las otras codemandadas, que son las titulares de los medios de comunicación en donde se afirmó haber transmitido la manifestación o escrache de que aquí se trata.

En cuanto a América TV concluyó el a quo que los reclamantes no pudieron probar su participación en los hechos que se relataron en la demanda.

Respecto a Estrellas Satelital S.A señaló que luego de la visualización del material fílmico con que se cuenta no se observa que tal canal de noticias haya sido el promotor del incidente por el cual se reclama.

En efecto, apunta el decisor que las preguntas formuladas por la cronista identificada con un micrófono de la señal de televisión Crónica estuvieron direccionadas a saber e informar el motivo por el cual se manifestaban esas personas, sin que sepueda advertir una participación activa más allá del objetivo de informar acerca de lo que sucedía en ese lugar. Concluyó que tal actuación se dirigió a emitir una información y ello no puede acarrear la responsabilidad que se le pretende endilgar.

Por ello entendió que no puede verificarse que tales medios hubieran infringido obligación legal alguna o que se les pueda achacar responsabilidad en base a ningún factor de atribución de responsabilidad, por lo que el reclamo en su contra fue desestimado.

V. Sólo se cuenta en autos con los agravios de la parte actora dirigidos a objetar el rechazo de la demanda entablada contra ‘América TV’ y ‘Estrella Satelital’ y a cuestionar la suma adjudicada por daño moral por entender que resulta reducida.

VI. Comenzaré por abordar el cuestionamiento referido a la responsabilidad.

Los recurrentes critican que no se haya condenado a las empresas periodísticas. Afirman a tales fines, aunque de manera dogmática, que la participación de aquellos quedó acreditada.

Sin embargo, omiten los apelantes que el rechazo de la acción dirigida contra ‘América TV’ fue sustentado por el colega de grado en la ausencia de imágenes que permitan acreditar la transmisión del ‘escrache’.

Ese déficit probatorio inicial que puede apreciarse en el trámite de las diligencias preliminares no fue suplido por una actividad de los accionantes tendiente a acreditar la participación que se le adjudicó a tal demandada al transmitir los hechos aquí analizados. Adviértase que el único testigo aportado por los actores ni siquiera pudo identificar los canales de noticias que transmitieron tal evento. Por lo demás, ‘América TV’ desconoció la autenticidad de la fotografía adjuntada como documental con el escrito inicial que tendría inserto el logo identificatorio de tal empresa (cfr. fs.42, punto 5). Pese a ello, los actores tampoco hicieron nada para refrendar la autenticidad de dicha pieza.

Puede apreciarse con claridad que, en realidad, la parte actora ni siquiera se hizo cargo de este argumento neurálgico para el rechazo de la demanda contra esta legitimada pasiva y ello deja al memorial al borde de la deserción en lo que a este aspecto se refiere. Por el contrario, los apelantes entendieron que el juez cometió un error al evaluar la conducta endilgada a las empresas periodísticas y ello no es en modo alguno lo que surge del pronunciamiento en crisis.

Resulta claro, entonces, que para analizar la responsabilidad que se adjudica a quien pretende demandarse debe indefectiblemente probarse su efectiva intervención en los hechos debatidos (art. 377 del Código Procesal). Esta carga corresponde al requisito de imputabilidad. Es que para que exista responsabilidad se requiere que el acto que habría producido el hecho dañoso sea atribuible a la persona que se indica como generadora del mismo. La imputabilidad civil responde al interrogante acerca de la necesidad de estar en posesión de determinada posibilidad de ser declarado responsable civilmente. A los fines de la misma, el hecho debe ser imputable a la persona a la cual se demanda la reparación del daño que se alega sufrido (conf. Borda Guillermo ‘Tratado de derecho civil’. Obligaciones T II pág.212). Por ello, resulta imperioso que se acredite que a quien se señala como productor del daño, revista efectivamente tal calidad y lo cierto es que ello no puede considerarse cumplido respecto a esta codemandada en particular.

En virtud de tales consideraciones, la confirmación del rechazo de la demanda contra ‘América TV’ se impone, por lo que en lo que sigue analizaré los demás reproches formulados en materia de responsabilidad, pero sólo en lo que a ‘Estrella Satelital’ concierne, dado que se encuentra acreditada en autos la cobertura periodística filmada de la manifestación bajo estudio.

En este sentido, la parte actora reprocha que el juez no haya valorado que en las transmisiones secuestradas surge que se colocaron epígrafes en las notas que hacían referencia a la ‘clínica de horror para animales’ o en los que se los trataba como culpables de desaparición de perros.

Entienden los recurrentes que el juez no sopesó adecuadamente los límites de la prensa al momento de difundir noticias.

Apuntan en ese sentido que el daño no sólo se produjo por la reproducción de las imágenes de carteles injuriosos, sino también por haber informado falsedades sin haber hecho una averiguación previa al respecto.

Argumentan que ante el pretendido interés periodístico bastaba con mostrar la manifestación sin necesidad de transmitir los agravios proferidos en su contra, sobre todo, porque podían ser claramente identificados a partir de las fotografías que eran ‘impunemente mostradas’.

Sostienen que, contrariamente a ello, los periodistas entrevistaron a tales personas y les facilitaron su micrófono para que se explayen y los difamen en todo lo que les fue posible.

Esgrimen, en definitiva, que el derecho de informar fue ejercido de modo irregular en el caso, en violación a lo establecido por el art. 10 del Código Civil y Comercial.Enfatizan, a todo evento, la falta de interés periodístico de un asunto de tan poca trascendencia.

Sostienen que frente al conflicto entre la libertad de prensa, por un lado, y el derecho al honor y a la intimidad, son estos últimos los que deben primar, pues tienen mayor jerarquía.

Finalmente, transcriben fragmentos del fallo citado en la sentencia que, según su criterio, llevan a la procedencia de la acción. De todos modos explican que -según su criterio- la doctrina de la real malicia se aplica a informaciones inexactas y agraviantes respecto a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, lo que no ocurre en la especie.

La libertad de expresión no solo comprende la obligación del Estado de garantizar la publicación de ideas sin censura previa (art. 14 de la Constitución Nacional), sino también -y fundamentalmente- el derecho de los ciudadanos a recibir información (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), lo cual constituye la piedra basal de nuestro sistema democrático.

Ello no obsta, claro está, que quien publica tales ideas pueda estar sujeto eventualmente a responsabilidades ulteriores, en función de los daños que pueda provocar con tales publicaciones. En este contexto, puede suceder que en el desarrollo de su tarea los medios de prensa, lesionen el derecho a la intimidad, o bien, el honor de algún ciudadano, que es lo que en definitiva esgrimen los accionantes en este proceso.

Enfrentados así los derechos de quien publica una información frente al derecho al honor de quien pueda verse afectado por la información de que se trate, no es cierto que éste último derecho sea de mayor jerarquía, tal como esgrime la apelante.Por el contrario, nuestro máximo tribunal ha expresado que ante el reconocimiento constitucional explícito de ambos derechos y su inserción en un sistema constitucional que no reconoce derechos absolutos y propicia un equilibrio armónico en su ejercicio, la dilucidación de un conflicto o tensión entre ambos requerirá la realización de un juicio de ponderación que conducirá a que en algunos casos se incline la balanza hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho al honor (conf. causa ‘Kimel, Eduardo G. c/ República Argentina’, sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 88, doctrina receptada en Fallos: 335:2150 ; 336:1148 ; 337:921 ).

Sin embargo, entiendo que tal juicio de ponderación no puede obviar la importancia del rol que los medios periodísticos siguen teniendo a efectos de contribuir a una sociedad informada. Frente a ese escenario, quienes ejercemos la magistratura debemos ser sumamente cautos al momento de analizar si la trascendencia del tema sobre el que se informa lo transforma en un asunto de interés periodístico o no.

En primer lugar por el rol primordial que tiene la difusión de información en el debate público -tal como ya adelanté-. En segundo orden porque ello podría derivar en una imposición de los temas de interés de quien tiene que decidir como más preponderante frente a otros posibles, lo cual no haría más que transformar una preferencia personal en una regla que los medios deberían verse obligados a cumplir. Ello trae además aparejado un problema de previsibilidad, ya que podrían existir tantas posturas distintas como decisores tengan que intervenir.Finalmente, porque quienes se encuentran en mejores condiciones para formular ese análisis no son más que los destinatarios de esa información, quienes tenderán a abordar con mayor interés noticias sobre un tema determinado que sobre otro.

Por último, antes de entrar a analizar el caso concreto, entiendo importante destacar que la apelante realiza una transcripción parcial y un tanto antojadiza de partes del fallo citado en la sentencia de primera instancia que favorece sus intereses, pero una lectura integral del mismo no lleva a la conclusión que propone.

Luego de fijar estas pautas de análisis, adelanto que esta queja tampoco será receptada, ya que no se brinda ningún elemento que permita revocar lo decidido.

Comenzaré por señalar que uno de los supuestos de hecho en base al cual se pretende responsabilizar a los medios periodísticos y con el que se insiste en el memorial, esto es, la colocación de -epígrafes- con frases injuriantes no es tal. Véase que en la única grabación aportada a las diligencias preliminares no puede advertirse que se haya inserto leyenda alguna en referencia a ello.

En el mismo sentido, debo apuntar que la visualización del material aportado permite concluir, tal como hizo el colega de grado, que la labor de la cronista de Crónica TV en el lugar, se limitó a realizar preguntas para poder transmitir las razones de la manifestación, sin asumir en ningún momento una postura activa dirigida a afectar el honor de los accionantes, ni a dar por efectivamente ocurridos los hechos que los manifestantes les atribuyeron. En definitiva, no se advierte que el derecho a informar se hubiera ejercido de un modo abusivo de conformidad con lo establecido por el art. 10 del Código Civil y Comercial, tal como esgrimen los apelantes.

Por último, entiendo que los medios periodísticos no se encuentran necesariamente obligados a efectuar averiguaciones respecto a la veracidad de los hechos que los manifestantes atribuyen a terceros, por cuanto su actividad se encuentra aquí circunscripta a dar cuenta de tal episodio.En efecto, imponer una exigencia de esa especie implicaría una seria cortapisa a la libertad de expresión y al derecho a informar y ser informado, con la consecuente afectación de nuestro sistema democrático.

De todos modos, en la hipótesis más favorable a los accionantes, esto es, si se adoptara la posición contraria, la solución sería la misma. Es que lo que no parecen advertir los recurrentes es que para el momento en que la manifestación se llevó a cabo (08/06/2016), si bien ya se había decretado el sobreseimiento de L.F., todavía se encontraba pendiente de resolución el recurso de queja contra la denegación del recurso de casación interpuesto contra esa decisión. Frente a ese escenario, tal situación aún indeterminada para entonces, debía incluso prevalecer para considerar que el hecho era debatible. Reitero, entiendo que tal tipo de análisis no es procedente, pero lo destaco porque aun cuando se realizara desde la perspectiva que propone la apelante, su recurso no seguiría mejor suerte.

En suma, ninguno de los argumentos esgrimidos me convencen de que la decisión de grado deba ser modificada, por lo que propongo al Acuerdo su confirmación en lo que a la responsabilidad se refiere.

VII. Para enjugar el ‘daño moral’ reclamado el a quo fijó la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) para cada uno de los accionantes, quienes consideran que tal cifra resulta reducida dado el escaso valor adquisitivo actual de tal suma y que es producto de la valoración inadecuada de la situación de angustia que debieron sufrir frente a una protesta realizada frente a su domicilio con pancartas con sus fotos y acusaciones graves, potenciado por la difusión televisiva de la misma.

Argumenta que tampoco valoró el sentenciante que fueron sometidos al escarnio público.

He de señalar que este daño, se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial.Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. I, págs. 297/298, núm. 243). Además, para su determinación no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba in re ipsa, que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala en c ausas N° 35.064/06 del 27/8/13 y N° 109.053/00 del 15/4/14 entre otras). También, se ha dicho que es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2004, Tomo 2A, página 39). Así como también, que es un daño jurídico, en la medida que lesiona los bienes más preciados de la persona humana. Es compartible que el daño moral es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume y tutela y que atañe a una persona (conf. CNCiv., Sala B, 6- 12-99, ‘Mesa Gladys c/ La Cabaña s/ daños y perjuicios’). Teniendo en consideración los hechos aquí debatidos, entiendo que la suma fijada, a la que corresponde aplicarles intereses conforme la tasa activa, resulta adecuada para enjugar el daño moral reclamado por los accionantes, por lo que propongo al Acuerdo rechazar la queja bajo análisis y confirmar también este aspecto de la sentencia.

XII.Por lo expuesto voto porque se confirme la sentencia y se impongan las costas de Alzada a la parte actora que ha resultado vencida, por cuanto no encuentro argumento para apartarme del criterio objetivo de la derrota sentado por el art. 68 del Código Procesal.

El Dr. Rodríguez votó en igual sentido y por análogas razones a las expresadas por la Dra. Guisado.

Con lo que terminó el acto.

EZEQUIEL J. SOBRINO REIG

SECRETARIO

Buenos Aires, 06 de octubre de 2023.- Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: I) confirmar la sentencia e imponer las costas de Alzada a la parte actora que ha resultado vencida, por cuanto no encuentro argumento para apartarme del criterio objetivo de la derrota sentado por el art. 68 del Código Procesal y II) para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra las regulaciones de honorarios practicadas en autos, liminarmente, corresponde señalar que este colegiado ya ha tenido oportunidad de exponer -por mayoría- los argumentos que sostienen la aplicación de la nueva norma arancelaria a todos los asuntos en que no hubiera regulación de honorarios al tiempo de la modificación legislativa (conf. esta Sala, ‘Díaz Galaxia, Jésica y otro c. Coria Sebastián E. y otros s. Daños y perjuicios’, expte. n° 46276/2013 del 04/04/2018, ver aquí).

De manera tal que se procederá conforme las disposiciones de la ley 27.423.

Así, cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, las etapas cumplidas, el resultado obtenido, el monto comprometido con más sus intereses y las demás pautas establecidas en los arts. 1, 16, 20, 26, 29, 51, 54, 58 y concordantes de la ley de arancel 27.423. Sobre la base de esas premisas, los honorarios regulados al Dr.Tomás Pérez Virasoro por la primera etapa del proceso resultan reducidos, por lo que se los eleva en la cantidad de UMA (.), que representan a la fecha la suma de ($.) y se confirman en la cantidad de . UMA (.) que representan a la fecha la suma de ($.) por lo actuado en la segunda y tercera etapa del proceso.

Asimismo, por resultar reducidos los honorarios regulados a la Dra. Elda Patricia Dubor se los eleva en la cantidad de .UMA (.) que representan a hoy la ($.).

En razón de las constancias de autos, la ley de arancel precedentemente citada y el art.478 del Código Procesal, los honorarios regulados a la perito psicóloga Laura Isabel Palonero en la cantidad de . UMA (.) que representan a la fecha la suma de ($.) no resultan elevados, por lo que se los confirma.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios del Dr. Tomás Pérez Virasoro en la cantidad . UMA (.) que representan al día de hoy la suma de ($.).

La vocalía número 27 no interviene por encontrarse vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del Código Procesal y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PAOLA MARIANA GUISADO

JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA

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