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#Fallos Responsabilidad de la clínica psiquiátrica y de la obra social por el suicidio de una paciente que tenía antecedentes de autoflagelación

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Partes: M. J. G. c/ Clínica Privada Banfield S.A. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: D

Fecha: 9 de agosto de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-145691-AR||MJJ145691

Voces: MALA PRAXIS – RESPONSABILIDAD MÉDICA – DAÑOS Y PERJUICIOS – SUICIDIO – SALUD MENTAL – OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD – DAÑO MORAL

Responsabilidad de la clínica psiquiátrica y de la obra social por el suicidio de una paciente que tenía numerosos antecedentes de autoflagelación.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de daños, ya que, al tratarse de una paciente con trastornos psiquiátricos previos, debían extremarse las medidas de seguridad para impedir toda clase de riesgos, y asumir al efecto los cuidados recomendados por caso por la perito psiquiatra en su estudio.

2.-Quienes se encontraban en mejores condiciones de aportar elementos que demuestren que la paciente estaba permanentemente acompañada por personal del sanatorio o que estuviese contenido, eran los demandados

3.-La madre del accionante pudo sin supervisión alguna y pese a las cámaras desde las cuales era supuestamente observada dentro del cuarto, levantarse de su cama a las tres de la mañana, retirar una sábana de su cama, desplazarse con ella hasta el baño y realizar allí los nudos y maniobras necesarias para ahorcarse sin que persona alguna acudiera a disuadirla

4.-La obligación de las clínicas -extensivo a la obra social- de prestar asistencia médica a sus pacientes que lleva implícita una obligación tácita de seguridad que beneficia a todo quien acude a los servicios que brinda.

5.-En el caso de las clínicas psiquiátricas la obligación de custodia del paciente, en razón de su especialización, se encuentra agravada o posee mayor peso que la de una clínica genera.

6.-Una paciente con las características de la madre del actor, es decir, con semejantes antecedentes de autoagresión, debe ser vigilada constantemente con presencia humana, acompañados por un cuidador ya que presentan mucha experiencia en internaciones, por lo que es necesario vigilarlos constantemente con presencia en la habitación de personal de la clínica, circunstancia que no sucedió en el caso.

7.-La mayoría de edad de los hijos no actúan como impedimento para sufrir por la muerte, injusta, súbita y violenta de su madre, aun cuando no habitara con ella.

Fallo:
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de de dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala ‘D’, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados ‘M., J. G. c/ CLINICA PRIVADA BANFIELD SA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.’, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Maximiliano L.

Caia y Gabriel G. Rolleri. La Vocalía N° 10 no interviene por encontrarse vacante.

A la cuestión propuesta, el Dr. Maximiliano L. Caia dijo:

La sentencia recurrida i)admitió parcialmente la demanda promovida por J. G. M. contra ‘Clínica Privada Banfield S.A.’ y ‘Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA)’, a quienes condenó en forma concurrente a abonar a la actora dentro del plazo de diez días una indemnización de pesos setecientos sesenta mil ($ 760.000), con más los intereses (tasa activa) y las costas devengadas en el proceso; ii) hizo extensiva la condena respecto de ‘Noble Compañía de Seguros S.A.’ con los alcances de la cobertura asegurativa contratada; iii) Desestimó la pretensión enderezada contra el codemandado M.V.

Contra dicho pronunciamiento se alzan la parte actora, la demanda y la citada en garantía.

El llamamiento de autos se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

I.- Los antecedentes Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

Relata la parte actora, que el día 11/01/2014 en horas de la madrugada el codemandado V., como médico de guardia de la ‘Clínica Banfield S.A.’ especializada en psiquiatría, dio aviso a la Comisaría de Lomas de Zamora de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que su madre -Rosa Ester Cortez, de sesenta y tres (63) años-, se había suicidado en un baño ahorcándose con una sábana.

Señala, que personal policial se constituyó en la mencionada institución psiquiátrica donde constató que la paciente Cortez, quien había ingresado a la hora diecinueve (19) del mismo día con diagnóstico de síndrome depresivo e ideación delirante de perjuicio, se había suicidado en el baño del sector de cuidados especiales, habitación ciento uno (101).

Atribuye el fatal desenlace a la falta de previsión, cuidado y diligencia de parte de la institución psiquiátrica, del médico como profesional a cargo de la paciente y de la ‘Obra social’ por su intervención como institución en la atención de la víctima.

Dice, que la institución omitió prestar la debida diligencia en aras de lograr la adecuada supervisión y vigilancia a una paciente con un cuadro depresivo mayor con antecedentes de intentos de suicidio.

II.- A fs.64/75 se presenta ‘Clínica Privada Banfield S.A.’ a contestar demanda.

Niega los hechos relatados por la actora.

Afirma, que las estadísticas demuestran que ciertas situaciones de pacientes que poseen la determinación de quitarse la vida resultan inevitables.

Reconoce, que Rosa Estar Cortez fue internada por una de sus hijas el día 10/01/2014 por orden médica y mediante la ‘Obra Social OSBA’. Que, el diagnóstico de ingreso fue ‘Síndrome depresivo’ y que el médico admisor fue el Dr. M. V., por haber sido el galeno de guardia el día de ingreso.

Indica, que la Sra. Cortez llegó a la institución en ambulancia con orden médica de internación expedida por la Dra. María Soledad Plaza, a la que la paciente prestó conformidad. Que, el último lugar de atención ambulatoria fue en su sede de Avda. Corrientes 2014 de CABA, donde funcionan solamente consultorios externos.

Sostiene, que a su ingreso la Sra. Cortez presentaba múltiples cicatrices de cortes en antebrazos y muñeca de larga data. Que, como antecedentes la Sra. Cortez había estado internada en el ‘Instituto Frenopático’ y en la ‘Clínica San Gabriel’ por anteriores episodios depresivos y cuadros de autoagresión.

Menciona, que la hija de la paciente, J. M., refirió al ingresar a su madre que cuando estuvo internada en el ‘Instituto Frenopático’ consiguió un bisturí y se lo puso en la bombacha produciéndose múltiples lesiones y cortes en la región pélvica. Que, la hija también refirió que su madre tenía numerosos antecedentes de intentos de suicidio (más de cuarenta intentos).

Admite, que la Sra. Cortez fue internada en el sector ‘Cuidados especiales’, ámbito en el que se sectoriza a las personas que requieren un mayor control. Que, en ese sector comen, almuerzan, meriendan, duermen y utilizan el baño; tienen el personal que los asiste y no pueden trasladarse libremente por la clínica por un tiempo, dependiendo de su evolución.

Alega, que se mostraba comunicativa, cenó en el sector y posteriormente se fue a dormir.Que, las enfermeras del sector no notaron ninguna conducta que llamara su atención sino que todo estaba en orden.

Afirma, que sorprendentemente en el control de rutina de las tres y media de la madrugada personal de enfermería dio aviso al médico de guardia que la paciente Cortez había sido encontrada minutos antes ahorcada en el baño del sector AB de enfermería. Que, el médico se hizo presente en el lugar y constató lo ocurrido y procedió a llamar a la policía y a la hija de la víctima.

A fs. 79/84 se presenta ‘Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA)’ a contestar demanda.

Niega los hechos relatados en el escrito inicial y la responsabilidad atribuida.

A fs. 93 se decretó la rebeldía de M. V. quien compareció a estar a derecho a fs. 95.

A fs. 126/137 se presenta ‘Noble Compañía de Seguros S.A.’ reconociendo su condición de aseguradora de la clínica demandada.

Expone, que la relación asegurativa tenía un límite de cobertura de un millón de pesos ($ 1.000.000) con una franquicia del diez por ciento (10 %) del monto de la condena o de la transacción.

Niega los hechos descriptos en la demanda aunque sí reconoció que la Sra. Rosa Ester Cortez se trataba de una paciente de su asegurada de sesenta y tres (63) años de edad con antecedentes psiquiátricos que fue internada por un síndrome depresivo y que el óbito se produjo en la ‘Clínica Privada Banfield S.A.’, aunque postuló que el deceso no guardó relación con la adecuada atención médica recibida.

Adhiere al relato y las defensas de su asegurada.

II.- La decisión recurrida

Para decidir como lo hizo, el anterior sentenciante sostuvo que el hecho del deceso y la autoría atribuida a la propia víctima del evento está fuera de discusión y ha sido reconocido o admitido por todos los involucrados en el caso.Sobre la responsabilidad de la ‘Clínica Privada Banfield S.A.’ dijo que la obligación de las clínicas de prestar asistencia médica a sus pacientes lleva implícita una obligación tácita de seguridad; que tal tipo de obligación beneficia a todo quien acude a los servicios que brinda, sin que sea necesario acudir a sostener que la obligación que pesa sobre los hospitales y clínicas es de resultado, como lo han sostenido pronunciamientos de nuestro fuero ya que aun cuando nos ubiquemos en el ámbito de las obligaciones de medios, se verá que es exigible al ente asistencial una prestación diligente, idónea y técnicamente irreprochable, circunstancia que se ve especialmente reforzada cuando se trata de una clínica psiquiátrica. Que, la clínica no sólo es responsable de que el servicio se preste, sino también de que ello ocurra en condiciones tales, en cuanto a la participación del médico y servicios auxiliares, que el paciente no sufra un daño por deficiencias en la prestación prometida. Que, en el caso de las clínicas psiquiátricas la obligación de custodia del paciente, en razón de su especialización, se encuentra agravada o posee mayor peso que la de una clínica general, por lo que debe afinarse el concepto de culpa o negligencia incrementando el deber de diligencia, haciéndolas responsables de cualquier descuido en la atención adecuada, y ello por cuanto el paciente es aislado de su vida de relación y confiado ciegamente al establecimiento. Que, aun cuando se advierta que la inestabilidad de los pacientes psiquiátricos dificulta severamente asegurar de modo absoluto las posibilidades de su restablecimiento o que ellos no sufran accidentes, no cabe dudar de que los establecimientos psiquiátricos deben garantizar la integridad física de los enfermos.Que, por ello corresponde afinar de modo quirúrgico el concepto de culpa, apuntando a la procedencia de su responsabilidad ante el más mínimo descuido en la atención adecuada y estimarse que en lo tocante a la seguridad por accidentes se trata de una obligación del primero de dichos órdenes.

Que, producido el evento dañoso para el paciente, la clínica sólo podría eximir su responsabilidad probando la ruptura del nexo causal y aun sin recurrir a la tesis de que, en materia de internaciones psiquiátricas, la obligación de la clínica podría pasar a concebirse como de resultado, lo cierto es que desde la perspectiva de las obligaciones de medios se ha llegado a sostener que la culpa queda plasmada por el dato de la muerte que el profesional debió prever. Que, las medidas de resguardo de los hospitales y clínicas psiquiátricas apuntan al cumplimiento del deber de indemnidad del paciente internado, proveyendo a su seguridad y control en el marco de un plan terapéutico idóneo para el caso. Que, la omisión de los cuidados pertinentes torna indiscutible la responsabilidad de la entidad. Que, la existencia de antecedentes personales de numerosos intentos suicidio por parte de la madre de la actora, reconocidos por ambas partes, es uno de los factores de riesgo que más claramente se asocian a la posibilidad de un futuro suicidio consumado. Destaca la historia clínica y la pericia médica psiquiat ra elementos son demostrativos de que la clínica demandada nunca desconoció que la paciente ingresaba a esa institución voluntariamente cursando un episodio psicótico, sin conciencia de su propia enfermedad y con claros antecedentes de autoagresión y tentativas previas de suicidio, todo lo cual llevó al médico de guardia y al personal de la clínica a ingresarla al sector ‘cuidados especiales’ para su más adecuada protección.Que, en este escenario se observa una especificidad en la evaluación de las responsabilidades emergentes ante el resultado dañoso observado, que posiciona a la clínica demandada en el lugar de deudora de una obligación de seguridad, protección y cuidado de la paciente de características harto especiales y graves. Que, el más mínimo descuido que, por ende, se presume ante el resultado dañoso comprobado, torna operativa la plena responsabilidad de la institución que omitió adoptar las necesarias medidas de contención psicofarmacológica, psicoafectiva e, incluso, física que evitaran que la víctima lograra autoagredirse hasta acabar con su vida mediante su propio ahorcamiento con una sábana dentro del sector destinado a su ‘especial’ cuidado. Que, si bien es innegable el carácter aleatorio del resultado final (la salud del enfermo), en lo que respecta al deber de protección se presume que el deudor diligente posee los instrumentos idóneos para preservar la integridad física del paciente. Sostuvo, que si se daña dentro de la institución y se suicida, aparece indudable la relación causal entre las fallas en el cuidado (deber de vigilancia) y el resultado ya que son pacientes cuya guarda (custodia) está a cargo de la institución y sus auxiliares o dependientes. Reparó, que la perita médica psiquiatra ha sido clara al establecer que una paciente con las características de la Sra. Cortez, es decir, con semejantes antecedentes de autoagresión, debe ser vigilada constantemente con presencia humana ya que puede ser previsible un nuevo intento suicida y que los pacientes de estas características deben ser acompañados por un cuidador ya que presentan mucha experiencia en internaciones, por lo que es necesario vigilarlos constantemente con presencia en la habitación de personal de la clínica, circunstancia que no sucedió en el caso.

Que, en el caso el circuito de cámaras de seguridad que según la demandada garantizaba la supervisión constante de los pacientes no dio resultado positivo en el caso bajo examen.Que, al existir un sector no supervisado remotamente (la accionada reconoció que el baño carecía de cámaras de seguridad) la Sra. Cortez pudo sin supervisión alguna y pese a las cámaras desde las cuales era supuestamente observada dentro del cuarto, levantarse de su cama a las tres de la mañana, retirar una sábana de su cama, desplazarse con ella hasta el baño y realizar allí los nudos y maniobras necesarias para ahorcarse sin que persona alguna acudiera a disuadirla. Que, los ‘cuidados especiales’ del dispositivo montado por la clínica psiquiátrica demandada no tuvieron en cuenta una conducta de la paciente suicida tan simple como la descripta como para poder preverla y evitar que sucediera. En lo tocante a la ‘Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA)’, dijo que su situación es análoga a la que se presenta con las clínicas, resultando igualmente útil recurrir a la figura de la estipulación a favor de tercero para perfilar la relación generada entre una clínica y una obra social.

Que, es deudora de una obligación asistencial asumida frente al afiliado a través de un vínculo de naturaleza contractual, de modo que quien promete en virtud de un contrato el servicio de salud debe cumplirlo, ya esté previsto que lo haga por sí o por tercero. Que, el hecho de que la obra social haya formalizado la estipulación en favor de terceros en beneficio de sus afiliados, no implica que su responsabilidad quede eliminada o disminuida. Que, si la Obra Social es quien tiene a su cargo el deber asistencial, ha de responder por su incumplimiento, sin que interese que para la ejecución de tal deber haya tenido que contratar a su vez con terceros, ya que al afiliado en principio le resulta indiferente que su ‘deudor’ cumpla por sí mismo o valiéndose de otras personas, bastándole con obtener la satisfacción de sus acreencias.

En orden al codemandado M.V., dijo que ha sido el médico psiquiatra de guardia que realizó la admisión de la paciente Cortez aproximadamente unas ocho horas antes de que fuera hallada ahorcada en el baño del sector ‘cuidados especiales’ de la Clínica codemandada y que era el médico de guarida la noche en que sucedió el hecho, circunstancia que no ha sido cuestionada. Que, su responsabilidad debe ser juzgada, en cuanto a las obligaciones a su cargo, con una vara distinta de la que se ha empleado para juzgar la propia de la clínica psiquiátrica como institución u organización pues no se encuentra enmarcada en los criterios que se han expuesto precedentemente en punto al deber de seguridad del establecimiento asistencial y vinculados con la actividad riesgosa asumida por la empresa comercial que se dedica a la explotación de una clínica psiquiátrica sino que se juzga de acuerdo a otros parámetros que comprenden un factor subjetivo de atribución derivado del obrar negligente o culposo. Que, no existe reproche suficiente para formular al obrar del Dr. V. quien al ingresar a la paciente a la institución diagnosticó adecuadamente el cuadro psíquico que presentaba al consignar en la historia clínica con claridad los antecedentes que presentaba la Sra. Cortez, su diagnóstico psiquiátrico y psicopatológico del que surgió la necesidad de derivarla a una sala de cuidados especiales, de acuerdo al dispositivo previsto por la Clínica Psiquiátrica para la cual el referido galeno prestaba sus servicios. No advirtió eficientemente demostrado que haya pesado sobre el Dr. V. la efectiva responsabilidad de supervisar personalmente que en el sector de ‘cuidados especiales’ de la clínica se cumplieran los protocolos institucionales de cuidado frente a un cuadro como el que presentaba la paciente Cortez.Que, en toda organización como la de la clínica demandada, la capacitación de personal en lo que atañe al adecuado cuidado de los pacientes peligrosos, así como lo relativo al control de la efectiva toma de los medicamentos por parte de los internos es un asunto que excede la labor del médico de guardia y, por ende, no cabe asignarle objetivamente responsabilidad por los eventuales incumplimientos que de ello pudiere derivarse.

Que, no se ha probado eficientemente en el caso que dentro de las tareas asignadas al médico de guardia de una institución de las características de la ‘Clínica Privada Banfield S.A.’ haya estado la efectiva supervisión personal y el cuidado de la paciente Cortez una vez que ella fue correctamente diagnosticada por el referido galeno y derivada al sector de mayor seguridad que podía ofrecer la clínica a través de los mecanismos institucionales de cuidado implementados por la organización.

Que, el cuidado directo y personal que requiere el paciente en crisis en ese tipo de sectores especiales no lo ejerce -ni podría hacerlo- de modo personal y permanente el médico de guardia sino que se halla a cargo de los mecanismos montados por la institución a través de sus diferentes operadores, entre quienes están los enfermeros y el personal de seguridad, quienes permanentemente pueden acudir y requerir la presencia del psiquiatra si se necesita de su asesoramiento, contención o consejo.

III.- Los recursos La ‘Obra Social de Buenos Aires’ expresó sus agravios mediante presentación del 12/10/2022. Se queja por cuanto se atribuye responsabilidad sin haberse acreditado en autos la relación de causalidad ya que entiende no existió obrar alguno por parte de las entidades demandadas ni de los profesionales actuantes como causa generadora del fallecimiento de la Sra. Rosa Ester Cortez.Que, si bien los profesionales médicos deben actuar conforme a la lex artis su responsabilidad deriva de una actividad de medios y, por ello, no pueden garantizar un resultado concreto sino que su responsabilidad se limita a poner a disposición del paciente los medios adecuados, comprometiéndose a cumplimentar las técnicas previstas para la patología de que se trate, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis. Que, además existe un elemento aleatorio que no puede soslayarse, pues los médicos actúan sobre personas, a veces imposibilitadas de colaborar en su propia recuperación e incluso pudiendo agravar su cuadro. Que, en relación a la asistencia de los profesionales de la ‘Clínica Banfield’ no surge acreditado que hayan obrado sin la diligencia debida, que hayan observado durante su jornada algo que hiciera sospechar sobre el desenlace acaecido sino que de las constancias arrimadas surge que la paciente fue atendida al ingresar a la clínica conforme los procedimientos normales y prestando colaboración al momento de su admisión, aceptando la medicación suministrada, siguiendo las indicaciones de los médicos y auxiliares actuantes. Que, el paciente no presentaba signos alarmantes que hicieran previsible el desenlace unas horas más tarde, y por lo tanto, si el psiquiatra determina que no presenta cuadro de depresión aguda, difícilmente se pueda imputar el hecho dañoso a la clínica y sus dependientes, por cuanto entenderíamos que existe una voluntad del paciente totalmente impredecible. Que, el daño sufrido por el paciente no derivó de una deficiente prestación de servicio en salud, toda vez que en el caso se cumplimentaron todos los protocolos de rigor. Se alza contra la cuantificación del daño por entenderla arbitraria, específicamente al referirse al daño psicológico y daño moral. Que, en cuanto al daño moral resulta de aplicación el art. 522 del C.C.y por lo tanto, para concederlo el juez debe tener presente la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso; y en ralación al daño psicológico en tanto no constituye un daño autónomo, de corresponder, debe ser incluido dentro de la reparación del daño moral. Que, los gastos por tratamiento aun no realizados o gastos futuros que no pueden llevar intereses de ninguna índole desde fecha anterior a la sentencia que se dicte. Se queja en tanto el decisorio de grado ordena abonar el capital de condena en el plazo de diez días, desconociendo la naturaleza jurídica de la ‘ObSBA’ y la normativa aplicable en la especie (art. 22 de la ley 23982, arts. 399 y 400 del CCAyT). Que, más allá de su autonomía funcional la responsabilidad última del eventual pago del crédito base de este litigio, recae, indiscutiblemente en el Estado (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), cuya solvencia en términos jurídicos, está fuera de toda discusión. Que, atento su status jurídico se encuentra alcanzada por las previsiones de la ley 23982, particularmente por su art. 2do.

Que, en consecuencia correspondería someter el pago de la condena de autos a la previsión de la correspondiente reserva presupuestaria.

Se alza respecto de la imposición de costas ya que de la propia sentencia surge una admisión parcial de la pretensión de la accionante resultando la actora perdidosa a su respecto, solicito que se aplique el art. 68 del CPCCN, ya que no resulta procedente apartarse del principio general.

‘Noble Compañía de Seguros S.A’ presenta su memorial de agravios en fecha 11/10/2022.Se alza contra la indemnización decretada por el juez de grado por daño psíquico y daño moral por el padecimiento que habría sufrido la actora ya que se limita a invocar unos pocos factores y fundamentalmente a citar las atribuciones que le confiere el Código Procesal, para fijar el importe de cada rubro y/o concepto.

Que, en el caso del daño moral sin ningún elemento probatorio que así lo acredite. Que, si bien el daño moral no debería tener relación con el porcentaje de afección psíquica, es una pauta objetiva para dimensionar la integralidad del daño en su conjunto que habría padecido la actora a falta de pruebas. Se agravia que la condena indemnizatoria se deberá abonar con mas los intereses de la tasa activa a computarse desde el hecho de autos (11/01/2014) y hasta su efectivo pago, lo cual resulta confiscatorio atento a que se estaría repotenciando la deuda en forma desproporcionada sin un criterio económico valido, afectando el derecho de propiedad de mi mandante y la igualdad ante la ley. Indica, que la sentencia en crisis constituye pues una sentencia arbitraria, por carecer de toda fundamentación normativa al prescindir de la prueba decisiva obrante en las actuaciones constituye.

A su turno la actora se agravia en fecha 12/10/2022. Se alza contra la sentencia en punto a los intereses que se fijan en base al plenario ‘Samudio’ el cual considera desactualizado, solicitando se valoricen los montos de la sentencia conforme se ha valorizado el salario mínimo vital y móvil desde el hecho y se fije la tasa de interés activa con capitalización anual desde la notificación de la demanda.

IV.- La solución

a) Encuadre legal El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la ‘temporalidad’ de la ley.Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su artículo 7 sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

En consecuencia, corresponde verificar si las situaciones y sus consecuencias están o no agotadas, si está en juego una norma supletoria imperativa, y ahora sí, como novedad, si se trata o no de una norma más favorable para el consumidor. Así por ej., si el hecho ilícito que causó el daño aconteció antes de agosto de 2015, a esa relación jurídica se aplica el Código Civil, se haya o no iniciado el juicio y cualquiera sea la instancia en la que se encuentre (conf.Kemelmajer de Carlucci, Aída, Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015, en Revista La Ley del 2 de junio de 2015).

En el caso, si bien se trata de la reparación de daños producidos en ocasión de un contrato de prestaciones médicas, se arriba a idéntica solución ya que los hechos ilícitos y los actos jurídicos unilaterales o bilaterales, considerados como ‘causa fuente’ (ars.726 y 727 del Código Civil y Comercial) productora de derechos u obligaciones en las relaciones jurídicas que unen a los sujetos activo y pasivo (acreedor y deudor), se hallan regidos por la ley vigente en el momento de producirse el hecho lícito o ilícito, o en el momento de celebrarse el acto jurídico (el contrato), no pudiendo ser alterados o interpretados por leyes posteriores (conf.TARABORRELI, J.N., Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código, en Revista La Ley, del 3/9/15).

Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley resultando, luego, aquélla la aplicable. b) Liminarmente, cabe hacer mención a la alegada arbitrariedad del decisorio que sostiene la demandada y aseguradora.

Sabido es que la tacha de arbitrariedad es improcedente si se funda en una mera discrepancia del recurrente con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuada por los jueces de grado, toda vez que la procedencia de la impugnación requiere la enunciación concreta de las pruebas omitidas y su pertinencia para alterar la decisión de la causa.

Nuestro máximo Tribunal ha señalado al respecto: ‘La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considera como tales, ni cubre las discrepancias planteadas respecto de la valoración y selección de la pruebas efectuadas por el Tribunal de la causa, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que, por su naturaleza le son propias si la sentencia expone argumentos suficientes que bastan para sustentarla’ (CS, noviembre 27-1979, ‘Poblet S.M. c/ Colegio San J. Obrero’, ídem junio 5- 1980, ‘Knaus, Silverio c/ Kilstein, Leonardo’; ídem junio 24-1980, ‘Moyano, Juan C.’, ídem julio 22- 1980, ‘MoisGhami SA’ RED. 14, página 893, sum. 416). (CNCiv., Sala ‘H’, ‘Lucero SA c/ López Vidal s/ prescripción adquisitiva ‘. R. 494841, 03/09/2008).

Por otra parte, ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que la tacha de arbitrariedad no debe encubrir las discrepancias del apelante en lo referente a la apreciación y selección de la prueba, más cuando es un remedio estrictamente excepcional y de su exclusivo resorte.(C.S., mayo 11-976, E.D., 64-407) (conf.esta Sala, Expte. N° 67983/2015 ‘Aguilar Teresa del Valle c/ Coto C.I.C.S.Ay otro s/ daños y perjuicios’ del 30/5/2020; íd, Expte.N°13309/2008 ‘O. Maidana elva Ramona c/ Maldonado Demetrio y otros s/ daños y perjuicios del 6/8/2020; íd. Expte.66350/2014 ‘Trasmonte, Sergio Ariel c/Fernandez, Norma Alejandra y otro s/daños y perjuicios).

Por ello, no encontrando elemento alguno que permita vislumbrar que el pronunciamiento de grado este dotado de tal arbitrariedad cabe desestimar este reproche. íd. Expte. 26585/2015 ‘Bocos, D. E. c/ Aleman Díaz, A. y otro s/daños y perjuicios’ del 28/6/2010; Exp. N° 23.710/2010, ‘Casanovas, César Ignacio y otro c/ Bravo, Mercedes Carmen y otros s/ Daños y perjuicios’ del 24/9/2021). c) Partiendo de tal plataforma abordaré a continuación los agravios traídos a esta instancia concernientes a la responsabilidad cuestionada.

En tal sentido, adelanto que seguiré a la recurrente en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (conf. CSJN Fallos:258:304, entre otros), pues, recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (conf.CSJN, Fallos:274:113) y que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

Se considerarán, entonces, los hechos ‘jurídicamente relevantes’ (Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso y Derecho Procesal); o ‘singularmente trascendentes’ (Calamandrei, Piero, La génesis lógica de la sentencia civil).

En el caso, no se encuentra controvertido el hecho del lamentable deceso de la madre de la accionante y la autoría atribuida a la propia víctima del evento; como así tampoco que lo discutido se centró en la responsabilidad atribuida al médico de guardia, a la clínica psiquiátrica (y su aseguradora) y a la obra social por una paciente con un estado de depresión mayor que se suicidó en el sector ‘Cuidados especiales’ de la ‘Clínica Privada Banfield S.A.’.

Decidida la ausencia de responsabilidad en el luctuoso evento del médico demandado, aspecto consentido por las partes, es la obra social demandada quien insiste con su postura defensiva pues sostiene que no existió obrar alguno por parte de las entidades demandadas ni de los profesionales actuantes como causa generadora del fallecimiento de la Sra. Rosa Ester Cortez. Sin embargo, sus argumentaciones no logran superar el límite establecido por el artículo 265 del Código Procesal.

Es que, la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el ‘a-quo’ respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.

La misma para poder ser considerada como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equi vocadas.Por ello, en aquélla se deberá indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por el art.265 y 266 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación.

Reiteradamente se ha sostenido que la expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una ‘crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas’. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto ‘Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado’, t. III, p. 351, A.edo Perrot, 1988; C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 2.575/2004, ‘Cugliari, Antonio C. Humberto c/ Bank- Boston N.A. s/ cancelación de hipoteca’ del 1/10/09).

De allí que, ante la falta de un agravio específico sobre la cuestión, corresponde declarar su deserción en este aspecto (cfr. art.265 del C.P.C.C.).

Es que, la quejosa no logra rebatir el profuso desarrollo efectuado por el Sr.Juez de grado i)sobre la obligación de las clínicas -extensivo a la obra social- de prestar asistencia médica a sus pacientes que lleva implícita una obligación tácita de seguridad que beneficia a todo quien acude a los servicios que brinda; ii) que es exigible al ente asistencial una prestación diligente, idónea y técnicamente irreprochable circunstancia que se ve especialmente reforzada cuando se trata de una clínica psiquiátrica; iii) que en el caso de las clínicas psiquiátricas la obligación de custodia del paciente, en razón de su especialización, se encuentra agravada o posee mayor peso que la de una clínica genera; iv) que la conducta suicida no es una conducta aleatoria y ya desde sus primeras descripciones científicas se observó que hasta cierto punto se podía predecir, ya que se encontraba asociada a diversos factores sociales, psicológicos y biológicos; v) que conocer bien estos factores es de gran importancia para evaluar adecuadamente el riesgo de autolesión de un individuo; vi) que no se requiere ser especialista en psiquiatría para suponer que una mujer mayor, con un síndrome depresivo severo, con disfunciones familiares, sin conciencia de su propia enfermedad, con graves antecedentes de autoagresión que saltan a la vista del personal médico que la evaluó a su ingreso (cortes y tajos en sus antebrazos), con numerosas internaciones psiquiátricas anteriores y con antecedentes reiterados de intentos de suicidios, que ha sido internada por la hija con quien se sostuvo que poseía una relación conflictiva, con dificultades para conciliar el sueño, aproveche la soledad y el silencio de la noche, así como la ausencia de un control directo del personal del establecimiento, para dirigirse al baño y consumar su propósito ahorcándose con una sábana; vii) que, si bien es innegable el carácter aleatorio del resultado final (la salud del enfermo), en lo que respecta al deber de protección, se presume que el deudor diligente posee los instrumentos idóneos para preservar la integridad física del paciente, de allí que si se daña dentro de la institución y se suicida, aparece indudable la relación causal entre las fallas en el cuidado (deber de vigilancia) y el resultado. No censuró en su esbozo de queja que la perito psiquiatra hubiese establecido, con claridad, que una paciente con las características de la Sra. Cortez, es decir, con semejantes antecedentes de autoagresión, debe ser vigilada constantemente con presencia humana, acompañados por un cuidador ya que presentan mucha experiencia en internaciones, por lo que es necesario vigilarlos constantemente con presencia en la habitación de personal de la clínica, circunstancia que no sucedió en el caso. Esencialmente, no refutó que este deber que le era exigible no puede considerarse cumplido con un circuito de cámaras de seguridad ya que evidentemente no dio resultado positivo y al existir un sector no supervisado remotamente (la accionada reconoció que el baño carecía de cámaras de seguridad) la Sra. Cortez pudo sin supervisión alguna y pese a las cámaras desde las cuales era supuestamente observada dentro del cuarto, levantarse de su cama a las tres de la mañana, retirar una sábana de su cama, desplazarse con ella hasta el baño y realizar allí los nudos y maniobras necesarias para ahorcarse sin que persona alguna acudiera a disuadirla.En definitiva, no censuró eficazmente que los ‘cuidados especiales’ del dispositivo montado por la clínica psiquiátrica demandada no tuvieron en cuenta una conducta de la paciente suicida tan simple como la descripta como para poder preverla y evitar que sucediera.

Finalmente, en lo atinente a la obra social propiamente dicha, no se hizo cargo de su deber asistencial, razón por la cual debe responder por su incumplimiento, sin que interese que para la ejecución de tal deber haya tenido que contratar a su vez con terceros, ya que al afiliado en principio le resulta indiferente que su ‘deudor’ cumpla por sí mismo o valiéndose de otras personas, bastándole con obtener la satisfacción de su acreencia.

Nada de ello ha sido eficientemente rebatido con la insustancial expresión de agravios intentada. No obstante, procederé a efectuar algunas precisiones sobre los cuestionamientos del planteo recursivo impetrado, a los fines de satisfacer las quejas de la accionante.

En la esfera civil la procedencia de la acción indemnizatoria no se conforma con la verosimilitud del daño sufrido, sino que se requiere, además, que medie relación de causalidad entre el hecho que se le atribuye al demandado y el daño padecido por quien reclama la indemnización. El juzgador debe arribar a un razonable grado de convicción respecto de la existencia de un adecuado nexo causal entre ambos extremos, porque en caso contrario, la pretensión del actor debe ser rechazada. Todos los fenómenos del mundo jurídico, como los del mundo físico, están sujetos al principio de causalidad.Pero la realidad social no es simple, sino compleja, es decir, los hechos no aparecen perfectamente dibujados, pues de ordinario integran un conjunto o masa de acontecimientos que actúan como factores determinantes, condicionantes o coadyuvantes de sucesivos fenómenos, y que se interfieren recíprocamente en sus respectivas derivaciones, de manera de presentar un panorama borroso que dificulta la apreciación del nexo de causalidad existente entre los hechos (LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil -Parte General, T.II, A.edo Perrot, pág.80).

Para este mismo autor, haber sufrido un daño no resulta título suficiente para pretender la respectiva indemnización, sino que es necesario establecer el nexo de causalidad entre ese efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad invocada, en la medida que tal hecho ‘sea el factor por cuyo influjo ocurrió aquel daño’.

Así, según la teoría de la causalidad adecuada, la relación de causalidad jurídicamente relevante es aquella que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que normalmente lo produce, conforme al curso natural y ordinario de los acontecimientos. Se entiende por causa adecuada aquella que por sí sola es apta para producir el efecto que se considera, sin necesitar para ello de otra fuerza que la complete o complemente; debiendo efectuarse la apreciación de tal aptitud productora del resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece.

Bustamante Alsina dice que la cuestión radica en establecer cuál de los hechos antecedentes, en presencia de una pluralidad de circunstancias, puede ser considerado razonablemente como causa directa, y no una mera condición del resultado dañoso (‘Una nueva teoría explicativa de la relación de causalidad’, LL 1991-E-Sec. Doctrina, p.1378 y ss.).

Como ya se dijo, la obligación de la clínica de prestar asistencia médica lleva implícita una obligación tácita de seguridad.Por ello, no sólo es responsable de que el servicio se preste, sino también de que ello ocurra en condiciones tales, en cuanto a la participación del médico y servicios auxiliares, que el paciente no sufra un daño por deficiencias en la prestación prometida.

Recordemos, que la obligación de medios implica un compromiso de diligencia, que solo tiende a la consecución del resultado final.

El incumplimiento se configura cuando el deudor omite prestar esa conducta calificada. La relevancia del distingo entre obligaciones de medios y de resultados radica en la diversidad existente en el factor de atribución, hecho que determina cuáles son las eximentes de responsabilidad a utilizar en cada caso. En las primeras, el criterio legal de imputación es la culpa; y en las restantes, el factor de atribución es objetivo, de modo que el responsable se libera demostrando la causa ajena, salvo disposición legal en contrario (arts. 1722 y 1723 CCyC).

La prestación de un servicio puede consistir en la realización de una actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito.

Tal lo que sucede con las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o a aplicar los mejores esfuerzos. En este caso, el deudor asume el cumplimiento de una obligación de medios, pues lo que ha asumido es un compromiso de diligencia que solo tiende a la consecución del resultado final.El incumplimiento se verifica cuando el deudor omite prestar esa conducta calificada (conf.TRIPOLI, Pablo – SILVA, Rodrigo, en Có digo Civil y Comercial de la Nación Anotado, Infojus, p.66 y sgtes.).

No obstante ello, y los argumentos fundantes de su pretensión originaria, no puede soslayarse que el al factor de atribución idóneo para generar responsabilidad civil en la demandada por el daño atribuido, atendiendo por lo demás al vínculo reconocido entre las partes, debe reposar en la obligación tácita de seguridad que le incumbe al establecimiento asistencial.

Desde ese piso de marcha, es sabido que esta clase de establecimientos son responsables además de la prestación principal comprometida de los daños que sufrieran los pacientes por la producción de accidentes o cualquier otra circunstancia ocurrida dentro del ámbito de la institución.

Luego, al juzgarse su responsabilidad jurídica se impone la aplicación -en estos casos- de parámetros objetivos de atribución pues el deber de seguridad que en el derecho común se asienta en el principio de buena fe, y es responsable no solamente de que el servicio se preste sino también de que se preste en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida (conf. Bustamante Alsina, J., ‘Teoría General de la Responsabilidad Civil’, Ed. A.edo Perrot, 5ta.ed., págs.467/468).

Es que este tipo de entidades han de responder cuando no cumplieron con sus compromisos que les son propios; diríamos en los casos en que no llevaron a cabo una atención eficaz, oportuna y profesional a los pacientes que allí concurren y se internan.

Vale la pena aclarar que, en relación a los mencionados entes, se reconoce sin mayores discusiones que pesa sobre ellos una obligación tácita de seguridad hacia quien acude a los servicios que brinda.

Es decir, que rige una cláusula sobreentendida de garantía que se traduce en atender a la seguridad del paciente, y que tiene su fundamento en el principio general de la buena fe (art.1198, primer párrafo, del Código Civil hoy derogado pero aplicable al caso). En otras palabras, existe la obligación de quien presta servicios médicos y paramédicos de realizar adecuadamente su labor, lo cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general o accesoria para la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato. Es que, si la entidad se ha obligado a proporcionar asistencia médica, paramédica, sanatorial, hotelería, etc., no solamente será responsable por el servicio que se ofrezca, sino también de que se preste en condiciones tales para que el paciente no sufra daños por una eventual deficiencia en la prestación prometida (Ver Vázquez FerR.ra, Roberto, ‘La obligación de seguridad’, suplem. especial La Ley, septiembre de 2005, p. 4; Bustamante Alsina, Jorge, ‘Teoría General de la Responsabilidad Civil’, p.edición, Buenos Aires, 1987; CNCiv., Sala A, del° 1431 quáter, 5°468, N 2/6/2004, LL del 10/11/2004; Bueres, Alberto ‘Responsabilidad civil de los médicos’, p.383/384, Buenos Aires, 1992; CNCiv., Sala G, del 25/6/1981, en autos ‘Abalo, Omar Ulises c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor’, Expte. libre nº 269.599; CNCiv. Sala H, 21-6-1995, ‘G., M. E. c/ Intermedics Inc.’, libre N. 161.624).

Y, en ese sentido, no puedo sino recordar que la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas. Ello es así porque para determinar el contenido de este deber de cooperación cabe recurrir al derecho común que establece las normas generales, que vienen a integrar las normas especiales cuando no contienen disposiciones específicas en este sentido. Que no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado, de manera que el usuario no sufra daño alguno. El régimen de causalidad vigente en ese momento (arts.901 a 906 del Código Civil) toma en cuenta las consecuencias normales y ordinarias previsibles, eximiendo al responsable de aquellas que son inevitables o no previsibles. La previsibilidad exigible variará de acuerdo a la regla del art. 902 del Código Civil de un caso a otro, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación. Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas (CSJN. del voto del Dr.Lorenzetti, in re ‘FerR.ra, Víctor D. y FerR.ra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios’, del 21 /3/2006).

Luego, la entidad únicamente responde cuando se haya incurrido en la omisión de la prudencia y diligencia que el caso requería. Y en el caso, a no dudarlo, a partir de los elementos descriptos por el sentenciante que se desprenden de la historia clínica y la pericia psiquiátrica, la actividad a cargo de la emplazada no ha sido desarrollada con la prudencia y diligencia que el cuadro de la paciente exigía e imponía.

Es que al tratarse de una paciente con trastornos psiquiátricos previos (cuyos antecedentes eran debidamente conocidos), no tengo dudas de que debían extremarse las medidas de seguridad parar impedir toda clase de riesgos, y asumir al efecto los cuidados recomendados por caso por la perito psiquiatra en su estudio. Y, si bien se tomaron algunas medidas resulta evidente que no fueron suficientes ni eficientes frente al cuadro, lo cual demuestra la falta de prestación adecuada del servicio de salud al que estaba obligada la emplazada. En este sentido, quienes se encontraban en mejores condiciones de aportar elementos que demuestren que la paciente estaba permanentemente acompañada por personal del sanatorio o que estuviese contenido, eran los demandados.Sin embargo, aquéllos no probaron ninguna de esas circunstancias ni otras similares.

Es que, la obligación de seguridad constriñe al establecimiento y a la obra social a reglamentar y realizar todas aquellas acciones, medidas y demás cuidados para la seguridad de los pacientes afiliados. De allí que, no se trató de un hecho fortuito, sino que, por el contrario era previsible tanto respecto del establecimiento hospitalario en sí, como de la obra social que deriva allí a sus adheridos, siendo responsables al no adoptar las medidas tendientes a impedir un hecho como el de marras. En efecto, si el establecimiento asistencial consintió en recibir en su sede a una persona cuyo estado de salud psíquica conocía, con ello asumió plenamente la obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia y que comprende el deber de vigilancia y de garantizar la integridad física del individuo a su cargo (cf. CNCivComFed, Sala II, sent. del 26-4-07 in re ‘G., L. E. c/Sanatorio San J. de Calasanz y otro’, JA 2007-III, fasc. 10, p. 52, con nota de Patricia B. Barbado; esta Sala Expte. Nº 43.388/2010 ‘Terigi, Gabriel Enrique y otro c/ Obra Social de Empresa y otro s/ daños y perjuicios’, del 21 de mayo de 2015).

En virtud de estas consideraciones, cabe concluir en el caso que las diligencias inherentes a la aludida obligación principal asumida al tiempo de la internación de la paciente en guardia no fueron suficientes en relación con sus características.Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo el rechazo de los agravios introducidos por la parte demandada.

V.- Rubros indemnizatorios Dilucidada la atribución de responsabilidad y atento como ha sido resuelta la cuestión, he de abocarme al cuestionamiento de las partidas indemnizatorias cuestionadas.

Liminarmente, y en cuanto a la fijación de valores solicitada por la actora en su escrito de agravios, corresponde aclarar que respecto de las partidas apeladas declaradas admisibles se justipreciarán a la fecha de la presente sentencia, pues corresponde atender a su naturaleza intrínseca en tanto la indemnización de daños y perjuicios importa una típica ‘obligación de valor’ (art. 773 CCyCom.), en donde prima el principio solidarista y no el nominalista propio de las dinerarias (CNCiv, Sala J, Expte. N° 93.911/2012 ‘Borrelli, Mauricio y otro c/Beron, Julio y otros s/ daños y perjuicios’, del 29/04/2022). i) Daño psicológico Sentado lo expuesto, es dable destacar que la protección a la integridad de las personas y el derecho a la reparación integral se encuentra respaldada en tratados internacionales que integran el sistema constitucional en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, entre las cuales podemos citar al art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al expresar que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa. Asimismo, el art. 5 del mismo cuerpo normativo, de jerarquía constitucional, ampara el derecho a la integridad personal al expresar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, física, psíquica y moral (Bidart Campos, ‘Manual de la Constitución Reformada’ t° II, pág. 110, Ed. Ediar). El derecho al resarcimiento y a la reparación del daño se encuentra incluido entre los derechos implícitos (art. 33 CN) especialmente si se tiene en cuenta que otras normas como el art. 17 y el 41 CN refieren casos específicos (C. N. Civ., Sala L, 15/10/2009, ‘L., S. y otro c.Hospital Británico y otro s/daños y perjuicios’, E. D. 09/02/2010, Nº 12.439, Id, esta Sala, 10/8/2010 expte. Nº 69.941/2005 ‘G., L. Alfredo y otro c/ Luciani, D.a Cyntia y otros s/ daños y perjuicios’).

En la unidad indisoluble de la persona, formada por cuerpo y alma, su integridad y normalidad psíquica constituye una dimensión reconocible y valiosa. Consecuentemente, debe ser objeto de protección, generando consecuencias resarcitorias el hecho que la menoscaba (conf.ZAVALA DE GONZALEZ, Disminuciones psicofísicas, to.1, Astrea, pág.109).

El daño psíquico es una clase de lesión a la persona que constituye fuente de daños resarcibles. Supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Existe la posibilidad de que l a víctima experimente un daño exclusivamente psíquico, sin lesiones corporales. Es decir, aquel no debe ser restringido al proveniente de una agresión anatómica (conf.ZAVALA DE GONZALEZ, ob.cit., págs.109/112).

Al resarcir este tipo de daño no se trata de comprender ni de identificarse empáticamente o moralmente el damnificado, sino de objetivar un diagnóstico clínico que tenga entidad psicopatológica.

Asimismo, en un individuo sano, las perturbaciones podrán conmover o alterar momentáneamente el equilibrio por un lapso, mas lo normal es que pueda evitar el acarreamiento de connotaciones de índole patológica a través de sus propias defensas (conf.esta Sala J, ‘Saavedra, Nelson c/Luján Pérez, Marcelo y otros s/daños y perjuicios’ (expte.44.859/10), del 13/12/12).

En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral.

El daño psíquico se configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y que, como toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud. Se trata de una alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica. Para establecer el daño psíquico se ha de proceder de la misma manera que para determinar el deterioro físico. En el caso de que se probare la existencia de dicho daño, será necesario distinguir entre el que se ha producido como consecuencia directa del acaecimiento del siniestro y aquél que se ha derivado de la situación personal anterior del damnificado.

La distinción es útil porque el causante del hecho ilícito sólo debe cargar con las consecuencias derivadas de aquél y paliar esas secuelas exclusivamente, porque las restantes que aparezcan teniendo como etiología una estructura de personalidad proclive a la descompensación y la derivada ampliación del perjuicio no deben ser receptadas.

Sentado ello, cabe señalar que cuando se produce un daño psíquico, se modifica o altera la personalidad del sujeto y se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etcétera, cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico (ver esta Sala in re ‘Dasa, Juan c/ Cascardo, E. s/ Ds. y Ps.’, Expte.N° 63.793/2.010, del 11/10/2012; ídem, ‘Mendoza Geraldino c/ GCBA s/ Ds. y Ps.’, Expte. N° 110.751/04, del 11/11/10; ídem ‘G., Zulma c/ Ttes. La Perlita S.A. s/ Ds. y Ps.’, Expte. N° 63.344/2002, del 02/5/2007, entre otros; Milmamiene, J., ‘El daño psíquico’, en Los nuevos daños, C. Ghersi, págs. 72/78).

Contrariamente a lo expuesto en sus agravios por la demandada y citada en garantía, ello es lo que diferencia a este nocimiento del daño estrictamente ‘moral’ o ‘espiritual’ pues si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquél reviste connotaciones de índole patológica (CNCiv., Sala K, ‘Mello, María M. c/ Transporte del Oeste S.A. s/ Ds. y Ps.’, del 19/10/2007; ídem, Sala B, ‘Tonus, Gastón c/ Creao, Pablo s/ Ds. y Ps.’, del 10/9/2004), por lo que lo que aquí se indemniza es la falta de salud mental (CNCiv., Sala B, ‘R. G., O. L. c/ T.B.A. s/ Ds. y Ps.’, del 29/8/2009) (ambos precedentes son publicados por la ‘Revista de Derecho de Daños’, 2009 – 3, ‘Daños a la persona’, págs. 363/364).

En su estudio, la perito psicóloga indicó que ‘.Atendiendo a la evaluación conjunta del material psicológico obtenido en el presente estudio pericial, se concluye que la Sra. J. G. M. ha transitado su historia vital sin mayores inconvenientes. Donde se denota, según manifestaciones de la actora los sucesos que promueven las presentes actuaciones han tenido para la subjetividad de la Sra. J. G. M. cierta entidad como para agravar rasgos de su personalidad de base y evidenciar un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de daño psíquico, por acarrear modificaciones en diversas aéreas de despliegue vital: emocional, social, y laboral.El hecho en autos es compatible con el concepto psicológico de trauma, es decir, que es un suceso externo, sorpresivo y violento en la vida de una persona caracterizada por su intensidad, la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y los efectos patógenos que provoca en la organización psíquica. Es posible establecer que la Sra. J. G. M., como reacción al impacto traumático del hecho de autos, presenta labilidad yoica, desvitalización, aislamiento e inhibición, rigidez, timidez, ansiedad y angustia, tendencias infantiles o regresivas, sobrecompensación de sentimientos de inferioridad, baja tolerancia a la frustración, dependencia.

Como así también presenta desarmonía entre el intelecto y la emoción, denotando ciertas características de vivencias de conflictos sin resolver, inmadurez emocional, temores, miedos e inseguridad (características fóbicas) con cierta tendencia a la depresión. Con respecto a los recursos defensivos, represión y aislamiento principalmente, se puede inferir que se presenta con cierta labilidad o inmadurez para afrontar las situaciones problemáticas que se le plantean desde el mundo externo, denotando necesidad de ser contenida por alguien de su entorno íntimo, como soporte de apoyo y sostén en ciertas ocasiones. Todos estos elementos concluyen en cierto grado de perturbación del equilibrio psíquico y su vínculo con el mundo exterior.

Desde el punto de vista de la psicología resulta difícil establecer con criterio científico la distribución de porcentajes cuando se trata de un nexo concausal. Los mecanismos psíquicos que actúan vinculando los elementos concausales son móviles, versátiles, y en este sentido no admiten una precisión exacta. No obstante, intentando realizar una discriminación orientativa, que en modo alguno pretende exactitud por ser científicamente imposible, se establece que, conforme a los antecedentes histobiográficos de la Sra. J. G. M., así como también lo evaluado en el estudio psicodiagnóstico efectuado, la estructura psíquica previa de la actora es un factor predisponenente para la aparición futura de un desequilibrio emocional como el constatado en la actora en la actualidad.Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que la mayoría del porcentaje de incapacidad establecido corresponde al hecho de autos y no a la inversa.’.

Que, ‘.acuerdo al Baremo de porcentaje para valorar daño neurológico y psíquico del Dr. Castex, se establece que la actora se puede encuadrar dentro los desarrollos no psicóticos: neurosis fóbica leve.’.

Ante el pedido de explicaciones de la actora, la especialista agregó ‘.con respecto a la incapacidad psíquica y/o psicológica a la actora y qué áreas de su personalidad se ven afectadas con mención de las limitaciones para vida laboral y/o afectiva y/o social, se encuentra descripto en el punto IV. ‘Análisis integral de la problemática y de técnicas administradas’ del informe pericial. A su vez, con respecto a la discriminación porcentual, por todo lo expuesto y de acuerdo al Baremo de Castex de porcentaje para valorar daño neurológico y psíquico del Dr. Castex, se establece que la actora se puede encuadrar dentro de los desarrollos no psicóticos: neurosis fóbica leve, denotando un porcentaje de incapacidad psíquica de un 5%.’.

En cuanto al porcentaje de incapacidad, debe tenerse presente que los peritos la califican de manera genérica y abstracta, y los jueces el modo e intensidad con que aquella trasciende en la existencia productiva y total del damnificado. De ahí que para determinar la cuantía de la indemnización no debe estarse sólo a los porcentuales de incapacidad determinados por el perito, sino que también deben valorarse otras circunstancias como la edad, empleo, estado civil, además de la concreta incidencia patrimonial que las secuelas pueden tener sobre la víctima. Ocurre que los porcentajes estimados pericialmente constituyen sólo una pauta para cuantificar el resarcimiento y no obligan, en consecuencia, a efectuar cálculos matemáticos, pues lo que interesa es determinar la medida en que la disfunción puede repercutir en la situación concreta de la víctima (cfr.CNCivil, sala ‘H’, in re ‘Di Feo de Lapponi, Ana C/ Libertador S.A.C.I. y otro S/ Daños y Perjuicios’, L. 271.705, de febrero de 2000).

En ese sentido, resulta pertinente recordar el derecho que tiene toda persona a una reparación integral de los daños sufridos. Este principio basal del sistema de reparación civil encuentra su fundamento en la Constitución Nacional y está expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2021 – 2 – 5° y 21 del Pacto de San J. de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado, noción que comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades (conf. Fallos: 340:1038 ‘Ontiveros’ y sus citas).

Dicha reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse (conf. Fallos: 314:729, considerando 4°; 316:1949, considerando 4°, y 340:1038; entre otros).

En esa línea de razonamiento, la Corte Suprema en el marco de una demanda laboral por daños deducida con sustento en las normas del Código Civil ha enfatizado que ‘resulta inconcebible que una indemnización civil que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso salarial’ (conf. Fallos:340:1038 ‘Ontiveros’), así como también ha admitido que, más allá de que -como norma- no quepa en supuestos como los examinados recurrir a criterios matemáticos ni aplicar las fórmulas utilizadas por la ley de accidentes de trabajo, estos últimos pueden constituir una pauta genérica de referencia que no debe ser desatendida por quienes tienen a su cargo la tarea de cuantificar los daños (conf. arg. Fallos: 327:2722 y 331:570 ).

La consideración de criterios objetivos para determinar la suma indemnizatoria en cada caso no importa desconocer la facultad propia de los magistrados de adecuar el monto de la reparación a las circunstancias y condiciones personales del damnificado habida cuenta el margen de valoración de que aquellos gozan en la materia (artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sino recurrir a pautas meramente orientadoras que permitan arribar a una solución que concilie de la mejor manera posible los intereses en juego y evite -o cuando menos minimice- valoraciones sumamente dispares respecto de un mismo daño sin motivos razonables y/o de entidad que lo justifiquen.Ello máxime cuando, como en el caso, la ponderación cuestionada por insuficiente atañe al daño material.

En función de las consideraciones señaladas, ponderadas a la luz del prisma del derecho a una reparación integral, el cimero Tribunal entiende que resulta ineludible que, al tiempo de determinar el monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente y valor vida, los magistrados intervinientes tengan en cuenta como pauta orientadora las sumas indemnizatorias que establece el régimen de reparación de riesgos del trabajo para esos mismos rubros, lo que coadyuvará a arribar a una decisión que -más allá de las particularidades propias de cada régimen indemnizatorio- no desatienda la necesaria armonía que debe regir en el ordenamiento jurídico cuando no se evidencian razones de entidad para un proceder diferente.

Ello, pues no resulta razonable que a un trabajador en relación de dependencia se le otorgue protección mayor que a cualquier otro habitante cuando lo que se intenta resarcir de manera integral es el mismo concepto. Esta diferenciación, sin otro fundamento más que la condición señalada, conduce a vulnerar el derecho de igualdad ante la ley previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa (conf.CSJN. ‘Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)’, del 2/9/2021).

El porcentaje de incapacidad laboral no es una pauta determinante que el juzgador deba inevitablemente seguir para mensurar y resarcir el daño a la integridad psicofísica, cuando se demanda de acuerdo con el derecho civil. Como lo destaca el juez Lorenzetti en su voto (considerando catorce), si bien el porcentaje de incapacidad laboral es una pauta genérica de referencia, el juzgador debe también valorar las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere a dicha tarea un marco de valoración más amplio (Fallos:308:1109; 312:2412; 322:2658 ; 326:847 ; 327:2722 y 329:4944 ). Ello es consecuencia, asimismo, de las diferencias que existen entre el régimen indemnizatorio civil y el sistema especial de reparación de los accidentes laborales (doctrina de Fallos: 305:2244 y 330:1751, disidencia del juez Lorenzetti, considerando octavo) (Voto Rosenkrantz en fallo citado).

Con ese alcance, cabe utilizar como criterio para cuantificar el daño causado el de reconocer un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (cfr. art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación; CNCiv.Sala B ‘Leguizamón, Elsa IsA. c/ Cima, D. s / daños y perjuicios’ del 14-4-2016; esta Sala Expte. Nº64.405/16 ‘Lencinas, Andrea c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios’ del 30/09/2021).

Desde ese piso de marcha, tomando como pauta orientadora las disposiciones establecidas para compensar las incapacidades permanentes de los trabajadores de conformidad con lo informado por el ‘Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Superintendencia de Riesgos del Trabajo en https://www.argentina.gob.ar/srt/art/pagos-art/incapacidad-laboralpermanente- 50; lo normado por la leyes 24.557 (art.14) y 26.773, cuyo artículo 8° dispuso que los importes por I.L.P. previstos en las normas que integran dicho régimen, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del M.T.E.y S.S., a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia y el salario mínimo vital y móvil establecido conforme Resolución 10/2023 del ‘Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social’ (B.O.17/7/2023); ponderando el porcentaje de incapacidad psicológica estimado por la perito interviniente, las condiciones personales de la actora quien tenía 43 años de edad al momento del hecho, es soltera, vive en pareja hace 25 años con el padre de sus dos hijas, posee primario completo y secundario incompleto, es ama de casa, y demás elementos que surgen de las presentes actuaciones, propongo al Acuerdo elevar la suma concedida para enjugar el daño a pesos trescientos mil ($300.000) (art.165 del Código Procesal). ii) Daño moral El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. Tº I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. Tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo ‘El daño en la responsabilidad civil’, pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, ‘Teoría General de la Responsabilidad Civil’, pág. 179, núm.556/7; Orgaz, Alfredo ‘El daño resarcible’., pág. 223, núm. 55).

Tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual resulta aplicable el artículo 522 del Cód. Civil, que prevé que el juez puede condenar a reparar el agravio moral que se hubiere causado por el incumplimiento, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso. La redacción de esta norma no lo ha convertido en una decisión discrecional y arbitraria del juez.

Así las cosas, se deben atender las circunstancias del caso y la índole del incumplimiento, pero ante su efectiva existencia la procedencia resulta incontrovertible.

En la especie, coincido con la solución adoptada en la sentencia recurrida de acceder a la reparación del daño moral, por cuanto el detrimento y padecimiento en los sentimientos sufridos por la actora, con las consecuencias inmediatas de las que da cuenta la pericia psicológica, son sólo índices de lo que pudo haber significado y aún significa en su cabeza. Es que tal como lo he sostenido, considero que se trata de un daño resarcible, que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar la damnificada, procurándole una satisfacción o compensación.

En esta inteligencia, la jurisprudencia ha dicho que, sabido es que la mayoría de edad de los hijos no actúan como impedimento para sufrir por la muerte, injusta, súbita y violenta de su madre, aún cuando no habitara con ella. El daño moral por la muerte de la madre no reconoce límite de edad en el sobreviviente, porque el accidente los privó de gozar de su compañía y del apoyo espiritual de quién los trajo al mundo.Además que la ligazón afectiva, tan especial, entre padres e hijos no se rompe o anula a pesar de llegar éstos a la madurez y autonomía vital (CNCiv., Sala J, 30/10/98, ‘Varela, Héctor y otros c/ Cortés, Domingo D., y otro s/daños y perjuicios’).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta el dolor que ha sufrido la accionante por el fallecimiento de su madre, las características en que se produjo, y demás circunstancias del caso, corresponde hacer lugar al reclamo formulado bajo la denominación del acápite.

Ello establecido, corresponde concluir que el rubro no puede medirse rígidamente, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual.

Aclarada esa cuestión preliminar, cabe recordar que el daño moral tiene carácter resarcitorio, y no sancionatorio (ver Orgaz, ‘El daño resarcible’, 1967). Es una afección a los sentimientos de una persona, que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecu niaria (conf. Bustamante Alsina, Teoría de la responsabilidad civil, pag. 205; Zavala de G. en Highton-Bueres, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, T 3-A, pág.172) (conf.CNCiv.Sala H, ‘Pérez Marcela del Carmen c/ Ubalde D. Alberto s/ ordinario – cumplimiento de contrato ‘, del 24/10/12).

Importa, en definitiva, una alteración o modificación disvaliosa del espíritu (Mosset Iturraspe, Jorge ‘El daño moral’, Responsabilidad por Daños, T.V, Rubinzal-Culzoni Ed.) o más explícitamente, una ‘modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel (en) que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial’.

Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, ‘El daño en la responsabilidad civil’, Astrea, 1982, p. 1982, p. 231).

Reiteradamente, ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989. ; ‘Arisnabarreta, R. J. c. E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento’, entre muchos otros).

Cierto es, que no todo incumplimiento contractual trae aparejado daño moral, pues la reparación respectiva queda sujeta a la libre apreciación del juez acerca del hecho generador del perjuicio y de las circunstancias del caso, pues no puede sustentarse en cualquier molestia que se derive de la satisfacción de las prestaciones contractuales (conf. Llambías, Obligaciones, t. 1, p. 353, n. 270 bis y Código Civil anotado, t. II-A, p. 177; Borda, Obligaciones, t. I, p. 170, n. 75; Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, p. 183, ns. 570/571; Mayo en Belluscio – Zannoni, Código Civil comentado, anotado y concordado, t. 2, p. 733, n.4; Huberman, ‘El daño moral en la responsabilidad contractual’, LL 149-522). Empero, en el caso considero que no se necesita demostración, ya que nos hallamos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos, que su vinculación no se encuentra sujeta a cánones estrictos, y que no es, por lo tanto, necesario aportar prueba directa sobre tal padecimiento (cfr. Bustamante Alsina, en ‘Equitativa reparación del daño no mensurable’, publ. en LL. 1990- A-654),

El artículo 1744 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. El supuesto contemplado en la segunda parte de la norma se presenta en el caso, donde el daño surge, a partir de lo dicho, notorio de los propios hechos del caso.

Por lo demás, es dable señalar, que la procedencia y determinación de este daño no está vinculada a la existencia o entidad de los perjuicios materiales, pues media interdependencia entre tales rubros, que tienen su propia configuración (conf. Llambías, Jorge J., ‘Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Tº I, p. 13, ed. A.edo Perrot; CSJN., 06/10/2009, ‘Arisnabarreta, R. J. c/ E. N. (Min. De Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento’; Ídem., 07/11/2006, ‘Bianchi, IsA. del Carmen PeR.ra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios’, Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, ‘Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios ‘, Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, ORI, ‘Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios ‘, Fallos 330:563, entre muchos otros).

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su cuantía; para ello deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados.

Señaló nuestro Máximo Tribunal que ‘Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido.

Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. El dinero es un medio de obtener satisfacción goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida’ (CSJN, 12/4/2011, ‘Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros’, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós) (Conf CNCiv, Sala A 17/7/2014 ‘. R. M. B. c/ Banco Supervielle S.A. s/ daños y perjuicios’ del voto del Dr. Sebastián Picasso; Cita:MJ-JU-M-88578-AR | MJJ88578 | MJJ88578).

El dinero, el ‘quantum’ reparatorio no cumple aquí una función valorativa exacta, sino de satisfacción y de sustitución (según los términos utilizados en el nuevo artículo 1741 del Código Civil y Comercial) frente a los padecimientos y angustias que el luctuoso suceso provocó en la damnificada.

En virtud de las consideraciones vertidas, y ponderado la entidad de los acontecimientos, teniéndose en cuenta el sufrimiento y angustia verosímilmente padecido, propongo al Acuerdo confirmar la suma concedida para compensar el daño extrapatrimonial (art. 165 CPCCN).

IV.-Tasa de interés La sentencia dispuso que ‘.los montos anteriormente fijados devengarán intereses desde la fecha del hecho de autos, es decir, desde el 11/01/2014 y hasta su efectivo pago, a la tasa que resulta de aplicar las pautas establecidas en el fallo plenario dictado por la Excma.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con fecha 20/04/2009, en autos caratulados ‘Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios.’.

Cuestiona la aseguradora en su agravio la tasa establecida por el magistrado.

Al respecto, cabe recordar que la indemnización resulta un equivalente del daño sufrido y el interés compensa la demora en su reparación al no haber el responsable cumplido inmediatamente con su obligación de resarcir.

Se trata entonces de una estimación ‘actual’ que el juez de grado ha tenido en cuenta para sopesar la variación patrimonial de la prestación debida, considerando para ello que estamos ante una indemnización de daños que, lejos de resultar una obligación ‘dineraria’ en la que se adeuda un quantum y resulta insensible a la variación del poder adquisitivo, importa una verdadera obligación ‘de valor’ en la que se debe un quid y, por tanto, sí admite o reconoce las alteraciones sufridas por el poder adquisitivo (Casiello, Juan, Méndez Sierra, Eduardo, ‘Deudas de dinero y deudas de valor. Situación actual’, LL 28/08/03, pág.1).

Sabido es que la fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen, ya que el orden jurídico requiere, como pauta general de conducta, que toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume o le impone la ley.

Ahora bien conforme la jurisprudencia y doctrina mayoritaria imperante en el fuero la tasa que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina siguiendo la doctrina del fallo plenario del fuero in re, ‘Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta SA, salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, pueda implicar como un efecto no querido, un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (conf. CNCiv., esta Sala, expte. Nº 69.941/2005 ‘G., L. Alfredo y otroc/ Luciani, D.a Cyntia y otros s/ daños y perjuicios’, del 10/8/2010, entre otros muchos).

En consecuencia, deberá aplicarse la referida tasa activa en los casos en que la misma no genera o configura un ‘enriquecimiento indebido’ único supuesto fáctico que justificaría apartarse del principio general (conf. C.N.Civ., esta Sala, 15/04/2010, Expte. 114.354/2003 ‘Rendon, Juan C. c/ Mazzoconi, L.Edith’; ídem 24/2/2017 Expte N° 51917/2009 ‘Suárez Adriana Soledad y otro s/ Flecha Manuel Edmundo y otros s/ Daños y Perjuicios’).

En el caso, a mi juicio, no obran en la causa constancias que acrediten que, con la aplicación de la tasa activa desde el día indicado para el inicio de su cómputo, se configuraría el mentado ‘enriquecimiento indebido’; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir, si así fuera e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general referida la misma debe ser probada en forma clara por el deudor en el ámbito del proceso (conf. art. 377 del CPCCN), circunstancia que no se verifica en los presentes, (cfr. CNCiv esta Sala, 13/6/2019, Expte N° 31.025/2.010, ‘Pachinotti, Mirtha Helena y otro c/ Carpio Guzman, David y otros s/ Daños y Perjuicios’ Ídem, 14/6/2019, Expte N° 35196/2017 ‘Scapula Leonardo Marcelo c/ De Marco Lucio y otros s/ Daños y Perjuicios’ Ídem id, 14/06/ 2019 Expte N° 46914/2013 ‘Enrico Mario Marcelo y otros c/ Valko Andrea Emilia y otros’ Ídem id, 12/7/ 2019 Expte N° 44145/2014 ‘Pérez Noelia Sabrina C/ Giménez W. A. y otros s/ s/ daños y perjuicios’ Ídem id 28/8/2019 Expte N° 16215/2016 ‘Palma J. L. y otro c/ Canteros Gustavo Javier y otro s/ Daños y Perjuicios’) por lo que cabe desestimar la queja y confirmar lo decidido.

Finalmente, la cuestión introducida por la actora relativa a su capitalización escapa de la órbita de conocimiento de esta Alzada en los términos del artículo 277 del Código Procesal.

V.- Plazo de pago de la condena La obra social codemandada se agravia del plazo otorgado para el cumplimiento de la condena establecida en la sentencia solicitando la aplicación del artículo 22 de la ley 23982:artículos 399 y 400 del CCAyT.

Pues bien, el artículo 22 de la Ley 23.982 dispuso que a partir de su entrada en vigencia el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de las obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento.

Tal disposición resulta de aplicación a los casos en los que la ciudad autónoma fuere parte como continuadora de la ‘Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires’ y en tanto la legislación nacional o municipal, existente a la entrada en vigencia del estatuto organizativo, al que se refiere el art. 129 de la Constitución Nacional, no fuere derogada (art. 5, Ley 25.488) (CNCiv, Sala J, ‘López Angélica c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios’, 9/4/2019).

El acreedor está legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del periodo de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo. La obligación al pago de las sumas de dinero dispuestas en este pronunciamiento debe ser satisfecha dentro de las autorizaciones previstas por la ley referida, y la parte condenada informará si cuenta con las partidas presupuestarias para hacer frente al crédito reconocido en autos, o en su caso, efectuará las previsiones necesarias a los fines de incluir la obligación en el ejercicio que corresponda para cancelarla (CNCiv, Sala J, in re ‘S. F. y otro c/ C. F. A. y otro s/ Ds. y Ps.’, Expte. N° 69.749/2005, del 26/11/2020, primer voto de mi distinguida colega de Sala Dra. G. M.Scolarici).

En base a ello, si bien el crédito de autos se trata de una deuda no consolidada y por tanto alcanzada por la Ley 23.982 (arts. 2, 16 y 22), debe considerarse que la legislatura local ha sancionado específicamente sobre el punto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 189/99 (CNCiv, Sala J, ‘Baez, Pedro Germinal c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ cobro de sumas de dinero’, del 13/8/2002; íd. ‘Meraguelman, Silvia c/ GCBA s/ daños y perjuicios’, del 03/12/2013; íd. ‘C., María L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios’, del 9/10/2017), el cual sigue los lineamientos de la Ley 23.982, estableciendo en el capítulo correspondiente a la ejecución de sentencias en causas seguidas contra las autoridades administrativas, que para el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero deberá cumplirse el procedimiento de previsión presupuestaria contemplado en los art. 399 y 400, a excepción de los créditos de naturaleza alimentaria, cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno (conf. CNCiv, Sala J, ‘Rivainera, María Cristina c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios’, 9/3/2011; íd.Expte.64268/2015 ‘F M, E c/ G DE LA C DE B A s/daños y perjuicios’, del 12 de agosto de 2022).

En su virtud, ante la naturaleza de los daños derivados del luctuoso suceso, corresponde hacer lugar al agravio de ‘Obsba’ y disponer que el pago de la condena se ajustará al procedimiento previsto por los arts.399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

VI.- Costas Con respecto a las costas, cabe recordar que son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Tratado de los actos procesales, Pág.111), siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Conf. Morello,’Cód. Procesal Comentado y Anotado’, Tomo II, pág.363. Ed. A.edo Perrot).

De tal modo, no constituyen una suerte de castigo para el vencido, sino una forma de resarcir las erogaciones en las que debió incurrir aquel que se vio constreñido a iniciar una acción judicial a fin de lograr el reconocimiento de su derecho. Ahora bien, el principio así esbozado no resulta ser absoluto ya que en el segundo párrafo de la citada norma del ritual aquel se ve atenuado al autorizar a los jueces a que, enmarcados en un prudente arbitrio, ponderando cada caso en particular y siempre que resulte justificada tal exención, prescindan de su aplicación, en tanto encuentren mérito suficiente para ello (conf. CNCiv., esta Sala J,’Kruck, Edith L. c/ Cons. de Prop. Juan de Garay 1294/96/98/1300 s/ejecución de convenio’, 15/06/21; íd., íd., expediente N° 96598/2019 Saliter, Marcos c/ Intrusos: Ocupantes Recuero 2701/05/ esq.Arrotea S/N CABA y otros s/Desalojo: intrusos’ del 17/03/21).

Se ha sostenido reiteradamente sobre la materia que la condena en costas al vencido es la regla y su dispensa, la excepción de modo que el apartamiento de tal principio sólo debe acordarse cuando medien razones fundadas, pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo (conf. Elena Highton-B.Arean, ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’, Tomo 2, pág.65, Ed.Hammurabi). Por otro lado, se ha dicho que la sola creencia subjetiva de la razón probable para litigar, no es, de por sí, suficiente para eximir del pago de las costas del juicio, pues es indudable que salvo hipótesis de actitudes maliciosas- todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos si el resultado del juicio no le es favorable (conf. CNCiv., Sala J, Expte. N° 45.248/20.’G. c/ Penso s/ med. Prec.’ del 28/12/20).

Sólo es admisible la eximición frente a las características peculiares y dificultades del asunto pero, en tales supuestos, la razón probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos objetivos de apreciación de los que se infiere la misma sin lugar a dudas. No basta, por tanto, la mera expectativa que pudo abrigar el perdidoso, en cuanto a obtener un resultado acorde con su pretensión (r. Nº186.589, del 5/3/96, con cita de Morello-Sosa-Berizonce y jurisprudencial).

En la especie, no se advierten razones para apartarse del principio rector del vencimiento objetivo establecido en el ordenamiento aplicable (art.68 del Código Procesal).

En merito a lo expuesto, se propone al Acuerdo:

I.- Modificar parcialmente la sentencia recurrida y i) elevar a pesos trescientos mil ($300.000) la suma concedida para enjugar la incapacidad psicológica; ii) disponer que el pago de la condena se ajustará al procedimiento previsto por los arts. 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

II.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido objeto de apelación y agravio; III.- Imponer las costas de Alzada a la parte demandada vencida (art. 68 del rito).

Así mi voto.

El señor juez de Cámara doctor Gabriel G.Rolleri por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Maximiliano L. Caia, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. MAXIMILIANO L. CAIA – GABRIEL G. ROLLERI – La Vocalía N° 10 no interviene por encontrarse vacante.

Buenos Aires, de de 2023.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, RESUELVE:

I.- Modificar parcialmente la sentencia recurrida y i) elevar a pesos trescientos mil ($300.000) la suma concedida para enjugar la incapacidad psicológica; ii) disponer que el pago de la condena se ajustará al procedimiento previsto por los arts. 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

II.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido objeto de apelación y agravio; III.- Imponer las costas de Alzada a la parte demandada vencida (art. 68 del rito).

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el monto de condena más sus intereses; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados; la incidencia de su labor en el resultado del pleito; lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 29 y 51 de la ley 27.423, el artículo 478 del Código Procesal y el valor de la UMA fijado por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 19/2023, se adecuan los regulados en la sentencia de primera instancia, fijándose los correspondientes (.) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuen tra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Por ante mí, que doy fe. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. La Vocalía N° 10 no interviene por encontrarse vacante.

NOTA: LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS HONORARIOS SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN LA SENTENCIA FIRMADA Y PROTOCOLIZADA QUE OBRA EN EL SISTEMA LEX 100. Conste.

Maximiliano L. Caia

Gabriel G. Rolleri

D. S. Pittalá Secretario

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