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#Fallos Imprudencia: Procede demanda de daños contra una empresa que se encontraba realizando trabajos en la vía pública, a raíz de que uno de sus operarios dejó caer una herramienta encima de un peatón

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Partes: Rivas Eleuteria Margarita c/ Telecentro S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: G

Fecha: 22 de junio de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-144384-AR|MJJ144384|MJJ144384

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – RESPONSABILIDAD POR VICIO O RIESGO DE LA COSA

Procedencia de una demanda de daños contra una empresa que se encontraba realizando trabajos en la vía pública, a raíz de que uno de sus operarios dejó caer una herramienta encima de un peatón.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de daños por las lesiones padecidas por un peatón que circulaba en la vereda y fue golpeado por un objeto que cayó desde lo alto, ya que, de las imágenes acompañadas, únicamente se advierte la existencia de dos conos sobre la acera o vereda por donde circulan los peatones sin que se vislumbre algún otro tipo de señalización o ‘demás elementos de seguridad presentes en la zona’ invocados que impidiesen el paso peatonal.

2.-Considerada en abstracto la actividad o circunstancias en que ocurrieron los hechos, donde un operario en altura manipula herramientas metálicas sobre un sector de tránsito peatonal deficientemente demarcado, y sin los instrumentos de que se sirve tengan adecuados mecanismos de sujeción que impidan una caída, permite arribar a la conclusión de la presencia de una actividad riesgosa pasible de configurar un factor objetivo de atribución de responsabilidad.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días de junio de Dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer los recursos de apelación interpuestos en los autos ‘RIVAS, ELEUTERIA MARGARITA C/ TELECENTRO S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ORDINARIO)’, Expte. nro. 78.169/2018, respecto de la sentencia de fs. 38/246 del registro digital Lex 100, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores GASTÓN M. POLO OLIVERA – CARLOS ALBERTO CARRANZA CASARES.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara Doctor Polo Olivera dijo:

I. a. La sra. Eleuteria Margarita Rivas promovió demanda por daños y perjuicios contra Telecentro S.A por los daños sufridos el 23 de marzo de 2017, a las 11.00 hs., aproximadamente.

Expuso que en la fecha y hora indicadas se encontraba caminando por la avenida Escalada junto a sus dos hijas. Antes de arribar a la intersección con la autopista Luis Dellepiane, observó en la vereda unos cables, obreros trabajando y un camión con hidrogrúa direccionado hacia un poste de cableado ubicado en la vereda.

En tales circunstancias, cuando la accionante circulaba junto al referido poste indicó que ‘algo cayó desde lo alto, que me golpeó fuertemente la cabeza a la altura de la frente’ y observó que junto a ella ‘se encontraba la herramienta que instantes antes, me había golpeado tratándose de una pinza de hierro con la que trabajaba una persona en lo alto del poste’.

Manifestó que un operario de Telecentro S.A.se encontraba efectuando tareas en altura en el referido poste sin algún elemento de advertencia de peligro o alguna medida de seguridad que delimitara la zona en la que se efectuaban las labores y desde allí cayó la herramienta que la golpeó en el rostro.

Describió las lesiones que sufrió, cuyo resarcimiento reclamó, así como la asistencia médica de emergencia recibida instantes luego de ocurrido el siniestro; fundó en derecho y ofreció prueba.

Solicitó la citación en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. b. En fs. 40/49 se presentó Telecentro S.A. y contestó la acción entablada en su contra. Realizó una negativa genérica y particular de los extremos expuestos en el escrito de inicio.

Rechazó la responsabilidad atribuida a su parte y relató que el 22 de marzo de 2017 a las 17.00 hs., aproximadamente, se produjo un siniestro en el cruce de la autopista Luis Dellepiane y la avenida Escalada: un camión con caja de descarga levantada embistió una columna o poste perteneciente a Cablevisión S.A., provocó el desprendimiento y torcedura de varias columnas, entre ellas de Telecentro S.A., lo que causó la caída del tendido de red y la interrupción del servicio por ellas brindado.

Los trabajos de normalización total de tendido y columnas se efectuaron al día siguiente con apoyo de varios móviles de Telecentro S.A. y Cablevisión S.A.y ‘tomando los recaudos necesarios de seguridad y señalizando con conos y cinta en la zona de trabajo’.

En tales circunstancias, al técnico Cristian Pajello ‘se le enganchó uno de los pelos del alambre acerado de la linga en el guante de la mano derecha, donde tenía agarrada la pinza con la que estaba desarrollando sus tareas, generando que la suelte y ésta caiga al vacío’ mientras la actora se desplazaba por la vereda ‘a pesar de los conos y demás elementos de seguridad presentes en la zona’.

Rechazó la responsabilidad atribuida a su parte y sostuvo que el hecho ocurrió por la propia negligencia e imprudencia de la actora que hizo caso omiso a las normas de seguridad instaladas en el lugar.

Impugnó los daños reclamados, fundó en derecho y ofreció prueba. c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. contestó su citación en fs. 72/79.

Dio cuenta de la existencia de un contrato de seguro celebrado con Telecentro S.A. instrumentado mediante póliza nro. 350349 con una franquicia a cargo de la asegurada de USD 3.500.

No obstante haber efectuado una negativa de los hechos expuestos en el escrito de inicio se adhirió a la contestación efectuada por su asegurada. Impugnó el reclamo indemnizatorio efectuado por la actora, fundó en derecho y ofreció prueba. d. Agotada la etapa de prueba, por medio de la sentencia dictada el día 13 de julio de 2022, el señor juez a quo hizo lugar a la demanda interpuesta por la sra. Eleuteria Margarita Rivas y condenó a Telecentro S.A. a abonar a la parte actora dentro de los diez días la suma de $1.618.000, con intereses y costas. Hizo extensiva la condena a la aseguradora en los términos de la 17.418:118. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes. e.Esta sentencia fue apelada por la emplazada y la citada en garantía, cuyos agravios aparecen formulados digitalmente, habiendo sido contestados los de la demandada por la accionante de esa misma forma.

Ambas criticaron el pronunciamiento en relación con la imputación de responsabilidad. Luego se alzaron contra la procedencia y cuantías indemnizatorias reconocidas en la sentencia en concepto de incapacidad física sobreviniente, daño psicológico y tratamiento, gastos de farmacia, tratamientos y traslados y daño extrapatrimonial o moral.

II. Responsabilidad.

Ante todo debe recordarse que el Juzgador no tiene la obligación de ponderar todas las pruebas colectadas en la causa, sino sólo aquellas que juzgue, según su criterio, pertinentes y conducentes para resolver el caso (CSJN, fallos 274:113; 280:320, entre otros). Asimismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que estime posean relevancia para sustentar su decisión (Fallos 258:304, 262:222; 10:267, entre otros).

En la especie resulta de aplicación el CCCN 1757 y 1758 (arg. cciv 1113), en cuanto establece el régimen de responsabilidad objetiva por las consecuencias dañosas de una actividad riesgosa o peligrosa, pues el sr.

Pajello resultaba ser dependiente de la sociedad demandada y se encontraba efectuando sus labores -trabajos en altura con herramientas- al momento en que la pinza que sostenía se soltó y cayó al vacío (CCCN 1753).

En efecto, una actividad resulta riesgosa por sus características propias, ordinarias y normales, por los medios utilizados o las circunstancias de su realización genera una significativa probabilidad de riesgo o peligro para terceros según el curso normal y ordinario de las cosas (conf. Pizarro – Vallespinos, ‘Tratado de Responsabilidad Civil’, t. II, pág.308, Rubinzal – Culzoni).

De este modo, en el supuesto contemplado por el CCCN 1757 y 1758, enmarca una responsabilidad típicamente objetiva, para su constitución sólo requiere la prueba de la existencia de un daño en cuyo acaecimiento ejerció una influencia causal decisiva el riesgo o peligrosidad de la actividad ya sea por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias en el modo de llevarla a cabo y que le comunicó dañosidad.

Por ello, en la órbita de la responsabilidad objetiva prevista por el CCCN 1757 y 1758 a la pretensa víctima del accidente sólo le es menester probar la existencia del hecho y su relación causal con el daño invocado, siendo carga de los accionados la acreditación de la ruptura de ese nexo causal en la operatoria de eximentes de aquella mentada atribución de responsabilidad.

Pues bien; las emplazadas en el afán de que se revierta lo decidido en la anterior instancia, hacen hincapié en lo que emerge de las declaraciones testimoniales brindadas por los sres. Jesús Mariano Alancay y Cristian Javier Pajello -que no fueron impugnadas por la accionante-, la documental agregada al momento de contestar la demanda (punto b) y lo que emerge de la fotografías acompañadas por la actora e identificadas como fs. 4 y 25 (glosadas en fs. 7/8).

Cabe referir en primer término que, aunque la aseguradora hubiese desconocido la ocurrencia del hecho, no puede pasarse por alto la circunstancia de que ella adhirió a la contestación de demanda efectuada por su asegurada quien efectivamente admitió el hecho, aunque invocó como eximente de responsabilidad el hecho de la damnificada (CCCN 1729) quien habría circulado por la zona donde se efectuaban las tareas de reparación de las columnas ‘a pesar de los conos y demás elementos de seguridad presentes en la zona’. Por ello, cabe analizar los diferentes elementos probatorios para determinar si se encuentra debidamente acredita la referida eximente.

Veamos.

Resulta cierto que en ambas declaraciones los sres.Alancay y Pajello dieron cuenta de que, al momento de la ocurrencia del hecho, la zona donde se efectuaban los trabajos se encontraba delimitada con las señalizaciones de seguridad correspondientes y que, excepto la accionante, el resto de los peatones que por ahí circulaban evitaron pasar por allí.

No obstante, ello se contrapone con lo sostenido por la testigo sra.

Blanco Vázquez en tanto el lugar estaba colmado de cables y que ‘por el único lugar donde se podía transitar, había cables. Yo pasé por ahí porque no había nada que dijera que no se podía pasar. No te imaginabas que había un hombre arriba’ y la testigo sra. Escobar cuando al relatar lo que presenció dijo que ‘no vi valla de seguridad ni cinta’.

En este sentido, es preciso señalar que los dichos de los sres.

Alancay y Pajello deben ser meritados con reservas en tanto resultan ser dependientes de la empresa demandada y el último, protagonista material del evento.

De manera que, difícilmente los mentados aportes testificales referenciados se efectuarían en perjuicio de la empleadora, en la especie la accionada, máxime cuando no existen otros elementos probatorios que robustezcan estas declaraciones pues aun al ponderar las fotografías acompañadas como prueba documental en la contestación de demanda – incluso las fotografías acompañadas por la actora en fs. 7/8 que resultan ser coincidentes con las obrantes en la investigación fiscal nro.P-30-00490/2017-, no se advierte que ante el argüido enorme despliegue para efectuar los trabajos de restablecimiento de servicio la señalización invocada hubiese sido adecuada y acorde al punto tal de impedir el paso peatonal como fue sostenido en la demanda.

Repárese en este sentido que de las imágenes acompañadas en copia simple por la accionada, únicamente se advierte la existencia de dos conos sobre la acera o vereda por donde circulan los peatones sin que se vislumbre algún otro tipo de señalización o ‘demás elementos de seguridad presentes en la zona’ invocados que impidiesen el paso peatonal.

En este tren de marcha, coincido con el razonamiento efectuado en la instancia de grado en tanto se acreditó la ocurrencia del hecho y la mecánica descripta en el escrito de inicio, así como que al ponderar la presunción que pesaba negativamente en contra de la accionante y su aseguradora, encuentro que nada probaron que demuestre en algún grado -aun el más mínimo- la culpa de la víctima como eximente del reproche jurídico (arg. CCCN 1729, 1757 y 1758).

Ello, en tanto las declaraciones de los sres. Alancay y Pajello no poseen sustento o respaldo con algún otro elemento probatorio que permita tener por acreditada la correcta señalización y seguridad de la zona donde se efectuaban las tareas de restablecimiento del servicio de manera que permita tener por acreditada la propia negligencia e imprudencia de la actora que hiciera caso omiso a las normas de seguridad instaladas en el lugar, que como quedó acreditado resultaron insuficientes. Máxime, al ponderar el escenario donde se desarrolló el hecho, vale decir, trabajos de restablecimiento del servicio en altura y con herramientas, sin la utilización de mecanismos mínimos de seguridad para evitar provocar daños a terceros (v. gr.señalización suficiente y adecuada para evitar el tránsito de personas por el lugar, sujeción correcta de herramientas de trabajo, etc.).

Considerada en abstracto la actividad o circunstancias en que ocurrieron los hechos, donde un operario en altura manipula herramientas metálicas sobre un sector de tránsito peatonal deficientemente demarcado, y sin los instrumentos de que se sirve tengan adecuados mecanismos de sujeción que impidan una caída, permite arribar a la conclusión de la presencia de una actividad riesgosa pasible de configurar un factor objetivo de atribución de responsabilidad.

En fin, por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar las quejas planteadas y confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

III. Zanjada la cuestión precedente, corresponde ahora entender sobre la procedencia y cuantía de las consecuencias mediatas e inmediatas por las que deben responder las emplazadas (CCCN 1726, 1727, 1738 ccs.). a. Incapacidad sobreviniente (daños físicos y psíquicos).

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que la reparación del daño debe ser plena, consistiendo la misma en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por pago en dinero o en especie (art. 1740, primera parte). Y, respecto del hecho puntual de la indemnización, ésta comprenderá la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances, incluyendo especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida (art.1738).

Es dable destacar, igualmente, que la composición de una persona humana se encuentra conformada de manera inescindible por una faz física y otra psíquica, cuya separación puede ser académica o doctrinaria, mas su autonomía resarcitoria carece de sustento legal, lo cual se advierte claramente de la lectura del actual CCCN:1738 en cuanto establece la reparación de la afección a la integridad psicofísica de la víctima, sin discriminar el daño físico por un lado con una consideración particular, y el psicológico por otro.

Esta actual disposición normativa no resulta antojadiza, sino que plasmó la mayoritaria posición doctrinaria y jurisprudencial acerca de la unicidad de la esfera psicofísica de la persona humana, debiendo ser abordado tanto el perjuicio que hubiere sufrido como su reparación, de manera integral y comprendiendo ambas facetas de su existencia.

Asimismo, la incapacidad sobreviniente no cubre sólo la faz laborativa sino que por ser integral abarca todos los aspectos de la vida de una persona y por ende todas sus actividades.

Cabe señalar que la incapacidad para ser indemnizable debe ser total o parcial y como consecuencia que cubre todas las erogaciones futuras atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, puesto que la reparación no sólo comprende el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad del damnificado.

Asimismo, el perjuicio psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, la perturbación del equilibrio emocional de la víctima, que debe guardar adecuado nexo causal con el hecho dañoso y, a su vez, debe entrañar una significativa descompensación que perturba su integridad en el medio social.

En este sentido es pertinente destacar que si el daño psíquico incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001, Campo Castro, Alfonso c/ González, Carlos A. s/ daños y perjuicios).

Pues bien.La valoración de la incapacidad sobreviniente queda sujeta al prudente arbitrio judicial previa consideración de las pautas obrantes en el proceso y las condiciones personales de la víctima.

Debe guardar estricta relación con las secuelas subsistentes que la provocasen y a los efectos de la determinación de su cuantía corresponde tener en cuenta la edad de la víctima, su sexo, situación familiar, actividades habituales, por cuanto todo ello confluirá para configurar pecuniariamente el perjuicio (CEsp.Civ.Com., sala III, ‘Eguino Marcos c/ Guguenheim SAICA y otro s/ sumario’, 14.9.82; íd. ‘Blanco, Carlos José c/ Aguilar Néstor s/ sumario’, 28.12.87).

De este modo, sin perjuicio de la valoración que cabe de la existencia y entidad de las lesiones, a la luz de la regla de la sana crítica (conf. cpr 386), la prueba pericial resulta de particular trascendencia, ya que el informe de los expertos no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos, motivo por el cual, esta prueba resulta de fundamental importancia.

Es que para la determinación de la procedencia de la indemnización del presente rubro, ha de acreditar el pretensor de manera concluyente, la existencia del daño, siendo imprescindible la intervención de un experto en la materia a los efectos de establecer la existencia, magnitud de la perturbación y su relación causal con el hecho invocado.

En fs. 47 del documento digitalizado en formato pdf de la investigación fiscal nro. P-30-00490/2017 obra la constancia emitida por el Sistema de Atención Médica de Emergencia donde consta la asistencia brindada a la actora (diagnóstico presuntivo herida cortante en frente).

Las constancias médicas emitidas por el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero corren agregadas en fs. 213/217 de las que surge que la accionante padeció lesión contuso cortante en frente y puente nasal, tratada con sutura.

En fs.171/172 del registro digital obra el informe pericial médico confeccionado por la experta designada de oficio.

Luego de efectuar los exámenes médicos de rigor la experta indicó que la actora presentaba, raíz del siniestro, secuelas cicatrizales en el rostro (cicatriz con orientación vertical, lineal, hipopigmentada, en la región frontal de 4 cm. de longitud, a altura del tabique nasal, se evidencia una cicatriz lineal, normocoloreada de 2 cm. de longitud) y cervicalgia; agregó que si bien el estado no perjudicaba el desempeño laboral de la accionante, las lesiones le generaban daño estético, dolor y rigidez articular y dificultad funcional. Estimó la incapacidad parcial y permanente en orden al 13,76 % de la total obrera (rostro 12 % y columna cervical 1,76%).

El informe pericial psicológico corre agregado en fs. 160/162 del expediente en formato físico.

Realizados los procedimientos correspondientes, la perita indicó que la actora presentaba una patología reactiva evidenciada por estado perturbación emocional. Identificó al cuadro como trastorno por estrés postraumático de tipo moderado. Estimó la incapacidad parcial y permanente en orden al 10 % de la total obrera.

Los referidos informes merecieron en fs. 184/186 del registro digital (pericia médica) y fs. 195/199 del expediente en formato físico (pericia psicológica) la impugnación y el pedio de explicaciones por parte de la aseguradora con la argüida asistencia de consultores técnicos pero sin que ellos hubiesen suscripto las presentaciones. Estos cuestionamientos aparecen suficientemente rebatidos por las expertas médica (fs. 192 del registro digital) y psicóloga (fs. 202/205 del expediente en formato papel), quienes brindaron Ls respuestas correspondientes y ratificaron las conclusiones a las que arribaron oportunamente.

Cabe recordar que se ha resuelto, con criterio que comparto, que la valoración de la prueba pericial debe realizarse conforme las pautas generales del cpr. 386, y con las especificaciones dadas por el cpr. 477 -norma cuyo contenido concreta las reglas de la ‘sana crítica’ en referencia a la prueba pericial- (CNCom.D, 11.7.03, ‘Gómez, Elisa Nilda c/ HSBC La Buenos Aires Seguros SA y otro s/ ordinario’).

Esta consideración predica que ‘la sana crítica aconseja (frente a la imposibilidad de oponer arg umentos científicos de mayor peso) aceptar las conclusiones del perito, no pudiendo el sentenciante apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo; extremo que le estará permitido si se basa en argumentos objetivos que demuestren que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos y máximas de experiencia, o que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar convicción sobre los hechos controvertidos’ (CNCom. B, 30.9.04, Gráfica Valero SA s/ conc. prev. s/ verificación por González, Oscar; íd. en igual sentido: ‘Luvelo y Cía. SA c/ Excel SA s/ ord.’).

En base a las pautas referidas precedentemente, considero que las conclusiones arribadas por las peritas de oficio a través de sus dictámenes periciales y aclaraciones brindadas, deben ser admitidas habida cuenta de su concordancia con las reglas de la sana crítica (conf. cpr. 386 y 477) y de las que no hallo motivos para apartarme. Máxime cuando las conclusiones arribadas aparecen efectuadas con sujeción al método científico, sin apreciaciones dogmáticas o sujetas a la mera percepción subjetiva del dictaminante.

Tocante a la pauta para cuantificar la partida, en su parte pertinente, el CCCN 1746 establece que ‘en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser valuada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término de un plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades’, añadiendo luego que ‘en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada.Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado’.

Es categórica la norma en cuanto no concede más alternativa que acudir a fórmulas y criterios matemáticos, de lo cual puede extraerse que una decisión que no aplique ningún tipo de mecanismo actuarial será contra legem (Zavala de González, Matilde – González Zavala, Rodolfo, La responsabilidad civil en el nuevo Código, Alveroni Ediciones, t. III, p. 335).

Por lo demás, explica Acciarri que estas fórmulas sirven para determinar el valor presente de una renta futura y constante no perpetua. Es decir, la suma de dinero presente que equivale a una serie de importes futuros, periódicos y homogéneos. Entonces, si se asume que los ingresos futuros del damnificado serán periódicos y homogéneos, y que alcanzarán un cierto monto por cada período, el valor de todas esas prestaciones futuras puede estimarse en una cantidad única presente que represente, invertida a una cierta tasa de interés, permitirá extraer exactamente al concluir el número de períodos tomados como base (Acciarri, Hugo A., Elementos de análisis económico del derecho de daños, ed. La Ley, ps. 266/7).

Aun durante la vigencia del Código Velezano, ya existía jurisprudencia que aconsejaba el empleo de criterios matemáticos a los fines de valorar la incapacidad sobreviniente. Ello así, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa del damnificado (CNCiv, Sala A, 28/08/2012, del voto de Picasso, in re:’P. C., L. E. c. Alcla SACIFI y A. y otro s/ daños y perjuicios’).

En otro orden de ideas, de la normativa de incumbencia emerge que el capital a determinar debe generar rentas suficientes para cubrir dos facetas: la disminución para desempeñar actividades productivas, y la disminución para desplegar actividades económicamente valorables. En efecto, deben considerarse todas las tareas útiles que quedan afectadas, aun parcialmente, por la lesión o incapacidad (Zavala de González – González Zavala, ob. cit. p. 336).

Varias denominaciones han empleado los fallos y la doctrina, incluso dependiendo de las distintas jurisdicciones, a la hora de aludir a la fórmula matemática (‘Vuoto’, ‘Marshall’, ‘Las Heras-Requena’, ‘Vuotto II o Méndez’, ‘matemática’ y/o ‘polinómica’). No obstante, Acciarri se encarga de evidenciar la equivalencia práctica de todas las distintas expresiones matemáticas aludidas (Acciarri, ob. cit., p. 266 y ss.). En realidad, en casi todos los casos se trata de la misma fórmula (Acciarri, Hugo – Irigoyen Testa, Matías, ‘La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes’, La Ley 9/2/2011, p. 2).

Por ende, cuadra efectuar una operación en la que se determinará el capital de acuerdo a la ganancia afectada para cada período, una tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado y el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o la expectativa de vida presunta de la víctima.

Sentado lo expuesto, a los fines de cuantificar la partida, ponderaré los siguientes elementos: a) que, al momento del hecho, la actora tenía 33 años, restándole 47 años de vida productiva (si se tiene en cuenta una edad máxima de 80 años – conf.Organización Mundial de la Salud); b) un ingreso mensual tomando como parámetros objetivos el valor correspondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil, a lo que se le añadirá un prudencial incremento, pues la presente reparación no se circunscribe únicamente al aspecto productivo de la víctima sino que, como fuera señalado supra, por ser integral abarca todos los aspectos de la vida de una persona y por ende todas sus actividades; c) una tasa de descuento equivalente a la ganancia pura que podría obtenerse de una inversión a largo plazo; d) y los porcentuales de las incapacidades estimadas por los peritos de acuerdo al método de la capacidad restante; el resultado de tal operación será considerado como una pauta referencial a efectos de determinar la cuantificación del daño, estricto resorte jurisdiccional.

En orden a ello, teniendo en cuenta los parámetros delineados supra, considero que las sumas de $ 920.000 y $ 150.000 establecidas por el a quo para reparar los perjuicios físicos y psíquicos resultan un tanto elevadas para afrontar la presente partida, por lo que propicio al Acuerdo reducirla a la suma total de $ 830.000 (Pesos Ochocientos treinta mil; cpr 165). b. Tratamiento psicológico.

Si como consecuencia de las lesiones psíquicas, se encuentra acreditada la necesidad de que la víctima deba someterse a un tratamiento psicoterapéutico a efectos que su afección no tienda a agravarse progresivamente, el costo de tales sesiones aparece como un daño indemnizable.

En efecto, el tratamiento psicológico representa un perjuicio patrimonial (emergente) producto del daño sufrido cuya reparación habrá de ser contemplada en base a lo dispuesto por el CCCN 1738 y 1740.

Asimismo, se ha sostenido que el tratamiento o terapia psicológica, para comprender también un concepto susceptible de reparación, debe tender a estabilizar la psiquis del pretensor o evitar su deterioro, derivado de aquel daño psicológico ya reconocido (conf. Zavala de González, Matilde, Tratado de daños a las personas, Disminuciones psicofísicas, t° 1, pág. 186 y ss., Ed.Astrea).

En el informe pericial psicológico de fs. 160/163 la experta recomendó la realización de tratamiento terapéutico a fin de lograr el ‘restablecimiento de su vida adulta’ que estimó por el lapso de un año con frecuencia semanal.

En consecuencia, por haber sido cuestionada únicamente por elevada la cuantía de $ 48.000 fijada por el a quo para afrontar la presente partida, propongo al Acuerdo su confirmación. c. Gastos de farmacia, tratamiento y traslado.

El CCCN:1746, en su parte pertinente, reza que ‘se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o incapacidad’.

Por ende, los gastos médicos y de traslados deben ser admitidos si de las lesiones sufridas por la víctima son presumibles, aunque no se hayan traído al juicio las constancias documentales correspondientes.

Así, dado las lesiones sufridas por la requirente conforme se desprende del dictamen pericial obrante en autos, ponderado más arriba, y demás constancias médicas, estimo indudable que la víctima debió efectuar algunas erogaciones para su asistencia médica y farmacológica y así también para su traslado, por cuyo motivo debe indemnizarse, aun cuando no fueren gastos documentados (CNCiv, sala C, ED 3-93; íd.Sala F, ED 26-320).

Es que aun cuando se haya recibido atención médica en un hospital o el que pudiera brindar una obra social o medicina prepaga, igualmente es admisible fijar una suma de dinero por este concepto, dado que aun los centros asistenciales nombrados no son totalmente gratuitos o no contemplan cubiertas todas las prestaciones o insumos.

También debe contemplarse que la convalecencia limita asimismo el traslado, generando a su vez la necesidad de tratamiento en centros asistenciales, lo cual importa así gastos de transporte en medios alternativos al efecto.

Por todo ello, teniendo en cuenta lo que surge de la prueba rendida en autos, como así también las particularidades del caso, estimo que la suma de $ 10.000 reconocida en la sentencia para atender a esta partida aparece ajustada a las probanzas de autos para reparar este perjuicio, de modo que propongo al Acuerdo confirmarla (conf. cpr 165).

d. Daño extrapatrimonial o moral.

El daño moral se ha definido certeramente como cualquier lesión en los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de la vida del damnificado.

Su reparación está determinada por imperio del cciv 1078 y CCCN 1737, 1738 y 1741.

Lo que define el daño moral -se señala en la doctrina- no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf. Zannoni, Eduardo, El daño en la Responsabilidad Civil, pág. 290).

Reconocida doctrina explica que el daño moral importa, pues, una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial.O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial (Pizarro, ‘Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición’, Colección Responsabilidad Civil, 17, Hammurabi, 2004, p. 33.).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que:

‘cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el onus probandi. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, ‘Derecho de las Obligaciones’, tomo 1, página 387/88).

En cuanto a las pautas para la valoración del perjuicio, se ha sostenido que: ‘En cuanto a la naturaleza espiritual y personal de los bienes afectados por el daño moral implica que su traducción económica deviene sumamente dificultosa, no resultando pauta ajena al mismo la gravedad objetiva del daño y la recepción subjetiva de éste (CNEsp.Civ.Com., sala I, ‘Abraham Sergio c/ D´Almeira Juan s/ daños y perjuicios’ del 30.10.87). En este mismo orden de ideas, se ha señalado en la doctrina que: ‘El principio de individualización del daño requiere que la valoración del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva (la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones), como las personales o subjetivas de la propia víctima (Matilde Zavala de González, ‘Resarcimiento de daños’, 2 a -Daños a las personas’-, Ed. Hammurabi, pág. 548, pár. 145).

Conviene recordar la reflexión de Alfredo Orgaz:’No se trata, en efecto, de poner ‘precio’ al dolor o a los sentimientos, pues nada de esto puede tener equivalencia en dinero, sino de suministrar una compensación a quien ha sido herido en sus afecciones’ (‘El daño resarcible’, Bs. As., 1952, pág. 226). El dinero no sustituye al dolor pero es el medio que tiene el derecho para dar respuesta a una circunstancia antijurídica ya acontecida. La traslación a la esfera económica del efecto del daño moral, significa una operación muy dificultosa, sea cual fuere la naturaleza (sanción ejemplar, indemnizatoria o ambas a la vez) que se atribuya a la respuesta que da el derecho ante el daño moral.

El juez de grado otorgó a la actora la suma de $ 490.000; estimo que esa cuantía no resulta elevada para afrontar el resarcimiento de la presente partida. Por lo que propicio al Acuerdo su confirmación.

IV. En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, propongo al Acuerdo: I. Modificar la sentencia de grado a fin de reducir a la suma de $ 830.000 (Pesos Ochocientos treinta mil) la cuantía para afrontar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica sobreviniente. II. Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada deberán imponerse a las emplazadas sustancialmente vencidas (cpr 68).

El Señor Juez de Cámara Doctor Carlos A. Carranza Casares votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Polo Olivera. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, de junio de 2023.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I. Modificar la sentencia de grado a fin de reducir a la suma de $ 830.000 (Pesos Ochocientos treinta mil) la cuantía para afrontar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica sobreviniente. II. Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada se imponen a las emplazadas sustancialmente vencidas (cpr 68). III. Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia. Vueltos los autos a la instancia de grado el tribunal arbitrará lo conducente al logro del ingreso del faltante tributo de justicia, y se recuerda al personal la responsabilidad que impone la ley 23.898. Se deja constancia que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el cpr 164-2. Regístrese, notifíquese a las partes a los domicilios electrónicos denunciados, conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la CSJN; luego, devuélvanse. La vocalía n° 19 no interviene por hallarse vacante. GASTÓN M. POLO OLIVERA- CARLOS A. CARRANZA CASARES. Jueces de Cámara.

GASTON MATIAS POLO OLIVERA, JUEZ DE CAMARA

CARLOS CARRANZA CASARES, JUEZ DE CAMARA

 

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