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#Fallos Condena por el delito de reducción a la servidumbre: En un contexto de violencia de género, obligó a su pareja a mendigar y vender diversos artículos y entregarle los frutos de dichas actividades

Partes: S. C. D. s/ infracción ley 26.385

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 18 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138488-AR|MJJ138488|MJJ138488

Voces: REDUCCIÓN A SERVIDUMBRE – TRATA DE PERSONAS – VIOLENCIA DE GÉNERO – PRUEBA

Se condena por el delito de reducción a la servidumbre a quien en un contexto de violencia de género, obligó a su pareja a mendigar y vender diversos artículos y entregarle los frutos de dichas actividades.

Sumario:
1.-Corresponde condenar al imputado por el delito de reducción a la servidumbre y no por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, pues los elementos de prueba colectados no permiten sostener que desde el inicio de la relación sentimental aquel haya obrado con fines de explotación, sino que, por el contrario, la dinámica vincular fue transformándose de manera progresiva durante el tiempo de convivencia de la pareja mediante distintos actos que realizó el encausado y facilitó, finalmente, que la víctima no divisara otra alternativa posible que obedecer a los designios de aquél, viéndose obligada a obtener dinero mediante diversos medios y entregárselos para su provecho.

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2.-Es procedente condenar al imputado por el delito de reducción a la servidumbre en tanto ha quedado probado que la víctima, vulnerable por su condición de mujer, madre joven, de bajos recursos económicos y escasa instrucción, oriunda de otra provincia, fue sometida por el encausado, con quien mantenía un vínculo amoroso signado por un claro e inequívoco contexto de violencia de género, lo que facilitó las condiciones para que aquél la obligara a mendigar y a vender diversos artículos -algunos inclusive, de su propiedad-, y entregarle los frutos de dichas actividades.

Fallo:
Para resolver de manera unipersonal (cfr. art. 32, ap. II, inc. 4°, C.P.P.N.) en la presente causa nro. FSM 1130/2021/TO1, caratulada «S., C. D. s/INFRACCIÓN LEY 26.385», seguida contra C. D. S. (argentino, DNI xx.xxx.xxx, nacido el x/x/1999, asistido por la Dra. Sofía Beatriz Rodríguez Azúa y la Dra. Karen Lucía Rolin Ojeda).

Y CONSIDERANDO:

I. Requerimiento de elevación a juicio El imputado C. D. S. fue requerido a juicio en orden al delito de trata de personas con fines de explotación laboral; agravado por haber mediado violencia, amenazas, intimidación o coerción y abuso de una situación de vulnerabilidad, por estar la víctima embarazada y por haberse logrado consumar la explotación de ella; en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre (arts. 45, 54, 140, 145 bis y ter, inc. 1°, 2° y 6°, y anteúltimo párrafo del Código Penal de la Nación).

En efecto, se atribuyó al nombrado el haber «.captado, trasladado, recibido, y acogido a Y.D.G.-una mujer cuya identidad se encuentra resguardada- en el domicilio ubicado en Scarlatti y Villanueva, de la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires, desde el 9 de enero hasta el 11 de marzo de 2021, para explotarla y obligarla a mendigar en casas y locales, mediante golpes y amenazas».

En el requerimiento de elevación a juicio se expuso que aquél – quien mantenía con la víctima, un vínculo que se había iniciado a distancia a través de la red social Facebook- le pagó un pasaje para que viniera desde la localidad de Oberá, Provincia de Misiones, junto a su hijo de 4 años, S.F., y fue a recogerla a la estación de ómnibus, bajo la promesa de que irían a vivir juntos a dicha provincia.

Se señaló que, sin perjuicio de ello, una vez que llegaron al domicilio de S., éste le quitó su teléfono celular y lo vendió, junto a sus demás pertenencias, y comenzó a obligarla a mendigar dinero, alimentos y ropa por domicilios y locales de las localidades de San Justo y San Martin.

En el mismo dictamen, se puso de manifiesto que, para compelerla, S. la golpeaba a ella y a su hijo, evitaba que se comunicara con su familia en Misiones, y amenazaba con matarla y quedarse con el menor.

Finalmente, se dejó asentado que, cuando la víctima logró escaparse junto con el niño, al ser hallada por personal policial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se les brindó atención médica, se constataron las lesiones que ambos presentaban -hematomas y excoriaciones- y se determinó que Y.D.G. estaba embarazada.

II. Juicio abreviado Elevados los autos a esta sede, el Sr. Fiscal General y la Defensa Pública Oficial acordaron la aplicación al sub examine del procedimiento previsto en el art. 431 bis C.P.P.N.

En efecto, consta a fs.176 de este expediente digital la propuesta efectuada por el represente del Ministerio Público Fiscal, la cual fue aceptada por el acusado en la audiencia celebrada el día 29 de junio de 2022.

En suma, en el acuerdo alcanzado por las partes, el Sr. Fiscal General efectuó una relevante modificación en el encuadre legal conferido por su antecesor en la instancia, puesto que descartó la aplicación en el caso de la figura de trata de personas y consideró, con base en las pruebas incorporadas en la presente causa, que los hechos se subsumían únicamente en el delito de reducción a la servidumbre (art. 140 del C.P.N.).

En ese sentido, argumentó: «Que la distinción entre los delitos de trata de personas (especialmente con fines de explotación laboral) y reducción a la servidumbre es que esta última se consuma con independencia de que la víctima haya sido ofrecida, captada o trasladada con fines de explotación y que para aquella la explotación es tenida en cuenta como un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo que agrava la escala penal cuando se consuma».

Añadió: «.ello sentado debo señalar (en base a la prueba realmente disponible en el caso) que la conjunción de tres factores me persuaden de que no es posible concluir de modo asertivo esto es sin un margen de duda insalvable que haya mediado en el caso ni ofrecimiento ni captación, ni traslado ni acogimiento con fines de explotación de la víctima:1) las circunstancias iniciales de su alojamiento en el domicilio del imputado (que incluyese la convivencia con la totalidad del grupo familiar de este e inclusive la manutención de ambos por ese grupo, por completo deslindado de toda imputación), 2) la existencia de un vínculo afectivo inicial entre la víctima y el victimario (del que inclusive podría inferirse alguna forma de subsistencia ulterior al inicio del caso), 3) el deterioro de ese vínculo inicial en un contexto de progresivo y sostenido incremento de la violencia doméstica y la precarización progresiva y sostenida de las condiciones de vida en común y la aparición de las amenazas, restricciones, imposiciones que importaron la reducción de la víctima en los términos descriptos en la acusación, aspectos todos que entiendo incontrovertibles en base a la prueba disponible».

En cuanto a la dosificación punitiva el Sr. Fiscal General manifestó:

«.corresponde efectuarla a tenor de los artículos 40 y 41 del CP siendo que no advierto como agravantes que: 1) las múltiples notas de vulnerabilidad de la víctima y 2) que los hechos (como mínimo por el contexto de su desarrollo) afectaron al hijo menor de la víctima y en calidad de atenuantes habré de ponderar: 3) que el imputado no registraba antecedentes condenatorios anteriores al presente, 4) que se trata de una persona joven, con escasísima instrucción y nula inserción laboral y que proviene de un estrato socio económico lindante con la precariedad, y 5) para el caso de que se ratifique por el encausado, su reconocimiento de responsabilidad en el hecho lo que también incluye evitar el riesgo de una revictimización de la víctima mediante su exposición a las formas y contingencias del debate oral y público».

En consecuencia, requirió para C. D. S.la imposición de la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas (artículo 12, 19 y 29 inciso 3° del C.P.).

Asimismo, solicitó que se anoticiara el resultado del caso al órgano judicial que tomase intervención en orden a los hechos citados a fs. 19 del expediente digital y se cumpliera escrupulosamente con lo normado por la ley 27.372.

III. Hechos y autoría responsable III.a. Llegado el momento de resolver, resulta preciso advertir que, independientemente del acuerdo al que han arribado las partes del proceso, esta judicatura posee la obligación a aplicar al caso bajo examen «un método racional de reconstrucción de un hecho pasado» (Fallos:339:1493) con el fin de analizar si la hipótesis acusadora se ha visto corroborada. Es que la función del juzgador en el marco de un juicio abreviado no se reduce a la mera homologación del acuerdo a la luz del cumplimiento de las solemnidades del código ritual; sino que, por el contrario, se encuentra obligado al empleo de métodos epistémicos adecuados que permitan examinar la aserción de la imputación sustantiva. Luego, en pos de verificar la ocurrencia y el modo de los acontecimientos denunciados, todo «examen de un proceso exige al juez valorar la concatenación de los actos, de acuerdo con la sana crítica racional y atendiendo a las reglas de la lógica» (Fallos: 311:2045).

Así las cosas, debo resaltar que tal proceder, aunado a una estricta «.comparación de las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa y su compromiso con el acusado o el ofendido.» (Fallos: 339:1493), me lleva a concluir que, en virtud de aquéllas incorporadas a este expediente, la conducta y el grado de participación reprochada al encausado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante estos estrados se logró corroborar con el grado probatorio que requiere esta etapa plenaria.

III.b.En primer lugar, advierto que los hechos aquí investigados constituyen actos de violencia de género, según la definición de los artículos 4 y 6, inc. a), de la «Ley de Protección Integral a las Mujeres» -26.485-. Es que, como se desarrollará en los párrafos siguientes, han tenido lugar en el marco de la relación de pareja entablada entre el encausado y la víctima, en la cual aquél comenzó a ejercer paulatinamente diversos actos de violencia en su perjuicio (amenazas, golpes, insultos, entre otros) y que engendraron un panorama propicio para la comisión del ilícito materia de reproche.

En virtud de lo expuesto, resulta menester recordar brevemente los deberes del Estado Argentino en este tipo de casos y las pautas de actuación que surgen a su respecto.

En ese sentido, repárese que existen tratados internacionales de derechos humanos que comprometen al país frente a la comunidad internacional en materia de derechos de las mujeres, como la «Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer» («Convención de Bélem do Pará», ratificada el 07/05/96), y la «Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer» («CEDAW», ratificada el 15/07/1985) que, a su vez, goza en nuestro ordenamiento jurídico de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.).

En ellas los estados parte se han comprometido a «Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en (.) funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (Sala II, C.F.C.P.; «Amitrano, Atilio Claudio s/ recurso de casación»; causa nro. 14.243, rta. 9/6/2012; reg. nro.19913″).

Asimismo, ponen en cabeza de los tribunales garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; ello, a fin de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre (art. 2 CEDAW).

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -«Convención de Belém do Pará» (aprobada a través de la ley 24.632)-, en su preámbulo, sostiene que la violencia contra la mujer constituye «.una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales.», «.una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.». Allí, se la define como «.cualquier acción o conducta basada en su género, que causare muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o privado» (art.1).

El artículo 2 de la citada convención explica que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la física, sexual y psicológica, sea que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

Asimismo, al referirse a cuáles son los derechos que se pretende proteger a través del instrumento, menciona en primer término que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 3°).

La ley 26.485 de «Protección Integral de la Mujer» (reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) y define los diversos tipos de violencia -física, sexual, simbólica, psicológica, entre otras- a la que puede ser sometida una mujer, así como también las distintas modalidades en que suele ser ejercida (artículos 5° y 6°); pone en cabeza de los poderes del estado la obligación de adoptar políticas y generar los medios necesarios para lograr los fines perseguidos por la norma (artículo 7°) y, finalmente, establece un principio de amplitud probatoria «.para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.» -ordena ponderar especialmente el testimonio de la víctima- tanto para tener por acreditados los hechos, cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31).

Así pues, hay un estándar de debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia cometidos contra las mujeres.En otras palabras, los instrumentos internacionales que rigen la materia, a la luz de la interpretación que de ellos han ido haciendo los organismos internacionales -esto es, en las condiciones de su vigencia -, han creado un elevado estándar de actuación para los casos de violencia contra las mujeres.

No debe dejar de mencionarse que las características particulares que presentan estos hechos, que suceden habitualmente «a puertas cerradas», hacen que, en la mayoría de los casos, el testimonio de la víctima sea la única prueba directa. Sin embargo, por lo general existen otras pruebas indirectas y de contexto que permiten corroborar el relato de la víctima y acreditar fehacientemente lo ocurrido. En el presente caso, los restantes testimonios colectados, los informes elaborados por la división policial y organismos intervinientes, no sólo resultan coincidentes entre sí y con el testimonio de la víctima en orden a los hechos, sino también en lo relativo al contexto, y permiten sostener en esta instancia la veracidad de lo denunciado.

III.c. En este sentido, resulta de vital importancia el relato en Sala Gesell por Y.D.G. -incorporada como documento digital «Audiencia grabación Cámara Gesell» y fue transcripta mediante certificado de fecha 12 de marzo de 2021, a fs. 4 del expte. digital-, donde detalló cómo conoció al encausado, el desarrollo del vínculo a distancia entre ambos, la posterior decisión que tomó de viajar desde Misiones junto a su hijo menor hasta González Catán -en un principio, para buscarlo y luego volver juntos a radicarse su provincia natal- y cómo finalmente culminaron alojándose en el domicilio de la familia de S.donde comenzó a sufrir hechos de violencia por parte de aquél, quien la obligó a pedir comida y ropa en casas y locales para conseguir dinero el cual debía entregarle.

En cuanto a cómo conoció al encausado, precisó ser oriunda de la localidad de Oberá, Provincia de Misiones, y que todo comenzó a fines del mes de diciembre del año 2020, mientras ella se encontraba residiendo en la localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, en la casa de una tía.

Agregó que, en aquel momento, el imputado C. D. S. -a quien la víctima no conocía- le envió una solicitud de amistad a través de la red social Facebook y la aceptó.

Señaló que su usuario era «SHESI MELA» y, con respecto al perfil de él, refirió que era muy extraño y no lo recordaba con precisión, pero que creía que las dos primeras letras eran «Hh» seguidas de «OIA». Además, agregó que él tenía alrededor de 6 o 7 perfiles.

Recordó que el primer mensaje había sido «el de todo chico» -«hola linda, como estás, sos hermosa, de dónde sos, cuántos años tenés»- y que, a partir de ese momento, comenzaron a entablar diálogo por el «Messenger» de la mencionada aplicación, se fueron contando cosas y siguieron hablando por mensajes de WhatsApp y llamadas, hasta que el 1° de enero de este año él la llamó y le dijo que se había enamorado de ella.

En torno al motivo por el cual decidió viajar hasta la localidad bonaerense de González Catán, explicó que llevaban a cabo con S. video llamadas diariamente, que hablaban tres o cuatro veces por día y que se «enganchó» con él. Agregó que, en esas circunstancias, él le dijo que quería que vivieran juntos en Misiones, pero le pidió que ella fuera a buscarlo a González Catán, porque no quería viajar solo.

Continuó su relato manifestando que, el 7 de enero de 2021, S.le dijo que le había comprado el pasaje para que viajara a Buenos Aires al día siguiente a las 18:00 horas con su hijo de 4 años y le pagó todo.

En consecuencia, ella viajó con su niño desde Oberá hacia Posadas y de ahí en ómnibus -«Crucero del Norte»- hasta Buenos Aires.

Precisó que, el 9 de enero, cuando arribaron a la terminal de San Justo, él fue a recogerlos y los llevó a su casa, ubicada en la intersección de las calles Scarlatti y Villanueva, en el Kilómetro 33 de González Catán, a dos cuadras de la ruta. Manifestó que la familia de él la había recibido bien, que «todos eran copados», que estaban su madre, su padre dos hermanos -uno con su pareja-, el sobrino y el tío, quienes vivían en el mismo terreno donde C. S. tenía una casilla de madera aparte, y ella se instaló junto con él.

En torno a cómo fue mutando la dinámica del vínculo, expuso que los primeros días se encontraba muy feliz y que la relación transcurría en buenos términos, pero luego comenzaron las discusiones.

Al respecto, refirió que un día el nombrado -que según le había dicho era mecánico de motos y hacía changas- se contactó por la red social «Facebook» con un amigo que le ofreció cambiar un celular por una motocicleta, por lo que le quitó su celular, borró todos sus contactos, bloqueó su Facebook y lo cambió por una «chopera». Sin embargo, explicó, en esa oportunidad, ella no le dijo nada porque para ese entonces él ya le había pegado dos veces.

En ese sentido, agregó que además S.le había dicho que «ya no podía tener celular porque tenía muchos amigos, que eran todos machos o sus maridos», que ella «lo iba a respetar por las buenas o por las malas» y que se lo dijo a pesar de que le explicó que eran amigos que tenía ella de otro país, con los que únicamente intercambiaba mensajes.

Además, relató que, como ellos se habían conocido por Facebook, él pensaba que ella haría lo mismo con otros. Indicó que, ante dicha circunstancia, le explicó que sabía respetar a su pareja, pero el imputado le dio dos cachetazos, ante lo que decidió no decirle nada, por temor a que le pegara o la lastimara.

Posteriormente, recordó que cuando S. cambió la motocicleta le faltaban muchas cosas y «ahí empezaron los problemas».

Relató un episodio en el cual el nombrado se levantó «chiflado el moño» y le dijo que tenía que salir a pedir plata a la calle y también a su familia para que él pudiera arreglar la motocicleta. Indicó que, como ella para ese momento ya no tenía su celular -no podía ni preguntarle a su hija de 6 años cómo se encontraba-, él le prestó el suyo, pero sólo para esto último.

Agregó que, en virtud de ello, le envió un mensaje a su madre para ver si le podía prestar dinero, ya que al otro día cobraba el salario y le había dejado la tarjeta a ella, justamente para no tener problemas.

Explicó que su madre le mandó la mitad del dinero – concretamente, $2400- que era lo que le correspondía a su niño, sin embargo, cuando ella sacó la plata del cajero, él se la guardó en el bolsillo y se compró «un par de chucherías», pero nada para su hijo.Refirió que, luego, cuando llegaron a la casa, fueron a pagarle lo que le debían a la progenitora de S., a quien le había pedido dinero prestado para comprar cigarrillos para él, porque si bien los dos fumaban, a ella no la dejaba hacerlo.

Así las cosas, la víctima relató que S. comenzó a llevarla hasta San Justo y San Martín para pedir algo para comer por las casas o en locales. Al respecto, precisó que, como ella no conocía la zona -ya que solamente había vivido en la localidad de Florencio Varela el año anterior-, él la llevaba en la motocicleta y que a su hijo lo dejaba encerrado en la pieza donde vivían, que no quería que lo llevara y tampoco lo podía tener cerca, abrazarlo o decirle «te amo», porque S. se enojaba y les pegaba.

Además, refirió que él no trabajaba, que si les daban ropa él se la hacía vender y se quedaba siempre con el dinero y que le había hecho vender hasta su propia vestimenta.

A modo de ejemplo, relató que ella vendía ropa , conseguía $200 pesos, él compraba cigarrillos por $130 y, si le sobraba dinero, se compraba unas papas, hacía papas fritas y no le compartía.

Añadió que muchas veces, si no era por la mamá de él, ellos no comían. Manifestó que tenían hambre, pero él no les daba nada porque se compraba sus cosas nada más.

En cuanto a las amenazas que S. le profería para retenerla, expresó que aquél era una persona muy nerviosa, a la que no le podía decir nada porque se enojaba por todo.Explicó que lo único que ella le decía era que quería regresar a Misiones, pero él la amenazaba diciéndole que si se iba, lo haría sola, porque a su niño no lo iba poder llevar, que si salía iba a ser muerta, que la iba a correr a patadas a la calle e iba a conseguir otra madre para su hijo.

Por otro lado, manifestó que «[l]a mamá de él no se metía, salvo cuando la golpeaba muy feo, que la arrastraba por los cabellos o la cagaba a trompadas, ahí si se metió, le dijo que le iba a pegar si no paraba, y que para qué miércoles me había traído de Misiones si me iba a pegar tanto».

Además, refirió que, dos días antes él ya no tenía cigarrillos, así que la mandó a vender unas zapatillas, una visera y dos pares de medias para el hermano, que vivía en una casita casi enfrente.

Contó a su vez que él tenía mensajes de otras jóvenes que «sacaba de Facebook», a las que les decía que estaba solo y que no tenía pareja, lo cual le dolía y agregó que, para ella, S. buscaba hacer con otras lo mismo, «llevarlas y ‘judearlas’, mandarlas a vender, a pedir».

Con respecto a ello, manifestó que una vecina llamada «Diana» – que vivía en la cuarta casa para el lado de la ruta, a quien había conocido porque le vendía ropa- le contó que S. -que en el barrio era conocido como «Chivo» o «Pinino»- les había hecho lo mismo a todas sus parejas anteriores:las mandaba a vender y las «judeaba». Concretamente, le manifestó que una de ellas, apodada «La Peque» -a quien el nombrado golpeaba, maltrataba y hacía pasar hambre- un día se cansó, agarró una musculosa y un short y se fue a vender, pero le robó una SUBE, se fue y nunca más apareció.

Explicó que aquella vecina a veces le prestaba el celular para que ella pudiera contarle a su madre cómo estaba, porque él no la dejaba hablar ni con su familia de Misiones y le decía que nunca más la iba a ver, que él no iba a dejar que ella se fuera. Por tal motivo, ponía la misma ropa en el bolso para «hacer que le vendía» y se acercaba a la casa de «Diana» hasta 4 o 5 veces por día, para poder escucharle la voz a su hija.

Además, refirió que al preguntarle «Diana» por qué no se iba, ella le decía que no se podía escapar porque S. no le dejaba sacar a su hijo y que, si se llegaba a ir y lo dejaba ahí, no sabía si sobreviviría.

Luego, reiteró que cuando se dio cuenta de que las cosas no eran como pensaba que iban a ser, le dijo a S. que no iba a aguantar todo y que apenas cobrara se volvería a su casa. Frente a ello, él la amenazó diciéndole que iba a salir muerta, pero ella le respondió que se iría igual, que no le importaba nada. Como consecuencia de eso, él escondió sus documentos y los de su hijo.

Agregó que durante el tiempo que estuvo con S. no solo había perdido comunicación con su familia sino también con sus amigos y que nunca más pudo hablar con nadie.

Con mayor detalle, relató que cuando su mejor amigo, llamado «Agustín», quien reside en la localidad de Florencio Varela y es padrino de sus hijos, le escribía para preguntarle por ellos, S.se enojaba y «se ponía re loco», le decía que ella «sólo quería salir para encontrarse con todo el mundo», motivo por el cual «no salía ni a la esquina, sólo con él, por celos».

En tal sentido, expresó que «todos los días era el mismo infierno» y que cada vez que le pegaba era por lo mismo, porque la acusaba de «tener muchos machos» y le decía que si quería algo se lo pidiera a aquellos.

Ante la pregunta formulada con respecto a si S. sólo la obligaba a salir a pedir o vender cosas, o alguna vez le había pedido otra cosa como prostituirse, respondió que nunca se lo había dicho pero que un día pensó que lo haría, porque salió a vender y no lo logró, y escuchó que aquél les pedía ($3000) tres mil pesos a sus amigos y les decía «porque la piba esto, porque la piba lo otro» y sintió temor porque pensó que hablaba de ella, pero finalmente no fue así. Aclaró que, no supo a quien se refería, porque nunca dijo el nombre de la chica, pero que ella sabía que tenía una amiga que se dedicaba a eso, aunque no estaba segura de que fuera la misma. Señaló que dijo «la piba te va a cobrar $3000, $4000 pesos» pero cuando se dio cuenta que lo estaba escuchando, le preguntó qué hacía escuchando una conversación ajena.

Posteriormente, refirió que los momentos en los que se llevaron bien habían sido pocos, que discutían 4 o 5 veces por día, y que a ella le había costado tomar la decisión de irse porque lo quería, pero que estaba embarazada y no quería perderlo, y que también temía por la vida de su otro hijo.

Con relación a las circunstancias que la determinaron a huir con su hijo el 11 de marzo de 2021, explicó que S.quería obligarla a que amenazara a su tía para que le pagara por haberla acompañado Y.D.G. hasta Berazategui a buscar a su prima -la cual, según ella, se encontraba en una situación similar a la suya con otro hombre-.

Relató que, ante su negativa a enviar el mensaje de tenor amenazante, mientras estaba sentada en la cama con S., aquél le dio dos patadas que la tiraron al lado de la puerta y que, con anterioridad, le había pegado con un hierro y que presentaba un dolor de cintura producto de ello.

Indicó que le pidió que cesara por que la estaba lastimando, pero él le respondió que no le importaba. Refirió que logró salir afuera, pero él la hizo entrar nuevamente «a los sopapos» y le dijo que se acostara. Después se acercó para burlarla e intentó abrazarla, pero ella se negó diciéndole que no quería tenerlo cerca, que se fuera.

Expresó que no sabía si le generaba «miedo, odio, o asco», pero no quería tenerlo cerca y que, entonces, empezaron a forcejear porque seguía queriendo abrazarla, él se cayó de la cama y se dobló la muñeca. Ante eso, él se ofendió, agarró la almohada y la frazada y se fue a dormir al taller del padre, se acostó y se puso a dormir en el piso con una lona.

Sin embargo, señaló que, luego de ello, prendió fuego un pedazo del colchón y lo tiró por la rendija de la puerta de chapa, a la que le faltaba el vidrio, diciéndole que iba a prender fuego la casilla, con ella y su hijo adentro, que la iba a quemar viva, que si no era de él no era de nadie, y que sólo muerta iba a salir de esa casa. Le tiró varios pedazos de colchón encendidos para prender fuego la casa y ella los apagaba.Después de un rato, él frenó y ella se durmió.

Refirió que, pese a todo, cuando se levantó lo fue a despertar para decirle que fuera a dormir a la cama porque se iba a quedar duro del cuello, pero él se dio vuelta, dándole la espalda a la puerta de la pieza y no quiso.

Explicó que aprovechó esa circunstancia y agarró dos cigarrillos, el encendedor, cuatrocientos pesos, el documento del menor y se escapó por un espacio que daba a la pared del vecino, un pasillo que da justo a la calle. En ese sentido, refirió que de día había sacado todo para que quedara libre y tener la oportunidad de escapar, y aclaró que los cuatrocientos pesos que tenía eran los que le había dado el tío de S. por el viaje que había hecho ella para buscar a la prima y que el encausado se los había mandado a devolver, pero la madre de la joven se los dio y le dijo que se los guardara y se los diera al otro día cuando estuviese más tranquilo.

Agregó que, cuando salió -alrededor de las 03:30hs-, a la vuelta del domicilio encontró una camioneta de la policía, les explicó a los agentes que si S. la encontraba en la calle la iba a «reventar a patadas» y aquellos le dijeron que hiciera la denuncia, pero ella no quiso, ya que solo deseaba irse porque tenía mucho miedo, por lo que subió al móvil y la llevaron al kilómetro 29, donde se hallaba el Metrobús, tomó el primer colectivo que apareció y se bajó a dos cuadras de la Plaza de Flores.

Con respecto a su DNI, refirió que S.lo había perdido junto con el suyo y que el de su nene estaba escondido, pero ella lo pudo agarrar porque había espiado cuando aquél lo guardaba.

En lo atinente a las condiciones de vulnerabilidad previas al hecho, la victima contó acerca de su vida en la provincia de Misiones, que vivía con su madre, el marido de ésta y su hija de seis años; que allí hacía «changuitas», limpiaba casas ajenas o lavaba ropa, que vivía del salario y que su madre trabajaba con una cooperativa llamada «Hacemos Futuro», en la que le pagaban $10.000 por mes, con los que se podían mantener.

También contó que durante todo el año 2020 había residido en Varela con su hija y su hijo, en la casa de una tía, porque sus amigos le dijeron que allí iba a poder trabajar mejor, ahorrar y comprar algo. En efecto, a la semana de haber llegado, en el mes de enero, consiguió trabajo como telefonista en una remisería, donde permaneció hasta marzo ya que después, con la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia por COVID-19, cerró por un par de días. Manifestó que, de todos modos, se quedó viviendo ahí, trabajando de changas y limpiando casas, hasta que su tía la ayudó para volver a Misiones, habiendo regresado el 31 de diciembre, cuando ya tenía contacto con S.

Por último, aportó el teléfono de S. -«11-3631-1858»-, pero explicó que sólo podía usar WhatsApp, y no recibía mensajes ni llamadas, porque el teléfono ese se lo había sacado a una expareja que le bloqueó el aparato completo.

III.d.Sentado ello, en los párrafos siguientes, se desarrollará de qué manera los diferentes extremos señalados en el relato de la víctima encuentran sustento en las restantes probanzas colectadas a lo largo del proceso y permiten tener por probada la acusación que se dirige al encausado con el grado de convicción que esta etapa exige.

En primer lugar, se tiene por probado que Y.D.G. viajó con su hijo S.F. desde la provincia de Misiones, el día 8 de enero de 2021, y que ambos permanecieron alojados en la vivienda familiar del encausado hasta el día 11 de marzo de 2021, fecha en la que aquella logró emprendió su huida junto al menor.

En efecto, del sumario nro. 563/2021 de la «División Trata de Personas», incorporado a fs. 11 del expte. digital, surge que el día 8 de junio de 2021 el Juez instructor ordenó la detención de S. y el allanamiento del domicilio ubicado en la intersección de las calles Scarlatti y Villanueva, González Catán, Provincia de Buenos Aires -habiéndose constatado con anterioridad mediante tareas asentadas bajo el srio. nro. 553/21 de la «División Trata de Personas» a fs. 10 del expte. digital (documento «Resultado tareas 553/2021»), la existencia de aquella finca y que allí residían el encausado junto a su grupo familiar-, el cual fue llevado a cabo al día siguiente, oportunidad en la cual, si bien no logró darse con el imputado, se procedió al secuestro de un pasaje de la empresa de ómnibus «Crucero del Norte» a nombre de la víctima con fecha de partida 8 de enero de 2021, un certificado de la denuncia realizada el 16 de marzo por Virginia González -madre de S.- por la «desaparición» de la víctima, una libreta con dibujos infantiles y las anotaciones: «Te amo C. D. Sanchez.Sos el amor de mi vida (.) A veces me pregunto por que te amo tanto si solo me haces sufrir».

Por otra parte, de las actuaciones de tareas realizadas por la «División Trata de personas» bajo el Sumario n°325/2021, obrante a fs.10 del expte. digital (documento «Tareas»), surge que los agentes establecieron contacto con una vecina que se identificó como «Daiana» -la cual por temor se negó a brindar sus datos personales, pero que se colige se trataría de la vecina que la víctima mencionó en su relato y señaló como aquella que la ayudaba a entablar contacto con su familia en Misiones- quien manifestó que C. D. S. era conocido como «Pinino» y que, la ex pareja de aquél era oriunda de Misiones, lo denunció por maltrato y se fue de la casa con su hijo.

A su vez, se dejó asentado que otra vecina -que tampoco aportó sus datos- dijo que comenzaba y finalizaba relaciones amorosas con distintas mujeres, las obligaba a vender las cosas que él robaba y las golpeaba si no lo hacían, agregando que, justamente, una de sus novias oriunda de Misiones se habría ido del lugar en la madrugada por los malos tratos que recibía, junto con su hijo menor de edad.

En el mismo sentido, y en cuanto a la acreditación de las circunstancias en las cuales la víctima logró del domicilio de S., resulta central lo plasmado en el Sumario nro. 110582/2021 del registro de la Comisaría Vecinal 7-C de la Policía de la Ciudad -incorporado a fs. 2 del expte.digital-, el cual fue labrado según el acta inicial de fecha 11 de marzo de 2021, a raíz de una llamada a la línea de emergencias 911 efectuada por Héctor Hugo Lucca y Marina Brambilla, por una mujer lesionada, en situación de calle y que se encontraba con un menor de edad.

Al apersonarse personal policial en Rivera Indarte 193 de esta ciudad, se entrevistó con la víctima, de 25 años de edad, oriunda de Oberá, provincia de Misiones, con su hijo pequeño, quien explicó que conoció a C. D. S. por la red social Facebook, que comenzaron una relación sentimental y ella viajó a Buenos Aires el 8 de enero del mismo año para conocerlo. En el tiempo que convivieron, S. le había quitado su teléfono celular, la obligó a vender sus pertenencias, salir a pedir limosna y alimento, bajo amenaza de quitarle a su hijo y a fuerza de golpes a ambos. Además, no la dejaba contactarse con su familia en su lugar de origen.

Surge a su vez que aquella refirió que la noche anterior había recibido una golpiza muy fuerte por parte de S., por lo que durante la noche logró escaparse de la casa sita en Scarlatti y Villanueva, Km 33, González Catán, con una tarjeta SUBE.

Estas mismas probanzas permiten a su vez alcanzar el grado de certeza requerido en esta etapa sobre la circunstancia alegada por la víctima en su declaración en cuanto a que S. la obligaba a vender ropa y alimentos en casas y locales del barrio para obtener dinero.

A su vez, del informe labrado por los profesionales del «Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata» el día 11 de marzo de 2021, agregado a fs. 9 del expte.digital (documento «Informe Programa»), surge que la víctima -conteste con su relato en Cámara Gesell- refirió «como él [S.] no trabajaba y a mí no me dejaba salir a trabajar, nos quedamos sin plata, y ahí me dijo que yo iba a tener que ir a pedir, que a mí me iban a dar porque era mujer, tenía que dejar a mi hijo encerrado y él me llevaba por las casas de San Justo y San Martin a pedir».

En la misma línea, se dejó asentado que la víctima «mendigaba alimentos en comercios y ropa en domicilios particulares, que era obligada a realizarlo por el Sr. S. quien la trasladaba en su motocicleta y la vigilaba. En este sentido, si le daban ropa, era obligada a revenderlas a personas conocidas del barrio o en ferias de la localidad, vigilada por el Sr. S. y sin acceso al dinero. Explicó que durante su permanencia en el domicilio particular del Sr. S. fue trasladada cada día para mendigar ‘casa por casa’ entre las 05:00 y las 12:00 horas aproximadamente. Relató que, durante su permanencia en la calle, su hijo debía permanecer encerrado sólo en la vivienda del Sr. S. por disposición de éste».

Finalmente, resulta acreditado el contexto de violencia de género expuesto por la víctima en su relato, el cual posibilitó una relación de sometimiento entre aquella y S., que creó un campo fértil para que se engendraran los hechos que constituyen el eje de la acusación.

En lo atinente a la corroboración de las lesiones producto de los golpes que el imputado le propinaba, resultan relevantes el informe y la grabación del llamado a la línea de emergencias efectuado por la Sra. Brambilla al ser hallados la víctima y su hijo en territorio capitalino tras haber huido del domicilio de S. -obrante a fs. 168 e incorporado como documento digital, respectivamente-, última de la cual se desprende que la testigo refirió que tanto Y.D.G.como su hijo presentaban hematomas fácilmente visibles.

A su vez, tras la intervención policial, ambos fueron trasladados al Hospital Piñero, donde fueron examinados, ocasión en la cual se labraron los correspondientes certificados médicos (glosados en el Sumario nro. 110582/2021, obrante a fs. 2), donde se dejó asentado que el niño presentaba hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo – labios, antebrazo izquierdo, muslo izquierdo y parte lumbar- y ella tenía hematomas en ambos glúteos, miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo, y estaba embarazada de 8.2 semanas.

Asimismo, de las conclusiones de la entrevista realizada ese mismo día por el equipo interdisciplinario de salud mental de la guardia de ese nosocomio, se desprende que Y.D.G. refirió que «estaba ilusionada con iniciar una nueva vida con él» pero que «la engatusó» y «[l]e mostró un mundo que no tenía». Agregó que «C. [S.] comenzó a tener actitudes violentas hacia ella y su hijo de 4 años y le impedía salir sola, le retuvo el DNI y le vendió sus pertenencias» y que la familia de él «también se ocupaba de vigilarla, para que no se retire del domicilio». Se dejó asentado que ella se mostraba asustada.

Más allá de lo vertido en los párrafos que anteceden, lo reseñado respecto del informe del Programa Nacional de Rescate y las declaraciones de las vecinas recabadas por los agentes policiales en el punto III.c; en lo atinente al contexto de violencia de género, se determinó que, tiempo después de haber huido de la casa de S. junto a su hijo, Y.D.G. retomó el vínculo amoroso con aquél y comenzaron a convivir en el hogar de su familia en Misiones donde se finalmente se llevó a cabo la detención del encausado.

Al respecto, del sumario nro. 563/2021 de la División Trata de Personas de la P.F.A.surge que, al llevarse a cabo el allanamiento en el domicilio de S., su padre informó que el encausado se encontraba en Oberá, Provincia de Misiones con Y.D.G., quien habría ido a buscar luego de enterarse que estaba embarazada.

Efectivamente, tras los informes de colaboración efectuados por el Departamento de Niñez, Familia y Mujer del Municipio de Oberá, cuyo personal llevaba a cabo entrevistas presenciales en el domicilio de la víctima -la que residía junto a su madre, la pareja de ésta y sus hijos-, se constató la presencia en la finca de un hombre desconocido que actuaba de maneta sospechosa ante la presencia de los profesionales intervinientes – se escondía- y, al ser consultada Y.D.G sobre la identidad de esta persona, respondía que era un «amigo de toda la vida», sin brindar mayores precisiones. Asimismo, ante la consulta de la profesional sobre su relación con el Sr. S., aquella refirió que se comunicó con él a través del teléfono de su progenitora, comentando que S. le solicitó conocer al bebé cuando naciera.

De este modo, mediante las tareas realizadas mediante la cooperación del Departamento de Planificación y Análisis Criminal dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía de Misiones (sumario nro. 773/2021, obrante a fs. 15 del expte. digital), se estableció que S.había sido visto en el Barrio San José de Oberá, Misiones, en la cancha conocida como «de la Fabela», frente al kiosko «Los Morenos» y en el Lavadero «Fio», que no poseería domicilio fijo, sino que deambulaba circunstancialmente en la zona y que el barrio era conflictivo.

A su vez, que se lo vio con una mujer embarazada, caminando y comprando juntos, con excesivas demostraciones de afecto en público que daban la impresión de ser una familia que convivía y era feliz.

Finalmente, la ci rcunstancia fue corroborada mediante la comunicación efectuada con la judicatura actuante por parte de personal del Departamento de Niñez, Familia y Mujer de la Municipalidad de Oberá el día 1° de octubre pasado -de la cual se dejó constancia mediante nota-, en la que se informó que S. se encontraba con la víctima, que la madre de aquella se había comunicado con el equipo para confirmar que era él y que había habido una situación de violencia en la que S. le pegó al niño de Y.D.G. Además, se confirmó que el nombrado estaba en calle 2, Barrio San José, en la casa de Ariel Mela -hermano de la víctima-.

En virtud de ello, el juzgado instructor ordenó el allanamiento de dicha morada y la detención de S., lo cual fue plasmado en el sumario nro. 72/2021 de la División Triple Frontera de la P.F.A., incorporado a fs. 15 del expte. digital (documento «Actuaciones allanamiento»), donde consta el acta del allanamiento, el acta de detención del acusado y del secuestro de su teléfono celular, las fotografías del domicilio, declaraciones de los testigos de procedimiento, croquis del lugar, fichas dactiloscópicas, antecedentes de S., constatación de domicilio y un informe médico legal.

Por lo demás, cabe destacar que, tal como se desprende de la nota actuarial de fecha 15 de octubre de 2021, Lidia, una tía de Y.D.G., manifestó -en una comunicación mantenida con personal del Juzgado Instructor, obrante a fs. 19 del expte.digital- respecto de este último procedimiento que «ella se encontraba de vacaciones en Misiones y que mientras lo detenían, S. le dijo a la víctima ‘esto no va a quedar así, mi familia se va a vengar’.» Esto último motivó que el juzgado instructor extrajera testimonios respecto de las amenazas proferidas por S., lo cual dio origen al expte. nro. 135808/21 del Juzgado de Instrucción nro. 2 de Oberá, cuyas copias fueron obtenidas e incorporadas en el Legajo de Identidad reservada de las víctimas.

III.d. De lo expuesto en los acápites precedentes, advierto que en estos autos obran evidencias suficientes como para generar, de manera objetiva y racional, la convicción que precisa una sentencia condenatoria; ello, más aún cuando de la audiencia del día 29 de junio de 2022 surge la admisión de responsabilidad realizada por el imputado, lo cual completa la prueba de cargo y permite afirmar que C. D. S. es penalmente responsable por el obrar doloso que se le atribuye.

IV. Calificación legal Tal como fuese detallado supra ap. II, el Sr. Fiscal General propició que se condene a C. S. como autor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre (arts. 45 y 140 del C.P.N.).

Dicho encuadre normativo, por lo demás, fue expresamente consentido por el imputado y por la Defensa Pública Oficial en el marco del juicio abreviado celebrado en autos.

Cabe adelantar que tal calificación legal tendrá favorable acogida; pues, como he dicho con anterioridad, «.advierto del juicio de subsunción practicado en el acuerdo de partes una razonabilidad suficiente como para importar que, en virtud de las máximas que derivan del principio acusatorio, lo decidido por las partes devenga vinculante para este órgano y vede la facultad para reemplazar el encuadre jurídico escogido.» (causa «Oliva, Claudio Roberto s/Estafa»; autos nro. FSM 32008860/2010/TO1; rta.27/12/19).

A mayor abundamiento, calificada doctrina en la materia enseña que «.el reconocimiento de la existencia de intereses contrapuestos entre la acusación y la defensa, y la aceptación de la confrontación entre ellos como método de tratamiento judicial de los casos penales, deriva naturalmente en un esquema de funcionamiento procesal al que se identifica como contradictorio, que apuntala la imparcialidad de los jueces. Su regla principal de funcionamiento es que el triunfo de un interés sobre otro queda librado a la responsabilidad de quienes lo representan (.) careciendo el tribunal de cualquier co-responsabilidad al respecto, pues sólo debe garantizar que éstos tengan iguales posibilidades para lograrlo.» (Cafferata Nores, José Ignacio; «Proceso penal y derechos humanos»; Buenos Aires: Del Puerto, p. 150).

En consecuencia, resulta ser que el iura novit curia se encuentra especialmente restringido en esta instancia procesal y ello, más aún, cuando las partes optaron por el procedimiento previsto en el art. 431 bis C.P.P.N. Es que en este escenario la subsunción típica acordada entre el Sr. Fiscal General y la defensa por los hechos que surgen probados del expediente sólo puede ser examinada por el Tribunal a efectos de descartar supuestos de arbitrariedad y faltas graves a las previsiones normativas; nada de lo cual sucede en la especie, por cuanto, tal como se analizó en el apartado anterior, la calificación legal propiciada reviste un piso mínimo de racionalidad que la torna imperativa para esta judicatura.

En este sentido, el Sr. Fiscal General ha propiciado en su dictamen obrante a fs.176 un cambio de calificación con respecto a la cual fuera requerido a juicio el encausado y optado únicamente por la aplicación de uno de los dos delitos en relación concursal escogidos por su colega de primera instancia.

Al respecto, advierto que, en consonancia con lo allí dictaminado, en el caso los elementos probatorios recabados no resultan suficientes para tener por probada respecto del encausado con el grado de convicción que esta etapa requiere la existencia -al momento del inicio de la relación entre S. y la víctima- del especial elemento subjetivo del tipo (ultrafinalidad) que exige el art. 145 bis del C.P.N.

Así, debe repararse en la manera particular en que se desarrolló el vínculo entre S. y la víctima, el cual fue mutando en virtud del contexto de violencia de género que fue gestándose paulatinamente por las acciones desplegadas por el imputado que, si bien en un principio conoció a la víctima a través de las redes sociales, entabló un vínculo a la distancia y luego le abrió las puertas de su hogar, planeando una vida en común, con el transcurso del tiempo, comenzó a experimentar celos y a perpetrar contra aquella actos constitutivos de violencia de distintos tipos (física, verbal, simbólica, y económica), lo que generó una asimetría de poder y sometimiento psíquico del acusado respecto de Y.D.G. y engendró un panorama propicio para reducirla a la servidumbre.

En otras palabras, los elementos de prueba colectados no permiten sostener que desde el inicio de la relación S. haya obrado con fines de explotación, sino que, por el contrario, la dinámica vincular fue transformándose de manera progresiva durante el tiempo de convivencia de la pareja mediante distintos actos que realizó el encausado y facilitó, finalmente, que Y.D.G.no divisara otra alternativa posible que obedecer a los designios de aquél, viéndose obligada a obtener dinero mediante diversos medios y entregárselos para su provecho.

La situación cesó sólo cuando aquella se vio invadida por un temor muy grande a perder su vida o la de sus hijos, lo que le brindó coraje para escapar del lugar.

En este sentido, respecto del delito de reducción a servidumbre, se explica: «Dado los antecedentes de la infracción, es claro que con el término servidumbre se ha substituido la palabra esclavitud, pero no se ha corregido fundamentalmente el concepto. No se ha querido hacer referencia a una mera relación de servicio, sino a una relación de sometimiento y enajenación de la voluntad y el albedrío de una persona, en el sentido genérico de aquellas potencias. Por lo tanto, para considerar cometido este delito, se hace necesaria no ya solamente una dominación física sobre el cuerpo del sujeto pasivo, sino un verdadero dominio psíquico, porque es preciso distinguir esta infracción de las formas corrientes de encarcelamiento o de secuestro» (Soler Sebastián; «Derecho Penal Argentino»; Buenos Aires: Editorial Tea, p. 27).

En el caso, ha quedado probado que la víctima, vulnerable por su condición de mujer, madre joven, de bajos recursos económicos y escasa instrucción, oriunda de otra provincia, fue sometida por el encausado, con quien mantenía un vínculo amoroso signado por un claro e inequívoco contexto de violencia de género, lo que facilitó las condiciones para que aquél la obligara a mendigar y a vender diversos artículos -algunos inclusive, de su propiedad-, y entregarle los frutos de dichas actividades.

V. Individualización de la pena En ese punto, cabe reparar que el Sr. Fiscal General solicitó que se le imponga al imputado C. S. la pena de cuatro (4) años de prisión. Dicho monto, en la especie, resulta ser el mínimo legalmente previsto para el concurso de delitos que se le atribuye al encausado.Luego, y por cuanto el Máximo Tribunal tiene resuelto que «.por el principio acusatorio, los jueces no están habilitados a suplir la voluntad del ministerio público, a actuar más allá de su petición.» (Fallos: 339:1208), por simple razonamiento deductivo, se colige la necesidad lógica de estar al monto punitivo solicitado.

En efecto, por un lado, en virtud del respeto a la legalidad y a los límites que impone el legislador, este Tribunal no puede condenar por un monto de pena menor al previsto normativamente; y, por el otro, atento a las máximas que derivan del principio acusatorio, así como lo que resulta del artículo 431 bis, inciso 5 del C.P.P.N., tampoco es posible para la judicatura ir más allá de lo solicitado por el Sr. Fiscal General.

Sin perjuicio de lo expuesto, advierto que el monto de pena requerido luce razonable de cara a los arts. 40 y 41 C.P., en cuanto estipulan:que «[e]n las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a [.] 1°. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados; 2°. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad d e los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad».

En efecto, si bien valoro como atenuantes que el imputado es una persona joven, que no registra antecedentes condenatorios anteriores al presente y el reconocimiento por el encausado de responsabilidad en el hecho -lo que incluye evitar el riesgo de una revictimización de la víctima mediante su exposición a las formas y contingencias del debate oral y público-; concurren como circunstancias agravantes las múltiples notas de vulnerabilidad de la víctima y las características del hecho, el cual se desarrolló en un claro contexto de violencia de género, constituido por amenazas, golpes y otros actos que encuadran en violencia de diversa índole (verbal, física, simbólica, económica), y por el cual también resultó afectado el hijo menor de la víctima.

Por las razones expuestas, considero que la pena propiciada para el nombrado -que, además, fuera expresamente aceptada por éste y su defensa- resulta adecuada y razonable, por lo que habrá de convalidarse.

VII. Consideraciones adicionales En virtud de las condiciones de vulnerabilidad que atravesaron Y.D.G.y su hijo y el modo en que estas circunstancias funcionaron como factores para facilitar la reducción a la servidumbre, a lo largo del proceso – en particular en esta etapa- fueron especialmente atendidas las prescripciones de la ley 27.372 -«Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos»- y se dio intervención a la Asesora de Menores en relación con el menor S.F., labrándose un Legajo de Identidad Reservada de las víctimas.

De las constancias obrantes en dicho legajo, surge que, tal como fuera solicitado por el Sr. Fiscal General en el punto 9 de instrucción suplementaria de su ofrecimiento de prueba, Y.D.G. fue debidamente notificada de sus derechos -y de la posibilidad de ser asistida por la Defensora Pública de Víctimas- por personal del Departamento de Niñez y Familia de Oberá.

En ese sentido, personal de este Tribunal se puso en contacto con aquélla y, consultada en los términos de lo normado por el art. 5°, incs. k y l, ley 27.372, manifestó su voluntad de ser notificada en el presente proceso acerca de las decisiones que se adoptaren. En esa oportunidad, a su vez, expresó su temor a que, en caso de recuperar su libertad, el imputado arremetiera contra ella y/o sus hijos.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, el día 2 de agosto del año en curso, esta judicatura se comunicó con el Departamento de Niñez, Familia y Mujer de Oberá, Misiones, ocasión en la cual la Jefa del área indicó que Y.D.G. había dejado de mantener contacto con esa dependencia en tanto habían efectuado una denuncia ante las autoridades al tomar conocimiento que aquélla habría retomado el vínculo amoroso con el encausado (a distancia, encontrándose S.detenido).

Sentado ello, en especial atención a las características del suceso materia de reproche y las directrices de los tratados internacionales que rigen la materia mencionados en párrafos anteriores, resulta imprescindible ordenar a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que incluyan dentro del plan de tratamiento individual del encausado durante el tiempo de cumplimiento de la pena, aquellas actividades que resulten necesarias a efecto de brindar a S. un conjunto de herramientas que le posibiliten comprender la gravedad del hecho, como así también evitar en el futuro la reiteración de conductas similares (de conformidad con los arts. 1 y 8 de la ley 24.660). Máxime, cuando de las constancias de la causa surge que aquél y la víctima habrían retomado su vínculo amoroso a la distancia.

Finalmente, de conformidad con lo normado en los arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal, habré de imponer al condenado las costas del juicio.

En virtud de las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden, el Tribunal RESUELVE:

I. CONDENAR a C. D. S., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias, y al pago de las costas causídicas (arts. 12, 19 y 23 inc. 3° del C.P.N.) por resultar autor delito de reducción a la servidumbre (arts. 45 y 140 del C.P.N.).

II. ORDENAR a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que incluyan dentro del plan de tratamiento individual de C. D. S. durante el tiempo de cumplimiento de la pena, aquellas actividades que resulten necesarias a efecto de brindar al nombrado un conjunto de herramientas que le posibiliten comprender la gravedad del hecho, como así también evitar en el futuro la reiteración de conductas similares.

III. NOTIFICAR al Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Oberá, en el marco del expte. N°135808/21, de la presente resolución.

Regístrese, publíquese y notifíquese. Fecho, comuníquese, cúmplase con lo ordenado y, oportunamente, archívese.

Walter Antonio Venditti

Juez de Cámara

Andrés Salamone

Secretario

 

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