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#Fallos Sin daños: Se rechaza una demanda de daños contra un banco por una sanción de exoneración de un empleado sindicado como autor de defraudación que luego fue sobreseído

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Partes: M. D. S. c/ Banco Hipotecario Nacional y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 14 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138815-AR|MJJ138815|MJJ138815

Voces: EXONERACIÓN – BANCOS – DAÑOS Y PERJUICIOS – SUMARIO ADMINISTRATIVO – LEGITIMACIÓN PASIVA

Se rechaza una demanda de daños contra un banco por una sanción de exoneración de un empleado sindicado como autor de defraudación que luego fue sobreseído.

Sumario:
1.-La demanda de daños, basada en la ausencia de fundamento de la exoneración se encuentra supeditada al éxito de una revisión judicial del acto sancionatorio, que no fue atacado, ni cuya impugnación en tiempo y forma oportuna, consta en el marco de las probanzas rendidas.

2.-El magistrado de grado no falló por fuera de lo pedido en el escrito de demanda, pues, para resolver la cuestión planteada, debió contrastar la pretensión de la parte actora con la normativa, la doctrina y los precedentes aplicables al caso.

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3.-El supuesto dispendio jurisdiccional que habría propiciado el magistrado al tratar la defensa de legitimación pasiva en la sentencia definitiva no puede constituir una queja que sea susceptible de revisión en la Cámara, cuando la decisión del juez de diferir el tratamiento de la excepción para el momento de sentencias definitivamente se encuentra firme.

Fallo:
La Plata, 14 de septiembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS: este expediente FLP N° 18282/2016/CA1, caratulado “M. D. S. c/ Banco Hipotecario Nacional y otro s/ daños y perjuicios”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esta ciudad; Y CONSIDERANDO QUE:

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. Antecedentes del caso 1. La acción de daños y perjuicios fue iniciada por Patricio Genazzini y Osvaldo Enrique Genazzini, apoderados del señor M. D. S., contra el Banco Hipotecario Nacional y el Estado Nacional por monto indeterminado.

En dicha oportunidad relataron que el señor M. D. S. fue empleado del entonces Banco Hipotecario Nacional desde el año 1974, donde llegó a ostentar el cargo de jefe de Área Tesorería, en la sucursal ubicada en la Avenida 7, esquina 49, de la ciudad de La Plata.

Apuntaron que, en el año 1993, a raíz de una investigación promovida por las autoridades del banco por una presunta maniobra fraudulenta, se realizó el Sumario Administrativo N° 13/003/93, en el que se dictó la Resolución N° 679/94, por la que se aplicó la sanción de exoneración al actor por encontrarlo incurso en un artículo del Estatuto del Personal.

Además, señalaron que en el artículo 14 de la Resolución N° 679/94 se ordenó girar las actuaciones al Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, donde se requirió la elevación a juicio oral, por lo que el expediente se giró al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata bajo la caratula “N., H. R. y otros s/ art. 174 inc. 5 del CP”.

Expusieron que, en el marco de dicha causa penal, transcurrido el tiempo, se interpuso el incidente N° 1202/02, caratulado “M. D. S. y otro s/ extinción de la acción penal”. Así las cosas, el 20 de mayo de 2013, el tribunal declaró el sobreseimiento por el hecho que fue materia de elevación a juicio, por aplicación del artículo 334, inc.1, 361 y concordantes, del CPPN.

Por esos motivos, argumentaron que con dicha resolución quedó claro que la medida expulsiva adoptada por el Banco Hipotecario Nacional fue intempestiva y sin fundamentos, por lo que iniciaron la acción por todos los daños causados, en un monto equivalente a los salarios caídos en calidad de daño emergente y como disminución del patrimonio de M. D. S.; daño moral por las penurias y carencias en la salud del actor y la afrenta a su honorabilidad ante la sociedad y sus afecciones espirituales; la perdida de chance por el progreso que pudo haber tenido en su carrera bancaria en caso de haber continuado trabajando; y demás rubros que no fueron detallados. Finalmente, fundaron su derecho y ofrecieron prueba.

2. El juez de grado cursó el traslado de la acción a las demandadas. La letrada Celia Teresa Peláez, en representación del Estado Nacional -Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- se presentó en el expediente a contestar la demanda.

De ese modo, expuso que conforme con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la ley 24855 y el decreto 924/97 -reglamentario de dicha ley- el Estado Nacional asumió el pasivo eventual que generen las acciones judiciales interpuestas contra el Banco Hipotecario Nacional por causa o título anterior a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto y cuyo objeto sea o implique una obligación de dar sumas de dinero, incluyéndose capital, actualizaciones, intereses, multas, gastos por costas y demás prestaciones principales y accesorias.

Asimismo, refirió que, como en el escrito de demanda el actor se refirió a una cesantía del año 1993 -fecha anterior al decreto y a la ley a las que se hizo referencia-, se debía dar intervención al Banco Hipotecario SA, debido a que el legajo personal del actor y los hechos que expresó en su demanda se encontraban en su legajo personal. Sin perjuicio de ello, hizo las negativas generales de estilo y presentó prueba.

3.Con posterioridad, el apoderado del Banco Hipotecario, Jorge Alberto Rapari, se presentó a contestar la demanda.

Allí, planteó la falta de legitimación pasiva respecto del Banco Hipotecario SA, atento a que, según el relato del actor, los hechos ocurrieron con anterioridad a la fecha de privatización de la entidad bancaria, lo que aconteció el 28/09/1997 mediante la ley 24855.

Al respecto del pasivo y eventuales deudas del Banco Hipotecario Nacional, también mencionó el decreto 924/97, del que se desprende que las deudas que tuviesen origen en título o causa anterior al 30/06/1997 o a la fecha de privatización, y que no consistan en obligaciones de hacer o no hacer, deben ser soportadas por el Estado Nacional.

De forma subsidiaria, reconoció que M. fue empleado del Banco Hipotecario Nacional y que brindó tareas en la sucursal de la ciudad de La Plata. Así también, se mostró de acuerdo con que, con motivo del sumario administrativo N° 13/003/93 se dictó la resolución número 679/94 el 28/09/1994, en la que luego de evaluar la medida aconsejada por la Comisión de Asuntos Legales, Administrativos y de Servicios, el directorio por unanimidad resolvió aplicar al actor la sanción de exoneración, prevista en el artículo 19, inc. d), del Estatuto para el Personal del Banco Hipotecario Nacional, encuadrando su conducta en el artículo 31, inc.b), del referido cuerpo normativo, además de disponer la comunicación a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y girar las actuaciones al Juzgado Federal N° 1 de La Plata.

En ese sentido, argumentó que en dicha norma del estatuto se prevé que son causas de sanción de exoneración el “incumplimiento intencional de órdenes legales o falta grave que perjudique moral o materialmente al Banco”; que el actor no cuestionó la resolución administrativa que se encuentra firme, consentida y ejecutoriada; y que la sentencia de sobreseimiento dictada en la causa penal por extinción de la acción penal por prescripción no trae como consecuencia que la sanción de exoneración dispuesta fuera intempestiva y sin fundamento.

Asimismo, interpuso la excepción de prescripción debido a que entendió que la acción de daños y perjuicios se encontraba prescripta conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la ley de contrato de trabajo. Sin perjuicio de ello, cuestionó la responsabilidad del Banco por los daños y perjuicios con relación al giro de las actuaciones a la sede penal; efectuó las negativas generales de estilo; ofreció prueba e hizo la reserva del caso federal.

4. De las constancias del expediente digital se desprende que la causa penal -que contiene piezas el sumario administrativo- fue ofrecida como prueba y de su lectura se puede colegir que: a) A partir de irregularidades detectadas en la baja de servicios correspondientes al día 22/12/1992 se efectuó una investigación preliminar donde, conforme el artículo 35 del Estado para el Personal del Banco Hipotecario Nacional, se instruyó un sumario administrativo al agente E. E. B. B.y se autorizó al instructor sumariante incluir como sumariados a otros empleados cuya responsabilidad apareciera comprometida (según la resolución dictada el 03/06/1993 en el sumario administrativo). b) En el sumario administrativo se resolvió formular una denuncia penal, en la que se relató que, a raíz de las anomalías detectadas en la baja de servicios hipotecarios, cuyos pagos no fueron rendidos oportunamente, se realizó la denuncia contra el agente B. B. por infringir el artículo 147 del Código Penal y se acompañó fotocopia de la instrucción del sumario administrativo como prueba instrumental. c) El sumario administrativo se instruyó en la sede de la Delegación La Plata del Banco Hipotecario Nacional, en cumplimiento de lo establecido en la Providencia de la Gerencia General N° 40543 del 03/06/1993 donde se instruyó sumariar al cajero titular B. B. d) El instructor del sumario resolvió el 23/11/1993 incluir como sumariado al señor M. D. S., jefe del sector Valores y Resguardos. e) En el sumario se concluyó, con respecto al señor M., legajo N° 11957, de 19 años de antigüedad laboral, que su conducta “devela un incumplimiento intencional de órdenes legales que en este caso han perjudicado moral y materialmente al Banco, ocasionándole un severo perjuicio patrimonial. Dicha conducta incurre en el incumplimiento grave de los deberes establecidos en el artículo 6° incisos a) y b) del Estatuto para el Personal del Banco Hipotecario Nacional”.

La conducta que se le reprochó al actor se basó en que se encontraba “acreditado el cargo obrante a fs. 1316/1317 para los 34 talones que allí se describen y que se imputan como ‘no rendidos'” (según foja 151 del primer cuerpo de la causa penal). f) En la causa penal M.fue procesado el 07/05/1999, procesamiento confirmado por la Alzada el 14/03/2000, y que tuvo elevación a juicio el 17/12/2001.

Finalmente, se solicitó la prescripción de la acción penal el 11/11/2011 y, como consecuencia, se declaró el sobreseimiento del actor por aplicación del normado en el artículo 334, 336 inc. 1), 361 y concordantes del CPPN el 20/05/2013.

II. La sentencia de primera instancia El juez de primera instancia resolvió declarar la falta de legitimación pasiva del Banco Hipotecario SA, rechazar la acción de daños y perjuicios interpuesta por M. D. S. contra el Banco Hipotecario Nacional-Estado Nacional, imponer las costas a la actora, y diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

Para así decidir, el juez Ziulu apuntó, en síntesis, que la defensa de falta de legitimación pasiva del Banco Hipotecario SA debía prosperar en cuanto el decreto reglamentario 924/97 establece que aquellas obligaciones del Banco Hipotecario Nacional con causa o título anterior a su privatización debían ser asumidas por el Estado Nacional, situación que se corresponde con el reclamo de autos.

Por otra parte, rechazó la acción intentada por el actor debido a que “la absolución del imputado en sede penal, no implicaría per se la declaración de nulidad de la sanción ya impuesta -ello amén de que no se trata del supuesto de autos, en el que no se cuestionó la sanción aplicada-, ni da basamento a una reparación como se pretende”.

III. El recurso de apelación La parte actora apeló la sentencia, a foja 231, expresó agravios, a fs. 266/269, y sus quejas pueden resumirse de la siguiente manera:a) Se posiciona en contra de la falta de legitimación pasiva del Banco Hipotecario SA, en tal sentido, se agravia de que el juez de grado resolvió diferir el tratamiento de dicha defensa para la sentencia definitiva, a pesar de que a lo largo de todo el expediente jamás fue tratada, generando “un gran dispendio jurisdiccional y demoras en llegar a la instancia final”. b) Opina que, al tratar la cuestión de fondo, el juez de grado debió pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado Nacional y no del Banco Hipotecario Nacional tal como lo hizo.

En tal sentido, entiende que el Estado Nacional, por acción u omisión, consintió todos los hechos narrados y probados por su parte. A ello agrega que el juez de grado emitió una sentencia extra petita porque los argumentos analizados en la sentencia nunca fueron propuestos por el Estado Nacional. c) Argumenta, con respecto a lo sostenido por el juez de grado acerca de que M. debió impugnar el acto administrativo a los fines de reclamar por los daños y perjuicios, que no se debe olvidar que “cuando se interpuso la demanda, el 10 de mayo de 2016, el Actor se encontraba exonerado del Banco Hipotecario Nacional, hacían 23 años y 8 meses por lo que no se podía impugnar la resolución administrativa, la cual no tuvo en cuenta lo establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza la estabilidad del funcionario público y tutela la dignidad, atributo de toda persona, el transcurso del tiempo era demasiado y con su estado de salud (esclerosis múltiple), ya no podía caminar, imposible de reintegrarse a trabajar [.] Por tal situación se iniciaron estos actuados con el fin de la reparación del daño que le causó la imputación de un delito que dio origen al Sumario Administrativo ya apuntado y con las sabidas consecuencias, delito por el cual no se lo condenó sin perjuicio que haya sido por prescripción de la acción penal:ello demostraría una vez más el accionar indolente del Banco Hipotecario Nacional al aplicar la sanción expulsiva más grave que contemplaba su Estatuto sin suspender esa decisión a las resultas de la acción penal”. d) Finalmente, se agravio de la imposición de las costas a su cargo, sin tener en cuenta la concesión del beneficio de litigar sin gastos otorgado en los autos “M. D. S. s/ beneficio de litigar sin gastos”, expediente N° 18289/2016, en trámite por ante el Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 6, de esta ciudad.

IV. El recurso de apelación recibió contestación por parte del Estado Nacional a fs. 271/273 y por parte del Banco Hipotecario SA a foja 274.

V. Tratamiento de la cuestión planteada 1. En primer lugar, debo apuntar que la parte actora no cuestiona los argumentos de fondo utilizados por el juez de grado con respecto a la falta de legitimación pasiva del Banco Hipotecario SA -es decir, lo sostenido acerca de que con el dictado del decreto 924/97 las obligaciones que aquí se reclaman deben ser afrontadas por el Estado Nacional- sino que basó su queja cuestionando el momento procesal elegido por el juez de grado para dar tratamiento a la defensa esgrimida por el Banco.

Considero que este agravio debe ser rechazado. En efecto, el reproche no se presenta como una crítica concreta y razonada a los fundamentos utilizados en la sentencia de origen; el supuesto dispendio jurisdiccional que habría propiciado el magistrado al tratar la defensa de legitimación pasiva en la sentencia definitiva no puede constituir una queja que sea susceptible de revisión en esta instancia cuando la decisión del juez Ziulu de diferir el tratamiento de la excepción para el momento de sentencias definitivamente (a fs.

85) se encuentra firme.

2.Por otra parte, entiendo que los agravios identificados como b) y c) no alcanzan a conmover los argumentos utilizados por el juez de grado para rechazar la acción interpuesta.

Veamos, el actor sostuvo en su escrito de demandada que la reparación por los daños y perjuicios sufridos tiene sustento en que, al haberse dictado su sobreseimiento por aplicación del instituto de la prescripción en la causa penal que fue iniciada en su contra, había quedado claro que la medida expulsiva adoptada por el Banco Hipotecario Nacional fue intempestiva y sin fundamentos.

En ese sentido, para analizar si la pretensión de la parte actora tenía asidero, el juez de grado tuvo que, necesariamente, aclarar si la prescripción de la acción penal -en su momento impulsada por el acto administrativo emitido en el marco del sumario en que fue exonerado el actor- tenía el carácter de revertir la decisión administrativa; es decir, si el contenido de dicho acto administrativo carece ahora de validez al haberse extinguido la acción penal iniciada contra el señor M.

Planteada así la cuestión, el juez Ziulu argumentó, en síntesis, que: a) “la acción interpuesta, basada en la ausencia de fundamento de la exoneración [.] se encuentra supeditada al éxito de una revisión judicial del acto sancionatorio, es decir la resolución 679/94, la que [.] no fue atacada en el presente proceso, ni cuya impugnación en tiempo y forma oportuna, consta en el marco de las probanzas rendidas, lo que adelanto sella la suerte adversa de esta acción de daños y perjuicios”; b) “la impugnación judicial de un acto administrativo de alcance particular requiere que el mismo sea definitivo y que se hayan agotado a su respecto las instancias administrativas conforme lo establece el art. 23 de la ley 19.549”; c) “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que los actos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el art.25 de la ley 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado, debido a la caducidad operada, razón por la cual, en tal caso, no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Administración (conf. Fallos 319:1476 , 1532 ; 333:2001 , 335:742 , entre otros); y d) “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que: ‘La investigación ante la justicia penal de la circunstancia fáctica que motiva el sumario, no obsta al juzgamiento de la responsabilidad desde el punto de vista administrativo, en tanto ambas instancias persiguen objetivos diferentes y no se excluyen’ (Fallos 315:245)”, precedente al que acompañó con basta doctrina aplicable al caso.

Así las cosas, no considero que el magistrado de grado haya fallado por fuera de lo pedido en el escrito de demanda, pues es claro que, para resolver la cuestión planteada, debió contrastar la pretensión de la parte actora con la normativa, la doctrina y los precedentes aplicables al caso. Por tales motivos, deben rechazarse los agravios de la recurrente, más aún cuando no ha ofrecido a este Tribunal argumentos que puedan poner en tensión lo decidido en la instancia de origen, toda vez que de la lectura del escrito recursivo no se advierte que el recurrente haya abordado y cuestionado los argumentos esgrimidos por el magistrado de grado para arribar a las conclusiones que expuso en su sentencia. Al respecto, cabe señalar que la expresión de agravios no es una mera fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, en la que debe refutarse las consideraciones de hecho y de derecho que vertebran la decisión judicial (conf. Morello, Augusto; Sosa, Gualberto Lucas; Berizonce, Roberto Omar; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y anotados, Tomo III, 2ª edición, Buenos Aires, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, nota al art.260, pág. 351 y siguientes), lo que no se verifica en los argumentos principales de la presentación en tratamiento.

3. Finalmente, con respecto al agravio d), cabe destacar que la concesión del beneficio de litigar sin gastos no es un impedimento para la imposición de las costas con fundamento en el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN), toda vez que el beneficio de gratuidad está sujeto a la eventualidad futura del mejoramiento de la fortuna del beneficiario conforme a la regla establecida en el artículo 84 del CPCCN. En tales condiciones, no veo motivos para apartarme de lo resuelto en la sentencia de primera instancia.

VI. En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Acuerdo: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, con costas de Alzada a la recurrente vencida atento las contestaciones al recurso planteado (art. 68 del CPCCN).

Así lo voto.

EL JUEZ DI LORENZO DIJO:

Adhiero a la solución propuesta por mi colega preopinante en cuanto corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.

Así lo voto.

Por ello, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia, con costas de Alzada a la recurrente vencida atento las contestaciones al recurso planteado (art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema Lex100.

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