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#Fallos Demanda de daños contra un establecimiento gastronómico, donde un menor sufrió una lesión en el patio de juegos

Partes: A. G. Y. y otros c/ BRRB Emprendimientos S.R.L. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: C

Fecha: 18 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138296-AR|MJJ138296|MJJ138296

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD – DAÑO MORAL – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Procedencia de una demanda de daños contra un establecimiento gastronómico, donde un menor sufrió una lesión en el patio de juegos. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de daños, pues, el propio reconocimiento de que una dependiente de la demandada que se encontraba al cuidado de los niños en el sector de juegos ‘al momento de sucedido el hecho… había interrumpido unos minutos sus tareas para ir al baño’; no hace más que corroborar que el hecho y el incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo de la accionada; máxime cuando ni siquiera ha sido probada la supuesta existencia de los ‘carteles a la vista, en los cuales se aclara que todos los niños menores de 3 años deben estar acompañados por sus padres’ que la demandada afirma en su contestación.

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2.-El daño moral es resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar el damnificado como consecuencia del accidente, procurándole una satisfacción o compensación.

Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de agosto de 2022, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «C» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos «A., G. Y. Y OTROS C/ BRRB EMPRENDIMIENTOS S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» (EXPTE. N° 29832/2017), respecto de la sentencia dictada con fecha 2 de diciembre de 2020, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Diaz Solimine, Converset y Trípoli.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Diaz Solimine dijo:

I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a BRRB Emprendimientos SRL a pagar a G. Y. A., C. B. F. y E. A. F. la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) -a las dos primeras- y la de pesos trescientos cuarenta y cinco mil ($ 345.000) – al último- con más los intereses y las costas del juicio. Asimismo, hizo extensiva la condena a la citada en garantía MAPFRE Argentina Seguros S.A., en los términos previstos por el artículo 118 de la ley 17.418.

Contra dicho pronunciamiento se alzan las partes y el Defensor de Menores de primera instancia. La actora expresó sus agravios mediante la presentación digital de fecha 13 de abril de 2021 -ver aquí- y la citada en garantía a través de la presentación digital de fecha 20 de abril de 2021 -ver aquí-.

Corridos los traslados de ley, los agravios de los actores fueron respondidos por la citada en garantía con fecha 28 de abril de 2021 -ver aquí-.

Por su lado, la Sra.Defensora de Menores de Cámara acompañó su dictamen el 10 de junio de 2021 -ver aquí-, ocasión en la que adhirió a los agravios de la actora y pidió que se declare desierto el recurso de la citada en garantía.

II. Los accionantes se agravian del alcance de la condena contra la compañía de seguros, por considerar escasas las indemnizaciones por incapacidad sobreviniente y daño moral y por el rechazo de los rubros «pérdida de chance» y «lucro cesante».

La citada en garantía, en cambio, cuestiona la atribución de responsabilidad decidida en la anterior instancia.

Subsidiariamente, critica la procedencia y monto de las partidas indemnizatorias en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, y solicita la morigeración de los intereses de condena.

III. Se señala inicialmente que esta Sala adhiere en materia recursiva al criterio hermenéutico de amplia flexibilidad, por ser dicha pauta la que mejor se ajusta a la garantía constitucional de la defensa en juicio. La carga de fundar los agravios, según lo pregonado por tal regla, se satisface con el mínimo de técnica exigida por las normas procesales.

Conforme a lo expuesto, en el entendimiento que la expresión de agravios de los actores y de la citada en garantía cumplen -aunque mínimamente- con los requisitos que exige el art. 265 del Código Procesal, los pedidos de la Sra. Defensora de Menores de Cámara y del representante de la compañía de seguros para que se declaren desiertos los recursos de la contraria, serán desoídos.

Así, se examinarán en primer lugar las quejas relativas a la responsabilidad establecida en la sentencia de grado. Luego, en su caso, la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios.

IV.En ese orden, la citada en garantía se agravia porque el colega de la instancia anterior tuvo por probado el hecho con el único fundamento de «no haber sido negado» en la contestación de demanda.

Alega que los actores omitieron efectuar una explicación clara de los hechos en los que se fundaba su pretensión, por lo que «no existe certeza sobre qué fue lo que ocurrió».

En primer lugar, atento al ambiguo argumento brindado por la quejosa, cabe señalar que la asegurada, en su contestación de demanda -ver aquí-, a cuyos términos adhirió la citada en garantía, reconoció el hecho relatado por la accionante e incluso que cuando sucedió el menor se encontraba en el sector de juegos del establecimiento gastronómico.

En efecto, afirmó «es posible obtener un primer hecho reconocido y no controvertido:

Giselle A. no estaba vigilando a su hijo, E. A. F., mientras estaba en el área de juegos del local». Incluso invocó la culpa de la progenitora en la producción del hecho que nos ocupa.

Por ello, que ahora en su agravio pretenda desconocer dicha circunstancia, resulta cuanto menos contradictorio, configurándose la conocida doctrina de los actos propios, con lo cual, dicho fundamento es a todas luces inadmisible.

Así pues, no hay dudas que el hecho aconteció el día y hora detallados en la demanda en el establecimiento gastronómico que explota la demandada, en circunstancias en que el niño E. se encontraba en el sector de juegos del citado local y sufrió las lesiones en virtud de las cuales se ha promovido esta acción.

Ahora bien, dado que el sentenciante de grado encuadró la cuestión en la ley 24.240 de defensa del consumidor, modificada por la ley 26.361 y ello no ha sido materia de agravio, se encuentra fuera de discusión que el daño ha ocurrido en el marco de una relación de consumo.

Conforme a ello, coincido con el magistrado de grado que, a la luz de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y concs.de la ley 24.240, se encuentra en cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado, como consecuencia de lo cual, cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva del proveedor (conf. CNCiv., Sala A, «Duvidovich Gallo, Patricia Adriana c. Valle de Las Leñas S.A. y otro s/daños y perjuicios», del 19 de abril de 2012).

La referida obligación de seguridad ha sido definida como aquélla en virtud de la cual una de las partes en el contrato se compromete a no dañar al otro contratante, ya sea su persona o sus bienes durante la ejecución del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación en forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contrato, a través de su interpretación en base al principio de la buena fe.

Dicha obligación de seguridad, fue también definida como «el deber que tienen las partes de preservar a las personas de sus cocontratantes de todo daño que pueda ocasionarse en la ejecución de ciertos contratos que comportan ese riesgo» (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Nota a fallo, LA LEY 1984, pág. 73).

Por su parte, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42, introducido por la Reforma de 1994, consagra a la seguridad como uno de los derechos fundamentales de los consumidores y usuarios. En efecto, el mencionado artículo prescribe que «Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.». La incorporación de la locución «consumidor y usuario de bienes y servicios» en el art. 42 de la Constitución Nacional es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de bienes y servicios a desempeñar conductas encaminadas al cuidado no sólo de la vida y la salud, sino también a la seguridad e intereses económicos (conf. Lorenzetti, Ricardo, «Consumidores», Rubinzal Culzoni, pág.44).

Por lo que, frente al mero incumplimiento material de la obligación, el proveedor responderá por los daños y perjuicios sufridos por el consumidor, salvo que demuestre el acaecimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor. Es prístino entonces que no estará habilitado para demostrar su falta de culpa para eximirse de responder, con lo cual nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva. En definitiva, en el marco de la ley 24.240, las obligaciones del proveedor, entre las que se encuentra, naturalmente, la obligación de seguridad del art. 5 de esa ley, tienen -por expresa previsión del artículo aludido- el carácter de un deber de resultado (conf. Picasso – Vázquez Ferreyra, «Ley de Defensa del Consumidor», t. I, p. 160 y ss.).

De este modo, cuando las obligaciones de la parte demandada son de resultado, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Al deudor que pretende su liberación compete, entonces, la prueba de que el cumplimiento de la obligación de seguridad se había vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito (conf. CNCiv., Sala A, L. 581.709, del 25/11/2011, publicado en LL 2011-F-10, y RCyS 2012-II-156).

Desde esta perspectiva, como bien señala el sentenciante de grado, es a la demandada a quien correspondía demostrar la causa ajena que la libere parcial o totalmente de responsabilidad y de las constancias de autos no surge acreditada la concurrencia de ninguna circunstancia eximente.

En efecto, ni siquiera ha sido probada la supuesta existencia de los «carteles a la vista, en los cuales se aclara que todos los niños menores de 3 años deben estar acompañados por sus padres» que la demandada afirma en su contestación.

Por el contrario, el propio reconocimiento de que una dependiente de la demandada que se encontraba al cuidado de los niños en el sector de juegos «al momento de sucedido el hecho.había interrumpido unos minutos sus tareas para ir al baño»; no hace más que corroborar que el hecho y el incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo de la accionada.

Consecuentemente, por los argumentos expuestos anteriormente, considero que cabe confirmar la responsabilidad atribuida a la demandada, lo que así propondré al Acuerdo.

V. Sentado lo expuesto, se analizarán a continuación los agravios ceñidos al resarcimiento otorgado al coactor E. A. F. a) Incapacidad sobreviniente El magistrado de la anterior instancia fijó la suma de $220.000 por el ítem bajo estudio, comprensivo únicamente del daño físico.

La parte actora considera escasa la indemnización otorgada si se tienen en cuen ta los «daños psicofísicos» que ha sufrido el coactor menor de edad. Añade que, si bien la pericia médica ha estimado la incapacidad sobreviniente en un 5%, no existió una definición clara respecto de las cuestiones planteadas en el pedido de explicaciones formulado en autos, pues el perito de la especialidad ha utilizado baremos del fuero laboral cuando debió utilizar aquellos de uso corriente en el fuero civil.

Del otro lado, la citada en garantía se queja por entender que se ha reconocido una indemnización mayor a la pretendida, violentando el principio de congruencia, y que resulta excesiva la reparación otorgada toda vez que no se acreditó que el hecho le haya privado de ingreso o trabajo alguno al reclamante.

Según lo que resulta de la pericia médica (ver aquí), el niño E. presento una fractura de tibia de pierna derecha que requirió estabilización, reducción y fijación con yeso pelvipédico. No presenta daño estético. Asimismo, estimó un porcentaje de incapacidad total, definitivo y residual (Ley 24557 Decreto 658/96 – 478/98) para el coactor A. F.del orden del 5%, considerando las limitaciones para las actividades de su vida cotidiana laboral y recreativa, y su edad.

Las conclusiones de la experticia oficial fueron impugnadas por la actora (ver aquí) y merecieron un pedido de explicaciones de la citada en garantía (ver aquí). El perito respondió ambos planteos ratificando sus conclusiones (ver aquí y aquí).

Ahora bien, en cuanto a las impugnaciones formuladas, es preciso destacar que, para desvirtuar lo dictaminado por el perito en relación con un saber técnico que el juez no posee, es imprescindible presentar elementos de juicio que le permitan concluir sobre el error o el inadecuado uso que el experto hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado.

Tales elementos de convicción no fueron aportados por la actora que impugnó las conclusiones de la pericia oficial. En efecto, cuestiona el uso de lo baremos pero no explica ni brinda fundamentos que permitan advertir que las conclusiones de la experticia no reflejan las lesiones constatadas en la víctima. Por otro lado, la impugnación que formulan oportunamente a la pericia oficial y donde aluden a una contradicción del perito en el porcentaje de incapacidad que constata, es una afirmación errónea. Ello así, pues la parte actora confunde el porcentaje de limitación funcional de movimientos con el porcentaje de incapacidad.

En este contexto, no se aprecian razones para apartarse de lo informado por el experto en cuanto al grado de incapacidad detectado.

Ahora bien, antes de ingresar al análisis de los agravios relacionados con la cuantía del rubro bajo examen, es necesario tener presente que, desde un punto de vista genérico, la incapacidad puede definirse como «la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2a, p.343).

Sabido es que el resarcimiento por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de la personalidad de la víctima, o sea, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (CNCiv, Sala M, causas libres n° 503.511 del 06/09/2010, n°546.289 del 09/12/2010, entre otras).

En suma, esta partida -que supone necesariamente la existencia de secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o irreversible- comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica, es decir, todas las consecuencias que afecten la personalidad íntegramente considerada.

Sobre este punto, la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 de la Constitución Nacional. De éste se infiere el derecho a no ser dañado y, en su caso, a obtener una indemnización justa y plena (CSJN, «Santa Coloma», Fallos 308:1160; id., «Ghünter», Fallos 308:111; id., «Aquino», Fallos 327:3753).

Precisamente, este fundamento se ha plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial, cuyo art. 1740 expresamente indica que la indemnización debe ser plena, aclarando a continuación que ese carácter consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Este es, en otros términos, el contenido de la doctrina inveterada de la Suprema Corte, de modo que el nuevo código no ha hecho más que continuar en la senda ya trazada, como puede advertirse -entre otras disposiciones- a partir del principio de la inviolabilidad de la persona humana (art.51, CCCN).

Por lo tanto, ya sea que se entienda que la fijación del monto indemnizatorio es una de las consecuencias jurídicas no consolidadas a la que se aplicaría el art. 1746, del CCCN -y, por consiguiente, alguna de las fórmulas matemáticas- o bien se recurra a la doctrina de la Corte a que se hace mención, la solución no habría de modificarse.

En efecto, aun cuando la utilización de cálculos matemáticos o tablas actuariales surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y, por ende, tienden a reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado (Acciarri, H., «Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código», diario La Ley del 15/7/2015, p. 1), no puede dejar de señalarse que existen otra serie de elementos que complementan este método y que permiten al juez mayor flexibilidad para fijar el monto del daño atendiendo a pautas que, aunque concretas, reclaman ser interpretadas en cada caso.

Se trata, en definitiva, de las denominadas particularidades de cada situación específica que, en muchísimos casos, no son susceptibles de ser encapsuladas dentro de fórmulas ni pueden ser mensuradas dentro de rígidos esquemas aritméticos (SCBA, «P. c. Cardozo, Martiniano B. s/ daños y perjuicios», del 11/2/2015, LLBA 2015 (julio), 651; Sala M, «Carmona, Selva Julieta c/Línea de Colectivos 53 (línea 213 SAT) s/daños y perjuicios», expediente n°98.020/2009 del 9/9/2015; id., Sala C, «Ares, Daniel A. c/ Doscientos Ocho Tte. Aut. S.A. y otro s/ ds. y ps.» -Nro.92.266/2016- del 7/05/2021) Por ello, en coincidencia con lo decidido por el sentenciante de primera instancia, me parece plausible, en el caso, tomar a consideración, como un elemento más a ponderar, las pautas objetivas arrimadas, complementadas y enriquecidas con los restantes elementos vitales que surgen acreditados y que han sido detallados por el juez de grado en su decisorio.

En este punto del análisis, no se pierde de vista la corta edad del actor al momento del hecho (2 años) y que la indemnización bajo estudio debería ser computada a partir del momento que aquél podría comenzar a desplegar su actividad productiva (conf. Pizzarro, R. D. – Vallespinos, C. G., Instituciones de Derecho privado. Obligaciones, t. IV, pág. 330 y sgtes.).

Sin embargo, se ha de tener presente la actividad lucrativa que ocasionalmente desarrollaba el coactor menor de edad como modelo publicitario.

Por último, cabe señalar que conforme surge de las constancias de marras las sumas reclamadas en el escrito de demanda fueron sujetas a lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, fórmula esta que autoriza al juez a elevarlas sin incurrir en ultra petita, ni vulnerar el principio de congruencia.

Por todo lo referido con anterioridad que, estimo adecuado el resarcimiento otorgado en concepto de incapacidad sobreviniente. De ahí que, propondré al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en este punto. b) Pérdida de Chance y lucro cesante:

Los reclamos por ambos conceptos no han prosperado. El sentenciante consideró que el primero se encontraba comprendido en la indemnización por incapacidad sobreviniente, en tanto que el restante no había sido debidamente acreditado, pues no se probó la frustración particular de determinados trabajos que el menos se vio privado de aceptar.

Ello motiva las quejas de los accionantes.Sostienen que resulta imposible la prueba que se les exige, pues «no se puede acreditar un ingreso cuando el trabajo no se llevó a cabo».

Sabido es que, la pérdida de ganancias que importa el lucro cesante es un hecho cuya prueba incumbe a quien lo invoca y requiere, además, una demostración clara y efectiva, pues no corresponde su reconocimiento sobre la base de meras inferencias. Y aun cuando pudiera afirmarse que su acreditación no exige una exactitud rigurosa, no es menos cierto que aquélla debe ser arrimada de algún modo, siquiera por el aporte de datos objetivos y convincentes extraídos de la realidad circundante (conf. CNCivil, Sala A, 20/6/90, LL 1992-A-140; id., Sala F, 18/8/92, diario LL 21- 4-94).

Por otro lado, cuando la pérdida de la posibilidad frustrada era muy general y vaga, ella no es indemnizable como daño material, ya que se trataría de un daño puramente eventual o hipotético. Pero cuando la posibilidad, en cambio, de obtener la ganancia o de evitar la pérdida era bastante fundada -o sea, cuando más que posibilidad era una «probabilidad» suficiente-, la frustración de ella debe ser indemnizada por el responsable. Esta indemnización es de la «chance» misma, que el juez apreciará en concreto, y no de la ganancia o de la pérdida que era el objeto de aquélla, ya que no puede olvidarse que lo frustrado es propiamente la «chance», la cual, por su propia naturaleza, es siempre problemática en su realización (conf. Orgaz, «El daño resarcible», pág.70, n°24, 3° edición actualizada, ed.Depa lma).

En el caso, coincido con el «a-quo», que no se han adunado elementos de tipo objetivo como tener por acreditado el lucro cesante ni la pérdida de chance alegada durante los 45 días que debió portar el yeso pelvipédico, ni durante las tres semanas subsiguientes que debió utilizar bota walker.

Tampoco estimo acreditado que la lesión de carácter permanente detectada por el perito médico (5% de incapacidad física), haya significado por sí sola la frustración de una chance de contratación o haya determinado la falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial, que razonablemente hubiere podido obtener de no haberse producido el hecho y de acuerdo a probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas (conf. CNCiv., Sala C, 7/6/07, LLO AR/JUR/5435/2007).

Por lo dicho, propiciaré la confirmación del rechazo de la procedencia de los ítems bajo análisis. c) Daño Moral:

En relación a este perjuicio, que el juez de grado fijó en la suma de $125.000, tanto la actora como la demandada se agravian por la cuantificación del daño. Mientras que la primera pide su elevación, la restante solicita su rechazo por considerar que no se ha probado la existencia de daño psicológico.

En primer lugar, es preciso señalar que esta Sala participa de la corriente que considera al daño psicológico y el daño moral poseen distinta naturaleza.

El daño moral es resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar el damnificado como consecuencia del accidente, procurándole una satisfacción o compensación.

El daño psíquico, en cambio, reposa predominantemente en la subjetividad de la persona, trasciende en actitudes y comportamientos, y a veces tiene también manifestaciones somáticas.La lesión psíquica implica un desequilibrio patológico, diagnosticable por la ciencia médica, que se traduce en disturbios que disminuyen en la persona, sus aptitudes laborales e inciden en su vida de relación.

En cuanto a la cuantía del agravio moral, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Cfe. Orgaz Alfredo El daño resarcible pag. 187; Brebbia, Roberto «El daño moral» n° 116; Mosset Iturraspe, Jorge «Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad en LL 1978-D- 648).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede, sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Cfe. Fischer Hans A. «Los daños civiles y su reparación», pag. 228).

Es indudable que el sufrimiento del coactor menor de edad a partir del accidente y su ulterior rehabilitación originaron un daño de la naturaleza indicada, destacando que el quantum indemnizatorio resulta adecuado a las circunstancias del caso.

Por ello, propondré al acuerdo confirmar la sentencia de grado sobre este rubro en cuestión.

VI. Límite de cobertura:

El colega de grado declaró que la condena contra la demandada será extensiva a la citada en garantía, en la medida del seguro.

La parte actora se queja porque considera que el magistrado de grado no se ha pronunciado sobre cuál deberá ser el límite de cobertura que corresponde atender:si el vigente al momento del hecho o el vigente al momento del pago.

A todo evento, plantea la inoponibilidad del aludido límite respecto de la víctima y solicita que, eventualmente, se aclare en qué medida deberán ser afrontadas las costas por la citada en garantía.

En oportunidad de contestar la citación ordenada en autos (ver aquí), la compañía aseguradora invocó una cobertura por responsabilidad civil hasta la suma de $418.500. Asimismo, denunció la existencia de una franquicia a cargo del asegurado en cada reclamo con un diez por ciento de las indemnizaciones y eventuales accesorios debidos, con un mínimo del 1% y un máximo del 5% ambos del límite asegurado por cada acontecimiento.

Al evacuar el traslado de los términos de la póliza, la parte actora nada manifestó respecto del límite de cobertura y de la franquicia invocada.

Ahora bien, aunque los planteos que introduce la actora en esta instancia resultan extemporáneos; lo cierto es que, en el caso del límite de cobertura, el monto total de capital de condena se encuentra comprendido dentro de la suma asegurada, motivo por el cual la sentencia será ejecutable contra ella en la medida del seguro, es decir, en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa en la póliza (art. 118 de la ley 17.418).

Por lo demás, debe tenerse presente que el límite de cobertura pactado en las pólizas de seguros sólo se refiere al capital de condena, ya que mal podría beneficiarse la aseguradora por la mora en que incurrió respecto del cumplimiento de una obligación que le es propia (CNCiv., Sala M, expte. N° 56345/2005, abril de 2013; id., Sala C, «Conca, Daiana B. c/ Terán Frías Juan C. s/ ds. y ps.» y su acumulado «Núñez Gladys V. c/ Terán Frías Juan C. s/ ds.y ps.», del 6 de abril de 2021).

Ese criterio ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, «Buján, Juan Pablo c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia LSM y ots. s/ daños y perjuicios», 18/11/2015), por distintas salas de la Cámara de este fuero (cfr. CNCiv., Sala F, «Pérez, Ariel Enrique C/ Garazurreta, Osvaldo Martín y otro s/ daños y perjuicios», 10/6/2013; íd., Sala B, «Cupido, Jennifer y otros c/Turismo Rio de la Plata y otros s/ daños y perjuicios», del 26/04/12; íd, Sala G, «Ocanto, Sofía Soledad c/ Salas, Alfredo y otros s/ daños y perjuicios», del 29/03/2019) y, además, ha sido elogiado por prestigiosa doctrina (cfr. Stiglitz, Rubén y Compiani, Fabiana, «Las costas y los intereses en el contrato de seguro contra la responsabilidad civil y un excelente pronunciamiento de la Corte de la Nación», publicado en diario LL, del 09/03/2016; citado en CNCiv., Sala L, «López Elisa Isabel y otros c/ Piscetta Alejandro Martín y otros s/ daños y perjuicios», del 03/06/2016).

En consecuencia, con las salvedades precedentemente indicadas; deviene abstracto el tratamiento del planteo que introduce la recurrente en relación a la actualización del límite de cobertura y extemporáneos los planteos de inoponibilidad de la franquicia invocada.

VII.Intereses:

En el pronunciamiento recurrido se decidió que los intereses se calcularán, desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Contra lo así dispuesto, se agravia únicamente la citada en garantía porque considera que la aplicación de una tasa activa, si se tiene en cuenta que las indemnizaciones han sido fijadas a valores actuales, provocaría un enriquecimiento indebido.

En reiteradas ocasiones he sostenido que, si los rubros indemnizatorios se cuantificaron a valores actuales, la aplicación de una tasa activa como la indicada precedentemente no configuraría un enriquecimiento indebido por parte de la actora, en los términos explicitados en el plenario «Samudio» de este fuero.

Sin embargo, en el caso de autos lo cierto es que -contrariamente a lo afirmado por la recurrente- las indemnizaciones no han sido establecidas a valores actuales, sino que, al decir el sentenciante que los montos representan «la cristalización del valor histórico, estimado a la fecha del reconocimiento», significa que las ha fijado a valores históricos.

Consecuentemente, por no verificarse en el caso un enriquecimiento indebido, propondré al Acuerdo confirmar también este aspecto del pronunciamiento recurrido.

VIII. En síntesis, si mi criterio fuera compartido, voto por confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio. En atención al resultado de los recursos, propongo imponer las costas de Alzada en un 80% a la citada en garantía y en un 20% a la parte actora (art. 68 CPCC).

Así voto.- Los Dres. Converset y Trípoli adhieren al voto del Dr. Diaz Solimine.

Con lo que terminó el acuerdo.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2022.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, luego de haber sido oída la Sra. Defensora de Menores de Cámara, se RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravio.2) Imponer las costas de Alzada en un 80% a la citada en garantía y en un 20% a la parte actora (art. 68 CPCC). 3) En atención al mérito, valor, extensión y complejidad de las tareas realizadas, etapas cumplidas, proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los auxiliares de la justicia con los de los profesionales del derecho, monto en juego y lo prescripto por los arts. 3, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 51, 54 y 57 de la ley 27.423, y art. 478 del Código Procesal, por resultar elevados, se reducen los honorarios fijados a favor del Dr. Mauro C. Adamoli a la cantidad de .UMA ($.); y los regulados a favor de la perito médica Karina B. Paredes y perito contador Marcelo O. Graciano, a la cantidad de .UMA ($.) para cada uno de ellos; en tanto que, por resultar reducidos, se elevan los del Dr. Víctor L. Adamoli a la cantidad de .UMA ($.).

Por resultar no resultar elevados, se confirman los regulados a favor del Dr. Ariel J. Roitman y los del Dr. Tomás M. Villafañe Tapia.

Por la labor en Alzada, se regulan los honorarios del Dr. Mauro C. Adamoli en .UMA ($.) y los del Dr. Tomás M. Villaf añe Tapia en .UMA ($.), los que deberán ser abonados en el plazo de diez días (cfr. arts. 14 y 33 de la ley 21.839 y arts. 30 y 54 de la ley 27.423).

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y la sentencia se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

JUEZ DE CAMARA

JUAN MANUEL CONVERSET

JUEZ DE CAMARA

PABLO TRIPOLI

JUEZ DE CAMARA

RODRIGO GASTON SILVA

PROSECRETARIO LETRADO

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