fbpx

#Fallos Daño moral: Banco y Administrador de tarjeta de crédito son responsables ante el perjuicio ocasionados a quienes son titulares de un pequeño comercio

Partes: Cassoli Liliana Beatriz y otro/a c/ Visa Argentina S.A y otro/a s/ cobro sumario sumas dinero (exc.alquileres, etc.)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 1 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138284-AR||MJJ138284

Responsabilidad concurrente del Banco pagador y del administrador de la tarjeta de crédito ante el perjuicio ocasionados a quienes son titulares de un pequeño comercio, debiendo hacer frente al daño moral y al rubro intereses respecto del contracargo por la suma de $222,20.

Sumario:
1.-Se juzga que la administradora del sistema y la entidad bancaria responderán, en forma concurrente, respecto de la parte actora, más allá de las acciones de regreso que entre ellos pudieran intentar, pues la entidad bancaria ha sido quien, como último interviniente, realizó el retiro de dinero de la cuenta de la parte actora, por lo que parece razonable que, en el contexto jurídico de autos, donde se analiza el impacto de los efectos de la reticencia informativa de una de las codemandadas respecto de la otra, y dada su vinculación convencional con las titulares del comercio, deba responder tanto por el daño causado como por la suma indebidamente debitada de su cuenta.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Toda vez que fue la demandada quien motorizó el contracargo y, posteriormente, luego de haberlo defendido al contestar demanda no logró acreditar en este proceso que el mismo hubiera sido correcto, ni siquiera que hubiera mediado desconocimiento por parte del titular de la tarjeta de crédito, más allá de las acciones de regreso que la quejosa pudiera intentar, en su carácter de integrante esencial del entramado contractual que permite el funcionamiento del sistema y como sujeto jurídico que motorizó el contracargo (lo que hace surgir una responsabilidad propia en cabeza suya) es acertada la decisión de considerarla responsable.

3.-Si los elementos necesarios se encuentran en poder de una de las accionadas, las consecuencias procesales de su no aporte (cuando esas piezas sean esenciales para decidir) van a propagarse respecto de todos los otros intervinientes (principio procesal de adquisición) y tendrá incidencia sobre sus propias cargas probatorias, y no se torna irrazonable cuando se trata de sujetos vinculados por un entramado contractual que permite el funcionamiento del sistema de tarjetas de crédito.

4.-No procede el rubro pérdida de chance peticionado por la actora toda vez que pretende autorrelevarse de la demostración de aquello que le correspondía: acreditar la existencia de la chance y su frustración.

5.-Debe admitirse del reclamo inicial la suma en concepto de intereses descontados pues la reparación integral (art. 1083 del CC.) y dada la incorrección del contracargo (como ya se ha concluido), es claro que -todo gasto o erogación vinculada con dicho contracargo- deberá serle resarcida.

6.-Corresponde confirmar la procedencia del daño moral pues en el caso se trata de dos titulares de un pequeño comercio, discutiendo con una entidad bancaria y la administradora del sistema de tarjetas de crédito, en una notable disparidad de medios y posibilidades, y objetivamente apreciadas dichas circunstancias, a través de las máximas de la experiencia, tienen potencialidad adecuada como para generar un perjuicio resarcible, dentro de la esfera del daño extrapatrimonial (o moral).

Fallo:
En la fecha indicada al pie,, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto, con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: «CASSOLI LILIANA BEATRIZ Y OTRO/A C/ VISA ARGENTINA S.A Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) Causa Nº MO-26910-2014» habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO – GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C U E S T I O N

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

V O T A C I O N

A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:

1) El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.6 Departamental con fecha 11 de Febrero de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.

La sentencia fue apelada por la actora y por ambas co demandadas.

Los recursos se concedieron libremente.

El de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fecha 28 de Abril de 2022, replicada con los escritos de fecha 19 y 20 de Mayo de ese mismo año.

El de la co demandada Prisma Medios de Pago S.A., fue fundado con la expresión de agravios de fecha 12 de Abril de 2022, replicada con fecha 19 de Mayo de 2022.

Y el de la codemandada HSBC BANK ARGENTINA S.A., fue fundado con la expresión de agravios de fecha 29 de Abril de 2022, replicada con fecha 19 de Mayo de ese mismo año.

La parte actora se queja de que no haya prosperado el rubro pérdida de chance y de que no se hayan contemplado también en el resarcimiento los intereses y gastos que tuvo que abonar.

Las co demandadas, cada una por sus fundamentos propios, se quejan de que la demanda haya prosperado a su respecto, y luego de que se haya admitido el rubro daño moral.

A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse Cumplimentados los pasos procesales pertinentes, con fecha 2 de Junio de 2022 se llamó «AUTOS PARA SENTENCIA», providencia que al presente se encuentra consentida, procediendo luego al sorteo de orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.

2) A fin de dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas, iré fraccionando mi argumentación para dotarla de la mayor claridad expositiva.

Y comienzo con las quejas vinculadas con la responsabilidad de ambas co demandadas.

No sin antes señalar que, dada la fecha de los sucesos, el caso debe juzgarse (art.7 CCyCN) aplicando la normativa existente en ese momento, es decir, el Código Civil (hoy derogado).

A modo de introducción, podemos traer a colación algunos conceptos de la doctrina en cuanto ha señalado que la operatoria de «Tarjeta de crédito» se la puede conceptuar como un sistema integrado por distintos contratos bilaterales, individuales y autónomos jurídicamente entre ellos, celebrados entre partes diversas (como por ejemplo los celebrados entre los usuarios con el ente emisor, los de éste con el administrador del sistema (si se trata de un sistema abierto), los del administrador con los bancos pagadores y los de éstos con los comercios adheridos o proveedores, que forman una unidad al estar conexados o imbrincados por su finalidad, siendo su complementación y coordinación necesarias para el funcionamiento de aquél.

Señalando que la ley 25065 en su art. 1° establece que «Sistema de Tarjeta de crédito» «es el conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es: a) posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones adheridos, b) diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato, c) abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactado» Remarcando que el sistema de tarjeta de crédito es funcionalmente plurilateral, o se compone de negocios individuales pero conexados, coligados o imbrincados. Es decir, no se concibe la existencia del sistema sin por los menos la presencia de tres partes, que asumen obligaciones independientes pero imbrincadas: El administrador del sistema, llamado por la ley «emisor» (art.1°), el usuario o titular de la tarjeta y los comercios adheridos (sistema cerrado). En los casos de tarjetas bancarias llamados también «sistemas abiertos» existen en realidad cuatro partes, pues a las mencionadas se le agrega la institución financiera, que es quien celebra con el usuario el contrato de emisión de tarjeta de crédito y con los comercios adheridos el llamado contrato de incorporación al sistema, actuando como banco pagador (MOEREMANS, Daniel E., Quien soporta patrimonialmente las consecuencias de los fraudes al sistema de tarjeta de crédito, DCCyE 2011 (abril), 249).

Pues bien, en este contexto y complejo entramado, tenemos que la discusión que aquí se ha dado viene por el hecho de que las actoras (titulares de un comercio de peluquería) vendieron, en cierto momento, un artículo; la adquisición la hizo una usuaria con tarjeta de crédito, el monto se depositó en su cuenta y, unos días después, se les efectuó un contracargo, lo que -según relataron las actoras liminarmente (ver fs. 139/140)- les generó diversos perjuicios y complicaciones.

Es así que demandó tanto a la administradora del sistema como al banco pagador.

Como decía anteriormente, la demanda ha prosperado contra ambas entidades, que han apelado el fallo y cuestionando, cada una por sus razones, la responsabilidad que se les atribuye.

Frente a ello, es bueno recodar que -según ha interpretado la jurisprudencia- la administradora del sistema de tarjeta de crédito no puede escudarse en su supuesta falta de responsabilidad, pues, como ha sido probado, prestó conformidad con las operaciones que luego cuestionó.

Trasladar la responsabilidad de esas operaciones absolutamente al comerciante adherido contradice el obrar precedente del administrador, restando razonabilidad a su nueva y contradictoria postura, que hasta podría catalogarse esa contradictoria posición y sus consecuencias como una suerte de acto abusivo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 13/04/2021, «Bondar, Rubén Darío c. Visa Argentina S.A.y otro s/ Ordinario», LA LEY 05/05/2021 , 7 – TR LALEY AR/JUR/7624/2021) Y, en el mismo sentido, que «la administradora del sistema de tarjetas de crédito es responsable por los daños y perjuicios sufridos por la agencia de viajes como consecuencia de los contracargos deducidos de las cuentas de los comercios adheridos y posteriormente debitados a ella de forma injustificada por la primera» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, 04/10/2012, «Ricale Viajes S.A. v. First Data Cono Sur S.A.», TR LALEY AP/JUR/3892/2012).

Por lo demás, y en cuanto a la entidad bancaria se ha resuelto que «acreditado que el banco demandado cumplió dentro del sistema de tarjeta de crédito la función de banco pagador y resultó contratante directo respecto del comercio adherido, debe responder por los contracargos efectuados en la cuenta de este último, en tanto no acreditó un eventual obrar ilícito o negligente del comercio en el uso del servicio de tarjeta de crédito, resultando insuficiente a tal efecto la mera impugnación de los consumos por el titular de la tarjeta» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, 09/09/2010, «Lemelsons, Silvina Mariela c.Citibank N.A.», TR LALEY AR/JUR/92677/2010).

Ahora bien, mas allá de lo valioso de estos fallos, creo que el tema del encadenamiento de responsabilidades ha sido formidablemente desarrollado en una sentencia de la justicia mendocina y que, tanto por la valía de su argumentación como por su analogía con el presente (y los demás a decidir en esta instancia), voy a transcribir casi en su totalidad.

Se decía allí que «el Tribunal que tengo el honor de integrar y con mi firma, aunque con diferente composición, dictó en el año 2014 una medida cautelar entre estas partes por la que ordenaba a los demandados Banco Patagonia SA y Visa Argentina SA a suspender los efectos de los débitos automáticos realizados en la cuenta corriente de la titularidad del actor con motivo de los contracargos correspondientes a Visa SA con el efecto de la reversión establecida en el punto 1.5.2.14 de la reglamentación de la cuenta corriente bancaria dictada por el BCRA, así como a todo otro débito futuro que por la misma causa se intente realizar (3° C.C., autos N° 253.852/50.907, «Vendemmia, Franco Abelardo c. Banco Patagonia SA y otros. s/ medida precautoria», Publicado en: Sup. Doctrina Judicial Procesal 2015 (febrero), 09/02/2015, 35 – Cita Online:AR/JUR/58744/2014).

En los fundamentos de dicha cautelar mencionamos que conforme a los contratos suscriptos con el Banco no se desprende que haya existido una autorización expresa del actor para que de su cuenta se debiten los llamados «contracargos» que ha efectuado la empresa Visa Argentina SA (aunque se dijo que al menos con la prueba producida hasta la fecha en esta causa). Se indicó que la cláusula 1.10 del contrato de servicios generales que el propio Banco acompañó es absolutamente general y no identifica en forma expresa ninguna de las causas de débito automático establecidas en la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria, además de consignar que el Banco puede hacerlas sin previo aviso, lo que resulta claramente contrario a la reglamentación. Se refirió que el art. 793 del Código de Comercio reformado por la ley 24.452 establece que: «Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina.» Que la Reglamentación del BCRA (comunicación «A 5659) establece entre los aspectos del funcionamiento a incluir en el contrato de cuenta corriente (punto 1.5): «.1.5.4. Los conceptos que se debitarán de la cuenta corriente, siempre que medie autorización expresa del cliente, por:.1.5.4.2.Servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados directamente con el banco o a través de dichos terceros (débitos automáticos o directos) para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, facturas de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., cuando se encuentre asegurado el conocimiento por el cliente con una antelación mínima de 5 días hábiles respecto de la fecha fijada para el débito que el cuentacorrentista haya contratado.

En caso de que el cliente formalice su adhesión al servicio de débito automático a través de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., a fin de efectuar los débitos será suficiente la comunicación que la empresa o ente envíe a la entidad notificando la adhesión, cuya constancia podrá quedar en poder de la empresa o ente.

El cliente podrá formalizar su adhesión al sistema de débito automático a través de la entidad financiera en la cual mantiene su cuenta o a través de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., en la medida en que, en los aspectos pertinentes, se observen los requisitos señalados precedentemente.

Igual opción cabrá para manifestar la desafectación o baja de un servicio de este sistema.» Se dijo que si el débito se contrata con el Banco la convención debía ser expresa y no genérica, menos aún en un contrato de adhesión. Se reconoció que el cliente del Banco también podía generar el débito automático con Visa Argentina, pero en tal caso en el Banco debe tener en su legajo la respectiva comunicación de la entidad, aun cuando la autorización o convenio sobre el punto quede en poder de Visa, pero que ello al momento de despachar la cautelar, pese al requerimiento expreso a la entidad bancaria no lo adjuntó, ni obraba comunicación alguna en la carpeta o legajo original del actor acompañada.Que conforme a dicho legajo el Banco sólo estaba autorizado a debitar automáticamente las comisiones y gastos que surgen de la autorización expresa que obra en original en el legajo acompañado. Se estimó además que en la misma reglamentación de la cuenta bancaria se lee entre las obligaciones de la entidad bancaria (punto 1.5.2) la siguiente: «.1.5.2.14. Revertir las operaciones debitadas, según instrucciones expresas del titular, vinculadas al sistema de débito automático para el pago de impuestos, facturas de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., que se ajusten a los términos establecidos en el punto 1.5.4.2., conforme a cláusulas que deberán incluirse en el convenio de adhesión al sistema y que en los convenios que las entidades financieras concierten con sus clientes para la adhesión a sistemas de débito automático deberá incluirse una cláusula que prevea la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de un débito hasta el día hábil anterior -inclusive- a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el total de cada operación, ante una instrucción expresa del cliente, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito.La devolución será efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha en que la entidad reciba la instrucción del cliente, siempre que la empresa originante del débito y solo en los casos en que el importe de la reversión solicitada supere los $750, no se oponga a la reversión por haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa.

Cuando se trate de liquidaciones de tarjetas de crédito de sistemas abiertos, en reemplazo del aludido procedimiento de reversión, las entidades deberán tener instrumentados mecanismos que permitan a los usuarios gestionar a través de ellas la reversión de cupones incluidos en las liquidaciones y el reintegro de los importes pertinentes que hayan sido debitados.», por lo que se entendió que no habiéndose previsto estas cláusulas en el contrato, bien puede el actor exigir la suspensión de los débitos que no le fueron comunicados y mucho más aún los débitos que por la misma causa se pretendan realizar en el futuro, todo ello hasta que se dicte sentencia en la causa principal conforme a las pruebas que se recojan durante el proceso.

Dicho ello y anticipado lo que la Cámara resolvió precautoriamente y que revela prima facie lo que considerábamos, entendiéndose, más allá del análisis que sobre la validez o invalidez de los contracargos que eventualmente Visa SA pueda acreditar que se autorizaron una vez tramitada la causa y producida la prueba correspondiente, es lo que corresponde hoy analizar conforme al tenor de los agravios referidos por las partes.

5°) Banco Patagonia, se agravió porque el Juez a quo la hizo responsable por prueba no producida por la codemandada, interrogándose si es suficiente hablar de contratos conexos para responsabilizarlo, no pudiendo con ello alcanzarlos la falta de prueba relevante (regularidad o corrección de los contracargos realizados), violando el principio de la sana crítica. Se agravió por extendérsele la responsabilidad de los contracargos generados.Refiere la forma de operar la tarjeta de crédito como el procedimiento, derechos y obligaciones de las partes, agregando que no es la persona habilitada por la ley para asumir la calidad de demandado, situación que derivó en contracargos en la cuenta corriente del actor por lo que debió hacerse lugar a la falta de legitimación. Reitera que quien liquidó el débito de contracargo para la cuenta corriente abierta por el actor en el Banco fue Visa como organizadora del sistema y no el Banco, como tampoco lo hace en las acreditaciones que se realizan que son liquidadas por Visa, desconociendo si existió documentación por la que Visa le informase a Vendemmia las irregularidades.

Había mencionado en los fundamentos de la cautelar dictada que presuntivamente el Banco Patagonia era quien realizaba el contracargo y que además no se encontraba autorizado por parte de su cliente. Además de ello y con criterio que se coincide el colega de la primera instancia entiende que se trata de un supuesto de contratos coligados o un supuesto de conexidad contractual dentro del cual la entidad bancaria resultaba responsable.

Es que debe observarse que el fenómeno de la conexidad contractual «se produce cuando dos o más contratos se encuentran vinculados por un interés económico común, que opera a la manera de causa fin» (Márquez, José Fernando, «Conexidad contractual. Nulidad de los contratos y del programa», Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2007-2, p. 151). Vale decir que se de dos o más contratos que, sin perder su autonomía, se encuentran estrechamente vinculados entre sí por su elemento teleológico consistente en una finalidad económica común.

Al momento de ensayar una distinción se menciona a la conexidad necesaria en el cual los efectos vienen dados por la configuración del negocio mismo (ej contrato de leasing financiero, en el que se combinan la compraventa a un tercero realizada por el dador y el financiamiento al tomador), de la conexidad voluntaria la cual puede provenir de:a) la incidencia de uno en el nacimiento del otro o en la determinación de su contenido (contrato preliminar respecto del definitivo, contrato tipo respecto de aquellos a celebrarse en serie en base a aquél).b) En la incidencia del uno en la modificación del otro (negocios declarativos -la eliminación a través de un nuevo negocio de la situación de incerteza generada por el contenido del negocio precedente-; negocios constitutivos -el nuevo negocio sustituye al anterior para modificarlo en aspectos de su contenido-) o en su extinción (revocación en los unilaterales y rescisión en los bilaterales).c) De la función que le cabe a uno respecto del otro: en esta categoría se pueden incluir los denominados negocios auxiliares o secundarios -en contraposición a los principales- como, por ejemplo, los negocios de garantía., incluyéndose los negocios ligados por sus efectos (la estipulación a favor de un tercero y su aceptación por éste); d) los negocios necesariamente ligados o derivados o subcontratos (De Lorenzo, Miguel F. y Tobías, José W., «Complejo de negocios unidos por un nexo (El ligamen negocial)», LA LEY 1996-D, 1387).

Las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Comisión N° 3) en referencia al tema tratado concluyó que «la conexidad es un fenómeno diverso que comprende el estudio de todas aquellas relaciones en las que los contratos son instrumentos para la realización de una operación económica y que incluye: a) relaciones de consumo entre grupos de prestadores y grupos de consumidores (contratos de turismo, de tarjetas de crédito, de financiación para el consumo, de leasing, tiempo compartido). b) Relaciones interempresarias, que incluyen las redes asociativas y las cadenas contractuales, y la tercerización», que «habrá contratos conexos cuando para la realización de un negocio único, se celebran, entre las mismas partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos autónomos, vinculados entre sí, a través de una finalidad económica supracontractual.Dicha finalidad puede verificarse jurídicamente, en la causa subjetiva u objetiva, en el consentimiento, en el objeto, o en las bases del negocio» y que «el estudio de este tema debe partir de: 1) la distinción entre la estrategia negocial y los contr atos que se utilizan para llevarla a cabo; 2) la distinción entre contrato y sistema. El Sistema es un grupo de contratos individuales conectados por una operación económica diferente de cada uno de los vínculos individua-les. Son elementos del sistema: a) la causa sistemática, que justifica un equilibrio del sistema que permite el funcionamiento de las uniones de contratos; b). las obligaciones y deberes colaterales sistemáticos, en virtud de los cuales los integrantes tienen deberes y obligaciones respecto de los demás miembros o de terceros, que tienen su origen en el sistema» (Wajntraub, Javier H., «La conexidad contractual en el Derecho del Consumidor», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, «Contratos conexos», Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2007-2, p. 225 y ss.).

A los fines de distinguir la conexión contractual es irrelevante la existencia de unidad del documento en que se celebran o que se celebren en un mismo momento. Tampoco influye que medie identidad de sujetos, puesto que el nexo puede operar entre negocios jurídicos concluidos por las mismas partes o entre partes diversas, resultando importante establecer si existen una o varias causas o finalidades económico-sociales puesto que este es el elemento determinante para constatar la pluralidad de contratos (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos. Parte General, 1ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, 718, ver también a Lorenzetti, Ricardo, «Redes Contractuales, contratos conexos y responsabilidad», Revista de Derecho Privado y Comunitario. Responsabilidad Contractual I, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, ps.207/261).

En cuanto a la incidencia o efectos de la conexidad contractual la jurisprudencia italiana, precursora en la elaboración de la teoría de los negocios coligados, tiene admitido como principio general, que las partes, en el ejercicio de su autonomía contractual pueden dar vida, con un solo acto, a contratos diversos y distintos, que sin perjuicio de conservar la individualidad de cada tipo negocial, aunque estos se mantienen coligados funcionalmente y con relación de dependencia recíproca, que trae como efecto principal que las vicisitudes de uno repercuten sobre los otros, condicionando su validez y ejecución. A modo de ejemplo han admitido que la resolución o nulidad de un contrato puede motivar la resolución de todo el conjunto, siempre que las dos prestaciones de los convenios sean conexas e inescindibles desde el punto de vista económico debido a la unidad del fin perseguido» (Weingarten, Celia – Ghersi Carlos, «Los contratos conexados», LA LEY 1997-F, 1348, p. 1352; jurisprudencia de la Corte Di Cassazione italiana, sentencia del 18/10/1960 y de la Corte De Apello di Napoli, sentencia del 31/10/1966).

En Francia también, aunque luego del fenómeno italiano, se ocuparon de los grupos de contratos, autores como Gabet-Savatier, Colette, en «Le role de la connexité dans l’ evolution du droit des»; Geneviève Vine, «Chaine de contrat, quand bien. en manquant à son obligation contractuelle» o Bernard Teyssié en su obra «Les groupes de contrats» (Bibliothèque de droit privé, Paris, L.G.D.J., 1975, 328 pp.) entienden que un grupo de contratos se constituye cuando varios de estos tienen un mismo objeto o participan de un mismo fin, pudiendo estos grupos de contratos dividirse en cadenas de contratos y conjuntos de contratos, siendo de los primeros los contratos que tienen un mismo objeto, igual causa e iguales prestaciones, carecen de una estructura lineal y no hay un personaje organizador de la cadena o el grupo En los conjuntos de contratos, por su parte, confluye una operación global la cual determina la causa contractual.La particularidad es que cada contrato del conjunto posee una causa individual, pero que el fin común de todos los contratos se constituye como la razón económica y jurídica del conjunto negocial. Se explica que dicho fenómeno de la conexidad se debe a la complejidad de los procesos de producción y del mundo de las relaciones comerciales en general y la creciente especialización de las actividades, acompañada de la división del trabajo; la circulación cada vez más rápida de las riquezas y de los bienes; y la ampliación del sector geográfico de la actividad de las empresas (Teyssié, ob. cit.).

6°) Es lo que justamente ocurre con las tarjetas de crédito. La doctrina nacional resalta que dentro de este sistema pueden identificarse al contrato entre el administrador del sistema y el banco (en los sistemas abiertos), el contrato de emisión de tarjeta de crédito (entre el banco o administrador – en los sistemas cerrados y el titular), el contrato entre el titular o beneficiario y el comercio adherido y tratándose de sistemas abiertos el contrato entre el agente pagador y el comercio adherido («contrato de incorporación» para el derecho español, ver «Las tarjetas de crédito – Relaciones contractuales y conflictividad, Marcial Pon, Madrid, 1997. «Algunas acotaciones comparativas entre los sistemas español y argentino de tarjetas de crédito», en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, T. 2000. «Las tarjetas de crédito», en Lecciones de Derecho Bancario y Bursátil, Colex, Madrid, 2001; Andrés Mariño López, «Responsabilidad Contractual por Utilización Indebida de Tarjeta de Crédito» (Tesis Doctoral), Universitat Autónoma de Barcelona, 2003, http://www.tdx.cat).

Cuando una persona adquiere un bien usando dicho medio, celebra un negocio jurídico en el cual intervienen varios contratos vinculados entre sí. Un primer contrato es celebrado entre el particular y el emisor de la tarjeta, generalmente una entidad financiera la cual financia la adquisición de bienes y servicios.Una segunda relación se puede configurar entre la empresa emisora de la tarjeta (en nuestro caso Visa) y la entidad financiera que le presta su respaldo. Existe una tercera relación contractual entre la entidad financiera y las empresas comerciales que aceptan el pago con dicha tarjeta, coexistiendo además el contrato que celebrado entre el portador de la tarjeta y las empresas del comercio, que generalmente se trata de un contrato de compraventa (Mosset Iturraspe, J. «Contratos conexos grupos y redes de contratos». Rubinzal Culzoni Editores, 1999, ps. 150-151).

En consecuencia, quien hace uso de este sistema de pago está inmerso en un sistema negocial integrado, como mínimo, por tres contratos vinculados funcionalmente entre sí puesto que y como correctamente apunta el colega en la sentencia, en el sistema de las tarjetas de crédito supone la existencia, de contratos individuales y bilaterales, jurídicamente autónomos, pero al mismo tiempo relacionados e imbricados por una finalidad económica común produciéndose la característica fenoménica de conexidad o ligazón contractual.

Si bien la ley de tarjeta de crédito trae consigo la definición de la misma como la pluralidad de contratos individuales conectados (art.1 ley 25.065) se la critica porque no describe la totalidad del sistema omitiéndose la finalidad del administrador y del emisor cuando se trata de un sistema abierto (de hecho hay un proyecto de ley de modificación del art. 2 en el Senado de la Nación (S-0480/17), que todavía no ha tenido tratamiento) y solo menciona la finalidad del usuario y del comercio adherido. Tampoco regula en forma adecuada la conexidad de los contratos que integran el sistema, ni la vinculación de los administradores del sistema y los bancos emisores y/o pagadores (Esper, Mariano, La relación entidad administradora-entidad bancaria en el sistema de tarjeta de crédito y sus efectos frente a terceros – Publicado:JA, 2000-III-912).

Justamente este es el punto de discusión para observar si la entidad financiera está o no correctamente demandada y en su caso si le corresponde la responsabilidad endilgada en el fallo que se apela.

Varias han sido las opiniones respecto de la naturaleza jurídica de dicha vinculación contractual de esta con la entidad administradora del sistema. Así está Muguillo quien dice que el tipo de contrato que mejor interpreta las relaciones entre administrador-banco es el contrato de agencia con representación (Mugillo Roberto A, «Tarjeta de crédito», 1988, Ed. Astrea, p. 106 y ss.); Reynoso afirma que existe una autorización de uso de marca y patente, instrucciones sobre técnicas y procedimientos operativos, financieros y comerciales, y una prestación de servicios de proceso de información, datos y movimientos de fondos y documentación (Reynoso Daniel, «Sistema de tarjeta de crédito. Estructura-Funcionalidad», Roberto Guido Editor, p. 104); Esper indica se trata de un particular contrato de agencia, con un contenido especial y en ciertos aspectos diverso a la estructura clásica de la agencia (aut. cit., ibídem).

Coincido con Esper puesto si bien cuenta con ciertas notas típicas del referido contrato de agencia y que no haría falta explayarse en este fallo, si se observa una visión particular de la representación en este tipo de vinculación teniendo carácter limitado (que de hecho el «agente» no lo tiene), puesto que existe una innumerable cantidad de obligaciones y derechos que el banco emisor asume en su propio nombre, por sí, al contratar con los consumidores o con los proveedores, desde fijar el límite de compra y de crédito, fijar las fechas de cierre contable de las operaciones y de vencimiento de las liquidaciones, fijación de interés pactados, cargos administrativos, monto de los pagos mínimos, requisitos de solvencia económica del titular, conducta comercial y giro del establecimiento del proveedor o comercio, que la entidad bancaria se reserva para sí y que la obliga directamente.Es decir no puede predicarse que el Banco se limite a ser exclusivamente el representante y actuar solo «por cuenta y orden de la entidad administradora».

Es así que la doctrina postula y en ello adhiero expresamente, la responsabilidad solidaria y contractual tanto de la administradora cuanto de la entidad bancaria por los daños y perjuicios que el sistema ocasione a los usuarios o a los comercios adheridos, responsabilidad que no puede ser exonerada conforme a la expresa prohibición establecida por el art. 46 de la ley 25.065. Es que si hablamos de conexidad contractual, se disipa y difumina el efecto relativo de los contratos sobre el cual se asienta la entidad bancaria para resistir su legitimación, puesto que contrariamente a ello y es sobre aquella base de contratos coligados que funcionan como vasos comunicantes los que fundamentan su responsabilidad al responder los mismos a una única causa distinta e independiente a la que conforma cada contrato que la integra, dada por el funcionamiento integral y eficiente del sistema. Debemos recordar aparte que este tema fue tratado incluso en un caso anterior a la sanción de la ley de tarjeta de crédito, en el leading case de la CNCom., Sala C, en autos «Jaraguionis, Nefi c.Banco de Boston y otro» (21/05/1998, en LA LEY, 1998-F, 167, ED, 180-323; JA, 1999-I-748), por el cual se desestimó la falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por la entidad bancaria y fue condenada junto a Visa por el reclamo resarcitorio.

Si bien en el caso no resulta de aplicación la LDC y por ende la solidaridad prevista en la norma en su art. 40 atento a que no cumple dicho rol quien actúa como comerciante y por ende no puede beneficiarse con el régimen consumeril (ver resolución a fs.508/10 de estos obrados) y en tal calidad demanda a los actores de este sistema, no puede negarse la responsabilidad de las demandadas, no solo por aquella conexidad contractual sino también por el incumplimiento de su obligación de vigilancia y supervisión del funcionamiento del sistema trasunta en la responsabilidad solidaria, junto con los entes bancarios, por la incorrecta prestación del servicio.

En cuanto al efecto expansivo que denuncia la entidad bancaria respecto de la carga de la prueba sobre Prisma SA y su incumplimiento deviene justamente del efecto de la conexidad contractual y de aquella fijación de responsabilidad solidaria de la que se viene mencionando.

La demandada no puede permanecer expectante esperando que su codemandada acredite la irregularidad o el supuesto fraude realizado con las tarjetas de crédito, cuestión que involucra a ambas y que si se expande la solidaridad en el régimen de responsabilidad el efecto accesorio en materia procesal supone que el interés es común en acreditar dicha maniobra irregular o en su caso la falta de cumplimiento de los deberes que se le imponen al comercio en el marco de este sistema. Los agravios se desestiman.

7°) Prisma SA se agravió por el desconocimiento de las cláusulas contractuales suscriptas entre la actora y el Banco (formulario de alta al Programa y los términos y condiciones (TC) que regulan la operatoria de los Establecimientos en el Programa de Tarjetas Visa, en el que el comercio autorizó al Banco a debitar en sus cuentas corrientes o compensar con futuras liquidaciones toda cifra que llegue a adeudar derivada de su actuación como afiliada al programa, por lo que estaba autorizada a proceder a contracargos de operaciones, siendo errónea la sentencia que dice que no hay autorización alguna. Tacha de arbitraria la sentencia que sostiene que la acreditación de los fondos es definitiva y no se pueda con posterioridad realizar los contracargos. Se agravia de la valoración probatoria efectuada puesto refiere que el actor no dio cumplimiento al art.39 del Programa y el punto 4.7 de los TC, indicando las irregularidades observadas en los cupones (en cuanto a datos, falta de firmas o recalcos ilegibles) además de entender que seguramente la firma no coincide con el verdadero titular de la tarjeta de crédito.

Denuncia erróneo análisis de la prueba pericial contable e informativa apartándose de las mismas las que no fueron impugnadas por la actora, destacando que solo procesa datos de tarjetas emitidas en el país, por lo que las autorizaciones las concede el banco del exterior siendo solo intermediario en la transmisión de la información, por lo que no cursó autorización alguna, probado con la pericia contable, por lo que el a quo se equivoca que se ha acreditado la ilegitimidad del contracargo por cuanto la prueba informativa de fs. 375 arroja la contrario y fue omitida deliberadamente, detallando lo que arroja dicho informe no impugnado por el actor de los consumos efectuados por las tarjetas (de Australia y Nueva Zelanda) y que cuentan con suficiente irregularidades para ser contracargados, derivando en innecesaria la pericia contable en Australia.

Critica la afirmación que no acompañó la documentación respaldatoria del desconocimiento y posterior investigación, puesto indica no existe los «legajos» de contracargos sino que se realiza vía electrónica no existiendo papel, tal como presume el fallo recurrido. Es por ello que es importante la prueba pericial realizada sobre libros y registros informáticos, los que la actora no impugnó ni ofreció prueba alguna para demostrar la validez de las operaciones o el erróneo proceder de su parte. Demostró dice con la pericia que los contracargos fueron realizados de conformidad con los contratos y que la autorización no fue otorgada por su parte.

Resumiendo los dichos de Prisma, este proclama su total irresponsabilidad por los referidos contracargos. No coincido con su apreciación. Al parecer pretende pregonarse que las cargas pesan exclusivamente sobre el comerciante quien no solo deberá cumplimentar los deberes previstos por la norma en especial los dispuestos en el art.37 de la ley 25.065 (principalmente en cuanto a la identificación, autorización, firma de los cupones, entre otras) sino que debe aún cumplidos estos, consentir que cualquier tipo de descuento posterior a la acreditación del monto debidamente autorizado por la organizadora del sistema y efectuado a título de contracargo sea del monto que fuese pueda ser realizado sin su autorización, sin su intervención, sin asegurarle su derecho de defensa y sin acreditarse el motivo o la justificación de dicho contracargo (por el motivo que fuese ya sea por desconocimiento de la operación, por irregularidades en la confección, por no existir autorización, fraude informático, etc.) es no solo contrariar la eficacia del sistema, negar la responsabilidad que le corresponde como administrador del mismo y depositar totalmente en el comercio «cumplidor» todos los efectos negativos de la supuesta irregularidad, cuando justamente en su carga y obligación asegurar que en el mismo no se produzcan fraudes.

Es que y coincido con el juez a quo en que la decisión unilateral de Prisma de realizar contracargos y sin prueba que lo materialice vulnera el derecho de defensa de los comercios adheridos al sistema, tal como lo refrenda la jurisprudencia. Así ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F el 09/09/2010 en «Lemelsons, Silvina M. c. Citibank NA» cita Online: AR/JUR/92677/2010 con comentario aprobatorio de la doctrina, ver Moeremans, Daniel E., «¿Quién soporta patrimonialmente las consecuencias de los fraudes al sistema de tarjeta de crédito?» – Publicado en: DCCyE 2011 (abril), 10/05/2011, 249 – Cita Online: AR/DOC/890/2011) en el que entiende que la factibilidad de realizar contracargos solo dependerá si estos son irregulares y dicha irregularidad es imputable al comercio adherido, caso contrario, los contracargos son antijurídicos. Es decir, los contracargos son reprochables, si el proveedor realizaba la venta de acuerdo a lo previsto en el art.37 y 32 de la ley 25.065.

Por otra parte se indica y particularmente adhiero que una vez abonada la liquidación, la entidad emisora no puede volver unilateralmente sobre ella mediante la realización de contracargos. Ello es justamente la crítica que en autos se vierte, los mismos solo podrían materializarse por vía de rectificación de cuenta o con acuerdo con el proveedor, puesto que si bien como en el caso los contratos de adhesión al sistema (T y C) contemplan la alternativa que se efectuaran débitos con posterioridad a la acreditación, ello no lo exime de justificar los movimientos de fondos y escudarse tal como aquí se fija en haberse realizado en virtud de un supuesto mandato («por cuenta y orden»), que como dijimos resulta absolutamente limitado en virtud de las especiales características sistémicas de la conexión contractual e incluso contrario al contrato de cuenta corriente y sus disposiciones conforme a las comunicaciones del BCRA y que se referenciaron en apartados anteriores.

Tampoco resulta procedente la actuación realizada por la entidad administradora, las que no pueden imponer «manu militari» el débito a mérito de contracargos sin escudarse en información fehaciente previamente comprobada y admitida por el comerciante que realizó la operación comercial sino que debe realizarse a través de los canales adecuados de restitución del monto previamente acreditado.

Conforme al sistema estatuido frente a dos entidades profesionales una financiera como es la entidad bancaria y una específicamente dedicada a la organización de dicho sistema de tarjetas VISA y que como correctamente lo apunta el juez a quo fundándose en la pericia contable en respuesta al objeto social de dicha entidad como es la de realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del territorio de la República Argentina las siguientes actividades:.b) desarrollo, explotación y gestión total o parcial de sistemas de:(i) administración y ventas; (ii) medios de pago en cualquiera de sus formas; (iii) carga y descarga de valores por medios electrónicos o magnéticos; (iv) transferencia electrónica de fondos y valores; (v) acceso a cualquier ámbito público o privado; (vi) conectividad entre los distintos participantes de estos sistemas; c) prestar servicios accesorios y/o conexo a las actividades descriptas en b), basados en medios electrónicos de computación u otros; d) prestar servicios de asesoramiento y c onsultoría en las materias descriptas precedentemente; e) servicios de registración, clasificación, análisis y estadísticas de información, y todo otro servicio y/o comercialización de bienes complementarios y/o vinculados con el servicio de procesamiento de datos, resultan a mi entender quienes cuentan con el deber de implementar un sistema que resguarde adecuadamente a los usuarios y comercios adheridos de la utilización de tarjetas falsificadas o adulteradas. Es por ello que quienes en principio deben responder por los daños derivados de las fallas del régimen originadas en el uso de tarjetas adulteradas y/o falsificadas, son la entidad administradora y el banco. Son estas las entidades profesionales que manejan la información y tienen establecido un sistema de protección y autorización de los datos de una infinidad de este tipo de medio de pago o de compra.

El «dinero plástico» hoy no solo constituye un factor esencial para el consumo sino vital para la realización de toda actividad comercial no solamente en comercios habilitados que la recepten (comercio tradicional) sino también en el tráfico comercial que se desarrolla on line a través del e-commerce.Como tal resulta imprescindible para el sistema una información precisa, ubicada y aceitada de las autorizaciones para la utilización de dicha modalidad como un sistema de protección eficaz para todos los usuarios del sistema, tanto para los usuarios que ven en la empresa proveedora del servicio la seguridad necesaria para operar y adquirir con dicha tarjeta y principalmente para los comercios adheridos porque justamente son los que deberán recibir como medio de pago o adquisición de las ventas o servicios que estos proveen dicho dinero plástico, por lo que si estos últimos cumplimentaron los recaudos que le exige la norma (LTC) como las condiciones contractuales no debería existir problemas ni contracargos inconsultos y ordenados por mano propia, porque justamente se ataca al más débil de la cadena de comercialización quien frente a una operación comercial de cierta envergadura, si es que obtuvo la autorización correspondiente de la emisora y administradora del sistema no se debe aceptar que la venta autorizada, luego impugnada se le permita debitar el contracargo, puesto que no solo estaría sufriendo el descuento por la venta originariamente autorizada sino el costo de la mercadería vendida siendo una doble imposición o doble pérdida sin que ello acarree ninguna consecuencia ni para el Banco ni para el organizador de la tarjeta, quien siempre ganaría aun en defectos de su proceder erróneo (o porque se lo descontó al usuario o realiza el contracargo al comercio) y las fallas en el sistema lo son y ello resulta inadmisible frente a quien tiene todo el acceso a la información, quien puede brindar los datos necesarios para poder efectivizar una compraventa segura, quien resulta el beneficiario exclusivo del sistema y por ende debería aceptarse como un riesgo común para este tipo de empresa no solo el tráfico de datos sino también maniobras fraudulentas que pueden desarrollarse ya sea en una u otra modalidad.Tanto el Banco, porque justamente resulta beneficiario puesto que es una estrategia de captación y fidelización de su clientela el ofrecimiento de servicios de tarjeta de crédito (tanto para particulares usuarios como para los comerciantes o proveedores tal como refiere el art. 2 LTC) como quien crean, administran y se benefician con el sistema como la entidad organizadora son los responsables en tanto y en cuanto no acrediten con prueba específica el incumplimiento de sus T y C y la acreditación precisa de dichas maniobras fraudulentas realizadas por connivencia del comerciante o en una clara y evidente negligencia por parte de este (ver Graiewski, Mónica, «Responsabilidad por uso fraudulento de tarjetas de crédito», LA LEY 1999-D, 957; en igual sentido; CNCom., Sala E, «Hierrotech de Di Masi y otro c. Diners Club Argentina SA s/ sumario», del 13/03/2001; ídem, Sala B, «Otegui, Rodolfo c. Diners Club argentina SA s/ ordinario»; del 21/08/2002; ídem, Sala A, «Millar, Jorge y otros c. Visa Argentina SA y otro», del 12/12/2003, CNCom., Sala C, «Greco SCA c.Argencard SA Mastercard», 22/02/2002 – Publicado en: JA, 2002-IV-757; CNCom., Sala C, «Lenzi, Gerardo H. c. Visa Argentina SA y otro», 15/04/2008, Publicado en: SJA 03/09/2008; JA, 2008-III-546; Cita Online:70046377; CNCom., Sala F, «Ricale Viajes SA c. Visa Argentina SA», 10/03/2011 – Cita Online: 70070752, entre muchos otros).

Es por ello solo si verificada la referida maniobra fraudulenta se realizó la operación comercial en incumplimiento con las condiciones establecidas en el contrato de adhesión al programa, a la TyC o a las estipulaciones normativas (LTC), ya sea por acción del comerciante (fraude) o por omisión evidente de este (negligencia) si podrán reclamar por el canal correspondiente el contracargo previsto en el contrato como método eficaz para evitar la judicialización del conflicto, sin perjuicio de reconocer que la canalización del reclamo existen antecedente en la justicia aunque no es el caso (v.g.Acción de cobro de pesos por reembolso, ver CNCom., Sala E, «Ferbar SRL c. First Data Cono Sur SA y otro s/ ordinario», 27/11/2013, Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/95922/2013). En definitiva si es que ha existido una maniobra antirreglamentaria o fraudulenta y resulta imputable por connivencia o negligencia el comercio adherido debe darse la posibilidad a este que se defienda antes de practicar el referido contracargo y no de la manera inconsulta, inaudita parte y de su propia autoridad como aquí sucedió.

No es una conducta aceptable, en el marco de un eventual diferendo comercial, que se haga justicia por mano propia mediante la realización de un contracargo y el consecuente débito de la cuenta bancaria del establecimiento adherido al sistema, puesto configura una situación abusiva, es más a mi entender también es contraria a la buena fe tanto de quien requiere el débito (la organizadora), como quien lo efectiviza (la entidad bancaria). Se ha dicho que este mecanismo de autotutela privada, aun cuando se encuentre expresamente previsto en las cláusulas predispuestas aceptadas por el comercio, sólo deberán validarse en casos extremos en los que se verifique o una maniobra fraudulenta de la cual el establecimiento haya participado en asocio con un tercero (supuesto de venta ficticia) o una conducta negligente que haya contribuido a su existencia, asegurando el derecho de defensa al comercio adherido. Es decir la verificación de un claro acto de connivencia o de negligencia en principio habilitaría no la realización sino el requerimiento o petición de dicho débito. Se entiende que el recurso inmediato al contracargo, ante cualquier alegado incumplimiento por parte del establecimiento adherido, es una práctica contractual abusiva, frecuente en la cotidianeidad del sistema de tarjeta de crédito, pero no por ello menos reprobable (Martín E.

Paolantonio, «Responsabilidad del administrador y sujeto pagador en el sistema de tarjetas de crédito», comentario al fallo de CNCom., Sala C, «Greco SCA c.Argencard SA Mastercard», 22/02/2002, JA 2002-IV-757).

Es como bien lo apuntó la jurisprudencia originariamente reseñada al decir que «Desde tales perspectivas conceptuales, si se pretendía el rechazo de la acción, cupo al Citibank NA y a los terceros acreditar que las transacciones realizadas mediante el uso de tarjetas de crédito en el comercio de la actora, no sólo fueron materializadas mediante el uso de tarjetas falsificadas o adulteradas, sino, principalmente, que el actor tuvo participación como cómplice o autora del delito de defraudación, o que incumplió con las obligaciones contractuales y/o legales a su cargo». Es decir el Banco y la organizadora «deben responder por los contracargos efectuados frente a la falta de prueba respecto del eventual obrar ilícito o negligente del comercio adherido» (CNCom., Sala F, «Lemelsons.», cit.).

Conforme a lo expuesto coincido con la solución propuesta por el colega, asentada sobre la jurisprudencia y doctrina que se indica, el reconocimiento irrestricto de las cláusulas contractuales resultan claramente abusivas sin la intervención adecuada del comercio, puesto que aun a riesgo de existir la realización de actividades fraudulentas en la operatoria comercial realizada con el dinero plástico no habilita a efectuar por mano propia la realización de los referidos contracargos.

Como se observa la posición asumida por este Tribunal al momento despachar la cautelar se ha visto refrendada en el curso de este proceso con la clara justificación que el a quo ha hecho sobre el mérito (o desmérito) del contracargo requerido por la organizadora y efectivizado por la entidad bancaria y como tal no puede aceptarse.

Descarto la arbitrariedad de la sentencia puesto que coincido con el meduloso fallo realizado por el juez de la primera instancia en cuanto a que la acreditación de los fondos autorizada la operatoria comercial con la tarjeta es definitiva y no se pueda con posterioridad realizar los contracargos al menos inaudita parte y por mano propia.

El agravio se desestima.

8°) El recurso de Prisma también apunta a criticar la valoración probatoria efectuada por el juzgadordenunciando puesto dice que incumplió con los recaudos del art. 39 del programa y pto. 4.7 TC al no recalcar de forma legible los datos grabados en las tarjetas de crédito de forma legible o que estos no existen (060/102 o 062/0110) e incumplen con la reglamentación vigente, además de seguramente la firma no coincide con el verdadero titular de la tarjeta de crédito, faltando incluso en algunos las firmas, lo que permite concluir que no tomó los números de documentos de identidad, no hizo firmar los cupones y no recalcó debidamente los datos grabados en la tarjeta y no verificó la identidad del consumidor como exige la ley 25.065 ni el programa ni los TC. Denuncia también u n erróneo análisis de la prueba pericial contable e informativa apartándose de las mismas las que no fueron impugnadas por la actora. Destacó que solo procesa datos de tarjetas emitidas en el país, por lo que las autorizaciones las concede el banco del exterior siendo solo intermediario en la transmisión de la información, por lo que no cursó autorización alguna. Refiere al valor de la prueba informativa de fs. 375. Critica la afirmación de que no acompañó la documentación respaldatoria del desconocimiento y posterior investigación, puesto indica no existe los «legajos» de contracargos sino que se realiza vía electrónica no existiendo papel, tal como presume el fallo recurrido. Es por ello que es importante la prueba pericial realizada sobre libros y registros informáticos, los que la actora no impugnó ni ofreció prueba alguna para demostrar la validez de las operaciones o el erróneo proceder de su parte. Demostró dice con la pericia que los contracargos fueron realizados de conformidad con los contratos y que la autorización no fue otorgada por su parte.

Refrendo que el análisis probatorio se ha regido por el principio de la sana crítica racional.Dicha regla de valoración probatoria supone la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba, excluyendo la discrecionalidad del juzgador. En consecuencia al valorar las pruebas a través de la regla de la sana crítica implica la unión entre la aplicación de los principios de la lógica y la experiencia («máximas de experiencia»), sin abstracciones de orden intelectual y que propenda a asegurar un eficaz razonamiento.

En aplicación de dichas reglas de la sana crítica racional que el magistrado resulta soberano en la selección de las pruebas, pudiendo preferir unas y descartar otras.

Por consiguiente la omisión de considerar el examen de determinada prueba no configura agravia atendible si el fallo apelado contempla y decide aspectos singulares de la cuestión y la resuelve con otros elementos de juicio.

Por ello la realización por el Juez de la labor de reconstrucción histórica de los hechos, por medio del análisis del material probatorio allegado a la causa, excluye el establecimiento apriorístico de criterio alguno, que distorsionaría la pureza del análisis. Por eso, la sana crítica racional, obliga al Juzgador a analizar los elementos de convicción legalmente reunidos en la causa, confrontándolos, cuando fueren opuestos o diferentes, escogiendo aquellos que a luz de la razón, la experiencia y el sentido común, aparezcan como verdaderos.

En el caso el juez como soberano en la selección de la prueba sobre la que se asienta en su fallo realiza un análisis concreto no solo de las condiciones contractuales, sino también de la pericia contable y en especial de la validez de los cupones realizados, destacando además la falta de concreción probatoria por parte de la demandada.

Coincido con la labor del juez no solo en cuanto al material probatorio analizado sino también en cuanto a la carencia de éste y los efectos que ello produce en virtud de la distribución de la carga probatoria regida en nuestro caso por el art.175 CPCCT como en las reglas de asignación de la prueba que el a quo determinó en la audiencia inicial fijada al efecto (ver fs. 274/6).

En tal caso coincido en primer lugar en la falta evidente de material probatorio propuesto por la codemandada Prisma SA puesto que ninguna de las pruebas ofrecidas al momento de contestar (exhortos diplomáticos a GE Capital Finance Australia, Melbourne, Victoria Australia; Australia and New Zealand Banking Group Limited, South Melbourne, Australia) se encuentran agregadas a autos y que tenían específicamente por objeto, según los dichos de esta «el acreditar que la persona que se habría presentado ante el actor a realizar el consumo cuestionado, no era la titular de la tarjeta, que los consumos fueron desconocidos por los verdaderos titulares y que nunca fueron abonados por los mismos». Así fueron oportunamente admitidos a fs. 274 vta. y ordenado su diligenciamiento, los cuales no se sabe si fueron diligenciados o no, puesto que de la manifestación del letrado de la parte en la audiencia final que el SEJUCAI los había tramitado, cerrado el ciclo probatorio, estos no se encuentran glosados y con ello la finalidad perseguida no fue cumplida. Por otra parte si bien ofreció al momento de contestar demanda la prueba pericial contable en los libros y registros de dicha empresa y tangencialmente la de un especialista de informática (así se refiere en el acápite b fs. 229 vta.), se advierte que solo fue designado un perito contador (ver fs. 275), quien fue el encargado de realizar la referida experticia.No puede hoy escudarse en que la pericia contable arroje otros resultados que los evidenciados por el juez a quo puesto que a aquellos puntos de pericia requeridos por Prisma, tales como si procesaba los datos de tarjetas -Visa emitidas por bancos del exterior, si el desconocimiento de los consumos ingresaron vía el intercambio internacional entrante, si quedó este plasmado en los registros electrónicos, si procesa los datos de tarjetas Visa emitidas por bancos del exterior, entre otras no pudieron ser respondidas por el perito por «falta de información de parte de la demandada», quien no obstante impugnar la pericia solo se refiere a cuestiones puntuales de la parte actora (cálculo de ventas, pérdidas sufridas, etc.) pero no respecto de dicha información puntual.

Por lo demás además de no resultar comprobado tampoco resulta admisible entender que la empresa demandada no pueda manejar la información del exterior referida a las comunicaciones (cuando se trata de una sola empresa dedicada a la administración del referido dinero plástico y las autorizaciones dependen de una red interconectada con injerencia mundial). Es así que se ha dicho que «La entidad emisora maneja centralizadamente todo el sistema de créditos y débitos, mantiene actualizados los listados de usuarios, las altas y bajas, los boletines preventivos y el sistema de transferencia electrónica de datos para autorizaciones e información sobre tarjetas habilitadas o inhabilitadas (en el país y en el exterior), la transferencia de fondos y manejo de créditos y débitos por las operaciones locales y del exterior, y genera un fondo de garantía -que ella maneja y al cual aportan los bancos adheridos al incorporarse al sistema y durante el curso de éste- para hacer frente a imprevistos, hurtos, robos, seguros de responsabilidad, etc.» (Muguillo, Roberto A., «Régimen de Tarjetas de Crédito», Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, p.28), por lo que no se explica la pretendida falta de intervención y que su rol se circunscriba a la mera intermediación en la transmisión de la información de autorizaciones de tarjetas del exterior.

Tampoco cumplió Prisma con el emplazamiento cursado a través de la sustanciación de la causa ordenada en audiencia preliminar (ver fs. 274 vta.) respecto de la documentación respaldatoria de la información consignada en los puntos a, b, y c del requerimiento probatorio relativa a la documentación original que dio origen a la investigación que generó la decisión de realizar los contracargos, la documental en la que funda su resolución respecto de los contracargos en la cuenta corriente del actor, o cualquier otra información que intercambiara con los titulares de dichas tarjetas o titular del establecimiento, por lo que se ordenó el desglose del escrito donde habría adjuntado la referida «documentación», conforme a constancias de desglose de fs. 288/94. Como se observa la deficiencia probatoria es evidente.

Crítica también a la valoración realizada por el a quo por haberse omitido la prueba informativa de fs. 375. Está claro que el juez la omitió, pues no existe mención de ella, pero dije además que en el proceso de selección de pruebas podía desechar alguna y toma en cuenta otras o la falta de las mismas que serían las consecuencias de no cumplir con las cargas de la prueba.Ahora bien en la hipótesis de considerar aquella prueba de informes, el apelante no indica que quien informa es el mismo, me explico es la demandada Prisma que aparentemente como un «tercero informante» pretende indicar cuales son los elementos que tienen en sus registros y que servirían a la dilucidación de la causa, la misma demandada a quien dicha prueba documental o sus registros no diligenció, que no le aportó al perito ni el soporte documental ni el electrónico de las mismas, en definitiva que nunca trajo a los presentes obrados tal documentación, puesto que emplazada cumplió tardíamente y le fue ordenado su desglose. Es la misma que ahora pretende creer que su informe es una prueba objetiva que debía ser considerado (recaudo necesario, ver Castaños Zemborain, Víctor M., «La prueba de informes», Cita: RC D 3734/2012 – Revista de Derecho Procesal – Tomo: 2005 2 Prueba – II), lo que a mi entender constituye un absurdo por cuanto constituyen una transcripción textual de su responde, responde que como dijimos al tratarse de hechos controvertidos debían ser acreditados, no por la reiteración de su manifestación por parte de la misma demandada bajo el ropaje de un aparente prueba informativa, que de objetiva no tiene nada. No puede este bajo ningún concepto ser considerado y es por ello que el juez lo omitió.

No puede avalarse entonces las críticas efectuadas.Es un hecho incontrastable, la parte demandada ha sido negligente aportando la prueba de sus dichos, de las supuestas impugnaciones realizadas a las ventas efectuadas en el local de la actora, sea que estas tengan soporte documental (legajo) o electrónico puesto ello se desconoce y es por ello que correctamente el a quo sostiene la consecuencia que le corresponde a quien la ley le impone la carga de probarlo (justamente ello es la intención de dicha distribución probatoria), por lo que no puede presumirse aún en la hipótesis de irregularidades en la confección de los cup ones, lo que descarto, que tales impugnaciones realizadas por los usuarios de la tarjeta haya tenido su correspondiente correlato en las disposiciones contenidas por lo menos en la ley local en el capítulo X de la misma (arts. 26 a 30 LTC) y que además tales impugnaciones hayan sido admitidas y por ende no cobradas al titular según el respectivo resumen de cuentas de la tarjeta de crédito (ello existe en todo el mundo ya sea en soporte papel o electrónico y tampoco se trajo), por lo que más allá de la relatividad puesta en acierto a la impugnación (CNCom., Sala F, «Lemelsons.) no se encuentra a la par el fundamento de la decisión de realizar los referidos contracargos cuando no se dan los supuestos comprendidos conforme a lo detallado en apartados anteriores.

En lo demás coincido con la labor de análisis realizadas por el magistrado que no cabe siquiera mención, puesto que no probada la impugnación se tiene por consentido el consumo y por ende injustificado el contracargo, pero ratifico en autos que la identificación del comprador por parte del actor ha sido probado puesto que como bien apunta si bien el cupón de fs. 59 a «Eduar B.Herrera» no está firmado pero se trata de una compra realizada a las 13:05:50 del 16/04/2014, autorizada y siguiente a una realizada con la misma persona minutos antes (13:00:32) que está firmada, e identificado el DNI del comprador (fs. 60) y de otra realizada también antes con la misma persona (fs. 65) y lo mismo sucede con las operaciones realizadas con Miguel Herrera (cfr. fs. 66), por lo que existen cupones con los compradores debidamente identificados, firmados y realizados minutos antes. Es como dice la jurisprudencia: «El comerciante que realizó una venta mediante tarjeta de crédito y, luego de haberle sido acreditado el dinero, fue privado de éste debido a la realización de un contracargo fundado en la existencia de irregularidades en ciertos cupones, en tanto de la prueba surge acreditada la identidad del usuario de la tarjeta, aun cuando en el cupón respectivo no figure su número de documento» (CNCom., Sala D, «Ernaga, Daniel G. c. Argencard Mastercard SA y otro», 20/04/2010, Cita Online: AR/JUR/21937/2010). En lo demás que la firma seguramente no coincide con el verdadero titular de la tarjeta de crédito, es una hipótesis no acreditada por lo que no puede ser considerada, siendo inocua la relación con la corrección, ilegibilidad del relieve, cuando están firmadas, existen los datos de identificación y se correlacionan con aquellas en los cuales se encuentran perfectamente legibles siendo además que las diferentes adquisiciones se han realizado en el transcurso de tiempo anteriormente indicado. Meros formalismos que no acreditan en lo más mínimo la referida negligencia como causal para la realización del contracargo, no obstante la ausencia de prueba de la impugnación. El agravio se desestima» (Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 24/09/2020, «Vendemmia Quesada, Franco Abelardo c.Banco Patagonia S A y Otros s/ daños y perjuicios», La Ley Online TR LALEY AR/JUR/68305/2020).

La profundidad del razonamiento que he traído a colación, y que comparto plenamente, nos sirve de plataforma conceptual para abordar el tema.

Agregando que, en el artículo antes referido, comentando un fallo de la justicia nacional («Lemelsons, Silvina Mariela», ya citado) se ha señalado que -a la hora de juzgar responsabilidades por los contracargos- habrá que analizar qué responsabilidad le cupo a cada parte del sistema para dar una respuesta. Sin embargo, si el comercio adherido cumplió con sus obligaciones establecidas en la ley 25065 (arts. 32 y 37), no se le podrá imputar responsabilidad por el uso fraudulento de la tarjeta. Tampoco se le puede imputar responsabilidad al usuario, si éste fue víctima de un ilícito o se falsificó su tarjeta o se utilizó la numeración, fecha de vigencia y código de seguridad para realizar transacciones vía Internet, pues éste no puede verse obligado a abonar cargos por consumos no realizados y en los cuales no le cupo ninguna participación ni activa ni pasiva. Quedan entonces los otros integrantes del sistema: el administrador del mismo y el banco pagador (en los sistemas abiertos). Si bien en el caso se le imputó responsabilidad a ambos frente al comercio adherido, por tratarse de una estructura sistémica, con efectos conexos, lo cual es correcto a nuestro entender, si el administrador es quien tiene el monopolio de la seguridad del sistema, es éste el que en forma principal debe hacerse cargo de las consecuencias dañosas de la utilización fraudulenta en razón de que es él el que tiene el control, pudiendo el banco pagador, en caso de haber pagado al comercio adherido, iniciar la acción recursiva correspondiente.En cambio si comparten el control de la seguridad, no tendrán acción recursiva entre sí, debiendo ambos soportar las consecuencias dañosas por la utilización fraudulenta del plástico (MOEREMANS, Daniel E., Quien soporta patrimonialmente las consecuencias de los fraudes al sistema de tarjeta de crédito, DCCyE 2011 (abril), 249).

Pero esto último, en definitiva, tiene que ver con las acciones regresivas y no con su responsabilidad frente al titular del comercio.

Estoy en condiciones, ahora sí, dar respuesta a los agravios de ambas co demandadas.

En cuanto a los de Prisma Medios de Pago S.A., hay un postulado incontrastable: luego de haberse autorizado la operación, volvió sobre sus pasos y efectuó un contracargo (lo que no está discutido en el proceso).

Ahora, cuando vino al proceso fue reticente al proporcionar la información necesaria para que los expertos cumplieran su labor (ver lo expuesto, al respecto, en el dictamen del 14 de Agosto de 2018 y explicaciones del 2 de Julio de 2019 -perito informático- y 23 de Noviembre de 2018 por la perito contadora -si bien, por alguna razón, el trámite no aparece visible en el sistema, se lo encuentra adjunto a la providencia del 30 de ese mismo mes y año) y, además, fue negligente en la producción de prueba en el extranjero, a fin de obtener información del US Bank National Association de North Dakota – USA (ver resolución del 11 de Octubre de 2019).

Amén de ello, y desde mi punto de vista, no tuerce dicha conclusión lo expuesto por la perito en el punto d) y que la apelante transcribe en sus agravios.

Es que, mas allá del tenor de dicha cláusula, lo cierto es que ha sido la demandada quien motorizó el contracargo y, posteriormente, luego de haber defendido dicho contracargo al contestar demanda (ver fs.

186vta./188) no logró acreditar en este proceso que el mismo hubiera sido correcto, ni siquiera que hubiera mediado desconocimiento por parte del titular de la tarjeta de crédito.

En tal contexto, y mas allá de las acciones de regresoque la quejosa pudiera intentar, entiendo que -en su carácter de integrante esencial del entramado contractual que permite el funcionamiento del sistema y como sujeto jurídico que motorizó el contracargo (lo que hace surgir una responsabilidad propia en cabeza suya)- es acertada la decisión de considerarla responsable Los agravios de la entidad bancaria no corren mejor suerte.

En el fallo citado anteriormente se analizó, al igual que sucedió aquí, el impacto de los efectos de la reticencia informativa de una de las co demandadas respecto de la otra.

Por cierto, si los elementos necesarios se encuentran en poder de una de las accionadas, las consecuencias procesales de su no aporte (cuando esas piezas sean esenciales para decidir) van a propagarse respecto de todos los otros intervinientes (principio procesal de adquisición) y tendrá incidencia sobre sus propias cargas probatorias.

Lo cual, incluso, no se torna irrazonable cuando -como lo he venido diciendo- se trata de sujetos vinculados por un entramado contractual que permite el funcionamiento del sistema de tarjetas de crédito.

Por lo demás, ha sido la entidad bancaria quien -como último interviniente- realizó el retiro de dinero de la cuenta de la parte actora, así que -mas allá de las eventuales acciones de regreso contra quienes considere- parece razonable que, en el contexto jurídico detallado previamente y dada su vinculación convencional con las titulares del comercio, deba responder tanto por el daño causado como por la suma indebidamente debitada de su cuenta.

En suma, la administradora del sistema y la entidad bancaria responderán (concurrentemente) respecto de la parte actora, mas allá de las acciones de regreso que -entre ellos- pudieran intentar.

Zanjado esto, debo ahora dar tratamiento a las restantes cuestiones traídas.

La parte actora se queja del rechazo del rubro pérdida de chance.

Ciertamente, lo hace en términos genéricos y sin lograr rebatir, eficazmente, lo que el fallo sostiene.

Es que la actora pretende autorrelevarse de la demostración de aquello que le correspondía: acreditar la existencia de la chance y su frustración.

Esto, por imperio legal, pesaba sobre su parte (art.375 del CPCC) y no se observa que se trate de una circunstancia de acreditación compleja, o imposible.

Ni tampoco que podamos presumir la existencia de dicho daño, por la sola demostración de los hechos acaecidos en la causa (hecho notorio).

Así entonces, entiendo que su agravio -que, en verdad, bordea la insuficiencia (art. 260 del CPCC)- habrá de repelerse.

Sí es, en cambio, de recibo su otro cuestionamiento.

Es que, debiendo ser la reparación integral (art. 1083 del Cód. Civil) y dada la incorrección del contracargo (como ya se ha concluido), es claro que -todo gasto o erogación vinculada con dicho contracargo- deberá serle resarcida.

Consecuentemente, deberá admitirse -también- su reclamo inicial por la suma de $222,20 (ver fs. 145) en concepto de intereses descontados (no veo que, al inicio, se hayan incluido otros gastos derivados del contracargo); suma que devengará intereses al igual que el restante monto de condena.

Me queda por tratar, finalmente, lo atinente al daño moral.

Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir.Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.

El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.

Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).

Ciertamente nos hallamos frente a un daño moral de naturaleza contractual, al cual se refería el art. 522 del Código Civil, norma que no obsta -de ningún modo- al reconocimiento del rubro, pues establece que el juez «podrá» acordar este tipo de resarcimientos.

La Sala que hoy integro ha dicho que, si se trata de daño moral contractual, rigen las pautas del art. 522 del Código Civil deviniendo el mismo de interpretación restrictiva y necesitando ser expresamente demostrado. Aquí el daño no es «in re ipsa» pero el Juez «puede» acogerlo de acuerdo a las circunstancias del caso; ello nos indica a través de la letra y del espíritu de la norma que no se debe descartar «a priori» la existencia del daño moral en las relaciones contractuales; el tema depende de las circunstancias del caso y de la prueba que se produzca; va de suyo que tal apreciación debe efectuarse con criterio estricto pues no cualquier incumplimiento contractual genera daño moral (esta Sala causas N° 45718/02, R.S. 19/02; 47.718, R.S. 580/02, 58160, R.S.9/11; entre otras).

Y si bien es cierto que, en reiteradas ocasiones, la jurisprudencia ha venido señalando que -como se dejaba entrever en el párrafo anterior- el análisis en esta partida debería ser restrictivo, ello es así en la medida en que resulte del giro normal o habitual de las circunstancias que se presentan en los negocios.

Lógicamente, la apreciación de estas circunstancias debe efectuarse con criterio de realidad, apego a las circunstancias de cada supuesto que se tenga para decidir y, especialmente, advirtiendo que las cuestiones contractuales que se van presentando hoy en día difieren, en mucho, de las que acontecían hace algunas décadas; con lo cual, no parece buena idea aplicar, mecánicamente, postulados derivados de tendencias jurisprudenciales que, hoy, pueden verse superadas por la evolución del contexto jurídico, económico y social.

Debemos analizar entonces si, en el caso concreto y de acuerdo con sus circunstancias, el mismo procede.

Al respecto, el aludido fallo de la justicia mendocina («Vendemmia Quesada») señaló que «ya superada las distinciones entra daño moral contractual o extracontractual signadas bajo el Cód. Civil, como al criterio restrictivo respecto de la reparabilidad de dicho perjuicio, hoy la norma de fondo no hacen distingos (art. 1741 Cód. Civ. y Com.de la Nación) y en la medida en que resulte acreditado el mismo o pueda inferirse del devenir realizado puede estimarse su reparación en la medida en que se evidencien que las dificultades que tuvo que sobrellevar el comerciante superan las de cualquier dificultad que puede tener quien realiza de ello su profesión habitual en el comercio».

Pues bien, a la luz de lo expuesto y abordando las quejas de las demandadas, es cierto que nos hallamos en un contexto contractual y que las actoras son dos comerciantes.

Pero no menos cierto es que se trata de una empresa pequeña, que gira dentro del ramo peluquería y que, a valores del momento en que sucedieron los hechos, el monto por el que se efectuó el contracargo no era menor (ascendía a algo mas que mil dólares estadounidenses).

Por lo demás, y aquí lo fundamental, conforme la prueba rendida en autos (especialmente la pericial informática y la documental aportada por las accionantes) a partir del contracargo se vieron obligadas a realizar un sinnúmero de reclamos y diligencias, infructuosas todas ellas e, incluso, a promover un proceso judicial.

Todo porque las dos entidades no lograron dar respuesta, adecuada, a lo que las actoras planteaban.

Entonces, es indiscutible que las vicisitudes propias del giro de los negocios no debería generar un padecimiento resarcible dentro del contexto del daño moral, salvo acreditación suficiente; pero, como bien se lo dice en el fallo, aquí no nos hallamos con una cuestión propia del giro de los negocios, sino con una situación abusiva, con un contracargo infundado y con multiplicidad de reclamos, infructuosos, que desembocaron en un proceso judicial.

Dos titulares de un pequeño comercio, discutiendo con una entidad bancaria y la administradora del sistema de tarjetas de crédito, en una notable disparidad de medios y posibilidades.

Objetivamente apreciadas dichas circunstancias, a través de las máximas de la experiencia, tienen potencialidad adecuada como para generar un perjuicio resarcible, dentro de la esfera del daño extrapatrimonial (o moral).

Por ello, creo que estos agravios tampoco deben prosperar.

Ensuma, y si mi postura es compartida, deberá modificarse la sentencia apelada en cuanto al monto de condena, admitiendo el rubro intereses respecto del contracargo por la suma de $222,20 y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.

Imponiendo las costas de Alzada en un 20% a la actora y en un 80% a las co demandadas, atento el resultado propuesto para los recursos, el éxito parcial del de la accionante y el rechazo total de los de las accionadas (arts. 68 y 71 del CPCC).

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO

Adhiero en un todo al voto que antecede, por sus mismos fundamentos.

Solo me permito añadir, de mi propia cosecha, que una mirada de género (que atraviesa todo nuestro sistema jurídico, no solo las cuestiones de familia) apuntala la solución a la que llega mi estimado colega.

Es que dos mujeres, al frente de un pequeño comercio, que incluso gira en un ramo en el que, una visión estereotipada, puede pensar propio de lo femenino e, inclusive, comercializando un artículo que, la misma visión estereotipada, puede considerar del mismo modo, podemos presumir que se encuentran en una situación de desnivel durante el desarrollo del vínculo contractual (art. 163 inc.5 y 384 del CPCC).

De hecho, es lo que sucedió pues sus reclamos no parecen haber sido atendidos ni tomados seriamente por las demandadas, motivo por el cual debieron acceder a la instancia judicial.

En este contexto, la procedencia del reclamo, y de los rubros que se están admitiendo es, a mi juicio, indudable, viéndose reforzada -además de los excelentes fundamentos jurídicos dados por mi colega- por esta mirada de género de la que vengo hablando.

Esto que vengo agregando, por cierto, no obsta el rechazo de algún rubro o reclamo (en el caso, la pérdida de chance) cuando nada nos indica que las actoras no estaban en condiciones de demostrar lo que les correspondía.

Consecuentemente, y reiterando mi adhesión a los fundamentos del Dr. Cunto, doy mi voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada en cuanto al monto de condena, admitiendo el rubro intereses respecto del contracargo por la suma de $222,20 CONFIRMANDOLA en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.

Costas de Alzada, en un 20% a la actora y en un 80% a las co demandadas (arts. 68 y 71 del CPCC).

SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.

DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/09/2022 12:31:05 – CUNTO Andres Lucio – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/09/2022 12:59:18 – GALLO José Luis – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/09/2022 13:00:50 – QUADRI Gabriel Hernan – SECRETARIO DE CÁMARA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA II – MORON

A %d blogueros les gusta esto: