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#Fallos Se aplica o no causal prevista en el art. 34 inc. 4 del Código Penal: Funcionario policial efectuó disparos que le ocasionaran la muerte a la víctima

Partes: R. R. I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 104.262 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 24 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138985-AR|MJJ138985|MJJ138985

Voces: HOMICIDIO AGRAVADO – DOLO EVENTUAL – RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY – FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD – ABUSO DE ARMAS – LEGÍTIMA DEFENSA – EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA – MUERTE – PERSONAL POLICIAL

Rechazo de la aplicación de la causal prevista en el art. 34 inc. 4 del Código Penal con sustento en el contexto de espacio y tiempo en que se dio el hecho de que un funcionario policial efectuara disparos que le ocasionaran la muerte a la víctima.

Sumario:
1.-Corresponde el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues no se controvierte los fundamentos del fallo que rechazó la aplicación al caso de la causal prevista en el art. 34 inc. 4 del Código Penal con sustento en el contexto de espacio y tiempo en que se dieron los hechos (zona con alta circulación peatonal y de vehículos), las condiciones personales del imputado (funcionario policial con más de veinte años de antigüedad), el modo en que efectuó los disparos (‘indiscriminadamente’ y con medio cuerpo salido de la ventanilla del auto), que la bala que produjo la muerte de la víctima provino del arma de fuego 9 mm. del acusado (autopsia y pericia balística), todo lo cual le permitió afirmar al sentenciante que no cumplió con la Ley 13.482 incs. ‘g’ e ‘i’ y descartar, por tanto, que su acción hubiera sido conforme al ordenamiento jurídico.

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2.-Se rechaza la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 9 del Código Penal pues las manifestaciones de la defensa para demostrar que la citada norma exige dolo directo resultan insuficientes, toda vez que el fallo consideró acreditado que el imputado actuó con dolo eventual, en virtud de que dado el contexto de tiempo y lugar en que acontecieron los hechos, las condiciones personales del imputado (funcionario policial con experiencia) y el modo en que efectuó los disparos (con medio cuerpo fuera de la ventanilla del auto), lo que permitió concluir que al efectuar los disparos abusó de sus funciones y, mientras lo hacía, hubo de representarse la posibilidad del resultado fatal, ante la cantidad de transeúntes que circulaban por la zona y la presencia en concreto de la víctima, que se hallaba al costado de su camioneta recién detenida por un desperfecto mecánico, y pese a ello siguió adelante con su accionar de manera indiferente.

3.-Lo que caracteriza en autos el homicidio calificado es la calidad especial del sujeto activo, esto es, ser miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario y el hecho de obrar abusando de su función o cargo, sin que en lo demás se requieran circunstancias diversas a las propias de la figura simple.

4.-La denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 34 inc. 4 en función del 35 y 80, inc. 9, Cód. Penal), en rigor, pretende controvertir la fijación de los hechos y su prueba, materia ajena a la competencia de este Tribunal; si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por quien aquí recurre.

5.-La fundamentación del planteo referido a la inobservancia de los arts. 34 inc. 4 y 35 del Código Penal, adolecen de un defecto técnico trascendente, pues la defensa particular lo entrelazó con la causal de legítima defensa (conf. art. 34 inc. 6, Cód. cit.) como si se tratara de dos eximentes análogas entre sí cuando no lo son; en definitiva, de los términos del recurso no surge con claridad en qué causal fundó la pretensa justificación de la conducta.

Fallo:
A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.251, «R., R. I. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 104.262 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de mayo de 2021, en lo que aquí interesa, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el doctor Domingo Faustino Loto a favor de R. I. R. contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el abuso en el ejercicio de la función de miembro de la fuerza policial (hecho I -víctima Augusto Manuel Abal- ) en concurso real con homicidio simple con exceso en el cumplimiento del deber (hecho II -víctima Lucas David González-; v. fs. 89/92 vta.).

Tras reseñar los agravios desarrollados por la parte con relación a los hechos I y II, concedió únicamente los embates relativos al primero. En tal sentido, en función de las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, afirmó que las denuncias de inobservancia de los arts. 34 inc. 4 y 35 y errónea aplicación del art. 80 inc. 9, todos del Código Penal, debían admitirse por cumplir con los recaudos formales de admisibilidad.

En lo que respecta a las críticas vinculadas al hecho II, las desestimó por extemporáneas.

Contra lo así resuelto, la parte no dedujo queja en los términos del art.486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 97).

Oído el señor Procurador General (v. fs. 99/106), dictada la providencia de autos (v. fs. 108) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñarán los agravios vinculados únicamente al hecho I, que tuviera por víctima al joven Augusto Manuel Abal.

I.1. La defensa afirmó que no se pudo demostrar cuántas detonaciones de arma de fuego efectuó R. y destacó que «.no buscó ‘abatir’ a un malviviente (sin perjuicio de que la víctima fuera otra)» sino que su finalidad fue repeler un ataque. Puntualizó que del vehículo de su asistido solo se secuestraron dos vainas servidas, lo que -a su entender- demuestra que «.lo acontecido tuvo más que ver con repeler un ataque, que con abusar de los recursos que le provee la fuerza a un policía para acabar con la vida de una persona» (fs. 72 vta.).

Insistió que la finalidad de su asistido fue «.reventar los neumáticos del vehículo de los delincuentes» y no causar la muerte de ninguno de ellos (v. fs. cit.). Dijo que R. no contaba con otra alternativa y actuó en cumplimiento de un deber, conforme lo previsto en el art. 34 en los incs. 4 y 6 del Código Penal. En tal sentido, adujo que R., en el marco del cumplimiento de un deber, a través de un medio idóneo y proporcional al ataque recibido, repelió legítimamente la agresión de un delincuente que atentaba contra su integridad y contra la de terceras personas (v. fs.73).

A su vez, hizo referencia al desempeño de su defendido a lo largo de su carrera policial y alegó que «.no traspasó las facultades conferidas a su función policial, sino que inclusive actuó en defensa propia» por haberse configurado todas las exigencias del art. 34 inc.6 del citado Código (agresión ilegítima y medio proporcional -v. fs. 73 vta.-).

Por otra parte, manifestó que fueron varias las personas que intervinieron en la persecución policial por lo que no es posible determinar con certeza que haya sido R. el autor del disparo mortal (v. fs. cit.).

Refirió que el Tribunal de Casación no tomó en consideración que su asistido jamás tuvo la intención de «.llegar al desenlace que se llegó, y actuó dentro del marco del art. 34 cometiendo un exceso, más no [un] homicidio agravado» (fs. cit.).

Luego, hizo citas de doctrina y jurisprudencia vinculadas, por un lado, al exceso en el cumplimento de un deber, en el ejercicio de un derecho o cargo (conf. arts. 34 inc. 4 y 35, Cód. Penal) y, por el otro, sobre el exceso en la legítima defensa (conf. arts. 34 inc. 6 y 35, Cód. cit. – v. fs. 74 y vta.-).

Sentado ello, afirmó que R. incurrió en un «.exceso intensivo después de la agresión, donde el delincuente dispar[ó] en contra de la humanidad de los policías, respondiendo [su asistido] como lo haría una persona o un funcionario, de manera razonable, desenfundando su arma excediéndose en su actuar por las circunstancias que lo rodeaban, más no por el hecho en sí» (fs. 74 vta.).

Insistió en que R. actuó en «.legítima defensa, terminando el accionar con la lamentable muerte de Abal por un exceso en el ejercicio de sus funciones como intachable funcionario con más de 20 años en las fuerzas policiales» (fs.cit.).

En su apoyo, hizo referencia a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 de San Martín que condenó a Ángel Gabriel Ruiz, quien manejaba el vehículo perseguido por R., a la pena de cuatro años de prisión por el delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas en concurso real con el de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. A su entender, dicho elemento «.demuestra que verdaderamente hubo agresión de parte de los participantes en el delito» (fs. 75).

Concluyó que el Tribunal de Casación, al igual que el órgano de mérito, valoró erróneamente la prueba, en particular, los dichos de los testigos que dieron cuenta de que hubo un tiroteo entre ambos vehículos, extremo ratificado con el secuestro de vainas servidas y con la citada sentencia del Juzgado Correccional n° 2 (v. fs. 75).

Por todo lo expuesto, manifestó que el a quo valoró erróneamente la prueba e incurrió en déficits en la aplicación de la ley sustantiva.

I.2. En subsidio, para el caso de no prosperar el planteo principal, solicitó se deje sin efecto la agravante del art. 80 inc. 9 del Código Penal por considerar que dicha figura exige dolo directo respecto del resultado muerte, aspecto que no se dio en el caso (v. fs. 80 y sigs.). Citó doctrina y descalificó por arbitrario el fallo de casación por haber confirmado la calificación legal con sustento en el argumento de que actuó con dolo eventual (v. fs. 81 vta. y 82).

Explicó que la circunstancia de tener por probado que su asistido actuó en abuso de sus funciones no resulta suficiente para subsumir el hecho en el homicidio agravado pues dicha figura exige probar que el homicidio se produjo con intención directa de provocarlo, lo que no aconteció en el sub lite sin perjuicio de que su defendido se hubiera podido representar el resultado (v. fs. 81).

También refirió que «.aun sosteniendo que R.se hubiera excedido o abusado de sus funciones, lo cierto es que ante el resultado muerte, no se imprime de manera automática la aplicación del tipo penal en cuestión (art. 80 inc. 9, [Cód. Penal]) puesto que es condición para su procedencia, que ese abuso o exceso en la funcionalidad se encuentre direccionado a la obtención del resultado fatal» (fs. 82).

II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso (v. fs. 99/106).

Coincido con lo dictaminado.

III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (art. 495, CPP).

En efecto, la parte se limitó a reeditar los planteos llevados a la instancia casatoria, vinculados todos ellos con cuestiones de hecho y prueba (v. fs.14/17), y no logró controvertir eficazmente el fallo en crisis (conf. art. 495, CPP).

Veamos.

III.1. En lo que aquí importa, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 23 de marzo de 2021, afirmó que el hecho que se tuvo por probado y que llegó firme a esa instancia consistió en el siguiente: «.el día 17 de junio de 2014, en horas de la tarde-noche, aproximadamente a las 19:30 hs., en circunstancias que no se han podido establecer fehacientemente, que dieron lugar a la persecución en el automóvil marca Citroën, modelo ‘Xsara Picasso’, dominio IXP-321, conducido por el policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Torres, de su propiedad, y en compañía del Sargento R. I.R., respecto de los ocupantes del automóvil marca Fiat, modelo ‘Punto’, dominio HVD-300 de color azul, conducido por Ángel Gabriel Gómez Ruiz – propiedad de su padre-, encontrándose en el lugar de acompañante Lucas David González y en la parte posterior derecha Brian Gustavo Villa; y que la misma presumiblemente se habría iniciado en los alrededores de las calles Capitán San Martín y Valparaíso, para luego sí desarrollarse sobre esta última arteria hasta su intersección con la calle Seguí por lo que contin[uaron] hasta Ejército de los Andes, gira[ron] en Granaderos y prosiguen hasta ruta 197 [.] hasta que en su intersección con la Avenida Olivos, tratándose de unas cinco esquinas, que se completaban con las arterias Tres Arroyos y Sucre de su lado derecho, y en momentos en que el semáforo se hallaba en rojo y había una cola de numerosos automóviles, el rodado Fiat ‘Punto’ de color azul intentó evadir la persecución de la que era objeto subiéndose por la vereda y pasando por una estación de servicios que no funcionaba como tal y que lindaba con la calle Tres Arroyos, fue que el Sargento R. I. R. efectuó varios disparos, debiendo representarse el daño que podría ocasionar, y aun así con absoluto desprecio por la integridad física d e las numerosas personas que se hallaban en el lugar, y teniendo pleno conocimiento de esto en tanto se trataba de un espacio iluminado, y que frente a su vista se encontraba la camioneta Ford F100 de color blanco [.] que se había descompuesto instantes antes, por lo que su conductor Augusto Manuel Abal de 15 años, se encontraba parado en la parte delantera izquierda del rodado cuando le impactó un disparo proveniente de la pistola F.N. Browing calibre 9 x 19 mm. con número de identificación serial 240907, que utilizó R.y que ingresó en la región anterior del hemitórax derecho, ocasionándole una hemorragia interna grave, seguida de un shock hipovolémico y una descompensación hemodinámica aguda, produciéndole consecuentemente el óbito» (fs. 47 y vta.).

III.2. Sentado ello, descartó que la acción reprochada estuviera amparada por alguna causal de justificación.

En tal sentido, afirmó que la conducta desplegada por R. no se puede justificar en los términos del art. 34 inc. 4 del Código Penal pues se demostró que el lugar donde sucedieron los hechos era una zona muy transitada, con cinco esquinas donde había circulación peatonal y

vehicular permanente, extremos que no podían pasar desapercibidos para una persona como R. en su calidad de funcionario policial (v. fs.47 vta. y 48).

De seguido, citó diversos testimonios y aseveró que no existían dudas de que la persecución y los disparos efectuados por R. se dieron en una zona y en una franja horaria de mucho tráfico y con gente transitando «.dado que se trata de un enclave en el que existen comercios, una cancha de fútbol, estación de servicio, semáforos y paradas de colectivo» (fs. 48/50).

Afirmó que también se demostró que el disparo que le ocasionó la muerte a Abal provino del arma de fuego empleada por R. (conf. autopsia y pericia balística -v. fs. cit.-).

Consideró que R. quiso frenar el vehículo Fiat Punto de cualquier forma. «Por ello, disparó sin tener en cuenta, que había numerosas personas en ese instante, que estaba rodeado de negocios y con muchos automóviles alrededor, porque el lugar comprendía cinco esquinas, una de ellas, de una ruta ampliamente transitada por tener doble mano de tres carriles cada uno» (fs. 51).

Aclaró que el hecho de que el imputado haya puesto en conocimiento de sus superiores la persecución no tiene ninguna incidencia puesto que no estaba en discusión la legalidad de la persecución sino el modo en que R. actuó en ese especial contexto (v. fs.cit.). En tal sentido, recordó que «El procedimiento [.] se inició ante el pedido de colaboración de Ruben Darío Martínez -oficial de policía que se encontraba haciendo adicionales para una empresa de rastreo satelital de vehículos- ante la presencia en la zona de un vehículo que había sido robado. Es ahí que R. sale de la comisaría a realizar tareas investigativas de la presencia de un vehículo azul sospechoso -el Fiat Punto- con tres ocupantes al tiempo que vieron estacionado el rodado sustraído. R. se encontró con otro compañero -Torres- quien le informó que había tenido un enfrentamiento con los ocupantes del vehículo azul, por lo que se subió al rodado particular de éste e iniciaron la persecución. Y en el marco de dicha faena, al llegar al semáforo de las cinco esquinas, donde Abal estaba con su camioneta detenida por un desperfecto técnico, R. efectuó los disparos que terminaron con la muerte del joven» (fs. 51 vta.).

Aseveró que «.era deber de R., como policía atrapar a los supuestos agresores, más ello no lo habilitaba a disparar indiscriminadamente para lograr tal objetivo y menos aún si se tienen en cuenta que el vehículo particular en el que se efectuaba la persecución no presentó un solo impacto de bala y que en el teatro del hecho sólo se encontraron vainas servidas del arma de fuego 9 mm. como la que el numerario del orden blandía y disparaba» (fs. cit.).

A continuación, descartó el argumento de la defensa consistente en que también los jóvenes que circulaban en el Fiat Punto efectuaron disparos de arma de fuego pues no existe ningún elemento de prueba en tal sentido (v. fs.50/51). Resaltó que aun cuando los ocupantes del auto perseguido hubieran efectuado disparos -lo que no se probó- ello tampoco hubiera habilitado al imputado a «.realizar disparos a mansalva en la vía pública en una zona tan concurrida, incrementando el riesgo hacia terceras personas». A su vez, aclaró que la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 de San Martín que condenó a Ángel Gabriel Ruiz, quien conducía el Fiat perseguido por R., a la pena de cuatro años de prisión por el delito de atentado a la autoridad agravado en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, ninguna implicancia tiene en la solución del caso pues «.sólo acredita el atentado a la autoridad que se vio corroborado en el hecho II, que no ha sido objeto de impugnación» (fs. 52 vta.).

Concluyó que para que la acción resulte amparada por la causa de justificación prevista en el art. 34 inc. 4 del Código Penal, debe ser ejecutada dentro de los límites de la ley. En dicho marco, trajo a colación la ley 13.482 en cuanto establece que «.es necesario a la hora de utilizar el arma de fuego que las personas que sean amedrentadas con ella puedan comprender primero que se trata de funcionarios policiales y segundo que si no desisten de su actitud [ello] conllevar[á] a la utilización de la misma [.] salvo que exista riesgo cierto contra la vida de terceros o resultara evidentemente inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso (art. 13 inc.’g’). También es un parámetro, tal como lo pone de manifiesto el a quo que sólo pueden recurrir al uso de armas de fuego cuando exista una situación que implique actuar en legítima defensa propia o ajena o bien en estado de necesidad en los que exista un peligro grave, inminente y actual para la vida, las personas o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los daños de terceros ajenos a la situación (art. 13 inc. i)» (el destacado figura en el original, fs. cit.).

Por todo lo expuesto, sostuvo que el obrar de R. ni siquiera significó un exceso en el cumplimento del deber, dado que, en el caso conjetural de que los ocupantes del Fiat Punto hubiesen efectuado disparos, ello tampoco hubiera habilitado al imputado a actuar como lo hizo «.con medio torso fuera de la ventanilla del lado izquierdo, es decir, más lejos aún del punto de impacto que se pretendía tener, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de los transeúntes y, lamentablemente, acabando con la vida de uno de ellos» (fs. 52 vta.).

III.3. Por otra parte, descartó las críticas referidas a la errónea aplicación del art. 80 inc. 9 del Código Penal.

Explicó que el tipo penal en cuestión requiere que el autor sea integrante de una fuerza de seguridad, policial o del servicio penitenciario que debe actuar abusando de su función o cargo, haciendo un uso indebido, excesivo o injusto del mismo (v. fs. 53).

Afirmó que la situación que dio origen al accionar de R. no lo facultaba para disparar del modo en que lo hizo. A su vez, indicó que debió representarse la posibilidad de ocasionar el resultado típico (lugar densamente poblado y transitado), «.máxime si se tiene en consideración su calidad de efectivo policial entrenado en el uso de armas y más aún aceptar las consecuencias -muerte- como lógicas.Este obrar doloso del agente lo fue en abuso de su función como miembro de la fuerza policial» (fs. 53 y vta.).

Consideró que el imputado se valió del poder delegado por la ciudadanía para disparar contra civiles.

Aclaró que más allá de que su intención fue disparar al automóvil que venía persiguiendo, «.no logró acreditarse que en aquellas cinco esquinas se [hubieran producido] disparos desde el Fiat Punto y si bien asegura que intentó darle a los neumáticos del rodado, lo cierto es que debió representarse la posibilidad de herir o matar a alguna persona. No se evaluó la existencia de terceros, ciegamente disparó a delincuentes que huían y no lo habían agredido y producto de su accionar asesinó a un inocente» (fs. 53 vta.).

En definitiva, estimó que contravino las disposiciones específicas de la ley 13.482 en cuanto a la regulación del empleo de armas de fuego.

IV. Como se adelantó, el recurso no procede (art. 495, cit.).

La denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 34 inc. 4 en función del 35 y 80, inc. 9, Cód. Penal), en rigor, pretende controvertir la fijación de los hechos y su prueba, materia ajena a la competencia de este Tribunal.

Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por quien aquí recurre (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII2007; e.o.).

IV.1. En primer orden, cabe señalar que la fundamentación del planteo referido a la inobservancia de los arts. 34 inc.4 y 35 del Código Penal, adolecen de un defecto técnico trascendente, pues la defensa particular lo entrelazó con la causal de legítima defensa (conf. art. 34 inc. 6, Cód. cit.) como si se tratara de dos eximentes análogas entre sí cuando no lo son.

En definitiva, de los términos del recurso no surge con claridad en qué causal fundó la pretensa justificación de la conducta.

En segundo término, se advierte que la parte no se hizo cargo de controvertir los fundamentos del fallo en crisis que rechazó la aplicación al caso de la causal prevista en el art. 34 inc. 4 del Código Penal con sustento en el contexto de espacio y tiempo en que se dieron los hechos (zona con alta circ ulación peatonal y de vehículos), las condiciones personales del imputado (funcionario policial con más de veinte años de antigüedad), el modo en que efectuó los disparos («indiscriminadamente» y con medio cuerpo salido de la ventanilla del auto), que la bala que produjo la muerte de la víctima provino del arma de fuego 9 mm. de R. (autopsia y pericia balística), todo lo cual le permitió afirmar al sentenciante que no cumplió con la ley 13.482 incs.»g» e «i» y descartar, por tanto, que su acción hubiera sido conforme al ordenamiento jurídico.

Frente a tales manifestaciones, la parte se limitó a exponer una opinión discrepante con la valoración de los hechos y de la prueba que como tal resulta ineficaz para conmover lo fallado.

En cuanto a los efectos que a criterio de la defensa particular se le debería haber dado a la mencionada sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2, una vez más, sus alegaciones no trascienden de una mera disconformidad genérica y dogmática con lo fallado.

Mientras que la defensa entendió que con dicho pronunciamiento se demostró que desde el Fiat Punto se efectuaron disparos, por el contrario, el Tribunal de Casación Penal sostuvo que ello no conmovió la plataforma fáctica del hecho I que el órgano de mérito tuvo por debidamente probado, conforme las reglas de la sana crítica razonada y agregó que, en rigor, el hecho por el que se condenó a Ángel Gabriel Gómez Ruiz, se vincula con el hecho II de las presentes actuaciones y no con el hecho I puesto en crisis.

Para más, cabe destacar que el Tribunal de Casación Penal agregó que aún para el caso que se hubiera demostrado que desde el auto perseguido se hubieran efectuado disparos, ello tampoco hubiera cambiado la suerte de lo decidido pues el contexto en el que se desarrolló el accionar de R. y la forma en que efectuaron los disparos de arma de fuego – igualmentehubiera estado fuera de los supuestos habilitados por la ley 13.482.

IV.2. Igual suerte corresponde a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc.9 del Código Penal pues las manifestaciones de la defensa para demostrar que la citada norma exige dolo directo resultan insuficientes.

El fallo, con sustento en las circunstancias comprobadas de la causa, consideró acreditado que el imputado actuó con dolo eventual, en virtud de que dado el contexto de tiempo y lugar en que acontecieron los hechos, las condiciones personales del imputado (funcionario policial con experiencia) y el modo en que efectuó los disparos (con medio cuerpo fuera de la ventanilla del auto), le permitieron concluir que al efectuar los disparos abusó de sus funciones (conf. ley 13.482 a contrario sensu) y, mientras lo hacía, hubo de representarse la posibilidad del resultado fatal, ante la cantidad de transeúntes que circulaban por la zona y la presencia en concreto de la víctima, que se hallaba al costado de su camioneta recién detenida por un desperfecto mecánico, y pese a ello siguió adelante con su accionar de manera indiferente.

Ante tal línea argumental, la defensa no dio razones suficientes para demostrar que las circunstancias objetivas (que R. era integrante de la fuerza policial y que abusó de sus funciones) y subjetivas (dolo eventual con respecto al resultado muerte) que el a quo tuvo por probadas no permitían aplicar la figura del homicidio agravado.

Puntualmente, no evidenció que el art. 80 inc.9 del Código Penal sólo pudiera aplicarse cuando existe dolo directo.

Para más, cabe destacar que lo que caracteriza este homicidio calificado es la calidad especial del sujeto activo (ser miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario) y el hecho de obrar abusando de su función o cargo, sin que en lo demás se requieran circunstancias diversas a las propias de la figura simple (conf. mi voto en causa P. 126.389, sent. de 16-VIII-2017 y art.495, cit.).

En definitiva, la parte no logra justificar que la situación de hecho, tal como ha sido verificada, no encaje en sus previsiones típicas.

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de R. I. R., con costas (art. 495 y concs., CPP).

Se regulan los honorarios profesionales del doctor Domingo Faustino Loto por la labor realizada ante esta instancia en 18 jus (conf. art. 31, ley 14.967).

Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 «c»; resol. SCBA 921/21).

Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:07:19 – GENOUD Luis Esteban – JUEZ

Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:23:16 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:45:15 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/10/2022 22:57:19 – KOGAN Hilda – JUEZA

Funcionario Firmante: 24/10/2022 08:52:53 – MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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