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#Fallos SCBA: Debido a una violación al principio de congruencia, se revoca la sentencia que condenó al demandado al resarcimiento integral de daños y perjuicios con sustento en el Código Civil y Comercial de la Nación

Partes: Eberle Adrián Martín c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo – acción especial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 9 de noviembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139161-AR|MJJ139161|MJJ139161

Debido a una violación al principio de congruencia, se revoca la sentencia que condenó al demandado al resarcimiento integral de daños y perjuicios con sustento en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Sumario:
1.-La esencial motivación del a quo que expresa que ‘el trabajador ha deducido como pretensión principal una acción de daños y perjuicios fundada en el sistema de responsabilidad regulado por los arts. 1757 y 1758 del CCivCom. …’ luce extraviada de los términos en que quedó trabada la relación procesal, en tanto no se compadece con el modo en que fue diseñado el reclamo en el escrito de demanda y su consecuente oposición por la contraria.

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2.-El postulado procesal de la congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal y el destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa.

Fallo:
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.507, «Eberle, Adrián Martín contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo – acción especial», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 249/264).

Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 2-IX-2020).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda que el señor Adrián Martín Eberle promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenado a esta última al pago de una indemnización integral -en los términos del derecho civil- por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufriera el día 14 de noviembre de 2015, así como de las tareas prestadas como asistente de minoridad en los Institutos «Nuevo Dique» y «Araoz Alfaro» (v. fs. 249/264).

En lo que interesa, señaló que el trabajador había deducido como «pretensión principal» una acción de daños y perjuicios fundada en el sistema de responsabilidad regulado por los arts. 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial, cuantificando a fs. 78 y vta.los rubros que componían la reparación integral, por lo que correspondía en primer lugar analizar si se verificaban los presupuestos reglados por la citada normativa, sin que obstara a ello el contenido del art. 4 de la ley 26.773 (v. fs. 254 vta. in fine y 255).

En ese contexto, indicó que más allá que no había mediado en el caso comunicación alguna del empleador autoasegurado poniendo a disposición del trabajador el importe de la prestación sistémica en los términos de la última norma citada, la reglamentación establecida en dicho precepto legal no podía válidamente frustrar el derecho constitucional a reclamar la reparación integral del daño, ni limitar la garantía de acceso a la justicia.

Asimismo, agregó que en la medida en que se hallaban acreditados los factores de atribución de responsabilidad civil invocados en la demanda, lo que determinaba la procedencia de la acción común, no habría de producirse en el caso la acumulación de resarcimientos prohibida legalmente, tornándose innecesario ingresar a efectuar su control de constitucionalidad (v. fs. 255).

Luego, halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva y subjetiva de la empleadora, declaró procedente la demanda deducida y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar al actor las sumas que determinó en concepto de lucro cesante y daño moral (v. fs. 255/259 vta.).

II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 34 inc. 4, 163 incs. 4 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc.»d» y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que invoca.

II.1. Alega que el tribunal de grado valoró absurdamente los escritos constitutivos del proceso y transgredió el principio de congruencia.

Sostiene que el objeto de la pretensión que dio inicio a estas actuaciones ha sido la prestación dineraria prevista en la ley 24.557 «con más» una indemnización integral con base en la normativa civil. Así, aludiendo a pasajes del escrito de demanda, explica que en el caso se configuró una acumulación de acciones siendo la acción «cardinal» la señalada en primer lugar.

Destaca que, al contestar la demanda, la accionada -entre otras manifestaciones- expresó en reiteradas oportunidades que debía entenderse que al haber activado el promotor del pleito el procedimiento previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo, que concluyó con el rechazo del siniestro e interpuesta la pretensión en dichos términos, aquel había optado por la acción sistémica.

No obstante, indica que el tribunal de trabajo ponderó en su pronunciamiento que el actor hubo de deducir como pretensión principal una acción de daños y perjuicios.

En relación con esto último, agrega que también fue contradictorio el razonamiento empleado en el fallo de grado. Así, refiere que del propio relato de antecedentes que contiene la sentencia, surge que los jueces de la instancia inferior reconocieron que el demandante reclamó que «.se condene a la accionada a abonarle las prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos del trabajo, así como la indemnización por daños y perjuicios.». También, que en otro pasaje del fallo se consignó que «el actor peticiona que se declare responsable a la demandada autoasegurada en los términos del art. 14.2.a de la ley 24.557, con los alcances previstos en la ley 26.773 (fs. 27). Sobre esa base peticionó, asimismo, que se declare a la accionada civilmente responsable del daño que padece.».

II.2.Luego, controvierte la definición del tribunal de grado en cuanto consideró innecesario expedirse acerca del planteo de inconstitucionalidad introducido por el actor respecto del art. 4 de la ley 26.773, así como de la defensa ensayada por la demandada en relación al mentado precepto. En ese orden, despliega distintos argumentos tendientes a defender la validez constitucional de la mencionada norma.

II.3. Por último, y a todo evento, para el caso de que no prospere el recurso, peticiona que los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96 que fueran incluidos para determinar el porcentaje de incapacidad, no sean considerados para cuantificar el monto de condena, toda vez que corresponden al sistema de reparación sistémica.

III. El recurso prospera.

III.1.a. En su escrito de inicio, bajo el título «objeto de la presentación», el actor manifestó que concurría «.a iniciar formal demanda por indemnización por accidente de trabajo, tanto por prestaciones e indemnizaciones que surgen del denominado régimen de reparación de los accidentes laborales y enfermedades profesionales (ley 24.557 y modificatorias, decreto 1694/09, ley 26.773, reglamentarias y modificatorias) como consecuencia de los hechos que se relatan infra, con más los daños y perjuicios derivados de las afecciones que se ventilan (art. 19 Constitución Nacional, arts. 1.757, 1.710, 1.716 y ccs. del Código Civil y Comercial de la Nación).» (fs. 22 vta.). En la misma pieza -en lo relevante- planteó la inconstitucionalidad de diversas normas del universo que rodea a la ley 24.557, entre ellas -vale destacar- la del art. 4 de la ley 26.773 en cuanto establece la denominada «opción excluyente», que en su criterio implica un «retroceso» pues impide al trabajador percibir la reparación tarifada y aspirar a una sentencia que reconozca el daño mayor (v. fs. 45/50). Más adelante, practicó una liquidación de las prestaciones dinerarias reclamadas conforme la ley 24.557 y complementarias (v. fs. 69 vta.in fine/71). En un posterior pasaje, siempre en conexión con las tachas de inconstitucionalidad desplegadas a lo largo de la presentación, refirió que «.la presente acción también reposa en la reparación integral de las afecciones.» (fs. 71 vta.), con lo que expuso valoraciones acerca de los presupuestos de atribución de responsabilidad civil y justipreció el resarcimiento de los daños (v. fs. 71 vta./81).

En el escrito de contestación de la demanda, oponiéndose al progreso del reclamo, la Fiscalía de Estado, entre varias consideraciones, efectuó una defensa fundada en el art. 4 de la ley 26.773. Ya en el marco del régimen de infortunios laborales, sostuvo la ausencia de la causalidad requerida para atribuir la patología en reclamo al infortunio a las tareas laborales. Seguidamente, planteó la improcedencia de la acumulación de acciones, y con ello, la de la acción fundada en el derecho civil, sustentó tal postura -nuevamente- en lo reglado en el mentado art. 4 de la ley 26.773, precepto que en otro segmento del escrito fue motivo de defensa en términos constitucionales. Vale destacar que, a su vez, a todo evento, aseveró que no se verificaban los requisitos legales invocados para la procedencia de la acción civil incoada subsidiariamente (v. fs. 103 y sigs.).

III.1.b. De lo expuesto, surge con claridad que la esencial motivación del a quo que expresa que «el trabajador ha deducido como pretensión principal una acción de daños y perjuicios fundada en el sistema de responsabilidad regulado por los arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial.» (apdo. 3.b., segundo párr.de la sentencia), luce extraviada de los términos en que quedó trabada la relación procesal, en tanto no se compadece con el modo en que fue diseñado el reclamo en el escrito de demanda y su consecuente oposición por la contraria.

De suyo que dicha falencia no es un yerro menor en el caso; antes bien, evidencia una violación al principio de congruencia invocado como transgredido en la impugnación traída a esta sede extraordinaria (arts. 47, ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC). Es que puede observarse que fue a partir de esa errada lectura del escrito inaugural del proceso -y sin análisis alguno de la defensa esgrimida por la accionada- que el órgano judicial de grado entendió que correspondía liminarmente analizar si conc urrían los presupuestos de la responsabilidad reglados en las normas del digesto civil y comercial, agregando con posterioridad -junto a otras consideraciones formuladas de manera algo alternativa- que en la medida en que se hallaban acreditados aquellos recaudos propios de la responsabilidad civil, y así determinada la procedencia de la acción de esa naturaleza, «no habría de producirse en el caso la acumulación de resarcimientos prohibida por dicho precepto legal, tornándose innecesario ingresar a efectuar su control de constitucionalidad».

No es ocioso recordar que esta Corte reiteradamente ha señalado que el referido postulado procesal de la congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 117.223, «Santore», sent. de 19-II-2015; L. 119.668, «Díaz», sent. de 21-X-2016 y L. 118.803, «D., J. R.», sent.de 13-XII-2017).

También ha expresado que transgrede el citado principio el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en demanda y contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (causas L. 118.117, «Reynoso», sent. de 14-X-2015 y L. 118.644, «Maguna», sent. de 11-II-2016).

III.1.c. Con todo, corresponde revocar la sentencia atacada en cuanto hizo lugar a la acción promovida y condenó al Fisco provincial al pago del resarcimiento integral de daños y perjuicios con sustento en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración y renovación de los actos procesales pertinentes, resuelva la contienda de acuerdo con lo que aquí se dispone y atendiendo las concretas pretensiones y defensas de las partes.

III.2. La solución propuesta me exime de analizar las restantes argumentaciones traídas por el interesado.

IV. En virtud de lo expresado, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el punto III.1.c. del presente. Las costas se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión tratada y la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, con diferente integración y renovación de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.

Las costas se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión tratada y la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 «c»; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:31:59 – KOGAN Hilda – JUEZA

Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:16:23 – GENOUD Luis Esteban – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:27:56 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:10:07 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:25:41 – DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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