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#Fallos Organizador de un viaje de estudios es responsable por las lesiones sufridas por un menor que cayó de un tobogán mientras realizaba una actividad

Partes: A. O. c/ Nueva Chevalier S.A. s/ ordinario – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: IX

Fecha: 18 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138440-AR|MJJ138440|MJJ138440

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – CULPA DE LA VÍCTIMA – INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD – DAÑO PUNITIVO – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – RESPONSABILIDAD OBJETIVA – PRUEBA

Responsabilidad del organizador de un viaje de estudios por las lesiones padecidas por un menor al caer de un tobogán mientras realizaba una actividad. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

 

 

 

 

Sumario:
1.-La prueba de una culpa o negligencia de la víctima recaía sobre la demandada, dado que la aplicación del régimen de defensa del consumidor implica la responsabilidad objetiva a su cargo.

2.-Debe rechazarse la culpa de la víctima, ya que en modo alguno las declaraciones testimoniales dan cuenta de una negligencia o conducta culpable por parte del actor; más bien refieren a que, siguiendo instrucciones del coordinador en relación a la posición de sus brazos, se deslizó por un tobogán empinado que carecía de baranda.

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3.-Es una modalidad habitual en los viajes de estudios la arenga continua de coordinadores para que los estudiantes participen en todas las actividades y ello tuvo como riesgo implícito la exigencia física.

4.-El solo manifestar que la incapacidad física es improcedente no es un agravio en sí mismo que pueda habilitar la vía de control en la sede de apelación.

5.-El juez ha hecho lugar a los daños punitivos sin reparar en que éstos fueron recién solicitados al momento de alegar y sin tener en cuenta que se trata de un punto que exige amplitud de debate y prueba, conforme ello ha violado el derecho de defensa de la punida y ha relevado -a quien solicita la imposición- de la carga de probar los extremos fácticos concretos que respecto de esta demandada justificarían la eventual pena.

Fallo:
En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil veintidós, se reunió en acuerdo público la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Novena Nominación, integrada por los Dres. Jorge Eduardo Arrambide, María Mónica Puga y Verónica Francisca Martínez, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados «A. O. contra NUEVA CHEVALLIER S. A. (BUEN VIAJE) – Ordinario – Daños y Perjuicios – Otras formas de Responsabilidad Extracontractual», Expte. Nº _, venidos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación deducidos por la parte actora, la demandada y la citada en garantía, en contra la sentencia número cuarenta y cinco de fecha veintisiete de abril de dos mil veinte, dictada por el Sr. Juez del Juzgado de primera instancia y 45ª Nominación Civil y Comercial, Dr. Héctor D. Suárez, cuya parte resolutiva textualmente dice: «1.- Rechazar las Excepciones de Falta de Acción y Prescripción interpuesta por la demandada NUEVA CHEVALLIER SA (BUEN VIAJE). 2.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por A.O, DNI. en contra de NUEVA CHEVALLIER SA (BUEN VIAJE), y condenar a esta última para que en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, abonen a la accionante la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco, comprensivo de: Incapacidad Física ($81.255), Daño Moral ($100.000), Gastos ($12.000), y Daño Punitivo ($50.000), A las sumas apuntadas deberá aditarse un interés del 2 % nominal mensual con más Tasa Pasiva del B.C.R.A desde la fecha en que se reconocen, hasta su total y efectivo pago. Se hace saber a la demandada que al día de la fecha, el total adeudado (capital más intereses), asciende a la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 07/00 ($698.952,07). 3.- Hacer extensiva la condena a la citada en garantía SAN CRISTOBAL MUTUAL DE SEGUROS GENERALES en los términos del art.118 de la LS. 4.- Imponer las costas a los demandados y a la Citada en Garantía por resultar vencida (Art. 130, C. P.C.), con excepción de los honorarios de los letrados de la demandada y Aseguradora que son por su orden. 5.- Regular los honorarios del Dr. Santiago Macías en la suma de Pesos.con ./00 ($ .). No se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Daniel I Bas y Pedro De Arteaga, hasta tanto lo solicite (art. 26 CA a contrario sensu). 6.- Fijar los honorarios de los Peritos Oficiales Dr. Carlos Eduardo Kolker (Perito Médico Traumatólogo), y Cr. Pablo Ariel Reynafé (Perito Contador) a favor de cada uno de ellos en la suma de Pesos. con ./100 ($.). Asimismo, en relación al Perito Contador deberá aditarse la suma de Pesos.con ./00 ($.) en concepto de aportes previsionales a cargo de terceros. La resolución deberá ser notificada a la Caja correspondiente, a efectos del art. 7 inc. 2 de la Ley 8.349, a cargo de la actora.- Regular honorarios del Perito de Control Dr. Miguel Mangupli en la suma de Pesos.con ./100 ($.), los cuales son a cargo de su mandante. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA».- Que el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1.- ¿Resulta procedente el recurso intentado?

2.- En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Que efectuado el sorteo de ley se fija el orden de la votación en la siguiente forma: 1.- Dra. María Mónica Puga; 2.- Dr. Jorge Eduardo Arrambide; 3.- Dra. Verónica Francisca Martínez.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. MARIA MÓNICA PUGA DIJO:

I).- Que en contra de la resolución cuya parte resolutiva hemos transcripto más arriba, la actora, la demandada y la citada en garantía interpusieron recurso de apelación, los que fueron concedidos por decretos de fecha 24.08, 27.08 y 03.09 del año 2020.Elevadas las actuaciones, radican ante esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

II).- En presentación de fecha 21 de abril de 2021, el letrado de la actora, Dr. Santiago Macías, expresa agravios. Se queja de que el a quo haya interpretado que solo se persigue la indemnización del lucro cesante que conlleva analizar únicamente una relación de carácter laboral, lo cual se contradice con la pretensión de demanda que se ve reflejada en la suma de pesos reclamada. Cita jurisprudencia. Recuerda que el Sr. A. O. sufrió fractura en dos vértebras de su columna vertebral, con todas las implicancias y efectos que tienen estas lesiones por la función que cumple la columna vertebral en el cuerpo humano, siendo una de las tantas consecuencias de esta lesión permanente en sus vértebras incidir en su aptitud laboral y que afectará su libertad de elección de las ofertas de trabajo. Expone que debido a la condición social y económica del actor y su familia está predestinado a buscar trabajos en relación de dependencia y va de suyo que lo condicionará de por vida al no poder aprobar nunca un examen médico pre ocupacional. Añade que los trabajos a los que pueda acceder deberán ser acordes a la incapacidad que portará de por vida y que, por el otro costado, también se encontrarán disminuidas sus capacidades de interactuar en su vida de relación familiar, social y deportiva, cuestiones que el a quo omitió valorar. Que le agravia que el a quo considere el lucro cesante como único parámetro para la indemnización, y que el valor indemnizatorio no cumple con la reparación debida.

En su segundo agravio, cuestiona que el juez tuviera en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente al 27.12.2012, fecha en que se produjo el siniestro.Se queja del método que utilizó para aplicar la fórmula Marshall, sin tener en cuenta el contexto económico imperante, y de que se haya aplicado la fórmula abreviada (o simplificada) Las Heras – Requena, sin hacer la adecuación necesaria de sus variables. Expresa que es irrazonable el haber congelado el monto del salario mínimo vital y móvil tomando el vigente al momento de producirse el daño y al sostener un interés del 6 %. Agrega que su parte asumió la variable del 8 % al plantear la demanda, a sabiendas que trabada la litis se venía la etapa de conciliación obligatoria (a la que refiere haber concurrido con la voluntad de acordar y solucionar el conflicto) y con otra realidad económica. Señala que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dicho que en época de inflación la tasa debería variar de 0 % al 4 %. Cita jurisprudencia. Refiere, respecto a la variable «ingreso», que fue cristalizada al momento de producirse el evento dañoso; y que, según la jurisprudencia que cita, debe tomarse el valor del SMVyM vigente al momento de dictar la sentencia y no al valor del mismo al momento de producirse el daño. Acepta la aplicación de la fórmula Marshall (Las Heras -Requena o Vuotto) pero lo que le agravia es no haber tenido en consideración el perjuicio que ocasiona el congelamiento o cristalización de las variables analizadas, en el contexto de una economía inestable, con gran inflación y con una constante desvalorización de la moneda. Aduce que ello le llevó a plantear en el alegato, en el acápite «Variable de Ingreso», que se debía actualizar o tomar el sueldo que en ese momento el Sr. A. O. tenía por un trabajo de seis horas, acorde a su incapacidad.Adiciona que el valor del SMVyM en el momento del alegato continuó siendo el mismo que al momento que el a quo dictó sentencia y que los sectores del trabajo estaban reclamando un valor de $ 35.000, por la situación económica imperante y no caer la situación de pobreza. Expresa que la otra variable que solidificó fue la tasa de interés del 6 %, la que incide directamente en la tasa de descuento cuya finalidad quedó expresada (valor b). Concluye en que, con solo modificar la variable ingreso y mantener cristalizada la variable Tasa de Interés del 6 %, el cálculo daría: C = a x b; en la que a = 16.875 x 12 = 202.500 + 6 % = 214.650; la incapacidad asciende al 15 %; por lo que a = 32.197,5; b= 15,9500; y a x b = 32.197,5 x 15,9500 que determina que C es igual a 513.550,12.

Como tercer agravio, cuestiona que al rubro daño moral se estipula el interés desde la fecha de resolución y que ello es contradictorio con lo que él mismo a quo sostiene. Entiende que en el primer evento el actor sufrió el dolor y angustia, y perduró o menguó recién cuando tuvo una atención médica correcta y que ocurrió unos días después al ser atendido en la clínica de la ciudad de Bariloche. Sostiene por esta razón que los intereses deben ser desde el momento que se produce el daño y no desde la sentencia. Cita el artículo 1748 del CCCN.

En relación al cuarto agravio, se queda de la cuantificación del daño punitivo. Advierte sobre la gravedad del hecho, la cuantía del daño y resume en títulos:viaje de egresado, primer día de evento lesivo y la fractura de dos vértebras, un grave menosprecio hacia lo que sufrió, la omisión de ayudar económicamente con el costo de traslado del actor y su madre de Bariloche a esta ciudad y la indolencia demostrada hasta ahora por saber sobres las consecuencias físicas que sufrió. Formula que es contradictorio y agraviante que, por un lado, el juez califique de grave inconducta -lo cual lo vuelve doloso- y, por otro lado, la cuantificación del rubro, que se aproxima al valor actual de un viaje de egresado. Expone que otro hubiese sido el resultado si el a quo hubiera empleado una fórmula matemática, que le hubiera dado mayor claridad argumentativa y de esa manera tener estimativamente un valor que sea acorde a la finalidad que el legislador tuvo al crear dicha pena, que es la disuadir este tipo de conducta. Describe una fórmula y cita doctrina.

En presentaciones de fecha 26.04 y 11.05 del año 2021, la parte demandada y citada evacuan el traslado para contestar agravios.

III).- En presentación electrónica de fecha 31.05.21, la demandada, a través de su apoderado, expresa agravios. En un primer agravio, sostiene que la responsabilidad recae sobre el propietario o dueño del predio denominado «El Viejo W», ubicado frente al lago Gutiérrez, donde todo el c ontingente pasó ese día para proseguir luego rumbo a Bariloche, destino final del viaje de estudios. Añade que el sentenciante omitió considerar la responsabilidad que en esta materia recae sobre los dueños (o guardianes) del predio o parque de diversiones por las eventuales lesiones que pudiere padecer el menor. Cita jurisprudencia. Destaca que su representada señaló defensivamente que existía culpa de la víctima (menor) al no adoptar las sugerencias que le fueron dadas al grupo estudiantil para el uso del juego en ese parque y que, aún en ese supuesto, no puede responsabilizarse a la demandada Nueva Chevallier S. A. por las consecuencias de los daños físicos padecidos por el menor.Agrega que se trata de un caso de culpa de la víctima, o bien un caso fortuito y que la víctima debió demostrar la existencia de tal riesgo (juego de niños) y el perjuicio. Refiere que el parque «El Viejo W» es un lugar de encanto y disfrute para los contingentes estudiantiles siendo plenamente reconocido y que el juego en el cual se lesionó el accionante es totalmente básico y sencillo, lo que fue indicado por los propios testigos ofrecidos por el actor.

En el segundo agravio, refiere a las declaraciones testimoniales rendidas por E. M. G., G. G. y S. F. y la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Entiende que son insuficientes para hacer lugar a la demanda y resultan coincidentes con la defensa articulada por la demandada en cuanto existió negligencia o culpa de la propia víctima en la producción del acontecimiento. Menciona la declaración de la testigo E. M. G., quien señalara que no lo vio al actor cuando cayó. Entiende que, respecto a las testigos G. G. y S. F., la interpretación semántica permite sostener que el accionante se cayó; es decir, sufrió un accidente no imputable a la demandada Nueva Chevallier SA, tratándose de un evento encuadrable en un caso fortuito por el que no debe responder civilmente dicha sociedad. Alude a los principios de la sana crítica y la experiencia al advertirse que los integrantes del curso se tiraron por ese tobogán y a ninguno le ocurrió nada; que solo el accionante padeció daños. Atribuye a la sentencia una fundamentación aparente, pretendiendo justificar los dichos de los testigos como respaldatorios de derechos del demandante, siendo que, por el contrario, avalan la postura legal de su mandante. Invoca jurisprudencia.Reconoce que la Ley 24240 (LDC) abrió un nuevo escenario de responsabilidad, pero que no alcanza cuando el daño no resulta del vicio o riesgo propio de la demandada sino algo que le es totalmente ajeno; que el obligado al deber de seguridad fue el titular del predio denominado «El Viejo W». Expone que la responsabilidad contractual no abarca todas las acciones de un menor, y tampoco las consecuencias encuadrables en caso fortuito (como ilícitos, etc.) y que una visión sobreprotectora del usuario/consumidor provocaría una inadmisible extensión de responsabilidades. Expresa que la sentencia se equivoca cuando le achaca a su representada inactividad probatoria; y que, sin embargo, la propia prueba testimonial rendida en autos (particularmente de G. G. y S. F.) da la razón a la demandada en su argumentación defensiva. Refiere que la sentencia nada dice sobre cómo el grupo utilizó dicho juego sin inconveniente alguno (no hubo ningún otro lesionado) e incluso, que se rieron luego de la caída de A. O.; que ello evidenció que el juego era, precisamente, para divertirse, pasarla bien entre amigos, compañeros de curso. En relación al art. 5 LDC insiste en que el deber de seguridad recae en «El Viejo W» (titular) que fue el prestador del servicio de juegos. Agrega que los integrantes del grupo -cita en este sentido a la testigo G. G. quien expresó que el accionante se tiró antes que ella- utilizaron el juego por lo que resulta un absurdo sostener que el juego no estaba en condiciones previsibles o normales de uso o que presentare algún peligro para la integridad física de sus usuarios. En definitiva, pide que se anule el fallo dictado por el sentenciante, disponiéndose el rechazo de la demanda, con costas.

Que, en un tercer agravio, pide el rechazo de:a) La suma fijada en concepto de incapacidad física ($81.255) por improcedente; b) La cantidad de $100.000 en concepto de daño moral, por abusiva, excesiva y no guardar relación con las bases del caso, lo que se traduce hoy en un importe desproporcionado, inaceptable al sentido común; c) La suma de $50.000 en concepto de daño punitivo. Pide la anulación de este rubro en tanto que lo entiende arbitrario e improcedente en derecho. Aduce que su mandante contrató un seguro para ese viaje con San Cristobal Seguros interviniente -citado en garantía en estos obrados-; y que las pólizas son principalmente para emergencias y/o gastos de cuantía limitada. Se pregunta por qué se condena a Nueva Chevallier S.A. al pago de daño punitivo si ha cumplido íntegramente con sus obligaciones como prestador del servicio de viajes contratado y así contrató un seguro con una reconocida entidad aseguradora.

Por medio de la presentación de fecha 14.06.21 la parte actora contesta los agravios de la parte demandada.

IV).- En el escrito electrónico del 07.07.21, la aseguradora San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales expresa agravios. Acuerda a cuanto expresa sobre el particular la demandada Nueva Chevallier S. A. en los dos primeros agravios de su escrito de expresión, solicitando se los tenga por íntegramente reproducidos. Además, agrega que de las propias fotografías adjuntadas por el demandante surge con extrema claridad que el tobogán no era empinado ni mucho menos; que surge de las testimoniales que en ningún momento fueron obligados a subir al mismo, que también sus compañeros dijeron que el único que se golpeó fue él y que la única reflexión válida es que si al joven A. O. le parecía que era un juego peligroso o que no tenía la habilidad, destreza o preparación, no debió hacer ese juego.Expone que nadie puede sostener válidamente que se puede obligar a un joven de esta edad a subir a un tobogán o participar de cualquier otro juego contra su voluntad o bien indicarle cómo hacerlo. Formula que también pudo proceder como lo hizo su compañera G. G., quién decidió tirarse despacio, muy lentamente y no tuvo el más mínimo inconveniente ni consecuencia de ninguna índole (testimonio de fs. 150 de autos).

En un segundo agravio, cuestiona a la Sentencia en cuanto concede indemnización al joven A. O. equivalente al cien por ciento de lo que resulta de la aplicación de la fórmula Marshall como si efectivamente se hubiera comprobado que el actor ha sufrido, sufre o sufrirá esa pérdida efectiva de ganancias. Destaca que el perito oficial, Dr. Kolker, sostuvo que a la fecha de la pericia el actor podía realizar una actividad laboral normal, más allá de poder realizar también cualquier actividad física y/o deportiva. Pide que se revoque la condena y que sólo en hipótesis subsidiaria se admita como pérdida de chances. Cita jurisprudencia, la que transcribe. Luego, sostiene que la cifra concedida por daño moral excede holgadamente la entidad del padecimiento efectivamente probado y que A. O. rápidamente se restableció totalmente, incorporándose sin ninguna limitación al mercado del trabajo y pudiendo desarrollar también normalmente cualquier actividad física y/o deportiva. Añade que tales fueron las conclusiones del perito médico oficial, sin cuestionamiento alguno del actor. Agrega, en relación al daño punitivo, que no fue reclamado al momento de promoverse la demanda y no ingresó dentro del marco infranqueable de la litis y su traba y que, más allá de haber sido pedido en el alegato, nunca pudo ser admitido sin que se vulnere gravemente el principio de congruencia; y al mismo tiempo, se afecten de manera inaceptable los derechos de defensa, igualdad ante la ley y propiedad, todos ellos objeto de tutela insoslayable en nuestra Carta Magna.Pide, entonces, que se proceda al total rechazo de este rubro introducido de manera totalmente extemporánea, con costas al actor. Asimismo, indica que la póliza objeto del contrato entre actora y demandada no ampara el daño punitivo contemplado en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor que se trata de una sanción, multa o pena de carácter personal aplicada exclusivamente en cabeza del proveedor por el Juez en favor del consumidor. Invoca el art. 112 de la ley 17418. Formula reserva.

A su turno, en fecha 02.08.21, la actora evacuó el traslado de los agravios de la aseguradora que fue citada en garantía.

V).- La Fiscal de las Cámaras en lo Civil, Comercial y del Trabajo, presenta dictamen en fecha 08.09.21.

VI).- Por razones de orden lógico, serán tratados en primer término los recursos de la demandada y la citada en garantía, para luego considerar los de la actora.

VI.1).- Recurso de la demandada Nueva Chevallier En sus agravios esgrime la responsabilidad del propietario del predio «Viejo W», hace un confronte con las testimoniales que acreditarían negligencia o culpa de la víctima y, asimismo, cuestiona la procedencia y cuantificación de los daños (incapacidad física, daño moral y punitivo). a) La demandada introduce una defensa -la de la responsabilidad del propietario del predio Viejo W- que no había sido invocada ni en su contestación ni en los alegatos.

Esta circunstancia implica, por sí misma, que no pueda ser tratada en los agravios por afectación al principio de congruencia y al derecho de defensa.

Es recién en esta instancia de apelación que la demandada atribuye responsabilidad al propietario de Viejo W -tercero ajeno a la relación contractual- sin haber sido materia de la litis ni objeto de prueba alguna.

Asimismo, pretende en esta oportunidad cuestionar la aplicación del régimen de Defensa al Consumidor -con base en el argumento de la responsabilidad de dicha tercera-, no obstante que la actora había invocado la normativa en la misma demanda (punto 7, fs. 7), sin que en su contestació n de demanda nada dijera. Por lo antedicho, y al no haber fundamentación en los agravios que pretenda cuestionar la aplicación del régimen de defensa al Consumidor por un motivo diverso al antedicho, tenemos como incólume este segmento de la sentencia.

Cuestión diversa a lo hasta acá dicho es que la demandada considere la posibilidad de accionar en contra de ese tercero -predio Viejo W- al entender, en su caso, que había alguna deficiencia en las instalaciones. Pero en modo alguno ello tiene relación con el vínculo entre las partes que conforman esta litis.

También en este agravio la demandada refiere a que no puede achacársele una culpa in vigilando, si el juego no revestía peligrosidad y ni siquiera le pertenece. Nuevamente, con esta afirmación elude confrontar el eje de la condenación a su parte, esto es, la aplicación del régimen de defensa al consumidor por el vínculo contractual que la unía a la actora. Asimismo, se trata de una expresión genérica sin sustento probatorio.

Igualmente cuando pretende la inversión de la carga probatoria, pretendiendo que sea la víctima la que probase un riesgo del juego. Sobre eso vuelve en el segundo agravio. La prueba de una culpa o negligencia de la víctima recaía sobre la demandada, dado que la aplicación del régimen de defensa del consumidor implica la responsabilidad objetiva a su cargo, y como dijimos, esto no ha sido rebatido. b) En el segundo agravio, la demandada analiza los testimonios para concluir que demuestran la negligencia o culpa de la víctima. Se basa en que la jueza omite considerar que el resto del contingente utilizó el juego sin problemas y que hasta se rieron luego de la caída. Todo lo cual, dice, evidenciaba que se trataba de un juego para divertirse.Sostiene que la LDC no es suficiente si el daño resulta del deber de seguridad (se entiende, deber de seguridad que le enrostra al propietario del predio, cuestión que quedó desestimada en el agravio anterior). También afirma que el art. 5 LDC no recaía en Chevallier sino en Viejo W, prestador del servicio.

Al respecto, tal valorización de las declaraciones testimoniales es errada desde que los testimonios debieran revelar datos concluyentes en cuanto a actos negligentes del afectado para conseguir que el hecho de la víctima hubiere interrumpido total y completamente el nexo causal de manera inequívoca. No es lo que revelan las constancias de autos, sin que tal apreciación de la demandada consiga desvirtuar la responsabilidad objetiva de la que es pasible por el régimen de la LDC.

Como bien estipula la sentencia, en argumento no controvertido idóneamente, en la especie rige el art. 5 de la LDC según el cual «las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios».

En efecto, en modo alguno las declaraciones testimoniales dan cuenta de una negligencia o conducta culpable por parte del actor. Más bien refieren a que, siguiendo instrucciones del coordinador en relación a la posición de sus brazos, se deslizó por un tobogán empinado que carecía de baranda (es lo que se advierte en la fotografía de fs. 40). Asimismo, al caer lo hizo en una superficie más bien dura, mezcla de tierra y algo de barro.Además, las declaraciones son contestes en que la caída del actor fue en el marco de un juego en el que cada persona del contingente debía participar, y alentados por los coordinadores a ello.

Es de público conocimiento que es una modalidad habitual en este tipo de viaje de estudios -la arenga continua de coordinadores para que los estudiantes participen en todas las actividades- y que de acuerdo a las circunstancias del caso -edad y contexto en que se realizó el viaje- ello tuvo como riesgo implícito la exigencia física. El relato se condice con las características típicas de las experiencias que deben vivenciar los estudiantes egresados y eso es justamente lo acreditado en autos.

Las razones ya expuestas indican a la vez la improcedencia del argumento relativo al art. 5 de la LDC, según el cual debería aplicarse el criterio de ponderación sobre la responsabilidad al dueño de Viejo W. Cabe remitir a los mismos argumentos antedichos al tratar el punto VI.1), a), que precede. Finalmente, debe recordarse que, en todo caso, la cuestión hace a la naturaleza de la responsabilidad solidaria comprometida, marco en el cual ese tipo de vínculo tutela con absoluta flexibilidad el ejercicio de la acción que se le concede a la víctima (doctrina que informa el art. 827 in fine del CCyCN). c) En relación al tercer agravio, la demandada cuestiona por improcedente el monto concedido por incapacidad física, el otorgado por daño moral por abusivo, y el correspondiente al daño punitivo. Respecto a este último, afirma haber cumplido con su obligación como prestador de servicio de viajes.

Debe señalarse que es tarea del apelante indicar y contradecir las razones que motivaron al a quo a resolver como lo hizo, no siendo suficiente para ello la simple disconformidad o el desacuerdo. En los presentes, más allá de lo que respecto del daño punitivo se considera en esta decisión, a mérito del recurso de su litisconsorte pasivo, corresponde en rigor declarar desierto estos puntos del recurso.El demandado apelante sostiene su discrepancia con lo resuelto y, para hacerlo, intenta una ponderación crítica de la decisión sin refutar las razones expuestas, ni referir a su consideración en cada aspecto señalado. Es que la expresión de agravios no es una fórmula carente de sentido y por más que tengamos un criterio amplio, existe un mínimo de técnica exigible en tanto es el acto que define la habilitación de la instancia y los límites sobre los que debe expedirse la segunda instancia. Es decir, reviste la calidad de antecedente lógico necesario para el juicio de la Cámara. Si la expresión de agravios no incorpora una crítica seria y concreta de la sentencia y las razones de la a quo, se mantiene indemne y la Cámara carece de materia sobre la que expedirse. La doctrina ha sostenido respecto de la apelación que «No bastan apreciaciones genéricas o desvinculadas de las consideraciones esenciales de la sentencia, ni las citas doctrinarias y jurisprudenciales sin indicación de su atingencia al caso» (Azpelicueta – Tessone «La Alzada», Ed. Librería Editora Platense S.R.L., Bs. As., 1993, pág. 25).

El planteo carece de suficiencia técnica en su proposición. En efecto, el solo manifestar que la incapacidad física es improcedente no es un agravio en sí mismo que pueda habilitar la vía de control en la sede de apelación. El apelante debía apuntar a la estructura argumental del fallo, confutarla, y en el presente sólo se afirma que la condena le perjudica. En cuanto al daño moral, ocurre lo propio; ni siquiera se citan precedentes jurisprudenciales para confrontar un monto que considera excesivo, ni se indica por qué las afectaciones espirituales ponderadas relacionadas al monto concedido resultaría arbitrarias, más aún cuando se trata de un rubro que compromete facultades judiciales para asignar compensaciones sustitutivas del padecimiento espiritual que ha sido relevado (art.1741 in fie, CCyCN). Finalmente, el daño punitivo tampoco es impugnado en lo que respecta a sus elementos, siendo insuficiente la alegación de haber cumplido con sus obligaciones como prestador de servicio. Nada dice para controvertir el fundamento de la sentencia de falta de trato digno hacia el consumidor, tampoco en punto al cumplimiento de las obligaciones como prestador de servicio, ni a la base fáctica ya analizada que da cuenta de lo contrario. Las quejas merecen ser declaradas desiertas.

VI.2).- Recurso de apelación de aseguradora citada en garantía a) La citada manifiesta su adhesión a los dos primeros agravios de la demandada, por lo que se remite a lo resuelto al tratar esos agravios (puntos a y b del considerando VI, 1). b) En lo que hace a su primer agravio autónomo, critica lo decidido teniendo en cuenta que el perito sostuvo que el actor podía trabajar y realizar cualquier actividad física y/o deportiva. Por lo cual, entiende, no había prueba para la condena por incapacidad, y que en todo caso -en subsidio- debiera reconocerse como chances y reducirse al 30 % con más intereses desde la fecha de la sentencia por tratarse de una indemnización anticipada.

En otro aspecto del agravio, se queja del daño moral por excesivo y del daño punitivo por no haber sido reclamado en demanda, ni tratarse de un hecho nuevo que amerite su concesión. También cuestiona la condenación en costas en punto al daño punitivo ya que la póliza no la comprende por tratarse de una sanción personal (art. 112, ley 17418). c) Respecto a la queja por daño moral, debemos achacarle a la citada en garantía igual defecto de argumentación que a la demandada: la simple disconformidad no alcanza para conformar un verdadero agravio y se rechaza por insuficiencia técnica en la articulación recursiva.No existe ninguna crítica fundada acerca de cómo fue integrada la condena y de porqué en esa composición lo otorgado luce excesivo más allá de la mera adjetivación que intenta, tampoco arrima alguna situación análoga con asignaciones distintas para confrontar y demostrar lo indebido de lo otorgado.

Diferente es la situación respecto de la queja por los daños punitivos, la que sí procede porque existe violación al principio de congruencia.

En efecto, el Sr. Juez de la instancia anterior ha hecho lugar a los daños punitivos sin reparar en que éstos fueron recién solicitados al momento de alegar y sin tener en cuenta que se trata de un punto que exige amplitud de debate y prueba, conforme ello ha violado el derecho de defensa de la punida y ha relevado -a quien solicita la imposición- de la carga de probar los extremos fácticos concretos que respecto de esta demandada justificarían la eventual pena.

Esta Alzada reiteradamente ha ponde rado que conforme el art. 52 bis de la LDC se reclama para aplicar la punición al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales, que se verifique «gravedad en el hecho» y que se ponderen las «demás circunstancias del caso». Explicita la doctrina que se debe relevar «una conducta particularmente grave» (Glannon, Joseph E., The law of Torts, citado por PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A.; «Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada»; 1ed.; Buenos Aires; La Ley; 2009, en nota 1309, pág. 593). Igualmente, se dice que «solo deberían proceder en caso de dolo o culpa grave del responsable o de sus dependientes, administradores o representantes» (PIZARRO, Ramón Daniel, «Daño moral», Buenos Aires, Hammurabi, 1996, p. 484). Por fin, Félix Trigo Represas comenta la doctrina extranjera y explica que «Salvador Coderch apunta que en el derecho anglosajón por lo general no se conceden punitive damages en casos de simples negligencias» y lo cita en «Punitive damages» en «Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid», Nº 4, p.245 (el autor en «La Responsabilidad Civil en la Nueva ley de Defensa del Consumidor», LA LEY 03/05/2010 y L.L. 2010-C, 878).

Una lectura sistemática del art. 52 LDC permite tener presentes notas típicas, sobre las que en general hay consenso en la doctrina, a saber: a. la gravedad de la falta; b. la situación particular del dañador, especialmente en lo relacionado a sus ingresos, ganancias o fortuna; c. los beneficios procurados u obtenidos con el ilícito; d. la posición del mercado; e. el carácter antisocial de la conducta desviada; f. la finalidad disuasiva futura perseguida; g. la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta la falta; h. el número y nivel de empleados comprometidos en la falta de conducta (conf.: Pizarro, Ramón D., «Daños punitivos», en «Derecho de Daños», segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 291/292; este autor y STIGLITZ, Rubén S. en «Reformas a la ley de defensa del consumidor», La Ley, 2009-B, p. 94; LÓPEZ HERRERA, Edgardo, «Daños punitivos por trato discriminatorio al consumidor», APBA 2009-9-1026 (Lexis Nº 0003/800748 ó 0003/800756, p. 3); PICASSO, Sebastián, «Los ‘Daños Punitivos’», en PICASSO, Sebastián y VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (directores), ob. cit., v. 1, pp. 933-633; BUERES, Alberto J. «Los ‘Daños Punitivos’», en PICASSO y VAZQUEZ FERREYRA, op. cit., pp. 633- 641; MAYO, Jorge, «La inconsistencia de los daños punitivos», La Ley, 2009-B, 1269 y ss.).

Todos estos aspectos, o al menos alguno de ellos, debieron ser objeto de prueba y debate por las partes para procediera el rubro en cuestión inscribiendo el presente hecho en una serie reiterada de conductas típicas endilgables a quien debe soportar la imposición. Por lo tanto, el pedido de los daños punitivos en los alegatos, y su ulterior concesión por parte del a quo, sin dudas, produce afectación del derecho a debatir la efectiva existencia de sus presupuestos de procedencia y justifica la revocación de la sentencia en este punto.Se ha privado al profesional proveedor de bienes y servicios de la posibilidad de discutir la entidad de la conducta que a él se le atribuye, la reiteración de la misma como esquema de desempeño dañoso en contexto de la actividad de servicios que despliega, así como el monto de la condena que por tal conducta se propuso.

El daño punitivo fue incorporado en la ley a modo de daño, más allá de su naturaleza sancionatoria, por lo cual su procedencia depende de la petición expresa de la parte. Reparemos en que no se trata de una sanción que el Juez pueda disponer como director del proceso ante la falta cometida por las partes o sus letrados en orden a su tramitación. En el caso del daño punitivo referimos a una punición que dispone la ley sustancial en cuanto al orden en que se verifican las relaciones jurídicas de las personas en sus relaciones de consumo. Su admisión no es automática frente a un incumplimiento cualquiera, aunque la ley no detalla demasiado sobre el punto. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han indicado las condiciones para la procedencia del daño punitivo, de modo que, necesariamente, se trata de un rubro que debe ser planteado oportunamente para que la contraria tenga oportunidad de debate y prueba. De otro modo, estaríamos sorprendiendo a una de las partes al admitir un rubro que no fue demandado.

Así las cosas, el principio de congruencia nos impide considerar un rubro de la pretensión que recién se incorpora al momento de los alegatos. Cabe aquí destacar que la pretensión por daño punitivo incorporada en los alegatos no constituye un agravamiento del daño ni un hecho nuevo que pueda ser sumado una vez cerrada la etapa de introducción de las cuestiones.Al así hacerlo obstaculizó el derecho de defensa de la contraparte, negándole el derecho a ser oído contestando la pretensión y a ofrecer la prueba que desacredite los hechos en que se funda la pretensión.

Como sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán: «Viola el principio de congruencia, con afectación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio, la sentencia que condena al pago de rubros indemnizatorios y/o punitivos que no han sido reclamados en autos» (C.S. Tucumán, Sala Civil y Penal – 06/12/2011 – Borquez Juana contra Cía. de Teléfonos del Interior S.A. – La Ley 06/06/2012).

Por otro lado y sin entrar a considerar si en autos ciertamente están acreditadas conductas que justifiquen la aplicación de la sanción, la sola reclamación de la sanción no sería suficiente para su acogimiento. El a quo destacó que el peticionante no cuantificó su pretensión. Más allá de que tal conducta se presenta como una inaceptable maniobra para eludir, no sólo la oportunidad de defensa de su contraria, sino también la satisfacción de las gabelas de tasa de justicia sobre las que debe abonar (T.S.J., Sala Civil y Comercial – A.I. 138 – 12/08/2.019 – Varas Carlos contra AMX Argentina S.A. – Abreviado), se configura un claro incumplimiento a la manda del artículo 175, inciso 3, C.P.C.C.

La doctrina judicial de Córdoba ilustra que la designación con exactitud de la cosa demandada no puede hacerse sino mediante la indicación de una suma de su valor, o al menos como estimación provisional en aquellos supuestos dependientes de prueba o cuya determinación final se hayan acordado al prudente criterio del magistrado. Se dijo en la oportunidad que, solo de este modo se satisface la exigencia de la ley procesal, pero, fundamentalmente, se evita entorpecer el derecho de defensa (T.S.J., Sala Civil y Comercial, Sent. 04, 10/03/1987, Briggiler, Eldo Ezio y O.contra Municipalidad de Córdoba – Demanda).

Aún si no se entendiera así, deberíamos explicar que de todos modos el daño punitivo no podría hacerse extensivo al asegurador, pues se trata de penas que no integran la cobertura, que fueron expresamente excluidas de la extensión de la condena por la ley -salvo situaciones especiales- y porque su traslado a la responsabilidad a cargo del seguro dejaría sin efecto la finalidad de la pena, desinteresando al infractor y encareciendo indebidamente las pólizas.

En definitiva, el agravio procede en este aspecto. d) En lo que hace al agravio por la indemnización en razón de la incapacidad, será tratada al momento de hacer lo propio con el recurso de la actora en función de versar los agravios de cada parte sobre el mismo rubro. e) El agravio relativo a la condena en costas por el daño punitivo deviene abstracto, atento lo resuelto previamente respecto del rechazo del rubro.

VI.3).- Recurso de apelación de la actora a) Se anticipó al tratar el recurso de la citada en garantía que la coincidencia en el objeto de queja determinaba considerar ambos agravios en esta etapa. La solución que se defina alcanza entonces a ambos recursos.

La citada expone que el perito dictaminó que el actor podía trabajar y realizar cualquier actividad física y/o deportiva. Que, por ello, no procedía la condena por lucro cesante y en subsidio, solo como chances con reducción del 30% e intereses desde la fecha de la sentencia por tratarse de una indemnización anticipada.

Por su parte, la actora esgrime:que había pedido reparación integral y el a quo sólo concede como lucro cesante; que se congeló el SMVM al momento del daño más un interés del 6 % cuando había requerido un 8 % con la demanda, e indica que por ello la modificación en la variable «ingreso» elevaría el monto reconocido.

Al reparar en la demanda, encontramos que el actor recurre a la fórmula Marshall en base a una incapacidad certificada del 25% de la T.O. y menciona afectación en lo laboral como también en su aspecto vital. Asimismo, que cuantifica el rubro con un SMVM y una tasa del 8 % en $743.474. Ya en alegatos, se queja de que el perito oficial dictaminara un 15%, y destaca que la lesión se localizó en la columna vertebral (que mantiene y articula las posturas corporales). Que ello le provoca el tener que convivir con la plaqueta metálica en detrimento de su articulación, sin poder realizar ciertos movimientos ni hacer fuerza para levantar elementos de peso. Discrepa en el punto con el perito oficial y le achaca que no fundamenta su afirmación de que con esa lesión puede realizar deportes -sin especificarlos- y, asimismo, contradiciéndose con la incapacidad otorgada. Esgrime que no podrá realizar deportes de impacto que requieran contacto físico o sobrelleven carga axial en la columna, como suelen ser la mayoría de los ejercicios del gimnasio. También indica ciertas limitaciones a la hora de realizar un apto físico laboral y en cuanto a las tareas que pueda implicar una actividad laboral, describe su situación al momento de alegar (en un call center).

Al repasar el dictamen pericial (f. 207) se advierte que, efectivamente, el perito fue muy escueto en las respuestas, sin una fundamentación que avalara sus conclusiones.Cuando contesta los puntos periciales de la actora, se limita a vincular el porcentaje d e incapacidad del 15% al tipo de operación -artrodesis de T12, L1 y L2- y al responder a la pregunta de si puede realizar actividad física y/o deportiva, solo contesta «sí». Al contestar los puntos de la citada en garantía, cuando tiene que responder «descripción detallada de las lesiones y su nexo causal con el hecho» (punto b) señala «el actor sufrió fractura de la apófisis espinosa de la vértebra T12 y fractura aplastamiento de L1, como consecuencia directa (causa-efecto) del traumatismo sufrido». Sus demás respuestas tienen esas mismas características, no trasuntando mayor estudio de los antecedentes de autos o algún cuestionario más profundo de la situación de salud del actor. Tenía ese deber de contestar -en forma más exhaustiva- al punto pericial «h» de la citada, y solo contestó como ya había hecho antes (una simple mención del porcentaje de incapacidad y el tipo de lesión). Además, se advierte que el punto e) de la citada requería «Opinión médica y científicamente fundada en relación al tratamiento realizado al actor hasta la fecha, e incidencia del mismo en el estado actual del accionante como de cualquier patología que pudiera presentar el mismo ajena al siniestro, ya sea preexistente o posterior al hecho de autos». En su respuesta, el perito contesta: «Se considera que el actor cursa su patología consolidada, es decir, que no mejorará ni se agravará en función del tiempo, por lo que se considera en su grado de recuperación máxima. Se considera que el tratamiento instituido fue el correcto, acorde a las lesiones observadas».

Cabe insistir en que esta respuesta refiere una patología consolidada, la que «no mejorará ni se agravará en función del tiempo». Pero, más que tal mención, no hay mayor esfuerzo del perito en ampliar sus fundamentos.

Tiene razón la actora cuando achaca cierta contradicción al perito.Al ser una lesión en la columna, determina que -al menos- el dictamen es incompleto en la generalidad de los puntos de pericia.

Esto tiene relación con la queja de la actora en punto a que solicitó en la demanda la reparación por incapacidad vital. En el extremo opuesto, nos encontramos con la postura de la citada que sostiene que el rubro debe desestimarse por falta de prueba y, en subsidio, concederse como chance.

Esta Alzada ha sostenido en supuesto similar (MORALES, Lidia Carolina c/ EMPRESA SARMIENTO S.R.L. – Expte. nº 5361007 – Sentencia nº 41/2014 y posteriores en el mismo sentido) que debe admitirse el rubro lucro cesante por incapacidad sobreviniente aun cuando la actora no acredite trabajar ni percibir dinero por actividad alguna puesto que en estos supuestos la tarifación del daño tiene que apuntar a potencialidades vitales genéricas y para indemnizarlas debe hacer referencia a un valor básico salarial aunque el mismo no tenga relación específica con alguna actividad productiva concreta de la víctima. Por ello, la citada en garantía se equivoca cuando esgrime falta de prueba para el otorgamiento de la indemnización. Hubo una efectiva aminoración de sus posibilidades. Tampoco procede el pedido de reducción como chance, porque si no hay actividad actual sostenida que indique que el cercenamiento es hipotético, éste, como tal, debe admitirse.

En el caso del actor, se tradujo como aminoración de posibilidades de deambular y molestias por un buen tiempo desde el hecho mismo -cabe recordar que obtuvo el alta de la cirugía el 13.08.2014 (f. 182)- y así es que en esta última oportunidad el médico consigna: «trabaja sentado Leves molestias que se traducen en sensación de fatiga en el dorso». Luego, si bien hay falta de fundamentos del perito particularmente en lo relativo a la posibilidad de hacer deportes, ello no obsta a que sea cierta esa incapacidad vital dadas las circunstancias apuntadas y a que se trata de un porcentaje del 15% de una incapacidad consolidada.Estos cercenamientos productivos y en su vida de relación existen desde el accidente mismo.

Así las cosas, corresponde indemnizar la incapacidad en sus dos vertientes, tanto como lucro cesante como respecto a la merma en la plenitud del desempeño que la incapacidad produce -es decir, como incapacidad vital- y que ambas proyectan sus efectos tanto al pasado como al futuro, sin que merezcan calificarse por la sola circunstancia de que no afecten una actividad lucrativa presente al momento del hecho.

La base de cálculo para el lucro cesante pasado es la totalidad del SMVM y para el lucro cesante futuro la fórmula Marshall, claro está, con la proyección de guarismo incapacitante. La parte actora impugna que no se haya considerado la variación histórica del SMVM en el cómputo del lucro cesante. La queja es atendible, porque ello ya había sido planteado en alegatos y esa es la exigencia que esta Alzada ha indicado reiteradamente debe cumplirse para habilitar a que en la sentencia se distingan los tramos de devengamiento, apartándose de la alternativa de liquidar una indemnización que aplique la fórmula polinómica desde el hecho.

En efecto, la consideración a los fines indemnizatorios de la variación del SMVM torna conveniente realizar un cálculo desagregando los períodos devengados. Es fundamental aquí tener presente -como dijimos- que en autos esto fue objeto de solicitud expresa en la etapa de alegatos en la que la actora requiriera su actualización, por lo cual resulta procedente la crítica.

Sobre estas premisas, corresponde modificar la indemnización hoy reconducida como lucro cesante pasado, la que se deberá calcular sobre el salario mínimo vital y móvil, reducido de acuerdo al porcentaje de incapacidad establecido en el 15 %, siguiendo su evolución mensual desde la fecha del hecho lesivo (27.12.2012) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (27.04.2020). Así, se obtiene por capital indemnizatorio del lucro cesante pasado la suma de $101.696,92, conforme planilla que se adjunta a la presente resolución.Dicho monto devenga intereses, desde cada periodo mensual, conforme la tasa establecida en la primera instancia, lo que no fue motivo de queja.

En lo que respecta al lucro cesante futuro, éste debe recalcularse tomando aquellos parámetros de la fórmula Marshall establecidos por la Juzgadora que no fueron objeto de agravio. Entonces, corresponde tomar el SMVM de la fecha de sentencia -$16.875- reducido en el porcentaje de incapacidad del 15% -$ 2.531,25-, multiplicado por 12 meses, al que se le suma un interés puro del 6 % anual. Continuando con la aplicación de la fórmula, los períodos a indemnizar son 48 años (desde fecha sentencia primera instancia hasta los 72 años) que, en la fórmula abreviada, se traducen en el coeficiente igual a 15,6500. De conformidad con ello, el cálculo es el siguiente: $32.197,50 ($ 16.875 x 12 meses + 6 % de interés anual) x 15,6500 = $503.890,87.

Los intereses deberán correr desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta la fecha de su efectivo pago, a la tasa fijada por la a quo.

En lo que hace a la queja del apelante de la tasa de interés requerida -8 %- superior a la aplicada por la a quo, no indica cuál es el yerro de aplicar esa tasa menor y cómo se deprecia el capital de utilizarse la tasa menor. En rigor, resulta en los hechos todo lo contrario dada la función que el guarismo cumple en la fórmula polinómica.

En conclusión, se recibe el agravio de la actora y se modifican los cálculos indemnizatorios en la forma indicada precedentemente. Asimismo, se da respuesta al agravio de la citada, que se rechaza.b) Cuestiona, asimismo, el interés sobre el rubro daño moral, que el a quo aplica desde la sentencia y no desde el hecho como su parte pretende.

Al revisarse tanto la demanda como el alegato de la parte actora, la petición es «con más intereses». Asimismo, cabe destacar que la jueza otorgó el monto pretendido por el actor ($100.000). En el daño moral, los intereses corren desde la fecha del acaecimiento del hecho dañoso (art. 1748, CCyCN). Si el responsable omitió satisfacer su obligación resarcitoria, los intereses generados son el resultado de su incumplimiento y corresponde que tal consecuencia sea asumida por el incumplidor. Por otra parte, la instancia anterior no ha entendido que pondera ese monto al tiempo de la sentencia lo que exigiría una consideración de la tasa especial, desagregando el porcentual que conlleva el deterioro del signo monetario; más aún, en ese caso, la tasa moratoria -aunque distinta- procedería.

Es decir que le asiste razón a la actora en el punto. El agravio se recibe. c) El último aspecto a analizar en el recurso de la actora es el relativo a los daños punitivos, que ya ha quedado respondido al tratar el recurso de la citada en garantía, por lo que por las razones dadas se rechaza el agravio.

En definitiva, a la primera cuestión, se responde por la negativa a los recursos de la demandada y citada en garantía, excepto por el rubro de los daños punitivos que se revoca, y por la afirmativa parcial al recurso de la actora en los aspectos tratados en los puntos precedentes.

EL DR. JORGE EDUARDO ARRAMBIDE DIJO:

Coincido con la solución que propone la vocal que se expidió en forma precedente y adhiero a su voto.

LA DRA. VERÓNICA FRANCISCA MARTÍNEZ DIJO:

Estoy de acuerdo con la solución que propone la vocal que se expidió en primer término y adhiero a su voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,

LA DRA.MARIA MÓNICA PUGA DIJO:

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Nueva Chevallier SA. Habida cuenta de la condición de vencido del apelante, corresponde imponer las costas a su cargo. Los honorarios del Dr. Santiago Macias correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia se fijan en el.por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Omitir en este caso la regulación del Dr. Daniel I. Bas (art. 26, contra rio sensu, CA); 2) Admitir parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales y, en consecuencia, revocar la condena por daños punitivos. Confirmar la sentencia en lo restante. Imponer las costas en un 80% a la apelante y en un 20% a la actora (art. 132 CPCC). Los honorarios del Dr. Santiago Macias correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia, se fijan en el .por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Los honorarios del Dr.Pedro de Arteaga correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia, se fijan en el .por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459; 3) Admitir parcialmente el recurso de la parte actora; en consecuencia, modificar la indemnización reconducida como lucro cesante pasado por la suma de $101696,92 y como lucro cesante futuro por $503890,87 y el dies a quo de los intereses sobre daño moral que correrán desde el hecho (27/12/12) y no desde la sentencia (27/04/2020). Las costas se imponen en un 30% a cargo de la actora y en un 70% a cargo de la demandada y citada en garantía, por cuanto los agravios de la actora relativos al daño punitivo y a la tasa de interés aplicable en la fórmula polinómica fueron desestimados. Regular por la labor en la instancia los honorarios del Dr. Santiago Macías en el .por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Regular los honorarios de los Dres. Pedro de Arteaga y Daniel I. Bas -para cada uno de ellos- en el. por ciento del mínimo de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459.

Por todo ello, se propone resolver: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Nueva Chevallier SA. Imponer las costas a su cargo. Regular los honorarios del Dr. Santiago Macias correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia en el.por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Omitir en este caso la regulación del Dr. Daniel I. Bas (art. 26, contrario sensu, CA); 2) Admitir parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales y, en consecuencia, revocar la condena por daños punitivos. Confirmar la sentencia en lo restante. Imponer las costas en un 80% a la apelante y en un 20% a la actora (art. 132 CPCC). Los honorarios del Dr. Santiago Macias correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia, se fijan en el .por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Los honorarios del Dr. Pedro de Arteaga correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia, se fijan en el .por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459; 3) Admitir parcialmente el recurso de la parte actora; en consecuencia, modificar la indemnización reconducida como lucro cesante pasado por la suma de $101696,92 y como lucro cesante futuro por $503890,87 y el dies a quo de los intereses sobre daño moral que correrán desde el hecho (27/12/12) y no desde la sentencia (27/04/2020). Las costas se imponen en un 30% a cargo de la actora y en un 70% a cargo de la demandada y citada en garantía. Regular por la labor en la instancia los honorarios del Dr.Santiago Macías en el.por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Regular los honorarios de los Dres. Pedro de Arteaga y Daniel I. Bas -para cada uno de ellos- en el .por ciento del mínimo de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459.

EL DR. JORGE EDUARDO ARRAMBIDE DIJO:

Coincido con la solución que propone la vocal que se expidió en forma precedente y adhiero a su voto.

LA DRA. VERÓNICA FRANCISCA MARTÍNEZ DIJO:

Acuerdo con la solución que propone la vocal que se expidió en primer término y adhiero a su voto. Por todo ello y disposiciones citadas, SE RESUELVE: I).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Nueva Chevallier SA. Imponer las costas a su cargo. Regular los honorarios del Dr. Santiago Macias correspondientes a la labor profesional desarrollada en esta instancia en el.por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Omitir en este caso la regulación del Dr. Daniel I. Bas (art. 26, contrario sensu, CA).

II).- Admitir parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales y, en consecuencia, revocar la condena por daños punitivos. Confirmar la sentencia en lo restante. Imponer las costas en un 80% a la apelante y en un 20% a la actora (art. 132 CPCC). Los honorarios del Dr. Santiago Macias se fijan en el.por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459.Los honorarios del Dr. Pedro de Arteaga se fijan en el .por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459.

III).- Admitir parcialmente el recurso de la parte actora; en consecuencia, modificar la indemnización reconducida como lucro cesante pasado por la suma de $101696,92 y como lucro cesante futuro por $503890,87 y el dies a quo de los intereses sobre daño moral que correrán desde el hecho (27/12/12) y no desde la sentencia (27/04/2020). Las costas se imponen en un 30% a cargo de la actora y en un 70% a cargo de la demandada y citada en garantía. Regular los honorarios del Dr. Santiago Macías en el.por ciento del punto medio de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459. Regular los honorarios de los Dres. Pedro de Arteaga y Daniel I. Bas -para cada uno de ellos- en el .por ciento del mínimo de la escala que corresponde en atención a lo que fue materia del recurso y con respeto del mínimo legal establecido en el artículo 40 de la ley 9459.

Protocolícese, y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

PUGA Maria Monica

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.04.18

ARRAMBIDE Jorge Eduardo

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.04.18

MARTINEZ Veronica Francisca

VOCAL DE CAMARA

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