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#Fallos Grooming en juicio abreviado: Se condena a la pena de prisión condicional y se le imponen reglas de conducta a una persona que ciber-acosó a un menor que conoció en una sala de juegos online

Partes: N. F. E. s/ grooming

Tribunal: Tribunal en lo Criminal de San Salvador de Jujuy

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: III

Fecha: 16 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139150-AR|MJJ139150|MJJ139150

Voces: GROOMING – WHATSAPP – JUICIO ABREVIADO – REGLAS DE CONDUCTA – TRATAMIENTO PSICOLÓGICO – MENORES

En el marco de un juicio abreviado se condena a la pena de prisión condicional y se le imponen reglas de conducta a una persona que ciber-acosó a un menor que conoció en una sala de juegos online.

Sumario:
1.-Para la determinación de la pena impuesta -dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional-, como agravante debe considerarse que el encartado, aprovechando la vulnerabilidad del niño que representaba su minoría de edad, en una sala virtual de juegos on line, éste lo captó y comenzó a enviarle mensajes primeramente amistosos y luego de índole sexual, insistiéndole para concretar un encuentro, no lográndose esto debido al descubrimiento y accionar de su familia al quitarle el teléfono celular al menor; y como así también al rápido accionar de la justicia.

2.-El ciber-acoso que padeció su víctima, quedaron evidenciados por los informes periciales informáticos forenses rendidos en la causa, más la declaración rendida en la causa del niño mediante el sistema de cámara Gesell.

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3.-Debe tomarse como atenuante, la expresa admisión de su autoría y responsabilidad penal, documentada en la audiencia de ratificación de juicio abreviado, el inicio y prosecución del tratamiento psicológico que realiza el imputado, y que se ha mostrado arrepentido por todo lo sucedido.

4.-El art. 27 bis del CP tiene por finalidad establecer el cumplimiento de reglas de conducta para el condenado beneficiado con la condicionalidad de la pena; es en este sentido que se fortalece aún más la idea de prevención especial de la pena, para prevenir la comisión de nuevos delitos, ya que el contenido de las reglas de conducta persigue una clara función tuitiva de la persona del condenado (Del voto de la Dra. Nallar).

5.- La imposición de las reglas de conducta de oficio al condenado previstas en el art. 27 bis del Código Penal, son viables, puesto que, si bien algunas de ellas no formaron parte del acuerdo, la modalidad de ejecución de la pena pactada conlleva la obligación del tribunal de fijarlas por lo que, no existiría agravio alguno.

Fallo:
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los dieciséis días del mes de SEPTIEMBRE del año Dos Mil VEINTIDOS, reunidos en el Recinto de Acuerdos del Tribunal en lo Criminal Número Tres, los Señores Vocales Titulares, Dres. MARIO RAMON PUIG, MARIA MARGARITA NALLAR y ANA CAROLINA PEREZ ROJAS, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, en el proceso en que han intervenido como Fiscal del Tribunal, el Dr. DARIO EDUARDO OSINAGA GALLACHER del M.P.A., la Dra. FABIANA JUDITH GALIAN SOLA – Abogada Defensora del imputado F. E. N., y éste; y con el objeto de proceder a resolver el pedido de Juicio Abreviado solicitado en el Expte. No 4.959/2.022 caratulado: «N. F. E. p.s.a. de Grooming. Palpalá.-«; y dictar la correspondiente sentencia, seguida en contra de F. E. N.: Argentino, sin alias ni sobrenombres, 25 años de edad, soltero, alfabeto, estudios secundarios completos, Estudiante de Nivel Terciario, domiciliado en . del Bo Berno de la Ciudad de El Carmen, nacido el 09 de Junio de 1.996 en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Dpto. Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, R.A., DNI No ., hijo de F. N. y de L. M. C. M., PRONTUARIO POLICIAL No .; acusado por el Dr. DARIO EDUARDO OSINAGA GALLACHER del M.P.A. – Agente Fiscal de Investigación Penal Preparatoria de Alto Comedero, de los delitos de GROOMING (CONTACTARSE POR MEDIO DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS, TELECOMUNICACIONES O CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA DE TRANSMISION DE DATOS, CON UN MENOR DE EDAD, CON EL PROPOSITO DE COMETER CUALQUIER DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL DE LA MISMA) (Art. 131 del Código Penal de la Nación), quien en su Requisitoria de Citación a Juicio, enuncia los hechos de la siguiente manera:

RESUMEN: . «Ocurrido entre fechas 25 de Mayo de 2019 al 11 de Junio del 2019, sin poder precisar un lugar exacto debido al tipo de delito en cuestión, en circunstancias que el imputado F. E.N., mayor de edad, se puso en contacto mediante whatsapp desde su línea telefónica No . con el menor E. L. O. M. de 13 años de edad, a su teléfono celular línea No ., el cual tenía agendado como «.», con quien comenzó a intercambiar mensajes, y de manera paulatina logró establecer una relación muy cercana con el menor. Los mensajes fueron adquiriendo un tenor cada vez más íntimo, en donde el imputado le manifestaba, entre otras cosas: «Tenes una fot de vs.»; «te amo mi amor», «q rico te puedo dar de comer en la boca»; «como quisiera estar y hacerte mío solo mío»; «Donde ss mi amor»; «Como quisiera esta donde esta vs para verte»; «hasta vamos adormir abrazado»; «Q vs ves una película juntos y te asustas mucho te abraza a mi»; «Mi amor te gusta salir a bailar»; «Te casarías conmigo»; «Queres ser mi prometido»; «Ss solo mío de nadie mas», «Y ss pervertido mi amor»; «Digo q quiero saber de todo de vs como mi futuro esposa o más te gusta esposo»; «En el futuro no te vas casar conmigo»; «como quisieras q estes encima de mi»; «Q vs este en cama mirándonos cara», «Mirándote cara a cara»; «Si te digo un lugar q nadie mos ves»; «Nadienos veras»; «Afuera escondida»; «Te invito a cine o comer algo»; «Y si nos encontramos q haríamos»; «Enviame una fot»; «Y podemos besarnos cuando estemos solo»; «Como haría parque me prove y sea mo uno»; «Digo q me haría para provocarme para hacer el amor»; «Como te gusta q yo este atado»; llegando incluso al intercambio de fotografías y videos.-» A fs. 251/253 de autos el representante del MPA -Dr. Darío Eduardo Osinaga Gallacher, Fiscal del Tribunal en lo Criminal No 3 habilitado-, presenta Acta Acuerdo de Juicio Abreviado y solicita se condene al encartado N.a la pena de treinta (30) meses de prisión de ejecución condicional, mas reglas de conducta como medidas cautelares por los hechos y calificación, ut supra mencionados.- En la deliberación se plateó las siguientes cuestiones:

1) ¿ES PROCEDENTE EL PEDIDO DE JUICIO ABREVIADO?

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. PUIG dijo:

Que el pedido de Juicio Abreviado es procedente porque ha sido efectuado antes de la Audiencia de Debate (Art. 385 Inc. 1o última parte del C.P.P.) y porque el Sr. Fiscal del Tribunal – Dr. DARIO EDUARDO OSINAGA GALLACHER del M.P.A., recibió en audiencia (Acta Acuerdo de fs. 251/253) a los fines de lo previsto en los Artículos 385, Inc. 2o y 494 del C.P.P., al imputado F. E.

N., a la Letrada que lo representa, la Dra. FABIANA JUDITH GALIAN SOLA; conforme constancias agregadas en autos y a los fines establecidos en los artículos que se mencionan precedentemente, en el cual el encartado nombrado reconoce la existencia de los hechos y la responsabilidad que por los mismos se le atribuyen y tal como ha sido descripto en el Requerimiento de Citación a Juicio, obrante a fs. 175/181 de autos; y asimismo presta plena conformidad a la celebración del Juicio Abreviado (Acta de Visu obrante a fs. 264).- Con respecto a este instituto podemos decir que el Juicio Abreviado ha sido definido como «aquel que se realiza en materia penal sin producir pruebas en debate oral y público, a partir de un acuerdo establecido entre el Ministerio Fiscal, el imputado y el defensor, y en algunas legislaciones el Querellante, respecto de determinados extremos de la imputación como, por ejemplo, el hecho intimado, su calificación jurídica y la autoría o participación (vía confesión), cuyo efectos es impedir que el órgano jurisdiccional encargado de dictar sentencia pueda imponer una pena superior o más grave que la pedida por las partes» (Juicio Abreviado, Diego del Corral pág.28). Se trata de una modalidad de Juzgamiento que, sin perjuicio de los cuestionamientos que puedan hacérsele desde el punto de vista Constitucional, persigue la concreción de una serie de objetivos de fundamental importancia tanto para el imputado como para el servicio de justicia. Así, desde el punto vista del imputado, el Juicio Abreviado le permite obtener una sentencia (condenatoria) que defina su situación procesal dentro de los parámetros del plazo razonable en tanto que, desde la óptica de un eficaz servicio de justicia, éste tipo de juzgamiento permite que el «Estado dé satisfacción a los requerimientos de pronta justicia que emergen de los tratados internacionales» (el Nuevo Régimen Procesal Penal de Salta, Pablo López Viñals y Omar Silisque, pág. 109).- Por otra parte, tampoco puede perderse de vista sobre el punto en examen que no todos los casos caen en el ámbito de su posible resolución por la vía del juicio abreviado, sino que solo lo hacen aquellos en que los delitos que dan lugar a la acción, a criterio del legislador, guardan una importancia relativa a los fines de su perseguibilidad atento a su menor repercusión social, lo que debe ser interpretado en el sentido de que representan una lesividad social también menos gravosa. Asimismo no puede omitirse considerar que el derecho a una rápida resolución del juicio, también es un derecho de índole constitucional que se halla plasmado específicamente en el Art. 29 numeral 3 de la constitución de la provincia, en el Art. 8 numeral 1 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS y el Art. 14 numeral 3 – Inc.»c», del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, normas incorporadas a nuestra constitución nacional en virtud de la última reforma Constitucional.- Es así que con los elementos convictivos reunidos por la Fiscalía de Investigación actuante en este caso, no merece reproche ni objeción alguna por inadmisible, impertinente, sobreabundante, inútil, etc., razón por la cual y más allá que la misma no se produjo ni se recibió en forma directa por este Tribunal, la misma fue analizada y valorada conforme las reglas de la sana crítica racional o libre convicciones razonadas, o sea mediante la aplicación de la lógica, la psicología y la experiencia común (DEL CORRAL, Diego – Juicio Abreviado – Edit. Astrea – Año 2010 – pág. 311).- TAL ES MI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. NALLAR dijo:

Que se adhiere al voto del Dr. Puig.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. PEREZ ROJAS dijo:

Que se adhiere al voto emitido por el Dr. Puig.

2) ¿EXISTIERON LOS HECHOS? ¿FUE SU AUTOR MATERIAL DE LOS MISMOS EL IMPUTADO F. E. N.?

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. PUIG dijo:

Que los hechos han sucedido; y que fue su autor material el encartado F. E. N. tal cual surge del Requerimiento de Citación a Juicio obrante a fs. 175/181, al que me remito brevistati causae y doy como reproducido y parte del presente fallo.- Que la certeza de ello, me la da el reconocimiento sobre la existencia de los hechos y la participación en estas del encartado F. E. N., en Acta Acuerdo de fs. 251/253, audiencia recibida por el Sr. Fiscal del Tribunal habilitado – Dr. DARIO EDUARDO OSINAGA GALLACHER del M.P.A., pues tal confesión se encuentra plenamente corroborada por la denuncia policial de fs. 01/02, hecha por la madre de la víctima menor, la Sra. S. S. M.; Acta donde consta la entrega del celular del menor víctima para ser peritado; Informe pericial técnico de la Brigada de Investigaciones de Palpalá – Área Informática obrante a fs.11/40 donde se encuentra entre otras cosas la extracción de la conversación mantenida entre la víctima menor y el victimario, el informe de la empresa Personal, y la fotografía del encartado ya individualizado; Acta de allanamiento de fs. 55/56 vta.; Planilla de secuestro de fs. 69/69 vta.; Resolución de fecha 25/07/19 donde se hace lugar al pedido de representante del MPA y se autoriza a la extracción de datos de los elementos tecnológicos secuestrados (fs. 83/86 vta.); Informe pericial técnico del Area Informática Forense del MPA, de los elementos tecnológicos secuestrados al encartado, el cual rola a fs. 135/150; Acta de desgravación de Cámara Gesell a fs. 161 donde el menor manifiesta que tuvo contacto con el encartado de forma virtual, solo con mensajería y que nunca lo conoció cara a cara o físicamente; e informe del Examen Mental producido por el Dr. Ricardo Enrique Alba – Perito Médico Forense del MPA, el que rola a fs. 170/171 vta., en la que concluye: .»Al momento del estudio no se constata patología psíquica que le impida al examinado comprender su situación procesal.».- TAL ES MI VOTO.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. NALLAR dijo:

Que se adhiere al voto del Dr. Puig.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. PEREZ ROJAS dijo:

Que se adhiere al voto emitido por el Dr. Puig.

3) ¿QUÉ CALIFICACION LEGAL CORRESPONDE DAR A LOS HECHOS COMETIDOS POR EL IMPUTADO F. E. N.?

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. PUIG dijo:

Que mediante la concordancia de la prueba incorporada en los presentes autos, resulta posible omitir la recepción oral y pública de la prueba, ya que ha sido posible acceder a la verdad real, mediante el reconocimiento efectuado por el inculpado y de plena conformidad (Acta Acuerdo de fs.251/253) quien con la debida asistencia jurídica, reconoció la existencia de los hechos descriptos en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, su participación en los mismos y su aquiescencia respecto a la calificación legal efectuada por el señor Fiscal; y en este contexto y siguiendo el espíritu de la ley, la calificación legal que corresponde dar a los hechos cometidos por el imputado F. E. N., es la del delito de GROOMING (Art. 131 del Código Penal de la Nación).- TAL ES MI VOTO.

A LA TERCERA CUESTIÓN, la Dra. NALLAR dijo:

Que se adhiere al voto del Dr. Puig.

A LA TERCERA CUESTIÓN, la Dra. PEREZ ROJAS dijo:

Que se adhiere al voto emitido por el Dr. Puig.- 4) ¿QUÉ PENA CABE APLICAR AL IMPUTADO F. E. N.? ¿LAS COSTAS DEBE SERLE IMPUESTA?

A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. PUIG dijo:

Que la pena a imponérsele al encartado F. E. N. es la de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, conforme lo ha solicitado el Sr. Fiscal del Tribunal en lo Criminal No 3 habilitado (Acta Acuerdo de juicio abreviado de fs. 251/253), teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de las pautas objetivas y subjetivas prescriptas por los Arts. 40 y 41 del C.P., que permiten aseverar que el monto de la pena resulta ajustado a la escala penal para el delito de que se trata, ya que el reconocimiento constituye una circunstancia atenuante de la pena.- Cabe reseñar que para la determinación de la pena impuesta, como agravante considero que el encartado N. aprovechando la vulnerabilidad del niño E. M.que representaba su minoría de edad, en una sala virtual de juegos on line llamada «Brack Star» -dicho por el niño-, éste lo captó y comenzó a enviarle mensajes primeramente amistosos y luego de índole sexual, insistiéndole para concretar un encuentro, no lográndose esto debido al descubrimiento y accionar de su familia al quitarle el teléfono celular al menor; y como así también al rápido accionar de la justicia; el ciber-acoso que padeció su víctima, quedaron evidenciados por los informes periciales informáticos forenses rendidos en la causa, más la declaración rendida en la causa del niño mediante el sistema de cámara Gesell; también debo decir que se ha tomado como atenuante, la expresa admisión de su autoría y responsabilidad penal, documentada en la audiencia de ratificación de juicio abreviado a fs. 264, el inicio y prosecución del tratamiento psicológico que se realiza, y que se ha mostrado arrepentido por todo lo sucedido.- Que en cuanto a las reglas de conducta que deben imponérsele a F. E. N., en razón de la suspensión de la ejecución efectiva de la pena privativa de la libertad que fueron acordadas en la homologación del presente juicio abreviado y a fin de prevenir la comisión de nuevos delitos por parte de éste, estimo justo que el mismo cumpla, durante IGUAL LAPSO, las siguientes: a) Fijar residencia en el domicilio de: . del Bo Berno de la Ciudad de El Carmen, b) Presentarse ante el Patronato de Liberados de esta ciudad, el último día hábil de cada mes, c) Abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, psicotrópicas y estupefacientes, d) Prohibición total de acercarse o contactar a la víctima menor, el niño E. L. O.M., en un radio de QUINIENTOS METROS de su domicilio particular, escolar, de esparcimiento o cualquier lugar donde el mismo se encuentre, debiendo abstenerse de realizar cualquier tipo de conducta que altere la integridad psicofísica del menor; y/o actos de intentar ponerse en contacto por cualquier medio (personal, telefónico, juegos on line, redes sociales, etc.) con el menor; e) Iniciar y/o continuar un tratamiento Psicológico o Psicoterapéutico y/o curso sobre la conducta efectuada en la presente causa, en una ONG o en el Puesto o Centro de Salud Mental más próximo a su domicilio durante el periodo de fijación de la pena y hasta su finalización y obtención de alta médica respectiva, debiendo presentar mensualmente, al Patronato de Liberados, las constancias correspondientes (inicio, diagnóstico, avances, finalización y alta del Tratamiento si correspondiere); y f) Adquirir un empleo lícito debiendo acreditar dicha ocupación al Patronato. Todo bajo apercibimiento de que si el mismo no cumpliere con alguna de las reglas impuestas, el Sr. Juez de Ejecución de la Pena podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento o de revocar la condicionalidad en caso de que se persistiere o reiterare el incumplimiento (Arts. 57, 515 y 528 del C.P.P. y Arts. 26 y 27 bis del C.Penal).- «No se concibe condenación condicional sin reglas de conducta. En efecto, es por demás clara la letra de la ley al estipular que al suspenderse condicionalmente la ejecución de la pena, el juez o el tribunal deberá disponer que. el condenado cumpla todas o alguna de las reglas de conducta. adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos (Conf. Art. 27 bis. C.P.).

Justamente por ello, su imposición no es una facultad sino una obligación.» N.R.: Publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.- En este sentido, el Sr. Juez – Dr.Guillermo José Tragant, de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en la causa No 1771 «Tourreilles, Diego Adrián s/rec. de casación» reg. 342/99 del 12/7/99, dijo: «.la ley ha impuesto este requisito, bajo sanción de nulidad, cuando de acordar la condena condicional se trata (art. 26), en miras a evitar su automática concesión. De modo pues que superada esa etapa, el órgano jurisdiccional es libre en seleccionar alguna de las pautas enunciadas «.en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos» (art. 27 bis), correspondiendo en consecuencia, una evaluación del caso de acuerdo a un criterio de conveniencia. Tal como explica De la Rúa, Jorge («Código Penal Argentino» pág. 404, Ed. Depalma, 2° edición, Bs.As., 1997), «.la ley sigue una regla de prevención especial, según la cual la imposición de las reglas de conducta debe derivarse de una valoración «en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos». La regla es amplia, de donde resulta que no cabe limitarla en orden al tipo de delito cometido. Deben fundarse en el objetivo de remover o controlar condiciones o factores relacionados con la personalidad y ambiente del condenado, en tanto hayan resultado reveladoras de situaciones de peligrosidad delictiva general».- En lo que hace a las costas del proceso, debe ser a cargo del acusado por haber provocado con su conducta el proceso, y no existir ninguna eximente (Art. 29 Inciso 3o del C.P.).- TAL ES MI VOTO.

A LA CUARTA CUESTIÓN, la Dra. NALLAR dijo:

Adhiero a la solución propiciada por el colega que encabeza el presente Acuerdo, Dr. Mario Ramón Puig, pues comparto en su totalidad los fundamentos y razones. Solo habré de agregar algunas consideraciones que estimo de interés en torno a la determinación de aplicar, en este caso, las pautas de conductas que se imponen al imputado F. E. N.

El Art.27 bis del CPN tiene por finalidad establecer el cumplimiento de reglas de conducta para el condenado beneficiado con la condicionalidad de la pena. Es en este sentido que se fortalece aún más la idea de prevención especial de la pena, para prevenir la comisión de nuevos delitos, ya que el contenido de las reglas de conducta persigue una clara función tuitiva de la persona del condenado. Además de ello, la imposición de reglas de esta naturaleza importa reconocer la participación de autor del hecho, en el tránsito de la realización de los fines de la pena (Roxin, p. 85).- Explico la razón que sustenta mi criterio. Las reglas de conductas debidamente aplicadas responden a los nuevos paradigmas de justicia restaurativa, teniendo en cuenta la protección y garantías que corresponden a la víctima, evitando su consecuente revictimización y por otro lado, intentando recuperar al autor de la conducta disvaliosa, esto es el ofensor no solo como victimario sino también como víctima. Es decir, fortalecer en el autor del hecho, su progresivo proceso de concientización, a efectos de evitar reiteraciones de esta naturaleza en su actuar.

Ahora bien, partiendo desde esta plataforma y siguiendo esta línea argumental, entiendo que la medida en que las reglas de conducta, introducidas a través de la Ley 24316 al título correspondiente a la condenación condicional del Código Penal, integran la pena, razón por la que no excedió el acuerdo convenido en el marco de celebración de un juicio en los términos del Art.385 CPPJ, pues no se observa que resulten violatorias de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino que se exhiben como adecuadas al caso concreto y a la función preventivo especial que con ellas persigue.

Por lo tanto y a pesar de que en la propuesta de juicio abreviado el fiscal requirió para el imputado una pena de prisión cuyo cumplimiento es dejada en suspenso, y aún si hubiera omitido requerir la imposición de las reglas de conductas, el tribunal debe aplicarlas en la medida que estas pautas sean idóneas, razonables y proporcionales al hecho atribuido al encartado, por imperativo legal.- En este caso se expresaron varios órganos colegiados. Trib. Oral Crim. y Correc. No 17- En la causa Moran, Jorge Luís- 19/02/2009 «Corresponde la imposición de las reglas de conductas previstas en el Art. 27 bis C.P, aun cuando ello no fue objeto de acuerdo entre las partes en el marco del juicio abreviado, toda vez que tal imposición es un imperativo que la ley impone al Juez por lo que no puede ser suplido por la voluntad de las partes, pues depende de circunstancias que son ajenas e independientes al hecho bajo juzgamiento».- También el Trib. Oral y Correc. No 26, en la causa Gomes, Roberto Julio y otros; 15/06/2010.

«Si en la propuesta de juicio abreviado el fiscal requirió para uno de los imputados una pena de prisión cuyo cumplimiento puede ser dejado en suspenso, pero omitiendo requerir la imposición de reglas de conducta, no cabe adherir a la solución que propone que a pesar de ello el Tribunal debe aplicarlas por imperativo legal, en virtud de que las partes nada acordaron al respecto. (Del voto en disidencia de la Dra. Llerena.)».- En igual sentido el TCP, La Plata, Sala III, 28/12/2006, «M., A. s/ Recurso de Casación», Jueces:

Ursi -Borinsky-Violini:»Si bien en el acuerdo de Juicio Abreviado no se consignaron expresamente las reglas de conducta a imponer, lo cierto es que la ejecución condicional de una pena de prisión, por imperativo legal, debe estar acompañada de las reglas de conducta que la sujetan (art. 27 bis del C.P.). Por lo tanto, la imposición de esas reglas con fines sobre todo preventivo especiales, constituyen tanto una obligación de los jueces en el marco del juicio abreviado; cuanto una exigencia jurídica que se presume conocida por el imputado y su defensor».- La CNCP, Sala IV, 30/09/2003, en la causa «Buitrago, Ricardo Cayetano s/ recurso de casación», con votos de los Magistrados: Berraz, de Vidal, Hornos, Bisordi: «Conforme la letra del Art. 27 bis del Código Penal, y su interpretación judicial sistemática, es imperativo para el Tribunal que dicta una pena de cumplimiento condicional la imposición de todas o algunas de las reglas de conducta allí establecidas por lo que no corresponde el agravio recursivo que alega un exceso de tribunal del acuerdo convenido con el representante del Ministerio Publico Fiscal en el marco del Juicio abreviado (Art. 431 del C.P.P.N.), pues tal circunstancia debía ser considerada por el recurrente al momento de concluir el acuerdo con el Fiscal General como necesaria consecuencia del consenso dado, por lo que carece de todo sustento la afirmación de que el Tribunal «a quo» agravó la pena acordada. (Voto del Dr. Hornos, adhieren la Dra. Berraz de Vidal y el Dr. Bisordi).» Por lo tanto, y para mayor abundamiento, siendo que las reglas de conducta prevista en el artículo 27 bis del Código Penal no pueden considerarse pena en los términos del artículo cinco del mismo cuerpo normativo, su imposición no supone un apartamiento del pacto que diera origen al procedimiento abreviado, apareciendo supeditada a la decisión del juzgador.- ASI ES MI VOTO.

A LA CUARTA CUESTIÓN, la Dra. PEREZ ROJAS dijo:

Adhiero a la solución propiciada por el distinguido colega que encabeza el presente Acuerdo, Dr.Mario Ramón Puig, pues comparto sus fundamentos y razones.- Solo habré de agregar que la imposición de las reglas de conducta de oficio al condenado F. E.

N. previstas en el Art. 27 bis del C.Penal, son viables, puesto que si bien algunas de ellas no formaron parte del acuerdo, la modalidad de ejecución de la pena pactada conlleva la obligación del tribunal de fijarlas por lo que, no existiría agravio alguno. La condena condicional implica una condena sometida a condición resolutoria, que suspende la pena durante el tiempo de prueba y que, cumplida la condición, hace desaparecer la pena privativa de libertad con todas sus consecuencias, pero no la sentencia en sí misma.

El análisis de los hechos traídos aquí a estudio me conducen a agregar que no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas, que en el caso, resulta ser además un menor de edad al tiempo de ocurrencia del hecho atribuido a N. Se torna necesario analizar ello desde los estándares convencionales y lo preceptuado por la «Convención de los Derechos del Niño» -con jerarquía constitucional a partir del año 1994 según el artículo 75 inciso 22- que establece en su artículo 1 «.se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.», por lo que siendo sujetos especiales de protección, el Estado se ha comprometido al ratificar dicho instrumento convencional: al respeto de sus derechos; a asegurarle protección y cuidados necesarios para su bienestar; a que se dicten medidas legislativas, judiciales, administrativas, políticas y de toda índole para ello; debiendo observarse por parte de los tribunales de justicia uno de los principios esenciales de este sector vulnerable cual es el «interés superior del niño» -regulado expresamente en los artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40 CDN-, todo ello según los artículos 2, 3 y 4 de la referida norma convencional. Dentro del mismo cuerpo legal, en su artículo 19 establece «.1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de. abuso físico o mental. Descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Estas medidas de protección deberían comprender. procedimientos eficaces para. proporcionar la asistencia necesaria al niño. y, según corresponda, la intervención judicial.».

Por todo ello la restricción impetrada al encartado, es procedente, a pesar de que los hechos traídos a estudio tienen algún tiempo desde su acaecimiento, pues justifica su imposición la grave y creciente problemática en cuestión.- ASI VOTO.- 5).- QUE HONORARIOS CORRESPONDE REGULAR A LA DRA. FABIANA JUDITH GALIAN SOLA?

A LA QUINTA CUESTIÓN, el Dr. PUIG dijo:

Que estimo justo se les regulen los mismos a la Dra. FABIANA JUDITH GALIAN SOLA, la Suma de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) por su actividad desarrollada en autos; y a los que habrán de aditarse el Impuesto al Valor agregado si correspondiere, a cargo de su asistido (Arts. 548 y 552 del C.P.P y Arts. 17 y 34 de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy No 6112/18).- TAL ES MI VOTO.

A LA QUINTA CUESTIÓN, la Dra. NALLAR dijo:

Que se adhiere al voto del Dr. Puig.

A LA QUINTA CUESTIÓN, la Dra. PEREZ ROJAS dijo:

Que se adhiere al voto emitido por el Dr. Puig.- Por ello, EL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL NUMERO TRES, R E S U E L V E:

I) HACER lugar al pedido de Juicio Abreviado solicitado en el Expte. No 4.959/2.022 caratulado:

«N. F. E. p.s.a. de Grooming. Palpalá.»; (Sumario Policial No 412-BIP/19); y CONDENAR a F. E. N.de las demás calidades personales obrantes en autos a cumplir la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION DE EJECUCIÓN CONDICIONAL y al pago de las costas por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de GROOMING (Art. 131 y de conformidad a los Arts. 40, 41, 26 y 29 Inc. 3 del Código Penal de la Nación y 436, 385 y 494 y sgts. del Código Procesal Penal).

II) IMPONER al mismo por IGUAL LAPSO, cumpla con las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia en el domicilio de: . del Bo Berno de la Ciudad de El Carmen, b) Presentarse ante el Patronato de Liberados de esta ciudad, el último día hábil de cada mes, c) Abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, psicotrópicas y estupefacientes, d) Prohibición total de acercarse o contactar a la víctima menor, el niño E. L. O. M., en un radio de QUINIENTOS METROS de su domicilio particular, escolar, de esparcimiento o cualquier lugar donde el mismo se encuentre, debiendo abstenerse de realizar cualquier tipo de conducta que altere la integridad psicofísica del menor; y/o actos de intentar ponerse en contacto por cualquier medio (personal, telefónico, juegos on line, redes sociales, etc.) con el menor; e) Iniciar y/o continuar un tratamiento Psicológico o Psicoterapéutico y/o curso sobre la conducta efectuada en la presente causa, en una ONG o en el Puesto o Centro de Salud Mental mas próximo a su domicilio durante el periodo de fijación de la pena y hasta su finalización y obtención de alta médica respectiva, debiendo presentar mensualmente, al Patronato de Liberados, las constancias correspondientes (inicio, diagnóstico, avances, finalización y alta del Tratamiento si correspondiere); y f) Adquirir un empleo lícito debiendo acreditar dicha ocupación al Patronato. Todo bajo apercibimiento de que si el mismo no cumpliere con alguna de las reglas impuestas, el Sr.Juez de Ejecución de la Pena podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento o de revocar la condicionalidad en caso de que se persistiere o reiterare el incumplimiento (Arts. 57, 515 y 528 del C.P.P. y Arts. 26 y 27 bis del C.Penal).

III) A EFECTOS del contralor de lo impuesto precedentemente líbrese oficio al Director del Patronato de Liberados y Encausados de esta Provincia, a los fines de que éste informe mensualmente al Juzgado de Ejecución de la Pena – a cargo del Dr. EMILIO CARLOS CATTAN-, acerca del cumplimiento y asistencia a dicha institución, como así también del tratamiento psicológico impuesto y cualquier tipo de novedad concerniente al comportamiento del encartado.

IV) OFICIESE al Sr. Jefe de la Policía de la Provincia a los fines de hacerle saber de la perimetral impuesta al condenado F. E. N., y de que proceda correspondientemente en caso de ser incumplida la misma, debiendo inmediatamente comunicarla al Juzgado de Ejecución de la Pena.

V) REGULAR los honorarios profesionales para la Dra. FABIANA JUDITH GALIAN SOLA, la Suma de Pesos.($ .) por su actividad desarrollada en autos; y a los que habrán de aditarse el Impuesto al Valor agregado si correspondiere, a cargo de su asistido (Arts. 548 y 552 del C.P.P y Arts. 17 y 34 de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy No 6112/18).

VI) FIRME que sea la presente, habiendo concluido la etapa de juicio, REMITANSE estos obrados al Sr. Juez de Ejecución de la Pena, a los fines de que se oficie y notifique a los órganos correspondientes, ello conforme lo dispuesto por los Arts. 57 Incs. 1 y 7; y 515 del C.P.P.

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