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#Fallos Derecho al trabajo: Para quienes padecen una discapacidad el valor del derecho al trabajo es mayor pues promueve el propósito de inclusión y no discriminación, y derriba barreras para participar en la vida social en igualdad de condiciones

Partes: R. J. N. s/ Proceso de restricción de la capacidad

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 4 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139373-AR|MJJ139373|MJJ139373

Para quienes padecen una discapacidad, el valor del derecho al trabajo es mayor dado que promueve el propósito eminente de inclusión y no discriminación, derribando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social.

Sumario:
1.-El apelante no es la persona adecuada para cumplir la función de apoyo de su hijo, en tanto quedó demostrado que con su actitud y forma de interactuar con el afectado no contribuye a promover su autonomía, inclusión y continuo desarrollo, sino que, por el contrario, se presenta como una figura que lo domina, somete y aísla del resto de la familia, restringiendo sus posibilidades y potencialidades ya que no lo impulsa ni ayuda a realizar actividades recreativas, deportivas o educativas.

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2.-El hermano del causante debe ser designado como su apoyo, toda vez que todas las intervenciones practicadas por el servicio social dan cuenta de que se preocupa por aquel y quiere que tenga mayor autonomía y desarrolle sus potencialidades a través de actividades deportivas y recreativas que él mismo ha propuesto pero que no fueron atendidas por el progenitor y en el contexto actual no parecen factibles dada la actitud dominante y posesiva de éste para con su hijo.

3.-Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad exigen adoptar en todo momento el sistema que brinde el mayor reconocimiento posible de su autonomía en la toma de decisiones y garantice en mayor medida el respeto de su voluntad, deseos y preferencias que hacen a su identidad como ser humano.

4.-Con relación a los actos de disposición y administración de sumas de dinero, asiste razón al agraviado en cuanto a la falta de aclaración, en la parte dispositiva del fallo, de que se mantiene la capacidad del afectado en lo que respecta a pequeñas sumas de dinero; el joven no puede manejar grandes sumas de dinero, pero sí realizar los actos de escasa cuantía de la vida cotidiana.

5.-Resulta beneficioso tanto por sus implicancias en la vida social como por el incremento de autonomía que trae consigo la posibilidad de disponer por sí de una parte de los ingresos que percibe de su pensión por discapacidad, y administrarla en pequeñas cantidades para sus gastos diarios.

6.-La restricción alcanzará a las sumas de dinero que excedan el 20% del valor de la pensión que percibe el causante; vale decir que, podrá percibir, administrar y disponer, de acuerdo con sus intereses, deseos y necesidades, de sumas de dinero que no excedan de dicho valor.

7.-Para quienes padecen una discapacidad, el valor del derecho al trabajo es aún mayor dado que promueve el propósito eminente de inclusión y no discriminación, derribando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social, además de los beneficios que normalmente producirá en la afectividad e independencia de la persona al sentirse incluida y autovalente.

8.-El causante conserva un margen de capacidad de ejercicio de sus derechos que le permite tomar ciertas decisiones sobre su vida personal y no se advierten motivos por los cuales no pueda, de ser ese su deseo y en el supuesto caso de obtener una oferta laboral justa y adecuada, poder desempeñar tareas remunerativas en la medida de sus posibilidades y siempre que no afecten su salud y prevean sus requerimientos al respecto.

9.-No debe restringirse la capacidad de ejercicio del derecho de trabajar del causante, pero deberá contar con la asistencia de su apoyo, quien lo ayudará a evaluar si la oferta laboral reúne las condiciones de adaptación a su situación de y si resultan justas y equitativas.

10.-El causante no cuenta con aptitud de discernimiento necesario para poder adoptar por sí solo decisiones atinentes a su cuerpo y salud, por lo cual debe mantenerse la restricción al respecto; lo mismo cabe concluir sobre la elección del lugar de residencia.

11.-La discapacidad intelectual que sufre el causante disminuye su facultad de discernir por sí los alcances y consecuencias de los actos personalísimos, tanto en lo referente a la salud, a la imagen y disposición sobre el propio cuerpo, como para decidir por sí solo su lugar de residencia; por lo que requiere contar con el sistema de apoyos que lo asista en la comprensión y decisión que responda a las preferencias e intereses de la persona protegida.

Fallo:
Salta, 4 de agosto de 2022.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «R., J. N. POR PROCESO DE RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD», Expediente Nº 499456/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5ª Nominación (EXP – 499456/14 de Sala II) y,

C O N S I D E R A N D O :

La doctora Verónica Gómez Naar dijo:

I.- Que vienen estos autos a la alzada para conocer del recurso de apelación interpuesto mediante actuación del Sistema de Expediente Digital (en adelante, «SED») Nº 6001893, por el señor C. J. R., en contra de la sentencia definitiva dictada el 1º de julio de 2021 (actuación SED Nº 5910314), que dispuso: (i) restringir la capacidad de obrar del señor J. N. R. para los actos allí determinados; (ii) rechazar el pedido los señores C. J. R. y V. P. para ser designados como apoyo y designar como persona de apoyo al hermano del causante, R.D. R.; (iii) establecer las distintas medidas de salvaguardia fijadas en el apartado IV; (iv) instar a la persona designada como apoyo a iniciar el proceso de revisión sobre la base de nuevos exámenes interdisciplinarios.

Para así decidir, luego de analizar cada uno de los informes producidos en el juicio, la señora Jueza de primera instancia estimó que debía restringirse la capacidad de hecho de J. N. R. para: (a) celebrar actos de disposición, administración y garantía de bienes inmuebles o muebles registrables; (b) celebrar actos de disposición y administración de grandes sumas de dinero y realizar actividades remunerativas; (c) celebrar matrimonio, salvo dispensa judicial al efecto conforme lo establecido en el artículo 405 del Código Civil y Comercial; (d) ejercer sus derechos electorales; (e) celebrar actos personalísimos relativos a su salud y al cuidado de su cuerpo, donar órganos o sangre, prestar consentimiento informado; y (f) celebrar actos jurídicos no patrimoniales.En cuanto a la designación del apoyo, la magistrada de grado ponderó que de los informes interdisciplinarios obrantes a fojas 258, 293/294, 416/417, 458/460, 246/249, 462/463, 333/334, 456, 470/473, 233, 238, 276, 286, 219 y 448/449, de las constancias de fojas 94/95 (resolución de exclusión del hogar del señor C. J. R. por violencia doméstica), 412 (reserva de cuatro exptes. de

violencia doméstica iniciados por denuncia en contra del señor C. J. R.), 420 (remisión de acta de audiencia al Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nº 1 requiriendo la adopción de medidas), 444/445 (impugnación de la señora Curadora Oficial) y de las audiencias celebradas a fojas 32, 313, 419 y 480 surge que no resulta adecuada la designación de ninguno de los progenitores.

Respecto del progenitor, C. J. R., tuvo en cuenta la relación disfuncional con su hijo que ha quedado probada en autos, el hecho de encontrarse denunciado por hechos de violencia psicológica en perjuicio de J. N. y por violencia física y psicológica hacia la señora P., que cuenta con antecedentes penales, que mantiene encerrado a J. N. impidiéndole la comunicación con el resto de su familia y la realización de actividad alguna; que fue intimado reiteradas veces para la realización de pericia psicológica, incluso bajo apercibimiento de no ser designado como apoyo de su hijo.

Con respecto a la progenitora V. P., valoró que presenta trastorno bipolar bajo tratamiento ambulatorio que debe continuar para mejorar su conflictiva vincular, que existe una vivencia hostil y disfuncional en la dinámica familiar de J. que trae aparejadas tensiones internas que lo afectan, en quien existen indicadores de abuso psicológico.Por todo ello, compartiendo lo advertido por la señora Curadora Oficial y el dictamen fiscal, coligió que resultaría sumamente perjudicial atribuir el rol de apoyo a uno de los progenitores o distribuir las funciones de representación de su hijo entre ambos, y que corresponde designar en tal carácter al hermano del causante al estar acreditada su idoneidad para el cargo, bajo la modalidad de representación.

Aclaró que, si bien tenía presente la voluntad manifestada por el causante en cuanto a que su progenitor sea designado como apoyo, los antecedentes de autos y los expedientes de violencia familiar llevan a considerar tal designación como sumamente perjudicial para aquél.

Destacó que el régimen aplicable a la actuación de apoyos con representación es el de la tutela y curatela, con lo que también tiene una función protectora, al ser un mecanismo de protección y defensa de la persona y de sus bienes.

Estableció un plazo de duración de la designación de tres años y las siguientes medidas de salvaguardia: (a) denunciar el ingreso de todo bien inmueble o mueble registrable al patrimonio del causante; (b) requerir autorización judicial para realizar los actos previstos en los artículos 121 y 405 del Código Civil y Comercial; (c) rendir cuentas de la administración de los bienes que eventualmente reciba su representado (art. 130 C.C.C.N.) y de la administración de la pensión que percibe, en forma anual y documentada, quedando exceptuadas si esta última no supera el valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil, extremo éste que debe previamente acreditarse; y (d) instar a la persona nombrada como apoyo a iniciar el proceso de revisión de esta sentencia previsto en el artículo 40 del ordenamiento de fondo, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios, dentro del plazo máximo de tres años de dictada la presente, o en cualquier momento si lo considera pertinente.Asimismo, ordenó que los progenitores realicen tratamiento psicológico de forma semanal y que se dé urgente intervención de profesionales de la Secretaría de Discapacidad de la Provincia en el grupo familiar del causante a efectos de abordar la revinculación familiar de J. N.

Concedido el recurso por actuación SED Nº 6529408, el apelante presenta memorial de agravios bajo actuación SED Nº 5676551.

En primer lugar, el apelante se agravia de la extensión y alcance de la restricción dispuesta, por considerarla genérica respecto de ciertos actos y contradictoria con los informes interdisciplinarios.

Postula que se debe aclarar que la restricción para la celebración de actos de disposición y administración de sumas de dinero se refiere a grandes sumas de dinero, lo cual se encuentra manifestado en los considerandos de la sentencia pero no en su parte resolutiva. Afirma ya que de los informes surge que el joven puede manejar pequeñas sumas y que la pericia psiquiátrica da cuenta de que conoce el valor del dinero y puede administrar pequeños recursos económicos; en lo cual coinciden la pericia psicológica (fs. 333 y 429) y el informe ambiental (fs. 293 vta). Hace notar que J. se maneja solo en el cajero, incluso con sumas mayores, sin inconvenientes.

Objeta también que se restrinja la capacidad de J. para realizar actividades remunerativas, en forma genérica, sin tenerse en cuenta los informes que demuestran que puede realizar actividades remunerativas simples. Expresa que si bien la pericia psicológica indica que no puede trabajar en actividad competitiva con remuneración por su diagnóstico de retraso mental leve, se trata de un fundamento genérico, insuficiente y una presunción basada solamente en el diagnóstico médico. Refiere que no todas las personas con similar diagnóstico médico son iguales, por lo que debe tenerse en cuenta todo el contexto y la singularidad de cada persona.

Se queja, asimismo, de la restricción referida a los derechos electorales por cuanto sostiene que J.los viene ejerciendo en forma sostenida y responsable desde hace años y demuestra interés al respecto. Señala que ello surge de las pericias psicológicas, psiquiátrica y de lo manifestado por su hijo en la audiencia del 16 de mayo de 2017.

En cuanto a la restricción de celebrar actos jurídicos no patrimoniales, afirma que es una fórmula demasiada amplia, genérica, que no discrimina ni menciona a qué actos en concreto se refiere, lo que restringiría al joven para todos los actos de su vida. Agrega que se establece la misma modalidad de representación para todos ellos cuando, a su entender, deberían ser bajo la modalidad de asistencia. Menciona que lo manifestado por J. en la audiencia del 16 de mayo de 2017 ratifica sus críticas en este punto, por cuanto hay una falta de coherencia y relación entre lo expuesto inicialmente por la magistrada en los considerandos y lo decidido posteriormente. Aduce que la sentencia, más que promover la toma de decisiones, los intereses y las habilidades que caracterizan a J. para algunas tareas, retrocede en estos aspectos y afecta su autodeterminación.

Como segundo agravio, objeta el rechazo de su pedido de ser designado como apoyo y el nombramiento en tal calidad de R. D R. Menciona que debió diferenciarse lo que es la relación padre-hijo de la relación entre excónyuges. Expone que con su excónyuge tuvieron muchas desavenencias que devinieron en denuncias recíprocas, con los consiguientes antecedentes penales. Resalta que su relación con J. es totalmente distinta, que tienen un gran vínculo, se

acompañan, ayudan y son sostén mutuo. Relata que su hijo J. vive con él desde siempre y que aún luego de separarse de su madre, continuó haciéndolo por voluntad propia.Refiere que en el proceso quedó demostrado que desde hace años se ocupa de las necesidades, cuidado y en especial de sus atenciones médicas, controles, operaciones quirúrgicas, viajes a Buenos Aires, amparos que tuvo que promover, compra de medicamentos, traslados para tratamientos, fisioterapia y natación. Agrega que la denuncia de la supuesta violencia hacia su hijo se formó sólo a partir de los dichos de la madre, sin prueba alguna, que incluso aquella manifestó en la audiencia del 23 de agosto de 2019 que él ejerció abuso sexual hacia J., sin advertirse o prestarse atención a la enfermedad de trastorno bipolar y los graves problemas psicológicos y de personalidad de aquélla. Alega que ninguna pericia psicológica y psiquiátrica realizadas a J. informa manipulación, violencia o abuso ejercidas por su parte como tampoco el informe psiquiátrico que le realizaron a él. Sostiene que en la planilla prontuarial no figura ningún antecedente respecto de J. Cuestiona que el rechazo para ser designado apoyo se funde en su negativa a realizarse una pericia psicológica, sin tener en cuenta que es él quien promovió la demanda, solicitó tal designación y mantuvo esa voluntad y pretensión a lo largo del proceso. Indica motivos por los cuales no se realizó la pericia, entre los cuales detalla el desgaste, cansancio, molestias por el tiempo que llevaba el proceso, su mayor edad, problemas de diabetes y presión, y contrapone a ello la falta de exigencia de pericia psicológica al designado como apoyo. Refiere que hay una separación de este último con su madre, por un lado, y con J. N. y su padre, por el otro. Acota que ello no se debe a que el apelante impida el vínculo de J. con ellos sino, por el contrario, a su falta de interés y atención hacia J. Menciona que las diferencias entre R.D./ V.P. con J. N./ C. J. R. vienen desde hace tiempo.

Resalta que no hay lazos afectivos entre R.D. y J.y que según la constancia del 2 de enero de 2020, R.D. y V.P. echaron a él y a J. de la casa, sin permitirles sacar sus pertenencias personales y documentación médica de su hijo por lo que tuvo que realizar una medida por intermedio de la Asesoría de Incapaces. Afirma que nada de lo comentado fue tenido en cuenta por el a quo y que se optó por designar a una persona que no mantiene afecto con J. N. e

incluso es rechazado por éste. Añade que las únicas pruebas realizadas al apoyo designado son el informe ambiental en el que se menciona que conviven y su planilla prontuarial, lo que -entiende – no es suficiente para afirmar su idoneidad.

Asevera que no se respetó ni valoró bajo ningún punto de vista la opinión y voluntad de J., quien desde el año 2014 decidió irse con su padre y manifestó su voluntad en cada oportunidad que tuvo. Alude que resultaba indispensable una nueva audiencia no sólo por ser un magistrado distinto sino también porque surgió la postulación como apoyo de una nueva persona (R.), lo cual no se informó a J. ni se le permitió el derecho de aceptar u oponerse a dicho apoyo, entre otras cuestiones. Refiere que todo ello permite deducir que no tuvo un efectivo y rápido acceso a la justicia al impedirse su participación en el proceso en igualdad de condiciones y sumado a que se encontraba obligado a estar representado únicamente por un tercero con quien no tiene contacto alguno (Curaduría oficial) sin que pueda recurrir a otras vías como la de otro abogado, cuando aún no se le había restringido su capacidad. Manifiesta que no se valoró que el cambio de apoyo en la persona del señor R. R. implicará la baja de la afiliación en la obra social y coseguro en la que se encuentra incluido su hijo como persona a cargo. Afirma que R.no cuenta con trabajo en relación de dependencia y no tiene obra social del IPS por lo que no le podría brindar tal cobertura. Apunta que J. necesita de manera permanente atención médica, medicamentos, tratamientos y que el señor R. padece una discapacidad mental razón por la cual percibe una pensión no contributiva y no podría extender una obra social para J.

Como tercer agravio, disiente con la modalidad de representación fijada en la sentencia, pues si bien concuerda con dicha modalidad para actos de disposición, administración, garantía de bienes inmuebles o muebles registrables, disposición de grandes sumas de dinero, actividades remunerativas que sean complejas o de mayor envergadura, celebración de matrimonio, actos personalísimos relativos a la salud, donación de órganos, sangre y para prestar consentimiento informado; discrepa en cuanto a los actos que se refieren al cuidado del cuerpo, ejercicio de derechos electorales y celebración de actos

jurídicos no patrimoniales para los que no correspondería restricción alguna ni la modalidad de representación del apoyo. Sugiere que para el caso que el Tribunal subsanara la restricción para los actos jurídicos no patrimoniales especificando cuáles serían éstos, debería serla bajo modalidad de asistencia.

Como cuarto agravio, plantea su disconformidad con la exención de la obligación de rendición de cuentas de la administración de la pensión de J., sin tener en cuenta las circunstancias particulares del caso y sin indagar en forma previa el monto del beneficio. Indica que la pensión actualmente es de $17.000,00 y que, muy probablemente, nunca será superior a un salario mínimo vital y móvil, por lo que, con el criterio adoptado por el juzgador, nunca deberá hacerse rendición de gastos por la pensión. Refiere que esta situación afecta los derechos de J.al tratarse de la administración y disposición de su dinero realizada por un tercero, fuere quien fuere, y que se trata de los únicos recursos que cuenta para satisfacer sus necesidades básicas, conforme surge de todos los informes interdisciplinarios agregados en autos. Aduce que la finalidad de la rendición es el carácter protectorio de la tutela como institución jurídica y social, constituyendo una de las causas de la remoción del tutor o el deber de indemnizar el daño, ante el incumplimiento de sus deberes propios. Expone que el hecho tratarse de una suma «mínima» no es justificativo para eximirlo de la obligación, ni el hecho de que existan gastos diarios de los que no se tengan comprobantes, en tanto el juez podrá evaluar el destino de los fondos aceptando en todo caso la falta de documentos.

Corrido traslado del memorial, por actuación SED Nº 6704147 contesta la Curadora Oficial, doctora María J. Miranda. Manifiesta que comparte lo expresado por el apelante respecto de los actos de administración y disposición de grandes sumas de dinero ya que es lo que solicitó al formular su alegato. Aclara que cuando se habla de «grandes sumas de dinero» se entiende que el demandado puede realizar los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana, tal como lo prevé el artículo 684 del Código Civil y Comercial referido a los menores de edad.

En cuanto a la capacidad laboral de J. N., refiere que de las pruebas de autos surge que no se encuentra en condiciones de trabajar. Expone que la no

restricción de la capacidad laboral de J. provocará la suspensión del beneficio provisional pues al estar en condiciones de trabajar, no existe razón para que se le otorgue una pensión no contributiva por discapacidad.Agrega que en el hipotético e improbable supuesto de que pudiese realizar una tarea laboral, la circunstancia de los viajes a Buenos Aires y las intervenciones quirúrgicas a las que es sometido provocarían que no pueda cumplir acabadamente con ninguna actividad laboral por lo que opina que el agravio debe ser rechazado.

En cuanto al derecho electoral, se allana al planteo del apelante y advierte que en su traslado no solicitó dicha restricción en mérito a las pericias interdisciplinarias y especialmente a lo manifestado por su asistido en la audiencia de visu, por lo que solicita que se haga lugar al agravio.

Respecto de los actos jurídicos no patrimoniales, expresa que la circunstancia de que ellos sean restringidos no significa una incapacidad total y, por el contrario, la figura de los apoyos fue constituida para que el restringido realice actos jurídicos no patrimoniales y no sea sustituido en la toma de decisiones. Remarca que J. N. sí realizará los actos aludidos pero con la asistencia de su apoyo bajo la modalidad representativa. En alusión a la modalidad, destaca que la jueza a quo lo decidió en el entendimiento de que el apoyo, respetando la voluntad y preferencias del joven, suscribirá los actos jurídicos -sin sustituirlo – en virtud de la modalidad representativa; que J. N. tiene una lectoescritura elemental con un pensamiento concreto y limitado con edad madurativa entre 9 y 10 años. Asevera que para los actos jurídicos extrapatrimoniales, como tomar decisiones sobre salud y lugar de residencia, el joven puede efectuarlos pero con apoyo de un tercero y que así lo concluyen las peritos psicólogas, la a quo y ella misma. Luego de diferenciar las categorías de los actos jurídicos, señala que no existe obstáculo para la imposición de categorías genéricas en cuanto a su determinación y que la necesidad de restringirlos responde al nuevo paradigma de salud mental que prescribe que todo lo que no está restringido constituye una capacidad conservada por la persona, la que puede ejercer sin necesidad de apoyo alguno.Añade que teniendo en cuenta la totalidad de pruebas producidas en autos, podría colocar en riesgo al joven ya que no cuenta con capacidad para firmar un poder o estar

en juicio sin la asistencia de un apoyo por lo que entiende que el agravio debe ser rechazado.

Respecto del agravio sobre la persona de apoyo designada, afirma que de la prueba producida surge claramente que el señor C. J. R. también ejerce violencia sobre su hijo. Menciona que de la audiencia de foja 32 surge violencia indirecta sobre su hijo, al manipularlo e inducirlo negativamente en contra de su madre; y que es falso que ninguna pericia informe manipulación, violencia o abuso hacia J. Alude a la pericia psicológica de foja 470 en cuanto sostiene que J. N. vivencia al padre como una persona con una doble faceta, en donde por un lado se repliega y asume una postura pasiva y por el otro responde de manera impulsiva y reactiva, en especial ante situaciones que le generan molestias. Afirma que tal conducta también fue observada por las peritos psicólogas a foja 246. Señala que las constancias del expediente de violencia familiar también dan cuenta de su consumo problemático de alcohol. Añade que el ofrecimiento de someterse a la realización de una pericia psicológica no corresponde a esta instancia por ser un acto precluido, que el proceso data del año 2014 y que el apelante fue notificado de que si no se sometía a dicha prueba sería dejado de lado como apoyo, lo cual fue consentido por éste y ma l puede agravarse si optó por negarse a participar de dicha prueba esencial para determinar su idoneidad para el cargo. Agrega que también resulta altamente negativo que el apelante tenga a su hijo aislado, hecho que se desprende de la pericia psicológica (fs. 248/249) en cuanto refiere a la modalidad vincular del señor R.reducida a la desvalorización, al maltrato físico y psíquico con sus hijos como también imponiendo su autoridad a través del arma que portaba por ser policía. Agrega que el propio apelante reconoce que no lleva a J. a ningún centro recreativo ni realiza ninguna actividad deportiva, lo cual -dice- también constituye una forma de violencia. Recuerda que el hermano de J. sostuvo que su padre es posesivo y autoritario con su hermano e impide el contacto y socialización de éste. Solicita que por todo ello se desestime este agravio.

Bajo actuación SED Nº 7020882, contesta vista el señor Asesor de Incapaces Nº 1, doctor Marcelo Fernández Esteban. Considera que de acuerdo con los informes producidos en autos se puede hacer extensiva la resolución en el sentido de que J. N. pueda manejar pequeñas sumas de dinero, conforme al artículo 684 CCCN. En lo relativo a la actividad remunerativa, hace alusión a los informes psicológicos y comparte el criterio de la señora Curadora Oficial. Respecto del ejercicio de derechos electorales, estima que puede hacerse lugar a tal petición. En relación con los actos jurídicos no patrimoniales, opina que de los informes elaborados surge que J. deberá contar con un dispositivo de apoyo, es decir con la colaboración de la persona designada quien deberá acompañarlo en sus decisiones y asistirlo. Afirma que en caso de que a J. le ingrese una gran suma de dinero, el señor R. D. R. deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas. En lo que atañe a la designación de la persona de apoyo, expone que el apelante ha sido requerido en más de una oportunidad para la realización de las pericias y así asumir como persona de apoyo de su hijo, sin embargo su conducta ha sido negativa toda vez que no se presentó, oponiendo excusas injustificadas. Concluye que, ante la conducta reticente desplegada por el apelante, mantiene su postura de que sea el señor R. D. R. la persona de apoyo de su hermano.Bajo actuación SED Nº 7373422 dictamina el Fiscal de Cámara en el sentido de que J. no cuenta con los recursos necesarios para manejar grandes sumas de dinero ya que desconoce el valor y la función de éste, pero sí pequeñas sumas como lo hace actualmente. Observa que del informe surge que puede ejercer su derecho de sufragio y que no puede trabajar en actividad competitiva con remuneración. Opina que puede hacerse lugar parcialmente al recurso. En lo que respecta a la designación del apoyo considera que debe continuar siéndolo su hermano R.D.

Llamados los autos para dictar sentencia mediante actuación SED Nº 7378075, providencia que se encuentra firme, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

II.- Que en orden a resolver la cuestión venida en revisión, es menester señalar que luego de iniciarse este proceso en el año 2014 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por ley 26.994, ordenamiento que resulta de aplicación inmediata al presente caso que involucra los derechos de personas con padecimiento mental. No obstante, cabe aclarar que no por ello

variará sustancialmente la solución del asunto puesto que el nuevo código de fondo recepta la normativa ya vigente en nuestro país a partir de las leyes 26.378 – que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Organización de Naciones Unidas en el año 2006 – y 26.657 de Derecho de la Protección de la Salud Mental – que incorporó el artículo 152ter al Código Civil de Vélez.En lo sustancial, los nuevos paradigmas que incorpora la citada convención internacional giran en torno al reconocimiento de la capacidad de la persona con padecimiento psíquico para ejercer por sí sus derechos en la mayor medida de sus posibilidades, con un sistema de apoyos y salvaguardias adecuados que, a la par de proteger sus intereses, respete su voluntad, preferencias, procurándose la mayor autonomía y libertad del padeciente mental en la toma de decisiones sobre su persona y sobre sus bienes.

Se trata de recuperar esa autonomía y poder de decisión a través de un sistema de apoyos que reemplace el modelo unitario de «sustitución» de la voluntad de la persona, receptado en la figura de la curatela.

Desde esa nueva perspectiva sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, el artículo 32 del Código Civil y Comercial regula el instituto sobre la base del principio general de plenitud de la capacidad de ejercicio o de hecho, contemplando dos formas de protección a aplicarse cuando el ejercicio de la capacidad plena de una persona mayor de trece años, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, puede derivar en un daño a su persona o bienes, a saber: capacidad restringida con un sistema de apoyos y, por excepción, declaración de incapacidad con la designación de un curador.

Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad exigen adoptar en todo momento el sistema que brinde el mayor reconocimiento posible de su autonomía en la toma de decisiones y garantice en mayor medida el respeto de su voluntad, deseos y preferencias que hacen a su identidad como ser humano.

Pero a la par de ello, debe contemplarse que el sistema a adoptar resulte acorde con las reales necesidades y potencialidades del padeciente en orden a evitar una situación de desprotección de sus derechos, tanto como de su patrimonio.Adviértase que un sistema que no brinde claridad respecto de la validez o invalidez de los actos jurídicos que realice la persona con capacidad restringida generaría un ámbito de inseguridad jurídica con el posible resultado de que terceros de buena fe vean defraudados sus derechos e, incluso, eviten relacionarse jurídicamente con una persona con capacidad restringida; y asimismo la elección de un sistema de apoyo insuficiente podría derivar en el menoscabo de los bienes, ingresos o de los derechos del padeciente mental. En esas condiciones, los loables propósitos del legislador quedarán truncos pues no se asegurará a las personas con discapacidad los instrumentos necesarios para que su discapacidad no degenere en «minusvalía». La inclusión de la diversidad en una comunidad democrática de iguales exige que a las personas con discapacidad se les brinde las herramientas jurídicas plenas y necesarias para poder interactuar jurídicamente en ella como pares, esto es, en situación de igualdad; y para ello requerirán en ciertos casos, como el presente, de instrumentos de apoyo al momento de establecer vínculos jurídicos.

En un precedente concerniente a la salud mental, remarqué que es objetivo primordial de la legislación positiva brindar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidades y deficiencias alcancen el máximo desarrollo de su personalidad, logrando su integración social y el desarrollo de una vida plena a través de acciones positivas, evitando así los estados de minusvalía. (ZM c/ IPSS s/ Amparo, Libro de Sent. 1ª Parte Año 2014, fº 166/173; 2º parte Sentencias Definitivas, año 2020, fº 352/358).

En tal sentido, se ha explicado que en el modelo social vigente no es la problemática física o mental individual la que «discapacita» a la persona, sino la inadecuada respuesta de la sociedad para contemplar la diversidad funcional de todos sus miembros (Kraut, Alfredo J. y Julio A. Martínez Alcorta, La autonomía de las personas con discapacidad mental en el marco de su tratamiento, en «Revista de derecho privado y comunitario», tº 2013-1, p.121, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2013).

A la luz de dichos principios y disposiciones jurídicas, corresponde analizar en primer lugar el agravio referido a la extensión de las restricciones a

la capacidad de obrar determinadas por la señora Jueza de grado en la sentencia en crisis.

Con relación a los actos de disposición y administración de sumas de dinero, asiste razón al agraviado en cuanto a la falta de aclaración, en la parte dispositiva del fallo, de que se mantiene la capacidad del afectado en lo que respecta a pequeñas sumas de dinero. Esta distinción ha sido expresamente consignada en el considerando III, 3er. párrafo, inciso «b» de la sentencia: «celebrar actos de disposición y administración de grandes sumas de dinero.».

Ante ello, no obstante que toda sentencia constituye un todo indivisible en cuanto a la recíproca integración de su parte dispositiva con los fundamentos que la sustentan (CSJN, Fallos: 169:330; 298:737, 305:913 y 311:509, 324:1584, entre varios otros), estimo necesario analizar el punto y dejar expresados con claridad los alcances de esta restricción a la capacidad de hecho de J. N. Coinciden la parte, los funcionarios del Ministerio Público Tutelar, Fiscal intervinientes y la señora Curadora Oficial en que el joven no puede manejar grandes sumas de dinero pero sí realizar los actos de escasa cuantía de la vida cotidiana. De ello dan cuenta acabada las pericias realizadas a J. N. (fs. 286, 293/294, 333/334) y la entrevista mantenida con el joven en la audiencia de foja 313.

Los elementos citados, evaluados globalmente con los restantes informes y constancias que describen las potencialidades y el ámbito de autonomía que tiene en su vida cotidiana el joven R., permiten acoger los agravios del apelante en este punto.Cabe resaltar que resulta beneficioso tanto por sus implicancias en la vida social como por el incremento de autonomía que trae consigo la posibilidad de disponer por sí de una parte de los ingresos que percibe de su pensión por discapacidad, y administrarla en pequeñas cantidades para sus gastos diarios.

Asiste razón también al apelante en cuanto es conveniente establecer un parámetro que permita establecer o bjetivamente qué debe entenderse por «grandes sumas». Al respecto, estimo que no resulta prudente establecer una suma fija como tope en el manejo de dinero atento la alta inflación que registra nuestro país desde hace décadas y que torna esperable que una suma fija se vaya

depreciando con el correr de los meses y años, en perjuicio de la autonomía y aptitud del afectado para administrar dinero. Por ello, y de acuerdo con el contexto particular del caso, creo adecuado establecer que la restricción alcanzará a las sumas de dinero que excedan el 20% del valor de dicha pensión; vale decir que J. N. podrá percibir, administrar y disponer, de acuerdo con sus intereses, deseos y necesidades, de sumas de dinero que no excedan de dicho valor.

III.- Que en lo atinente a la capacidad de desempeñar un trabajo remunerativo o celebrar contrato de trabajo, tengo presente en primer lugar la importancia que tiene el trabajo remunerado en relación con la dignidad y desarrollo de la persona humana dentro de su comunidad. Para quienes padecen una discapacidad, el valor del derecho al trabajo es aún mayor dado que promueve el propósito eminente de inclusión y no discriminación, derribando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social, además de los beneficios que normalmente producirá en la afectividad e independencia de la persona al sentirse incluida y autovalente.Es así que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país mediante la Ley Nº 26.378, con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (art. 1º), con sustento en los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad e igualdad de oportunidades (art. 3º, incs. «c» y «e»), se refiere expresamente al trabajo y empleo en su artículo 27, disponiendo que: «Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.»

Con tales propósitos y directivas, nuestro país ha dictado leyes tendientes a promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado, ya sea estableciendo cupos (ley 22.431) o beneficios diversos a los empleadores (ley 26.816), como capacitación y asistencia para promover la superación de sus aptitudes, competencias y actitudes, conforme a los requerimientos de los mercados laborales. Se prevé también la compatibilidad con la percepción de una pensión por discapacidad hasta cierto valor.

En segundo lugar, observo que del informe ambiental del 28 de diciembre de 2016 surge que J. es autoválido en lo que respecta a las actividades de la vida diaria, que conoce el valor del dinero y sale solo; que realizó cursos de mecánica de automotor y tiene pensado continuar con tales estudios (fs.293/294). Asimismo, los informes dan cuenta de que no concurre a ninguna institución, como tampoco participa de talleres de tipo recreativo o de oficios y que expresa haber realizado mecánica del automotor años atrás (fs. 429/430). El informe psicológico de foja 470 indica J. demuestra ser una persona inhibida e insegura, con dificultades para responder en base a sus propios criterios y necesidades; que actúa más bien de manera identificatoria con su padre, a quien toma como principal referente. Por su parte, el informe ambiental de foja 458 menciona que es independiente respecto de las actividades de la vida diaria, que presenta dificultades para relacionarse con los demás y no sale solo; que no realiza actividad social o recreativa alguna; que años atrás asistió a la escuela de mecánica, realizaba natación en la Sociedad Italiana; cursó hasta 2º año de secundario por el sistema virtual y luego abandonó.

Vale decir que J. N. conserva un margen de capacidad de ejercicio de sus derechos que le permite tomar ciertas decisiones sobre su vida personal y no se advierten motivos por los cuales no pueda, de ser ese su deseo y en el supuesto caso de obtener una oferta laboral justa y adecuada, poder desempeñar tareas remunerativas en la medida de sus posibilidades y siempre que no afecten su salud y prevean sus requerimientos al respecto. Podría ser una quimera, pero sería deseable y no debe descartarse, que pueda presentársele al joven J. una posibilidad de trabajar con las condiciones mencionadas, y en tal caso no existen

razones para restringir su capacidad para trabajar. Es por tales razones y principios en la materia que disiento en este punto con las opiniones de los representantes del Ministerio Público y la Curaduría Oficial, y considero que no debe restringirse la capacidad de ejercicio del derecho de trabajar de J. N.

Ahora bien, deberá contar con la asistencia de su apoyo, quien lo ayudará a evaluar si la oferta laboral reúne las condiciones de adaptación a la situación de J.y resultan justas y equitativas.

Reitero que no parece acertado imponer más limitaciones al potencial de J. N. R. y en su lugar procurar a través del sistema de apoyos su integración social que, según surge de las constancias de autos, se encuentra muy afectada por el contexto conflictivo familiar.

También en lo concerniente al ejercicio de los derechos electorales cabe atender el agravio.

En efecto, en la audiencia celebrada el 16 de mayo de 2017 (fs. 313), J. expresó que vota todos los años y demostró conocer el nombre del presidente, gobernador e intendente, como el del presidente de Estados Unidos y Francia, mostrando interés en el tema. Así también, los informes psiquiátrico (fs. 286) y psicológicos (fs. 333/334, 429/430) indican que ejerce el derecho al sufragio, por lo que no se advierten motivos para restringirlo.

Por ende, en coincidencia con el criterio expuesto por la Curadora Oficial, el Asesor de Incapaces y el Fiscal de Cámara, estimo que corresponde excluir el acto referido de las restricciones dispuestas en primera instancia.

IV.- Que a otra conclusión llego respecto de la queja sobre la restricción para celebrar actos jurídicos no patrimoniales.

De los informes multidisciplinarios producidos se desprende que el joven J. no cuenta con aptitud de discernimiento necesario para poder adoptar por sí solo decisiones atinentes a su cuerpo y salud, por lo cual debe mantenerse la restricción al respecto. Lo mismo cabe concluir sobre la elección del lugar de residencia.

La pericia psiquiátrica da cuenta de que el joven presenta el diagnóstico de retraso mental leve, neurofibromatosis y anemia hemolítica, que efectúa controles médicos mensuales y está medicado con deltisona y ácido fólico y que

requiere el apoyo de terceros para la toma de decisiones sobre salud y lugar de residencia.

De la pericia psicológica de fojas 333/334 surge que J. N.requiere de la contención de otras personas que lo asistan y monitoreen en su funcionamiento en general y en el cuidado de su salud, así como para asumir decisiones de trascendencia respecto de su cuerpo y de su salud. A foja 470 se le realiza una nueva pericia psicológica, que arriba a similares conclusiones. A fojas 470/471, las licenciadas en psicología observan en el joven un pensamiento concreto y limitado, tanto a nivel manifiesto como proyectivo, con un desarrollo madurativo, cognitivo y emocional inferior en relación con su edad cronológica (edad madurativa: 9 ½ – 10 años – Test de Raven), un frágil equilibrio psíquico y escasas defensas internas para hacer frente a las presiones, requiriendo el apoyo y sostén de un tercero.

De las pruebas reseñadas corresponde inferir que la discapacidad intelectual que sufre J. disminuye su facultad de discernir por sí los alcances y consecuencias de los actos personalísimos, tanto en lo referente a la salud, a la imagen y disposición sobre el propio cuerpo, como para decidir por sí solo su lugar de residencia; por lo que requiere contar con el sistema de apoyos que lo asista en la comprensión y decisión que responda a las preferencias e intereses de la persona protegida. En cuanto al consentimiento informado, dadas las circunstancias descriptas, se debe formar bajo el sistema de apoyos para la toma de decisiones y el compromiso de éstos y de los profesionales de que sea tenida en cuenta su opinión, como salvaguardia, más allá de que la persona de apoyo bajo modalidad de representación conserva la responsabilidad por las consecuencias de la decisión que finalmente adopte.

Por ende, debe mantenerse la restricción fijada en la sentencia en crisis.

V.- Que cabe tratar a continuación los agravios atingentes a la persona

designada como apoyo y a la modalidad de éste.El apelante objeta que se haya rechazado su pedido de ser designado apoyo de su hijo – designación que también fue solicitada por la progenitora -, así como el hecho de que se designe en tal calidad al hermano del afectado, R. D R.

La señora Jueza a quo, luego de analizar puntualmente cada uno de los informes interdisciplinarios, que es su hermano R. D. quien se encuentra en mejores condiciones de desempeñar dicho rol, en el entendimiento de que los progenitores, por diferentes motivos fundados, no resultan idóneos para cumplir con dicha función.

Sobre la cuestión, los argumentos del agraviado no alcanzan a revertir la decisión de grado, atento a la contundencia de los informes interdisciplinarios producidos y a las constancias de autos.

De las pericias psicol ógicas realizadas al joven J. N. surge que se advierten indicadores de abuso psicológico del padre hacia él (fs. 470/471), lo cual es corroborado por los informes de los asistentes sociales que entrevistaron a los progenitores y al hermano del afectado.

De la pericia psicológica citada surge también que hay una vivencia hostil y disfuncional en la dinámica familiar de J. y que los conflictos de los adultos pueden incidir indirectamente en el joven, afectando su integridad psíquica y emocional para su continuo desarrollo. Se concluye que a nivel proyectivo J. percibe en la figura paterna una doble faceta, en donde por un lado se repliega y asume una postura pasiva, y por el otro, responde de manera impulsiva y reactiva, en especial ante situaciones que le generan molestia.

En el informe social de fojas 458/460, la licenciada del servicio social extrae como apreciación profesional de la medida llevada a cabo lo siguiente: que la progenitora no puede decidir ni opinar en cuanto a la salud o necesidades de su hijo ya que su expareja se lo impide, y que lo mismo sucede con R D; que J. N.requiere de la aprobación del progenitor para interactuar con los otros miembros de la familia y compartir momentos dentro del seno del hogar, y que fuera de él sólo lo hace en compañía del progenitor; que J. no realiza actividad socio-recreativa ni educativa alguna porque el progenitor se lo impide; que todas las atenciones que requiere el joven las brinda el padre, quien no permite que lo haga otro integrante del grupo familiar; que J. comparte una misma habitación con su padre pese a que cuentan con recursos económicos y espacio para la construcción de una habitación de uso exclusivo del joven. Informó también que

existen antecedentes de violencia familiar en el seno del hogar por episodios originados por el señor C. R.

En el mismo informe ambiental, se entrevistó al hermano del afectado, R.D., quien manifestó que se encuentra cursando la carrera de enfermero profesional en la Cruz Roja y que obtuvo el título de chef en el instituto Gourmet, que siempre propició que su hermano interactuara con otras personas y se relacionara, que busca incentivarlo para que haga alguna actividad, que averiguó para que fuera a natación y a ajedrez pero su padre no lo permite, como tampoco que lo lleven con su otro hermano a realizar diferentes paseos. Comentó que a partir de los dieciocho años de J. comenzaron los conflictos ya que su padre comenzó a tomar decisiones por sí solo respecto de su hermano J., con quien es autoritario y posesivo. Explicó que los conflictos se suscitan porque el padre toma las decisiones sobre J. y éste espera la aprobación de aquél para todo y lo mismo ocurre respecto a su salud ya que no les avisa nada. En cuanto a la relación que mantiene el entrevistado con su padre, expresó que intenta ser neutral tratando de apaciguar las cosas, de buscar una solución y de entenderse con él para poder así estar más cerca de su hermano.Manifestó que en varias oportunidades mencionó a su padre la necesidad de que su hermano duerma solo proponiendo entre todos la compra de materiales para la construcción, sin obtener respuesta. Respecto de la relación de J. con su madre, señaló que cambió mucho a partir de los dos años que vivió solo con su padre y que el hecho de estar con tratamiento psicológico no le impide ocuparse de su hermano. Mostró su disposición a ser parte del sistema de apoyo.

Además de las serias objeciones que emergen de las constancias reseñadas, resulta relevante el hecho de que, no obstante las reiteradas veces en que el apelante fue intimado a realizarse una pericia psicológica, ésta no pudo llevarse a cabo por su propia negativa o falta de concurrencia. A foja 246 las psicólogas del Servicio de Psicología del Poder Judicial informaron que no pudo concretarse la pericia solicitada para el señor C. J. R. por la negativa de éste, quien durante su permanencia mostró poca disposición, actitud desafiante e impulsiva. Agregaron que el citado expresó que padece de diabetes (insulinodependiente) y de problemas de presión arterial, lo que le dificulta aún

más la posibilidad de responder en forma favorable a las demandas de su hijo. En una segunda oportunidad, al ser nuevamente citado y concurrir al mismo Servicio de psicología, expresó voluntariamente su intención de no realizar la evaluación psicológica, aduciendo no creer en la psicología y su falta de tiempo por tener que dedicarse a la salud de su hijo (fs. 462). A fojas 465 la señora Curadora Oficial pidió que se requiera nuevamente al progenitor la realización de pericia psicología bajo apercibimiento de no tenerlo en cuenta en su designación como sistema de apoyo de su hijo, lo que fue compartido por el señor Asesor de Incapaces a foja 466 y ordenado por el Juzgado a foja 467. El señor R.quedó intimado bajo tal apercibimiento y fue citado a concurrir al Servicio de Psicología el 26 de diciembre de 2019, pero no concurrió, conforme lo informado a foja 513. Con fecha 4 de febrero de 2020 se reitera la intimación al nombrado para la realización de la pericia, de la que es notificado a foja 559. El 31 de marzo de 2021 se remitió informe del Servicio de Psicología por actuación SED Nº 5529596, certificando la negativa del señor C. J. R. a iniciar el proceso de pericia psicológica, quien adujo como motivos, en este caso, la distancia para concurrir, el tener a su cargo a su hijo J. N. y su disconformidad por la demora en la resolución judicial.

Es menester destacar que la pericia psicológica al señor C. J. R., ordenada el 24 de noviembre de 2019, procuraba «la producción de pruebas proyectivas a efectos de conocer su perfil psicológico, en especial, la relación vincular con su hijo y su personalidad, debiéndose informar si presenta indicadores de violencia y/o de posible abuso sexual hacia el mismo» (fs. 467).

Tal como quedó expuesto, ante las sucesivas negativas y evasivas del progenitor, dicha prueba no pudo llevarse a cabo a lo largo del trámite en primera instancia, durante más de seis años.

Asimismo, del certificado de la División de Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia de foja 320 surge que el señor C. J. R. registra trece antecedentes penales por desacato y resistencia a la autoridad; estelionato, retención indebida y defraudación; dos causas por apremios ilegales; cuatro causas por lesiones agravadas por el vínculo y amenazas en perjuicio de V.P., una con uso de armas; coacción; desobediencia judicial, amenazas, atentado y

resistencia a la autoridad; tres causas por violencia familiar en perjuicio de la señora P.De todo lo analizado, corresponde inferir que el apelante no es la persona adecuada para cumplir la función de apoyo de su hijo J., en tanto quedó demostrado que con su actitud y forma de interactuar con el afectado no contribuye a promover su autonomía, inclusión y continuo desarrollo sino que, por el contrario, se presenta como una figura que lo domina, somete y aísla del resto de la familia, restringiendo sus posibilidades y potencialidades ya que no lo impulsa ni ayuda a realizar actividades recreativas, deportivas o educativas.

Ahora bien, dentro de la red de apoyo que existe disponible para la asistencia de J. N., resulta acertada la decisión de la señora Jueza a quo en designar a tal fin a su hermano R.D., toda vez todas las intervenciones practicadas por el servicio social dan cuenta de que se preocupa por J. y quiere que tenga mayor autonomía y desarrolle sus potencialidades a través de actividades deportivas y recreativas que él mismo ha propuesto pero que no fueron atendidas por el progenitor y en el contexto actual no parecen factibles dada la actitud dominante y posesiva de éste para con su hijo.

En audiencia del 12 de diciembre de 2019, el señor R.D.R. ratificó sus intenciones de ser persona de apoyo de su hermano, expresó que su hermano J. N. padece de neurofibromatosis, que vive con sus padres y los ayuda diariamente con el cuidado de su hermano (fs. 480).

Así entonces, la designación de R.D.aparece como la más adecuada en el contexto de la conflictiva relación familiar que padece J., las múltiples denuncias de violencia familiar y de género en contra de su madre, el nocivo vínculo generado por la actitud dominante y psicológicamente abusiva del padre hacia el joven que ciertamente incide desfavorablemente en el bienestar, integración en la comunidad y desarrollo de las potencialidades del joven J.

En cuanto al argumento referido a la cobertura de salud de J.N., se advierte la necesidad de continuar con la que actualmente recibe como beneficiario de la afiliación al IPSS de su progenitor y, en tanto no resulta requisito para ello la designación de éste como persona de apoyo, debe mantenerse aun cuando pudiere existir un distinto lugar de residencia de ambos,

lo que habrá de informarse eventualmente a dicho instituto social para la toma de razón.

Ahora bien, se observa que a raíz de la difícil situación descripta es necesario controlar que el vínculo fraterno haya podido fortalecerse luego del distanciamiento promovido a partir de la influencia dominante del padre, y funcionar provechosamente en beneficio del padeciente, por lo que propongo que en el plazo de seis (6) meses a contar del dictado de esta amplio informe ambiental y demás medidas que el juez de grado pudiere estimar convenientes.

VI.- Que en cuanto a la queja referida a la modalidad del apoyo, de los informes multidisciplinarios y de la entrevista mantenida con el joven cuyo acta rola a foja 313 cabe inferir que éste cuenta con cierta autonomía para desenvolverse en los actos y funciones de la vida cotidiana, y si bien las limitaciones cognitivas que presenta no neutralizan absolutamente su discernimiento para comprender en términos generales los actos restringidos, requiere de la persona de apoyo a efectos de asegurar que media tal comprensión y entendimiento en cada caso concreto, garantizando sus derechos. Por consiguien te, corresponde confirmar lo decidido en el fallo en crisis en cuanto se observa que para tales actos el apoyo actuará bajo la modalidad de representación.

Es preciso dejar aclarado que la adopción del sistema de apoyo en calidad de representante no implica sostener una «sustitución» de la voluntad, sino que el funcionario designado en tal carácter deberá tener en cuenta en todo momento los intereses de su hermano joven J. N., respetar sus preferencias y voluntad, posibilitando su digno desarrollo personal en el marco de la autodeterminación.Lejos de ser sustitutiva, la representación deberá ser la vía por la cual se canalice la voluntad del padeciente, teniéndose en cuenta en todo momento su opinión, su identidad como persona y sus circunstancias personales y sociales.

No escapa a la suscripta que los derechos fundamentales de las personas con discapacidad exigen adoptar en todo momento el sistema que brinde el mayor reconocimiento posible de su autonomía en la toma de decisiones y garantice en mayor medida el respeto de su voluntad, deseos y

preferencias que hacen a su identidad como ser humano. Pero a la par de ello debe contemplar que el sistema a adoptar resulte acorde con las reales necesidades y potencialidades del padeciente en orden a evitar una situación de desprotección de sus derechos, tanto como de su patrimonio.

La seriedad y relevancia de la cuestión de que se trata impone un necesario sentido común y práctico en las decisiones de los jueces de modo tal que la importante evolución legislativa habida – que implicó salir de un sistema general detalladamente regulado – redunde en un avance real y no meramente semántico en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

VII.- Que con respecto a la objeción de eximir de la obligación de rendición de cuentas por la administración de la pensión que percibe J. N. en el caso en que ésta no supere un (1) salario mínimo, vital y móvil, es cierto que la experiencia histórica de las últimas décadas indica que el valor del salario mínimo, vital y móvil es superior a las pensiones asignadas a las personas con discapacidad. En razón de ello, la exención establecida por la señora jueza a quo implicaría en la práctica la ausencia de rendición de cuentas del único ingreso que en la actualidad percibe el joven J. N., impidiendo un control básico sobre el destino de tales fondos.En consecuencia, debe atenderse este agravio y disponerse que la persona de apoyo deberá rendir cuentas de la administración de la pensión que recibe J. N. aun cuando no supere el valor de un salario mínimo, sin perjuicio de justificarse las partidas y gastos cotidianos respecto de los cuales no sea de uso extender recibos o constancias, en tanto resulten razonables y verosímiles.

Se ha señalado que la rendición de cuentas debe ser documentada y contener la relación de ingresos y egresos de la gestión. Si bien no es formal, y por principio no requiere intervención de contador o profesional especializado, debe respetar los recaudos básicos que permitan el control ordenado de los gastos en el período en cuestión, y la determinación de saldos. En suma, debe cumplir los recaudos establecidos en el artículo 859 del Código Civil y Comercial. Por aplicación de normas procesales, el juez podrá tener como justificadas las partidas respecto de las cuales no se acostumbrare a pedir recibos

y fueran razonables y verosímiles. (Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial comentado – tratado exegético, t. I, pág. 1092, La Ley, Buenos Aires, 2016).

VIII.- Que en virtud de los fundamentos expuestos, voto por hacer lugar parcialmente al recurso de apelación en los términos expresados en los considerandos II, III y VII. Asimismo, disponer que en el plazo de seis (6) meses a contar del dictado de esta sentencia se efectúe un control del funcionamiento del sistema de apoyo mediante un amplio informe ambiental y demás medidas que el juez de grado pudiere estimar convenientes.

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas por el orden causado atento que no ha mediado contradictorio y existir vencimiento parcial.

El doctor Leonardo Rubén Aranibar dijo:

Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,

I.- HACE LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto mediante actuación SED Nº 6001893 por el señor C. J. R.y, en su mérito, (1) MODIFICA la sentencia de primera instancia dictada el 1º de julio de 2021 por actuación SED Nº 5910314, en el punto I inciso «b» de su parte resolutiva, dejando establecido que: (i) la restricción de la capacidad de J. N. R. para celebrar actos de disposición y administración de sumas de dinero se limita a las que excedan el 20% del valor de la pensión que percibe J. N., quien podrá percibir, administrar y disponer, de acuerdo con sus intereses, deseos y necesidades, de sumas de dinero que no excedan de dicho valor, (ii) que no se restringe su capacidad de ejercicio de su derecho de trabajar y celebrar contrato de trabajo, si bien deberá contar con la asistencia de la persona de apoyo designada, quien lo ayudará a evaluar si la oferta laboral reúne las condiciones de adaptación a la situación de J. y resultan justas y equitativas; (2) REVOCA el inciso «d» del mismo punto I, disponiendo que puede ejercer por sí sus derechos electorales; y (3) DEJA SIN EFECTO la exención de la salvaguardia de rendición cuentas por la administración de la pensión que percibe el señor J. N. R., la cual debe ser realizada la persona de apoyo designada, en forma anual y documentada, cualquiera sea el monto de dicha pensión, sin perjuicio de

justificarse las partidas y gastos cotidianos respecto de los cuales no sea de uso extender recibos o constancias, en tanto resulten razonables y verosímiles. Costas por su orden.

II.- MANDA que se registre, notifique y baje.-

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