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#Fallos Accidente durante horas extra: Procede la indemnización por riesgos del trabajo incoada por un agente de policía provincial que sufrió un accidente cuando se encontraba realizando horas extra

Partes: V. T. J. A. c/ Estado Provincial s/ enfermedad/accidente de trabajo

Tribunal: Tribunal de Trabajo de San Salvador de Jujuy

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 3 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139294-AR|MJJ139294|MJJ139294

Voces: RIESGOS DEL TRABAJO – POLICÍA PROVINCIAL – ACCIDENTE DE TRABAJO – INDEMNIZACIÓN POR RIESGOS DEL TRABAJO

Procedencia de una indemnización por riesgos del trabajo incoada por un agente de policía provincial que sufrió un accidente cuando se encontraba realizando horas extra.

Sumario:
1.-Toda vez que el actor probó el accidente laboral que denunció y sus secuelas incapacitantes y siendo que no se configura ninguna de las eximentes de responsabilidad admitidas por a LRT, teniendo en cuenta que no hay antecedentes de que el actor sufriera de este tipo de dolencias con anterioridad al accidente, por lo que mal podría alegarse preexistencia, tampoco dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, por lo que corresponde admitir la demanda, condenando a la demandada al pago de las prestaciones por incapacidad permanente reclamadas y previstas por los arts. 14.2.a) LRT y 3 de la Ley 26.773.

2.-El accidente denunciado no puede considerarse in itinere, toda vez que el mismo sucedió mientras el actor se encontraba cumpliendo horas extras o ‘recargado’.

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3.-El empleador puede ser demandado judicialmente en forma directa ante los tribunales competentes en procura de las prestaciones de la ley 24.557, en conformidad con lo dispuesto por su art. 28 primer párr. ; art. 18 de la CN. que consagra el derecho a la jurisdicción natural y el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra ley fundamental por el art. 75, inc. 22 , en cuanto garantiza el acceso rápido y simple a los jueces.

4.-Mandar al trabajador a ocurrir ante las Comisiones Médicas significa una virtual denegación de justicia, porque los arts. 21 y 46 de la Ley 24.557, sólo le asignan competencia a éstas cuando la denuncia del siniestro laboral fue rechazada por la aseguradora; si ésta no existe, obviamente la acción judicial directa no puede ser denegada, en virtud de lo dispuesto por los arts. 145 inc. 2º , 148 y 149 inc. 1º de la Constitución de la Provincia de Jujuy.

Fallo:
En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los tres días del mes de octubre del año dos mil veintidós, los integrantes de la Sala II del Tribunal del Trabajo, doctora Amalia Montes y doctores Hugo C. Moisés Herrera y Diego Armando Puca, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el expediente Nº C-132168/19, caratulado: «V. T. J. A. c/Estado Provincial s/enfermedad/accidente de trabajo» y luego de un intercambio de opiniones,

La Dra. Montes dijo:

I.- Según resulta de las constancias de autos, el 27/02/2019 se presentó ante la Vocalía 6 de este Tribunal del Trabajo el Dr. Ariel Fernando Contreras en representación del Sr. V. T. J. A. promoviendo demanda en contra del Estado Provincial pretendiendo se condene a la demandada al pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (en adelante, LRT) así como la prevista en el art. 3 de la Ley 26773. Ello como resarcimiento por la incapacidad laboral derivada del siniestro que sufrió su mandante en febrero de 2017.

Al relatar los hechos manifestó que su mandante es dependiente de la Policía de la Provincia y que el día 19 de febrero de 2017, al finalizar su jornada de trabajo (20:00 hs) se le notificó que debía quedarse en calidad de «recargado» a cumplir servicio d vigilancia en el domicilio del Sr. Chorolque en el barrio Paraíso de Alto Comedero.

Y siendo aproximadamente las 22:30 encontrándose en las inmediaciones del domicilio cuya vigilancia debía realizar, salieron de los pastizales 3 personas de sexo masculino, uno de ellos tomó al actor por atrás, agarrándolo del cuello y otro sujeto le arrojó un golpe de puño al rostro, lo lanzaron al suelo y comenzaron a patearlo, al intentar quitarle el arma r su reacción fue cubrirse la cabeza con la mano izquierda y sujetar el arma con la derecho, mientras lo pateaban y forcejeaban.Y en esas circunstancias, al aparecer un automóvil que circulaba por el lugar los sujetos se dieron a la fuga.

Luego de varios intentos fallidos de ponerse en pie, ya que sufría mareos y dolores en todo el cuerpo, así como nauseas, logró sentarse en la vereda y al salir la vecina, Sra. Justina Tolaba, le brindó ayuda llamando al 911 y cuando llegó el móvil policial lo trasladaron al Hospital Snopek donde le realizaron los primeros auxilios, sufriendo una crisis nerviosa y estrés postraumático. Dijo que el hecho fue tan traumático que a consecuencia del mismo la Junta Médica Provincial por dictamen del 26/04/2018 concluyó que el actor ya no es apto para realizar tareas específicas (de seguridad y defensa), circunstancia que trucó su carrera policial, ya que el dictamen implica necesariamente el retiro obligatorio como miembro de las fuerzas de seguridad.

Ofreció prueba, planteó la inconstitucionalidad de algunas normas de la LRT y concluyó solicitando se haga lugar a la demanda.

Corrido el traslado de la demanda, al contestarla los representantes del Estado Provincial opusieron prescripción de la acción ya que el accidente ocurrió el 19/02/2017 y la demanda se interpuso el 27/02/2019. Y, al contestar demanda niega que se trate un accidente de trabajo en tanto no se adjuntó prueba de que el hecho ocurriera en ocasión del trabajo, cuestionando que se tratara de un accidente in itinere. Luego se extendió en consideraciones respecto de los efectos que cabe darle a los dictámenes de la Junta Médica y concluyó solicitando el rechazo de la demanda.

Al contestar el traslado previsto por el art. 55 CPT la parte atora negó que la causa hubiera prescripto dando fundamentos para el rechazo de la excepción y luego de los trámites de rigor se abrió la causa a prueba y habiéndose adherido las partes a las disposiciones del art.5 de la Acordada 27/20202, el entonces presidente de trámite por resolución del 21/04/2022 llamó autos para sentencia (fojas 154) y habiendo cesado en sus funciones, al incorporarse el Dr. Rivas a esta Sala se excusó de intervenir en esta causa por lo que quedó radicada en la Vocalía a mi cargo y habiéndose notificado la nueva integración del Tribunal el 21/09/2022 y quedado firme la misma corresponde sin más resolver la causa.

II.- Conforme se trabó la litis corresponde analizar en primer término el planteo de prescripción y al respecto decir que el accidente denunciado ocurrió el 19/02/2017 y la demanda se interpuso el 27/02/2019. Y según lo previsto en el art. 44 de la ley 24.557, la fecha a partir de la cual debe iniciarse el cómputo del lapso bienal de prescripción es a partir de que la prestación debió ser abonada o prestada y en el caso en que la demandada es autoasegurada y no se sometió el caso al procedimiento previsto ante las Comisiones Médicas, sino ante la Junta Médica Provincial que no otorgó el alta médica y tampoco fijó grado de incapacidad si no hasta el 26/04/2018 por lo que la presente acción no está prescripta ya que el diez a-quo principia a partir de que se está en condiciones de ejercer la acción y ese es el punto de partida para el computo de la prescripción.

El principio tradicional es que aquella comienza a correr cuando la acción nace «actio non nata non praescribitur», y siendo que la actora no tenía firme el alta -o la decisión asimilable- la acción no prescribió por lo que propongo se rechace el planteo.

III.- Respecto de la inconstitucionalidades planteadas sólo voy a tratar aquellos planteos que tienen vinculación directa con la causa (art.18 y 20 CPT). Y en lo que se refiere a aquellos artículos que asignan competencia federal a la cuestión debatida y que imponen un trámite administrativo previo ante las comisiones médicas, además de que la CSJN se expidió en la causa Castillo, Ángel S. c. Cerámica Alberdi S.A. (CSJN 07/09/2004 Fallos 327:3610 ; Cita online: AR/JUR/2065/2004), la competencia de esta Sala quedó fijada definitivamente conforme expresa disposición del artículo 4 del Código Procesal del Trabajo y habiéndose cuestionado de inconstitucional normas de la LRT, resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a la igualdad (arts. 16, 18, 75 inciso 22 C.N., 8 y 25 Pacto San José de Costa Rica), el exigir el agotamiento de la vía administrativa.

Además, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, se expidió diciendo que «el empleador puede ser demandado judicialmente en forma directa ante los tribunales competentes en procura de las prestaciones de la ley 24.557, en conformidad con lo dispuesto por su artículo 28 primer párrafo; artículo 18 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a la jurisdicción natural y el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra ley fundamental por el artículo 75, inciso 22, en cuanto garantiza el acceso rápido y simple a los jueces. Es que, mandar al trabajador en este caso a ocurrir ante las Comisiones Médicas, a mi juicio significa una virtual denegación de justicia, porque los artículo 21 y 46 de la ley en cuestión, sólo le asignan competencia a éstas cuando la denuncia del siniestro laboral fue rechazada por la aseguradora. Si ésta no existe, obviamente la acción judicial directa no puede ser denegada, en virtud de lo dispuesto por los artículos 145 inciso 2º, 148 y 149 inciso 1º de la Constitución de la Provincia de Jujuy» (LA 43, Nº396). Posición ésta reiterada en numerosos fallos del Superior Tribunal de Justicia (cfr. L.A.44, Nº 108; L.A. 46, Nº 498, de entre otros) y la jurisprudencia de esta Sala ha adoptado igual temperamento (cfr. B-237.898/10, «Rafael Ceferino Ramírez c/Policía de la Provincia de Jujuy-Estado Provincial», Nº B-286621/12, caratulado: «Casimiro, Daniel David c/Mina Pirquitas Inc. Suc. Argentina y Latitud Sur ART s/accidente de trabajo» de entre otros).

Por lo considerado y conforme lo dispuesto por los artículos 16, 18, 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en tanto establece como garantía judicial la de ser juzgado por los jueces naturales y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1 del Código Procesal del Trabajo, corresponde hacer lugar a la inconstitucionalidad planteada respecto del art. 46 LRT, así como de aquellos que imponen un trámite administrativo previo, así como el carácter vinculante de sus dictámenes (arts. 21, 22 y concordantes LRT).

Respecto de la aplicabilidad o no al caso de la Ley 26773, conforme lo viene sosteniendo esta Sala en numerosos fallos y jurisprudencia del STJ in re «Bellone c/Mafre», la discusión ha sido superada, debiendo aplicarse al caso dicha reforma.

IV.- Respecto del fondo del asunto, según prueba documental que obra en autos cabe tener por cierto la ocurrencia del accidente denunciado, el que desde ya adelanto, no puede considerarse in itinere, toda vez que el mismo sucedió mientras el actor se encontraba cumpliendo horas extras o «recargado», tal como surge de fojas 10 del Legajo agregado como prueba en el que obra la Nota Nº 160CSCD/17 suscripta por el Sub Comisario Sergio Choque y el Agte Antequera M. Luján de la que resulta acreditado que el actor «se encontraba cubriendo la vigilancia de barrio el Paraíso, fue interceptado por tres masculinos quienes tras agredirlo físicamente.» (textual). Es decir que no caben dudas de que el hecho ocurrió mientras el actor se encontraba prestando servicios, por lo que corresponde calificarlo de accidente de trabajo y encuadrarlo en las previsiones del art.6 LRT.

V.- Además de lo referido en el punto anterior de la documental que obra a fojas 6/13 de autos resulta que la propia empleadora auto-asegurada calificó el siniestro como accidente de trabajo y otorgó las prestaciones en especie previstas en la LRT bajo dicho régimen, cubriendo el 100% de las mismas.

Asimismo, según surge de la ficha de consumo de medicamentos ambulatorios del actor que remitió el Instituto de Seguros de Jujuy y obra agregado a fojas 120/122 a partir de la fecha del siniestro el actor efectuó consultas médicas por «accidente de Trabajo».

Sumado a ello, de la Histo ria Clínica remitida por el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, resulta que el actor fue sometido a Junta Médica, la que el día 26/04/2018 diagnosticó que «no apto para tareas específicas, bajo el diagnostico de estrés postraumático relacionado con el H.O 19/02/2017» (fojas 4 del expediente agregado por cuerda).

La referida fue la última conclusión diagnóstica que dio lugar al inicio del expediente de retiro obligatorio por invalidez del Sr. V. T. J. A.y me lleva a la convicción de que corresponde tener por probada la versión del actor respecto de cómo ocurrió el accidente de trabajo en el sentido de que estaba de servicio al momento de ocurrir el mismo.

VI.-Por su parte, el perito médico designado en la causa dictaminó que el actor presenta un «Reacción Vivencial Anormal Neurótica grado II» y que el accidente posee idoneidad suficiente para provocar el cuadro de descompensación psíquica que actualmente padece el actor y que no tenía antecedentes de tratamientos psicológicos con anterioridad al siniestro (respuestas 3 y 6 del pliego de la demandada).

En base a lo dictaminado y no obrando en autos elementos científicos que puedan descalificar esa conclusión (conclusión que fue la misma que la arribada por la Junta Médica Provincial integrada por cuatro médicos más, fojas 15 de autos), estimo que corresponde encuadrar el hecho en la previsión del art. 6 LRT, calificándolo como accidente de trabajo y tener presente el grado de incapacidad funcional que informó el perito médico (5%) que sumada correctamente a los factores que ponderó el perito (edad,0,5% y dificultades para realizar sus tareas, 10%) cabe concluir que la incapacidad según Decreto 659/96, es del 5.53 %(5×1.105=5.53%).

VII.- De la prueba reseñada resulta que el actor probó el accidente laboral que denunció y sus secuelas incapacitantes y siendo que en autos no se configura ninguna de las eximentes de responsabilidad admitidas por a LRT, teniendo en cuenta que no hay antecedentes de que el actor sufriera de este tipo de dolencias con anterioridad al accidente, por lo que mal podría alegarse preexistencia, tampoco dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, por lo que propicio se haga lugar a la demanda, condenando a la demandada al pago de las prestaciones por incapacidad permanente reclamadas y previstas por los arts. 14.2.a) LRT y 3 de la Ley 26673.Para calcular las indemnizaciones propongo se tenga en cuenta la fecha del siniestro (19/02/2017)y el grado de incapacidad (5,53%), pero no constando en autos datos suficientes que permitan determinar el ingreso base y el coeficiente de edad, propicio se difiera la estimación del monto de condena hasta tanto las partes arrimen constancias de las remuneraciones que percibió el actor durante al año anterior al siniestro y documental que dé cuenta de su fecha de nacimiento.

VIII.- En cuanto a las cuestiones accesorias, no existiendo motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (artículo 95 del C.P.T.), propongo que las costas sean impuestas a la demandada vencida y que se difiera la estimación de los honorarios profesionales.

IX.- Finalmente aclaro que, conforme lo dispuesto por el art. 18 del CPT sólo he considerado las cuestiones conducentes y que estrictamente contribuyeron a resolver el fondo del asunto. Así voto.

El Dr. Hugo C. Moisés Herrera dijo:

Compartiendo los fundamentos esgrimidos, adhiero al voto que antecede.

El Dr. Diego Armando Puca, dijo:

Adhiero al voto de Presidencia de Trámite.

Por lo considerado, la Sala II del Tribunal del Trabajo de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

I.- Hacer lugar a la demanda y en consecuencia, condenar al Estado Provincial a abonar al Sr. V. T. J. A. las indemnizaciones previstas en el art. 14.2.a) LRT y art. 3 Ley 26773, difiriendo la estimación del monto de condena hasta tanto las partes adjunten constancias de las remuneraciones que por todo concepto percibió el actor durante el periodo comprendido entre febrero 2016 a febrero 2017 inclusive, así como documental que dé cuenta de su fecha de nacimiento.

II.- Imponer las costas a la demandada vencida.

III.- Diferir la regulación de honorarios de Dres. Ariel Fernando Contreras y Eduardo Miguel Paz hasta tanto se fije el monto de condena.

IV.-Registrar, agregar, notificar por cédula.

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