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#Fallos Violencia de género y seguridad social: Se concede el beneficio de pensión por fallecimiento del cónyuge a favor de una mujer acusada del homicidio de aquel

Partes: C. G. E. c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Amparo ley 4915

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Córdoba

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 17 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139159-AR|MJJ139159|MJJ139159

Concesión del beneficio de pensión por fallecimiento del cónyuge a favor de una mujer acusada del homicidio de aquel.

Sumario:
1.-La aplicación de la causal de exclusión prevista en el art. 37 inc. b) de la Ley Nº 8024 de Córdoba, sin considerar el panorama fáctico, esto es, la condición de la actora de mujer víctima de violencia de género, persona en situación de pobreza, con una enfermedad crónica y terminal en estado avanzado, la dilación del proceso penal al que ha sido sometida que podría llevar a la frustración del derecho reclamado que la colocan en una situación de ‘hipervulnerabilidad’, justifica la declaración de ilegitimidad del acto administrativo que rechazó el beneficio de pensión por fallecimiento del cónyuge.

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2.-Es admisible formalmente la acción de amparo, ya que las dilaciones derivadas de la suspensión del trámite administrativo resultan susceptibles de producir agravios en los derechos constitucionales y convencionales de la accionante.

3.-Si bien el proceso contencioso administrativo es la vía ordinaria para promover la revisión de la legalidad del accionar de la institución demandada, debido al estado de vulnerabilidad de la actora por ser mujer y por el cuadro de salud que atraviesa, la vía ordinaria le causaría un daño grave e irreparable.

4.-Entre las garantías mínimas que el Estado debe reconocer a todas las personas para asegurar el derecho a la defensa, debe mencionarse, necesariamente, el derecho a la presunción de inocencia que acompaña a la acusada durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme; la presunción de inocencia no sólo rige en materia penal sino también en los procedimientos administrativos.

5.-No se requiere una absolución firme en sede penal para que la actora sea tratada como inocente, sino que dicho estado es presumido y sólo puede ser derribado mediante una sentencia condenatoria firme.

6.-No se advierte que la Caja en su obrar haya respetado la presunción de inocencia, toda vez que exige el acompañamiento de una sentencia absolutoria firme para el tratamiento de la situación de la actora, requisito que no resulta de recibo en nuestro orden constitucional.

7.-La prejudicialidad penal no debe extenderse más allá del restricto campo de la reparación civil de los daños y perjuicios ocasionados por la ilicitud aquiliana, ya que el principal motivo de este instituto es evitar el dictado de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho.

8.-No puede omitirse la consideración de la interseccionalidad de elementos de vulnerabilidad que convergen en la persona de la actora; es posible definir a la interseccionalidad como la confluencia respecto de una misma persona, de violaciones de diferentes tipos de derechos, lo que potencia el efecto devastador a la dignidad humana de las personas que la sufren y provoca una vulnerabilidad más intensa.

Fallo:
En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil veintidós, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario Nº 1629, Serie «A», del 06 de junio del año 2020 del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (punto 8) y por el Protocolo de Actuación para el Fuero Contencioso Administrativo, aprobado por Resolución Nº 76, de fecha 08 de mayo del año 2020, emanada de su Presidencia, las Señoras Vocales integrantes de la Cámara Contencioso-Administrativa de Segunda Nominación, Dra. María Inés Ortiz de Gallardo y Dra. María Soledad Puigdellibol, bajo la presidencia de la primera, proceden a dictar sentencia en estos autos caratulados: «C., G. E. c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA – AMPARO (LEY 4915)» (Expte. Nº_, iniciado el 25/11/2020), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda de amparo?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Conforme al sorteo practicado, las señoras vocales votan en el siguiente orden: Doctora María Soledad Puigdellibol y Doctora María Inés Ortiz de Gallardo.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA SOLEDAD PUIGDELLIBOL, DIJO:

1.- Con fecha 25/11/2020 (Op. N° 3758655) la Sra. G. E. C., mediante su letrado patrocinante, Dr. Adrián Gustavo Mondino, interpone la presente acción de amparo (arts. 43 y 75 inc. 22 C.N.; art. 48 C. Pcial. y Ley Nº 4915), en contra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución Serie «B» N° 000134 de fecha 30/10/2020, en cuanto dispone: «NO HACER LUGAR a la presentación efectuada mediante consulta web Nº 161136 de fecha 14/09/2020, por la Sra. G. E.C., CUIL _, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución».

Asimismo, en los considerandos de la resolución citada, en remisión al Dictamen N° 1176 de fecha 09/11/2018 sostiene que «la Subgerencia Gra. de Asuntos Legales se expidió con suficiente y debida fundamentación legal respecto a la procedencia de la suspensión del procedimiento administrativo y al diferimiento del tratamiento y resolución del recurso de reconsideración planteado en contra de la Resolución que le denegara a la recurrente el beneficio de pensión solicitado, hasta tanto la interesada acompañe Sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada». Califica de arbitrarias, contrarias a derecho, irrazonables y carentes de todo fundamento, a las resoluciones dictadas por la Caja en cuanto deciden negarle el beneficio de pensión por fallecimiento de su cónyuge, y suspender la resolución de dicho pedido por un tiempo por demás prolongado e indefinido, lesionando seriamente derechos y principios de raigambre constitucional, razón por la cual solicita se declare la nulidad de la resolución que motiva el presente recurso y se disponga en forma inmediata el otorgamiento del beneficio de pensión por fallecimiento de su esposo Sr. J. C. M., conforme los fundamentos de hecho y de derecho que seguidamente se exponen.

Pretende que la demandada se abstenga de incurrir nuevamente en actos lesivos que puedan afectar sus derechos.

Expone como antecedentes fácticos del caso, que con fecha 20/11/2014 falleció su cónyuge J. C. M., D.N.I. Nº _, a partir de lo cual fue procesada ante los tribunales penales de Cruz del Eje, en los autos caratulados «C., G. E. – P.S.A. homicidio calificado por el vínculo – EXPTE. Nº 2109951».

Señala que por Sentencia Nº 56, de fecha 15/09/2016, la Excma.Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje dictó su absolución, por el hecho que se le imputaba, decisión que fue recurrida en casación por la fiscalía y la querella.

Añade que el Tribunal Superior de Justicia, por Sentencia Nº 167 de fecha 22/05/2017, acogió parcialmente el recurso de casación y ordenó el reenvío de la causa a la Cámara en lo Criminal que por turno corresponda de la ciudad de Córdoba, a los fines que proceda a efectuar un nuevo juzgamiento de su persona, debiendo juzgar los hechos que se le endilgan con una perspectiva de género «atento la condición de mujer de la acusada y la violencia que sufría por esa misma condición» (fs. 29 del fallo citado). Prosigue que la causa fue remitida a la Cámara en lo Criminal Nº 2, Sec. 4, de la ciudad de Córdoba, pero hasta el día de la fecha no ha emitido resolución alguna, ni de condena ni de absolución.

Indica que el día 29/03/2018, solicitó, en calidad de cónyuge supérstite, el beneficio de pensión por fallecimiento ante la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, trámite Nº 29455.

Expone que con fecha 15/06/2018, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, dictó la Resolución Serie «A» Nº 460, que denegó el beneficio de pensión por fallecimiento de su cónyuge Sr. J. C. M., por no cumplimentar con los requisitos establecidos en la Ley Nº 8024 y sus reglamentaciones.

Destaca que en los considerandos de dicha resolución expresamente se establece que «no tendrán derecho a pensión (.) los causahabientes en caso de indignidad para suceder o por desheredación de acuerdo con las disposiciones del Código Civil.

Que la remisión alude al art.2281 del Código Civil y Comercial, que, con respecto a las personas indignas para suceder, menciona a los autores cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la pena.

(.) Que así las cosas, en tanto la causa penal se encuentra sin sentencia firme a la presente fecha, corresponde denegar el beneficio solicitado».

Manifiesta que, contra dicha resolución administrativa, interpuso, con fecha 19/07/2018, recurso de reconsideración, por resultar violatoria fundamentalmente del principio de inocencia del que goza toda persona.

Agrega que la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, dictó la Resolución Serie «D» N° 000625 de fecha 05/12/2018, mediante la cual resolvió «SUSPENDER el presente procedimiento administrativo y DIFERIR el tratamiento y resolución del recurso de reconsideración articulado en contra de la Resolución Serie «A» Nº 000460 de fecha 15/06/2018 para cuando la Sra. G. E.C., CUIL _, acompañe sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada».

Relata que, con fecha 14/09/2020, peticionó ante la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba la continuación del trámite, la inmediata resolución del recurso de reconsideración interpuesto y el otorgamiento del beneficio de pensión por fallecimiento.

Asevera que motivó su pedido, el excesivo tiempo transcurrido desde la fecha de solicitud del beneficio de pensión por fallecimiento y desde que el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al recurso de casación y ordenó el reenvío para una nueva decisión, todo ello mediante Sentencia N° 177 de fecha 22/05/2017 (sic).

Destaca que, desde el reenvío dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, hasta el nuevo pedido, transcurrieron más de tres años y cinco meses sin una condena firme en sede penal, impidiéndole acceder al beneficio de pensión y sometiéndola a un nivel de indigencia incompatible con los derechos y garantías constitucionales.

Aclara que solicitó que se respete el principio de inocencia y el carácter alimentario del beneficio de pensión por fallecimiento.

Pone de relieve que declaró y acreditó su comprometido estado de salud, al ser diagnosticada con una grave enfermedad incapacitante «Carcinoma de Mama», a raíz de la cual se sometió a largos tratamientos oncológicos, que aún debe realizar y los cuales no puede llevar a cabo por falta de dinero.

Especifica que sus ingresos son escasos y derivan de una ayuda social del gobierno, extremo que también acreditó ante la demandada.

Asimismo, solicitó que se aplique el art. 1775 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Continúa relatando que, ante dicho pedido, la entidad demandada dictó la Resolución Serie «B» N° 000134 de fecha 30/10/2020 «NO HACER LUGAR a la presentación efectuada mediante consulta web N° 161136 de fecha 14/09/2020, por la Sra. G. E. C.CUIL _».

Resalta que, en los motivos de dicha resolución, expresamente se estableció «(.) que no se advierten en autos nuevos elementos de juicio que permitan hacer variar el criterio sustentado en la resolución cuestionada».

Denota que la suspensión de la resolución del recurso de reconsideración y el no otorgamiento del beneficio de pensión por fallecimiento, que persiste al día de la fecha, en un plazo por demás excesivo (2 años y 5 meses), resulta arbitrario, carente de sustento factico y jurídico y no resulta conforme a derecho.

Estima, en consecuencia, que la resolución debe ser revocada, ya que se trata de una medida que «procura resguardar los fondos públicos», pero que violenta en forma grosera y arbitraria los derechos constitucionales que le asisten, en particular, el de defensa en juicio, el debido proceso, inocencia, y la obtención del beneficio de la seguridad social (pensión por fallecimiento), con carácter de integral e irrenunciable. Expone que la demandada, sistemáticamente, sin que exista una resolución de fondo dentro del procedimiento administrativo, ni en sede penal, deniega su derecho a percibir el beneficio de pensión por fallecimiento que le asiste.

Desarrolla las razones que justifican a su entender la procedencia formal.

Razona que la imperiosa necesidad de obtener rápidamente una tutela judicial en defensa de los derechos constitucionales y convencionales que le asisten, determina la admisibilidad de la presente demanda de amparo, y que se encuentran reunidos en autos los requisitos formales del art. 43 de la C.N. y art. 48 de la C. Pcial., como así también de la legislación pertinente (Ley Nº 49 15).

Enfatiza que la acción se entabla dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde que el acto (Resolución Serie «B» N° 000134 de fecha 30 /10/2020) fue ejecutado.Añade que la resolución que da motivo a la presente acción de amparo no ha sido dictada en el marco de la Ley Nº 16.970, no compromete directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado y la determinación de la eventual invalidez del acto no requiere una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas.

Afirma que los actos de la demanda de los que busca amparo, son de manifiesta arbitrariedad e ilegalidad; solo se dispuso una suspensión por tiempo indeterminado de la resolución de su beneficio de pensión por fallecimiento, que resulta absolutamente improcedente con la legislación vigente.

Aclara que, en sentido amplio, la arbitrariedad deviene de la falta de motivación de dicha suspensión del procedimiento y del consiguiente beneficio de pensión por fallecimiento, violando en primera medida el principio de inocencia que le asiste, sin causa o fundamento adecuado o suficiente.

Repara que no puede esgrimir, como sistemáticamente lo hace la demandada, el

«resguardo o preservación de los fondos públicos».

Señala que la demandada puede otorgarle el correspondiente beneficio, y en el hipotético caso de recibir condena penal, de revocar dicho beneficio y perseguir el reintegro de lo percibido, más no puede resultar al revés el procedimiento, ya que nos lleva lisa y llanamente a una drástica sanción previa por parte de la entidad administrativa, sin un proceso previo, y con un avasallamiento de sus derechos individuales.

Destaca que los beneficios previsionales revisten el carácter de alimentarios, y en el caso de la pensión por fallecimiento, el T.S.J. ha dicho que:»los conceptos utilizados por el legislador, en las leyes jubilatorias deben interpretarse conforme a la esencia y al sentido de la institución previsional en juego, la cual -acreditada la convivencia efectiva de la pareja- tiene por objeto cubrir los riesgos de la subsistencia y de la ancianidad (.)» (Sentencia Nº 15, 03/06/1997, «Sahade, Rosa c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Subsidios de Abogados de la Provincia – Plena Jurisdicción – Recurso directo (hoy casación)», citado en La materia previsional en la jurisprudencia – Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba – Domingo Juan Sesin – año 2016 – Rubinzal Culzoni – Editores – pág. 116).

Invoca la doctrina según la cual «Dado el carácter de las leyes previsionales, que tienden precisamente a reconocer derechos alimentarios, su interpretación y aplicación no puede hacerse en forma que conduzca, en definitiva, a negar su fin esencial que es el de cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, por lo que no deben seguirse pautas rígidas de tipo gramatical, sino computar el significado profundo de ellas, teniendo en cuenta sus fines y el contexto general.» (Sentencia Nº 7, 04/06/1993, «Luna, Fátima c/ Caja de Jubilaciones CA. Recurso de Casación. Planteo de Inconstitucionalidad. Reservas», op. cit. pág.115).

Explicita que la decisión de la demandada resulta arbitraria y no posee fundamento razonable ni justo y que la ilegalidad viene a sumarse a la arbitrariedad para conformar en conjunto un marco de claro avasallamiento de sus derechos y garantías, como son las del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela efectiva (administrativa en el caso, conforme precedente «Baena» de la CIDH y «Astorga», C.S.J.N.).

Postula que no existe en la especie otro medio judicial más idóneo, ya que carece de un remedio o acción judicial expedita, la demora de otro tipo de proceso implica un riesgo concreto a la vida, salud e integridad de su persona, ya que carece de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y no cuenta siquiera con obra social para poder realizar los distintos tratamientos, atento la enfermedad grave que padece y que fue expresada.

Reitera que es tal la injusticia que padece, que apenas puede subsistir penosamente con ingresos de planes del gobierno, y ayuda de amigos, todo ello derivado de la postura asumida por la referida entidad pública.

Razona que de optar por el agotamiento de la vía administrativa y posterior inicio de un proceso de plena jurisdicción, al utilizar la vía contenciosa administrativa, se encontraría en la posibilidad de que dicho proceso podría dilatarse durante años y, de ese modo, se habrían diluido los derechos y garantías constitucionales cuya protección se persigue en autos.

Manifiesta que, conforme el entendimiento de las autoridades de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, su situación estaría indefectiblemente sin resolver (por la suspensión del procedimiento administrativo) hasta tanto no haya «condena firme en sede penal», lo cual podría demorar muchos años atento que aún no hay resolución de la Excma.Cámara en lo Criminal interviniente, y una vez que exista resolución la misma podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia e incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, viéndose absolutamente desmembrado el derecho alimentario que le asiste.

Estima que los remedios a los que hace referencia la ley de procedimiento contencioso administrativo, no darán solución idónea al problema que plantea y le ocasionaría un daño irreparable frente a las arbitrariedades dispuestas en la Resolución Serie «B» N° 000134 de fecha 30/10/2020.

Explica que es por ello que no basta que exista una vía administrativa o procesal para desestimar el amparo, toda vez que hay que considerar, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo.

Cita doctrina de la C.S.J.N. referida a que «la acción de amparo es procedente dado que la normal duración de un proceso ordinario, haría que, en el caso, se produjera una verdadera denegación de justicia» (L.L 139-753 ED 66-501).

Cuestiona que la solución adoptada por la Caja de Jubilaciones configura una violación directa de derechos humanos reconocidos en el art. 43 de la C. N. y en el art. 48 de la C. Pcial., protectorios de los derechos a una seguridad social integral de la cual goza su persona, como así también de la presunción de inocencia, mientras no haya un proceso con condena firme y de recibir un trato igualitario ante la ley. Aduce que en su caso existe un despojo que requiere de una reparación urgente, expedita, rápida y eficaz.

Sostiene que esa resolución colisiona con los principios constitucionales de razonabilidad (art. 28 C. N.) y debido proceso sustantivo (art. 33 C.N.), comprensivos del subprincipio prescriptivo de la desproporción por protección deficiente.

Acusa una vulneración actual que lesiona, restringe y altera su derecho a la seguridad social, de propiedad, de igualdad, de defensa en juicio, que viola los principios de legalidad y razonabilidad.Cita doctrina de la C.S.J.N.

Apunta que la necesidad de la tutela urgente por parte del órgano jurisdiccional surge frente al perjuicio inminente e irreparable que pesa sobre su persona, de carácter irreversible si no se cumple adecuada y oportunamente la manda judicial que acoja la pretensión esgrimida.

Agrega que es una controversia sobre una cuestión de puro derecho, que no requiere amplitud de debate o prueba, y la segregación cuestionada fue por medio de un acto de autoridad pública que conculca groseramente su garantía constitucional.

Como fundamento de la procedencia sustancial de la acción esgrime que el obrar de la demandada lesiona abiertamente un conjunto de derechos que le asisten, tornando ilegal e inconstitucional la conducta de las autoridades, representantes y dependientes de la entidad demandada.

Puntualiza, en términos generales, que todos los derechos conculcados tienen jerarquía constitucional, sea mediante reconocimiento expreso en la C.N. o en Tratados Internacionales de Derechos Humanos (en función del art. 75 inc. 22 C.N.), o porque – siguiendo las propias previsiones constitucionales expuestas en el art. 33 de la C.N.- integran la categoría de derechos de implícitos o no enumerados.

Argumenta que, conforme a los principios de indivisibilidad, interdependencia, favor debilis y pro homine (ínsitos a la noción misma de derechos humanos), en tiempos contemporáneos, no es posible concebir a la defensa y garantía en forma aislada de un derecho.Cita doctrina de la C.I.D.H.

Destaca que la labor de los jueces debe asirse a la directiva axiológica y hermenéutica

«pro homine», norte que informa en toda su extensión al campo de los derechos humanos.

Acusa la violación de ciertos derechos que a continuación se detallan, cuya enumeración, aclara, no es exhaustiva sino meramente ilustrativa.

1.- Violación del principio de inocencia, del derecho de defensa, del principio de legalidad y falta de fundamentación:

Apunta que desde el recurso interpuesto con fecha 19/07/2018, la demandada procedió a suspender el trámite y resolución de dicho recurso de reconsideración, para cuando exista sentencia en sede penal, en virtud de los arts. 1775 y 2281 inc. 1 del C.C.C.N., situación que no puede válidamente ser mantenida a la luz del tiempo transcurrido desde aquel entonces y atento a la nueva presentación realizada por su persona.

Manifiesta que al no existir al día de la fecha sentencia en sede penal y conforme la angustiante situación en la cual se encuentra -ya que no tiene trabajo- percibe mínimos ingresos de subsidios y está cursando una grave enfermedad, debe someterse a tratamientos que no puede realizarse por sus elevados costos.

Insiste en que no existe fundamento alguno para dilatar el otorgamiento del beneficio previsional de pensión por fallecimiento.

Invoca el art. 1775 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Pone de manifiesto que desde que el T.S.J. dictó la sentencia N° 167 del 22/05/2017, h an transcurrido más de tres años y seis meses, sin que haya resolución respecto de su situación procesal en sede penal.

Añade que incluso de existir resolución en sede penal por parte de la Excma. Cámara en lo Criminal, la misma podrá ser objeto de casación por ante el T.S.J. y, eventualmente, de recurso extraordinario federal por ante la C.S.J.N., lo cual llevaría desdichadamente muchos años de demora. Cita el art.8.1 y 8.2 de la C.A.D.H. Controvierte la fundamentación de la decisión que impugna que se limitó a expresar que «Que en consecuencia, no se advierten en autos nuevos elementos de juicio que permitan hacer variar el criterio sustentado en la resolución cuestionada», sin expresar por qué no aplica el art. 1775 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Subraya que se limita drásticamente el derecho de defensa de su parte y la Caja emite una resolución sin fundamentos, ya que ni siquiera se esmera en expresar porque no se aplica el art. 1775 inc. b) del Código Civil y Comercial.

Cuestiona también que la Caja suspenda la resolución del beneficio de pensión «.hasta que exista condena pasada en autoridad de cosa juzgada en sede penal» sin existir ninguna norma legal que justifique la suspensión al día de la fecha, tornando la resolución en crisis por demás absurda y arbitraria.

Insiste en que se trata de una suspensión arbitraria, ilegitima, carente de fundamentación, que no se ajusta a derecho y vulnera todas las garantías constitucionales, ya que la misma se trata de una medida preventiva que ha excedido todos los plazos razonables, sin que se haya aplicado el mencionado artículo del Código Civil y Comercial de la Nación.

Destaca que una medida cautelar como la señalada, impone la necesidad de efectuar un exhaustivo análisis a fin de evitar que su disposición o aplicación se encuentre ilegítimamente concedida, al estar en juego el principio de inocencia.

Argumenta que, de continuar privándosela del derecho de pensión por fallecimiento, se estaría otorgando a esta clase de medidas un fin punitivo, aplicando una condena anticipada, contrariando claramente el fin meramente cautelar que deben perseguir todas las medidas de este tipo; más aún cuando del propio texto de la norma que la regula (art. 1775 inc.b) del C.C.C.N.), prevé como supuesto de excepción a la dilación excesiva en la causa penal. Cita el art. 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Concluye que la sola mención a que alude la demandada de «que no existen elementos que hacen variar lo resuelto» torna nula de nulidad absoluta a esa decisión, siendo la misma arbitraria, ilegal e irrazonable. Cita doctrina de la C.S.J.N.

Explica que no existe fundamento ni razón alguna que avalen la decisión de la demandada, hasta tanto se resuelva la causa penal en la cual está «imputada o procesada» más no condenada, violando en consecuencia, el principio amparado constitucionalmente que es el principio de inocencia, el cual supone que nadie puede ser considerado culpable hasta tanto una sentencia firme lo declare como tal (art. 18 de la C.N.).

Invoca la doctrina de la Corte I.D.H. en el caso «Baena Ricardo y otros c. Panamá», Sentencia del 2 de febrero de 2001.

2.- Violación del derecho de propiedad y carácter alimentario de la pensión por fallecimiento:

Reitera que ha tenido que afrontar distintas situaciones sin un sustento económico digno, con ayuda de su familia y algunos amigos con lo poco que podían, sumado a ello contrajo una grave enfermedad, carcinoma de mama, que complicó más aún su situación, la cual se puso de manifiesto el día 14/09/2020 a través de un reclamo administrativo, el cual fue denegado por resolución de fecha 30/10/2020.

Insiste en que el no pago de los haberes correspondientes a la pensión por fallecimiento, no puede suspenderse en el tiempo y olvido, sujeto a un proceso penal, que a priori, va a durar un prolongado lapso de tiempo.

Cita doctrina (T.S.J. Sentencia Nº 116, 13/12/2007 «Ceballos Haydeé c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Plena Jurisdicción. Recurso de Casación», op. cit. pág.111).

Repara en que los haberes de los que se le privan al haber quedado suspendida la resolución revisten carácter alimentario ya que serán utilizados para solventar sus gastos personales y familiares, especialmente para continuar su tratamiento en contra de la grave enfermedad que padece.

3.- Violación al derecho a la seguridad social (art. 14 bis, C.N. y art. 55, C. Pcial.). Indica que el derecho a seguridad social es sin dudas, un derecho humano fundamental y ha sido reconocido de esta manera por ser el modo de enaltecer a las personas y ser unos de los principales pilares para lograr su desarrollo integral como ser humano y el goce de otros tantos derechos.

Pide que la arbitraria, intempestiva, irrazonable e ilegal decisión adoptada por la demandada, sea revocada y se le otorgue el beneficio de pensión por fallecimiento, para de esta forma restablecer el orden jurídico alterado ante una fragrante violación por parte de dicha institución.

4.- Afectación del principio de razonabilidad:

Postula que la ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta de la resolución cuestionada, justifica y reclama el control jurisdiccional, declarando expresamente la nulidad de tal decisión, por ser ilógica, discriminatoria, inequitativa y notoriamente desproporcionada, ya que resulta irracional, arbitrario y contrario a soluciones elementales, el ejercicio injustificado e incausado de parte de la demandada, que sin motivo, ni razón, haciendo uso abusivo e irrazonable de su poder discrecional, se aprovecha de la dilación en los procesos judiciales, para postergar la resolución de un beneficio, que es necesario actualmente para su subsistencia, por tiempo ilimitado y hasta la finalización de un procedimiento penal, dejándola sin sustento económico, violando en consecuencia su dignidad como persona, dejando de lado garantías básicas y fundamentales como lo son el principio de inocencia, debido proceso, juicio previo, etc., utilizando una medida meramente cautelar como una pena anticipada.

5.- Causa que debe ser interpretada y resuelta con perspectiva de género:

Razona que de conformidad a lo resuelto por el T.S.J. en la causa «C., G. E. – p.s.a.homicidio calificado por el vínculo – EXPTE Nº 2109951», mediante Sentencia Nº 167 de fecha 22/05/2017, acogió en forma parcial el recurso de casación y ordenó el reenvío de la causa a la Cámara en lo Criminal que por turno corresponda de la ciudad de Córdoba, a los fines que proceda a efectuar un nuevo juzgamiento de su persona, debiendo juzgar los hechos que se le endilgan con una perspectiva de género «atento la condición de mujer de la acusada y la violencia que sufría por esa misma condición» (fs. 29 del fallo citado).

Invoca los arts. 4 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, la cual ha sido ratificada por la República Argentina.

Asevera que la actitud asumida por la demandada resulta violatoria de los derechos reconocidos a las mujeres en la citada Convención, al privar a su persona de acceder al beneficio de pensión por fallecimiento, respetando su dignidad como persona y sometiéndola a una vida indigna.

Ofrece prueba.

Hace reserva de caso federal.

2.- Con fecha 28/12/2020, este Tribunal, mediante Auto Nº 393 (Op. N° 80647037), admite formalmente la acción de amparo, cita y emplaza a la demandada para estar a derecho, convoca a las partes a una audiencia de conciliación en los términos del art. 58 de la Ley Nº 8465 y dispone no hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

3.- Con fecha 04/02/2021 (Op. N° 81004835) se lleva a cabo la audiencia de conciliación fijada en los términos del art. 58 de la Ley Nº 8465.

Abierto el acto, previa espera de ley, y concedida la palabra a la parte actora, ésta ratificó las alegaciones expuestas como fundamento de la acción y puso de manifiesto el grave estado de salud de la Sra. G. E. C.por padecer cáncer y encontrarse en tratamiento oncológico, por lo que su estado de vulnerabilidad acrecienta la necesidad de acceder al beneficio previsional de la pensión derivada y poder cubrir el tratamiento que solicita.

Concedida la palabra a la demandada, ésta expresó que la Caja se encuentra obligada a cumplir con el principio de legalidad y de sometimiento al orden jurídico y que, por la complejidad del caso existe, una prejudicialidad penal en cuanto a la configuración de la causal de indignidad.

Ante ello, este Tribunal dispuso tener presente las posiciones ratificadas por cada una de las partes, y atento que no ha sido posible avanzar hacia un acuerdo a partir de la audiencia, corresponde proseguir con el trámite según su estado.

4.- Con fecha 16/04/2021 (Op. N° 4959301) la demandada evacua informe del art. 8 de la Ley Nº 4915.

Solicita el rechazo de la acción de amparo deducida, con costas según ley.

Reseña la petición de la actora ya descripta, a la que se remite en razón de la brevedad. Postula la inadmisibilidad formal de la acción de amparo. Añade que la acción de amparo debe ser rechazada porque la misma no cumple con los requisitos de procedencia.

Entiende que la demanda no cumple ni con los requisitos prescriptos en el art. 43 de la C.N.; 48 de la C. Pcial., ni con los requisitos estatuidos en la Ley Nº 4915.

Esgrime que la accionante desconoce los requisitos de la ley reglamentaria de la acción de amparo: ser una vía extraordinaria y subsidiaria, la inexistencia de vías ordinarias, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la necesidad de mayor debate o prueba.

Alega que la actora cuenta con la vía contencioso administrativa para reclamar por su derecho, vía en la que podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos para el acceso al beneficio previsional.

Recuerda que el art. 48 de la C. Pcial. en concordancia con el art. 43 de la C.N., condiciona la procedencia del amparo a «que no exista otra vía pronta y efica z para evitar un grave daño».

Especifica que la Ley Nº 4915 considera que la acción de amparo no será admisible cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trata.

Observa que este es el marco normativo que rige la admisibilidad de la acción de amparo, en orden a su carácter subsidiario y residual.

Interpreta que la amparista parece desconocer esto, ya que ningún análisis hace del cumplimiento de este inciso. Expone que nada dice del art. 2 inc. a) de la Ley Nº 4915 atento a que no cumple con la ley de amparo, ya que existe una vía idónea para reclamar por el derecho que dice vulnerado.

Afirma que queda claro que la acción resulta inadmisible, en tanto existen otros remedios idóneos y eficaces.Tanto es así, que indican que la amparista realizó parcialmente el recorrido de la vía administrativa.

Pone de resalto que la actora pide que se revoquen las resoluciones mediante las cuales se suspende el procedimiento administrativo y se difiere el tratamiento y resolución del recurso de reconsideración para cuando la recurrente acompañe sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Postula que la actora tenía la vía ordinaria pertinente para impugnar el acto que hoy dice que la deja sin un beneficio previsional, pero no lo hizo y consintió el acto.

Repara en que la vía con la que contaba es perfectamente apta para salvaguardar el derecho lesionado que invoca.

Manifiesta que, si cuenta con una vía ordinaria, no puede recurrir a la excepcional y subsidiaria vía de la acción de amparo y forzar el ordenamiento iniciando una excepcional acción en contra de su representada.

Especifica que para tutelar los derechos que la parte actora estima vulnerados existe la vía ordinaria de la Ley Nº 8024 y la vía contencioso administrativa de la acción de plena jurisdicción establecida en la Ley Nº 7182.

Enfatiza en que no puede recurrirse a la subsidiaria y excepcional vía de amparo, cuando lo que se pretende es una cuestión típica de la materia contencioso administrativa (derecho subjetivo de carácter administrativo a un beneficio previsional).

Pone énfasis en que la actora debió recurrir a las vías ordinarias que el ordenamiento procesal le presenta y que resultaban perfectamente aptas para salvaguardar el derecho lesionado que invoca por el supuesto obrar arbitrario e ilegal de su representada.

Indica que esta es la solución asumida por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia.Cita doctrina y jurisprudencia al respecto.

Subraya que, para el caso de la actora, existe una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como violado y esta vía frente a las particularidades del caso, es la idónea, ya que es la que va permitir probar el cumplimiento de los requisitos en la Ley Nº 8024 para el beneficio de pensión, que por la vía de amparo no podrían probarse.

Afirma que resultaría totalmente incorrecto y no ajustado a derecho señalar que se carece de otra vía legal que le permita satisfacer el objetivo de obtener respuesta definitiva en sede administrativa, ya que el art. 69 de la Ley Nº 8024 establece cual es la vía.

Concluye que la vía escogida por la amparista no es idónea, ya que contaba con una vía ordinaria para proteger sus derechos vulnerados.

Solicita, por esto, que debe rechazarse la acción incoada.

Agrega que para que pueda hacerse lugar a la acción de amparo debe existir un obrar manifiestamente arbitrario e ilegal de parte de un ente público, en este caso su representada, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba. Estima que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba obró en fiel cumplimiento de las normas previsionales y constitucionales.

Señala que de ningún modo hay un accionar arbitrario o ilegal por parte del Ente Previsional que representa y, por ende, no puede hacerse lugar a la acción de amparo iniciada.

Pide costas según ley (art. 70, Ley Nº 8024, t.o. Dcto. Nº 40/09).

Añade que resulta igualmente inadmisible la vía elegida a la luz de la norma contenida en el art. 2 inc. d) de la Ley Nº 4915.

Interpreta que el requisito exigido por la ley para la procedencia de la acción de amparo acerca de la inexistencia de vías idóneas y de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, debe ser conjugado con el requisito exigido por el art. 2 inc.d) de la Ley Nº 4915 es decir, la necesaria mayor amplitud de debate y prueba. Más aún, señalan, cuando la arbitrariedad y/o ilegalidad no es palmaria, tal como se ha puntualizado.

Sostiene la inadmisibilidad sustancial.

Estima que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo, resulta acreditada la existencia del vínculo marital y la inexistencia de una interrupción de la convivencia de fecha inmediata anterior al fallecimiento del causante que tipifique en el supuesto de separación de hecho como causal de exclusión de la vocación pensionaria prevista en el art. 37 inc. a) de la Ley Nº 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09). Repara, sin embargo, que se resolvió denegar el beneficio de pensión fundado en la causal de indignidad prevista en el art. 37 inc. b) de idéntica ley.

Especifica que, si bien la recurrente acompañó a las actuaciones administrativas copia de la Sentencia Nº 56, del 15/06/2016 dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la ciudad de Cruz del Eje, en la que se la absolvía del delito de homicidio agravado por el vínculo atento haber obrado en legítima defensa, omitió manifestar que dicho decisorio no se encontraba firme.

Precisa que la Sentencia Nº 167 del 22/05/2017 dictada por la Sala Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia anula las conclusiones de la Cámara Criminal a quo y ordena el reenvío de la causa para un nuevo juzgamiento al Fuero Penal de la ciudad de Córdoba -actualmente en vías de tramitación en juicio por jurado popular ante la Cámara en lo Criminal y Correccional, Nº 2, Secretaría Nº 4-, conforme surge del Auto Interlocutorio glosado a fs. 113/150 del expediente administrativo.

Cita el art.2281 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Relata que ante la Resolución Serie «A» Nº 000460 del 15/06/2018 la actora interpone recurso de reconsideración, el cual se resuelve mediante Resolución Serie «D» Nº 000625 de fecha 05/12/2018 en el cual se suspende y difiere el tratamiento del recurso de reconsideración hasta tanto acompañe sentencia recaída en sede penal con carácter de cosa juzgada.

Añade que ante un nuevo planteo de la actora de fecha 14/09/2020 solicitando el beneficio, la Caja dicta Resolución Serie «B» Nº 000134 de fecha 30/10/2020, mediante la cual dispone no hacer lugar a la pretensión efectuada y mantener la suspensión del procedimiento administrativo y al diferimiento del tratamiento y resolución para cuando haya recaído sentencia en sede penal.

Señala que no niega el derecho a pensión solicitado, sino que se suspende el trámite administrativo hasta que se acredite sentencia absolutoria en sede penal.

Afirma que la presunción de inocencia no se ha violado pues el derecho al beneficio de pensión no ha sido denegado, sino que se ha diferido el pronunciamiento hasta que la sentencia penal que revista firmeza.

Entiende que la presunción de inocencia se manifiesta en la suspensión del trámite administrativo a la espera de la sentencia penal ya, que no se le está negando el beneficio.

Esgrime que la espera no responde a un mero capricho administrativo, sino que se funda en la ley vigente. Cita el art. 1775 del Código Civil y Comercial.

Estima que no resulta necesaria condena penal para la configuración de la causal de indignidad. Añade que también es cierto que el art. 2281 del Código Civil y Comercial exige el elemento subjetivo del «dolo» en la comisión del delito para la exclusión de la vocación hereditaria -extensible a la vocación previsional por remisión del art.37 de la Ley Nº 8024-.

Interpreta que la prejudicialidad penal detenta carácter de orden público y por ende de imperatividad conforme a la norma enunciada.

Asevera que la prejudicialidad indicada se presenta como la única forma de conciliar el interés individual de la peticionante con el interés general comprometido en la preservación de los fondos públicos.

Considera que la interpretación manifestada en los actos administrativos propende a un balance de los intereses en juego de tal manera que el interés colectivo que entraña el sistema previsional de la Caja debe prevalecer por sobre el interés individual.

Alega que la Caja no ha ignorado la presunción de inocencia, sino que la ha ponderado con prudencia respecto de los recursos escasos que administra para satisfacer el derecho previsional de sus beneficiarios.

Repara en que la prejudicialidad penal necesariamente influye sobre la existencia o inexistencia del hecho y en la responsabilidad de la acusada, dado que, si fuera condenada podría caerse en el escándalo jurídico de dos fallos contradictorios en flagrante violación a los arts. 1102 y 1103 del Código Civil y Comercial.

Concluye que la prejudicialidad opera en la presente causa, de manera que la cuestión penal condiciona el derecho al acceso de un beneficio.

Expresa que, si bien lamenta profundamente la enfermedad de la actora, ésta no constituye un hecho que altere las previsiones del derecho, por ello conceder el beneficio por el desgraciado padecimiento vulneraría el derecho a la igualdad, ya que en la aplicación de las normas de carácter general no se contemplan diferencias de acuerdo a las condiciones de salud particulares de la actora.

Enfatiza que no corresponde hacer lugar al amparo iniciado, atento la procedencia de la suspensión del procedimiento administrativo y el diferimiento del tratamiento y resolución del recurso de reconsideración, hasta tanto la interesada acompañe sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Ofrece prueba.

Hace reserva del caso federal (art.14, Ley Nº 48).

5.- Con fecha 31/08/2021 se di cta el decreto de autos (Op. Nº 86521188), el cual firme deja la causa en estado de ser resuelta (Op. Nº 87168503, del 21/09/2021).

6.- La litis

6.1.- La actora interpone acción de amparo en contra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba con el objeto de que se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de la Resolución Serie «B» N° 000134 de fecha 30/10/2020, que no hizo lugar a la presentación efectuada mediante consulta web N° 161136 de fecha 14/09/2020, mediante la cual solicitó a la demandada que revoque las Resoluciones Serie ‘A’ N° 460 de fecha 15/06/2018 y Serie ‘D’ N° 625 de fecha 05/12/2018, mediante las cuales se le denegó el beneficio de pensión requerido en calidad de cónyuge supérstite, con motivo del fallecimiento del Sr. J. C. M., fundada dicha denegatoria en la causal de indignidad prevista en el art. 37 inc. b) la Ley N° 8024 (t.o. por Dcto. N° 40/09); se suspendió el procedimiento administrativo y se difirió el tratamiento y resolución del recurso de reconsideración articulado en contra de la Resolución Serie ‘A’ N° 460/2018 hasta que la actora acompañe sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Destaca que, desde el reenvío dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, hasta el

nuevo pedido, transcurrieron más de tres años y cinco meses sin una condena firme en sede penal, impidiéndole acceder al beneficio de pensión y sometiéndola a un nivel de indigencia incompatible con los derechos y garantías constitucionales.

Solicita que se declare la nulidad de la resolución que motiva la acción y se disponga el otorgamiento del beneficio de pensión por el fallecimiento de su esposo, el Sr. J. C.M.

Postula que la arbitrariedad deviene de la falta de motivación de dicha resolución y de la violación del principio de inocencia que le asiste y demás derechos constitucionales que enumera.

6.2.- La Caja demandada se opone al progreso de la acción de amparo y postula que debe ser rechazada, porque no cumple con los requisitos de procedencia, constitucionales ni legales.

Entiende que la actora cuenta con la vía contencioso administrativa para reclamar por su derecho, vía en la que podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos para el acceso al beneficio previsional.

Estima que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba obró en fiel cumplimiento de las normas previsionales y constitucionales.

Alega entre otros fundamentos, la prejudicialidad penal que es de orden público e invoca los arts. 37 inc. b) de la Ley Nº 8024; arts. 1775 y 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación.

6.3.- En los términos que ha quedado trabada la litis, se encuentra fuera de discusión la existencia del vínculo marital y la inexistencia de una interrupción de la convivencia anterior al fallecimiento del causante que tipifique en el supuesto exclusión de la vocación pensionaria prevista en el art. 37 inc. a) de la Ley Nº 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09).

El motivo de controversia se circunscribe esencialmente a la causal de exclusión prevista en el art. 37 inc. b) de la Ley Nº 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09).

De tal modo, corresponde que este Tribunal se pronuncie sobre la ilegitimidad y/o arbitrariedad de la Resolución Serie «B» N° 000134/2020, que no hizo lugar a la presentación efectuada mediante consulta web N° 161136 de fecha 14/09/2020, por la Sra. G. E.C., por no existir en autos nuevos elementos de juicio que permitan hacer variar el criterio sustentado en las anteriores resoluciones, que denegaron el beneficio de pensión y difirieron el tratamiento del recurso de reconsideración hasta tanto la actora acompañe sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada.

7.- Admisibilidad de la acción de amparo

7.1.- Tal como sostuvo la Sra. Vocal de segundo voto al resolver la admisibilidad de la presente acción de amparo, la misma debe ser analizada a partir de la doctrina legal vigente, referida a la exigencia de acreditar «que no exista otro medio judicial más idóneo» (art. 43 C.N.).

Tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían improcedente el amparo, no es postulable en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación, como es obvio, es propia del tribunal de grado (Fallos 318:1154 del 06/06/1995 «Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo»; 19/03/1996 «LA PORTA NORBERTO LUIS c / PODER EJECUTIVO NACIONAL s / AMPARO LEY 16.986»; 29/08/2000 «FAMYL SA c / ESTADO NACIONAL s / ACCION DE AMPARO»; 13/11/2001 «DÍAZ HUGO LEONARDO c/ COLEGIO DE FONOAUDIOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ AMPARO», entre

otros).

Esta misma doctrina ha sido receptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en innumerables precedentes en los cuales ha dicho que si bien es cierto que, aun cuando hoy, frente al texto del nuevo artículo 43 de la Carta Magna, no pueda sostenerse ya como requisito de procedencia la «inexistencia» de una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, sin embargo, no cabe admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se presente como «el más idóneo». Lainvocación y acreditación de esta aptitud, es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía.

Es sabido que todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional y para su restablecimiento frente a una lesión o amenaza, existe una vía procesal predeterminada. Resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado, ni debe ser desestimado por la sola existencia de acciones o recursos comunes. Su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en que a la «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta» (art. 1, Ley Nº 4915) se suma la excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias – (cfr. T.S.J., Sala Civil, «Egea, Andrés (H) y Otros c/ Egea Hnos. S.A. -Amparo- Recurso Directo», Sentencia Nro. 51, del 06/10/97).

En coincidencia con destacada doctrina, el Tribunal Superior de Justicia ha puesto de manifiesto que desde sus orígenes jurisprudenciales (casos «Siri» y «Kot») se ha reconocido como condición de admisibilidad del amparo, la existencia de un «daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios» (ORGAZ, Alfredo, El Recurso de Amparo, Bs. As. 1961, pág. 58, Nro. 23).

7.2.- En el sub judice, la recurrente ha alegado cual es la vía más idónea y ha expuesto los argumentos de orden fáctico y procesal que ameritan receptar su petición por el canal de la acción de amparo.

Si bien repara que el proceso contencioso administrativo es la vía ordinaria para promover la revisión de la legalidad del accionar de la institución demandada, ha indicado también que en su estado de vulnerabilidad por ser mujer y por el cuadro de salud que atraviesa, la vía ordinaria le causaría un daño grave e irreparable.

Ello, se suma a los escasos ingresos que recibe a partir de un subsidio que forma parte del Programa Federal Incluir Salud, a lo que se aduna la perspectiva de género con la cual el T.S.J.ordenó que fuera juzgada nuevamente la causa penal que tiene a la actora por imputada.

Todo ello, revela que existe una entidad suficiente para no diferir sine die o indefinidamente el tratamiento de la pretensión, ni para dilatar el control de constitucionalidad que se procura con la acción de amparo, con respecto a la pretendida lesión a derechos y garantías constitucionales, que constituye la primera y principal misión de este Tribunal.

En las circunstancias descriptas, las dilaciones derivadas de la suspensión del trámite administrativo resultan susceptibles de producir agravios en los derechos constitucionales y convencionales de la accionante.

Por las razones que han de desarrollarse en este decisorio y replicando los demás argumentos vertidos en el Auto Nº 393, del 28/12/2020 a los que remito en razón de brevedad, se desestiman por inconducentes las objeciones opuestas por la demandada a la admisión formal de la acción.

8.1- El acto administrativo objeto de amparo

Resolución Serie «B» N° 000134 del 30/10/2020 que resolvió:

«ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a la presentación efectuada mediante consulta web N° 161136 de fecha 14/09/2020, por la Sra. G. E. C., CUIL _, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución».

En los considerandos a los que remite, se expuso:

«Que la Sra. G. E. C. bajo esta nueva presentación, solicita se revoquen las Resoluciones Serie ‘A’ N° 460 de fecha 15/06/2018 y Serie ‘D’ N° 625 de fecha 05/12/2018, mediante las cuales se le denegó el beneficio de pensión requerido en calidad de cónyuge supérstite, con motivo del fallecimiento del Sr. J. C. M., fundada dicha denegatoria en la causal de indignidad prevista en el art.37 ind. ‘d’ de la Ley N° 8024 t.o. por Dcto.N° 40/09 (sic); se suspendió el procedimiento administrativo y se difirió el tratamiento y resolución del recurso de reconsideración articulado en contra de la Resolución Serie ‘A’ N° 460 de fecha 15/06/2018.

Que analizadas las constancias administrativas se tiene que, mediante Dictamen N° 1176 de fecha 09/11/2018, la Subgerencia Gral. De Asuntos Legales se expidió con suficiente y debida fundamentación legal respecto a la procedencia de la suspensión del procedimiento administrativo y al diferimiento del tratamiento y resolución del recurso de reconsideración planteado en contra de la Resolución que le denegara a la recurrente el beneficio de pensión solicitado, hasta tanto la interesada acompañe Sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Que en la presentación en cuestión, la Sra. G. E. C. expresamente manifiesta que aún no existe una resoluc ión judicial definitiva, no habiendo condena tanto en sede penal como en sede civil.

Que en consecuencia, no se advierten en autos nuevos elementos de juicio que permitan hacer variar el criterio sustentado en la resolución cuestionada.». 8.2.- Los actos administrativos precedentes

Resolución Serie «A» Nº 000460 del 15/06/2018 que resolvió:

«ARTICULO 1: DENEGAR el beneficio de Pensión, solicitado con motivo del fallecimiento del Sr. J. C. M., por la Sra. G. E. C., CUIL Nº _, por no acreditar las exigencias establecidas mediante la Ley Nº 8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias -art. 2 ap. I inc. ‘a’ del Decreto Nº 42/09-.

Para así decidir consideró:

«Que la Sra. G. E. C. interpuso la solicitud de pensión en calidad de cónyuge supérstite del causante (fs. 2), a cuyo fin hizo presentación de partida de matrimonio que acredita el vínculo (fs. 7), prueba documental que permite lograr la convicción acerca de que la pareja permaneció unida hasta la fecha de fallecimiento, reforzada luego por la conclusión del informe socio ambiental efectuado por la Licenciada en Trabajo Social (fs.82) y copia de la Sentencia Nº 56, de fecha 15/09/2016, mediante la cual la solicitante resulta absuelta del homicidio calificado del Sr. J. C. M.

Que deviene pertinente aclarar que de conformidad al art. 75 de la Ley Nº 8024 -texto ordenado según el Decreto Nº 40/09-, resulta de aplicación el art. 2 inc. I ap. ‘a’ del Decreto reglamentario Nº 42/09, en el marco de la Armonización Previsional dispuesta por Convenio Nº 83/02 aprobado por Ley Nº 9075.

Que así las cosas, desde la asesoría jurídica de esta Caja se procedió a consultar en Sede Penal si tal decisorio se encontraba firme, ya que el art. 37 de la Ley Nº 8024

-t.o.- expresa que no tendrán derecho a Pensión ‘(.) b) los causa-habientes en caso de indignidad para suceder o por desheredación de acuerdo con las disposiciones del Código Civil’.

Que la remisión alude al art. 2281 del Código Civil y Comercial, que con respecto a las personas indignas para suceder, menciona a los autores cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la pena.

Que ante dicho requerimiento, se informó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con fecha 22/05/2017, ante los recursos de casación deducidos por la Fiscal de Cámara y la patrocinante del Sr. querellante particular, en contra de la Sentencia Nº 56 (fs. 86/101), dictó la Sentencia Nº 177 resolviendo hacer lugar a los recursos de casación interpuestos en cuanto dispuso: ‘absolver a G. E. C., filiada supra, por el hecho intimado en la audiencia de debate, tipificado como homicidio calificado (.) y en consecuencia, anular parcialmente el debate y las conclusiones de la resolución mencionada en lo relativo a la dinámica del hecho endilgado a G. E. C.(.) corresponde reenviar los presentes (.) a la Cámara en lo Criminal y Correccional que por sorteo corresponda de esta Ciudad de Córdoba, para su nuevo juzgamiento’.

Que así las cosas, en tanto la causa penal se encuentra sin sentencia firme a la presente fecha, corresponde denegar el beneficio solicitado.», énfasis agregado. Resolución Serie «D» Nº 000625 del 05/12/2018 que resolvió:

«ARTICULO 1: SUSPENDER el presente procedimiento administrativo y DIFERIR el tratamiento y resolución del recurso de reconsideración articulado en contra de la Resolución Serie «A» Nº 000460 de fecha 15/06/2018 para cuando la Sra. G. E. C., CUIL Nº _, acompañe Sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada».

En los considerandos se sostuvo:

«.el acto administrativo objeto de impugnación resolvió denegar el beneficio de pensión fundado en la causal de ‘indignidad’ previsto en el inciso b del art. 37 ib ídem.

Que ello es así en cuanto que, si bien la recurrente acompañó a las actuaciones administrativas copias de la Sentencia Nº 56 de fecha 15/06/2016, dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la ciudad de Cruz del Eje (f16/66), en la que se la absolvía del delito de homicidio agravado por el vínculo del que se le acusaba, por haber obrado en legítima defensa, omitió manifestar que dicho decisorio no se encontraba firme, no obstante haber tenido la oportunidad procesal de hacerlo, conforme da cuenta la Sentencia Nº 177 del 22/05/2017 dictada por la Sala Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (fs. 86/101), que anula las conclusiones de la Cámara Criminal A quo, ordenando el reenvío de la causa para un nuevo juzgamiento al Fuero Penal de la Ciudad de Córdoba -actualmente en vías de tramitación en juicio por Jurado Popular ante la Cámara Segundo del Crimen y Correccional, Secretaría Nº 4, conforme surge del Auto Interlocutorio que se glosa a fs. 113/150. Que en efecto, el art.2281 del Código Civil y Comercial de la Nación, luego de enunciar en el inciso 1 la causal de indignidad para heredar a quienes hayan sido autores, cómplices o partícipes de delitos dolosos contra la persona, honora, integridad sexual, liberta o propiedad del causante, agrega que no exige para su configuración la existencia de condena penal, por lo que la administración a la luz de los hecho y al amparo del derecho dicta la resolución de que se trata con suficiente y debida fundamentación legal.

Que así, en el aspecto sustancial, sostiene la recurrente que la resolución atacada

lesiona el principio constitucional y convencional de inocencia debido a que no existe condena penal o civil que la declare autora material de delito doloso que le sea imputable.

Que sobre el punto cabe expresar que sin perjuicio de lo expuesto en el apartado procedente, en cuanto a que no resulta necesaria condena penal para la configuración de la causal de indignidad, también es cierto que el art. 2281 del Cód. Civ. y Com exige el elemento subjetivo del ‘dolo’ en la comisión del delito para la exclusión de la vocación hereditaria -extensible a la vocación previsional por remisión del art. 37 de la Ley 8024-.

Que mediando acción penal en trámite merced la anulación de la sentencia absolutoria de Cámara por parte del Excmo. TSJ, la suscripta entiende que resulta procedente la aplicación de la regla contenida en el art. 1775 del Cód. Civil y Comercial de la Nación y como consecuencia de ello la suspensión del procedimiento administrativo iniciado para la determinación del derecho de pensión de la recurrente y diferimiento del dictado del nuevo acto administrativo que resuelva el recurso de reconsideración que nos ocupa, hasta tanto recaiga sentencia firme en sede penal.Que la prejudicialidad indicada se presenta como la única forma de conciliar el interés individual de la peticionante -traducido en el respeto al principio de inocencia-, con el interés general comprometido en la preservación de los fondos públicos -traducido en la obligación de observar el cumplimiento estricto de los presupuestos legales para el reconocimiento de un derecho de contenido patrimonial a cargo de la Caja.».

9. La indignidad en la Ley Nº 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09)

Las partes discurren respecto de si en el caso bajo examen se configura la causal de exclusión prevista en el art. 37 inc. b) de la Ley N° 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09) -hoy art. 38 inc. b) de la Ley 8024 (t.o. Dcto. N° 407/2020)-, ya que de ello depende la legitimidad o no del acto administrativo objeto de amparo.

El artículo invocado establecía:

Artículo 37.- No tendrán derecho a pensión:

1. El cónyuge divorciado o separado de hecho que no gozare de prestación alimentaria para sí a cargo del causante, en ninguno de los casos.

2. Los causa-habientes en caso de indignidad para suceder o por desheredación de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, énfasis agregado-.

El art. 2281 del Código Civil y Comercial que prevé las causas de indignidad, prescribe:

Son indignos de suceder:

1. los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos.Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena.». Finalmente, la norma agrega «En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal».

Las normas transcriptas constituyen el fundamento esgrimido por la Caja para considerar que la actora se encuentra incursa en la causal de «indignidad», y, por ende, denegar el beneficio de pensión solicitado, y para suspender el tratamiento y diferir la resolución del recurso de reconsideración, como así también la consulta efectuada con fecha 14/09/2020, hasta tanto la actora acompañe sentencia recaída en sede penal, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Ello, por cuanto, la actora se encontraría incursa en el inciso a) del art. 2281 del C.C.C.N., en tanto ha sido juzgada por homicidio calificado por el vínculo en los autos «C., G. E. – P.S.A. homicidio calificado por el vínculo – EXPTE. Nº 2109951».

En efecto, por Sentencia N° 56 del 15/09/2016, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje, Juicio por Jurados, resolvió «Absolver a G. E. C., filiada supra, por el hecho intimado en la audiencia de debate, tipificado como homicidio calificado, sin costas, ordenándose su inmediata libertad (art. 411 CPP)».

Contra este pronunciamiento interpusieron recursos de casación la Sra. Fiscal de Cámara y el querellante particular, los que fueron resueltos por el Tribunal Superior de Justicia mediante Sentencia N° 167 de fecha 22/05/2017 en los autos «C., G. E. p.s.a. homicidio calificado por el vínculo – Recurso de Casación» (S.A.C. n° 2109951).

En dicho pronunciamiento el Alto Cuerpo resolvió: «I. Hacer luga r parcialmente a los recursos de casación interpuestos por la Sr. Fiscal de Cámara, Dra. Haydeé Margarita Gersicich y por la Dra.Patricia Sosa, apoderada del querellante particular en lo atinente a los cuestionamientos relativos a la fundamentación de la Sentencia n° 56, del 15 de septiembre de 2016, dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje, en cuanto dispuso ‘Absolver a G. E. C., filiada supra, por el hecho intimado en la audiencia de debate, tipificado como homicidio calificado.’ y, en consecuencia, anular parcialmente el debate y las conclusiones de la resolución mencionada en lo relativo a la dinámica del hecho endilgado a G. E. C., pero confirmándolo en sus aseveraciones sobre la subsunción convencional por violencia de género que enmarcan lo ocurrido.

II. En su lugar, y en atención a lo informado por el señor Secretario General de este Tribunal Superior de Justicia a fs. 853, corresponde reenviar los presentes, por intermedio de la Mesa de Entradas del Fuero Penal (Tribunales II) a la Cámara en lo Criminal y Correccional que por sorteo corresponda de esta ciudad de Córdoba (ver certificado de fs. 853), para su nuevo juzgamiento conforme a derecho y teniendo en cuenta los parámetros expuestos en la primera cuestión, apartado VI, punto 2, inc. d.2 y en la segunda cuestión.

III. Sin costas, atento a lo resuelto en esta Sede (arts. 550, 551 y 552 CPP)», énfasis agregado.

Cabe destacar que con fecha 11/10/2022 este Tribunal, como medida para mejor proveer, requirió a la Cámara Criminal y Correccional de Segunda Nominación Secretaría N° 4, que informe el estado procesal actual de los autos caratulados «C., G. E. p.s.a homicidio calificado por el vínculo» SAC N° 2109951 (cfr. Op. N° 98040114). En respuesta a lo solicitado, la Cámara informó que en los autos de referencia aún no se ha dictado sentencia (cfr. Op.N° 98140111 de fecha 13/10/2022).

Por lo tanto, al día de la fecha no existe un pronunciamiento judicial firme en sede penal.

10.- Presunción de inocencia

No obstante lo señalado por la Caja, en virtud de lo dispuesto por la normativa aplicable, es menester recordar que entre las garantías mínimas que el Estado debe reconocer a todas las personas para asegurar el derecho a la defensa, debemos mencionar, necesariamente, el derecho a la presunción de inocencia (art. 18, C.N. y art. 8 inc. 2, C.A.D.H.) que acompaña a la acusada durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme (cfr. Corte IDH, caso «Ricardo Canese vs. Paraguay», Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C, N° 111, párr. 154).

La presunción de inocencia no sólo rige en materia penal sino también en los procedimientos administrativos, como el que ha sido llevado adelante ante la Caja de Jubilaciones (cfr. Corte IDH, caso «Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia», Sentencia del 25 de noviembre de 2013, Serie C, N° 272, párr. 132). En este mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 330:4554 ).

En virtud de lo expuesto, el razonamiento de la Caja no encuentra un engaste en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Esto es, no se requiere una absolución firme en sede penal -como exige la Caja- para que la actora sea tratada como inocente, sino que dicho estado es presumido y sólo puede ser derribado mediante una sentencia condenatoria firme.

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sido clara al establecer que cuando el art.18 de la Constitución Nacional «.dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.» (Fallos: 339:1493 – énfasis agregado). En este sentido, no se advierte que la Caja en su obrar haya respetado la presunción de inocencia, toda vez que exige el acompañamiento de una sentencia absolutoria firme para el tratamiento de la situación de la actora, requisito que no resulta de recibo en nuestro orden constitucional.

Es posible advertir que la Sentencia Nº 167, del 22/05/2017, al hacer lugar parcialmente a la casación, no derribó aquel estado de inocencia inicial.

En tal orden de ideas, y a fin de precisar los alcances de la Sentencia emanada del Excmo.Tribunal Superior de Justicia, es necesario efectuar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, resulta oportuno subrayar que el Máximo Tribunal ha rechazado los recursos de casación tendientes a cuestionar que el caso no enmarcaba dentro de la problemática de violencia de género. En términos estrictos, el Alto Cuerpo expresó: «En consecuencia, corresponde rechazar los recursos de casación en relación a los cuestionamientos referidos a que el caso no enmarca dentro de la problemática de violencia de género» (T.S.J., Sala Penal, Sent. Nº 167, 22/05/2017, pág.19).

En otras palabras, el Cimero Tribunal, ha confirmado que la actora se encontraba inmersa en un escenario de violencia de género.

Por otro lado, es necesario puntualizar que no se desprende de ningún pasaje de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que no haya existido legítima defensa ni que la resolución que debe dictar el Tribunal de reenvío necesariamente deba discrepar con aquella emanada de la Cámara de origen.

En síntesis, del holding del fallo es posible deducir que hubo una fundamentación omisiva por parte del Tribunal originario, pero no que la solución arribada deba necesariamente ser distinta. En otros términos, se encuentra cuestionado el estándar probatorio utilizado más no la solución arribada.

Expresamente, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que: «.el nuevo Tribunal deberá ponderar si las condiciones en que se encontraba el cuerpo sin vida de J. C. M. tienen o no alguna relevancia para determinar si ocurre en el caso una causa de justificación, no pudiendo el Tribunal de reenvío -en dicho análisis- ignorar la violencia de género preexistente entre los involucrados en el proceso para comprender el hecho en cuestión» y agrega «.deberá contemplarse la singularidad de la acusada por su condición de mujer y la violencia que padecía por esa misma condición» (T.S.J., Sala Penal, Sentencia Nº 167, del 22/05/2017, pág. 29 – énfasis agregado).

En este aspecto, el Sr. Ministro de la Corte Suprema, Dr. Rosenkrantz ha precisado que «.la presunción de inocencia es el principio clave de todo el sistema penal y debe funcionar (.) como principio orientador del juicio para preservar la imparcialidad del juzgador ante la posible emergencia de naturales actitudes reactivas frente a la presunción de delito» (Fallos: 343:2280 – énfasis agregado). Ello, toda vez que la inocencia es un estado que se presume y que sólo puede derribarse con una sentencia condenatoria firme -requisito que no se ha verificado en autos- (arts. 18 y 75 inc. 22, C.N., art. 11 D.U.D.H., art.26 D.A.D.D.H, art. 8 inc. 2,

C.A.D.H., art. 14 inc. 2 P.I.D.C.P.).

11.- Defensa de la prejudicialidad penal

Otra de las argumentaciones intentadas por la Caja en su defensa, se vincula con la prejudicialidad penal.

Entiende, en su presentación, que el instituto de la prejudicialidad es de orden público y, por ende, la cuestión penal condiciona el derecho al acceso del beneficio.

En este sentido, resulta necesario efectuar ciertas precisiones con relación al concepto de la prejudicialidad penal y sobre qué acciones procede.

La regla fijada por el art. 1774 del Código Civil y Comercial establece que existe independencia entre la acción civil y la acción penal resultantes de un mismo hecho. Lo mismo cabría predicar, mutatis mutandi, respecto de la acción contenciosa administrativa, o la acción de amparo, en relación con aquella ejercida en sede penal. En efecto, el artículo citado dispone: «Artículo 1774.-Independencia. La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales» (énfasis agregado).

La disposición transcripta establece como regla el principio de independencia sustancial entre la acción penal y la acción civil que nacen del mismo hecho ilícito. A continuación, sin embargo, el legislador ha previsto la prejudicialidad penal en el artículo 1775 del Código Civil y Comercial al establecer que:».Si la acción penal precede a la acción civil o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal.».

De los extremos descriptos, es posible deducir que la prejudicialidad penal no debe extenderse más allá del restricto campo de la reparación civil de los daños y perjuicios ocasionados por la ilicitud aquiliana, ya que el principal motivo de este instituto es evitar el strepitus fori de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho.

Incluso si adoptáramos una postura más amplia, como sostienen algunos autores, respecto a que aun en supuestos distintos al antes indicado puede proceder la suspensión del dictado de sentencia, nos encontramos con la excepción prevista en el art. 1775, inc. b) del Código Civil y Comercial (SAUX, Edgardo, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. 3A, pág. 310).

En ese sentido, se exceptúa la suspensión del dictado de sentencia definitiva en sede civil -en este caso, amparo- «b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho (.)» (énfasis agregado).

En tal orden de ideas, se advierte que la ratio legis de la no rma implica que incluso en aquellos supuestos donde resulta aplicable el instituto de la prejudicialidad, éste cede cuando la dilación del procedimiento penal tiene aptitud suficiente de provocar una frustración efectiva del derecho.

Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case «Ataka» donde estableció que, si existen demoras injustificadas en la tramitación del proceso penal, la suspensión de la decisión en sede comercial ocasiona un agravio irreparable al derecho de defensa (CSJN, 20/11/1973, «Ataka y Cía. Ltda. c/ González, Ricardo y otros», Fallos:287:248). En dicha oportunidad, expresó: «ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, la dilación indefinida en el trámite y decisión de un juicio ejecutivo, que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial difiere hasta que recaiga sentencia en un sumario criminal, que lleva cinco años de tramitación. Corresponde que se dicte pronunciamiento, valorando las constancias de ambas causas».

En el sub lite, se advierte que la fecha en la que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia dispone el reenvío de la causa para su nuevo juzgamiento fue el 22/05/2017, con lo cual al día de la fecha la causa lleva más cinco (5) años y cuatro (4) meses de tramitación ante la Cámara de reenvío sin que haya recaído sentencia en sede penal (cfr. Op. N° 98140111 de fecha 13/10/2022). Incluso de existir resolución en sede penal por parte de la Cámara Criminal y Correccional, la misma podría ser objeto de casación por ante el T.S.J. y, eventualmente, de recurso extraordinario federal por ante la C.S.J.N., lo cual llevaría inexorablemente a la frustración de los derechos de la amparista.

En este estado, no podemos omitir la consideración de principios generales del derecho y de orden constitucional, como el de recibir un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable.

Por lo expuesto, corresponde rechazar los embates defensivos relativos al instituto de la prejudicialidad penal.

En primer lugar, porque el instituto de la prejudicialidad no debe ser entendido más allá del estricto campo de la reparación civil de daños y perjuicios ocasionados por el ilícito aquiliano.

En segundo término, incluso si se adoptara un criterio amplio -posición que no se comparte-, quedaría encuadrado el presente caso dentro de la excepción prevista en el art. 1775 inc. b) del Código Civil y Comercial.Esto último, debido a que la dilación del procedimiento penal -que lleva más de cinco años de tramitación- tiene aptitud de frustrar el derecho reclamado por la actora y la suspensión sine die de la decisión de este Tribunal generaría un gravamen irreparable en el derecho de la amparista.

12.- El corpus iuris de los derechos humanos vinculados a los derechos de la mujer

Tal como ha sido señalado por el Tribunal Superior de Justicia «.resulta prudente recordar el corpus iuris de derechos humanos vinculados con la violencia de la mujer, tal como se ha reseñado en los autos ‘Trucco’ (TSJ, S. no 140, 15/04/2016).

En dicho precedente, se señaló que por corpus iuris, se alude al conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones de los organismos supranacionales competentes) relativos a esos derechos de las mujeres en relación a la violencia (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer -CLADEM-. Las lentes de género en la jurisprudencia internacional. Tendencias de la jurisprudencia del sistema interamericano de Derecho Humanos relacionados a los derechos de las mujeres. Ed. Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima, 2011, P.14, y notas 16, 17).

De este conjunto se desprende el nexo entre discriminación y violencia contra la mujer.

En tal sentido, la discriminación en contra de la mujer, materia específica de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), incluye, según el Comité ‘la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada’ (Recomendación General No 19, 11o período de sesiones, 1992), esa violencia de género es una forma de discriminación ‘que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre’ (Recomendación General N° 28, párrafo número 19).

Además, se sostuvo que el nexo discriminación/violencia aparece claramente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’, de fecha 9 de junio de 1994), pues el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado (art. 3), también incluye ‘el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación’ (art. 6, a).

Se destacó que estas convenciones se vinculan con el derecho a la igualdad que en el sistema interamericano está consagrado por los arts. 1.1 y 24 de la CADH, y que, conforme a la Corte IDH, remite a una noción que ‘se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad’ (Opinión Consultiva 4/84, citado en CIDH.Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación. Doc. 60, 3 noviembre 2011, P. 80).

Por ello, la violencia a la que refieren estos instrumentos jurídicos internacionales, tiene como rasgo identitario central el de configurar una manifestación de la discriminación por la desigualdad real entre varón y mujer, pues es ejercida contra la mujer ‘porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada’ (Comité CEDAW, Recomendación General n° 19), ‘basada en su género’ (Convención Belem do Pará, art. 1) (T.S.J., Sala Penal, Sent. N° 167/2017 in re «C., G. E.»).

13.- Mujeres en situación de pobreza

En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, «Convención de Belém do Pará», ha dispuesto en su artículo 9 que «(.) los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad» (énfasis agregado).

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a destacar en sus estándares «el deber de los Estados de tomar en consideración la intersección de distintas formas de discriminación que puede sufrir una mujer por diversos factores combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia y posición económica, entre otros.(.) la discriminación y la violencia no siempre afectan en igual medida a todas las mujeres; hay mujeres que están expuestas al menoscabo de sus derechos en base a más de un factor de riesgo» (CIDH, Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos. Desarrollo y aplicación, 2011, párrafo 28 – énfasis agregado).

En idéntica dirección se ha manifestado la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución Nº 22/2003 al poner de resalto «el derecho de las mujeres a un nivel de vida adecuado, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e insta a los gobiernos a que cumplan plenamente sus obligaciones y compromisos internacionales y regionales relacionados con (.) la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y a un nivel de vida adecuado» (Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2003/22, La igualdad de las mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada, punto 2 – énfasis agregado).

14.- Protección integral de la mujer

A todo lo expuesto, se suma la protección adicional de la Ley Nacional N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la Ley Provincial N° 10.401 de protección integral a las víctimas de violencia, a la mujer por cuestión de género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional.

En tal orden de ideas, no es posible eludir los preceptos rectores recogidos en la Ley Nº 26.485 en su art. 7 inc. h) que dispone: «Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores: (.) h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres» (énfasis agregado – ver argumentos vertidos en el punto 12).

A ello, se suma lo dispuesto por el art. 10 de Ley Provincial Nº 10.401 que establece: «Se prestará especial atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la condición socioeconómica y el origen étnico, ra cial o religioso» (énfasis agregado).

Lo expuesto no permite dudar en cuanto a la clara intención protectoria de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las mujeres víctimas de violencia de género, situación que en el caso de la actora se encuentra acreditada y ha sido confirmada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (T.S.J., Sala Penal, Sent. Nº 167, del 22/05/2017).

15.-Tutela judicial efectiva

En relación con la tutela judicial efectiva aparece claramente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer («Convención de Belém do Pará», de fecha 09 de junio de 1994) el derecho de las mujeres al «reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: (.) g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos» (art. 4, énfasis agregado).

Asimismo, el artículo 7 dispone:

«Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (.)

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (.)

f.establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces» (énfasis agregado).

En idéntico orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que «un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos» (CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 2007, Capítulo I, A, párrafo 1).

También se ha puesto de resalto que: «el poder judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, y por ello la importancia de su respuesta efectiva (.). Una respuesta judicial idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un recurso ante los hechos sufridos y que éstos no queden impunes. Cabe señalar que (.) la administración de la justicia comprende el poder judicial (todas sus instancias, tribunales y divisiones administrativas), la policía y los servicios de medicina forense, ubicados en zonas urbanas y rurales, con competencia nacional y/o local» (CIDH, ob. cit., Capítulo I, A, párrafo 6 – énfasis agregado).

Por otro lado, en relación con las circunstancias que revela la actora en torno a su situación económica la Comisión ha constatado «la gran divergencia que existe entre el acceso a la justicia por parte de mujeres que tienen recursos económicos y las que se encuentran en desventaja económica» (CIDH, ob.cit., Capitulo II, A, párrafo 184). Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 16/99 ha dicho que «difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas» (Corte IDH, OC 16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párrafo 119).

Finalmente, resulta menester destacar que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) advirtió que «la prevalencia de estereotipos culturales discriminatorios por razones de género sigue constituyendo un obstáculo al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, impide su acceso a la administración de justicia y contradice la obligación de debida diligencia de los Estados que deben modificar patrones sociales y culturales de hombres y mujeres y eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas estereotipadas de inferioridad o superioridad de alguno de los sexos» (MESECVI, Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, 19 de septiembre de 2014, página 3).

16.- Derecho a la seguridad social

También el derecho de la actora encuentra un fundamento normativo fuerte en el efecto útil y jurídicamente vinculante de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), de jerarquía igual a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 C.N.) que establece en su artículo 11 que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:(.) e) El derecho a la seguridad social, (.) en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas».

Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su art.17 prescribe: «Derecho a la seguridad social Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.

Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.

Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante.

Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional». 17.- Derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y a un proceso sin indebidas dilaciones

El derecho a que un juez o tribunal decida los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable constituye otra de las garantías judiciales generales exigibles en el marco de cualquier proceso. De acuerdo con nuestro Tribunal Interamericano, el Estado está obligado a asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable, ya que «.una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales.» (Corte IDH, caso «Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago», Sentencia del 21 de junio de 2002, Serie C, N° 94, párr. 145).

En otro caso llevado a su conocimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendió que para examinar si en un proceso el plazo fue razonable, según los términos del artículo 8.1 de la Convención, se debe tomar «en consideración tres elementos: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales» (Corte IDH, caso «López Álvarez vs.Honduras, Sentencia del 01 de febrero de 2006, Serie C, N° 141, párr. 132). En igual sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar que «la duración del retraso, las razones de la demora y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado la prolongación del juicio, son factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía de obtener un juicio sin dilaciones indebidas» (voto del ministro Fayt en Fallos: 327:327, entre otros).

Lo cierto es que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se encuentra incorporado a nuestra Constitución Nacional luego de la reforma constitucional de 1994 en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, C.N.). Entre ellos, se puede mencionar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.c) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7.5 y art. 8.1).

En el marco de las consideraciones expuestas es posible entender a esta garantía como un derecho fundamental de la persona y supone el reconocimiento de que una justicia tardía equivale a una denegación de justicia (Marín Castán, «La polémica cuestión de la determinación del plazo razonable en la Administración de Justicia», «Comentario a la Sentencia del TEDH del 13 de julio de 1983», Revista Española de Derecho Constitucional, número 10, 1984, págs.215 y ss.).

En orden a este aspecto, debemos partir de la premisa de que el proceso, en cuanto supone la realización de sucesivos actos, implica, lógicamente, un lapso de tiempo, incompatible muy a menudo, con una respuesta judicial rápida y tempestiva.

Sin perjuicio de ello, lo que subyace en este derecho no es el lógico y necesario transcurso del tiempo para el desarrollo del proceso, sino que éste sea «indebido», o, en otros términos, «excesivo».

En virtud de las consideraciones expresadas, este Tribunal entiende como un deber imperioso expedirse sobre la cuestión traída a estudio, sin mayores dilaciones, atento a que la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable debe operar como faro rector en procesos -como el de autos- a fin de una correcta administración de justicia. 18.- Interseccionalidad

A ello se agrega que este Tribunal no puede omitir la consideración de la interseccionalidad de elementos de vulnerabilidad que convergen en la persona de la actora.

Es posible definir a la interseccionalidad como la confluencia respecto de una misma persona, de violaciones de diferentes tipos de derechos, lo que potencia el efecto devastador a la dignidad humana de las personas que la sufren y provoca una vulnerabilidad más intensa.

Esto, nos ubica en una imperiosa necesidad de adoptar una perspectiva basada en un enfoque de derechos humanos que permita dictar resoluciones consistentes tendientes a superar las discriminaciones y violaciones de derechos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado el impacto diferenciado de la pobreza como factor de vulnerabilidad que se agrava y aumenta cuando se suma a las vulnerabilidades de determinados grupos poblacionales como en las mujeres y en niños, niñas y adolescentes (CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, OEA/Ser. L/V/II.164, 7 de septiembre de 2017). Destacada doctrina ha planteado la interseccionalidad como una herramienta útil para la interpretación de los derechos humanos como interdependientes, interrelacionados e indivisibles, porque permite el estudio de diferentes factores de opresión y vulneración (Cfr.Andrea Catalina Zota-Bernal, «Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos», Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 2015).

En el presente caso, es necesario abordar la cuestión desde un enfoque protectorio de derechos humanos debido a la situación que reviste la actora, donde confluyen en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad asociados a su condición de mujer víctima de violencia de género, persona en situación de pobreza y con una enfermedad crónica y terminal en estado avanzado.

19.- Discriminación por razón de los hechos no de la norma.

Tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: «.hay supuestos en los cuales las normas no contienen una distinción sospechosa en sentido estricto, sino que en su literalidad aparecen como neutras porque no distinguen entre grupos para dar o quitar derechos a algunos y no a otros.

A pesar de su apariencia -que por sí sola no ofrece ningún reparo de constitucionalidad-, puede ocurrir, sin embargo, que prima facie la norma -aplicada en un contexto social- produzca un impacto desproporcionado en un grupo determinado. Esto es, ‘leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras’ causantes de una ‘discriminación sistémica (.) que genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros’ (Observación General 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puntos 10 y 12).

21) Que en los casos en los cuales exista una norma neutral que prima facie genere un impacto desmedido en los miembros de un grupo, resultará necesario para analizar su constitucionalidad -ante el riesgo de una discriminación a ese grupo-, comprobar la manera en que dicha norma se ha implementado.-En otros términos, la disposición puesta en crisis por la existencia prima facie de discriminación justifica que el tribunal analice los efectos que su aplicación ha generado en la realidad» (C.S.J.N in re «Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo», Fallos 340:1795 ).

En aplicación de este criterio, es menester señalar que el art. 37 inc. b) de la Ley N° 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09) y los arts. 2281 y 1775 del C.C.C.N., aplicados por la demandada en sustento de lo decidido en el acto administrativo objeto de amparo, son en «apariencia» neutrales porque, en principio, de su letra no surge discriminación alguna. No obstante, se advierte de las constancias de la causa que la aplicación de las normas en cuestión ha causado un efecto desproporcionado, que provoca un desequilibrio fáctico.

Las normas no son inválidas constitucionalmente, lo que resulta objetable es la aplicación ilegal que de ellas se ha efectuado en el caso concreto.

En efecto, la aplicación de la normativa citada por la demandada sin considerar el panorama fáctico, esto es, la condición de la actora de mujer víctima de violencia de género, persona en situación de pobreza, con una enfermedad crónica y terminal en estado avanzado, la dilación del proceso penal al que ha sido sometida que podría llevar a la frustración del derecho reclamado que la colocan en una situación de «hipervulnerabilidad», justifica la declaración de ilegitimidad del acto administrativo que la desvirtúan.

En conclusión, la aplicación de la causal de exclusión prevista en el artículo 37 inc. b) de la Ley N° 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09) por la demandada, ha traído aparejada una práctica lesiva de los derechos humanos fundamentales.

Resolver en otro sentido, implicaría ejercer un tipo de violencia económica sobre la actora al privarla de los medios indispensables para una vida digna (art.5, inc. 4.c) de la Ley Nº 26.485).

En suma, la valoración interseccional de los factores de vulnerabilidad que confluyen en la situación de la actora imponen una solución basada en el enfoque protectorio de los derechos humanos.

A manera de colofón, cabe traer a colación las recientes expresiones de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las cuales hace suyo lo manifestado en diversos pronunciamientos por la CIDH: «Conforme lo ha reconocido dicho tribunal internacional, ‘la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer} en el acceso a la justicia’ (caso ‘Véliz Franco y otros vs. Guatemala’, sentencia del 19 de mayo de 2014, parágrafo 208; caso ‘Espinoza Gonzáles vs. Perú’, sentencia del 20 de noviembre de 2014, parágrafo 280; caso ‘Velásquez Paiz y otrose vs. Guatemala’, sentencia del 19 de noviembre de 2015, parágrafo 176)» (Del Dictamen de la Procuración General al que la Corte remite; Fallos: 345:140, del 03/03/2022).

20.- La solución del caso

En merito a las premisas desarrolladas precedentemente y a las conclusiones a las que sirven de fundamento suficiente y necesario, procede hacer lugar a la demanda de amparo y, en consecuencia, declarar la ilegitimidad y arbitrariedad de la Resolución Serie «B» Nº 000134 dictada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba con fecha 30/10/2020.

Por ello procede reconocer el derecho subjetivo de la Sra. G. E. C.al beneficio de pensión con motivo del fallecimiento de su esposo, el Sr. J. C. M., desde el dictado de este pronunciamiento.

No obstante, atento surge de las constancias de autos que por Resolución Serie «W» N° 001966/2019, la demandada acordó, sin perjuicio de terceros, el beneficio de pensión derivada de la Ley N° 8024 por fallecimiento del Sr. J. C. M. al Sr. C. E. M. -hijo incapacitado- (cfr. fols. 164 y 165 del Expte. Adm. Nro. 0124-197538), corresponde que la Caja efectúe la distribución de dicho beneficio conforme lo prescripto por el art. 39 de la Ley N° 8024 (t.o. Dcto. N° 40/09) -hoy art. 40 de la Ley N° 8024 (t.o. Dcto. N° 407/2020), en decir un cincuenta por ciento (50%) para la Sra. G. E. C. y un cincuenta por ciento (50%) para el Sr. C. E. M.

En consecuencia, corresponde ordenar a la demandada para que en el plazo de veinte

(20) días hábiles administrativos dicte un nuevo acto administrativo otorgando a la Señora G. E. C. el beneficio de pensión en concurrencia con el Sr. C. E. M. -hijo incapacitado del causante- desde la fecha del presente pronunciamiento, y para que en igual plazo liquide el beneficio para la primera, con intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) (art. 120 de la Ley N° 8024, t.o. Dcto. N° 407/2020) hasta su efectivo pago.

21.- Costas

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas por su orden en virtud de lo regulado por el art. 70 de la Ley Nº 8024 (t.o. Dcto.407/2020).

Así voto.-

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO:

Por las constancias acreditadas en autos, adhiero a las conclusiones arribadas por la Señora Vocal de primer voto, emitiendo mi voto en idéntico sentido.

Así voto.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA SOLEDAD PUIGDELLIBOL, DIJO:

Corresponde:

I.- Hacer lugar a la demanda de amparo interpuesta por la Sra. G. E. C. y, en consecuencia, declarar la ilegitimidad y arbitrariedad de la Resolución Serie «B» Nº 000134 dictada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba con fecha 30/10/2020.

II.- Condenar a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para que en el plazo de ejecución espontánea de veinte (20) días hábiles administrativos dicte un nuevo acto administrativo reconociendo el beneficio de pensión solicitado en un cincuenta por ciento (50%) a la Señora G. E. C. en concurrencia con el Sr. C. E. M. -hijo incapacitado del causante- cincuenta por ciento (50%) desde la fecha del presente pronunciamiento, y para que en igual plazo liquide el beneficio para la primera, con los intereses fijados en el punto 20 de este decisorio, hasta su efectivo pago.

III.- Imponer las costas por el orden causado (art. 70, Ley Nº 8024, t.o. Dcto. Nº 407/2020) y regular los honorarios del Dr. Adrián Gustavo Mondino -por la actora-, en el equivalente a cuarenta (40) jus, si correspondiere (arts. 1, 26, 93 y cc., Ley N° 9459).

Así voto.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO:

Estimo correcta la solución que da la Señora Vocal del primer voto, por lo que, adhiero a la misma completamente, votando, en cons ecuencia, de igual forma.

Por ello, disposiciones constitucionales y legales relacionadas; de conformidad a las previsiones del art. 382, Ley Nº 8465, art. 13 de la Ley Nº 7182 y art.17 de la Ley N° 4915,

SE RESUELVE:

I.- Hacer lugar a la demanda de amparo interpuesta por la Sra. G. E. C. y, en consecuencia, declarar la ilegitimidad y arbitrariedad de la Resolución Serie «B» Nº 000134 dictada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba con fecha 30/10/2020.

II.- Condenar a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para que en el plazo de ejecución espontánea de veinte (20) días hábiles administrativos dicte un nuevo acto administrativo reconociendo el beneficio de pensión solicitado en un cincuenta por ciento (50%) a la Señora G. E. C. en concurrencia con el Sr. C. E. M. -hijo incapacitado del causante- cincuenta por ciento (50%) desde la fecha del presente pronunciamiento, y para que en igual plazo liquide el beneficio para la primera, con los intereses fijados en el punto 20 de este decisorio, hasta su efectivo pago.

III.- Imponer las costas por el orden causado (art. 70, Ley Nº 8024, t.o. Dcto. Nº 407/2020) y regular los honorarios del Dr. Adrián Gustavo Mondino -por la actora-, en el equivalente a cuarenta (40) jus, si correspondiere (arts. 1, 26, 93 y cc., Ley N° 9459).

I.Iglesias.H.R

Texto Firmado digitalmente por:

PUIGDELLIBOL Maria Soledad

VOCAL DE CAMARA Fecha: 2022.10.17

ORTIZ Maria Ines Del Carmen

VOCAL DE CAMARA Fecha: 2022.10.17

MAINE Andrea Maria

SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA Fecha: 2022.10.17

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