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#Doctrina La figura del/a consejero/a de familia como herramienta clave en la búsqueda de la resolución pacífica de los conflictos de familia en la provincia de Buenos Aires. Un análisis de su eficacia

Autor: Othar, Aldana

Fecha: 05-12-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16927-AR||MJD16927

Voces: FAMILIA – PROCESOS – ORALIDAD – MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Sumario:
I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusión. IV. Referencias bibliográficas.

Doctrina:
Por Aldana Othar (*)

I. INTRODUCCIÓN

En fecha 14/10/1993 fue sancionada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la ley provincial n° 11.453 , por la cual se creó el fuero especializado en familia.

La mencionada ley, modificada luego por ley n° 13.634 , y ambas modificatorias del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (incorporando el LIBRO VIII: PROCESO ANTE LOS JUECES DE FAMILIA, TITULO I, arts. 827 y ss. CPCC), dieron lugar a la creación de Tribunales y luego Juzgados de Familia, que además de la integración habitual de los Juzgados civiles, cuentan con los cargos de Consejeros/as de Familia y con Cuerpos Técnicos Auxiliares que asisten interdisciplinariamente a Jueces/zas y a Consejeros/as.

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Asimismo, se establece que en los procesos de familia en los cuales resulta procedente -determinándose luego específicamente las materias en las cuales lo es, siendo la mayoría de las materias del fuero-, se realizará una «etapa previa» con fines conciliatorios, dentro del ámbito del proceso y en el marco del fuero jurisdiccional, pero previa al inicio del proceso contencioso.

Esa «etapa» se encuentra a cargo del/a Consejero/a de Familia, como director/a del proceso que se desarrolla; proceso esencialmente informal y flexible, cuyo fin es procurar avenir a las partes a alcanzar acuerdos respecto a la cuestión conflictiva objeto del expediente.

En el presente trabajo se analizará este sistema de abordaje de los conflictos familiares, que ofrece un medio de solución auto-compositiva con alto nivel de eficacia.

II. DESARROLLO

A. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El estudio del conflicto desde una perspectiva compleja y no exclusivamente jurídica, conjuntamente con el análisis de los métodos de resolución, ha sido agrupado en lo que se denomina Teoría del Conflicto (Entelman, 2002). En ese marco, se diferencian los métodos de resolución de conflictos llamados «alternativos», como contraposición al proceso judicial, comparando los mismos en términos de técnicas, eficiencia y eficacia.Así, Christopher Moore (Moore, 1996) formula una línea continua en la que sitúa a los distintos modos de abordaje de conflictos, recorriendo la tipología desde los métodos que importan el mantenimiento del poder de decisión por las partes hacia aquellos que implican la pérdida de este poder e implican necesariamente el uso de la coerción. En esa tesitura, divide la línea en cuatro grupos: a) Decisión privada de las partes: incluye la evitación del conflicto, el diálogo o discusión informal, la negociación y la mediación; b) Decisión privada de un tercero: contempla la decisión administrativa, el arbitraje y la conciliación; c) Decisión Legal (tercero público): alude al proceso judicial, d) Decisión Directa: abarca la acción directa que pone fin a un conflicto por imposición, con o sin violencia.

En esta línea, se ubica a la mediación como un proceso basado en la intervención de un tercero aceptable, imparcial y neutral, que carece de un poder autorizado de decisión para resolver el conflicto, cuya función es ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable, facilitando el diálogo entre ellos y promoviendo la negociación.Por otra parte, se la diferencia de la conciliación, en la cual también las partes recurren a un tercero neutral para que promueva el diálogo, pero cediendo poder a ese tercero en pos de la búsqueda de solución a sus controversias, por lo que el/la conciliador/a tiene la facultad de sugerir opciones de solución y así, puede influir con sus intervenciones en la determinación del acuerdo final, que sin embargo debe ser consensuado por las partes.

Es importante destacar que la denominada «etapa previa» en análisis debe ser ubicada en esta última categoría de métodos de solución de conflictos, es decir, que se trata de un proceso de conciliación y no es llanamente una mediación obligatoria, como suele confundirse por asimilación a disposiciones similares en otras jurisdicciones, o a lo normado para los procesos civiles en la misma Provincia de Buenos Aires.

Esta categorización como conciliación, se evidencia por cuanto la propia ley que crea la figura de los/as Consejeros/as de Familia (la mencionada ley provincial n° 11.453), determina como sus funciones propias el asesoramiento y orientación a las partes, procediendo de la manera más conveniente al interés familiar, pudiendo, a tal efecto, convocar a las partes y a toda otra persona vinculada, disponer comparendos, solicitar informes, requerir tanto la colaboración del Cuerpo Técnico Auxiliar, de la Oficina Pericial y efectuar el reconocimiento de personas o lugares, así como solicitar al/la Juez/a todas las medidas que hagan al mejor cumplimiento de sus fines, incluyendo las de carácter cautelar.

Así, si bien el/la Consejero/a no tiene poder de decisión para resolver el conflicto, puede solicitar al/la Juez/a medidas coercitivas que modifiquen las posiciones iniciales de las partes, así como recurrir al equipo interdisciplinario del Juzgado para abordar ciertas aristas del conflicto familiar; herramientas éstas que muchas veces son utilizadas para limitar ámbitos de discusión, cerrando la posibilidad a una propuesta, o presionando a una de las partes a acordar, al trasladar poder sobre el conflicto haciala otra parte. Asimismo, aun cuando pueda no ser lo ideal o aconsejable en la dinámica general de este tipo de procesos, los/las Consejeros/as pueden -y en ciertos casos resulta adecuado- ofrecer directamente la solución al conflicto, a diferencia de la mediación en que la solución debiera siempre surgir y ser elaborado por las propias partes, con la sola guía de quien dirige la mediación.

B. LAS PARTICULARIDADES DEL CONFLICTO DE FAMILIA

Los métodos de resolución de conflictos denominados «alternativos» y la opción de alcanzar la autocomposición, han tomado mayor preponderancia en los últimos tiempos, con motivo del desprestigio del proceso judicial, los extensos tiempos de la justicia ordinaria y la consecuente desconfianza general de la población hacia las soluciones que brinda el Poder Judicial. Esto se exacerba frente a las particularidades del fuero de familia y de los problemas característicos que se someten a su jurisdicción.

Ello, por cuanto los conflictos intrafamiliares suelen tener origen en hechos que se producen en un ámbito de máxima intimidad y con especial implicancia de las emociones, que dificulta el acceso a una verdad real y torna inconveniente, en muchos casos, la producción de prueba.Asimismo, por el involucramiento de intereses especialmente protegidos -tal como el Interés Superior del Niño y la protección de personas vulnerables-, que requieren de intervenciones urgentes, pero al mismo tiempo complejiza el abordaje de los problemas, así como la previsión anticipada de las resoluciones judiciales.

Finalmente, otra particularidad por la cual se torna especialmente conveniente la utilización de esos métodos «alternativos», es la necesidad de aceptación de la solución por las partes para que la misma sea efectiva, en virtud de la ineficacia de los métodos coercitivos cuando se trata de soluciones que no pueden ser ejecutadas por la fuerza pública -o que no es conveniente hacerlo-. Ello se evidencia palmariamente en casos como los regímenes de comunicación -con el progenitor no conviviente, o con otros parientes-, así como el establecimiento de planes de parentalidad integrales, cuya imposición por un tercero, sin el acatamiento más o menos voluntario por las partes, redunda en la persistencia y muchas veces agravación del conflicto familiar.

«La experiencia en los conflictos familiares ha demostrado que los acuerdos alcanzados por las partes, a los fines de resolver sus conflictos, tienen mucha más efectividad que una sentencia dictada por un juez. Es en la autocomposición de sus diferencias donde los justiciables encontrarán una solución más eficiente a sus problemáticas, entenderán que pueden y necesitan comunicarse para ir generando todos los acuerdos que resulten necesarios para encontrar soluciones a las diferentes dificultades que se les vayan presentando. De esta forma se alcanzarán acuerdos más beneficiosos para los involucrados y sus hijos, y se procurarán relaciones familiares armónicas, independientemente de la ruptura de los vínculos matrimoniales» (Rodriguez Cuzzani, 2014:67).

Estas particularidades han sido receptadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo incluso normas procesales en el código de fondo (arts. 706 y ss.CCCN), bajo las premisas de un modelo de justicia protectora de los sujetos vulnerables y de acompañamiento, articulado sobre la base de los principios de oralidad, inmediación, conciliación, oficiosidad, flexibilidad e interdisciplinariedad.

En este marco, mientras algunas jurisdicciones han establecido la mediación, dentro del ámbito del proceso o como un procedimiento previo extrajudicial, obligatorio u optativo, en el caso de la Provincia de Buenos Aires se ha optado, como se ha dicho, por este proceso conciliatorio, como una etapa dentro del ámbito del proceso y en el marco de la institución judicial, pero previa al inicio del proceso contencioso.

Este particular sistema de abordaje de los conflictos familiares, se ha sostenido también en los proyectos de reforma del Código Procesal Provincial, y así el último Anteproyecto elaborado en forma participativa, lo regula en la «PARTE 2. IV: PROCESOS DE FAMILIAS, CAPÍTULO 70: NORMAS GENERALES, SECCIÓN 70.1: ETAPA PREVIA»; destacando en sus fundamentos que: «A menudo la autocomposición de los conflictos se tiene como una vía o mecanismo alternativo para resolverlos. Sin embargo, aquí proponemos invertir parcialmente el enfoque y planteamos que la autocomposición debería transformarse en la regla, y los demás mecanismos deberían considerarse como alternativos. De todas maneras, para lograr la autocomposición se necesita de un marco adecuado, de un sistema de incentivos selectivos positivos que contribuyan a lograrla, y de un esquema de incentivos selectivos negativos para sancionar aquellas prácticas que la obstaculicen».

C. EL DESARROLLO DE LA «ETAPA PREVIA»

Los procesos de familia cuyo objeto puede ser abordado en etapa previa, deben iniciarse mediante la presentación de una mera planilla de ingreso, que incluye los datos esenciales de las partes y una breve descripción del conflicto. Es decir, no se requiere la redacción de una demanda, así como el acompañamiento de documental, ni el ofrecimiento de ninguna clase de prueba, con la única excepción de la necesaria para acreditar los vínculos que se invoquen, sobre los cuales se funda la legitimación activa y pasiva de las partes.Esta forma de inicio, que «encuentra su fundamento en que las partes comparezcan al juzgado sin la carga emocional que supone volcar en un escrito todas las situaciones conflictivas y las pruebas que las avalen» (Rodriguez Cuzzani, 2014:67), resulta realmente favorecedora de un abordaje temprano del conflicto; observando en la práctica cotidiana que la simpleza en el planteo de la acción promueve que las partes accedan a la justicia con un menor costo inicial -económico y emocional- y en consecuencia, lo hagan antes en el tiempo, sin haber llegado al estado de agotamiento y frustración propios de quien recurre a la Justicia porque ya no visibiliza solución alguna en su poder, descartando toda posibilidad de agencia y reduciendo, en tal caso, las posibilidades de abordaje.

Por otra parte, cabe reiterar que, desde el inicio y durante todo el transcurso de la etapa previa, el proceso carece de formalidades, salvo la obligatoriedad de asistencia letrada para las partes. Así, las citaciones y notificaciones en el marco de esta etapa, pueden realizarse por cualquier medio, lo que facilita la agilidad del proceso y permite modos más amigables que las cédulas de notificación oficiales o las Cartas Documento, además también de reducir los costos.

Otra característica esencial de esta instancia, es la primacía de la oralidad; dado que la etapa previa transcurre principalmente mediante el desarrollo de audiencias conciliatorias, a las cuales comparecen, en general, las partes con sus letrados/as ante el/la Consejero/a de Familia. En ciertos casos, el/la Consejero/a podrá desarrollar audiencias con cada parte por separado, o con los/las letrados/as sin las partes, o cualquier variante que considere adecuada en pos de avanzar en la conciliación, siempre que no implique desigualdad entre las partes o indefensión. Es decir, queda al arbitrio del/la Consejero/a el modo de desarrollar la etapa en cada caso concreto, aunque siguiendo siempre las reglas básicas de los procesos de conciliación y los principios generales del fuero de familia:oralidad, privacidad y reserva, igualdad, interés superior del niño, protección familiar, etc.

Y no obstante que es factible, como veremos a continuación, que se agregue documental o informes por escrito para facilitar el avenimiento de las partes, serán siempre herramientas a la mano del/la Consejero/a para trabajar en las audiencias, no siendo propicio que ello derive en un procedimiento escrito.

Esto va de la mano de la confidencialidad propia de esta etapa, lo cual es una regla general, aunque no estricta, en tanto no está expresamente normada. La razón de ser de este paradigma es que las partes logren dialogar con la mayor confianza posible y a tal fin, se procura liberarlas de las consecuencias de sus dichos, en el sentido de que las manifestaciones, admisiones o proposiciones que formulen durante la etapa previa, no las obliguen o determinen posteriormente -en caso de no alcanzar un acuerdo-, en una eventual etapa contenciosa. Sin embargo, es habitual dejar constancia en las actas de audiencias de la etapa previa, con el consentimiento de las partes, de ciertos acuerdos parciales, o propuestas, así como de las posturas de las partes en el marco de la conciliación.

Por otra parte, cabe señalar que la etapa no tiene un plazo fijado legalmente, por lo que, siempre que exista voluntad en las partes de continuar dialogando en la búsqueda de soluciones, así sean parciales y provisorias, puede sostenerse este tipo de proceso en el tiempo, aún como un modo de acompañamiento en la organización familiar, que evite o en algún punto disminuya la probabilidad de emergencia de conflictos latentes. Y ello, sin lugar a dudas, resulta además en un mecanismo preventivo de la violencia familiar.

A este respecto, es preciso aclarar que la normativa provincial sobre la violencia familiar, y en general los desarrollos doctrinarios y políticas desarrolladas sobre el abordaje de las violencias, excluyen los medios auto-compositivos como alternativas para el abordaje de los conflictos en los que medie violencia.Esto tiene fundamento en que tanto la negociación, como la mediación y la conciliación, requieren de cierta igualdad de las partes para que el acuerdo al que alcancen sea verdaderamente una solución auto-compositiva y no una imposición encubierta de la parte con mayor poder hacia la más vulnerable. Ello no significa que no se transite la etapa previa en ningún caso en que existan denuncias de violencia familiar entre las partes, sino que el/la Consejero/a deberá resguardar en todo tiempo la igualdad y la integridad de las partes, con suficiente perspicacia para cerrar la etapa cuando avizore que existe una situación de violencia -aún sutil- que pudiera provocar un desequilibrio de poder entre las partes, el cual entorpece el desarrollo de la conciliación o directamente impide que una parte decida libremente frente al poder -explícito o no- de la otra; debiendo a tal efecto contar con una adecuada formación para aplicar la perspectiva de género y detectar relaciones de poder intrínsecas que, en caso de estar naturalizadas por las partes, pudieran permanecer silenciadas.

Retomando las formas de desarrollo de esta etapa, cabe señalar que, como ya se ha dicho, el/la Consejero/a goza de amplias facultades -que lo diferencian principalmente del mediador-, pudiendo en el marco de su intervención solicitar informes a entidades públicas y privadas a efectos de comprender con mayor precisión el conflicto y poner coto a discusiones entre las partes que pueden motivarse en desconfianzas o desacuerdo sobre cuestiones objetivas de simple descubrimiento. A los mismos fines, así como a efectos de aportar otras visiones sobre los conflictos, e incluso eventuales herramientas de solución, puede convocar a terceros ajenos al proceso, tales como otros miembros de la familia, amigos, referentes afectivos, o cualquier persona que se considere puede influir en el conflicto.Todo ello, sin perder de vista que el objetivo en esta instancia es acercar a las partes en pos de la búsqueda de consensos, descartando la utilización de estos métodos para la producción probatoria, lo cual en algunos casos debe ser aclarado expresamente a las partes, a fin de evitar que la instancia sea desvirtuada y que se utilicen ardides para eludir posteriormente las formalidades propias del debido proceso.

Además, en esta etapa se cuenta con otra herramienta de gran valor en el abordaje de los conflictos familiares, como es disponer la intervención del Cuerpo Técnico del Juzgado o Tribunal: «Los informes del equipo técnico durante el desarrollo de la etapa previa deberán estar dirigidos a ilustrar al consejero sobre cuáles son los modos interactivos de funcionamiento entre las partes que devienen conflictivos, cuáles mantienen las disputas judiciales, y/o incluso las recrudecen, con qué recursos cuenta el grupo familiar para lograr nuevas adaptaciones, cuáles son sus virtudes y defectos, qué probable pronóstico se vislumbra si se transita tal o cual camino. Cuando se trata de ‘destrabar conflictos’, suele ser mucho menos relevante conocer qué características de personalidad tiene cada cual (lo que suele ser sobreestimado por muchos de los adeptos a solicitar ‘tests’ para ver ‘quién es quién’ en el ámbito judicial), que conocer los roles que cada uno juega en el sistema familiar, las flexibilidades de los subsistemas, las rigideces y las disfuncionalidades; esto es, el relevante modo de comportarse, en determinadas situaciones, de cada integrante del grupo familiar.La participación del integrante del equipo técnico debe acotar, debe ser lo suficientemente puntual como para reencuadrar, no debe ahondar en el desanudamiento del conflicto, pues las audiencias no deben convertirse en espacios terapéuticos, pero sí debe esclarecer a las partes qué temas abordar en ese ámbito» (Rodriguez Cuzzani, 2014:67).

Así, cuando los conflictos exceden lo jurídico -siendo ello en la mayor parte de los casos del fuero de familia-, la interdisciplina posibilita ampliar la mirada y descubrir otras perspectivas, no solo para el organismo sino para las propias partes, que suelen comprender durante el proceso otras cuestiones más profundas que sostienen el vínculo y sus problemáticas; al tiempo que se amplían las formas de eventuales abordajes, redundando sin dudas en el enriquecimiento de la intervención y la maximización de las posibilidades de autocomposición.

Todas estas herramientas deben ser utilizadas en su justa medida y dentro de un marco de buena fe, evitando que se conviertan en dilaciones al proceso judicial o mecanismos de manipulación para otros fines, siendo el deber del/la Consejero/a de familia dirigir la instancia con la suficiente lucidez para sacar el mayor provecho a la misma, procurando generar un ámbito de confianza donde las partes puedan dialogar abiertamente sobre el funcionamiento de sus familias y el objeto de sus conflictos, y en el mejor de los casos, resolver amistosamente algunas o todas sus diferencias.

D. EL CIERRE DE LA ETAPA PREVIA

La finalización, conclusión o clausura de la etapa previa se encuentra expresamente regulada por el art. 835 CPCC, que prevé sus di stintas modalidades conforme al motivo que la provoca.

Así, la mentada norma dispone que la etapa concluye cuando se logra una conciliación, en cuyo caso el/la Consejero/a labrará un acta con el acuerdo alcanzado y pasará las actuaciones al/a Juez/a para su eventual homologación.Por su lado, cuando no se lograre la conciliación y a criterio del/la Consejero/a resulte innecesaria o infructuosa la continuación de la etapa, considerando agotada su intervención, así como si cualquiera de las partes solicitara la clausura de la etapa, se procede también a labrarse un acta dejando constancia de ello y de la conducta de las partes durante el transcurso de la instancia, a fin de que el/la Juez/a disponga el inicio de la etapa contenciosa, quedando habilitada la vía para la interposición de formal demanda.

Sin perjuicio de ello, podrá luego disponerse -por criterio del/la Juez/a o por pedido de las partes- en cualquier momento del proceso, una nueva intervención del/la Consejero/a de familia con fines conciliatorios, teniendo especialmente en cuenta que, con el avance del proceso formal, la producción de la prueba, o el mero transcurso del tiempo, las partes pueden haber modificado sus posiciones iniciales, dejando abierto el camino para nuevos consensos.

E. LA EFICACIA DEL MÉTODO

En primer término, es dable destacar que el otorgamiento de un ámbito propicio para el diálogo pacífico entre las partes, asesorados con el debido patrocinio letrado y guiados por un profesional formado y con experiencia en conciliación, resulta a todas luces propicio para el abordaje de conflictos familiares y beneficioso para propender a un mejor funcionamiento de las familias en conflicto.

Puede vislumbrarse como una posible desventaja de este sistema de conciliación previa, judicial y obligatoria, el costo de la misma -especialmente considerando que se requiere de patrocinio letrado para cada parte- y la eventual dilación que conlleva para el alcance de una resolución judicial. Sin embargo, teniendo en cuenta que las partes pueden solicitar la clausura de la etapa previa luego de una sola audiencia, o frente a la incomparencia de la contraparte a la citación, el aumento del costo y la dilación en el tiempo que se imponen como inevitables, son mínimos.Quedando, por lo demás, la continuidad de la etapa como una herramienta optativa para las partes.

Al mismo tiempo, y como contrapartida de ese mínimo perjuicio, se observa un sistema valioso y fructífero. Las estadísticas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires dan cuenta de un alto nivel de eficacia de esta etapa en la resolución de conflictos, en tanto no solo se alcanza un gran número de acuerdos, sino que se advierte un importante y sostenido acatamiento de las partes a los acuerdos así alcanzados, en contraposición a los incumplimientos de las sentencias judiciales, que suelen requerir mayores herramientas coercitivas para su ejecución.

Así, de un total de 19.716 causas cuya etapa previa fue concluida en el año 2021 en toda la Provincia de Buenos Aires, 5.036 fueron concluidas con conciliación y 5.976 con acuerdos homologados, mientras que en 5.421 causas se clausuró la etapa previa por petición de partes y en 2.331 por considerar agotada la intervención del/la Consejero/a y un resto de 951 causas culminaron por incompetencia o excusación. Es decir que, partiendo del número de causas con etapa previa finalizada en el año 2021, casi un 56% puede considerarse que fue una etapa exitosa, en el sentido de haber alcanzado el objetivo de un acuerdo de partes; mientras que un 39% fue culminada sin acuerdo, al menos en sede judicial, no obstante que en una porción de ese 39% pudo haberse formulado un acuerdo extrajudicial, quedando el expediente paralizado luego de la clausura de la etapa previa -cuestión que sabemos sucede, aunque no pueda determinarse en qué medida, al quedar ello fuera de la estadística oficial- y debe ser considerado como una etapa exitosa en términos de resolución del conflicto.Considerando los mismos parámetros, en el año 2020 se puede observar un 58% de causas con etapa previa culminada por acuerdo de partes en toda la Provincia de Buenos Aires; mientras que en el año 2019 las causas con etapa previa exitosa (en los mismos términos antes señalados) fueron un 63,3% y en el 2018, un 64,6%. Puede presumirse -aunque no se cuenta con elementos concretos para fundar esta hipótesis- que la disminución del porcentaje de causas con etapa previa cerrada con acuerdo en los años 2020 y 2021, ha estado ligada a la necesidad de adaptación de los medios utilizados para el desarrollo de esta etapa con motivo de la pandemia COVID-19, que restringió la concurrencia de personas a las sedes judiciales, reemplazando las audiencias presenciales por reuniones virtuales, en las cuales las pautas de conciliación, intervenciones y abordajes se limitaron y complejizaron, más allá de la mayor o menor predisposición y capacidad de adaptación de operadores judiciales, tanto como de las partes.

Asimismo, estos porcentajes varían en los distintos departamentos judiciales, e incluso en cada organismo, de acuerdo a las particularidades de la población, los criterios de cada Juzgado y las aptitudes de cada Consejero/a, entre otras cuestiones.A modo de ejemplo, el Juzgado de Familia n° 2 de la ciudad de Olavarría, Departamento Judicial de Azul, que publica sus estadísticas mensuales en redes sociales, ha señalado en el último año, un porcentaje de efectividad de la etapa previa que discurre entre un 47 y un 99%.

En el mismo sentido, pese a que no se cuentan con estadísticas concretas al respecto, se advierte en la práctica jurídica una mayor reincidencia en la intervención judicial por parte de familias que han transitado todo el proceso judicial hasta alcanzar una sentencia, siendo más comunes en esos casos los ingresos de sucesivos incidentes y procesos de ejecución de sentencias; mientras que, al alcanzar soluciones auto-compositivas, las partes mantienen una mayor adhesión voluntaria a esa solución y encuentran, en muchos casos, canales de diálogo que les permiten abordar sus siguientes conflictos en forma extra-judicial.

Por otra parte, no cabe dudas que el tiempo que insume un proceso judicial contencioso para llegar a una sentencia, es mucho mayor al incurrido para alcanzar soluciones auto-compositivas en el marco de la etapa previa. Y, consecuentemente, el costo para las partes y los recursos del Estado son abismalmente diferentes en uno y otro caso.

III. CONCLUSIÓN

La incorporación de una etapa conciliatoria previa al proceso contencioso, pero dentro del ámbito judicial -y, por ende, con todos los recursos propios del Poder Judicial-, ha sido, sin lugar a dudas, un gran acierto legislativo, que al mismo tiempo derivó en un rotundo éxito en las prácticas judiciales dentro del Fuero de Familia.

La denominada etapa previa y el abordaje inicial de los conflictos por Consejeros/as de Familia, de manera flexible, informal, especializada, interdisciplinar, con preminencia de la oralidad y en procura de la autocomposición, ha demostrado un nivel de eficiencia en la solución de conflictos de familia que complace al mundo jurídico.Y si a ello se suma que este sistema resulta más respetuoso de la intimidad de las partes, más amigable a los justiciables, menos costoso y de mayor celeridad, el resultado es un régimen fastuoso, que esperamos pueda replicarse hacia el futuro en todas las demás Provincias.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ENTELMAN, Remo. F., Teoría de Conflictos: Hacia un nuevo paradigma, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002.

MOORE, Christopher W., El proceso de mediación: Métodos prácticos para la resolución de conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996.

Rodríguez Cuzzani, Daniel Alberto, «El rol del consejero de familia en los juzgados de la Provincia de Buenos Aires», en Revista Derecho de las familias, infancia y adolescencia, Número: C 835, p. 67-79.

Anteproyecto de Código Procesal de Familia, Civil y Comercial, disponible en: https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/ pág. 55.

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(1) Punto 9 del Anteproyecto de Código Procesal de Familia, Civil y Comercial, disponible en: https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/ pág. 55

(2) Pueden verse los datos estadísticos en el sitio web de la SCBA: https://www.scba.gov.ar/estadisticas.asp. Encontrando los datos del año 2021 sobre los cuales se formuló el análisis en: https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2021/.

(3) https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2020/.

(4) https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2019/.

(5) https://www.scba.gov.ar/planificacion/Estads2018/.

(6) Pueden encontrarse las estadísticas publicadas en el perfil de Instagram del organismo, disponible en: https://www.instagram.com/juzgadoflia2_olav/?hl=es-la.

(*) Abogada. Especialista en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (UNICEN). Mediadora (CIJUSO). Diplomada en Estudios de Género y Estrategias de intervención en Políticas Públicas (UNICEN).

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